Carta a los diputados rechazando la reforma laboral presentada por el PRI

Se está pidiendo que todos participen enviando una carta como la presente dirigida a los diputados, para manifestar nuestro rechazo a la propuesta del PRI en torno a una Reforma Laboral que es lesiva a los intereses de la clase trabajadora

México, D.F. 22 de Marzo del 2011

Diputado Francisco Rojas Gutiérrez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Cámara de Diputados
frnrojas@congreso.gob.mx

Diputada Josefina Vázquez Mota,
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN
Cámara de Diputados
josefina.vazquez@congreso.gob.mx

Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Cámara de Diputados
alejandro.encinas@congreso.gob.mx

Diputado Pedro Vázquez González,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Cámara de Diputados
pedro.vazquez@congreso.gob.mx

Diputado Pedro Jiménez León,
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Cámara de Diputados
pedro.jimenez@congreso.gob.mx

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
jcarlos.ramirez@congreso.gob.mx

Diputado Tereso Medina Ramírez,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Cámara de Diputados
tereso.medina@congreso.gob.mx


Distinguidos Diputados/as:

Desde el año 2006, la explosión y siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, municipio de san Juan de Sabinas, Coahuila, se volvió un caso paradigmático de violación de derechos humanos, porque entre otras violaciones graves a los derechos de los trabajadores y sus familias, se violó el derecho a la vida, a la seguridad, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la libre asociación, al salario y demás prestaciones laborales, al debido proceso, etc. Situación que devino en una serie de Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la petición de juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano por parte de las familias y sus defensores/as.

Desde el aciago 2006, a fecha, han muerto 43 mineros más en minas de carbón de Coahuila (dos en lo que va del presente año; además, y debemos dolernos de dos más, uno en una mina de fierro, y otro, en una de plata, también en este año). Hay un número imposible de cuantificar de trabajadores sobrevivientes a siniestros fatales, cientos de huérfanos y viudas, que como las familias de Pasta de Conchos, sobreviven con pensiones que van de 2,600 a 3,200 pesos mensuales, para familias de hasta 4 y 5 miembros que las condenan al hambre. Estas víctimas y este dolor, deberían ser el interlocutor privilegiado de la tarea legislativa de dar más vida y proteger la misma, a través de la labor de legislar. Y es la situación desde la cual les emitimos nuestra opinión.

Así que tenemos el honor de dirigirnos a Ustedes para expresar nuestra profunda preocupación y tajante rechazo por la reciente propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el 10 de marzo pasado, y la cual se encuentra para su análisis en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en tanto que representa, como la del Partido Acción Nacional (18 de marzo del 2010), un franco y grave retroceso para los derechos humanos laborales de las mayorías trabajadoras de nuestro país.

Somos una expresión ciudadana de distintas organizaciones de trabajadores/as, religiosos/as, organismo civiles de derechos humanos y organizaciones sociales de la sociedad civil, atentas al acontecer nacional y, sobre todo, a la defensa y vigencia de los derechos humanos de todos/as los mexicanos/as en el país.

Nos hemos percatado por los medios de comunicación (marzo, 17), de las irregularidades experimentadas en dicha Comisión de cara al tema que nos preocupa, con el presunto afán de dictaminarlo, sin mayor discusión o escrutinio, para luego ser votado en sesión plenaria, aprovechando las mayorías parlamentarias de PRI (1) y PAN, por lo que nos oponemos a su votación y aprobación, dadas las violaciones y regresiones que encierra, y lo que representa en términos de incrementar la violencia estructural contra quienes viven de manera honesta y sacrificada en toda la patria. Hacemos un llamado a quienes integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados a rechazar una regresión así, tan alejada y contrapuesta a los respectivos principios históricos que dicen normar tanto al PRI como al PAN, al mismo tiempo que alentamos a la elaboración de un nuevo proyecto, que tenga como objetivo la homologación con los mayores estándares internacionales de protección y vigencia de los derechos laborales, y no la primacía del mercado, la flexibilización del neoliberalismo de fábrica o la competencia globalizada, todos criterios de la hegemonía empresarial dominante.


El Proyecto del PRI, como el del PAN del año pasado, como el Proyecto Abascal, del primer quinquenio de este milenio, no sólo dejan sin solución deficiencias particulares de la actual legislación laboral y de su instrumentación y vigilancia (el corporativismo sindical, el alto porcentaje de existencia de contratos de protección, la dependencia de la justicia laboral del poder ejecutivo federal y estatal), sino que además, asume premisas falsas de la teoría económica neoliberal, hoy tan impertinente como cuestionada en todo el planeta, como criterio para debilitar derechos que representan bienestar y la búsqueda de una vida digna; y además, son iniciativas que violan las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano, relativas a la protección y promoción de los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras mexicanos/as, como a continuación detallamos.

El Proyecto del PRI (al igual que el de Acción Nacional), ignora las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hechas a los representantes de México en 2006(2):

a) Referidas al derecho a la estabilidad en el empleo (art. 6 del PIDESC) “36. El Comité insta al Estado Parte a que amplíe el alcance de los criterios de admisibilidad para que todos los desempleados tengan acceso a las prestaciones del seguro de desempleo”.

b) Referidas al derecho a condiciones satisfactorias de empleo (art. 7 del PIDESC): “32. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas, en particular, adoptando y/o aplicando la legislación pertinente, aplicando la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la correspondiente legislación de los Estados, efectuando con eficacia un número mayor de inspecciones de trabajo en las comunidades indígenas y sancionando a los empleadores que violan las normas laborales mínimas”.

c) Y en relación a la justicia laboral y libertad sindical (art. 8 del PIDESC): “34. El Comité recomienda al Estado Parte que examine su legislación laboral con vistas a suprimir cualesquiera restricciones de los derechos sindicales, que no sean las necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para protección de los derechos y libertades ajenos. Reitera su petición al Estado Parte de que considere la posibilidad de retirar su declaración interpretativa del artículo 8 del Pacto y de que ratifique el Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)… Recomienda asimismo al Estado Parte que extienda la competencia de las comisiones de derechos humanos, nacional y de los Estados, a las presuntas violaciones de los derechos humanos laborales, y que apliquen las recomendaciones relativas a la libertad sindical contenidas en el Diagnóstico nacional sobre la situación



Precisamente, en relación a este último documento, la propuesta del PRI (y la del PAN), ignoran también las recomendaciones conclusivas del Diagnóstico sobre derechos humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2003): “Diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar plena vigencia a los derechos humanos laborales” (recomendación 24) o las más específicas relativas a: “desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociación en el ámbito laboral” y a “garantizar los siguientes derechos: libertad de sindicación, voto libre y secreto de las y los trabajadores y derecho de huelga” (así como principios básicos del Programa de Derechos Humanos (2004), emanado de dicho diagnóstico). De igual manera, se pasan por alto compromisos contraídos en el acuerdo ministerial entre México y los Estados Unidos de Norteamérica (mayo, 2000), en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte (ACLAN), acuerdo paralelo en materia laboral al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

México está obligado por instrumentos internacionales que protegen y promueven los derechos humanos laborales, entre los que se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), que contienen la obligación de cumplimiento progresivo. Es decir, la progresividad reconoce que el pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales están los derechos laborales, es un proceso gradual, al cual está obligado el Estado, tomando, consintiendo o evitando, las medidas necesarias para un constante avance en el goce efectivo de los derechos humanos laborales. Este compromiso va de la mano de otra obligación, la de la no regresividad. Es decir, las acciones y omisiones del Estado no deberán producir un retroceso en el nivel de cumplimiento de los derechos humanos laborales que se haya alcanzado durante el proceso progresivo de implementación. Es decir, serían improcedentes procesos administrativos, legislativos, presupuestarios, judiciales u otros que implicasen pérdida de derechos para los trabajadores/as.

De los 42 Convenios de la OIT que México no ha ratificado (además de 5 protocolos), la mayoría contienen estándares más altos que la actual Ley Federal del Trabajo (incluyendo aquellos que protegerían de mejor manera la vida de los mineros del carbón y sus familias). Especialmente observamos que facilitado el despido, se dificulta hasta anularlo, el principio de complementariedad entre el derecho individual y el colectivo. Es decir ¿cómo se disfrutarán derechos colectivos como poder sindicalizarse o tener un contrato colectivo si, mediante fáciles y abaratados despidos, no podrán ni mantener el empleo?

Empleo que ha sido reconceptualizado y enriquecido por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo decente. El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico.

