Pésame a la familia Reyes Salazar. Fueron encontrados los cadáveres de los hijos desaparecidos

Esto lo escribe el Comité Cerezo. Nosotros lo hacemos nuestro, junto con nuestra porción de indignación y rabia por tanto encono contra ellos, tanta impunidad ante los crímenes y tanta dosis de dolor y tristeza que se les ha impuesto a la familia.

A la Familia Reyes Salazar

Con profundo pesar hemos leído la noticia de que fueron encontrados en la gasolinera de Guadalupe Distrito Bravos, en el Valle de Juárez, los cuerpos sin vida de Elías Reyes Salazar, María Magdalena Reyes Salazar y Luisa Ornelas Soto, detenidos desaparecidos el lunes 7 de febrero.

18 días de terror han vivido los familiares que valientemente y a pesar del costo en vidas que han tenido que pagar, siguen luchando, nuestro reconocimiento por esa actitud valiente.

El Estado mexicano niega los actos de desaparición forzada, y culpa a la delincuencia de los hechos, incluso se encontró un mensaje que “explicaba” el motivo del “asesinato”, para deslindar al Estado de los hechos, qué conveniente, si la familia Reyes Salazar no hubiera protestado, si organizaciones y personas solidarias no hubieran ido a plantarse frente a la PGR en Juárez y en la Ciudad de México, es seguro que nunca hubiéramos sabido del paradero real de Elías, María y Luisa, es gracias a esta presión en el ámbito nacional y a la respuesta internacional de, por ejemplo, Amnistía Internacional, que la “delincuencia” aparece los cadáveres y “explica” las causas, al mismo tiempo que exonera al Estado de responsabilidad, muy conveniente, muy a tiempo, la maquinaria funciona, no podemos más que decir que la maquinaria terrorista del Estado ya está funcionando muy bien.

Si olvidáramos las causas que motivaron estos hechos, podríamos pensar y darle la razón al Estado cuando explica que tienen relación con la delincuencia, pero recordemos que la lucha que emprendió la familia Reyes Salazar fue y sigue siendo contra la militarización, contra el Estado-narco-paramilitar que utiliza en todo el territorio nacional a sujetos vestidos de negro, muy bien armados, que cuando detienen personas, ya sean éstas, delincuentes, población civil o luchadores sociales, cerca de retenes militares y policiacos o atravesándolos, se desvanecen en la nada, modus operandi criminal aprendido en Colombia y financiado por los Estados Unidos.

Vaya nuestro más sentido pésame a la familia Reyes Salazar por la pérdida de sus seres queridos, un abrazo fraterno y solidario y el compromiso siempre presente de seguir luchando contra la estrategia criminal del nuevo Estado terrorista mexicano.

Comité Cerezo México Organización de Derechos Humanos

Leer en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article854

ACCIÓN URGENTE

ACCIÓN URGENTE

A UN AÑO DEL ASESINATO DEL LIC. ERNESTO RABAGO MARTINEZ DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS, EL ESTADO NO HA ESCLARECIDO DICHO CRIMEN, NI MUCHO MENOS CASTIGADO A LOS CULPABLES. LA LIC. ESTELA ÁNGELES, LOS INDIGENAS DE BAQUÉACHI HAN SUFRIDO ATENTADOS, AMENAZAS, HOSTIGAMIENTO, ACOSO Y PROVOCACION DE PARTE DE PARTE DE LOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE CARICHI.

Chihuahua, Chih. México, 15 de Febrero de 2011

La ________________________________ (nombre de la Organización o persona) tiene conocimiento que el 1 de marzo del 2010 fue asesinado el Secretario General de la Asociación Civil Bowerasa(Haciendo camino), el Lic. Ernesto Rábago Martínez dentro del Despacho Jurídico de dicha Asociación, en Chihuahua, Chih. El Licenciado Rábago Martínez desde el año 1994, junto con la licenciada Estela Ángeles Mondragón, su compañera, se dedicó desde el marco legal agrario vigente, a defender los derechos de los Pueblos Indígenas, principalmente el derecho al territorio, de las comunidades de Bakéachi, Wawatzérare y Chinéachi del Municipio de Carichí, en la Sierra Tarahumara.

