La reforma judicial vulnera garantías

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
-La reforma judicial vulnera garantías, afirma Soberanes.
Claudia Herrera Beltrán y Laura Poy.
.

La reforma judicial significará un retroceso si se aprueba tal como está, pues contempla disposiciones que no preservan las garantías individuales de los mexicanos, consideró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
.

Señaló que espera que en el Senado de la República se reflexione más y se pueda corregir. A su salida de Los Pinos, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, anunció que el Consejo Consultivo de la CNDH difundirá este miércoles un desplegado donde expresa su “preocupación” sobre el tema.
.

De los puntos que Soberanes cuestionó destaca la autorización al Ministerio Público para entrar a los domicilios sin orden judicial, argumentando que está en peligro la vida de una persona.
.

También criticó las propuestas de intervenir las comunicaciones, los cateos sin orden judicial y la legalización del arraigo.

LUZ VERDE EN LA CÁMARA A CREAR UN ESTADO POLICIACO.

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
.

-Un sector del PRD da su aval, pese a señalamientos de violación a garantías individuales.

-PRI y PAN imponen su fuerza para aprobar la reforma en materia judicial.
-Logran precisar que los movimientos sociales no son delincuencia organizada.
-El dictamen recoge las propuestas perredistas en un 60 por ciento, dice Juan Guerra.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
.

La fuerza numérica de PAN y PRI consumó anoche la reforma constitucional en materia judicial, que recoge propuestas del presidente Felipe Calderón y del PRD, y permitirá al Ministerio Público Federal y a cualquier cuerpo policiaco el allanamiento y cateo de domicilios sin mandato judicial, así como detenciones sin orden de aprehensión, sólo con la presunción de vinculación con la delincuencia organizada o que se está cometiendo un delito en flagrancia.
.

Con 366 votos a favor –incluido un sector perredista–, 52 en contra del sol azteca y Felipe Garibay del PAN, así como ocho abstenciones de Alternativa, la mayoría aprobó el dictamen, que desde el lunes pasado se avaló por unanimidad en la Comisión de Gobernación, donde no se presentó ninguna objeción a su contenido y alcances.
.

Ayer, y ante los riesgos de la reforma, un sector del PRD se percató de que esas atribuciones incluirán en la Constitución “regímenes de excepción que vulnerarán las garantías y tratados internacionales en materia de protección a la dignidad de las personas”, como acotó en tribuna el diputado Humberto Zazueta.
.

Para respaldar esa postura, el coordinador perredista Javier González Garza presentó una moción suspensiva, primero para iniciar una negociación que permitiera modificar el dictamen; sin embargo, como el acuerdo fue limitado, planteó una segunda moción con objeto de llevar la discusión hasta el segundo periodo ordinario de sesiones, que se inicia en febrero de 2008. La propuesta fue desechada por la mayoría PAN-PRI.
.

Únicamente se logró incluir en la exposición de motivos –que en el caso de reformas constitucionales tiene carácter vinculatorio con el articulado– que no se considerará delincuencia organizada a los movimientos sociales, y en ese caso no se aplicarán las detenciones o allanamientos sin orden judicial.
.

El dictamen reforma el artículo 16 constitucional, para definir que “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, acusó en entrevista que esa disposición puede llevar al extremo de que si tres personas pobres hurtan pan en un supermercado, serán considerados delincuentes organizados.
.

Lo delicado de ese artículo se debe a que también se incluye el siguiente párrafo: “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.
.

No obstante, el texto constitucional reformado no distingue qué policía será la que realice las detenciones, la investigación y persecución de delitos, lo cual abriría la puerta para que la Policía Federal Preventiva, integrada con elementos del Ejército Mexicano, realice además tareas que son exclusivas del Ministerio Público e inclusive de la policía judicial o ministerial y la Agencia Federal de Investigación.
.

También se aprobó que la autoridad judicial, a petición del MP, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades del lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, plazo que podrá prorrogarse, siempre y cuando la representación social acredite que subsisten las causas que dieron origen a la privación preventiva de la libertad.
.

Asimismo, se incluyó en la Constitución la figura de jueces de control que resolverán, en manera inmediata y por cualquier medio –inclusive vía telefónica– las solicitudes que presente el Ministerio Público de ejecución de medidas cautelares que requieran control judicial. Para ello, explica el documento, deberá existir “un registro fehaciente de todas las comunicaciones” entre jueces, Ministerio Público y demás autoridades competentes.
.

El artículo 18 se modificó para establecer que en el caso de la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Además se incluyó un párrafo para legalizar la incomunicación de reos: “las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas de seguridad especial”.
.

Mientras, el artículo 19 señala que los jueces ordenarán prisión preventiva oficiosamente en el caso de la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
.

También se aprobó que un “juez sólo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado; cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.
.

El diputado Juan Guerra Ochoa afirmó que “en un 60 por ciento, el dictamen recoge las propuestas del PRD”, y refirió que ayer en la reunión plenaria de la bancada se decidió que cada legislador votara en conciencia.

Regresión autoritaria

jueves 13 de diciembre de 2007
Editorial de La Jornada.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 366 votos en favor, 53 en contra y ocho abstenciones, el dictamen de reformas a la Constitución en materia judicial elaborado, con base en una propuesta del Ejecutivo federal, por la Comisión de Justicia del organismo legislativo. Las modificaciones prevén medidas como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos –que les permitirán, entre otras cosas, practicar aprehensiones y cateos sin orden judicial–, y el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos. Aunque se asegura que estas disposiciones son necesarias para garantizar la seguridad pública y el estado de derecho, han sido severamente criticadas por especialistas en materia penal y organizaciones de derechos humanos: penalistas como Alonso Aguilar Zinser, Juan Velásquez, Xavier Olea, Víctor Carrancá y Juventino Castro señalaron que se trata de una “reforma inquisitorial” que podría llevar al país a un “Estado policial”; de su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, manifestó su preocupación por la enmienda constitucional, e indicó que “lo que hay que hacer es ampliar los derechos humanos, no reducirlos”.
.

Es innegable que el Estado debe contar con instrumentos jurídicos para luchar contra el crimen organizado, pero éstos nunca deben pasar por el recorte de las garantías individuales. Por lo que hace a estas reformas, su aprobación constituye, precisamente, un duro golpe a la de por sí delicada situación que enfrenta la procuración de los derechos humanos en el país, e implica un grave retroceso en materia de impartición de justicia. Su carácter autoritario radica, en buena medida, en que coloca a la ciudadanía en grave indefensión ante las autoridades.
.

Las disposiciones previstas en el marco de la reforma judicial transgreden frontalmente el principio de presunción de inocencia, pues prevén la imposición de sanciones por mera sospecha de culpa por parte de cualquier policía, lo que no es un peligro menor en un país en el que las corporaciones policiales y el propio MP son de las instituciones menos confiables, y no sólo porque sus elementos carezcan de la capacitación necesaria en materia de legalidad sino porque, como lo sabe cualquiera, es casi imperceptible la frontera entre las filas de los cuerpos policiales y la propia delincuencia organizada. En ese contexto, resulta legítimo temer que las medidas aprobadas ayer servirán más para ensañarse contra las libertades ciudadanas y para atropellar o extorsionar a inocentes que para afectar las actividades de las organizaciones criminales.
.

Es alarmante, además, que esta reforma se apruebe con el telón de fondo de un gobierno federal que carece de un compromiso real en materia de derechos humanos, como ha quedado de manifiesto con los señalamientos recientes de la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, en el sentido de que el gobierno federal ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se concluye la participación del Estado en episodios de graves violaciones a las garantías individuales.
.

En suma, la aprobación de la reforma judicial es un hecho grave e inadmisible, pues incluye medidas que no pueden justificarse en un estado de derecho, mucho menos con el argumento de que son imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La sociedad debe exigir a los legisladores de los congresos estatales que, en atención a su deber como representantes populares, actúen conforme a los intereses y el bienestar de la ciudadanía, e impidan el paso de esta modificación constitucional que abre un margen inadmisible para el atropello.
.

Recientemente, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron exonerar de toda culpa al gobernador de Puebla, Mario Marín, pese a que el país entero escuchó las grabaciones en las que éste conspiraba con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Ahora, el Congreso de la Unión pretende incrustar en la Carta Magna disposiciones que van en contra de las garantías individuales. Ambos episodios alimentan sobradamente el repudio de amplios sectores de la población a la institucionalidad política del país y obligan a reconocer que, paradójicamente, desde las máximas instancias legislativas y judiciales se está socavando el estado de derecho.

López Obrador llama a manifestarse para evitar ser bolseados con la reforma fiscal

La Jornada, lunes 10 de diciembre de 2007
-La protesta, con carteles contra la aplicación de nuevos impuestos y el gasolinazo.
-López Obrador llama a manifestarse para evitar ser bolseados con la reforma fiscal.
“Hay que unirnos todas las fuerzas progresistas para transformar al país y no ir de comparsas de la derecha fascista”
-Insiste el tabasqueño en que se fortalezca al FAP.
Ciro Pérez Silva (Enviado)
.

Chalco, Méx., 9 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador llamó a la sociedad mexicana a colocar carteles en las ventanas de cada vivienda para manifestar su rechazo por la entrada en vigor de nuevos impuestos derivados de la llamada reforma fiscal, por el incremento a la gasolina y al diesel, que provocará una cascada de aumentos en todos los sectores, y por la apertura a la importación sin aranceles de maíz y frijol.
.

Al continuar su gira por la zona oriente del estado de México, en la que sólo este domingo logró convocar a poco más de 50 mil personas, López Obrador recordó la promesa de iniciar aquí, donde viven alrededor de 10 millones de mexicanos que se encuentran entre los más pobres del país, su primera gira de trabajo como presidente electo. “Nos robaron la Presidencia, pero todos los programas y proyectos que ofrecimos los vamos a cumplir; más temprano que tarde este movimiento va a triunfar”, enfatizó.
.

