Editorial de La Jornada

Inconsecuencia diplomática

Como si hicieran falta indicadores claros del marasmo en el que actualmente se encuentra la política exterior mexicana, el gobierno de Felipe Calderón dio ayer muestra de una inconsistencia diplomática inaceptable y preocupante, sobre todo porque en esta ocasión se dio en el contexto del conflicto político que enfrenta el gobierno de Bolivia: al mismo tiempo que la titular de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, ofrecía a su homólogo del país andino, David Choquehuanca, “todas las garantías” de que México no apoyará al movimiento autonómico de Santa Cruz, la funcionaria aceptó que mañana se reuniría, “de manera no oficial”, con Óscar Ortiz, presidente del Senado y connotado integrante del derechista Poder Democrático Social (Podemos), quien viene en representación de su partido a gestionar el envío de “misiones humanitarias” a Bolivia, en apoyo a la autonomía opositora entre “gobiernos afines” al proyecto secesionista.

Para poner las cosas en perspectiva, debe recordarse que los actuales inentos de desestabilización política en Bolivia se deben principalmente a la acción de grupos oligarcas que han visto afectados sus privilegios con la llegada de Evo Morales a la presidencia, y que en su afán por recuperarlos parecen estar dispuestos a sabotear a un gobierno que cuenta con amplio apoyo popular, pero no con el respaldo de los dueños del dinero, aunque ello implique pasar por encima de la Constitución vigente y provocar una fractura nacional. En el departamento de Santa Cruz, el conflicto ha sido provocado y explotado por los grupos de terratenientes, quienes incluso han sido señalados de querer instaurar una autonomía de facto mediante la implementación de tácticas sediciosas. Tal es el talante de los sectores oligarcas que pretenden legitimarse con la celebración, el próximo 4 de mayo, de un “referéndum” anticonstitucional, desconocido por la propia Corte Nacional Electoral boliviana, y por las autoridades electorales de otros 14 países, entre ellos el nuestro.

Así, la recepción “no oficial” del líder escisionista boliviano cobra importancia por cuanto pudiera generar tensiones diplomáticas entre los gobiernos de México y La Paz. El propio embajador de la nación andina en nuestro país, Jorge Mansilla, ha manifestado que la solicitud de envío de “misiones humanitarias” para la celebración de la mencionada consulta “es insensata e innecesaria”, y aunque dijo que su gobierno no emitirá una protesta por el encuentro de la canciller con el líder opositor, afirmó que estarán “muy atentos a lo que digan” en dicha reunión.

Por lo que hace al gobierno mexicano, no puede explicarse por qué recibirá al dirigente de un movimiento que plantea la ruptura institucional en un país soberano como Bolivia. Al parecer, se ha olvidado que en política –tanto interior como exterior– la forma es fondo y que el recibimiento de Óscar Ortiz pudiera ser considerado por la opinión pública nacional e internacional como un acto de injerencismo y un espaldarazo tácito a los intentos de atentar contra un gobierno democráticamente elegido.

Finalmente, resulta preocupante la identificación, por parte de Podemos, del gobierno de Felipe Calderón como “afín” al proyecto secesionista. En efecto, la cercania ideológica del grupo que detenta el poder en México con la derecha política mundial ha dotado de un amplio e inaceptable margen a las constantes e ilegales injerencias del ex presidente español José María Aznar y los denuestos recientes del presidente colombiano, Álvaro Uribe, en contra de los mexicanos muertos en el ataque a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador. En esta ocasión, el hecho de que Óscar Ortiz haya incluido a nuestro país en su gira dice mucho de la imagen que la actual administración proyecta al exterior: no la de un gobierno comprometido con la institucionalidad y la soberanía de las naciones sino, ante todo, la de un régimen dispuesto a respaldar a los grupos que compartan su signo político.

Nota: De nuevo se evidencia la hipocresía del panismo y su representante en los Pinos, y su doble vara para medir: siempre lo que ellos hacen está bien aunque se trate de injerencias en otros países, recordemos a Espino y Fox en la Organización demócrata cristiana de América que desde la misma Venezuela proclaman la intención de combatir a Chávez en particular y en general trabajar para frenar a las izquierdas latinoamericanas. Pero como fregaron con el cuento -nunca probado por cierto- de que había células bolivarianas en México para apoyar a AMLO, ya que AMLO era como Chávez, y ahora que es como Hitler, Huerta o Pinochet. ¿Cómo se llama esto en psicología, proyección? Nomás imáginense el espectáculo mediático y demás si a Evo se le ocurriera entrevistarse con López Obrador, capaz y hasta romperían relaciones con Bolivia.