Al calificativo “decente”, en la OIT se le han atribuido las siguientes características: trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación de los trabajadores/as. La seguridad en el empleo es destacada por muchos documentos y declaraciones del Director General de la OIT, en los que se sostiene que "el trabajo decente necesita seguridad". Es claro para este organismo internacional, la máxima instancia para asuntos laborales dentro de Naciones Unidas, que la seguridad en el trabajo, forma parte de la calidad del empleo y, por ende, exige cierta continuidad o estabilidad de la relación de trabajo. En otros documentos, el Director General de la OIT propuso nuevas definiciones análogas a las antes referidas, que ratifican algunos elementos, subrayan otros y añaden otros más. Así, por ejemplo, la que dice que "por trabajo decente se entiende el trabajo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana".

Así que no vemos cómo la propuesta del PRI, al suprimir la responsabilidad solidaria de los patrones en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, pueda significar trabajo decente cuando los contratistas y el outsourcing, hoy por hoy, han evadido el pago de prestaciones e impuestos y, más bien, han representado indefensión e inseguridad trágicas como en el caso de los 65 mineros fallecidos en el siniestro de Pasta de Conchos (35 de los cuales trabajaban para la contratista General de Hulla, incurriendo en la violación al principio laboral de, a trabajo igual, salario igual).

Así que estamos ante rasgos que, de aprobarse, constituyen medidas regresivas que resultan incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales del Estado mexicano, relacionadas con el derecho al trabajo.

Por último, la propuesta de los diputados del PRI, anunciada como un “consenso social”, sean conscientes o no de ello, contradice sus propios principios, tal como son (3) anunciados en su Declaración de Principios, por ejemplo el 33 (“El PRI asume las causas de los trabajadores. Los derechos consagrados en el artículo 123 de nuestra Constitución, particularmente los de huelga, asociación, autonomía sindical, contratación colectiva, salario remunerador, reparto de utilidades, seguridad social y vivienda para los trabajadores de los sectores público y privado, deben salvaguardarse íntegramente”), el 29 (“Asumimos la responsabilidad de fomentar y ampliar en las leyes y, en la realidad, la protección de los derechos humanos”) o el 8 (“La justicia social parte de la noción integral de democracia y por ello se opone a la acumulación de la riqueza en pocas manos, a los monopolios y a la tiranía insensible del mercado”).

En síntesis, no vemos indicadores de que dicha propuesta intente parar la siniestralidad laboral (antes bien, han retirado facultades para la inspección del trabajo) o impedir que vuelvan a acontecer siniestros que resultan mortales o fortalecer los derechos de las viudas o los huérfanos. Definitivamente, nos desconcierta e indigna cómo cambió la propuesta del PRI sólo en tres meses, pues hemos hecho el comparativo entre la de diciembre del 2010 y la de marzo del 2011, dando paso, en síntesis, al proyecto empresarial que por 22 años han pretendido (Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Monterrey, Coparmex, y Concanaco), de una flexibilización precarizante de los derechos laborales que sólo pretende la vía de la reducción de costos laborales (ya de por sí con una tendencia decreciente: el costo laboral/costos totales en las empresas mexicanas de manufactura representó en 1989 24.7%, y en 1994, 16.9%), so pretexto de incrementos, no comprobados, en la competitividad o productividad nacionales. Creemos que ninguno de los viejos cetemistas ya fallecidos, votaría una iniciativa que deja en la indefensión a los trabajadores/as y da la espalda a la lucha histórica de obreros y campesinos por dotarse de mejores condiciones de vida, tal como reza su desiderata.

Conclusión.

Por todos los motivos arriba expuestos, les urgimos a rechazar en el dictamen de la Comisión de Trabajo o en el pleno de la Cámara, el Proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo del Partido Revolucionario Institucional.




1 Chávez, Víctor. Rompe PRI inercias y propone una reforma laboral. “El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, anticipó que su partido “hará valer su mayoría”, por lo que garantizó que la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo se dictaminará y aprobará en las próximas dos semanas, debido al consenso alcanzado previamente con los sectores empresarial, laboral, legislativo y académico. Explicó a su grupo parlamentario que la propuesta del PAN, presentada desde el año pasado, permanece en la “congeladora” por haberse presentado de manera precipitada, sin los acuerdos mínimos necesarios ni el consenso social correspondiente”. El Financiero, 11.03.11, p. 39.

2 Dicho Comité examinó el cuarto informe periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/4/Add.16) en sus sesiones del 9 al 10 de mayo de 2006 (E/C.12/2006/SR. 13 a 15), y en su 29ª. sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó, sus observaciones finales. Entre ellas las que se citan en este documento.
de los derechos humanos en México, elaborado por la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.


3 De igual forma ocurre con Acción Nacional: Proyección de los principios de doctrina, 2002: 7. Humanismo económico: “Una política económica humanista subordina sus decisiones a la ética y parte del hombre, su dignidad y sus derechos. En consecuencia, afirma la prioridad del trabajo sobre el capital y busca el acceso del mayor número posible de personas a la propiedad de los medios de producción; 8. Trabajo: “El Estado debe: asegurar que el sistema educativo prepare a todas las personas, particularmente a los jóvenes, para su realización en la vida laboral; forjar condiciones económicas y sociales propicias para la generación suficiente de empleo estable; determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que hombres y mujeres requieren para desempeñarse con dignidad”; Proyección de los principios de doctrina, 1965: 10 Trabajo: “Es derecho del trabajador la estabilidad en su trabajo, mientras lo desempeñe con lealtad y eficacia”; Declaración de principios, 1939: 2 (“La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino”); 3 (“Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, para destrucción o dominación de las demás”); 8 (“La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el interés de la Nación”.

ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS,
PASTORAL LABORAL NACIONAL,
CENTRO DE REFLEXION Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL),
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ (PRODH),
ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRATICOS (ANAD),
FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO (FCyE).
CENTRO DE ESTUDIO SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS (CAM)

El caso de Presunto culpable, asunto "más de ética que legal"

Expresan cineastas riesgo de campaña de linchamiento a testigo

El caso de Presunto culpable, asunto más de ética que legal

Juan José Olivares

Periódico La Jornada
Lunes 28 de marzo de 2011, p. a12

Miembros de la comunidad de cine en México, entre documentalistas, productores, editores, fotógrafos y sonidistas, consideran que el caso de Presunto culpable, es ético, no legal.

En una carta expresan preocupación por el riesgo de que pueda producirse una campaña de linchamiento hacia Víctor Daniel Reyes, testigo que acusa a José Antonio Zúñiga (absuelto por un tribunal de apelación), cuya imagen aparece en el documental de Roberto Hernández, y quien promovió un amparo, concedido por una juez, la cual ordenó a la Secretaría de Gobernación suspender la exhibición del filme.

La carta señala: “Los cineastas que elegimos el género documental dependemos del otro, de la generosidad de su testimonio, y en ocasiones somos quienes terminamos lucrando con el dolor ajeno y con las historias que nos son prestadas. Sin cuestionar la calidad formal del documental ni detenernos a analizar aspectos ajenos a nuestro oficio, queremos externar que sabemos que el éxito de cualquier película mexicana debe ser celebrado.

Sabemos que una imagen siempre es la imagen que eligió alguien y encuadrar es excluir; por tanto, el precedente que esta película sienta nos preocupa: se ha empezado una campaña de linchamiento contra Víctor Daniel Reyes (testigo en la cinta) a partir del hecho de considerar esta película como una verdad absoluta por la opinión pública, encabezada por los medios de comunicación. Creemos que el derecho de Víctor Daniel Reyes a no aparecer y a no ser identificado en la cinta debe ser respetado, o en su defecto, que los documentos que autoricen el uso de su voz e imagen para la realización de esta película sean formalizados. La discusión de si el derecho a la libre expresión debe estar por encima del derecho de los individuos o viceversa es un debate que necesariamente debe continuar.

Dilema

Los documentalistas aseguran que enfrentan los desvelos de reflexionar sobre “los derechos de aquellos que son afectados por nuestro trabajo, porque una decisión ética de este nivel siempre estará contrapuesta a nuestra libertad creativa y ese dilema debería ser siempre resuelto por los cineastas, no por los abogados. La opinión pública, alentada por el aparato mediático y por lo conveniente que a los productores y realizadores de Presunto culpable les ha significado, nos coloca en una disyuntiva: ¿es necesariamente la libertad de expresión más importante que el derecho de los seres humanos a decidir si quieren o no ser exhibidos o aparecer editados en una película?”