La presencia del tabasqueño en una zona de clara influencia perredista motivó gran movilización de simpatizantes, quienes colmaron las plazas para escuchar el mensaje lopezobradorista en un número que lleva a los organizadores de las giras del “presidente legítimo” a afirmar que se encuentran entre las más concurridas de este primer año de giras por los municipios del país, comparables, inclusive, con las concentraciones que tuvieron lugar en el mejor momento de la campaña presidencial.
.

Aquí, en esta zona oriente del estado de México, López Obrador fue ovacionado prolongadamente cada vez que en los diversos municipios que visitó entre el jueves y el domingo se refirió a las versiones de que dejaría el PRD y formaría otro partido.
.

“No voy a renunciar al PRD ni estoy formando otro partido”, fue la frase que más ovacionaron los asistentes a los diversos mítines. “Porque ha costado mucho construir mi partido y hasta han perdido la vida un importante número de compañeros”, subrayó una y otra vez el tabasqueño, entre los aplausos y expresiones de aprobación de los mexiquenses que simpatizan con este movimiento.
.

En alusión al hecho que motivó tales versiones, que fue su rechazo a la aprobación por legisladores del PRD de la llamada reforma electoral, López Obrador explicó que debía aclarar su punto de vista, “porque debía ser congruente con lo que pienso, que se trata de fortalecer la alianza del PAN y del PRI en los órganos electorales; el que calla otorga, y yo no podía permitir que luego me reclamaran por no haber rechazado tales reformas”, dijo.
.

El “tejemaneje”
.

Aseguró que en las cúpulas de ambos partidos “está el tejemaneje” del bloque conservador, y destacó la necesidad de “unirnos todas las fuerzas progresistas para transformar al país y no ir de comparsas de la derecha fascista”, y fortalecer al Frente Amplio Progresista, así como a cada uno de los partidos que lo integran: PRD, PT y Convergencia, además de sumar a grupos sociales y personas sin partido; “debemos estructurar una alianza que nos permita enfrentar al bloque de derecha”, insistió.
.

Puntualizó que el PRD en el Congreso no puede seguir aprobando iniciativas que no tengan como propósito “rencauzar el rumbo del país”.
.

En diversos momentos de su mensaje López Obrador se refirió a la frágil situación económica de la población, misma que, sostuvo, se verá aún más afectada en enero con el aumento a las gasolinas y el diesel, así como con los nuevos impuestos derivados de la reforma fiscal y la apertura de la frontera para la importación de granos.
.

“Los mexicanos seremos bolseados por el gobierno espurio de Calderón, con la llamada reforma fiscal, que se sintetiza en la imposición de nuevas contribuciones. No hay diferencia alguna entre la política fiscal y recaudatoria de Calderón con las medidas de cobrar impuestos por el número de ventanas en cada vivienda o por el número de perros en las casas que decretó en su momento el dictador Antonio López de Santa Anna”, detalló el político tabasqueño, además de señalar que el bloque de derecha es incapaz de reconocer en una persona ajena a su nivel social a un mexicano con los mismos derechos; “se sienten de sangre azul”.
.

Ejemplificó este comportamiento de dirigentes, legisladores y autoridades emanadas del partido albiazul con el cúmulo de críticas que lanzaron en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por ofrecer una pista de patinaje sobre hielo en el Zócalo para todos los habitantes de la capital de la República.
.

“Ellos, los panistas, piensan que sólo a ellos está destinado ese tipo de espacios recreativos, que sólo son para los ricos, para los potentados, y no pueden ver que los hijos del trabajador y del obrero también disfruten de esta diversión. Por cierto, los invito a todos a que vayan al Zócalo a patinar sobre hielo”, les dijo.
.

Ayer, López Obrador concluyó la penúltima etapa de giras por los diversos municipios del país con una multitudinaria reunión en Nezahualcóyotl, luego de visitar por la mañana las comunidades de Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco, Los Reyes Acaquilpan, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Critica la Iniciativa Mérida

La Jornada, lunes 10 de diciembre de 2007
Entrevista a Carlos Montemayor, politólogo, poeta y novelista.

-Se está allanando el terreno a una catastrófica guerra sucia.

-Critica la Iniciativa Mérida por el fomento al paramilitarismo.

El escritor considera que es un gran error histórico de este gobierno arrastrar a las políticas policiales y legislativas el término “terrorismo”. Se pregunta: “¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana”
Blanche Petrich.

Carlos Montemayor percibe, al repasar las fracturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional en las últimas tres décadas en México, un profundo proceso “de involución social” que se debe, en buena medida, al desplazamiento de una clase política con visión estratégica, suplantada por una “nueva clase de políticos coyunturales sometidos al espejismo neoliberal”. El panista Felipe Calderón forma parte de esa nueva elite.

El politólogo, poeta y novelista –Guerra en el paraíso y Las armas del alba, entre sus obras más conocidas– detecta uno de los indicios de esta involución en uno de los problemas centrales que implica la Iniciativa Mérida, o Plan México: el crecimiento de grupos paramilitares “que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. La distorsión conceptual que está teniendo ya el plan Mérida desde los propios discursos oficiales es señal de que México tendrá que enfrentar más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos”.

La Jornada conversó con el autor chihuahuense, también colaborador de esta casa, quien, a propósito de esta idea de la involución, recordó un diálogo que tuvo recientemente con un viejo minero coahuilense en Nueva Rosita. “Platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía: pero, ¿adónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo, del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. Y me quedé desconcertado porque, en efecto, no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada con el bienestar de la población.”

–A propósito del título de su nuevo libro, La guerrilla recurrente, ¿cómo han evolucionado los grupos armados en estas últimas décadas?
–En los movimientos armados rurales la formulación ideológica no era esencial. Si consideramos que el EPR forma parte de la descendencia del movimiento de Lucio Cabañas, vemos hoy un discurso más teórico, que Cabañas se resistía a aceptar. Podríamos decir que la evolución del discurso del EPR es más conservadora que el discurso político del EZLN.

–¿Debe ser revaluada la capacidad de acción del EPR?
–El discurso gubernamental parte de la descalificación social y política de estos movimientos, los supone inconexos entre sí y se empeña en ver a las organizaciones como algo aislado y vulnerable hasta su aniquilación. Pero si nos preguntamos por qué una organización como ésta puede mantenerse activa y transformarse a lo largo de 40 años, tendríamos que ver a estos grupos en función de su recurrencia generacional y regional.

–Hay sectores que propusieron una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno.
–Si hubo intentos, los frenaron. Es evidente que al Ejército no le conviene que se reconozca la desigualdad social como justificación de los movimientos armados. El gobierno parte de la idea de que son grupos sin arraigo y vulnerables ante una lucha sistemática de contrainsurgencia militar y policial. Las administraciones priístas últimas desde la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante se parecen más a las panistas que a las antiguas priístas.
“Hay un descalabro en la continuidad de las políticas de seguridad nacional que puede explicarse en muchas etapas. Una, con el surgimiento del Cisen y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, otra con el desplazamiento de cuadros formados por el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y otra que se empezó a formar a partir del general Jorge Carrillo Olea, con una idea de modernidad mayor.
“Y otra, a lo largo de los últimos gobiernos, con un reacomodo de las tareas de inteligencia, sin continuidad ni seguimiento de información colegiada entre la PGR, la PFP o la policía militar y el Cisen. Hay muchas evidencias: políticas erráticas, declaraciones contradictorias. Esto le ha restado fuerza al seguimiento de bases sociales o de conflictos sociales previsibles.
“Hay un descuido esencial, no ver estas tareas como preventivas, sino como agresivas. Podía haber análisis económicos, sociales, políticos que se adelanten a los conflictos y a las catástrofes naturales. El perfil de los miembros de inteligencia nacional debería incluir ingenieros, abogados, historiadores, politólogos, científicos, urbanistas, y no sólo policías y militares.”

–¿Cómo entender la subordinación del poder civil que representa Felipe Calderón al poder militar?
–No creo que se trate solamente de una decisión de Felipe Calderón, sino de un proceso de repliegue de los cuadros políticos, concretamente, desde la imposición de las políticas neoliberales en México. Cuadros diplomáticos expertos en acuerdos internacionales ceden el lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales, sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización empresarial. Esta pérdida de la visión política en la elite mexicana pone incluso en riesgo a la estructura militar.
“El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país ha provocado el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y dentro de poco el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos.”

–¿Qué le dice el discurso adoptado ahora por el procurador Eduardo Medina Mora, quien al asimilar el modelo de Colombia ha incorporado al combate contrainsurgente el tema del terrorismo e incluso a lo que llama ‘narcoterrorismo’ y ‘narcoguerrilla’?
–La idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término del terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno.

–El argumento es que nuestra condición de vecino de Estados Unidos nos hace vulnerables a que el terrorismo use nuestro territorio para infiltrarse.
–Ése es un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, no es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento para convertirnos en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo.

–Usted alerta en su libro sobre el regreso de la guerra sucia. ¿Están encendidas las alarmas de la sociedad civil ante las evidencias?
–No están encendidas. Y las condiciones están dadas con esta idea de adaptar el término terrorismo como concepto objetivo y no como una descalificación subjetiva. Están allanando el terreno para una guerra sucia de consecuencias catastróficas. Esto implica ya no el control de ningún crimen organizado, sino de la población civil. ¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana.

.

“La guerra no es simple; exige mucho tiempo de cálculo”
.

La obra más reciente de Carlos Montemayor, La guerrilla recurrente, editado este mes por la casa Random House Mondadori, advierte de entrada: “La guerra no es simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral. Nunca dice ‘yo soy la guerra’. Dice otras cosas”.

Así, Montemayor agrega un eslabón al análisis que inició en 1997 con Chiapas, la rebelión indígena de México y siguió en 1999 con Los informes secretos: estudio crítico e investigación sobre los numerosos pliegues de los mundos “clandestinos e invisibles” que cruzan México, desde estructuras como El Yunque y los Legionarios de Cristo, pasando las opacas instituciones castrenses y policiacas, los grupos paramilitares y el movimiento armado. Un paso más, que alcanza examinar la nueva fase de la guerra sucia y el retorno de la práctica de la desaparición forzada –a partir del secuestro de dos dirigentes del EPR, en mayo pasado en Oaxaca– y los potencialmente catastróficos alcances de la Iniciativa Mérida.