Del Correo Ilustrado, de la Jornada

No hay que aceptar nuestra ignorancia en materia de petróleo. Mucho menos cuando todo está en Internet, sabiéndolo buscar. Nos han querido hacer creer que el asunto del petróleo es un saber críptico inaccesible para el común de los mortales. La verdad es que no tiene tanta ciencia. No se necesita ser ingeniero petrolero ni descifrar la estructura química del chapopote para discernir cuál es la situación geopolítica, económica y de mercado de nuestro petróleo y cuál la lealtad de las empresas mexicanas que en cuanto tienen éxito lo primero que hacen sus dueños es venderlas al extranjero (los bancos, el tequila, la miel de abeja para hot cakes, los hoteles.)

Basta interrogar la red para enterarse de que por lo menos siete de las grandes compañías de petróleos en el mundo son de propiedad abrumadoramente estatal, como Pemex: la Saudi Aramco, de Arabia Saudita; la Gazprom, de Rusia; la CNPC, de China; la NIOC, de Irán; la PDVSA, de Venezuela; la Petrobras, de Brasil, y la Petronas, de Malasia, que controlan casi un tercio de la producción mundial de gas y petróleo y más de un tercio de las reservas de ambos hidrocarburos. ¿Por qué será que no se han privatizado?

Otros temas que tienen que ver con la privatización son el de Félix Fulgencio Palavicini, el fundador de El Universal, que trabajaba como espía para la compañía petrolera inglesa El Águila durante el Congreso Constituyente de Querétero en 1917 y que logró sabotear una primera versión del artículo 27 (hay un estudio del historiador Eduardo Clavé).

También el caso del italiano Enrico Mattei, director del ENI (el Pemex italiano), que en los años 50 se opuso a los dictados de las siete hermanas anglosajonas (entre ellas Chevron-Texaco, British Petroleum, Exxon-Mobil y Shell), al que en 1962 mandaron matar. Inexplicablemente el avión de Mattei se estrelló antes de aterrizar en el aeropuerto Linate de Milán.

Federico Campbell

Privatización

Arnaldo Córdova

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La lucha por la defensa del petróleo continuará desde varios frentes Foto: Carlos Ramos Mamahua

Héctor Aguilar Camín escribió una serie de artículos en el periódico en el que colabora, poniendo en duda el rigor semántico de la definición que nuestro grupo de intelectuales en defensa del petróleo dio y, debo decirlo, con justas razones. Yo no voy a defender nuestra definición, excepto diciéndole que nos referimos con ella a los intentos privatizadores del gobierno de Calderón. Ahora quisiera darle una definición que busque ser de verdad rigurosa. Un jurista y, más aún, un constitucionalista, diría que la privatización es un asunto de derecho público, no de derecho privado.

Héctor nos enmienda la plana diciendo que “privatizar en sentido estricto quiere decir que la empresa sea vendida a capitales privados, como se vendieron los teléfonos y los bancos”. En realidad, privatizar no quiere decir, necesariamente, vender. Hay innumerables formas de transmisión del dominio y lo mismo se observa cuando un bien público pasa a ser propiedad de un privado. Aparte del contrato de compraventa, existen la cesión del derecho, la dación en usufructo ad aeternum, la enfiteusis (uso de superficie de terreno público), el abandono del bien que puede ocasionar que un privado lo reclame y muchas otras. Tampoco se trata de una venta total, como se la imagina mi amigo. Cuando se trata de una empresa tan grande, puede ocurrir que la privatización opere sólo en ciertas áreas, servicios, bienes o, incluso, créditos.

Si se la observa desde ese punto, nuestra definición es acertada, aunque no completa ni rigurosa. Cuando decimos que el gobierno panista está cediendo con su iniciativa bienes, derechos y funciones que la ley hasta ahora mantenía dentro de la competencia de Pemex, estamos afirmando, con rigor jurídico, que se está privatizando la empresa. Si Héctor se toma el trabajo de leer las iniciativas de Calderón se dará cuenta de que tenemos la razón en lo que decimos.

Privatizar y estatizar o expropiar o nacionalizar (para el objetivo jurídico diseñado en la ley, exactamente lo mismo) son conceptos antitéticos sin mediación alguna posible. Se trata de una materia de propiedad de bienes reales, de cosas y éstas no pueden estar más que en el dominio de los privados o del Estado (en nuestra Constitución, representante de la nación). Si de una empresa del Estado, cualquiera que sea, por ejemplo, se pasa a manos de privados, un bien real, un servicio, un valor (esfera de derechos personales) o, incluso, una función antes exclusiva, se está privatizando. Sí, un poquito, pero se está privatizando.

Yo invitaría a mi amigo a que discuta con nosotros las iniciativas, no nuestra definición que, por supuesto, tiene sus limitaciones. Hay muchísimos servicios que los privados pueden hacer para Pemex, mediante contrato de servicios y el pago correspondiente. Transporte por carretera, por ferrocarril y también por mar, construcción de infraestructura, como ductos, refinerías o plataformas marítimas, pero todo pagado y bajo contrato. El que muchas de las áreas de actividad de Pemex estén ya en manos de privados y que, de acuerdo con la Carta Magna no deben estar, Héctor tiene razón, es algo que debe anularse. A él no se le ocultará el colosal saqueo de nuestra riqueza petrolera a que eso da lugar.

