sábado, agosto 08, 2009
HOY es la cita para defender a la Sierra
Te invitamos, sólo somos los ciudadanos los que podemos
hacer la gran diferencia. Asiste a la marcha y
luego al festival, por la defensa del monumento natural
que es nuestra Sierra
viernes, agosto 07, 2009
Estudios de PHR del caso Brad Will
El caso Brad Will, sin valor jurídico: PHR y la CNDH
Physicians for Human Rights señala que el Informe de expertos forenses canadienses sobre la muerte del periodista estadounidense en México deja más preguntas que respuestas. El análisis balístico por PHR apoya el descubrimiento de un rebote de proyectil ignorado por la Procuraduría General de la Republica. En un comunicado la CNDH, establece que dicho informe “no sustenta sus conclusiones en elementos técnico-científicos; no es un dictamen pericial sino una opinión; carece de valor jurídico alguno, de acuerdo con la legislación mexicana y su jurisprudencia, y no tuvo el propósito de encontrar la verdad histórica y legal, sino de avalar las hipótesis de quien contrató a sus autores.”.
(Cambridge, Massachusetts, EEUU) Agosto 5, 2009 - Physicians for Human Rights (PHR) determinó que la revisión de la muerte por arma de fuego del video-periodista estadounidense Brad Will, llevada a cabo por investigadores canadienses, reitera declaraciones previas imprecisas y engañosas de la Procuraduría General de la Republica (PGR). Según informes, Will fue uno de al menos 18 individuos baleados mortalmente durante las protestas en Oaxaca a finales del 2006.
La revisión independiente llevada a cabo por expertos forenses de PHR en marzo de 2008 descubrió que uno de los proyectiles rebotó de un objeto rojo antes de herir fatalmente a Brad Will. Este hecho importante se basa en el descubrimiento de pintura roja incrustada en las áreas dañadas del proyectil y el hecho de que el mismo patrón de transferencia de pintura es claramente visible en una fotografía tomada cuando se extrajo el proyectil durante la autopsia. Tal circunstancia resulta incompatible con la hipótesis de la PGR que afirma que el disparo se originó de un arma de fuego ubicada en el entorno inmediato de Will, impactandole directamente en el pecho sin rebotar de algo en su trayectoria primero. No existe evidencia de la presencia de un objeto intermedio de color rojo cerca de la victima del cual el proyectil pudiera haber rebotado antes de impactarle en el pecho.
El informe del equipo canadiense del 17 de julio de 2009, encargado por la PGR para llevar a cabo una revisión del caso, rechaza la posibilidad del rebote únicamente con la reiteración del argumento de la PGR en el sentido de que el “proyectil fue pintado por alguien para señalarlo.” Sin embargo, aunque la cadena de custodia debería ser accesible, ni los expertos canadienses, ni las autoridades mexicanas han producido información sobre cualquier individuo que supuestamente pinto el proyectil de color rojo. De igual modo, el informe Canadiense no reconoce que pintar evidencias forenses en áreas de valor analítico es contrario a cualquier estándar forense.
“Examiné cuidadosamente los proyectiles en México, utilizando un microscopio,” dice el analista forense de PHR, Jeff Foggy “Al momento de examinar el proyectil, como lo documentamos con las fotografías que tomamos, no habia evidencia de que alguien hubiera pintado encima de lo que pareciera tejido biológico como rastros de hueso en el proyectil.”
Los resultados de Foggy contradicen los argumentos de los expertos canadienses de que se haya pintado encima de fragmentos de hueso después de que el proyectil fue removido del cuerpo de Will. El análisis de PHR del daño observado en el proyectil también contradice la conclusión de la PGR y el equipo canadiense en el sentido de que el daño fuera resultado de su impacto en el hueso del cual fue extraído.
“Proyectiles con camisa de cobre, como el que se extrajo durante la autopsia, típicamente no se separan de esta manera al impacto con hueso,” afirma el patólogo forense de PHR, el Dr. Bux. “Esto lo podemos observar con el segundo proyectil de la misma arma que impacto a Brad. No sólo se enterró virtualmente sin daño alguno en el hueso izquierdo de la cadera, sino rebotó previamente probablemente del hueso derecho de la cadera.”
Adicionalmente, las pruebas de laboratorio llevadas a cabo por Foggy, utilizando un martillo y un cincel similar a los que se observan en el video de la autopsia usados para extraer el proyectil, no pudieron lograr separar la camisa de cobre de un proyectil.
PHR pública PowerPoint sobre el análisis del rebote en el Caso Will
Physicians for Human Rights ha publicado una presentación PowerPoint sobre su análisis de la evidencia en el caso Will, incluyendo fotografías y documentación. Para ver la presentación online, visite:
“El informe del equipo Canadiense reitera las afirmaciones imprecisas presentadas por la PGR anteriormente. Tampoco reconocen que el homicidio de Brad Will fue uno de varios homicidios por arma de fuego que ocurrieron durante las protestas de Oaxaca en el año 2006,” dice Stefan Schmitt, Director del International Forensic Program de PHR. “Lamentablemente la PGR no parece ser dispuesta a investigar con seriedad las conexiones entre las muertes violentas que ocurrieron en Oaxaca a finales del 2006. No hay indicación de que tengan la intención de comparar la evidencia entre los distintos casos, como se esperaría cuando hay un patrón tan evidente de homicidios sin resolver.”
Es pertinente aclarar que el International Forensic Program de PHR (PHR-IFP) llevó acabo la revisión de la investigación a solicitud de Amnistía Internacional y del abogado de la familia Will, este último con acceso completo al caso y el derecho de aportar pruebas en la investigación. El equipo forense de PHR-IFP es financiado por PHR.
The International Forensic Program (IFP) at PHR is dedicated to providing independent forensic expertise to document and collect evidence of human rights violations and of violations of international humanitarian law. Since the 1980s, PHR has mobilized forensic scientists and other experts worldwide to respond to inquiries by governments, organizations, families, and individuals. IFP experts come from all forensic science disciplines, ranging from pathology to anthropology, and including experts from analytical sciences, such as firearm examiners. The IFP offers a variety of services which include forensic investigations, evaluations, monitoring, review of work done by other parties, and specialized training. IFP’s services can be requested by institutions, organizations, and individuals. PHR adheres to a policy of strict impartiality and is concerned with human rights abuses everywhere.