Gracias a la labor de ambos licenciados, la comunidad rarámuri del Ejido Bakéachi obtuvo 32 sentencias favorables dictadas por el Tribunal Unitario Agrario, en contra de los 32 ganaderos del Municipio de Carichí, Chih., que a su vez demandaron al Ejido Baquéachi asesorados por la Procuraduría Agraria. La decisión final fue que se les negó a los ganaderos su pretensión de ser reconocidos como ejidatarios, y se les sentenció a desocupar las tierras de uso común que indebidamente estaban ocupando y que son propiedad de los indígenas. Estas tierras fueron dadas en dotación a la “tribu tarahumar” desde el 1° de marzo de 1928.

Sabemos que el pasado 25 de noviembre se llevó a cabo –por parte del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número Cinco y con apoyo de la fuerza pública- la ejecución de 3 sentencias, en las que se involucran aproximadamente 5 mil hectáreas que fueron entregadas a sus legítimos propietarios, sin incidentes que lamentar.

También es de nuestro conocimiento, que a principios del mes de enero del presente año, algunos ganaderos iniciaron la construcción de un cerco en parte de los terrenos entregados al ejido “BAQUEACHI”, en el lugar conocido como “MESA DEL AGUILA”, precisamente en la zona en donde los indígenas están haciendo trabajos de recuperación de suelos. Estas personas, presumiblemente armadas, han estado realizando actos de hostigamiento, acoso, molestia y provocación a los indígenas que se quedan a dormir en el lugar de trabajo (“MESA DEL AGUILA”).

Queremos al mismo tiempo señalar que a un año del asesinato de Ernesto Rábago, las autoridades no han hecho una investigación a fondo, ni han aclarado y mucho menos detenido a los culpables de tan artero asesinato. A esta situación se suma el hecho de que el Estado, en sus diferentes niveles, y según competencias, no han brindado las medidas de protección efectivas, ni a la abogada Estela Ángeles, ni a su familia ni a la comunidad indígena de Bakéachi, ni a su pastor el sacerdote católico Ignacio Becerra, quienes después del asesinato del Lic. Ernesto Rábago han sufrido amenazas, hostigamientos y provocaciones diversas, como el atentado que sufrieron el pasado 11 de abril la Lic. Ángeles Mondragón y el P. Ignacio Becerra.

Por todo esto exigimos:

- Que el Gobierno Estatal investigue a fondo tanto el asesinato del Lic. Rábago Martínez como las amenazas y hostigamientos recientes.

- Que esclarezca dicho crimen y detenga de manera inmediata a los culpables del homicidio de Ernesto Rábago Martínez.

- Que se le brinde protección y total seguridad a la comunidad de Bakéachi, a la Lic. Estela Ángeles Mondragón, a su familia, y al Sacerdote Ignacio Becerra.

- Que se detenga la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos, que viven “entre el compromiso y el riesgo” constantes y se les brinde protección y seguridad.

Atentamente,

“POR UNA CULTURA DE RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS”

“PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”