Siete capítulos recorren las fases de las guerrillas mexicanas, las fracturas sufridas por los servicios de inteligencia, la militarización inserta en los procesos globales, la adopción de la agenda “antiterrorista” de Washington y los “accidentes” que dejaron inconclusa la misión de la fiscalía para el esclarecimiento de la guerra sucia del pasado y, por tanto, dejó en suspenso la aplicación de la justicia.
-Blanche Petrich

La Corte

La Jornada: lunes 10 de diciembre de 2007
Bernardo Bátiz V. jusbbv@hotmail.com
.
Nuevamente se hace patente la necesidad de tener en México una Suprema Corte de Justicia que responda a las expectativas de competencia, independencia de los otros poderes y principalmente apego a la virtud de la justicia, y por tanto, una Corte menos formalista, menos kelseniana, menos timorata y más comprometida con la sociedad en general y con la exigencia popular de unos tribunales confiables.
.

Lo que vimos en el debate y en la resolución tomada por el pleno, respecto de la investigación sobre violaciones a garantías individuales cometidas por el gobernador Mario Marín y otros servidores públicos, si bien no era algo inesperado, sí fue en esta ocasión más indignante, principalmente porque la prueba fundamental de la investigación, desdeñada con formalismos inaceptables, había sido escuchada por todo México; la grabación corrió como reguero de pólvora y se recuerda aún, a pesar de los dos largos años transcurridos; fue aceptada públicamente, entre titubeos y contradicciones, por el mismo gobernador, y no quedó, como en otros casos, como una pieza más de unos autos escritos, oculta a la vista y a la opinión del público.
.

Se hace patente la necesidad de renovar, de orear, de ventilar ese oscuro recinto de la Corte, respecto del que todo mundo sabe o sospecha que es lugar de consignas, de presiones y hasta de componendas entre litigantes influyentes y poderosos y magistrados obsecuentes o asustadizos. La resolución contraria a la propuesta del ministro Juan Silva Meza, que concluyó la investigación dando por acreditada la violación grave a derechos humanos, se puede explicar porque los seis ministros que votaron en contra no quisieron desamparar a alguien de su mismo estrato social, de su amistad quizá, contertulio de algunos de ellos muy probablemente o bien, otra hipótesis, no quisieron descontentar al presidente que asumió el poder a partir de un fraude electoral, porque el investigado sirvió y apoyó a éste en su llegada irregular al poder y por tanto se le debía ese favor y se le pagó con el perdón de ministros dispuestos y obsequiosos.
.

No se puede pensar otra cosa; esos ministros han participado ya en diversas resoluciones de casos en total contradicción con la justicia y en choque frontal con el interés de la colectividad; recuerdo algunos: el de anatocismo, donde permitieron a los bancos el cobro de intereses sobre intereses; el de la Cooperativa Pascual, en que pusieron el derecho privado por encima del derecho social reconocido por la Constitución; el de Óscar Espinosa Villarreal, en el que aceptaron que había un delito, pero contradiciendo al sentido común y a jueces que habían ya resuelto sentenciando al acusado, consideraron que se trataba de un funcionario federal y no local, argucia con la que lo dejaron en libertad.
.

El caso del gobernador Marín, por lo tanto, podía haber sido esperado en el sentido del desenlace que conocemos, a favor de la impunidad y en contra de razones jurídicas, de pruebas irrefutables y de un claro interés social de sancionar a quien se lo merecía. Eso y no otra cosa es la justicia, que es dar a cada quien lo suyo, al que merece una pena sancionarlo, no absolverlo.
.

Sin embargo, entre todo esto tan lamentable y penoso, destaca la solidez de la argumentación el ministro Juan Silva Meza, así como los argumentos expresados durante el debate, por los otros magistrados que votaron a favor de la propuesta, y que es necesario recordar: Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo.
.

La posición de estos juristas fue muy clara; consideraron primero que es importante la facultad investigadora que les otorga el artículo 97 constitucional, que no es ni un cuerpo extraño entre las facultades del Poder Judicial federal ni un parche mal pegado: es un recurso extremo que debe estar al alcance de los poderes de la Unión para responder a exigencia ciudadanas de investigación, precisamente en aquellos casos en los que el investigado, por el poder que ostenta, no puede ser alcanzado por los órganos o por los mecanismos comunes, como es el caso. En efecto, no es cierto, como se dijo, que Marín podía haber sido sancionado por la procuraduría bajo su mando o puesto en orden por una Comisión de Derechos Humanos, sin fuerza política para enfrentársele; para estos casos extremos es que la Corte tiene y debe usar su facultad investigadora.
.

Consideraron también que la gravedad del asunto radica en que se trata de una violación de derechos humanos, que, será un lugar común decirlo, en sí misma encierra gravedad, pero que se hace más grave si se trata de una violación a la libertad de expresión de las ideas y más aun, tratándose de una periodista y todavía más, por el fondo del asunto investigado, abusos sexuales a menores, cometidos por pervertidos millonarios y políticos que creen que los seres humanos son juguetes a su disposición. Es también grave el asunto por la esperanza que despertó de que se podría terminar con la impunidad. Nadie, salvo los ministros del contra y algunos defensores a ultranza del status quo, pueden considerar un caso así como no grave.
.

OTRO SÍ DIGO: No es la actual “gran” reforma electoral la única que hemos tenido en México; me tocó en suerte vivir como diputado de oposición aquella otra con algunos de los mismos actores de la actual, que no sirvió sino para darle seis años más de aire al PRI y para aparentar, hacia los medios y hacia la opinión pública, un cambio importante, que no lo fue, pero que ayudó a los entonces opositores negociantes para apaciguar sus conciencias y sentir que, como la mosca de la fábula, estaban arando. Lamentablemente, sólo estaban convalidando lo que otros pretendían; así aprobaron, entre otras barbaridades, la cláusula de gobernabilidad.

FÍJENSE NOMÁS

Los legisladores: nuestros enemigos Sara Sefchovich 10 de diciembre de 2007

En esta semana han circulado dos noticias sumamente preocupantes. La primera de ellas, es el anuncio de las cúpulas empresariales de su pretensión de ampararse frente a la ley que les prohíbe apoyar a candidatos en los medios de comunicación. En lugar de verlo como un esfuerzo por equilibrar lo que solamente se puede comprar con muchos recursos económicos, lo consideran un atentado a la libertad de expresión.

No voy a discutir aquí si eso que dicen tiene o no sustento. Lo que me parece importante destacar, independientemente de que consigan o no su objetivo (y es el caso que el amparo le fue negado al Consejo Coordinador Empresarial por un juez federal) es el hecho de que hagan público su enojo, el cual, en manos de gente tan poderosa, tan rica y tan unida a otros grupos poderosos, resulta peligroso.

La otra noticia es el informe de una importante firma financiera estadounidense en el sentido de que México no solamente se ha quedado rezagado como país atractivo para las inversiones, sino que ha visto en los últimos meses una fuerte salida de capitales (cien millones de dólares). Desde hace varios años nos han venido advirtiendo la situación: “México es la tragedia más grande en Latinoamérica —afirmó el jefe para mercados emergentes del Deutsche Bank— y debería ser hoy la economía con más rápido crecimiento en el mundo, creciendo más rápido que China, sin embargo, ha alcanzado muy modestas tasas de crecimiento”. Por supuesto, esto lo niegan nuestras autoridades, el secretario de Hacienda Agustín Carstens aseguró hace unos meses que somos la economía emergente más exitosa, pero la realidad está allí para desmentirlo.

Lo lamentable es que una y otra vez, desde hace añísimos, estamos en la lista de las economías emergentes y de los países en vías de desarrollo, y no solamente nunca emergemos y nunca nos desarrollamos sino que ya ni siquiera cabemos entre los considerados “brillantes en su desempeño”. Nos hemos quedado detrás de Vietnam, Nigeria, Egipto, Bangladesh (¡Bangladesh! que hace unos años era el ejemplo más patético de que se disponía para hablar de pobreza y que ahora tiene un crecimiento promedio del PIB de 5.4% mientras que el nuestro es de 2.6%).

Durante meses he utilizado este espacio generoso de EL UNIVERSAL para buscar cuáles pueden ser las causas de ese perenne problema nuestro de nunca poder dar el salto y salir aadelante de una santa vez.

La conjunción de estas dos noticias (el enojo de los poderosos empresarios y la fuerte salida de capitales) con otras recientes (como la resolución de la Suprema Corte en contra de Lydia Cacho y los pleitos y reclamos de todos contra todos en la pasarela de aspirantes a consejeros del IFE) hacen darme cuenta de que un gran obstáculo son nuestros legisladores.

Y es que lo que tenemos en las cámaras son personas llenas de prejuicios, de intereses, de ignorancia, de exhibicionismo y de pasiones personales a las que ponen por encima de cualquier consideración.

Cada una de las reformas recientes da fe de esto: no están hechas con conocimientos ni contemplando todos los ángulos ni llegan al fondo de los problemas, no están pensadas mirando al futuro ni atendiendo a las necesidades de la sociedad, sino que están hechas con el estómago, para vengarse del pasado que no les gusta, para atender asuntos puramente coyunturales y para beneficiar a ciertos grupos y personas de manera inmediata. Las leyes que resultan, aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo dejan todos los espacios abiertos a la interpretación que se quiera pero se dirigen de manera directa a grupos y hasta a personas.

El resultado de este modo de hacer las cosas es de todos modos el enojo de tirios y troyanos y además, el daño al país. Porque si de por sí la sociedad mexicana está dividida y en estado de fuerte crispación, la manera de legislar de nuestros representantes le mete leña al fuego en lugar de buscar algún acuerdo o apaciguamiento de los ánimos.