5 de Agosto. Acto en memoria de Nuestro Niños
En la tarde noche del 5 de agosto, se llevó a cabo un acto en solidaridad con los padres de las pequeñas víctimas del incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Como respuesta al llamado de los familiares exigiendo justicia, castigo a los responsables de la tragedia, varios grupos ciudadanos nos dimos cita en Morelos y Zaragoza.
Los transeúntes, sensibles al tema se adhirieron al acto. Se involucraron dando sus firmas de apoyo y portando las fotografías de los niños siniestrados.
Hoy leemos que la Suprema Corte de Justicia, después de regresar de vacaciones, por fin decide crear una comisión para investigar si hubo violación de garantías, sin embargo, su indagación no tendrá efectos jurídicos. Buenos estamos cuando los tribunales primero se hacen de rogar para entrarle al asunto y luego resulta que lo que hagan no servirá para fincar responsabilidades, ordenar reparaciones, ni siquiera emitir recomendaciones (El Norte, 7 agosto 2009).
Estas son películas que ya hemos visto. Estamos viviendo en un país donde un México próspero, con poder y dominio político, económico, vive de forma paralela a otro México marginado, pobre, sin acceso a la justicia ni a una vida digna. La lentitud con la que todas las autoridades han decidido intervenir en el caso nos muestra la falta de intención por lograr que emerja la verdad y se castigue a los responsables reales.
El pueblo sólo tiene al pueblo para salvarse, lástima que mucho del pueblo no logre salir del marasmo en que lo tiene sometido la política del régimen a través de múltiples brazos, el más consistente de ellos: el duopolio televisivo.
Estuvo presente en el acto también una representación de las Viudas de Conchos, otro grupo agraviado por la negligencia empresarial, por decir lo menos, y por que el estado -en todos sus niveles- no tiene capacidad o interés en supervisar las condiciones de seguridad donde se desarrollan las actividades de los trabajadores (la mina) o los hijos de trabajadores (guarderías).
Los transeúntes, sensibles al tema se adhirieron al acto. Se involucraron dando sus firmas de apoyo y portando las fotografías de los niños siniestrados.
Hoy leemos que la Suprema Corte de Justicia, después de regresar de vacaciones, por fin decide crear una comisión para investigar si hubo violación de garantías, sin embargo, su indagación no tendrá efectos jurídicos. Buenos estamos cuando los tribunales primero se hacen de rogar para entrarle al asunto y luego resulta que lo que hagan no servirá para fincar responsabilidades, ordenar reparaciones, ni siquiera emitir recomendaciones (El Norte, 7 agosto 2009).
Estas son películas que ya hemos visto. Estamos viviendo en un país donde un México próspero, con poder y dominio político, económico, vive de forma paralela a otro México marginado, pobre, sin acceso a la justicia ni a una vida digna. La lentitud con la que todas las autoridades han decidido intervenir en el caso nos muestra la falta de intención por lograr que emerja la verdad y se castigue a los responsables reales.
El pueblo sólo tiene al pueblo para salvarse, lástima que mucho del pueblo no logre salir del marasmo en que lo tiene sometido la política del régimen a través de múltiples brazos, el más consistente de ellos: el duopolio televisivo.
Estuvo presente en el acto también una representación de las Viudas de Conchos, otro grupo agraviado por la negligencia empresarial, por decir lo menos, y por que el estado -en todos sus niveles- no tiene capacidad o interés en supervisar las condiciones de seguridad donde se desarrollan las actividades de los trabajadores (la mina) o los hijos de trabajadores (guarderías).
LIBERTAD PARA MIGUEL ANGEL BELTRAN VILLEGAS
LIBERTAD PARA
MIGUEL ANGEL BELTRAN VILLEGAS
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Carta del prof Miguel Ángel Beltrán. secuestrado en México y extraditado a ColombiaDate: Wed, 5 Aug 2009 14:43:40 +0000
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"si vienen por mi, yo no me voy a dejar llevar.. voy a resistir..no me voy a doblegar" Eduardo Umaña
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por Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta Seguridad /31/07/2009
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Miguel Angel Beltrán secuestrado en México y puesto preso en la cárcel Modelo de Bogotá, escribe desde la reclusión una carta a sus compañeros y colegas profesores en la que presenta el estado en el que se encuentra y las irregularidades que roden su proceso. A continuación presentamos la carta en su totalidad.
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(PUBLICADA EN EL SITIO "APOYO AL PROFESOR MIGUEL ÁNGEL BELTRÁN", EN FACEBOOK) “
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Apreciados(as) colegas ASPU: Han transcurrido dos meses desde mi arbitraria detención en este pabellón de "alta seguridad". Actualmente somos 73 internos (de una población de 6.102 presos), los que estamos recluidos en esta área de la Cárcel Nacional Modelo, que bien puede ser considerada una "cárcel dentro de la misma cárcel" alejada de los demás patios y donde sólo tenemos derecho a una hora diaria de sol. Aquí comparto suerte no sólo con comandantes guerrilleros sino, también, con reconocidos narcotraficantes y jefes paramilitares que como "Zeus" y "Niche" están acusados de ser autores de numerosas masacres de hombres, mujeres y niños indefensos. Por fortuna éstos se encuentran en un piso aparte.
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Cada vez que traspaso las puertas de esta institución carcelaria para una audiencia o una entrevista con los medios de comunicación, los impresionantes dispositivos de seguridad revelan que soy considerado un reo de alta peligrosidad para las autoridades carcelarias. "El terrorista más peligroso de las FARC" según palabras del mismo presidente Uribe quien me condenó, sin ser escuchado en juicio, y agradeció al primer mandatario mexicano Felipe Calderón su colaboración en mi captura, aún así los jueces de garantías y de apelación insistieron que mi detención se produjo en Colombia.