Enviar el documento a: Lic. Felipe Calderón Hinojosa Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán. Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México Tel. + 52 55 50935300 FAX + 52 55 52772376 Correo e. felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Francisco Blake Mora Secretario de Gobernación Bucareli 99, 1er piso, Col Juárez, Delegación Cuauhtémoc TEL +52 55 50933400 FAX + 52 55 50933414 Correo e: secretario@segob.gob.mx Arturo Chávez Chávez Procurador General de la República Procuraduría General de la República Av. Paseo de la Reforma nº 211-213, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc México D.F., C.P. 06500, MÉXICO Fax: +52 55 5346 0908 Correo-e.: ofproc@pgr.gob.mx Lic. César Duarte J. Gobernador del Estado de Chihuahua Palacio de Gobierno, 1er piso, C. Aldama #901, Col. Centro, Chihuahua, Estado de Chihuahua, C.P 31000, México Fax: +52 614 429 3300 (luego marquen la extensión 11066 cuando se lo pidan) Lic. Carlos Manuel Salas Fiscal General del estado de Chihuahua Calle Vicente Guerrero N° 616 3er piso Col. Centro CP 3100 Chihuahua, Chih. Tels. Directo (614) 429 3385 Tel. oficinas de la Fiscal 429 3300 ext. 11400 y 11401 Fax. (614) 415 0314 Correo e: salas@chihuahua.gob.mx Lic. José Luis Armendáriz González Presidente de la CEDH Av. Zarco y calle 24 No. 2427 Colonia Zarco CP 31020 Chihuahua, Chih. cedh@prodigy.net.mx tels. (614) 201 2990 al 95 fax. (614) 201 2990 ext. 112

Enviar copia a bowerasaac@yahoo.com.mx

Atención Lic. Estela Ángeles Mondragón

Defender Derechos Sindicales. Mandemos una carta a Calderón

La semana del 14 al 19 de febrero de 2011 fueron los días de acción mundial por los derechos sindicales en México, como parte de la misma, se ha implementado el envio de cartas a Calderón en apoyo a esta campaña. A la fecha hay 3350 firmas del mundo entero de afiliadas al FITIM, ICEM, UNI, FITVV y CSI y diversas organizaciones y personas en lo individual, pero solamente 250 firmas de México. Es importante que se refleje el interés de las organizaciones y trabajador@s mexicanas en el tema, por lo que, los convoco a enviar la carta y para facilitarlo les paso el link donde pueden encontrar y firmar. Por supuesto, también agradeceremos el apoyo de todos los que gusten contribuir a la campaña. Gracias por la solidaridad.

Act NOW!

México: Defender derechos sindicales

Hace cinco años una explosión mató a 65 mineros en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México. Los cuerpos de 63 de los 65 mineros permanecen enterrados en la mina (vea el Memorial Pasta de Conchos aquí) y el gobierno de México no ha investigado ni enjuiciado a los responsables. En vez, el gobierno de México ha intensificado sus ataques ilegales y violentos en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), después de haber demandado justicia y la recuperación de los cuerpos de los mineros muertos.

Sindicatos independientes, incluyendo al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la UNTyPP, que representa a trabajadores de la empresa petrolera nacional de México PEMEX, el Sindicato Nacional De Trabajadores De General Tire De México (SNTGTM) y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la ciudad de México, así como del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el Frente Auténtico de Trabajadores (FAT) y hasta treinta otros sindicatos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) que también han sufrido violentos ataques, intimidación y represión de derechos sindicales.

El movimiento sindical independiente en México, con el apoyo de FITIM, ICEM, ITF, UNI Global Union, y la CSI están pidiendo su apoyo para poner presión sobre el gobierno mexicano, junto con sindicatos alrededor del mundo cuando montan una acción para defender derechos sindicales en México desde el 14 al 19 de febrero.

Ya son cinco años desde que 65 mineros murieron el 19 de febrero, 2006 en una explosión en la mina de carbón Pasta de Conchos del Grupo México. Hasta este día, familias en luto esperan compensación adecuada y la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos. Esta injusticia ha sido aumentada por los continuos e intensificados ataques del gobierno de México contra sindicatos independientes que demandan derechos para los trabajadores de México. Las continuadas violaciones del derecho a la libertad de asociación en México debe parar. Llamo al gobierno de México a:

1. Obligar que funcionarios del empleador y del gobierno se responsabilicen por la explosión en la mina Pasta de Conchos que mató a 65 mineros el 19 de febrero, 2006.

2. Abolir las violaciones sistemáticas del derecho a la libertad de asociación de trabajadores, incluyendo “contratos de protección” dominados por empleadores y la interferencia en elecciones sindicales.