Hace algunos años escuché al historiador Friedrich Katz, decir que México se encamina a un destino como el de Rusia: de pobreza y hambre, sin instituciones ni ley, en degradación y decadencia, en el que sólo prosperarán las mafias y la delincuencia. Todo parece indicar que nuestros legisladores están haciendo lo que sea para cumplir la negra profecía. Como ciudadana me atrevo a afirmar que quienes están llevando al país al desastre son los diputados y senadores con sus pleitos y enredos y maneras equivocadas de legislar. El Congreso de la Unión se ha convertido hoy en obstáculo para que el país salga adelante.

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM

NOTA: Qué deplorable la existencia de intelectuales que ponen su capacidad (?) y por supuesto su espacio y su pluma al servicio de la mediocridad, porque ¿ a quién le sirve las conclusiones de un artículo como éste? Aparentemente el artículo va bien (o medianamente) pero termina desembocando en esa verdad (?) que tanto le puede venir bien a los medios como al gobierno, ansiosos de un autoritarismo mayor (casi casi presenta la disolución de los cuerpos legislativos como algo imperativo, ¡para que el país salga adelante!). Supuestamente mide a todos los legisladores con el mismo rasero y al hacerlo elimina la valía y valentía de aquellos (que sí debe haber) que precisamente quieren acabar con el estado de cosas actual, de hipocresía y -sobre todo- de servicio incondicional a los poderosos. Pretende hacer recaer la responsabilidad a quienes quieren vengar un pasado que no les gusta, que son ignorantes, exhibicionistas y toda una retahila de epítetos. Ya díganos: a quiénes se refiere? A todos? también a los panistas? La sociedad está dividida por la gente que se hizo del poder y quiso conservarse en él a toda costa, es ella quien dañó y daña al país. Y es ella la que está representada mayoritariamente en el cuerpo legislativo. Mientras la sociedad esté manipulada (y parece que Sara S. ayuda a este propósito) será una sociedad enferma y eso estará presente en todos los niveles e instituciones. Queremos instituciones sanas? Practiquemos, procuremos y defendamos -objetiva, sin reparo alguno y transparentemente- la democracia, que ella nos llevará a la justicia social que tanta falta nos hace y sólo ella reconciliará a los que carecen de tanto con aquellos que los han despojado de tanto.

Revelaciones presidenciales

Manuel Camacho Solís, el Universal
10 de diciembre de 2007

En el aniversario de su toma de posesión, Felipe Calderón hizo dos revelaciones significativas que no merecieron la atención de la prensa. Una, sobre el pasado, ayuda a entender su estado de ánimo y su visión sobre la izquierda. La otra, sobre el futuro, anuncia la que podría ser la principal decisión de su gobierno.

Más allá de la catarsis del aniversario, conviene detenerse en lo que, Calderón les dijo, en Radio Fórmula, a Joaquín López Dóriga y a los “alebrijes”.

JLD: “… para hacer un balance, hay que remitirse a hace un año y me llevaría al 29, 30 de noviembre de 2006, cuando este país estaba al borde la crisis constitucional”.

Ante esa pregunta, Felipe Calderón se suelta. Empieza por recordar con el mayor detalle cuál era su estado de ánimo en los días previos a la toma de protesta. Se refiere a la estrategia que había diseñado para ocupar la Cámara, prácticamente desde el último Informe frustrado de Vicente Fox. Recuerda sus tiempos de diputado. Su vicepresidencia. La existencia de una puerta no aparente, atrás, en el salón de banderas. Las instrucciones que da al Estado Mayor y a los coordinadores, de resguardar la puerta con discreción.

Recuerda cómo la madrugada del 1 de diciembre, “tomamos simbólicamente posesión de las instalaciones de los Pinos, de la Presidencia y del propio Palacio Nacional, a través de una ceremonia insólita, con cadetes del Colegio Militar y el presidente Fox, poniendo en manos de uno de ellos la banda presidencial”. Recuerda también cómo adelantaron los tiempos de la sesión del Congreso, el manejo centralizado que hizo Cepropie de la comunicación que la cortó desde su llegada a San Lázaro. Hasta la necesidad de decirle al diputado Jorge Zermeño: “a ti te toca ponerme la banda presidencial, ¿o falta la banda?” …y el momento de tensión en donde, “veo de reojo que el presidente Fox deja la banda en la mesa directiva y aplaude, y yo decía, bueno, aquí voy a estar echándole un ojo, no vaya a ser que algún perredista brinque y le corra con la banda, como si fuera futbol americano, ¿no?”.

Para concluir con su interpretación política: “la responsabilidad patriótica de los legisladores del PRI y el PAN” (versus la del PRD). “…Si alguna razón hay ahora en el crecimiento electoral del PRI y en la caída estrepitosa del PRD, probablemente esté asociada con su grado de compromiso con la vida institucional de la República”.

A un año de la toma de posesión, Calderón no acaba de comprender lo que ocurrió ese día.

En la Cámara: ¿él cree que era el único que sabía de la puerta discreta? ¿Cree que no tenía la oposición, la posibilidad de llevar a cabo otras acciones más duras dentro del recinto?

En la coyuntura del momento: ¿Aún no sabe que, más allá de las palabras altisonantes, el factor determinante del desenlace del primero de diciembre no fue el dispositivo policiaco con el que él se embeleza, sino la decisión que se tomó, precisamente la noche anterior, por parte del movimiento opositor y de Andrés Manuel López Obrador, de evitar, con determinación, la violencia en las calles y en la Cámara?

Lo más importante fue la madurez de la gente a lo largo de toda la protesta y la responsabilidad de los líderes de la oposición en los momentos determinantes. ¿Es mucho reconocerlo desde la comodidad del poder presidencial?

La lectura sesgada que, a un año de distancia, tiene el Presidente sobre lo ocurrido, explica su falta de generosidad con su adversario principal y su incapacidad para ofrecerle al país una verdadera reconciliación.

En la otra entrevista reveladora, en el programa de noticias financieras que dirigen “los alebrijes”, Felipe Calderón les dijo, sin ambigüedad alguna, que pretende abrir la exploración de las aguas profundas del Golfo a las empresas extranjeras. Con esas revelaciones presidenciales sobre los días más difíciles de su gobierno y esa prioridad en mente, comienza su segundo año.

Nota: Pues sí que no le dieron difusión a dichas entrevistas. Hay que reconocerle al expriísta Camacho Solís una fidelidad al Frente Amplio Progresista que muchos perredistas no le guardan, por ejemplo los chuchos.

Juicios sumarios

Eduardo Ibarra Aguirre
A un abogado, economista y político profesional como Felipe de Jesús Calderón Hinojosa que, además, despacha en Los Pinos desde hace 372 días, es decir: no es un novato, se le puede pedir un mínimo de coherencia política e institucional sin ánimo de amargarle el día. Esto último lo aclaro porque dicen los panistas que lo conocen de cerca: “Es muy pinche rencoroso”.

Lo sea o no, es su problema. Yo vivo de y para la crítica de todo aquello que es público. Lo privado, mientras no sea sobrepuesto a la nación, como lo hizo la célebre pareja presidencial, no es del interés público.

En la euforia del festejo por el primer año de gobierno, Calderón Hinojosa rehusó opinar sobre la práctica absolución de la Suprema Corte de Justicia la Nación a favor de Mario Plutarco Marín Torres, como violador reincidente de las garantías individuales de Lydia Cacho Ribeiro, en diciembre de 2005, tanto en Cancún, Quintana Roo, como durante el traslado a Puebla de los Angeles y el encarcelamiento.

Con una fórmula que recuerda los tiempos de la retórica priísta, el de Morelia no quiso rescatar que el 17 de febrero de 2006, cuando saturaba al país de promesas y de propaganda negra suscrita por membretes de Acción Nacional, le sacó una tarjeta roja al góber precioso, le exigió que renunciara y solicitó al Congreso poblano que iniciara un juicio político.

Es de sabios cambiar de opinión. En particular para el inquilino principal de Los Pinos, ávido de alianzas y apoyos priístas. Y 22 meses después da un viraje de 180 grados con el discurso del “respeto absoluto” a la SCJN y también al Poder Legislativo, por supuesto que -voz engolada de por medio: “sin menoscabo de tener yo mi propia opinión, la cual me reservo para precisamente no lesionar una relación institucional y respetuosa entre poderes”.

¿Le interesa a usted, amable lector, la “opinión personal” de alguien que no tiene los tamaños políticos para hacerla del conocimiento de sus gobernados?

Seguramente nadie lo puede demostrar, pero existe la percepción de que el michoacano y el poblano negociaron impunidad -“hoy más fuerte que nunca”, sostienen los investigadores Daniel Márquez Gómez y John Mill Ackerman Rose en el número de Forum de diciembre- a cambio de apoyos de las bancadas del Revolucionario Institucional, una de ellas bajo la coordinación de Emilio Gamboa Patrón, diputado que en medios periodísticos y llamadas telefónicas se le vincula con pederastas arropados por el poder público.

Sólo que el “absoluto respeto” a los otros poderes de la Unión desapareció de inmediato cuando a Felipe de Jesús Calderón se le atravesó “el presidente Fox”, como lo denomina en agradecimiento perenne y se presume que sin demérito del cargo que desempeña, gracias al guanajuatense que acaba de recibir una puntual crítica de la Fundación Konrad Adenauer, de origen demócratacristiano, porque el ahora vicepresidente de aquella tendencia política “violó las reglas diseñadas para apuntalar la naciente normalidad democrática de México” y “hasta incitó un plan transexenal, como en el pasado, al impulsar la posible candidatura de su esposa Marta Sahagún, y luego la de su amigo Santiago Creel”.

Frente a Vicente Fox Quesada, a quien la Adenauer califica de “intolerante con los adversarios políticos” en 2006, de “cometer terribles errores que él mismo había señalado desde la oposición como inadmisibles” y que buena parte de la opinión pública y publicada señala como súbito enriquecido, junto a familiares y parientes políticos, el egresado de la Libre de Derecho amenaza con que no permitirá “juicios sumarios para satisfacción de revanchas políticas”.