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Resulta un verdadero sarcasmo que mientras el fiscal promete para mí una pena de más de cuarenta años por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines terroristas, a los verdaderos criminales, que han sembrado el terror en todo el país, se les ofrece que purguen sus decenas de homicidios en 8 años, a cambio de su confesión, amparados en la política de "justicia y paz". En otros casos, la justicia ni siquiera se ha hecho cargo de ellos y se mantienen en la total impunidad desempeñando importantes cargos públicos o altos puestos de dirección en las fuerzas militares.
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En mi expediente no se me acusa de despedazar campesinos con motosierra, ni se me atribuye el asesinato de jóvenes provenientes de sectores populares que luego son presentados como "falsos positivos"; tampoco se me imputan tratos crueles, inhumanos y degradantes contra persona alguna; mucho menos se me inculpa de delitos de lesa humanidad: contrario a ello se me acusa de "instigación al terrorismo" por denunciar estos hechos y de poner de presente la responsabilidad del Estado Colombiano y las Fuerzas Militares en estos crímenes: se me acusa de ser un terrorista por sustentar en mis escritos en los foros públicos, que las FARC es una respuesta histórica a las múltiple violencias del Estado, porque en este país, por decreto presidencial no existe conflicto armado, pese a que número de desplazados por la violencia sobrepasan ya los 4'000.000 de personas.
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El hecho que se cite mis actividades académicas como indicios para inculparme, demuestra que se trata de un claro intento de criminalizar un trabajo docente e investigativo incómodo para el establecimiento.
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En el pasado estas mismas sindicaciones han sido hechas a destacados profesores universitarios como el sociólogo Alfredo Correa, a quien se acusó de ser un "ideólogo de las FARC"; en esa ocasión las falsas inculpaciones provinieron de informaciones proporcionadas por los mismos organismos de inteligencia del Estado, concretamente del DAS institución que depende directamente de la Presidencia de la República. Pese a que en el proceso jurídico se pudo comprobar su inocencia, al profesor Correa el Estado no le garantizó el derecho a la vida: pocas semanas después de su excarcelación, caía asesinado en las calles de Barraquilla.
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Desafortunadamente, esta política de hostigamiento contra la academia Colombiana no es cosa del pasado, por el contrario se ha venido incrementando con la mal llamada política de "seguridad democrática". William Javier Díaz es un ejemplo de ello, integrante del Taller de Formación Estudiantil Raíces (TJER ), que durante más de una década ha desarrollado seminarios de pensamiento social en la Universidad Pedagógica y la Universidad Distrital "Francisco José Caldas", con el apoyo de reconocidos académicos e investigadores, hoy es víctima de un montaje jurídico similar, donde, con base en espurios archivos de un supuesto computador incautado a la guerrilla, se le presenta como un militante de las FARC.
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De esta manera el Estado pretende castigar a quienes consideramos que los estudiantes deben estar en contacto permanente con los problemas sociales no solo del pasado sino también del presente; que los futuros profesionales tienen que estar en contacto con las tercas y duras realidades de un país continente que hoy parece despertar tras años de letargo.
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La universidad, centro por excelencia de producción y circulación del pensamiento crítico, no puede ceder a esta intimidación, escudándose en una supuesta neutralidad de la teoría, ni refugiándose en la torre de marfil de un conocimiento de expertos ajeno a cualquier compromiso con la realidad social, las libertades del pensamiento y expresión –escribía el profesor universitario y también activista de los derechos humanos Héctor Abad Gómez– "son un derecho duramente conquistado a través de la historia por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún, a veces, sacrificios personales".
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En Colombia, la Asociación Sindical de Profesores Universitarios ha sido un instrumento de defensa de este derecho, preservando con su lucha el "alma mater" no sólo de los bárbaros que pretenden acallarla recurriendo a la violencia y la amenaza, sino haciendo frente a las políticas neoliberales que buscan asfixiarla presupuestalmente.
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La generosa solidaridad que ustedes me han brindado en estos dos largos meses de reclusión, corrobora este compromiso que por décadas ustedes han mantenido en aras de la defensa de la educación superior y coloca de presente que esta lucha no solo es por mi libertad sino por la libertad y el respeto al trabajo científico e intelectual.
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Desde estas cuatro paredes que aprisionan mi cuerpo, pero no mi pensamiento, quiero hacerles llegar mi voz de sincero agradecimiento por sus gestos de solidaridad y mi convencimiento de que en esta lucha llegaremos hasta el final, para que en el país el pensamiento pueda circular libremente y no sea amenazado por aquellos insensatos que aspiran revivir los tiempos de la inquisición, condenando a la hoguera a quienes expresamos ideas y opiniones diferentes.
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Un abrazo fraternal.
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Miguel Ángel Beltrán Villegas/Cárcel Nacional Modelo/Pabellón de Alta SeguridadJulio 20 de 2009"
jueves, agosto 06, 2009
Tod@s somos Jacinta
El Presidente y Jacinta
Arnoldo Kraus, La Jornada
Aunque el título de este artículo podría haberse extraído de una de las fábulas de Esopo o de Lamartine, no es así. Se refiere a Felipe Calderón y a Jacinta Francisco Marcial. El primero es el Presidente de México. La segunda es una indígena ñañu (otomí) recluida desde agosto de 2006 en el Centro de Readaptación Social Femenil, en San José el Alto, Querétaro. Ya que Jacinta sigue encarcelada pese a los esfuerzos de algunas organizaciones no gubernamentales, y ante la contumacia de nuestros aparatos de justicia, a Calderón le corresponde atraer el caso. No sólo por las infamias que representan las acciones contra ella, sino para que el país sea testigo de un acto presidencial justo y ético.
La encarcelación de Jacinta resume, ad nauseam, los sinsabores de lo absurdo, de la injusticia, del racismo, del sesgo contra lo femenino, de la inamovilidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la mediocridad de los sistemas de justicia de nuestro país. La sentencia que asevera en México la realidad supera a la ficción y al absurdo
es, en el caso de Jacinta, brutalmente cierta.
