viernes, septiembre 02, 2011
CATEOS ILEGALES Y VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS POR LA MARINA ARMADA DE MÉXICO EN MONTERREY, NUEVO LEÓN
miércoles, agosto 31, 2011
Casino Royale de Monterrey: gobierno pequeño
Casino Royale de Monterrey: gobierno pequeño
| | Es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, profesor de derecho laboral y de seguridad social en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Consejero de la “Casa de los Derechos de Periodistas”, así como asesor legal de diversas organizaciones civiles, de derechos humanos y laborales. Es autor de diversos artículos en materia de justicia y derechos humanos. |
Amparo Colectivo contra los contratos privatizadores de Petróleos Mexicanos
Dra. Asa Cristina Laurell
La embajada Saharaui comparte
Saludos,
Les reenvío esto y ojala todos colaboremos. Fomentar la solidaridad es fomentar la humanidad.
martes, agosto 30, 2011
Día Internacional del Detenido Desaparecido
- Exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos del país, exigir el castigo a los autores materiales e intelectuales de este crimen de Estado
- Contribuir a la denuncia y concientización sobre esta grave violación a los derechos humanos;
- Así como desarrollar iniciativas concretas que aporten y acompañen la lucha de familiares y organizaciones en contra de este crimen de lesa humanidad.
- Que el Estado presente con vida a todas y a todos los detenidos desaparecidos de ayer y de hoy.
- Que el Estado, con participación activa de la sociedad, promulgue una Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, a fin de que se garanticen la prevención, sanción y erradicación de la práctica de la desaparición forzada de personas y contemple, así mismo, medidas concretas y eficaces de protección, derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño a las víctimas de esta grave violación a los derechos humanos, incluyendo a las víctimas indirectas;
- Que el Estado reforme el Código Penal Federal y los códigos penales estatales para armonizar el tipo penal de desaparición forzada a lo que dicta la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la ONU.
- Que el Estado reforme la Ley de Amparo para que el Estado garantice a toda persona la disponibilidad de un recurso judicial efectivo de protección y acceso a la justicia en casos de desaparición forzada;
- Que el Estado asuma sus obligaciones en materia de investigación de los hechos, sanción de los responsables y reparación integral del daño para las víctimas de desapariciones forzadas y otras violaciones graves de los derechos humanos durante el período llamado “guerra sucia”, adoptando medidas simbólicas, jurídicas, económicas y políticas para garantizar la satisfacción de las expectativas de justicia transicional en el país y el combate a la impunidad.
- Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de cualquier persona a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
- Que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia de investigación, persecución y sanción de casos de desaparición forzada de las defensoras y defensores de derechos humanos, así como las amenazas, hostigamiento y ataques contra defensoras y defensores de personas desaparecidas, a fin de combatir efectivamente la impunidad que priva en estos casos;
- Que el Estado establezca un protocolo de investigación, documentación y cooperación de carácter urgente que dé respuesta inmediata a los casos de personas reportadas como desaparecidas, que contemple la coadyuvancia de los familiares y sus organizaciones en los casos necesarios
- Que el Estado establezca un registro público nacional de personas desaparecidas forzadas – cuyo diseño, implementación y seguimiento cuente con la participación de la sociedad civil –, a fin de que no se sustraiga de sus obligaciones y se cuente con un control estadístico y transparencia sobre esta situación;
- Que el Estado implemente una instancia especializada encargada de realizar la búsqueda de personas desaparecidas, así como de un órgano independiente e imparcial que permita resguardar y proteger las muestras de ADN de aquellos familiares que otorguen su consentimiento al respecto, a fin de crear un banco de ADN que sea útil para la búsqueda y registro de los casos de desaparición forzada.
- Que el Estado establezca protocolos de actuación más efectivos en materia de investigación de los hechos y persecución de los responsables de este delito;
- Que el Estado destine mayores recursos a la capacitación y contratación de personal calificado, así como recursos y herramientas especializados para la investigación de casos de desaparición forzada de personas y establezca un fondo de contingencia social para las familias que queden en el desamparo;
- Que el Estado sancione efectivamente y en la jurisdicción ordinaria a los elementos de las Fuerzas Armadas involucrados en casos de desaparición forzada en el actual contexto de militarización de la seguridad pública;
- Que el Estado reconozca a la brevedad la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, contemplado en el artículo 26 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada CIPPDF, a fin de reforzar el entramado de protección internacional de los derechos humanos de toda persona en caso de desaparición forzada.
- Que el Estado cumpla de manera puntual, integral y sin demora todos y cada uno de los puntos resolutivos de las sentencias internacionales en que se condena a México por violaciones probadas de los derechos humanos, sin que ninguno de los Poderes de la Unión ni de las entidades federativas se sustraiga del acatamiento de sus respectivas obligaciones internacionales.
- Que el Estado acepte las recomendaciones del Grupo de Trabajo Sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias (GTSDFI) de la ONU.
Por la presentación con vida de los desaparecidos. Juicio y castigo a los responsables.