¿En dónde quedó el “absoluto respeto” al Legislativo? La Cámara de Diputados investiga el presunto enriquecimiento ilícito del ranchero más exitoso del orbe y en Los Pinos nadie tiene derecho a bloquear su trabajo y escamotear la verdad al país.

Calderón impuso a su cachorro en el PAN para manipularlo

Pedro Echeverría V.
Rebelión
10 dic. 2007

1. El millonario Camilo Mouriño (que como jefe de la Oficina de la Presidencia cogobierna con Felipe Calderón) festejó que Germán Martínez haya llegado a la dirigencia del PAN con 97 por ciento de la votación “porque el PAN está unido en torno a su nuevo liderazgo”. Rechazó que se redite el fenómeno del partido-gobierno que vivió el PRI durante 70 años, pero (dijo) no sería sano para la Presidencia una distancia del PAN por no repetir el pasado, sentenció mientras en el patio del búnker panista se celebraba con mariachis y antojitos mexicanos. Martínez se comprometió a defender las administraciones emanadas de su partido y en especial al actual jefe del Ejecutivo federal, no sólo porque es panista, sino porque el éxito de su labor representa para muchos mexicanos una esperanza de igualdad, explicó. Para sellar su ofrecimiento se dirigió al mandatario y sentenció: “¡Este es tu partido, presidente Felipe Calderón!”.

2. Pero cualquier panista hubiera sido más de lo mismo. Martínez es lo mismo que Espino, Álvarez, Cevallos o Abascal. Ellos impondrán como norma la defensa de los intereses empresariales y del clero tal como desde hace 68 años está inscrito en su programa que en los últimos tiempos se ha modernizado con el neoliberalismo. ¿Cómo pueden los panistas dejar de defender el programa privatizador de Calderón, o éste no privilegiar al PAN si son la misma cosa? Es un gran engaño, una cínica demagogia, decir que Calderón ya presidente va a defender al país en su conjunto y escuchar a todos por igual. Él tiene la obligación de entregarle las millonadas de los presupuestos al PAN porque este partido se encargará de difundir y defender su política. ¿Alguien piensa tontamente que ante los avances del PRI o de los demás partidos el PAN se va a cruzar de brazos? El PAN es el brazo derecho de Calderón, ni más ni menos.



3. La realidad, y al parecer no puede ser de otra manera, los partidos en el gobierno son partidos de Estado. Ese papel cumplió el PRI durante 71 años y el PAN desde el 2000. Pero además es lo que sucede (con algunas diferencias de grado) en los EEUU, entre los socialdemócratas europeos y en lo que se llamó el “bloque socialista”. Quizá lo que habría que proponer es que al triunfar un partido desaparezca automáticamente para evitar gastos dispendiosos y para que no defiendan a sus gobernantes delincuentes; pero esto en las dictaduras de “clase política” es más que imposible. El partido de gobierno es el brazo propagandístico del presidente y éste, de manera abierta o en la oscuridad, destina millonarios presupuestos de las distintas secretarías para el partido. Por eso Mouriño, el ideólogo del gobierno de Calderón, pidió a los panistas que no les importe que los confundan con el pasado priísta, porque hay que defender al jefe del Ejecutivo.



4. Entonces habría que preguntar: ¿Pueden los partidos funcionar de otra manera, sin defender al gobierno que ellos mismo llevaron al poder? Quizá, como dijera Mao en los sesenta: “construir un partido de nuevo tipo, es decir que esté al servicio de las masas”. Que encabece las demandas de los campesinos, de los obreros, de los sectores populares, obligando a su propio gobierno a resolver los problemas de los trabajadores. Sin embargo a pesar de ese llamado y de la “Gran Revolución Cultural” de 1966, el partido no dejó de ser un importante instrumento del gobierno y de su Estado. Pero quizá no se ha dicho la última palabra. En Venezuela, Bolivia y Ecuador la intervención directa de los de abajo sin partido (a pesar de que los partidos de gobierno se han reorganizado para enfrentar a la burguesía rabiosa y al imperialismo) quizá fortalezcan los autogobiernos comunitarios y las redes terminen acabando con la centralización.



5. Los partidos son producto de las sociedades capitalistas y cumplen un importante papel para que éstas permanezcan. Así como la estructura de la familia le da solidez a la organización de la sociedad jerárquica, los partidos modernos (que no existieron como tal en la sociedad feudal ni tampoco en el socialismo porque éste aún no se ha dado) cumplen un papel político para su supervivencia social. Nacen para representar intereses de clase social: partidos conservador, católico, liberal, progresista, revolucionario, socialista, etcétera, pero bien establecido el sistema de dominación éste los absorbe para que sirvan a los intereses de la clase, del sistema dominante en conjunto y de la clase política en particular. Ellos pueden confrontarse como partidos pero no pueden poner en peligro la subsistencia del Estado y el orden establecido. Cuando han rebasado esos límites los convierten en “terroristas, delincuentes y enemigos de la libertad establecida”



6. Quizá por eso los anarquistas no se organizan en partido ni en agrupaciones permanentes pues han planteado que el partido es el germen del Estado, es decir, que el Estado autoritario o despótico, explotador, conformado por ejércitos, policías, medios de información, leyes, cárceles y jueces, tiene su origen en los grupos de dirigentes que desde arriba empiezan a determinar políticas para que los de abajo cumplan y obedezcan. Los anarcos son partidarios de organizarse, o mejor coordinarse, sólo para batallas concretas, para acciones de defensa y de protesta, pero de ninguna manera aceptan la organización permanente. Difícilmente plantean hacer revoluciones (que generalmente terminan dominadas por un partido) sino organizar revueltas en las que todas las jerarquías de dominación desaparecen; mucho menos se plantean ocupar cargo alguno porque piensan que sólo desde abajo, desde la comunas o colectivos, se puede luchar.



7. La derecha también combate el centralismo del gobierno y del Estado, pero no para reivindicar las colectividades o las comunas de trabajadores; no para que los pueblos construyan una sociedad igualitaria. La derecha combate al Estado (diferente a como lo hacen los anarquistas) para imponer y proteger la gran propiedad de los empresarios sobre los bancos y la industria, así como a los latifundistas sobre la tierra. La derecha combate contra los sindicatos (no para que sean honestos y defiendan los intereses de los trabajadores) sino para desaparecerlos o que sirvan a los empresarios como sindicatos blancos o patronales. Pero en el caso de conquistar el gobierno (como el PAN ahora) gobierno, sindicatos y partidos los centralizan en un solo poder. Lo que en su programa escribieron y dicen dientes afuera, ya no les conviene aplicarlo. Aprendieron en la práctica que para gobernar necesitan centralizar todo: partidos y Estado.



8. ¿Qué hacer ante la contradicción aparatos de poder y libertad, privilegios políticos y económicos para unos pocos y opresión para la mayoría de la población? Quizá crear organismos de base con alta conciencia de colectividad que permitan subordinar a los directivos a los intereses del grupo de trabajo político, sindical o comunitario. Debe impulsarse la rotatividad en las funciones políticas y administrativas con el fin de que todos se hagan responsables y aprendan a autoorganizarse. Hay que evitar, a como dé lugar, que algún partido, grupo u organización imponga sus puntos de vista porque por ese solo hecho está poniendo las bases de la división. Denunciemos a los partidos del poder por las grandes maniobras que hacen para engañar a la población. Ningún partido con jerarquía, con intereses políticos y económicos podrá nunca ser independiente del poder, mucho menos si es el partido del poder. ¿A quién engaña el PAN y Calderón?

Para no extrañar los viejos(?) tiempos del prigobierno:

Este es su partido presidente!

dijo en su arrebatado discurso Germán Martínez. Carlos Abascal lo presentó. ¡Qué bonita familia!

Historias carreteras

Mexico SA

Barril sin fondo, a una década del “rescate”

“Defensa” de emigrantes (versión discurso)

Ampliar la imagen Aspecto del puente Mezca de la carretera Cuernavaca-Acapulco Foto: María Luisa Severiano

Allá por su segundo informe de gobierno, en pleno sueño primermundista, muy orondo presumía Carlos Salinas de Gortari de que “al término de la concesión a los particulares (50 años), las carreteras revertirán en propiedad de la nación (…) y la participación privada ha permitido reorientar recursos fiscales al mantenimiento y construcción de carreteras”.

Hablaba de un programa de concesiones carreteras que, lejos del júbilo que en él provocaba, ha causado uno de los mayores estragos financieros al Estado mexicano, porque en los hechos no hubo “reversión” alguna, sino multimillonario “rescate” a costillas del erario, y los recursos fiscales en realidad se destinaron a sacar del hoyo a los ambiciosos concesionarios (entre los más importantes ICA, Grupo Mexicano de Desarrollo, Tribasa, hoy Pinfra, y Gutsa) y no “al mantenimiento y construcción de carreteras”.

En este 2007 se cumple la primera década del “rescate” original (Zedillo, 23 concesiones carreteras otorgadas entre el 28 de julio de 1989 y el 4 de agosto de 1994; Fox añadió 26, incluidos cuatro puentes, para un total de 49) y de los cerca de 58 mil millones de pesos involucrados en aquel decreto presidencial del 27 de agosto de 1997, ahora los mexicanos cargan a cuestas con un pasivo cercano a 180 mil millones.

Así, el grueso de las concesiones carreteras no sobrevivieron siquiera un lustro, y de aquella idílica “reversión” al Estado presumida por Salinas de Gortari sólo queda el humor negro asociada a ella y a él, pues en el décimo aniversario del citado “rescate” las autopistas –saneadas, limpias– regresan a los concesionarios originales (los favorecidos por CSG), como en el más reciente caso de ICA que “ganó” una “licitación” para quedarse con los mismos tramos, más su pilón, que una década atrás le “rescató” el erario.