Resumo los hechos tal y como han sido narrados por diferentes medios de publicación. El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), sin portar uniforme, y sin identificarse como tales, llegaron a la plaza central de Santiago Mexquititlán. Despojaron a algunos comerciantes de sus mercancías con violencia, tras haberlos acusado de vender objetos pirata
. Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación, quienes se negaron a presentarla.
Cuando la tensión aumentó, el jefe regional de la AFI, y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, Querétaro, acudieron al pueblo para dialogar; ofrecieron, además, pagar los daños causados por sus miembros. Se acordó que uno de los elementos permanecería en el pueblo como garantía
. El incidente finalizó el mismo día, tras convenirse que los comerciantes recibirían la cantidad correspondiente a los daños causados.
El 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial fue llevada, aparentemente con engaños, a Querétaro, donde fue presentada ante los medios de comunicación. Se le acusó de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los sucesos de marzo. Fue condenada a 21 años de prisión.
Jacinta es una indígena de 46 años, seguramente de baja estatura y de bajo peso, dedicada a la venta de aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis y afuera de la iglesia de su pueblo. Se han esgrimido dos pruebas en su contra: una fotografía de un diario local tomada el día de los sucesos y el informe que brindaron los agentes de la AFI donde declaran que fueron rodeados y secuestrados por un grupo de personas. Con esos argumentos se procedió a encarcelar a la indígena.
Con el lema Tú puedes ser Jacinta
, un grupo de organizaciones no gubernamentales, así como miembros de la Comisión de Equidad de Género del Congreso local, iniciaron, hace unos días, una campaña de recolección de firmas en apoyo de Jacinta, quien el 8 de agosto cumplirá tres años de estar presa por un delito que no cometió. Sería prudente que Felipe Calderón se enterase de la situación, y que respondiese, al igual que los encargados de la justicia en Querétaro, la pregunta que se hacen muchas de las personas que buscan la libertad de la indígena. ¿Alguien en su sano juicio puede imaginar que una pequeñita mujer indígena tenga la fuerza para secuestrar a seis fornidos agentes de la AFI, armados con toletes, rifles de asalto, protegidos con escudos y casco en la cabeza?
El affaire Jacinta es el culmen de la infamia y de la injusticia. Es una pena que después de tres años siga encarcelada, que sus derechos no hayan sido restituidos y que la sentencia no haya sido modificada. La infamia cometida contra la indígena es producto de la mediocridad de nuestro sistema de justicia. Es producto, también, de su vulnerabilidad: es mujer, es indígena y es pobre.
En el affaire Jacinta todos los implicados en impartir justicia han fallado. A su condición de vulnerabilidad debe agregarse que durante el juicio Jacinta no contó con traductor (ha aprendido español en la cárcel), se le negó el derecho de presunción de inocencia y es probable que haya sido secuestrada para llevarla a Querétaro.
El Presidente y Jacinta no es una fábula de Esopo, es una realidad mexicana. Con Jacinta se ha violentado la ley, se ha vulnerado su persona, se ha atentado contra sus derechos humanos y se ha erigido un monumento a la sinrazón. Ante la inoperancia de los directamente responsables, ante la sordidez del caso y ante la ausencia de justicia sería ético que el presidente Calderón se hiciese cargo de Jacinta.
La Acción Urgente de hoy. El plazo se vence el 7
Acción Urgente en apoyo a Jacinta Francisco Marcial
El próximo siete de agosto vence el plazo para que la PGR informe sobre el cumplimiento de la recomendación que le hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 19 de julio, con número 47/2009, relacionada con el caso de Jacinta, donde señala que le han sido vulnerados a ella y sus co-acusadas los derechos fundamentales a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia, con las probadas actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de los elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación.
Para apoyar a Jacinta favor de enviar la siguiente acción urgente al titular de la PGR y a la delegada estatal en Querétaro a los correos indicados. La siguiente es una carta modelo que puede ser usada; hay que llenar los datos de Fecha y lugar, además del nombre y la firma de quien está mandando la carta. En caso de que sea una organización o colectivo, habrán de cambiarse los verbos de la primera persona del singular a primera persona del plural, así en lugar de “aprovecho” deberá decir “aprovechamos”, “nos parece” en lugar de “me parece”, etc.
Asunto: Acción Urgente. Caso Jacinta Francisco Marcial
Para: ofproc@pgr.gob.mx
(Fecha, lugar)
Lic. Eduardo Tomás Medina Mora Icaza
C. Procurador General de la República
Respetable Sr. Procurador:
El que suscribe y firma esta carta, aprovecho la oportunidad para saludarle, y además referirme al caso de la señora indígena Jacinta Francisco Marcial, cuya defensa patrocina el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.
Pese a que se trata de una persona comprometida con su comunidad y su familia, a la señora Jacinta se le ha imputado falsamente el secuestro de seis agentes federales de investigación por hechos ocurridos el día 26 de marzo de 2006 en su comunidad de Santiago Mexquititlán. Por lo anterior, fue acusada y sentenciada el día 19 de diciembre de 2008, imponiéndosele una pena privativa de la libertad de 21 años, misma que fue recurrida en apelación revocándosele sentencia a efecto de realizar careos procesales por contradicciones sustanciales.
De acuerdo con lo que se ha informado, el delito de secuestro nunca existió y por lo tanto no puede acreditarse con las pruebas que se encuentran en el expediente. También tengo entendido que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta Francisco Marcial.
Me parece sumamente preocupante que los agentes federales de investigación que se dicen víctimas, hayan asumido desde la averiguación previa el carácter de ofendidos, investigadores y testigos. Además, en la resolución de la apelación, el Magistrado del Tribunal Unitario de Circuito con sede en Querétaro, encontró contradicciones sustanciales, imprecisiones e incongruencias en la versión de la parte acusadora. Con base en esas probanzas se ha privado de su libertad y condenado a la señora indígena Jacinta Francisco Marcial, una persona inocente, por un delito respecto del cual su probable responsabilidad no se demuestra.
Aunado a lo anterior,
Por lo anterior, y en virtud de que se encuentra aún en el plazo marcado por la ley para aceptar la recomendación de
Confío plenamente en que analizará minuciosamente el caso y que resolverá con base en la verdad y conforme a los estándares de protección a los derechos humanos.