Las privatizaciones son materia de derecho público, no de derecho privado. Entre privados se ceden derechos. Entre el Estado y los privados se puede comprar y vender, se puede ceder, se puede expropiar (mi amigo debe saber lo que es el derecho de reversión), pero todo será siempre de interés público, porque va en entredicho el interés público, representado por el Estado, que encierra el bien en cuestión. Tratar al Estado como si fuera un privado sólo se permite en contratos o convenios en los que la materia es de estricto interés privado (comprar clips o papel para oficinas, por ejemplo).

Cuando se trata del patrimonio público (vender o ceder un bien que está bajo el dominio de la nación y al cuidado de su Estado), permitir que el Estado se vuelva un privado como todos y pueda hacer transacciones de carácter privado no sólo choca con la letra de nuestra Carta Magna, sino también contra toda lógica jurídica. Un bien público es, por definición, un bien que está fuera de la esfera de los privados. Si se da al Estado, contra la letra y el espíritu de la Constitución, la facultad de tratar a los bienes públicos como bienes de los privados, la misma noción que diferencia derecho público y derecho privado desaparecería por completo. Todos sabemos muy bien lo que eso podría significar.

Es verdad que privatizar es un concepto muy ambiguo y casi no hay manera de definirlo con todo rigor; pero, si se ve su objeto jurídico, la cosa o el servicio en cuestión, resulta bastante sencillo. Se trata de un bien público que pasa a manos de un privado, cualquiera que sea el modo en que se haga. Es una pena que el concepto lo hayan redefinido y manejado sin discriminación los economistas (“vender”). Los juristas lo definen y lo usan de otra manera. Me ha sorprendido la opinión que ha expresado el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, en el sentido de que los artículos 26 y 28 modifican el sentido del 27. Le recomendaría que leyera con mayor atención la letra y el sentido de esos artículos, sin olvidar el 25.

Creo que Héctor no podrá ignorar el cambio de ruta que el gobierno panista ha efectuado en torno al eterno tema de las finanzas de Pemex. En una reciente entrevista con La Jornada, la señora Kessel nos dice que el tema a debate no son las finanzas de Pemex (se negó a decir adónde van los excedentes petroleros), sino técnico. Necesitamos de los que saben manejar mejor que nosotros la industria petrolera. Yo creo que los argumentos se les están acabando (si es que alguna vez los tuvieron).

¿Por qué nuestros oponentes no discuten con nosotros en los terrenos en los que de verdad podemos debatir? No he visto argumentos jurídicos. Los economistas reaccionarios no abren la boca o sólo pronuncian improperios. Los intelectuales de derecha sólo nos dicen “fascistas” o “alamanistas” porque ocupamos sedes parlamentarias. ¿Por qué no nos dan el tiempo y las condiciones para que podamos discutir con ellos, en el terreno que deseen?

Nota: no dan la oportunidad porque quieren llevar la discusión a terrenos nebulosos donde se manejen datos y cifras de manera tan intencionalmente confusa (como lo señalan Gershenson y Rojas Nieto en sus artículos puestos más abajo) que los lectores, oyentes o asistentes a los debates que sean legos en el tema les gane la flojera o la capacidad para seguir tan enmarañado discurso y se termine entendiendo nada. Por eso es tan cierto lo que dice en su carta Federico Campbell.

La renta petrolera: una polémica necesaria

José Antonio Rojas Nieto, La Jornada
rojasags@yahoo.com.mx

Tengo una diferencia importante –sustantiva, me atrevo a decir– con la concepción gubernamental de renta petrolera que aparece en el diagnóstico oficial de Pemex. Pudiera parecer barroca pero creo –de verdad que lo creo–, no lo es. Trataré de explicar por qué. Aunque hay una veintena de citas en las que se habla de renta petrolera, la definición oficial se propone en la página 115, apartado 5.3 del documento de diagnóstico: “La renta petrolera está constituida por la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos del subsuelo a precios de mercado internacional, menos los costos de extracción eficientes”.

No. La renta petrolera sólo está constituida por el diferencial entre el costo de producción de México y el del productor de más alto costo, que produce el barril equivalente al de México, demandada por el mercado (con cierto cuidado llamémoslo marginal).

Para descubrir quién es este productor marginal de más alto costo demandado por el mercado, ayuda diferenciar –muy a la manera ricardiana–, entre el precio natural del crudo y su precio de mercado.

Existe un amplio consenso entre los analistas petroleros internacionales de que la cotización actual del petróleo registra un sobreprecio especulativo de cerca de 20 dólares para el caso del WTI (un poco menos para la canasta estadunidense y para el crudo de México). Se trata de un sobreprecio que –efectivamente y de acuerdo a las razones en las que se sustenta esta especulación– puede aumentar o disminuir, incluso drásticamente.