3. Poner fin al uso de fuerza – por grupos privados y estatales – para reprimir las legítimas demandas para sindicatos democráticos, mejores salarios y condiciones de trabajo y buenas condiciones de salubridad y seguridad.

4. Poner fin a la campaña de persecución política en contra del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Su mensaje sera enviado a las siguientes direcciones electronicas:

felipe.calderon@presidencia.gob.mx , secretario@segob.gob.mx, ofproc@pgr.gob.mx, celerin7@gmail.com


apoyen y pasen esto como si fuera una cadena. Éste es el link para que firmen, hagan click y llenen con sus datos o de su organización.

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=870

Gracias

Chaguín y el narcotráfico

“Chaguín” y el narcotráfico

Lorenzo Meyer ANALISTA POLÍTICO. Movimiento por la IV República

Distrito Federal– En una obra de teatro sobre Afganistán titulada “El gran juego” (The great game), el actor que encarna a un funcionario norteamericano, se pregunta: “La cuestión es: ¿Estamos en el noveno año de la guerra en Afganistán o estamos en el noveno inicio de la guerra en Afganistán”. Algo similar puede preguntarse en el caso de México: ¿Estamos ya en el quinto año de la guerra (o lucha) de Felipe Calderón contra los carteles de la droga o en el quinto replanteamiento de esa guerra (o lucha)? Pues la percepción pública es que no hay avance sino todo lo contrario, (El Universal, 21 de febrero).

Oficialmente lo que está ocurriendo en México no es una guerra, pero la verdad es que se parece mucho a una de esas de baja intensidad pero muy compleja: un ejército y una policía en cotidiana confrontación violenta contra organizaciones armadas que les disputan el monopolio de la violencia. Algunas de ellas controlan también trozos de la geografía nacional, decretan impuestos, censuran a los medios de comunicación locales, establecen alianzas con actores internos y externos, etcétera. Por su parte, esos adversarios del poder estatal también están enzarzados en una lucha mortal entre sí. Finalmente, esta la magnitud misma de los combates que se refleja en las bajas del 2007 a la fecha: más de 35 mil muertos y quien sabe cuántos heridos.

Las Cifras. La lucha que se libra en México entre el gobierno, el crimen organizado y entre los cárteles mismos, incluye la lucha por las cifras. Se trata no sólo de determinar las cantidades de droga que se producen, se decomisan y las que llegan al mercado; su valor y, sobre todo, del número de víctimas de la violencia. En este último rubro hay la sensación que hace tiempo que lo cuantitativo –setenta y nueve muertes en un solo día el viernes pasado– dio un salto cualitativo.

Para algunos, el número de muertes producto de la lucha contra el narcotráfico es muy alto y va en aumento, pero para otros ese no es un indicador de que México vaya por un mal camino, pues en términos de asesinatos por cada cien mil habitantes, México no es un caso fuera de rango en América Latina, (véase a Fernando Escalante, “El homicidio en México entre 1990 y 2007: aproximación estadística”, El Colegio de México, 2009). Para unos la violencia se mantiene localizada en ciertas zonas de Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nuevo León, Guerrero o Michoacán. Para otros, el problema se va extendiendo y, sobre todo, la cultura de la violencia ya echó raíces entre nosotros –sicarear es hoy un verbo que sirve para referirse a una forma de vida– y está trastocando la naturaleza de nuestra convivencia social.

En una situación de normalidad, la autoridad tiene que registrar cada uno de los casos en que un ciudadano muere. Y si esa muerte es producto de la violencia, no sólo se debe registrar sino investigar y castigar al responsable. Sin embargo, en situaciones donde la normalidad se ha perdido, como son las propias de una guerra –internacional o civil–, el número de caídos es tan grande que simplemente ya no es posible a las burocracias llevar bien la cuenta, identificar a la víctima y, menos aún, investigar las circunstancias de su muerte y castigar al culpable.