En el documento, argumentan que “se está dando por hecho que Víctor Daniel Reyes merece el escarnio público; adjetivos como ‘cerdo, indio, pelos necios, prieto, mentiroso, ignorante’ nos parecen realmente alarmantes en estos tiempos de una sociedad polarizada, y además pareciera que el ofendido tiene prohibido apelar al derecho de que la representación que de él se hace sea enmendada. Además de lo aberrante que resulta negar este derecho a un individuo, resulta preocupante que esa determinación se tome a partir de un único documento que por utilizar fórmulas narrativas construye la culpabilidad del resto de los actores para declarar la inocencia del protagonista.”

Esto, más allá del caso individual, aseguran en la misiva los realizadores, “legitima el uso del cine documental como herramienta de linchamiento público, y en un país en el que los medios de producción, distribución y exhibición son controlados por oligopolios, esto resulta muy riesgoso.

“En ciertos casos resulta difícil determinar si el derecho a la información está por encima del derecho de las personas. Nos encontramos, entonces, frente a un conflicto de derechos. En este caso en particular está claro que para informar sobre los vicios del sistema judicial en México no es indispensable generar una representación tan mezquina del testigo, que además está poniendo en riesgo su vida, sin haber solicitado previamente autorización por el uso de su voz y su imagen para la filmación de una película.

“Quienes nos dedicamos a este oficio sabemos que ese documento es fundamental para poder explotar y difundir nuestro trabajo. ¿Puede alguien expresarse libremente frente a una cámara sin haber autorizado este escenario? Desde hace algún tiempo la cámara se convirtió en un arma muy poderosa. Ahora que casi todos andamos armados con una de ellas, el peligro es inimaginable. Sabemos que al accionar el disparador estamos vulnerando a alguien. Antes de filmar el primer cuadro, antes incluso de haber pedido autorización a quien se va a filmar, el cineasta debe pasar largas horas analizando si la representación que hará de una persona puede o no resultarle lesiva. El montaje nos ayuda a reflexionar en calma si lo que haremos tendrá o no una posición ética, ya que una película no puede valer más que la vida de un individuo, sea quien sea.”

Agregan que “el documental no debería ser un instrumento para cobrar venganza, ni siquiera histórica. El documentalista no es un juez y la realidad no está hecha de buenos y malos. Toda representación de la realidad es muy particular y no puede considerarse como verdadera. Ya sea por el emplazamiento de la cámara o por el montaje, cada cineasta fragmenta la realidad para construir su realidad. Ello no implica que el cineasta sea un mentiroso. Una cosa es tener una visión parcial y otra muy distinta es manipular los hechos para usarlos en favor de intereses que rebasan la creación cinematográfica.

¿Tenemos derecho los cineastas de filmar juicios para entregarlos como pruebas (editadas, seleccionadas y excluyentes) a los jueces de butaca? Esto sin entrar en la discusión sobre el valor de los juicios videograbados para su uso en los tribunales. Somos perfectamente concientes de la corrupción que impera en el sistema judicial y en general en el sistema político; por ello rechazamos el hecho de que un documental bien intencionado se vuelva bandera de la misma podredumbre.

Los firmantes de este documento son Everardo González, Francisco Vargas, Emilio Maillé, Juan Manuel Sepúlveda, Carlos Bolado, Mercedes Moncada, Matías Meyer, José Manuel Cravioto, Alejandra Islas, Bruno Varela, Adriana Trujillo, Carlos Rossini, Nicolás Pereda, Rigoberto Pérezcano, Antonino Isordia, Jorge Sánchez Sosa, Luis Lupone, Iván Ávila, Ivonne Fuentes, Emiliano Altuna, Tatiana Huezo, Alejandra Sánchez, Víctor Ugalde, Antonio Zirión, Luis Rincón, Clementina Mantellini, Isabel Fregoso, Diana Cardozo, Martha Orozco, Roberto Fiesco, Ernesto Pardo, Inti Cordera, Luciano Larobina, Lucía Gajá, Nuria Ibáñez, Julián Hernández, Erika Ávila, Issa Guerra, Shula Erenberg, Carlos Taibo, Kenya Márquez, Héctor Zubieta, Alberto Cortés, Ana García, Jorge Michel Grau, Alejandra Moya y Anais Huerta.

CORRE LA VOZ

Medios: la mordaza se gestó en Los Pinos

Medios: la mordaza se gestó en Los Pinos

José Gil Olmos

Promovido por dueños de medios electrónicos e impresos –pero sobre todo por el duopolio televisivo–, el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, firmado el jueves 24 en el Museo de Antropología, plantea una serie de medidas para encarar la labor periodística en tiempos de guerra (al narco). Pero muchos comunicólogos y periodistas, algunos de los cuales rechazaron la invitación, consideran que la iniciativa “no es tan ciudadana”, pretende uniformar la información y alcanzan a vislumbrar detrás de todo una mano que viene de Los Pinos.

MÉXICO, DF., 26 de marzo (Proceso).- Todo empezó con una petición presidencial. La mañana del 5 de agosto de 2010, Felipe Calderón se reunió en Los Pinos con los dueños de las principales cadenas de radio y televisión y de periódicos y revistas. El presidente les pidió “ser parte de su estrategia” de guerra contra el narcotráfico, “autorregular” sus contenidos, impulsar la idea de que el gobierno iba ganando la batalla y “evitar” entrevistar “criminales” para no convertirlos en héroes.

Siete meses después llegó el resultado. El jueves 24 se dio a conocer el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia signado oficialmente por 715 medios –aunque a la firma asistió apenas media centena– en un acto encabezado por las dos principales cadenas de televisión, Televisa y Televisión Azteca

Pedro Torres Estrada, subdirector editorial de El Diario, de Ciudad Juárez –uno de los más afectados por la violencia del crimen organizado–, afirma en entrevista telefónica: “Sospechamos que detrás de todo esto están las manos del gobierno”.

Comenta a Proceso que, hace unas semanas, Claudio X. González, en nombre de la Fundación Televisa, los invitó a firmar el documento. Rechazaron la invitación. “Nos dijeron que el presidente Calderón estaba interesado en tener una reunión previa el martes en Los Pinos o en algún otro lugar, y que le daría mucho gusto que estuviéramos presentes. Dijimos que muchas gracias, pero no”.

–¿Ven una posibilidad de censura?

–Sospechamos que esto no es tan ciudadano. Si nos vamos hacia atrás y revisamos las expresiones de los gobiernos en relación con la cobertura de la violencia, muchas de esas están implícitas en el acuerdo. Nos acusan de ser apologistas de la violencia, de que estamos creando héroes de delincuentes. Creemos que, en determinado momento, detrás de esto pudiera estar la mano del gobierno.

El comunicólogo Raúl Trejo Delarbre aporta un punto de vista distinto, pero complementario: el acuerdo, dice, responde claramente a los intereses empresariales de Televisa y TV Azteca, que necesitan “legitimación” en momentos en que se enfrentan con el gigante de las telecomunicaciones: el Grupo Carso.

La paz de los bombardeos

La paz de los bombardeos

Guillermo Almeyra

A Barack Obama le dieron el Premio Nobel de la Paz mientras conducía dos guerras y media (Irak, Afganistán, Cuba). Acaba de ganárselo de nuevo ordenando bombardear Libia sin permiso del Congreso y desde suelo brasileño, aunque Brasil se opone a esta aventura. El pretexto –una intervención humanitaria para salvar vidas humanas– es de un cinismo atroz. Los bombardeos no salvan vidas sino que las siegan y por sí mismos ni imponen la paz ni hacen caer a ningún gobierno, porque para eso se necesita que el gobierno-blanco sea superado en tierra por una fuerza militar opositora.

O sea, que la operación humanitaria esconde en realidad la decisión de echar del poder a Kadafi con las tropas imperialistas, que vendrían detrás de los bombardeos… eso, si los diversos imperialismos se ponen de acuerdo. El otro pretexto –la dictadura de Kadafi– es igualmente cínico. A Estados Unidos las dictaduras de Arabia Saudita, Yemen, Qatar, Bahrein, los Emiratos árabes le van muy bien, como le iban muy bien Mubarak y Ben Ali, o Álvaro Uribe, en Colombia. Kadafi incluso era una pieza esencial de su dispositivo en el Mediterráneo y del reforzamiento de Israel, que bombardea diariamente a los palestinos. El problema comenzó cuando la rebelión democrática árabe, que pone en cuestión la dominación imperialista en la zona, los acuerdos de Campo David y la estabilidad del mercado petrolero, abarcó también a Libia, donde Kadafi había quedado solo después de la caída de sus amigos Mubarak y Ben Ali.