Comité Cerezo México
Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”
Comité Monseñor Romero
Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM)
Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero
Taller de Desarrollo Comunitario A.C
viernes, agosto 26, 2011
Casino Royale, Monterrey 2011.
Casino Royale, Monterrey 2011.
María Elena Padilla
CRCP en NL
El nombre Casino Royale, si hubiera sabido antes de ayer que existía algo así en Monterrey, me hubiera evocado una comedia fílmica de hace alrededor de 4 décadas, que no estoy segura de haber visto pero cuya música sí me viene pronto a la memoria, a duras penas logro recordar que debe haber sido David Niven el protagonista; ni hablar, era otro tiempo donde las balas mataban sólo a los malos y sólo en lo que sabíamos se trataba de ficción. Para infortunio de la ciudad y de muchas familias regiomontanas, tendremos grabado el nombre de Casino Royale por muy distintas y contrarias razones al film aludido. Nunca el país vivió una jornada de tantas muertes.
Monterrey se convirtió el 25 de agosto de 2011 en la cúspide, el top del crimen, el lugar donde la violencia cobró muchas víctimas en muy poco tiempo; eso sucedió sin mantas con narcomensajes, sin metralla extra, en un acto que en dos minutos y medio fue capaz de llevarse de encuentro la vida de más de media centena de personas. Se mezclaron todos los ingredientes posibles: negligencia, corrupción, ineficiencia, colusión, ingenuidad, ignorancia, valemadrismo, estupidez, perversión, interés; agréguele usted otras que se le ocurran.
¿Sabremos alguna vez, a ciencia cierta, los motivos de esta masacre? Apuntemos: ajuste de cuentas por la relación de la casa de apuestas con un cártel diferente; negativa del casino a la extorsión, en este caso se trataría de extorsión de parte de: un grupo del crimen organizado, de la policía (regia, estatal, federal); actos de terror por parte de: delincuentes o directamente del Estado. Deberíamos preguntarnos ¿quién sale beneficiado de acto tan vil?
En un clima en el cual el ejecutivo de la nación insiste un día sí y otro también en la pertinencia de su estrategia bélica y su defensa a ultranza de la actuación de las fuerzas armadas, haciéndose como que la virgen le habla cuando se presentan evidencias de la extralimitación en el desempeño de la marina y el ejército, cuando el vocero Poiré aprovecha la ocasión para exhortar a la aprobación de las reformas necesarias (la ley de Seguridad Nacional, por supuesto) y llamar a la población a apoyar la estrategia presidencial, resulta natural preguntarnos si no son muchas las coincidencias que parecieran inducir a que la ciudadanía pida a gritos más mano dura, más intervención militar, más restricciones a las libertades en aras de la “seguridad”.
Por otro lado, todo mundo sabe que los casinos son lugares, no los únicos pero importantes, donde se da el lavado de dinero; así que quien quiera que haya ido ha contribuido, aun de buena fe, a que esos centros subsistan y se revistan de “legalidad” e “inocuidad”. Tampoco es que se estigmatice a los ciudadanos y ciudadanas que prefieran ir a gastar su tiempo y dinero en esos lugares antes que en disfrutar la buena lectura, el arte o alguna actividad que sea realmente actividad y no pasividad como es estar sentados alrededor de una mesa o de una máquina por horas moviendo sólo un dedo o cuando mucho una mano y casi ninguna neurona; pero en fin, son gustos.
También es un secreto a voces que la extorsión es realizada por cuerpos policíacos al mismo tiempo que grupos delictivos. Quienes han trabajado en antros, saben y cuentan que por semana se les suele pagar cierta cantidad a un grupo de “malitos” mientras otra cifra parecida va a manos de la policía, especialmente la regia; así que cuando se habla de delincuencia organizada hay que preguntarse si es la que está en nómina de gobierno o no.
Asimismo tenemos que los casinos son giros autorizados a nivel federal, quedando a nivel de responsabilidad local lo concerniente a usos de suelo y cosas parecidas. De tal forma que la federación tiene lo suyo en el origen de este lío. O sea, ningún nivel de gobierno se salva ya que Protección Civil y policía estatal son evidentemente ineptas y/o corruptas.
Mientras, el tiempo pasa y parece que juega en contra de la población que cada vez pierde más: tranquilidad, confianza, dinero, espacios, felicidad, salud, para en el caso extremo perder lo único irrecuperable: la vida. Cierto que no tenemos la respuesta exacta a qué hacer, pero no la encontraremos si nos quedamos pasmados, inmóviles, apáticos, desesperados y desesperanzados. Nadie resolverá el problema por nosotros, la tarea es nuestra. Sólo tengamos presente que nunca en ningún lugar la militarización ha traído justicia, libertad, democracia; ni siquiera seguridad.
¿Qué hará la sociedad regiomontana? ¿Nada, como hasta ahora? Se irán por el camino inducido y fácil de pedir más fuerzas armadas en el Estado o la renuncia de Medina? O se decidirán, de una vez por todas, a estudiar seriamente la situación, a analizar opciones inteligentes, a participar, organizarse y defender sus derechos?