Atentamente,
(NOMBRE Y FIRMA)
Enviar otra carta idéntica
Asunto: Acción Urgente. Caso Jacinta Francisco Marcial
Para: qro_nvaldez@pgr.gob.mx
C. Licenciada Norma Patricia Valdez Arguelles,
Delegada Estatal de
Respetable Sra. Delegada Estatal:
(El mismo texto de la carta anterior)
miércoles, agosto 05, 2009
5 agosto a las 7 tarde noche en Morelos y Zaragoza
No se olviden que HOY a las 7 de la tarde noche debemos asistir al acto en Memoria de los niños víctimas de la tragedia de la Guardería ABC. La cita es en Morelos y Zaragoza este 5 de agosto de 2009, a dos meses del incendio que consumió la vida de los chiquitos.
De Proceso
Bienvenido, Carlos Salinas
ÁLVARO DELGADO, Proceso
MÉXICO, D.F., 3 de agosto (apro).- Entre impotentes y resignados, los propios panistas asumen que, en menos de tres años, el gobierno de Felipe Calderón está exhausto, rendido, agonizante y aceptan que, después de la catástrofe electoral del 5 de julio, la capitulación menos costosa es ante el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque lo contrario implica una ignominiosa caída en medio de un país que él ha destazado.
Por eso reaparece, exultante, Carlos Salinas. Para asumir el control. No sólo del PRI, que ya lo tiene, pese a los pataleos de Beatriz Paredes. También la conducción real del PAN.
Salinas es ya el administrador del poder en México. Y el gran elector en ambos partidos: En el PRI, Enrique Peña Nieto, al que ya se le cree escriturada la Presidencia de la República, y cualquiera en el PAN, que al fin será sólo comparsa: Juan Manuel Oliva, Ernesto Cordero o, como se perfila, Alonso Lujambio Irazábal, un "peñanietito" cualquiera.
Las cosas, pues, se van acomodando.
Después de aisladas apariciones, para ir dejando atrás el exilio al que lo obligó el repudio popular --que no ha amainado--, Salinas irrumpe para salvar el resto del sexenio de Calderón, que será "presidente" sólo formalmente y para efectos de desahogar, legalmente, la agenda legislativa que orquestará el nuevo gerente de las elites.
¿Qué agenda? Por supuesto una que no será en beneficio de la mayoría de los mexicanos, sino del grupo depredador que está instalado en el poder desde 1982 y del que Salinas ha sido, desde entonces, personaje central, particularmente después del fraude de 1988 y el cogobierno que estableció con el PAN para "legitimarse en el ejercicio del poder".
Por eso no hay que perder de vista los puntos comunes de las agendas del PRI y del PAN, particularmente la del segundo, en especial la que tiene que ver con el sector energético cuyo esquema privatizador fue, en general, vencido el año pasado, pero que en el siguiente o los siguientes periodos legislativos se pretende volver a impulsar para beneficiar a los magnates que encumbró el salinismo.
No hay que olvidar que las iniciativas presentadas por Calderón fueron, en realidad, elaboradas entre otros por despachos de consultoría de los salinistas Pedro Aspe y Rubén Valdés Abascal, quienes, en conjunto, cobraron a la Secretaría de Energía 3.5 millones de dólares, en agosto de 2007.
El secretario general del PAN, Rogelio Carbajal, declaró, apenas el viernes 31, que la apertura de la inversión privada en la refinación de petróleo forma parte de la agenda legislativa de ese partido, además de otras ”reformas estructurales”, como la laboral:
La riqueza petrolera del país es la que ambiciona el grupo para el que trabaja Salinas y es en este terreno que habrá de librarse una de las batallas en la disputa por la nación que está en curso, como preámbulo a las elecciones presidenciales de 2012.
Por supuesto que la agenda de Salinas no se limita a seguir depredando los recursos de la nación, sino también a poner remedio a algo que tiene enfurecidas a las elites por la torpeza de Calderón: La carnicería entre las bandas del crimen organizado y los cuerpos policíacos, que ya toca también al Ejército. Y no porque a los magnates les interesen las violaciones a los derechos humanos que comete la tropa, a menudo contra la población más vulnerable, sino porque le minan sus ganancias las extorsiones y los secuestros.
Salinas ofrece administrar también, como lo hizo en su sexenio, el crimen organizado para que opere con acotamientos y sin causar matazones, secuestros, extorsiones y balaceras de manera indiscriminada, así como en el Estado de México de Peña Nieto. Al fin que, para él, política y crimen son sinónimos.
¿A quiénes identifica Salinas como obstáculos para ese afán desnacionalizador?
Evidentemente no a los serviles priistas ni a sus cómplices del PAN, sino a quienes frenaron, en el terreno de las ideas, la primera intentona --el año pasado--, en el debate convocado por la Cámara de Senadores, y con la movilización popular.
¿Y por qué reaparece Salinas justamente en Oaxaca, cuyo gobierno de Ulises Ruiz no escatimó atenciones? La maniobra no puede ser más nítida: Fue a identificar a su oponente político real, de gira por los municipios gobernados por usos y costumbres: Andrés Manuel López Obrador.
Guste o no, esa es la real disputa…
Apuntes
La revista especializada en medios Etcétera publica en su edición de agosto cifras de escándalo sobre el despilfarro de Calderón en gastos de propaganda de su gobierno, particularmente en televisión y radio, muy al estilo de Peña Nieto: Por ejemplo, en dos años y tres meses, el gobierno federal gastó ocho mil 779 millones 548 mil 67.70 pesos en publicidad institucional. ¿Eso qué significa? Representa un incremento de ¡228.7%!, con respecto a la administración de Vicente Fox, caracterizada también por el culto a la imagen. En su reporte, firmado por Laura Islas, Etcétera confirma que prevalece la lógica facciosa en la asignación de publicidad gubernamental, peor que los priistas: Dinero a manos llenas a sus propagandistas y amanuenses, ni un centavo para los medios críticos como Proceso… Calderón, el individuo que engatusó a algunos mexicanos en 2006, informó hoy lunes que, en el mes de julio, se generaron 13 mil empleos. A lo que no da respuesta es a la pregunta de cuántos empleos se han pedido en los seis meses del año, pero aquí se lo informamos: Por lo menos 700 mil… No hay que olvidarlo: La ineptitud no viene de fuera…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx
PLAZA PÚBLICA
ABC: A dos meses del crimen |
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Miguel Ángel Granados Chapa, El Norte
5 Ago. 09
Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 28 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre, pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).
Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el Gobierno de Sonora y el Gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el Ministerio Público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República.
La local solicitó el día 19 anterior 18 órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato al de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la Secretaría de Finanzas local donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería.
Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a dos millones de pesos.
Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1 de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución 30 días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo que se solicitara a Interpol la emisión de la orden internacional de aprehensión que hoy no han sido ejecutadas.
No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso la Gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados.
Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado.
El Gobernador Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública -y el funcionario federal ante el Senado-, pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el Gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.
Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir, pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo y la mayor utilidad.
Por esta última circunstancia, el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.
Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a principios de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales.
El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre.
Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.
Cajón de Sastre
A los 82 años de edad (nació en la ciudad de México el 19 de abril de 1927), anteayer, murió el doctor Pablo Latapí Sarre, apenas unas semanas después de haber recibido el primer doctorado honoris causa que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el núcleo científico de mayor prestigio del IPN. Es imposible resumir la andadura y los logros del más relevante y productivo investigador sobre la educación mexicana. Pionero en ese campo, unió sin traicionar ninguno su convicción filosófica y ética con el máximo rigor en la indagación sobre los procesos educativos. Fue asesor independiente y crítico de varios secretarios de Educación y escribió e hizo publicar decenas de libros sobre el tema al que entregó su vida. Nuestro pésame a su esposa, María Matilde Martínez Benítez, a quien don Pablo tanto amó.
miguelangel@granadoschapa.com
5 Ago. 09
Hoy se cumplen dos meses del crimen que privó de la vida a 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo el 5 de junio. Treinta y ocho de ellos murieron ese mismo día, quemados y por asfixia a causa del incendio iniciado en una bodega gubernamental que compartía espacio con la estancia subrogada por el IMSS. Desde entonces, la muerte ha ganado la carrera a la justicia: murieron 11 pequeños más, hasta el 28 de julio, mientras que sólo una persona ha sido detenida por ese terrible suceso (y quizá a esta hora está ya libre, pues un tribunal federal le concedió antier la libertad bajo fianza).
Apenas salieron del pasmo que les produjo la irrefutable muestra de su indolencia, influyentismo y corrupción, el Gobierno de Sonora y el Gobierno federal cruzaron acusaciones, reproches e invectivas. No se apresuraron, sin embargo, las averiguaciones penales, que inicialmente fueron emprendidas por el Ministerio Público local y atraídas el 24 de junio por la Procuraduría General de la República.
La local solicitó el día 19 anterior 18 órdenes de aprehensión, principalmente contra funcionarios del gobierno estatal y del IMSS. Obtuvo 13 mandamientos de detención y sólo pudo cumplir siete. Cinco de los afectados quedaron libres bajo fianza, pagada por el sindicato al de burócratas estatales, al que pertenecen: son los empleados de la bodega de la Secretaría de Finanzas local donde se originó el incendio que se propagó al espacio vecino, indebidamente ocupado por una guardería.
Otra persona más fue dejada en libertad de inmediato, de modo que sólo una funcionaria del IMSS, Irma Crescencia Díaz Gómez, coordinadora zonal de guarderías en Sonora, ha permanecido en prisión, porque se le negó fianza para quedar libre. Anteayer lunes obtuvo una resolución favorable, que si a esta hora no ha sido cumplida puede dejarla en libertad en cuanto pueda reunir el monto de la garantía, superior a dos millones de pesos.
Ya bajo la competencia federal, la PGR solicitó el 1 de julio nueve órdenes de aprehensión a un juez de distrito, que las obsequió el 4 de julio y se refieren a los cinco dueños de la guardería subrogada por el IMSS y a cuatro funcionarios de ese instituto. Pero el haber iniciado la persecución 30 días después del crimen permitió a los inculpados desaparecer. Sonó por eso ridículo que se solicitara a Interpol la emisión de la orden internacional de aprehensión que hoy no han sido ejecutadas.
No ha habido otro tipo de sanciones. Se conjetura que el PRI perdió por el caso la Gubernatura sonorense, en lo que constituyó la única victoria panista, pero no hay base firme para asegurarlo, pues el castigo pudo haber sido asestado por igual a los partidos contendientes, a que pertenecen los funcionarios involucrados.
Hubiera podido registrarse como puniciones a su irresponsabilidad la salida de dos altos funcionarios del IMSS, los que directamente manejaban las guarderías y el régimen de subrogación, pero los puntillosos voceros de la institución se cuidaron de hacer saber que se habían marchado por voluntad propia y sin relación alguna con la muerte de medio centenar de niños puestos a su cuidado.
El Gobernador Bours y el director del IMSS, Daniel Karam, han pasado momentos difíciles ante los padres de las víctimas, ante la opinión pública -y el funcionario federal ante el Senado-, pero sus tragos amargos, apurados con una buena dosis de cinismo por el Gobernador, distan de ser una sanción social que guarde proporción con la magnitud del daño causado.
Sólo un efecto positivo ha surgido, no de la tragedia sino de su abordamiento público. Consiste en que se ha puesto en cuestión el modelo por el cual cumple el IMSS su deber legal de otorgar a sus derechohabientes el servicio de guarderías. Lo hace a través de la subrogación, es decir, pagando a particulares el otorgamiento de dicho servicio, que se ofrece sobre la base del menor costo y la mayor utilidad.
Por esta última circunstancia, el negocio de guardar niños se ha convertido en dedicación favorita no de profesionales de la puericultura y la educación sino de validos de políticos con eminencia regional. Parientes de Bours aparecieron desde el primer día como beneficiarios de estas empresas propiciadas por un Estado blandengue, que quizá es inferior y peor que el fallido, porque éste no puede cumplir sus funciones mientras que aquél finge hacerlo.