Allí se presentó ante el imperialismo una disyuntiva: o bien el imprevisible Kadafi, hasta entonces su aliado fiel, se imponía mediante un baño de sangre y, para reconstruir su poder, a lo mejor desempolvaba su nacionalismo de hace un cuarto de siglo (y las dos cosas le eran políticamente insoportables) o, por el contrario, vencía una coalición heterogénea que incluye, junto a monárquicos xenófobos, a nacionalistas antimperialistas y que se apoya sobre un deseo ardiente de democracia y de libertad que choca con los agentes del imperialismo y ex ministros de Kadafi vendidos, que también forman parte de esa coalición pero no la controlan.

La intervención militar, organizada mal y a toda prisa por los diversos imperialismos que tienen intereses divergentes en Africa, por consiguiente no estuvo tanto motivada por el deseo de apoderarse del petróleo libio. Antes que nada porque ese petróleo ya lo tenían desde hace casi 40 años Total, Eni, Shell y British Petroleum o Repsol, porque Kadafi les había dado concesiones y mantenido sólo una empresa estatal (que era la caja chica de su familia) y, segundo, porque la intervención militar sólo se empezó a discutir ante la insurrección democrática y nacional de todo el mundo árabe y es, en realidad, un intento de pesar militarmente haciendo presión en el eslabón más débil de esa rebelión generalizada: o sea, sobre una sublevación que tiene una dirección inestable y heterogénea y está colocada en una relación de fuerzas militares desfavorable, lo cual le permitiría al imperialismo intervenir con menor costo político local.

El atentado de la ONU y de los imperialismos que integran la OTAN contra la paz, la Carta de la ONU y la soberanía de Libia es una guerra contrarrevolucionaria y debe ser condenada con toda energía. Francia ahora trata de destruir los aviones que Sarkozy le vendió el año pasado a Kadafi y Estados Unidos las armas que le dio porque Kadafi sostenía a Mubarak, que a su vez sostenía a Israel. La guerra no era ni la única ni la mejor opción. Había, por supuesto, otros modos de impedir que Kadafi matase en masa a los rebeldes libios, Para empezar, impedirle vender petróleo (con el cual se hace más rico y se rearma), pero esa medida no la tomarán los imperialistas porque temen que aumente el precio del barril en plena crisis económica mundial agravada por el tsunami en Japón; por esa misma razón, China y Rusia se abstuvieron en la ONU, dando vía libre a los bombardeos que prefieren a las medidas políticas…

Ahora los rebeldes se oponen a una intervención de tropas extranjeras en Libia, pero los imperialistas sólo pueden lograr su objetivo mandándolas a combatir en el terreno, porque los bombardeos son ineficaces. El problema consiste en que los estadunidenses no pueden, políticamente, ocupar otro país más y sus aliados están divididos en cuanto quién se haría cargo de la operación y quién la dirigiría. Eso da tiempo para actuar. Con los libios –todos ellos–, el mundo debe rechazar esa intervención exigiendo una mediación de la Unión Africana y el ALBA, con tropas africanas neutrales de interposición entre ambas fuerzas, para garantizar un cese al fuego que permita preparar la convocatoria de una asamblea constituyente donde el pueblo libio decida democráticamente cuál será su gobierno. Sin embargo, la condición previa de esta pacificación debe ser el cese de los bombardeos criminales de Estados Unidos y sus cómplices, como Sarkozy que, para quitarle algunos votos a la extrema derecha en las elecciones francesas, mata árabes, o Berlusconi, que bombardea con pesar a su socio en negocios, amigo y compañero de orgías para distraer de los procesos que le pueden costar el gobierno y llevarlo a la cárcel. Si fuese posible, sería necesario que una brigada internacional de paz, formada por jóvenes árabes, latinoamericanos y europeos, estuviese presente en el terreno como fuerza pacificadora para garantizar el cese al fuego. ¡Fuera el imperialismo de Libia! ¡El destino de Libia debe ser decidido por los libios y por el pueblo árabe! ¡Fuera los dictadores de Yemen, Bahrein, Qatar, Arabia Saudita, Libia! ¡Fuera la OTAN del Mediterráneo!

Llevarán caso del general Villa Castillo ante la CIDH por "apología del delito"

Será difícil probar que el ex jefe policiaco de Torreón consumó asesinatos, aducen ONG

Llevarán caso del general Villa Castillo ante la CIDH por apología del delito

Ningún pronunciamiento del gobierno federal sobre los homicidios extrajudiciales del militar

Sanjuana Martínez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada Domingo 27 de marzo de 2011, p. 8

Torreón, Coah. La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) llevará el caso del general en retiro Carlos Bibiano Villa Castillo ante la próxima reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se abordarán temas en la materia y de seguridad pública, y que se realizará en Washington.

Así lo dio a conocer Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización no gubernamental, al señalar que las audiencias sobre México empiezan el próximo 28 de marzo : Si bien es muy difícil probar que el general Villa Castillo ha consumado asesinatos, sí hay claramente apología del delito, algo que está tipificado en el Código Penal Federal.

En una entrevista concedida a La Jornada, el general Villa, ex director de Seguridad Pública en Torreón, y quien ahora se desempeña en un cargo similar en Quintana Roo, dijo: “Cuando veo un zeta lo mato, ¿para qué interrogarlo?”. Y con respecto a las mujeres halconas señaló que hace una deferencia por su sexo para que “mueran enteras.

“Halconas hay como unas cuatro en cada red. Son mujeres pobres, gordas, todas jodidas, pero también se mueren. Con ellas no batallo, simplemente les pongo un hilo en la cabeza y se ahogan. No deben vivir. Al menos mueren completas. Un detalle por ser mujeres”.

–General, ¿todas son feas como usted dice?, ¿no hay mujeres bonitas que andan con los narcos? –se le preguntó.

–Cuando se agarran también se matan, salvo que las agarren otros. Lo que yo desconfío de la Policía Federal es que ellos no matan, ellos nomás agarran. Y el Ejército y la Marina matan.

–¿Matan y luego averiguan?

–Es que así debe ser. Es un código de honor contra quienes deben de morir.

La entrevista también fue difundida la semana pasada por Carmen Aristegui en MVS, y algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos criticaron las ejecuciones extrajudiciales del general Villa, quien el pasado viernes 25 de marzo envió una carta a MVS para disculparse y asegurar que no es un asesino.

Sus declaraciones ya están grabadas y nosotros vamos a presentarlas como una prueba. Lo más grave es el silencio de las autoridades federales. No ha habido ningún rechazo categórico, ningún pronunciamiento ni del presidente Felipe Calderón, ni del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez; del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, o del secretario de la Defensa. Tampoco del alcalde de Torreón, ni del gobernador de Quintana Roo, dijo Gutiérrez.

Consideró que el procurador puede iniciar una averiguación previa de oficio, pero no lo ha hecho: El silencio demuestra la existencia de una política que respalda este tipo de procedimientos. Eso es gravísimo porque contradice el discurso de que en México hay respeto a los derechos humanos. El debate no es sólo si el general Villa cometió los delitos, sino cómo se va construyendo una serie de eufemismos que avalan toda una lógica que sacrifica la base del estado de derecho sobre un supuesto mal menor: sacrificar las garantías procesales y la justicia para avanzar en la lucha contra la delincuencia.

Para el obispo Raúl Vera López las declaraciones del general Carlos Bibiano Villa en torno a su afirmación de que mata a los miembros de los cárteles de la droga, revelan “la descomposición del Estado y la instalación de facto de la pena de muerte”.

Fundador del Centro Diocesano para la Defensa de los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el obispo de Saltillo explica: “Las palabras del general lo que dan a conocer es que en México está establecida la pena de muerte de facto. Ya pueden matar sin que haya investigación alguna. No hay proceso y no se juzga. Y los civiles muertos se justifican como daños colaterales”.

Lamentó que el Ejército Mexicano aplique una terminología de guerra y criticó los métodos desvelados por el general Villa Castillo: A menos que ya estén aceptando que hay una guerra civil en donde están los civiles también pagando. Hay una perversión de la mentalidad dentro de la estructura de Estado. Anodinamente se está justificando muertes como si fuera un estado de guerra, cuando no hay un estatus ni de guerra civil, ni de una invasión extranjera por la cual se justifique este código militar.

El general Carlos Bibiano Villa Castillo, tras dar la entrevista. Foto Holanda Contreras

Los métodos del general Villa significan, para el obispo Raúl Vera, un precedente muy grave porque establecen que hay un estatus de criminalidad aceptada y tolerada desde el Estado.

Estas declaraciones muestran que la descomposición del país emerge de una descomposición del Estado y de las instituciones. Revela el tremendo hueco que hay en esta famosa guerra contra el narcotráfico. Es lo que explica su fracaso. Como dice el general Villa Castillo, ellos están preparados para matar. Y no arrestan, no presentan ante la justicia. De manera que se encubre a estos criminales.