¿De dónde sale esta idea? De otra muy simple. Si los productores de costos cercanos a 67 dólares (para el caso del West Texas Intermediate, 60 para el caso de la canasta de crudos importados por los Estados Unidos, o 50 para un crudo similar al de México), si estos productores –reitero– lanzan al mercado toda su producción, se satisfaría plenamente una demanda que en el invierno llegará a los 90 millones de barriles al día.

Es decir, un precio medio de 77 dólares para el caso del WTI, de 70 dólares para la canasta de crudos importados por los Estados Unidos o 60 para el caso de nuestra Mezcla (su precio natural, simplificando un poco) permitiría que estos productores con mayores costos, recogieran del mercado al menos –por ejemplo- 10 dólares como ganancia industrial bruta, convertida en ganancia neta luego de pagar parte de esos 10 dólares por barril a los que los financiaron y a los comercializadores.

Pero…siempre un pero, por efecto de las pujas bursátiles que hoy despliegan los fondos de pensiones y los fondos de inversión de todo el mundo, disputándose los futuros de petróleo (del gas natural, de carbón, del hierro, del estaño, del cobre, del níquel, de la naranja, del arroz, del trigo, del maíz, del la plata, del otro, en general de todas las llamadas commodities), los precios del petróleo en 2008 podrían promediar cerca de 97 dólares para el caso del WTI, 90 para la canasta de crudos importados por Estados Unidos, 80 para el caso de nuestro petróleo. Esos 20 dólares más (podrán ser más, incluso) son excedente petrolero extraordinario, en este caso especulativo.

Así (con estos números u otros similares) diferenciamos nítidamente los tres componentes del excedente petrolero total: 1) una renta petrolera, que en el caso de México sería de 45.50 dólares por barril para 2008; 2) un rendimiento industrial de 10 dólares por barril, a compartir con financieros y comercializadores; 3) y una excedente extraordinario de 19 dólares, fruto de la especulación. No debemos confundirlos. Jamás, so riesgo de administrarlos mal. Muy mal. Sumados –sólo sumados– darían lo que el gobierno llama renta petrolera. ¿Cuestión de semántica?

No sólo. Es muy riesgoso, extremadamente riesgoso, hacer planes a futuro con el excedente especulativo, que incluso puede ser negativo algún momento, y comerse parte de la ganancia industrial o –más aún– de la renta. Y más riesgoso aún, no discutir con cuidado qué hacer con este excedente especulativo, volátil, variable, incluso peligroso.

El Fondo de Estabilización Petrolera ha sido una excelente propuesta, siempre minimizada. Segundo, hay que exigir rigurosamente a Pemex Exploración y Producción (PEP), una productividad tal que le permita obtener costos que garanticen su rendimiento industrial (en mi ejemplo 10 dólares por barril), similar al que debe obtener Pemex refinación y Pemex Gas y Petroquímica. Y, finalmente, exigirle, por una parte y también a PEP, mayor cuidado en costos para obtener el máximo de la renta petrolera propiedad de la Nación. Y por otra parte al gobierno, una planeación cuidadosa de qué hacer con este componente, que pueden limitarse en el mediano y largo plazos por una elevación de costos mayor que la del marginal del mercado petrolero mundial. Ignorar o borrar estas diferencias nos conduce –como parece ya sucedió– a un manejo dispendioso e ineficiente de los tres componentes del excedente petrolero: renta, ganancia industrial y excedente extraordinario. Así parece.

Reservas petroleras, e ilusiones

Antonio Gershenson

La Secretaria de Energía, a la que ya se le habían señalado fallas en su forma de “cuantificar” el petróleo que tenemos, ahora, en una conferencia, vuelve a revolver tipos de reservas que no son comparables y a sumarlas con las que no son reservas, para llegar, después de decir que “México tiene petróleo, y mucho”, para 61.3 años. Como paso intermedio en su creciente cálculo, dice que las reservas probadas alcanzan para 9.2 años, pero si se agregan las reservas probables y posibles “tenemos crudo para 27.7 años”, y ya con los recursos prospectivos llegamos a más de 60 años. Y agrega que de ahí, 55 por ciento de ese “petróleo” está en las aguas profundas del Golfo de México.

Vamos a examinar en detalle el problema, y a tratar de dejarlo ya de lado. Porque es muy fácil repetir una y otra vez que dos y dos son cinco, a ver si así alguien se lo cree. Del documento de Pemex Reservas de hidrocarburos al 31 de diciembre de 2007, tomamos los siguientes datos, que son directos.

Las reservas de crudo a la fecha mencionada en el título del documento son, las reservas probadas, 10.5 miles de millones de barriles. Las llamadas reservas probables, 10.8 miles de millones, y las posibles, 9.9 miles de millones. Pero luego los funcionarios de Pemex usan “reserva 1P”, que son las probadas, y hasta ahí no hay problema; después, “reserva 2P”, que es la suma de probadas y probables (cuidado aquí), y “reserva 3P”, la suma de probadas, probables y posibles, que también se llaman totales. ¿Se valen estas sumas?