Los padres de las víctimas, al comprobar día con día que las demoras ministerial y judicial eran formas de complicidad, acudieron a otras instancias para acuciar a las autoridades formalmente encargadas del caso. Solicitaron a principios de julio a la Suprema Corte de Justicia una investigación constitucional sobre violaciones graves a las garantías individuales.
El pedido resultó doblemente impertinente para los ministros: estaban a punto de comenzar sus vacaciones y crece su renuencia a aplicar el artículo 97, que los faculta para ese tipo de indagación. El ministro Sergio Valls hizo suyo el pedido de las familias y mañana el pleno resolverá si acepta o no, conforme a un proyecto del ministro Sergio Salvador Aguirre.
Por su parte, la CNDH emitió anteayer una recomendación que hemos de examinar.
Cajón de Sastre
A los 82 años de edad (nació en la ciudad de México el 19 de abril de 1927), anteayer, murió el doctor Pablo Latapí Sarre, apenas unas semanas después de haber recibido el primer doctorado honoris causa que otorga el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el núcleo científico de mayor prestigio del IPN. Es imposible resumir la andadura y los logros del más relevante y productivo investigador sobre la educación mexicana. Pionero en ese campo, unió sin traicionar ninguno su convicción filosófica y ética con el máximo rigor en la indagación sobre los procesos educativos. Fue asesor independiente y crítico de varios secretarios de Educación y escribió e hizo publicar decenas de libros sobre el tema al que entregó su vida. Nuestro pésame a su esposa, María Matilde Martínez Benítez, a quien don Pablo tanto amó.
miguelangel@granadoschapa.com
martes, agosto 04, 2009
Gómez Mont reconoce que cierre de radios es castigo que sirva de ejemplo
Funcionario mexicano reconoce que cierran radios para dar castigo ejemplar | | |
| Martes, 04 de Agosto de 2009 12:07 |
| Por: Agencia Púlsar El Secretario de Gobernación de México, Fernando Gómez Mont, reconoció que los cierres de radios comunitarias e inicio de denuncias penales fueron escogidos a fin de dar un “castigo ejemplar”. El funcionario se rehusó a dar una tregua al cierre de radios en tanto se discute en el Congreso mexicano una nueva legislación de radio, televisión y telecomunicaciones que permita la subsistencia digna de los medios comunitarios. Gómez Mont se mostró intransigente en su postura a pesar del llamado que le hizo el Congreso por medio de un Punto de Acuerdo aprobado en el pleno del Parlamento el 28 de julio pasado. En reunión con representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC – MX), el Secretario de Gobernación, accedió a dar respuesta sobre permisos de radios comunitarias en una semana. También asumió el compromiso de trabajar con el Congreso a fin de aprobar reformas a la legislación que permitan la subsistencia digna de los medios comunitarios, apegándose a los estándares internacionales en la materia. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México) hace un llamado a la Secretaría de Gobernación a fin de que cese en la utilización discrecional y arbitraria de la ley, puesto que resulta violatoria del derecho a la libertad de expresión en tanto criminaliza a integrantes de radios comunitarias. Asimismo, hace un llamado a las dependencias federales correspondientes a fin de que respondan de manera inmediata a los exhortos plasmados en el punto de acuerdo aprobado por el Congreso de la Unión. |
Oaxaca, lugar de coincidencias
Salinas, López Obrador, la APPO y el EPR, coincidieron estos días en Oaxaca | | | |
Pedro Echeverría V. |
| Lunes, 03 de Agosto de 2009 03:26 |
| 1. a) La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) lleva más de tres años luchando en las calles y realizando manifestaciones de decenas de miles de profesores y ciudadanos.
barrió con todos los partidos. A reserva de completar las constancias de mayoría, de los 500 diputados que integran el Congreso, el PRI tendrá 237 curules y el PAN 143; el PRD 72, el Verde 21 y los demás sumados 27. Con 14 diputados más el PRI pudo haber alcanzado la mayoría. ¿Qué nos está indicando? Que AMLO, a pesar de haber visitados en tres ocasiones todos los municipios y pueblos del país, el siete u ocho por ciento de la votación que obtuvo su corriente puede ser un indicador que su camino no debe ser el electoral y que el mejor, el que le ha dado magníficos resultados es el de movilización de masas a partir de las demandas más sentidas de éstas. Parece que lo electoral está plenamente ligado a los medios de información y a los intereses empresariales.
|
Familia de Brad Will defiende
inocencia de activista de la
APPO
4 de agosto de 2009. Fuente: apro
La familia del camarógrafo estadunidense Brad Will,
asesinado en el 2006 en Oaxaca, durante el conflicto
sociopolítico, desacreditó la investigación realizada
por la policía canadiense que concluyó con el mismo
resultado de la que efectuó en su momento la
Procuraduría General de la República (PGR); es
decir, que el disparo que le quitó la vida al reportero
provino de un tirador que se encontraba a corta
distancia.
En conferencia de prensa, el abogado Miguel de
los Santos, quien lleva la defensa de Juan Manuel
Martínez Moreno, preso en el penal de Santa María
Ixcotel por el crimen, dio a conocer el contenido de
la carta que desacredita la investigación llevada a
cabo por la corporación canadiense Royal Canadian
Mounted Police.
La familia Will consideró que la policía canadiense
utiliza un "lenguaje tendencioso, manipulado y
político cuando se refiere a la APPO y a Brad".
También deploró la politización que se ha hecho del
caso y se deslindó del peritaje realizado por el
organismo canadiense en la calle Cal y Canto del
municipio de Santa Lucía del Camino, donde falleciera
el camarógrafo estadunidense.
Además, cuestionó el que la Procuraduría General
de la República (PGR) insista en la línea de
investigación que propone un "tirador de corta
distancia".
La familia insiste en la inocencia de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y de Juan
Manuel Martínez Moreno, quien actualmente
enfrenta un proceso penal, al ser señalado como
el autor material de dicho asesinato.
De los Santos, representante legal de la familia
Will, lamentó que la PGR "no haya considerado
investigaciones de instancias de derechos humanos,
como Amnistía Internacional, Médicos por los
Derechos Humanos, Reporteros Sin Fronteras y
Human Rigts, entre otros".