Es muy grave, señala, que el Ejército y las policías maten en lugar de interrogar para obtener información: Esto significa que el miembro del crimen organizado no va a revelar ni la estructura interna de su grupo criminal, ni tampoco los nexos que tienen dentro del poder político, de la función pública. Tampoco habrá capacidad del Estado para desmantelar la estructura misma del grupo y el grado de penetración en las instituciones y en la iniciativa privada para el lavado de dinero.

Alertó sobre la destrucción del Estado democrático: Esto es lo grave. Estamos entrando en una dictadura. El estatus político de México está pasando a eso. Se está estableciendo un Estado militarizado donde hay una acción dictatorial en la que el aparato militar está autorizado para matar.

Sobre el apoyo que el general Villa ha cosechado entre la sociedad dijo: Lo que no sabe esa gente es que ellos también pueden ser víctimas del general Villa.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, exigió una remoción inmediata del militar: Las declaraciones de Villa Castillo revelan la manera en la que opera el Ejército. Por un lado hay un discurso oficial que afirma la necesidad de combatir a grupos delictivos, pero dejan de lado los graves abusos que se están cometiendo, como ataques con armas de fuego, torturas, detenciones arbitrarias, cateos, ejecuciones extrajudiciales y agresiones contra la población civil.

La penetración de los militares en las distintas policías del país, dijo Arriaga, ha traído como consecuencia un incremento en las violaciones de derechos humanos: No se trata de violaciones aisladas, sino del mismo diseño del Ejército. Son corporaciones creadas para responder y se mueven en una lógica bélica que no es la adecuada para enfrentar el problema de la inseguridad. Esta entrevista deja entrever perfectamente que los militares pueden seguir cometiendo violaciones a los derechos humanos sin que haya ninguna consecuencia. Esto es lo grave. La impunidad de cometer abusos contra la población sin sufrir castigo.

A raíz de la publicación de la entrevista, Leticia Quezada Contreras, vocera del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, exigió a Felipe Calderón, jefe supremo de las fuerzas armadas, presentar a la sociedad mexicana un diagnóstico transparente sobre la cantidad de militares que ocupan puestos civiles en los distintos gobiernos estatales y municipales: En el combate a la delincuencia organizada existe una permanente actuación fuera de la ley por parte de quienes deberían ser los responsables de aplicarla. Es preocupante que alguien que ocupa una dirección de Seguridad Pública afirme que su código de honor es asesinar y después averiguar, además de que manifieste su desconfianza a la propia Policía Federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Las revelaciones del general Villa Castillo en el sentido de que a las mujeres halconas les coloca un hilo en la cabeza para que se ahoguen y mueran enteras tienen además un componente distinto: Yo detecto un tufo de misoginia y machismo exacerbado en los comentarios del general, me preocupa sobremanera que un encargado de seguridad tenga esa visión o haga comentarios sin ninguna visión de género.

Como titular de la AFI, Genaro García Luna nunca se sometió a exámenes de confianza

Responde la PGR solicitud de información pública promovida por La Jornada

Como titular de la AFI, Genaro García Luna nunca se sometió a exámenes de confianza

Tampoco los ex procuradores Macedo de la Concha, Cabeza de Vaca y Medina Mora-Icaza

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 27 de marzo de 2011, p. 13

En 2006 Genaro García Luna, actual secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, aseguró en su libro ¿Por qué mil 661 corporaciones de policía no bastan?todo aquel que ocupe el cargo de policía en el país (debería contar) con una certificación de conocimientos y de conducta que incluya situación patrimonial, entorno social y exámenes toxicológicos, y con esa y otras premisas de reingeniería promovió la desaparición de la Policía Judicial Federal (PJF) y creó la Agencia Federal de Investigación (AFI). Ahora –y luego de tres años y medio de litigio–, la Procuraduría General de la República (PGR) reveló gracias a una solicitud de información pública promovida por La Jornada, que el funcionario nunca se sometió a los exámenes de confianza cuando encabezó la AFI, de diciembre de 2000 a noviembre de 2006. que

Además, como titular de la SSP federal no está sujeto a evaluaciones de confianza, ya que su designación es facultad presidencial, indicó la dependencia al responder a la solicitud de información pública número 0002200096107.

A diferencia de García Luna, entre 2000 y 2008, en la PGR fueron examinados los ex subprocuradores José Luis Santiago Vasconcelos, Víctor Emilio Corzo Cabañas, Marisela Morales y Felipe Muñoz Vázquez, así como el actual director de Comunicación Social, Ricardo Celso Nájera Herrera.

De acuerdo con documentos obtenidos con firma autógrafa, incluso se aplicaron y fueron aprobados los exámenes de confianza por parte de Noé Ramírez Mandujano, ex titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), quien se encuentra sujeto a proceso penal por delincuencia organizada, debido a sus presuntos vínculos con el cártel de los Beltrán Leyva.

Respecto de Genaro García Luna, ha sido uno de los funcionarios más interesados en la aplicación de pruebas de confianza a los policías del país, así como en la unificación de cuerpos policiacos federales bajo un solo mando, tema del que también se ocupó en su libro.

En las páginas 57 y 58 de su escrito, cuando narra lo que vivió a su llegada a la PGR, indicó: comenzó la reingeniería de la PJF, con nuevas formas de control y una política anticorrrupción férrea y desde arriba (...) en este contexto la estrategia implementada, con exámenes permanentes de control de confianza, situación patrimonial y entorno social, fue acotando los espacios de impunidad y descontrol.

En enero pasado, durante su comparecencia ante diputados federales, el titular de la SSP federal aseguró que el desarrollo de capacidades de la institución que dirige no busca crear un estado policial, lo que se requiere es un Estado con policías eficientes, que responda a la demanda social de combate al crimen, y por ello se fortalecieron los exámenes de control de confianza practicados a todo el personal, así como la obligatoriedad de la revisión patrimonial y la práctica de exámenes sicométricos y poligráficos.

Genaro García Luna, titular de la SSP federalFoto José Carlo González

Los exámenes de confianza sólo eran aplicados a los elementos de menor rango de la AFI, pues su ex titular no tiene antecedentes de haber sido sometido a las pruebas de antidoping, entorno social, médicas, sicológicas y poligráficas.

Lo anterior con base en la información proporcionada por la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, mediante el oficio SJAI/DGAJ/02555/2011, donde se asegura que en los informes del Centro de Evaluación y Control de Confianza: no encontró antecedente alguno de que se les hayan practicado evaluaciones de control de confianza a Genaro García Luna (director de la AFI), al ex subprocurador Jurídico Alejandro Ramos Flores, la ex oficial mayor Cecilia Barra y Gómez Ortigoza y al actual subprocurador de Derechos Humanos, Juan de Dios Castro Lozano.

Antes de entregar esta información, la PGR tramitó en 2007 juicios de nulidad ante un juzgado de distrito en materia administrativa, aunque luego perdió el caso ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación debido a la labor realizada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.

La no aplicación de exámenes de confianza a altos funcionarios del gobierno federal encargados de procurar justicia y realizar tareas de seguridad pública no ha sido exclusiva del actual titular de la SSP, quien fue designado en ese cargo en diciembre de 2006.

Según la información obtenida, tampoco fueron sometidos a las pruebas que se aplican a los agentes del Ministerio Público, elementos policiacos, directores de área y fiscales, los ex procuradores Rafael Macedo de la Concha, Daniel Cabeza de Vaca y Eduardo Medina Mora-Icaza, antecesores de Arturo Chávez Chávez.

La explicación para ello, según la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, es que: su designación depende del ejercicio de las facultades previstas en el apartado A del artículo 102 de la Constitución, no siendo sujetos a la aplicación de dichas evaluaciones

En el caso de la PGR exige por norma, según el acuerdo número A/105/04, que los servidores públicos de dicha institución deben someterse y aprobar los procesos de evaluación que practica el Centro de Evaluación y Desarrollo Humano.

La Reforma Laboral del PRI

Audio de la Conferencia de Manuel Fuentes Muñiz presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) consejero de la Comisión de Derechos Humanos del DF, sobre los peligros de la Reforma Laboral en los Derechos Sociales y como afecta principalmente a jóvenes y mujeres

DISCURSO DE AMLO EN EL AUDITORIO NACIONAL

Discurso de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, en la presentación del nuevo Proyecto de Nación, en el Auditorio Nacional

México, D.F. 20 marzo 2011

Amigas y amigos:

Es un hecho trascendente presentar el día de hoy el Nuevo Proyecto de Nación para lograr el renacimiento de México.