Y como recordar es vivir, en aquel agosto de 1997 cuando en el Diario Oficial de la Federación se publica el decreto presidencial sobre el “rescate” carretero, una combativa bancada legislativa en San Lázaro alzó su voz para “manifestar nuestro desacuerdo con la medida, porque con recursos fiscales se salva a unas cuantas empresas privadas... El programa es un engaño y exigiremos una investigación para que se finquen responsabilidades a los funcionarios de las Secretarías de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes, del sexenio anterior (el salinista) y del actual (el zedillista) dado el daño causado y el fracaso de la concesión de carreteras”. En aquel entonces, Felipe Calderón Hinojosa fungía como presidente nacional del PAN, partido al que pertenecía tal bancada.

Diez años después, Calderón es el inquilino de Los Pinos y lejos, muy lejos, de hablar de “engaños” e “investigaciones”, el propio michoacano ha puesto en marcha el (tercer) “nuevo” programa de concesiones carreteras, mientras los legisladores de Acción Nacional aplauden la decisión, es decir, la copia vil (“seguimiento” le llaman) del programa que Carlos Salinas de Gortari presumía aquel primero de septiembre de 1990, el mismo, pues, que terminó en “rescate (en sus dos versiones, zedillista y foxista) y que ahora se presume como “novedad” y cuyas concesiones las obtienen los mismos que fueron “rescatados” una década atrás.

Alrededor de 180 mil millones de pesos después, el gobierno, versión “continuidad”, juega las mismas cartas y apuesta a los mismos ganadores, mientras las tarifas carreteras que se cobran en México (la México-Toluca especialmente) se cuentan entre las más costosas del planeta.

Pues bien, en este contexto de espeluznantes historias carreteras, miles de millones de pesos del erario de por medio, los mexicanos deben estar felices, unir sus manos y cantar ¡Aleluya!, porque a 14 años de su inauguración (Salinas de Gortari cortó el listón en 1993) y a 10 de su “rescate” (Zedillo firmó el decreto respectivo), la “rehabilitación” de la Autopista del Sol ((México-Cuernavaca-Acapulco), con dinero público, por fin “quedó concluida”, amén de ser “segura, eficiente y operar en condiciones adecuadas”, según disposición de uno de los genios de la onerosa cadena concesión-“rescate”-reconcesión, Luis Téllez, que hoy despacha en la oficina principal de la mismísima Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Qué bueno que ya sea transitable, aunque mucho cuidado, pues tal afirmación proviene del mismo personaje que a principios de 2007 dijo que aquellos “concesionarios” originales “rescatados” una década atrás “no podrán participar” en las “nuevas” concesiones, y que en agosto del mismo año confirmó que el “ganador” de la primera “licitación” carretera en tiempos de la “continuidad” fue ICA, o lo que es lo mismo uno de los principales “rescatados” dentro del grupo de “concesionarios” originales, de tal suerte que esa “rehabilitación” puede ser dudosa.

Lo que no lleva a duda alguna es de dónde sale el parné, pues el “rescate” y la “rehabilitación” de las carreteras concesionadas ha corrido, corre, a costillas de los mexicanos, y en el caso de la Autopista del Sol la más reciente “rehabilitación” ha tenido un costo cercano a mil 500 millones de pesos, de los que ni un solo centavo aportaron los grupos privados que participaron en su “fallida” construcción.

La historia de la Autopista del Sol está llena de “rehabilitaciones” (léase parches) como la presumida por Téllez, pero también de intocados delincuentes de cuello blanco que hoy, como siempre, se mantienen prendidos de la ubre oficial sin mayores consecuencias legales.

Vayan pues por la Autopista del Sol, pero no olviden la llanta de refacción ni, sobre todo, lo dicho por Téllez.

Las rebanadas del pastel

Andaba el cruzado michoacano duro que te dale con el discurso “en defensa” de los emigrantes mexicanos, cuando alguien apuntó que el inquilino de Los Pinos ni por aproximación dice que la mejor “cobertura” y “reivindicación” que puede dársele a ese creciente grupo de nacionales es la generación de empleo de calidad, con prestaciones de ley, salario remunerador y, lo más importante, en casa. Pero eso no cabe en el discurso.

La 'Iniciativa Mérida' (Antes: "El Plan México")

El Norte, 06 dic. 2007.

Lorenzo Meyer.

.

Pese a toda la evidencia que se acumuló y al informe que se presentó, pese a la lógica y al sentido común, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que el Gobernador de Puebla, Mario Marín, nunca conspiró con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos de la periodista Lydia Cacho y, en todo caso, nunca se afectaron los derechos de la autora de "Los Demonios del Edén" de manera grave. Mucho se puede y se debe decir en torno a la posición asumida por la SCJN, pero una cosa ha quedado clara: Andrés Manuel López Obrador tenía razón cuando propuso mandar al diablo al tipo de instituciones que se comportan como la SCJN. Y es que se mantiene el carácter corrupto y autoritario que adquirieron las estructuras políticas, legales, económicas o educativas bajo el priismo. Y es eso lo que está dando la tónica del actual tiempo mexicano.

.

A propósito de la deficiencia institucional.

.

Según The Washington Post (18, noviembre, 2007), al examinar la llamada "Iniciativa Mérida" (IM) el Gobierno de George W. Bush descubrió un mundo de posibilidades en México: encontró que el acuerdo que le ofrece Felipe Calderón para intercambiar ayuda por cooperación para la seguridad fronteriza puede permitir a Estados Unidos intentar una operación de ingeniería jurídica y policiaca que le permita reconstruir ("revamping") el sistema legal mexicano.

.

De la respuesta que están dado el Departamento de Estado, el Congreso y los medios norteamericanos a la propuesta mexicana se puede deducir que el vecino del norte pretende aprovechar la coyuntura -la violencia, el narcotráfico y el desprestigio del sistema de justicia mexicano- para intervenir en el rediseño de las instituciones mexicanas y reforzar su política de seguridad.

.

Un buen precio.

.

Es cierto que en el pasado, por lo menos a fines de 1927 y con la aceptación del Gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles, la embajada norteamericana reescribió la iniciativa de ley petrolera para adaptarla a sus intereses (Meyer, "México y los Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942", 1972, pp. 269-276). Pero fue un caso aislado y donde el daño se revirtió con la expropiación de 1938. Hasta el momento, México había insistido en mantener alejado a Estados Unidos del diseño e intervención directa en sus procesos políticos o jurídicos. Y es que esa política es la condición mínima indispensable para lograr y mantener espacios de soberanía.

.

Sin embargo ahora, por una ayuda de 500 millones de dólares -equivalente a sólo el 0.06 por ciento de nuestro Producto Interno Bruto-, el Gobierno de Calderón aparece dispuesto no sólo a colaborar con Washington en asuntos de seguridad -lo que en sí mismo pudiera ser positivo- sino a permitir que el Gobierno norteamericano se introduzca legalmente en áreas estratégicas de los procesos de toma de decisiones en México. A la luz de la historia y de la lógica no es fácil explicar esta decisión, pero antes de avanzar, conviene hacer una breve síntesis de lo que se supone que es la IM.

.

El paquete.

.

En principio, los recursos que la Presidencia estadounidense ha pedido a su Congreso deberán destinarse a "aumentar la capacidad de México para enfrentar amenazas internacionales, entre las que se cuentan bandas criminales y narcotraficantes que afectan la seguridad norteamericana, así como apoyar el reforzamiento de sus sistemas de justicia y programas de cumplimiento de la ley". La IM descansa en tres "pilares estratégicos": a) lucha contra el narcotráfico y por la seguridad fronteriza (306 millones), b) seguridad pública y aplicación de la ley (56 millones) y c) construcción institucional de la legalidad (101 millones).

.

Las cifras anteriores no significan facilitar a México dinero contante y sonante sino equipo y entrenamiento para usar los escáneres de rayos gama, dispositivos para medir densidades, aparatos para detectar contrabando de armas o personas, helicópteros, aviones ligeros, vehículos blindados o programas para mejorar el sistema de prisiones o los procesos legales. Finalmente, 37 millones los usará directamente el gobierno norteamericano para administrar el programa y asegurarse de que todo se maneje "apropiadamente", es decir, vigilar la forma como el gobierno supuestamente soberano de México hace uso de los recursos que la potencia le facilitará.

.

La visión norteamericana.

.

En Estados Unidos, la IM se conoce como la "Mexico and Central America Security Cooperation Initiative", y esta cooperación, entre muy desiguales ofrecida espontáneamente por México, ha despertado entusiasmo en sus círculos gubernamentales -lo mismo entre republicanos y demócratas-, así como entre sus estudiosos de la realidad mexicana. En Washington se afirma, no sin cierta sorpresa, que la IM "representa una oportunidad sin precedentes" para que Estados Unidos pueda intervenir en asuntos de seguridad al sur de su frontera como parte de la "guerra contra el terrorismo". Para mejor resguardar su seguridad, Estados Unidos requiere que se imponga "el imperio de la ley" en México y Centroamérica, y la IM puede ser un mecanismo para lograrlo.

.

¿Y desde la perspectiva mexicana?

.

Un dicho popular advierte contra las consecuencias de las acciones de los "idiotas con iniciativa". Desde México, y si sólo se atiende a lo que se conoce, se podría concluir que la IM es una iniciativa inepta, pues, por un plato de lentejas -500 millones de dólares apenas equivalen a menos de un décimo del PIB-, el gobierno está dispuesto a abrir la puerta para que legalmente Estados Unidos se introduzca en temas cuyo manejo ha sido y debería seguir siendo un asunto enteramente mexicano.

.

Desde la perspectiva mexicana, la aparente insensatez de la IM -propuesta de la cual el público no conoce más que el cascarón- empieza a tener una explicación más lógica, aunque no mejor, si se supone que su objetivo no es sólo aumentar los recursos mexicanos para luchar contra un crimen cada vez más organizado y atrevido, sino otro más implícito, y no enteramente distinto del que llevó a Benito Juárez en los aciagos tiempos de 1859 a firmar el Tratado MacLane-Ocampo, o a Carlos Salinas proponer a Washington, 130 años después, un tratado de libre comercio. En ambos casos no sólo se buscó conseguir recursos sino, sobre todo, asegurar el apoyo norteamericano para el régimen que suscribió los respectivos acuerdos.