Veamos las definiciones de los tipos de reservas que consideramos. En el mismo documento que citamos se dice que para las reservas probables, hay más probabilidades de que se encuentre petróleo que de que no sea así. La probabilidad sería de cuando menos 50 por ciento. Si sumamos reservas probables con las probadas, que tienen mucho más probabilidad de convertirse en petróleo, ya no sabemos cuál es el total real de petróleo. Se supone que con las reservas probadas desarrolladas, que son como dos tercios de las probadas en general, la probabilidad de que haya petróleo es de casi ciento por ciento.

En cuanto a las reservas posibles, la probabilidad de que todas las reservas “detectadas” fueran de crudo real, sería cuando menos 10 por ciento, de que las cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores. Menos aún podemos sumarlas con las otras porque se va a dar la ilusión de que el petróleo que en verdad está ahí es muchísimo mayor que el que hay en realidad.

Las reservas probadas son las únicas que acepta la Security and Exchange Comission (SEC), que es la institución que da su aval para emisión de bonos y otras formas de crédito. Y es que esas reservas son una garantía de pago del préstamo. Son reservas en serio, no de ilusiones. El documento mencionado viene acompañado de un conjunto de anexos, de los cuales el primero se llama Nota precautoria. Ahí se reconoce que “nosotros usamos ciertos términos en este documento, tales como reservas totales, reservas probables y reservas posibles, que los lineamientos de la SEC prohíben estrictamente utilizar en sus reportes”. De modo que los montos de reservas probables y, peor, las posibles, son muy dudosos y no se pueden sumar a las reservas probadas.

En cuanto a los “recursos prospectivos”, expresamente queda claro que no son reservas. Ni siquiera se les cuantifica en el documento que hemos citado. Son estimaciones, de tal manera vagas, que se clasifican en baja, central y alta. ¿A cuál de ellas se refirió la secretaria? Ahora bien, si con las reservas posibles andamos por el 10 por ciento de probabilidad, ¿por dónde andamos en los recursos prospectivos?

Todavía hay algo más. Hay una categoría intermedia: “recursos contingentes”. También son una estimación, pero ya se les considera parte de los hidrocarburos descubiertos. Los recursos prospectivos están en la categoría “volumen original de hidrocarburos no descubierto”. De los prospectivos, todavía habría que pasar a los contingentes, y sólo después empezaría a haber reservas, primero, claro, posibles, y así. Por lo pronto, los recursos prospectivos ni a porcentaje de probabilidad de existir llegan. Como vendedora, la funcionaria no conseguiría ni un cliente.

¿Por qué no aclaró la secretaria todos estos “detalles”? ¿Por qué no agregó que el proceso es muy largo, especialmente en aguas profundas, y que el primer barril vendría saliendo, si todo va bien, dentro de diez años? ¿De dónde va a salir el dinero para las perforaciones carísimas? Obviamente, es lo que nos quieren vender, de las trasnacionales. Y éstas, ¿lo van a donar como caridad? Obviamente no. ¿Qué van a querer a cambio de esa gigantesca y riesgosa inversión?

Dejemos a los funcionarios buscar un pretexto a esta última pregunta. Lo que está claro es que durante este sexenio y el próximo no vamos a tener ni un sólo barril por este proyecto de aguas profundas, pero que lo que pidan las trasnacionales nos lo van a quitar, como ciudadanos o como país. Las reformas propuestas de por sí son inaceptables. Pero podrían ser sólo el primer paso, como sucedió con los bancos.

AMLO lanza “segunda etapa” de resistencia civil pacífica

Ante el cerco informativo, se buscará ampliar las brigadas en defensa del petróleo a 200 mil miembros, para difundir en el país las razones del movimiento.

La Jornada On Line
Publicado: 27/04/2008 14:37

México, DF. Al celebrar que se haya llegado a un acuerdo para debatir en el Congreso de la Unión el rumbo de la reforma energética, el "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador anunció que el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo entra una nueva fase que consiste en reforzar y ampliar la labor informativa de los brigadistas.

Luego de arribar a la plancha del Zócalo, proveniente de una marcha que arrancó del Angel de la Independencia, el político tabasqueño hizo énfasis que si bien aún no se puede cantar victoria, "es indudable que por ahora hemos podido parar la intentona" privatizadora de Felipe Calderón.

En ese sentido señaló que la primera etapa de su movimiento de resistencia civil pacífica en contra de la privatización petrolera ha culminado. Ahora la lucha se centrará específicamente en contrarrestrar el "cerco" informativo de las grandes empresas de comunicación: "Lo importante es clarificar en qué se basan los potentados para tratar de imponerse. Ellos se apoyan en lamentablemente en el control sobre los medios de comunicación que les permite engañar y tratar de manipular a la población".

Los más influyentes medios de comunicación, agregó, pertenecen los hombres más ricos de México y por intereses, afinidad o conveniencia se ponen a las órdenes del régimen y le ofrecen sus servicios para llevar a cabo cualquier campaña de desprestigio.