Casi todos los mexicanos sabemos que nuestro país padece de una grave crisis en todos los órdenes de la vida pública. Hay desempleo, migración, carestía, corrupción, impunidad, inseguridad, violencia, pérdida de valores, temor, tristeza y desencanto.

Ante esta amarga realidad, afortunadamente muchos mexicanos sostenemos que podemos frenar la decadencia, garantizar el bienestar y la felicidad del pueblo y darle una nueva viabilidad a la Nación.

Nuestro optimismo parte del conocimiento que tenemos de las causas que originaron la actual tragedia nacional. Para nosotros la crisis de México se debe al predominio de un grupo oligárquico, que se conformó durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la entrega a particulares, nacionales y extranjeros, de los bienes de la Nación y del pueblo.

Desde entonces, al amparo de la llamada política neoliberal de privatizaciones y saqueos, esta minoría no sólo ha venido acumulando riquezas de manera obscena, sino que se ha situado por encima de las instituciones y son los que realmente mandan y gobiernan el país.

Como es obvio, esta concentración desmedida de poder económico y político ha provocado el empobrecimiento del pueblo, la ruptura del pacto social y de la tranquilidad pública.

De modo que sabemos dónde se localiza el problema y qué debe hacerse para remediar los males que impiden a México transitar por la senda del progreso, la justicia y la paz.

De eso trata, precisamente, el documento que hoy se ha presentado. De este proyecto extraigo 50 acciones indispensables para la regeneración nacional. En primer lugar, es ineludible derrotar a la oligarquía en el terreno político y por la vía pacífica para establecer en México una verdadera democracia, un gobierno del pueblo y para el pueblo.

Debe crearse una nueva legalidad con apego absoluto a la Constitución. Los ordenamientos y derechos consagrados en la Constitución, se acatan pero no se cumplen. La Constitución se respeta en la forma, pero se viola sistemáticamente en el fondo. Por eso es necesario que el Poder Judicial garantice el cumplimento de las leyes y la impartición de la justicia, porque en la actualidad sólo sirve para legalizar abusos y despojos que cometen los poderosos. Nunca habrá democracia si no hay justicia para todos.

En los hechos, la mayoría de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sido nombrados por Salinas, Fox, Calderón, Diego Fernández de Ceballos y Manlio Fabio Beltrones y a ellos obedecen. Por esa razón, promoveremos una reforma constitucional para elegir democráticamente a los ministros de la Corte, para lograr que este tribunal recupere su independencia, se ponga realmente al servicio del pueblo y de la Nación y se cumpla el criterio de que nada debe ser al margen de la ley y nadie debe estar por encima de la ley.

Se llevarán a cabo las reformas legales necesarias para que el Presidente de la República se someta al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse tres años, se hará una consulta para que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano: así como otorga un mandato, puede retirarlo. El pueblo pone y el pueblo quita.

Respetaremos la libertad de expresión y de credo religioso. El gobierno se conducirá bajo criterios de diálogo, cumplimiento de los compromisos, tolerancia, pluralidad, diversidad y transparencia.

Cuidaremos el prestigio de las fuerzas armadas, garantes de la integridad del territorio y la defensa de la soberanía. Gradualmente se retirará el Ejército y la Marina del combate al narcotráfico y no se les utilizará para resolver conflictos de orden social o para suplir la incapacidad del gobierno civil, mucho menos para reprimir al pueblo.

Mantendremos una relación de respeto con todos los pueblos y gobiernos del mundo. Haremos valer los principios de no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de los conflictos. Recuperaremos el prestigio que históricamente habíamos mantenido en América Latina y en el concierto de las naciones.

La relación con los Estados Unidos se fincará en el respeto a la soberanía y en la cooperación para el desarrollo. Nuestra frontera común de 3 mil kilómetros representa un desafío y una oportunidad para ambos países, pero sin militarización, intervencionismo, ni muros que nos dividan y confronten. Debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. En la agenda bilateral más que la cooperación de carácter militar, deben estar los temas del crecimiento económico y la generación de empleos en México para enfrentar las causas que originan el fenómeno migratorio. Así como la protección de los derechos humanos y laborales de nuestros compatriotas que por necesidad cruzan la frontera para trabajar en Estados Unidos. Se protegerá también a los migrantes de Centroamérica que atraviesan nuestro país hacia la frontera norte.

Impulsaremos un nuevo federalismo para definir con claridad las reglas de convivencia y cooperación entre los gobiernos federal, estatales y del Distrito Federal. La capital de la República contará con plenos derechos.

Se democratizarán los medios de comunicación. Habrá competencia y se hará efectivo el derecho a la información. Es inaceptable que la televisión y la radio se concentren en unas cuantas manos y que, en vez de informar con amplitud, veracidad y profesionalismo, se utilicen como instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público. Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios.

Asimismo, se promoverán las radiodifusoras y televisoras locales y regionales que permitan el acceso y el manejo de estos medios a pueblos indígenas, comunidades campesinas, jóvenes, escuelas, universidades y centros de formación educativa y cultural. Vamos a garantizar el acceso universal al internet como parte del derecho constitucional a la información.

Habrá plena libertad sindical. El gobierno no intervendrá en la vida interna de los sindicatos y tampoco se respaldará desde el gobierno a dirigentes vitalicios, antidemocráticos y corruptos. Para que se entienda bien, no habrán cacicazgos como el de Elba Esther Gordillo que domina a los trabajadores del magisterio sin vivir siquiera en el país, sino en una zona residencial de gran lujo en el extranjero.

Velaremos por el cumplimiento de los derechos y prestaciones de los trabajadores. El salario mínimo se fijará con apego a la Constitución que establece que debe ser remunerador y nunca jamás, como ha sucedido en este periodo neoliberal, el aumento al salario quedará por debajo de la inflación. Los integrantes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje procederán con rectitud para evitar el agravamiento de conflictos entre patrones y trabajadores y se respetará el derecho de huelga establecido en la Constitución.

Habrá justicia para trabajadores mineros, electricistas, sobrecargos, pilotos y empleados de Mexicana de Aviación que han sido injustamente despedidos por la política privatizadora y por el contubernio entre funcionarios y empresarios corruptos.

Limpiaremos al gobierno de corrupción. Lo haremos de arriba hacia abajo como se limpian las escaleras. No habrá influyentismo, amiguismo, nepotismo ni ninguna de esas lacras de la política. La corrupción será considerada como delito grave y se castigará sin derecho a fianza. Por ejemplo, en estos días se ha denunciado públicamente que el ISSSTE contrató servicios telefónicos pagando 43 por ciento más de su precio en el mercado, es decir, 419 millones de pesos por arriba de su costo. Por sólo mencionar una de las transas que a diario se llevan a cabo en todas las dependencias, poderes y niveles de gobierno, sin que pase nada, porque reina el cinismo, la corrupción y la impunidad.

Para fortalecer la hacienda pública se cumplirá el mandato constitucional que establece que los impuestos deben cobrarse de manera progresiva, es decir, que debe pagar más quien tiene más. Esto exige llevar a la práctica las siguientes medidas: abolir los privilegios de las 400 grandes corporaciones del país que tienen ingresos al año por 6 billones de pesos y no pagan impuestos; se cobrarán impuestos por las operaciones que se realizan en la Bolsa Mexicana de Valores; y tendrán que pagar impuestos por extracción las empresas mineras, nacionales y extranjeras, que obtienen enormes ganancias y no dejan beneficios en el país.

Se simplificarán los trámites para el pago de impuestos. Todos los ciudadanos deberán manifestar cada año sus ingresos y utilidades, y depositarán lo que les corresponda de contribuciones, partiendo de fórmulas sencillas y de la confianza al contribuyente. La fiscalización se llevará a cabo por sorteo y se castigará con energía la evasión fiscal.

Le costará menos al pueblo mantener al gobierno. Se acabarán los privilegios de la alta burocracia, se reducirán los sueldos a la mitad de directores generales hacia arriba. Se cancelarán bonos, viáticos, pensiones de expresidentes, servicios médicos privados, cajas de ahorro especiales, el uso de aviones, helicópteros y otras canonjías.

Respetaremos la autonomía del Banco de México, pero se buscará que no sólo procure el control de la inflación, sino que también se ocupe de fomentar el crecimiento económico. Habrá una adecuada política monetaria y disciplina en el manejo de la deuda y del déficit público.

Cambiaremos la actual política económica. Habrá crecimiento a partir del impulso a las actividades productivas y no se continuará privilegiando la especulación financiera.