.

Como se recordará, en virtud del tratado de 1859, México cedía aspectos importantes de su soberanía territorial a Estados Unidos -derecho de paso a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec, entre otras cosas-, pero en sus cláusulas políticas comprometían al gobierno de Washington a ir en ayuda del gobierno liberal si éste estaba en peligro. Y aunque finalmente el tratado no fue ratificado, su espíritu funcionó, pues los conservadores fallaron en su ataque a Veracruz en parte porque un buque de guerra norteamericano impidió que entraran en acción los barcos adquiridos por los conservadores en Cuba. Carlos Salinas, con una economía en crisis y una legitimidad destruida por el fraude electoral, terminó por ser presentado como "gobernante modelo" por los medios norteamericanos gracias, sobre todo, a su iniciativa para integrar a México a la economía norteamericana.

.

Hoy, un Felipe Calderón que llegó muy cuestionado al poder ha propuesto a Washington un camino para integrar más a México al sistema de seguridad norteamericano. En unos Estados Unidos donde la anterior gran propuesta mexicana, la de un acuerdo migratorio que beneficiara a millones de trabajadores sin documentos, fue rechazada de manera rotunda y humillante, la IM ha logrado despertar entusiasmo. Cuando la IM entre en acción se habrá dado un paso grande en la centroamericanización de México, pero es difícil que realmente logre lo que se propone: la reconstrucción del sistema legal y de seguridad mexicanos. La crisis de la SCJN es sólo la punta del iceberg de un sistema jurídico corrupto hasta la médula e irreformable en el corto plazo.

.

Sin embargo, lo que sí puede lograr de inmediato la IM es crear un gran capital de buena voluntad norteamericana para Calderón y su gobierno, lo que no es poca cosa. Un mínimo de sensibilidad histórica muestra que la IM va a contrapelo de lo que ha sido el sentido de la relación entre nuestro país y el poderoso vecino del norte, es decir, un intento sistemático por mantener y ampliar la independencia relativa de México pues, a pesar de la gran asimetría de poder entre los vecinos, este afán resulta vital para nuestros intereses. De ahí que la IM no es resultado de la acción de idiotas con iniciativa sino la de maquiavélicos con mucha iniciativa y poco sentido de la soberanía.

Carta del presidente legítimo de México

LLAMA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LEGISLADORES PERREDISTAS A NO AVALAR EL PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL QUE SE PRETENDE APROBAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Durante las últimas semanas, las negociaciones sobre la llamada reforma electoral han ocupado la atención de medios informativos y analistas políticos. Después de un golpe mediático al anunciar la restricción a la contratación directa de espacios en medios electrónicos para las campañas electorales —que provocó hipócritas reacciones de los grandes concesionarios de las televisoras y radiodifusoras—, la reforma electoral se ha ido achicando, convirtiéndose en botín de los intereses partidarios y alejándose cada vez más de los intereses ciudadanos y democráticos de la sociedad.

Como aportación al análisis de este tema, publicamos a continuación dos materiales. El primero es la carta que Andrés Manuel López Obrador ha dirigido el día de hoy a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para exhortarlos a rechazar la antidemocrática reforma electoral que se cocina estos días entre las cúpulas de los principales partidos políticos mexicanos. El segundo son las referencias a la reforma electoral que forman parte de una entrevista más extensa efectuada el pasado 28 de noviembre por Sergio Sarmiento al presidente legítimo de México.

Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigida a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Javier González Garza y Carlos Navarrete Ruiz, respectivamente

A los coordinadores de los grupos parlamentarios del

PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República,

Javier González Garza y Carlos Navarrete Ruiz.

P r e s e n t e.

Expreso a ustedes, de manera respetuosa, mi absoluto desacuerdo con la llamada reforma electoral que se pretende aprobar en los próximos días en el Congreso de la Unión.

Considero que este proyecto, en vez de contribuir a que el país retome el camino de la democracia, afianza el predominio ilegítimo del bloque conservador que nos robó la elección presidencial del 2006.

Es entendible que el PRI y el PAN, como representantes de la oligarquía, estén a favor de impedir que el pueblo elija libremente a sus autoridades mediante elecciones limpias, libres y auténticas, pero nada justifica que los legisladores del PRD se presten a esta maniobra antidemocrática y menos la promuevan.

La iniciativa de reforma que se intenta aprobar, entre otras cosas, impide la formación de coaliciones, postura contraria a lo que ha venido defendiendo el PRD desde sus orígenes.

Además, en la integración del Consejo General del IFE persiste el contubernio entre el PRI y el PAN, para mantener la subordinación de ese órgano, tal como lo hicieron cuando recientemente nombraron a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No está de más precisar que, como a ustedes les consta, me he mantenido al margen de estos acuerdos y, por mi compromiso con la democracia, jamás negociaría el nombramiento de un consejero para justificar cualquier retroceso.

Asimismo, considero que sería un acto de simulación votar a favor en lo general y hacerlo en contra en lo particular, para seguir cubriendo las apariencias.

En consecuencia, les pido que transmitan este punto de vista a los legisladores del PRD, para que cada quien actúe de conformidad con su conciencia, de cara a los militantes y simpatizantes de nuestro partido, y asuman su responsabilidad histórica.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente

Ayotzinapa

Protesta de estudiantes de la normal de Ayotzinapa

frente al palacio de gobierno en Chilpancingo.

.

La PFP desalojó violentamente a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que tomaron la caseta de cobro de la Autopista del Sol en La Venta, a la entrada de Acapulco, para exigir más plazas de maestros.

Notas sobre la Educación Normal y el Conflicto con Ayotzinapa.
Carlos Reyes Romero.
.

1.- El sistema de educación básica y normal se desordenó en todo el país, a partir de la descentralización educativa de 1992, cuando la responsabilidad de su administración pasa a las autoridades educativas locales, con la excepción del Distrito Federal donde todavía esta responsabilidad es de la SEP.
.

El desorden educativo imperante es más acusado en cuanto al estado que guarda la educación normal y se expresa en la baja calidad del servicio educativo, el bajo perfil profesiográfico de los maestros de maestros y la mala preparación de los futuros docentes. De esto nos hablan contundentemente los exámenes nacionales de conocimientos en las licenciaturas de educación preescolar y primaria, que se han venido aplicando a partir del ciclo escolar 2003-2004 por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), así como la desproporcionada matrícula escolar con relación a los requerimientos nacionales y estatales de nuevos docentes.
.

Es importante destacar que a partir de que se consumó la modernización educativa (mayo de 1992), la matrícula normalista nacional (pública y privada) se disparo en un 94.2 %, al pasar de 110, 975 estudiantes durante el ciclo escolar 1992-1993 a 215, 506 en el ciclo escolar 1999-2000; la educación normal pública creció en un 76.5 %, al pasar de 81, 045 alumnos en 1992-1993 a 143, 050 en 1998-1999 (ciclo en que las autoridades educativas federales empezaron a poner freno a esto), mientras que la educación normal privada creció en un 168.5%, al pasar de 29, 930 alumnos en 1992-1993 a 80, 358 en 2000-2001.[1]
.

Guerrero no es la excepción, sino el punto más álgido de este desorden, de ahí que ocupemos los últimos lugares en los indicadores educativos nacionales. No es un problema de cobertura, ya que la entidad ocupa el primer lugar nacional en cuanto a cobertura educativa en educación primaria y en cuanto a la cobertura de educación preescolar estamos en buena posición, según se reporta en los análisis y estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
.

2.- Guerrero ocupa el primer lugar nacional en cuanto a formación de maestros de educación básica, muy por encima de las once entidades federativas que cuentan con mayor población que la nuestra, a saber: Estado de México (14 millones), Distrito Federal (8.7 millones), Veracruz (7.1 millones), Jalisco (6.7 millones) Puebla (5.3 millones), Guanajuato (4.8 millones), Chiapas (4.2 millones), Nuevo León (4.1 millones), Michoacán (3.9 millones), Oaxaca (3.5 millones) y Chihuahua (3.2 millones).[2]
.

En Guerrero con 3.1 millones de habitantes, en los 12 planteles públicos de educación normal, 17 privados y las 5 unidades y 8 subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional que operan en la entidad -en total 42 planteles-[3] se forman actualmente 13, 730 docentes -9 % de la matrícula nacional-, sin contar a los que estudian en la UPN; mientras en el Estado de México sólo hay 9, 141 alumnos en 42 normales; en el Distrito Federal, 8, 327 en 25 normales; y en Veracruz, 5, 250 en 21 escuelas normales, por nombrar sólo los tres estados con mayor población del país.[4] Sin embargo, en los exámenes nacionales de conocimientos en las licenciaturas de educación preescolar y primaria, seguimos ocupando los últimos lugares.
.

Paradójicamente nos sobran y nos faltan maestros. Tenemos demasiados docentes comisionados en actividades sindicales y políticas, en áreas administrativas y en escuelas urbanas de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, por nombrar sólo las cabeceras de los municipios más poblados del estado. Nada más los trabajadores comisionados en las oficinas centrales de la SEG, en las 8 Subcoordinaciones Regionales y en las Jefaturas de Sector y Supervisiones escolares de preescolar, primaria y secundaria, superan en número a los poco más de 5 mil docentes de primaria que laboran en la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, donde se concentra el mayor número de maestros de este nivel educativo en el estado.
.

3.- Urge la reforma de la educación normal en Guerrero. Pero una reforma de fondo, integral, equitativa y justa, que reordene y reoriente todo el sistema de formación docente. Las escaleras se barren desde arriba y la reforma de la educación normal es la pieza clave de cualquier reforma educativa seria y congruente. Hay que preparar desde ahora a los docentes que van a reformar la educación básica. Sin esto la simulación educativa seguirá imperando.
.

Insistir sólo en la reforma de la Escuela Normal Rural "Prof. Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, es un desacierto político que denota una profunda animadversión contra uno de los últimos bastiones de la educación popular en Guerrero. Los zares de la educación normal privada han cometido mayores tropelías contra la educación[5] y nadie los molesta; al contrario se les encubre y protege por el grupo, como ellos se denominan, que dirige actualmente la SEG.
.