Bajo este esquema fue que durante los 16 días que permanecieron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en las tribunas de la Cámara de Diputados y el Senado para exigir la realización de un debate amplio nacional, los consorcios de la información sencillamente se avocaron a denostar dicha protesta "pero nunca mencionaron las causas de tal medida. Nunca dijeron que la iniciativa enviada por el Ejecutivo pretender violar la Constitución ni que se pretende privatizar Pemex; sólo se dedicaron a gritar la palabra secuestro".

Por ello, dijo, ante el engaño y la manipulación la segunda etapa del movimiento antiprivatizador se ha fijado la meta de "contrarrestar" los efectos de los medios masivos ante la opinión pública a través de un mayor número de brigadistas.

La meta, comentó, es aumentar a 200 mil el número de voluntarios a finales de junio para que distribuyan y difundan -en barrio por barrio, casa por casa, municipio por municipio- información en por lo menos 10 hogares a la semana. A partir de julio y hasta agosto se pretende que estos brigadistas tengan una cobertura de 10 millones de familias.

Para lograr el objetivo de concientizar entre la gente, el ex jefe de Gobierno capitalino llamó a sus simpatizantes a asumir dicho compromiso, toda vez que la difusión no sólo significa recursos humanos, sino económicos para elaborar todos los materiales impresos y audiovisuales para explicar la naturaleza de su movimiento.

Asimismo llamó a la organización de círculos de estudio y reflexión tal y como algunos intelectuales los llevarán a cabo en diversos centros de trabajo y universidades. También señaló que un grupo de legisladores que integran el FAP junto con miembros de la Coordinadora Nacional en Defensa del Petróleo empezarán a analizar la posibilidad de realizar un referéndum o un plebiscito para recolectar la opinión sobre el tema petrolero.

Sin embargo, pidió mantenerse atentos ante cualquier intento del PRI y del PAN para imponer por sorpresa la reforma energética. Agregó que ante la insistencia de dichos partidos de violar la Constitución al privatizar la industria y de agravar la corrupción en Pemex, los legisladores del FAP podrían reanudar la resistencia civil en ambas cámaras.

Todas estas acciones y sus resultados serán evaluados en la próxima asamblea informativa a realizarse el domingo 29 de junio a las 10 horas, en el Zócalo capitalino.

Del Correo Ilustrado, de la Jornada

México DF. a 14 de abril del 2008.
C. Carmen Lira Saade
Directora de la Jornada
P R E S E N T E.
A la atención de: C. Socorro Valadez Morales
El Correo Ilustrado.

Ante los acontecimientos de días pasados con la presentación de la reforma energética enviada por FECAL al Congreso, al hecho de la publicación de un desplegado por parte del gremio de las ingenierías de la geofísica, geología y petrolera, el pasado 10 de abril en la pagina 11 de este diario; al silencio conveniente de los gremios de las ingenierías electromecánicas, al deseo de los legisladores de que el dialogo sobre la reforma se haga solo con expertos y a las declaraciones del clero político, manifiesto lo siguiente:

a) Un grupo de académicos, ingenieros y alumnos politécnicos hemos participado en foros sobre la industria petrolera y hemos visto que no hace falta la construcción de acuerdos lo que hace falta es respetar la ley y estos gobiernos neoliberales no lo han hecho, no hace falta ir a aguas profundas, sin embargo la autoridad ha desmantelado convenientemente el desarrollo académico de la ingeniería petrolera y aun así si hay especialistas nacionalistas que lanzan su voz en contra de las reformas.

b) Los gremios están dirigidos por una gerontocracia parasitaria y emasculada, preocupada por conservar la chamba, valdría la pena hacer un censo y ver donde trabajan estos seudolíderes gremiales que no han defendido eficientemente a sus pocos agremiados, por ejemplo, con los cambios de la ley de profesiones y al hecho muy especifico de la Asociación Mexicana de Ingenieros Mecánicos Electricistas (AMIME) con una presidencia espuria y secuestrada por funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad, (por cierto uno de sus integrantes prófugo de la justicia).

c) Recordemos que las plataformas electorales de los partidos políticos son contrarias a la propuesta privatizadora de FECAL. A los legisladores les decimos que no queremos acuerdos, queremos respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a sus respectivas plataformas y si piensan invitar a especialistas, que sean de la ciudadanía y la academia ya que la voz de los gremios no es la voz de miles de ciudadanos y profesionistas que no hemos encontrado eco de nuestros reclamos, en los gremios. No olvidamos la sangre derramada por el pueblo de México durante la revolución de 1910 y las luchas de ciudadanos durante los años de la guerra sucia. (muchos de ellos politécnicos).

d) Exigimos respeto al estado laico; ¿desde cuándo los curas son especialistas en materia petrolífera o desde cuándo tienen calidad moral para opinar, se les olvida los escándalos de pederastia y que es la propia iglesia católica la que ha formado a los tecnócratas y plutocracia de este país, en sus propios colegios; olvidan las palabras de Albino Luciani, Juan Pablo I, (el bueno) cuando denunció durante sus 33 días de pontificado, entre otras tantas cosas que: los Medios de Comunicación son temibles son manejados por gente sin moral?. A través de ellos no se conoce la verdad, sino una versión, la de los que detentan el poder…”

Como vemos la política del actual gobierno encabezado por FECAL es a todas luces en apoyo de la barbarie y de una plutocracia parasitaria, la clase política (neoliberales) son los verdaderos violentos que han permitido el despojo de más de 40 millones de mexicanos y que además ha cebado convenientemente a una seudo intelectualidad fomentada y participativa por la televicracia.