No será letra muerta el artículo 28 constitucional que prohíbe la existencia de monopolios. Por prácticas monopólicas los mexicanos pagamos más por bienes y servicios que en otros países del mundo. Abrir la competencia en la telefonía, el internet, la televisión, el cemento, los bancos, la tortilla, el pan, los refrescos y otros artículos, permitiría ahorros a los consumidores hasta por 15% de sus ingresos.

Se hará valer el artículo 27 constitucional que establece el dominio directo de la Nación  sobre los recursos naturales del país. Bajo este principio se revisarán las concesiones o contratos que han sido otorgados ilegalmente para privatizar minas de oro, plata, cobre, petróleo y electricidad.

Habrá una nueva política energética. Se integrará la exploración del petróleo, la perforación, la producción, la refinación, el gas y la electricidad para aprovechar toda la cadena de valor y convertir a éste sector en palanca del desarrollo nacional.

Se explotará racionalmente el petróleo, teniendo siempre presente que se trata de un producto no renovable y que nuestra generación está obligada a cuidarlo. Por eso su extracción quedará supeditada a la reposición de reservas.

Se dejará de vender, gradualmente, petróleo crudo al extranjero para procesar toda la materia prima en nuestro territorio; se construirán 5 refinerías: en Tula, Hidalgo; Salamanca, Guanajuato; Salina Cruz, Oaxaca; Dos Bocas, Tabasco; y en Atasta, Campeche, con el propósito de generar empleos y dejar de importar 500 mil barriles diarios de gasolinas y diesel, que representan el 50% del consumo actual, con una erogación de 20 mil millones de dólares anuales.

Impulsaremos la industria petroquímica y la producción de gas para frenar la creciente  dependencia del exterior.

Van a operar a toda su capacidad las hidroeléctricas y otras plantas de la Comisión Federal de Electricidad para reducir la compra, a precios elevadísimos, de energía eléctrica a empresas extranjeras que se llevan alrededor de 80 mil millones de pesos del presupuesto público cada año.

Impulsaremos la investigación científica y tecnológica. Se recuperará el prestigio y la calidad de todas las ramas de la ingeniería mexicana. Se dará prioridad a la investigación de fuentes de energía alternativas, renovables y limpias.

Reiteramos nuestro compromiso de bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la energía eléctrica en beneficio de consumidores, transportistas y de pequeños y medianos empresarios.

Se pondrá todo el énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Tendrán energéticos y créditos baratos; se les protegerá ante precios exagerados de insumos, de impuestos altos y del burocratismo. En el entendido que las pequeñas y las medianas empresas, industriales, agropecuarias, de servicios y comercio, generan el 90 por ciento de los empleos existentes.

Se otorgarán concesiones para la creación de bancos regionales y por ramas productivas, con la finalidad de contrarrestar la falta de créditos y la usura. De esta forma se romperá la inercia de las actuales instituciones financieras que viven, fundamentalmente, a expensas de cobrar altas comisiones bancarias y de los intereses que les paga el gobierno.

Se fomentará la industria de la construcción, aplicando un amplio programa para dotar al país de la infraestructura, las obras y servicios que son indispensables y lograr, al mismo tiempo, la reactivación rápida de la economía y la generación de empleos.

Aplicaremos un programa de mejoramiento, ampliación y construcción de vivienda, la meta es realizar un millón de acciones al año y generar 500 mil empleos.

Se construirán nuevas carreteras, sobre todo en el sur-sureste. Actualmente, existen 362 municipios que no cuentan con caminos pavimentados a sus cabeceras municipales. Nos comprometemos a construirlos con el uso intensivo de mano de obra comunitaria para generar empleos y fortalecer la economía local.

Se mantiene vigente el compromiso de vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico, mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, lo cual implica la construcción de 2 puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente y con la participación de las comunidades de la región. También sigue en pie, el compromiso de comunicar al país con ferrocarriles rápidos de pasajeros.

Se apoyará la actividad pesquera para mejorar las condiciones vida de las comunidades costeras y ribereñas del país y pondremos al alcance de la población proteínas de buena calidad a bajos precios.

Fomentaremos el sector social de la economía, en particular las cooperativas, pesqueras, de producción, de servicios y de consumo. El modelo a seguir y a reproducir es el de la Cooperativa Pascual, esta sociedad beneficia a 5 mil trabajadores, compra a los productores nacionales 20 mil toneladas de frutas para producir una bebida de muy buena calidad, a diferencia de los productos chatarra que dañan la salud y el bolsillo.

Se atenderá con esmero la actividad turística: México posee espléndidas zonas arqueológicas, importantes ciudades coloniales, playas, flora y fauna de excepción, además, los servicios turísticos tienen un alto efecto multiplicador sobre el empleo y el ingreso de los trabajadores.

Pondremos en práctica un programa integral en las ciudades fronterizas que fomente la industria maquiladora, y aproveche la cercanía con el mercado más grande del mundo; que proteja los derechos laborales de hombres y mujeres que trabajan en esta actividad y que incluya el desarrollo urbano de colonias populares. Es decir, la construcción de escuelas, guarderías, unidades deportivas, centros de salud, alumbrado público, transporte, agua, drenaje y otros servicios.

Vamos a rescatar al campo del abandono al que ha sido condenado por la política neoliberal. Se apoyará a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración.

Vamos a preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsaremos prácticas agropecuarias que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No se permitirá la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidaremos nuestra reserva de recursos bióticos. Se respetarán y apoyarán las prácticas económicas autogestivas, tradicionales e innovadoras, habituales entre indígenas y campesinos.

Se sembrará un millón de hectáreas de árboles maderables en el sur-sureste del país, caobas y cedros entre otros, con propósitos económicos, ecológicos y para crear  alrededor de 400 mil empleos anuales.

Se frenará la degradación del territorio. Ningún proyecto económico, productivo, de infraestructura, inmobiliario, comercial o turístico, se llevará a cabo afectando el medio ambiente; es decir, se protegerán los recursos naturales, la flora y la fauna, y se evitará la contaminación del suelo, del agua y del aire.

Se atenderá a todos, se respetará a todos, pero se dará preferencia a los pobres y a los desposeídos. Empezaremos a pagar la deuda histórica que se tiene con las comunidades y los pueblos indígenas. Es una infamia que en donde hay carencias, pobreza y marginación, no lleguen los apoyos que se necesitan. Las comunidades indígenas reciben menos del 1% del presupuesto público.

Vamos a establecer el Estado de Bienestar; es decir, habrá pensión universal para todos los adultos mayores de 68 años del país y para las personas con discapacidad. Se combatirá el hambre garantizando el derecho del pueblo a la alimentación y se otorgará atención médica y medicamentos gratuitos a toda la población.

Se llevará a cabo una auténtica revolución educativa orientada a mejorar la calidad de la enseñanza y a procurar que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, por falta de espacios, de maestros o de recursos económicos. Esto último lo enfrentaremos con un amplio programa de becas, desayunos y con la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares.

Los estudiantes de nivel medio superior o bachillerato contarán con una beca mensual equivalente a medio salario mínimo. Es decir, alrededor de 900 pesos al mes.

Todos los jóvenes podrán ingresar a escuelas preparatorias y a universidades públicas. Habrá 100% de inscripción. Se terminará con el pretexto de que se  rechaza a los jóvenes porque no pasan el examen de admisión, cuando en realidad lo que sucede es que no hay cupo en las escuelas públicas por falta de presupuesto. La política neoliberal en lo educativo ha significado dejar sin la posibilidad de estudiar a 300 mil jóvenes cada año. Ha sido irresponsable poner la educación al libre mercado como si se tratara de una mercancía. Esto ha causado, como lo estamos viendo, un tremendo daño social. Las cárceles están llenas de jóvenes.

De los 36 mil asesinados, por la guerra estúpida de Calderón, la mayoría eran jóvenes. Siempre hemos dicho que quien tiene para pagar una escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar una educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares. La educación no debe convertirse en un privilegio.

Promoveremos la práctica del deporte, tanto en su vertiente de esparcimiento y salud, como en la de alto rendimiento. Se construirán unidades deportivas y no se permitirá el cambio de uso de suelo en los actuales campos de béisbol, fútbol o cualquier otro espacio destinado a la práctica del deporte.

Cuidaremos el patrimonio cultural de México. Estimularemos la creación artística desde la educación básica y apoyaremos a músicos, pintores, artesanos, escultores, cineastas y a quienes se dediquen a la promoción artística y cultural.

La violencia, junto con el desempleo, es el más grave de los problemas nacionales. Tenemos claro que sin garantizar la seguridad resulta ociosa cualquier nueva propuesta de Nación. Aquí, con toda claridad, sostengo que nosotros sí vamos a resolver la crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos, no con criterios policíacos, como lo hace el gobierno usurpador, que sólo ha complicado más el problema, sino bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia.