Finalmente, insistió en seguir la línea de investigación
más probable que sugiere que fueron policías
oaxaqueños los responsables del asesinato, dado
que "fueron fotografiados en múltiples momentos
disparando armas de fuego"." notas sobre Ostula
Miles de nahuas recuperan sus tierras
OSTULA, PUEBLO EN VILO
Gloria Muñoz Ramírez
· Los reciben a balazos pero resisten
· Nace un nuevo poblado
·
El reconocimiento de su territorio y de su policía comunitaria, entre sus demandas Xayakalan, Santa María Ostula. Aquí nace un nuevo poblado. Frente a la costa del Pacífico en Michoacán y de espaldas a la Sierra Madre del Sur, territorio ancestral nahua, en una semana cientos de indígenas construyeron con adobe y ladrillos las nuevas casas que serán habitadas por los verdaderos dueños de este paraje de más de 700 hectáreas, antes conocido como La Canahuancera y a partir de ahora nombrado Xayakalan.
El pasado 29 de junio los nahuas recuperaron este predio que durante 40 años estuvo invadido por supuestos pequeños propietarios provenientes de la comunidad de La Placita. Los indígenas que participaron en la restitución de sus tierras narran que, advertidos de la decisión de los comuneros, “los invasores de La Placita nos recibieron a balazos, hiriendo a quemarropa a uno de nuestros compañeros”. Posteriormente la recientemente formalizada Policía Comunitaria de Ostula repelió el ataque y consiguió que los comuneros llegaran al predio en disputa. De inmediato se instaló un campamento y aproximadamente 500 guardias comunitarias comenzaron la vigilancia de todos los alrededores, previniendo nuevas provocaciones.
Las tierras recuperadas no son cualquier cosa. Son cientos de hectáreas disputadas durante años por narcotraficantes, inversionistas inmobiliarios, los supuestos pequeños propietarios y empresas mineras. Sólo que pertenecen a los nahuas.
En alerta y construcción permanente
En el nuevo poblado las actividades no cesan. Mujeres y hombres se mueven de un lugar a otro. Las primeras echando tortillas en los humeantes comales y cocinando grandes ollas de caldo de pescado, arroz y frijoles. Los hombres trabajan en brigadas en la construcción de las casas. De manera sorprendente van apareciendo las viviendas donde hasta hace una semana no había nada, salvo los tamarindales y sembradíos de papaya de “los invasores”. En sólo cinco días se levantaron más de 20 casitas.
Los nahuas hablan del rescate de sus tierras con un gran orgullo, dejando claro que su movimiento es “civil y pacífico”. Como dice Rufino: “Nosotros no queremos violencia. No es la intención. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras. Las queremos trabajar y pues de aquí ya no salimos”.
El campamento donde pernoctan cientos de nahuas que resguardan el terreno está conformado por techos de plástico, rústicas hamacas y un sinfín de camas improvisadas con hojas de palma al ras del suelo. Todo de cara al mar.
Los más de 500 miembros de la nueva policía comunitaria vigilan los alrededores y todas las entradas al nuevo poblado. Van y vienen cargando sus machetes, garrotes, escopetas y pistolas. Toda la zona se mantiene en alerta y únicamente transitan por la carretera principal (la federal 200 que va de Lázaro Cárdenas a Tecomán), camionetas con gente de los pueblos. Las pick up viajan repletas de diversos cargamentos: mujeres con cazuelas con comida para los puestos de control, hombres con materiales de construcción: cemento, varillas y arena, además de tambos de gasolina y todo lo que se va requiriendo. “Estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos que era posible. Ya estamos aquí”, dice Rosa con un entusiasmo desbordado. Ella llegó aquí desde el poblado de La Cofradía con su canasta de tacos de frijoles.
En el centro del campamento ondea la bandera nacional y un altar repleto de veladoras ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Aquí se hacen las asambleas y se “ofrece la palabra de Dios” que, señala el responsable, “nos dice que los indígenas no debemos de dejarnos, que no son buenas las injusticias y que nuestra lucha es verdadera. Nuestra Patrona nos cuida porque no estamos haciendo daño a nadie, ni robando ni lastimando. Sólo queremos nuestra tierra”.
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Los nahuas hablan del rescate de sus tierras con un gran orgullo, dejando claro que su movimiento es “civil y pacífico”. Como dice Rufino: “Nosotros no queremos violencia. No es la intención. Sólo estamos defendiendo nuestras tierras. Las queremos trabajar y pues de aquí ya no salimos”.
El campamento donde pernoctan cientos de nahuas que resguardan el terreno está conformado por techos de plástico, rústicas hamacas y un sinfín de camas improvisadas con hojas de palma al ras del suelo. Todo de cara al mar.
Los más de 500 miembros de la nueva policía comunitaria vigilan los alrededores y todas las entradas al nuevo poblado. Van y vienen cargando sus machetes, garrotes, escopetas y pistolas. Toda la zona se mantiene en alerta y únicamente transitan por la carretera principal (la federal 200 que va de Lázaro Cárdenas a Tecomán), camionetas con gente de los pueblos. Las pick up viajan repletas de diversos cargamentos: mujeres con cazuelas con comida para los puestos de control, hombres con materiales de construcción: cemento, varillas y arena, además de tambos de gasolina y todo lo que se va requiriendo. “Estamos viviendo algo que nunca nos imaginamos que era posible. Ya estamos aquí”, dice Rosa con un entusiasmo desbordado. Ella llegó aquí desde el poblado de La Cofradía con su canasta de tacos de frijoles.
En el centro del campamento ondea la bandera nacional y un altar repleto de veladoras ofrecido a la Virgen de Guadalupe. Aquí se hacen las asambleas y se “ofrece la palabra de Dios” que, señala el responsable, “nos dice que los indígenas no debemos de dejarnos, que no son buenas las injusticias y que nuestra lucha es verdadera. Nuestra Patrona nos cuida porque no estamos haciendo daño a nadie, ni robando ni lastimando. Sólo queremos nuestra tierra”.
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