A T E N T A M E N T E

Ing. Ernesto M. Pereira Cámara
México D.F.

Petición a Juan Sabines y Andrés Granier

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

El Correo Ilustrado.

Al licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador del estado de Chiapas, y el químico Andrés Granier Melo, gobernador del estado de Tabasco. México.

En nombre de la más elemental justicia, y por el respeto a los derechos humanos, solicitamos su intervención para liberar de manera inmediata a Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez, indígenas chiapanecos y bases de apoyo del EZLN recluidos desde 1996 en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco, por venganza política y sin ser culpables del delito por el cual fueron condenados a 25 años de prisión. Se han declarado en huelga de hambre, y nos preocupa seriamente que sus vidas estén en riesgo.

Asimismo, exigimos al gobierno de Chiapas investigar los hechos delincuenciales en el Cereso 5 de San Cristóbal de las Casas, donde los presos políticos de La Voz de los Llanos fueron golpeados con brutalidad por internos a sueldo del preciso general Bartolo García Suárez y sus secuaces, plenamente identificados. Y sobre todo, que se investigue y finquen responsabilidades al coordinador de Ceresos del estado, Juan de Jesús Mora Mora; al director del Cereso 5, Alejandro Galicia Morales; al alcaide Sergio Lázaro Vicente, y a todo el personal del penal cuya participación se compruebe, así sea por omisión, en la corrupción imperante en el recinto: violencia impune, tráfico de drogas e influencias, imposición de trabajos forzados y “multas” a los presos que no los obedecen.

Finalmente, nos pronunciamos por la liberación de los presos de La Voz de los Llanos Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez, y de sus simpatizantes Mateo Gómez Santiz, Agustín Díaz Gómez y Orlando Santizo Castillo, encarcelados sin el beneficio de un proceso justo ni el respeto a sus derechos humanos.

John Berger, Howard Zinn, Naomi Klein, Anthony Aarnove, Jesusa Rodríguez, Andrés Barreda, Francisco López Bárcenas, Álvaro Salgado, Silvia Ribeiro, Liliana Felipe, Paula Mónaco Felipe, Carlos Bonfil, Ana de Ita, Lorena Wölfer, Alfredo Zepeda, Alejandro Brito, José Godoy, Evangelina Robles, Verónica Villa, Octavio Rosas Landa, Ignacio Pineda, Cristóbal López, Tania Molina, Ramón Vera Herrera

Ackerman responde a Krauze

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008
El Correo Ilustrado

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No han sido los defensores de “las instituciones” a secas y la razón del Estado los que han forjado el cambio democrático, sino la acción de una ciudadanía valiente, movilizada y consciente. La solicitud de un recuento total de la votación y la toma de las tribunas se inscriben en esta tradición de movilización social y fueron avaladas por todas las corrientes de la izquierda parlamentaria (no solamente por el supuesto “sector radicalizado”). Al afirmar que estas acciones “descalifican la democracia”, Krauze revela su visión profundamente elitista, donde sólo hay cabida para ciudadanos pasivos y estoicos. Si no fuera por la resistencia civil pacífica estaríamos indefensos ante los impulsos autoritarios de quienes aparentemente todavía no se dan cuenta de que ya no vivimos bajo el régimen del partido del Estado.