La solución de fondo, la más eficaz la más humana y probablemente la menos cara, pasa por combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y la ausencia de alternativas. Está demostrado que no basta con medidas coercitivas, con la militarización, con cárceles, con leyes más severas o con mano dura. La violencia no se resuelve con más violencia, sino mejorando las condiciones de vida y de trabajo de la población y atendiendo a los jóvenes. Lo primero será crear una atmósfera de progreso y justicia. Nadie verá cancelado su futuro y siempre se mantendrán opciones para salir adelante y vivir con dignidad.

Por ejemplo, hay decenas de miles de jóvenes que, obligados por las circunstancias, están a punto de tomar el camino de las conductas antisociales. A ellos, antes de que caigan en las redes de la delincuencia organizada, se les debe rescatar y el gobierno debe ofrecerles oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado.

Esta nueva estrategia será complementada con las siguientes medidas: no se perseguirá a una banda para proteger a otra, se aplicará la ley por parejo; no se permitirá la venta de plazas en estados y municipios. Los encargados de la seguridad pública serán hombres y mujeres rectos, de inobjetable honestidad, no como Genaro García Luna, por mencionar un caso. Todas las dependencias trabajarán coordinadamente, el presidente de la República tendrá reuniones diarias con el gabinete de seguridad, en las cuales participarán los secretarios de desarrollo social, salud y educación.

Se va a desterrar la corrupción de los cuerpos policíacos; habrá capacitación permanente para profesionalizar a la policía y se aumentarán  sueldos y prestaciones a los agentes de todas las corporaciones; se protegerán los derechos humanos; habrá una sola oficina de inteligencia; se le seguirá la pista al blanqueo de dinero y se solicitará con firmeza, al gobierno estadounidense que prohíba las ventas de armas destinadas a nuestro país.

Nos proponernos transformar a México, buscando alcanzar un ideal moral. Estamos convencidos que no basta con mejorar las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo; es indispensable crear una nueva corriente de pensamiento para fortalecer valores culturales, morales y espirituales.

La crisis actual no sólo se gestó por la falta de empleos y de oportunidades sino también porque se ha convertido a la codicia en virtud, se ha elevado a rango supremo el dinero y se ha inducido la creencia de que se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole.

Por eso, a partir de la reserva moral y cultural que todavía existe en las familias y en las comunidades del México profundo, y apoyados en la inmensa bondad que hay en nuestro pueblo, vamos a emprender la tarea de exaltar y promover valores en lo individual y lo colectivo.

El propósito es contribuir a la formación de mujeres y hombres buenos y felices, bajo la premisa de que ser bueno es el único modo de ser dichoso. Insistiremos en que la felicidad no se logra acumulando riquezas, títulos o fama, sino estando bien con nuestra conciencia, con nosotros mismos y con el prójimo.

Sólo así podremos hacer frente a la mancha negra de individualismo, codicia y odio que se viene extendiendo cada vez más, y que nos ha llevado a la degradación progresiva como sociedad y como nación.

Amigas y amigos:

Este es el plan que proponemos para lograr el renacimiento de México. El conjunto de estas acciones refleja el sentir y el pensamiento de muchos mexicanos que anhelan  vivir en una sociedad mejor y desean heredar a las nuevas generaciones una patria libre, igualitaria y fraterna.

En esencia, se propone transitar por un camino del todo nuevo, alejado de la política de pillaje, de la explotación irracional de los recursos naturales y de la concentración desmedida de la riqueza a costa del sufrimiento de la mayoría de los mexicanos.

Este nuevo proyecto de Nación se presenta al mismo tiempo que estamos construyendo, desde abajo y entre todos, el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA). Informo que ya contamos con 2 mil comités municipales integrados por 14 mil ciudadanos, mujeres y hombres libres, conscientes y comprometidos con esta noble causa.

También hemos decidido crear un comité en cada una de las 65 mil secciones electorales del país, hasta ahora llevamos 25 mil, en los que participan cerca de 100 mil ciudadanos. A finales de este año, cuando lleguemos a la meta de los 65 mil comités seccionales, estarán participando alrededor de 250 mil dirigentes de base en todo el territorio nacional. Para entonces habremos construido la organización más importante que se haya visto en la historia de México.

De igual forma estamos convocando a todos los ciudadanos que simpatizan con nuestro movimiento a que participen como protagonistas del cambio verdadero. Un protagonista del cambio verdadero es una mujer, un hombre, consciente de la realidad y dispuesto a transformarla; que nos tiene confianza y está dispuesto a participar.

La tarea de cada protagonista es convencer a 5 ciudadanos más. Si se trata de una jefa o jefe de familia, su labor consiste en invitar a los miembros de la familia; si no le alcanza con ellos, con vecinos, amigos, compañeras o compañeros de trabajo. Se trata de que cada quien haga lo que le corresponde para cumplir con la misión de salvar a México. 

La meta para finales de este año es llegar a 4 millones de protagonistas del cambio verdadero, con la idea de que si cada uno convence a 5, se puede contar con 20 millones de ciudadanos para llevar a cabo la transformación del país, sin violencia, de manera pacífica, con la participación organizada del pueblo.

Es importante aclarar que esta organización no sólo se está construyendo para ganar la Presidencia de la República, sino también para realizar los cambios que requiere el país, y eso es lo principal. Se trata de la creación de un poder ciudadano, de un poder social, que acompañe y respalde al nuevo gobierno democrático en la aplicación de las reformas que son indispensables.

Mal haríamos si después del triunfo, como sucede siempre, el gobierno se divorcia del pueblo. Proceder así implicaría que el gobierno se quedara solo, sin fuerza para enfrentar la resistencia al cambio de los grupos de intereses creados, y lo peor de todo es que no se podrían cumplir los compromisos contraídos con el pueblo.

Tengamos presente que la oligarquía seguirá existiendo, que no los vamos a desaparecer o a desterrar, la gran diferencia será que ellos ya no tendrán el mando, que habrá un gobierno del pueblo y para el pueblo. Pero como es lógico, siempre estarán presionando para mantener y acrecentar sus privilegios, y por eso es indispensable contar con el apoyo y la participación organizada del pueblo. No olvidemos que esta lucha no es nada más para llegar al gobierno, por cargos públicos, sino para llevar a cabo la transformación del país.

Amigas y amigos:

Las cosas están bastante claras. No perdamos de vista que para muchos mexicanos nuestro movimiento es la única esperanza. Y no nos confundamos, el PRI y el PAN representan los mismos intereses, los dos partidos están al servicio de la oligarquía. Como lo he dicho en otras ocasiones y lo repito ahora: se pueden pelear cuando se trata de asuntos menores o de elecciones municipales o estatales, pero cuando está de por medio mantener la política económica de elite, que ha llevado a la ruina al país y a la desgracia a la mayoría del pueblo, siempre se ponen de acuerdo.

Lo estamos viendo ahora en el acuerdo al que han llegado para aprobar la reforma laboral, que significa reducir derechos a los trabajadores y eliminar prestaciones sociales. Estoy seguro que los diputados y senadores de nuestro movimiento harán todo lo que sea posible para frenar este nuevo agravio a los trabajadores de México.

Son lo mismo Salinas, Fox, Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, Calderón, Peña Nieto o Elba Esther Gordillo. Tenemos que respetar a los panistas y priistas de abajo que están igual de amolados, desinformados y esperanzados como la mayoría del pueblo, pero los panistas y priistas de arriba pertenecen a la misma mafia de poder responsable de la actual tragedia nacional.

También es importante que no nos dejemos apantallar, porque si bien es cierto que esta minoría rapaz ha llegado a acumular mucha riqueza mal habida y son los dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, se trata de gigantes con pies de barro, porque no son más que una pandilla de delincuentes de cuello blanco.

Pensemos que en nuestro movimiento participan millones de hombres y mujeres con firmes convicciones y elevados valores morales. Y esto es lo mero principal. Con mexicanos así, con gente como ustedes, lo imposible es posible. Además, ya está despertando más gente. Y me consta que se están apuntando diariamente alrededor de 10 mil ciudadanos como protagonistas del cambio verdadero.

De modo que no perdamos la fe, vamos a restaurar la República, tenemos lo fundamental: un Proyecto Alternativo de Nación, se está construyendo la organización que se necesita y líder no va a faltar.

Y para que no haya dudas, reitero que nuestro movimiento va a participar en las elecciones de 2012, porque le vamos a volver a ganar a la mafia del poder la Presidencia de la República.

¡Viva la nueva República!

¡Viva México!

¡Viva México!

¡Viva México!