En México se ha llegado a esa situación donde los muertos son tantos, que simplemente la autoridad ni siquiera es capaz de registrar la existencia misma de las víctimas. De ahí que la impunidad y la impotencia constituyan la pareja de fenómenos que dominan en la visión que los mexicanos tenemos de la coyuntura, (Enfoque, 20 de febrero).

El “Chaguín” o la Guerra Secreta de Sinaloa y otras Partes. Froylán Enciso, un estudiante de postgrado que ya cuenta con varios trabajos publicados sobre la historia del narcotráfico en México, tiene una contribución en un libro de próxima aparición donde precisamente se abordan las circunstancias de una de esas masacres que oficialmente no se han reportado pero que sí tuvieron lugar, (Diego Enrique Osorno, ed., “País de muertos. Crónicas contra la impunidad”, Debate 2011). En un adelanto del libro, titulado “Más muertos de los que se imaginan”, que acaba de aparecer en Gatopardo (febrero, 2011), Enciso aborda el caso de “Chaguín” y, sobre todo, de lo que ello implica, que es mucho.

El hecho que se relata tuvo lugar a finales del 2009, durante una visita de Enciso a su natal Mazatlán. Ahí se topó, vía las famosas “redes sociales”, con una noticia que, expuesta de manera escueta, es así: tras la muerte a manos de los marinos de Arturo Beltrán Leyva, el líder de uno de los grandes cárteles de la droga el 16 de diciembre de ese año en Cuernavaca, la lucha entre los miembros del cartel de los Beltrán Leyva y el encabezado por Joaquín, “El Chapo” Guzmán ­–cártel de Sinaloa–, se intensificó. Y fue justamente después de la muerte de Arturo Beltrán, cuando en el poblado de El Guamúchil, sindicatura de la Noria, en la sierra de Sinaloa, un grupo de El Chapo intentó sorprender a otro de los Beltrán encabezados por “Chaguín”. El plan era que la gente que buscaba a “Chaguín” entrara a El Guamúchil en un camión del servicio local de pasajeros, tomara el poblado y lo eliminara a él y a los suyos; en la operación falló el factor sorpresa y los atacantes no consiguieron su objetivo. Al retirarse éstos del poblado –no sin antes balear algunas casas y autos–, la gente de “Chaguín” los emboscó y, según la noticias difundidas por celular e internet entre los interesados locales, los “beltranistas” mataron “como a cuarenta” de sus adversarios, aunque algunos de los mensajes subidos a la red aseguraron que fueron más.

Para Froilán Enciso, entre los hechos notables del incidente no sólo destaca la magnitud de la violencia, sino que los medios de información local prácticamente no informaran sobre la masacre. En la prensa nacional sólo se consignaría que se encontraron un camión de pasajeros incendiado y un cadáver calcinado, nada más. En contraste, algunos pobladores de ranchos cercanos asegurarían que el encuentro entre los del cártel de Sinaloa y los “chaguines” había durado horas y que los cadáveres de los contendientes quedaron regados en una zona amplia por donde corre el río Presidio. Sin embargo, las fuerzas del Estado simplemente llegaron tarde, constataron y registraron lo evidente y se retiraron pronto, sin investigar a fondo, antes de que cayera la noche, pues prolongar su estadía para ahondar en los detalles de lo que fue un combate en toda forma, resultaba más bien peligroso, pues no controlaban el territorio. Al final de cuentas, en los registros oficiales del incidente, sólo hubo un muerto.

Para Enciso, la confirmación indirecta de la matanza que oficialmente nunca fue, se tuvo el 12 de abril del 2010 en Tepic, cuando tras varias horas de lucha con elementos de la Armada y el Ejército, y donde intervinieron hasta helicópteros, los federales dieron muerte a Santiago Lizárraga, el “Chaguín”, y a varios de los suyos. De inmediato, en Mazatlán, los antibeltranistas armaron una celebración en el malecón: repartieron cerveza con gran liberalidad y levantaron un templete donde una banda tocó corridos de “los ganadores”.