Preocupa el bajo nivel y rendimiento académico de los maestros y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero no es el único caso. Las normales privadas no andan mejor.[6]
.

En Guerrero, particularmente en la educación normal, se aplica con creces aquello de que la educación es área de desastre. Ahí están, insistimos, los contundentes resultados de los exámenes nacionales en la materia; no por algo las normales públicas y privadas de Guerrero, han opuesto tanta resistencia a estos exámenes. Ya vamos por el cuarto examen nacional y todavía no participan todas las normales de Guerrero.
.

Por otra parte, los promedios que exhiben los egresados de las normales públicas, no reflejan su verdadero aprovechamiento escolar. Esto es así, porque en las escuelas normales públicas de Guerrero no se aplican exámenes de conocimientos, ni existen criterios objetivos para evaluar y asignar calificaciones a los estudiantes. Desde hace muchos años, en ninguna de ellas se hacen evaluaciones de conocimientos, habilidades y valores que correspondan a referentes válidos y pertinentes, cuantificables e iguales para todos. Generalmente se evalúa al alumno mediante la entrega de trabajos encargados por el profesor y la asistencia a las prácticas escolares, lo cual conlleva un alto grado de subjetividad y facilita el favoritismo y la simulación, cuando no el comercio de calificaciones. En esas condiciones, ¿quién garantiza que efectivamente son mayores los promedios de los egresados de las otras normales que los de Ayotzinapa?
.

En el ejercicio del gobierno deben prevalecer la justicia y la equidad o se está en riesgo de actuar contra los intereses populares. El proteger y privilegiar sólo a quienes dominan la economía y el poder ya le ha causado muchos daños al país, como para que lo reproduzcamos aquí en Guerrero. ¡¡Aguas!!
.

4.- Para cubrir la demanda de contratación de los aproximadamente 700 egresados anuales de las normales públicas, se requieren en promedio de 300 a 350 plazas. Los otros egresados obtienen la plaza de sus familiares, la compran a alguien que se va a jubilar y, en menor proporción, se van a otros estados o simplemente se dedican a otra actividad. En este sentido, es significativo que el año pasado (2006) de la propia normal rural de Ayotzinapa sólo 74 de los 129 egresados, fueron contratados por la SEG; de los otros 55 no se sabe si ingresaron al servicio educativo por otros medios, si se fueron a sus estados o si se dedicaron a otra actividad.
.

El 100 % de las plazas demandadas por los egresados de Ayotzinapa el año pasado, en realidad se redujo al 57.4 %. Esta situación se repite en las demás normales. Para una sana y correcta toma de decisiones convendría analizar en qué medida se da esto en cada normal.
.

Las autoridades educativas aducen que los egresados de Ayotzinapa, no permanecen en los lugares que les fueron originalmente adscritos. Dan datos: señalan que 20 de ellos han cambiado de región, 20 de centro de trabajo, que otros 29 permanecen en su adscripción, que uno (1) está inactivo y que 4 no están frente a grupo. Nada más informan de Ayotzinapa ¿Y cómo andan al respecto los de otras normales? Convendría para saber con precisión que está pasando, revisar cómo anda al respecto el conjunto de la generación 2002-2006, que ingresaron al servicio educativo durante el ciclo escolar 2006-2007. Se tendría entonces un diagnóstico más objetivo de la situación; pero sobre todo permitiría identificar las subcoordinaciones, las jefaturas de sector y las supervisiones donde es mayor y más grave el cambio de adscripción. Porque se sabe, que el comercio de cambios es más grande y sistemático que el comercio de plazas.
.

4.- El sistema de asignación de plazas por "escalafón", es decir, conforme a los promedios descendentes de cada escuela, con los cuales se integra un "escalafón general", no es nuevo. Se ha aplicado en la SEG desde hace muchos años. Solamente una vez, durante la anterior administración de Daniel Pano Cruz, se intento hacerlo mediante concurso de oposición; al final el gobierno desistió de tal empeño y se volvió al viejo sistema.
.

Con ese sistema los egresados de Ayotzinapa no tenían, al igual que las otras escuelas, más plazas que las que cada escuela realmente necesita.
.

El problema para Guerrero, realmente está en el uso y destino que se les da a las llamadas incidencias, es decir a las plazas vacantes por defunción, jubilación, pensión, incapacidad permanente o renuncia. La inmensa mayoría de ellas quedan en manos del SNTE, en sus distintas expresiones; son ellos y no la autoridad educativa quienes deciden a quienes se otorga esas vacantes. En promedio son más de 800 plazas al año.
.

Lo más grave es que este año el grupo que dirige la SEG ha entregado al SNTE el 50% de las plazas que podían ser destinadas a los egresados de las normales y desde el ciclo escolar 2005-2006, han entregado al SNTE y al SUSPEG un porcentaje de las plazas para telesecundarias. Se sabe que cuando menos en el caso del SNTE, al no tener candidatos con el perfil profesional idóneo para cubrir estas plazas, solicitaron y obtuvieron su descompactación, es decir, que se les divida o se les cambie la función generalmente para áreas administrativas. ¿Por qué estas plazas no se destinaron a contratar egresados de las normales públicas? Es conveniente una amplia investigación al respecto.
.

El caso de las plazas para telesecundarias, es ejemplificativo del proceder del grupo dirigente de la SEG, porque en su inmensa mayoría se dieron a profesionistas egresados de otras instituciones de educación superior, a los cuales se habilita como maestros. Los egresados de las normales también podrían cubrir este tipo de plazas; también acreditan haber obtenido una licenciatura, más aún una licenciatura especializada en educación.
.

Volviendo al tema, algunos maestros que se jubilan o renuncian optan por entregar sus plazas a la SEG. No se sabe cuántos porque con la SEG es más burocrático el trámite que con los sindicatos. Muchas de esas plazas son para los compromisos políticos y la cooptación de aliados del grupo que dirige la SEG.
.

Sería conveniente revisar el total de la asignación, descompactación y ubicación final de plazas docentes y directivas en la SEG, del 1º de abril de 2005 a la fecha y se verá con claridad cómo sí es posible atender con genuina equidad las demandas de los normalistas y sentar nuevas bases para el ingreso a la función docente.
.

También se podrá observar cuál es el volumen de nuevos ingresos asignados a los egresados de las normales privadas, algo acerca de los cual las actuales autoridades educativas mantienen fuerte hermetismo.
.

5.- Lo real es que la política implementada por este grupo contra los egresados de la normal de Ayotzinapa, ha tenido altos costos políticos para el gobierno de Zeferino Torreblanca y que mientras más se alarga artificialmente el conflicto más va a crecer la presión de los gobiernos estatales donde hay normales rurales para que se resuelva el "caso Guerrero", hasta lograr que el gobierno federal intervenga, seguramente para que se les otorguen a los egresados las 85 plazas solicitadas.
.

El costo social y político del conflicto ya es demasiado alto para lo que realmente está en juego. Máxime que las autoridades educativas carecen de claridad y de estrategia adecuadas para resolver el conflicto, ya no digamos para resolver la desbordada problemática de la educación normal.
.

La política de dividir a los egresados y de aislar a los de Ayotzinapa, empieza a volverse en contra de sus autores. Meter a las expresiones sindicales a la carrera de haber quien ofrece más plazas a los egresados, tampoco es buena y los cobros de facturas seguirán elevándose. Conforme avanza el tiempo, se va develando el verdadero trasfondo del asunto: el fracaso del maquiavelismo policiaco con que enfrenta la problemática educativa el grupo que ha hecho de la SEG su botín.
.

28 de noviembre de 2007
.

[1] Cuadro estadístico. Educación Normal. Total nacional. Evolución de la matrícula de 1990 a 2004. Portal SEP. DGPPP. Estadística histórica del sistema educativo nacional, 1990-2004
[2] Portal SEP. Cuadro Estadístico: Educación normal. Matrícula por licenciatura. Ciclo escolar 2004-2005. SEP. DGN. Cuestionario de información básica de las escuelas normales, 2004-2005; e INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005.
[3] Estos son: 9 normales públicas y 3 Centros de Actualización del Magisterio; 17 normales privadas; las unidades de la UPN en Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez y sus respectivas subsedes: San Jerónimo, Zihuatanejo, Ayutla, Cruz Grande, Ometepec, El Rincón, Teloloapan y Ciudad Altamirano. Se desconoce la cantidad de alumnos que estudian en los planteles de la UPN, pero se estima en alrededor de 2, 000 alumnos.
[4] Portal SEP. Cuadro Estadístico: Escuelas normales por entidad, sostenimiento y licenciatura. Ciclo escolar 2004-2005. SEP. SEByN. DGN. Cuestionario de información básica de las escuelas normales, 2004-2005.
[5] Nada más las tres normales propiedad del profesor del CAM Acapulco, Gerino Astudillo Gallardo, habían acumulado hacia fines de la administración anterior 670 matrículas no autorizadas por la SEG. De igual manera, el Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo AC, el Centro de Desarrollo Educativo "Carlos Marx" de Ayutla de los Libres y la Universidad "Juan Ruíz de Alarcón", de Iguala de la Independencia, acumularon 323 matriculas no autorizadas. El Prof. Napoleón Astudillo propietario, entre otras, de la Normal "Justo Sierra" reporto a la SEP 183 alumnos más de los autorizados para educación secundaria. Sobre esta situación recayó un Acuerdo Parlamentario del H. Congreso del Estado en marzo de 2005, que exhortaba a las autoridades educativas del estado a proceder legalmente contra los transgresores y, en su caso, a la revocación definitiva de su licencia para impartir educación normal, en lo procedente. Hasta la fecha las autoridades educativas no le han dado seguimiento a este acuerdo, ni informado de su cumplimiento. El acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, del 15 de abril de 2005, tiene por tanto fuerza legal.
[6] Baste ver los resultados de los exámenes generales que se practican anualmente a los estudiantes de educación normal.