Implicaciones. El caso expuesto tiene varias implicaciones. La obvia es que las cifras subestiman las muertes causadas por esta guerra que no se define como tal. En el caso de Sinaloa, además de los muertos que no se cuentan, está la discrepancia en los datos oficiales: entre 1993 y 2007 la procuraduría estatal reporta un 19 por ciento más de muertes que las cifras usadas por quienes han examinado el fenómeno a nivel nacional. Si hay diferencias similares en otros estados y tampoco ahí se cuentan todos los muertos, entonces estamos peor de lo que oficialmente se asume.

En Sinaloa –y en otras partes– se interpreta la caza de las fuerzas federales a los Beltrán Leyva y a la poca diligencia por hacer algo similar con el cártel de Sinaloa, como una toma de partido del gobierno por un cártel en contra de otro. Quizá la percepción es errónea, pero ya es parte de la realidad.

El “Chaguín” fue un narco sinaloense que optó por vivir rápido y peligrosamente a cambio de aprovechar una de las pocas oportunidades que un joven –treinta y tantos años– de sus condiciones sociales tiene en México para lograr un ascenso social imposible por las buenas. Los federales que lo enfrentaron y eliminaron cumplieron con su deber, pero no modificaron el entorno del que surgió. Debe haber docenas de jóvenes dispuestos a ocupar su lugar. Por tanto, lo realmente importante ya no es acabar con los Santiago Lizárraga de este mundo sino con las condiciones que los crean.

MVS. Sobre la licencia de AMLO

El Trabajo

«La liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos» 

El  Trabajo

eltrabajo@gmail.com, www.eltrabajo.org.mx, (55) 5547 0161

¡RETIRO DE LA INICIATIVA DE CONTRARREFORMA LABORAL!

¡Derogación de las contrarreformas de la Ley General de Educación!

¡Anulación de la ACE y del Acuerdo México-OCDE sobre educación!

 

ORGANIZACIÓN SOCIALISTA DE TRABAJADORES

(SECCION MEXICANA DE LA CUARTA INTERNACIONAL)

E

l 21 de octubre, las cámaras de diputados y senadores aprobaron 24 contrarreformas a la Ley General de Educación. Diputados y senadores de todos los partidos votaron a favor. Como suelen hacer los gobernantes priistas y panistas, esa Ley General, aunque reglamentaria, va más allá del artículo tercero constitucional y es una violación del mismo. Ese mismo día el gobierno aceptó 15 directrices de la OCDE en materia de educación y relaciones laborales.[1]

El 18 de marzo de 2010, diputados del PAN presentaron una iniciativa de ley para modificar la Ley Federal del Trabajo. El 15 de diciembre, la fracción priista con el aval del Consejo Coordinador Empresarial, presentó una iniciativa de ley con el mismo propósito. Introduce “Formas de remuneración que vinculen las remuneraciones a la productividad”.

Queremos mostrar que tanto las directivas de la OCDE en materia de educación, como las directivas del FMI en materia de derecho laboral, acatadas por el gobierno de Calderón, son dos caras de la misma empresa de destrucción de derechos y de desmembramiento de los sistemas nacionales: suprimir los derechos de contratación colectiva, sindicación y huelga, por un lado, y por otro, adecuar la escuela pública al mercado laboral precario y sin derechos, llevándola a la privatización.

Los dirigentes sindicales tienen la responsabilidad de llamar a la movilización unitaria por el retiro o derogación de esas contrarreformas.

(Siglas: AMO: Acuerdo México-OCDE del 21 de octubre, CLGE: Contrarreforma de la Ley General de Educación, aprobada el 21 de octubre de 2010, publicada como decreto en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011), ACE: Alianza por la calidad de la educación, 2008).

DESTRUIR LOS CONTRATOS O CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO

Tal como sucede en el sector privado, en el terreno de la educación, el gobierno, en este caso con la aprobación del grupo de Elba Esther Gordillo, toma medidas para individualizar las relaciones laborales.

Primero lo hizo con la carrera magisterial, y ahora con la Alianza para la calidad de la educación (ACE) que “reforma los lineamientos del Programa de Carrera Magisterial para que se consideren exclusivamente tres factores: aprovechamiento escolar, cursos de actualización y desempeño profesional” (es decir, los resultados de los alumnos en pruebas como ENLACE). Con esa medida el gobierno pretende suprimir cualquier referencia a antigüedad, grado académico o preparación profesional del profesorado en los movimientos escalafonarios.[2]

La evaluación es empleada como instrumento para facilitar el despido de profesores y para individualizar las relaciones laborales. Con ello se crean diferentes ingresos entre profesores de distintas zonas.[3] Se trata de que los profesores y las escuelas y las entidades compitan entre ellas por ingresos desreglamentados sin relación con el salario básico, el aguinaldo o el fondo de pensiones.

Las contrarreformas a la Ley General de educación del 21 de octubre (CLGE), plantean que se “establecerán mecanismos de estímulo a la labor docente con base en la evaluación”. (CLGE, Artículo 21).

Se exige “con urgencia”, “un sistema de evaluación docente basado en estándares”. (AMO, punto 8).

La ACE establecía: “los profesores cuyos estudiantes muestren bajo rendimiento en pruebas estandarizadas como ENLACE deberán tomar cursos especialmente orientados”.[4].

Ahora la OCDE quiere despedir a los profesores: “Los docentes que presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del sistema educativo”. (AMO, punto 8).

Y despedir. Pretende que los directores pasen por encima de los derechos colectivos y despidan por su cuenta: “Para profesionalizar a los líderes (directores) y exigirles que rindan cuentas, es necesario que participen en las decisiones clave que ocurren en su escuela, tales como contratar o despedir docentes”. (AMO, punto 12).

En los hechos ya se modifican las condiciones laborales. En primer lugar, mediante el examen de ingreso se derribó el principio de la estabilidad (“Examen nacional de asignación de plazas”).

En secundarias, los profesores con código 20 interinato limitado (tres meses), no recibieron prórroga de nombramiento este año. Deben pasar el examen de certificación. Lo mismo se pretende hacer con los profesores asignados a plaza con código 97 (interinato limitado de enero a diciembre).

Las autoridades imponen la evaluación certificación docente. Nadie tendrá la plaza segura.[5]

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[1] “Acuerdo de cooperación México-OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas mexicanas. Establecimiento de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México”, OCDE, 2010.

[2] Véase SNTE, SEP, SHCP, SEDESOL, SALUD, Alianza por la calidad de la educación. www.sep.gob.mx, p. 14. (Consulta: 15 de mayo de 2008).

[3] En México, en Chiapas, el 25% de los adultos jóvenes recibe menos de cuatro años de educación, en tanto la cifra para el Distrito Federal afecta solamente al 3% de ese grupo de la población. UNESCO, Seguimiento de la educación para todos, 2010.

[4] Idem.

[5] “Sin modificar un punto, una coma o una palabra de la Ley General de Educación y de los artículos 3° y 31° Constitucionales, se impuso y avanzó la “ACE”, con (…): examen de oposición (Examen Nacional de Asignación como requisito único para ingreso, promoción y definitividad); contratación temporal (códigos 20 y 23) por no más de seis meses; despido de trabajadores que ostentan nombramientos limitados que no se les prorroga, obligándoseles a presentar el examen; eliminación de turnos (principalmente vespertinos) y compactación de grupos: mayor carga administrativa y académica; ataque y destrucción del normalismo; con el enfoque por competencias, reducción o eliminación de contenidos fundamentales de historia, ciencias, técnica, ética, filosofía, arte; denostación de la labor educativa y el impulso a la educación privada”. CNTE, Boletín no. 13, noviembre de 2010.