John M. Ackerman

Entre blackberries y wetbacks · El Fisgón

Petróleo: triunfo y mesura

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

Después de 16 días, ayer concluyó la toma de las tribunas parlamentarias por parte de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, tras haberse concertado un acuerdo entre todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión para llevar a cabo un debate –que, se prevé, iniciará el 13 de mayo y durará 71 días– en torno a la propuesta de reformas en materia petrolera presentada por el Ejecutivo federal el pasado 8 de abril. Entre otras cosas, el acuerdo suscrito plantea que “al finalizar los foros, se llevarán a cabo dos sesiones de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, a efecto de realizar una discusión sobre las diversas propuestas expuestas en los foros, con lo cual se iniciará en el Senado el proceso de análisis, debate y dictamen de las iniciativas que se hubieran presentado”. Lo anterior reviste importancia no sólo porque con ello se cancela el riesgo de que las iniciativas calderonistas sean aprobadas sin cambios en un periodo extraordinario de sesiones, sino además porque se abre espacio para la presentación y discusión de propuestas alternativas. El hecho fue particularmente festejado por el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática, Carlos Navarrete, quien aseguró que, con la toma de las tribunas, los legisladores del FAP lograron “frenar el madruguete” e impidieron así la aprobación de un paquete de iniciativas “que pretenden privatizar la industria petrolera” y “son violatorias de la Constitución”. En efecto, la desocupación de las tribunas en San Lázaro y Xicoténcatl debe saludarse sobre todo porque constituye un triunfo inequívoco de los ciudadanos que se oponen a la modificación del estatuto legal de la industria petrolera, pues se logró frenar una iniciativa “anticonstitucional y claramente privatizadora”, a decir del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la propia Cámara de Diputados, que de otro modo habría sido aprobada por albazo, muy posiblemente a partir de una negociación en lo oscuro y de espaldas a la opinión pública entre el partido en el poder y las cúpulas priístas. Más allá del peso que tuvo la negociación política para lograr la desocupación de las tribunas parlamentarias, el triunfo debe atribuirse principalmente a la presión popular articulada en torno al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo que encabeza el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de ser objeto de insidias y ataques constantes por parte del grupo en el poder, acabó por poner en perspectiva, y sobre todo ante los ojos de los integrantes de la clase política, elementos que, en democracia, debieran resultar obvios: que las demandas de la gente siempre deben ser escuchadas, que los legisladores, en su calidad de representantes populares, tienen la obligación de atenderlas, y que, por tanto, carecen de margen de maniobra para actuar como ellos quieran. Así, tal vez pese a las propias convicciones de muchos de los legisladores priístas o panistas, se logró poner fin a una primera etapa de la lucha contra la privatización de la industria petrolera nacional. Este hecho, sin embargo, no debiera ser asumido con triunfalismo sino con mesura y responsabilidad por parte de los grupos opositores al designio privatizador, sobre todo porque éste permanece incrustado en la lógica del grupo en el poder: así lo demuestran las declaraciones del dirigente del Partido Acción Nacional, Germán Martínez, quien afirmó que “el transcurso del tiempo no va a hacer que se retire la iniciativa”. Por añadidura, las constantes descalificaciones del gobierno federal en contra del movimiento en defensa del petróleo ponen de manifiesto, al margen del acuerdo alcanzado ayer en el Senado, la poca o nula disposición gubernamental para dialogar con los opositores y su tendencia a desatender las causas de las expresiones de descontento en el país. Ante este panorama, de manera paralela a la batalla que se dará al interior del Congreso para evitar la entrega de la industria petrolera nacional a los capitales privados nacionales y extranjeros, cobra especial importancia la acción de un movimiento popular amplio y creciente, que a partir de mañana habrá de iniciar una nueva etapa en su lucha por evitar la venta del patrimonio nacional.

Siguiente paso, ganar el debate e impedir la entrega de Pemex: AMLO y el FAP

Andrés Manuel López Obrador y el FAP anunciarán mañana el nuevo ciclo de la lucha contra la privatización del petróleo Foto Carlos Cisneros
La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

■ Coordinadoras de las brigadas de resistencia consideran un éxito el cerco al Senado ■ Buscará el frente que expertos demuestren que las iniciativas oficiales son privatizadoras Enrique Méndez Andrés Manuel López Obrador y el Frente Amplio Progresista (FAP), tras decidir aceptar el debate y levantar la toma de las tribunas del Congreso, acordaron que la resistencia civil pacífica entrará a otra etapa de lucha, que se anunciará el domingo, en el sentido de ganar la discusión en los foros organizados por el Senado hasta impedir la privatización de la industria petrolera. En un desayuno en un hotel de avenida Cuauhtémoc definieron que se alcanzaron los tres objetivos principales de la movilización: evitar el madruguete legislativo, lograr un debate nacional verdadero, y “alertar a la sociedad del atraco que PAN y PRI pretendían cometer a sus espaldas”. Después de que se levantó la toma de las tribunas, el senador Dante Delgado se reunió con López Obrador, a quien –refirió– “le dio mucho gusto” que se aprobara el formato y contenido del debate propuesto por el FAP. Él ha visto que se trata de un paso adelante y esta reunión fue para mantenerlo adecuadamente informado”. Temprano, antes de que se aprobara el debate en el Senado, el “presidente legítimo” se reunió con los seis coordinadores del FAP, allí se ratificó el interés de PRD, PT y Convergencia en participar en el debate nacional, y se resaltó que priístas y panistas, que aseguran que los legisladores del FAP consultan sus decisiones con López Obrador, siguen “practicando doble moral”. El coordinador de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez, explicó que los legisladores del PAN no toman decisiones sin que éstas sean avaladas por el dirigente de su partido, Germán Martínez, y el presidente Felipe Calderón, mientras los del PRI lo hacen “con sus propios factores de poder, como los gobernadores, la presidenta Beatriz Paredes y otros liderazgos”. Refirió que se afinan los detalles de la marcha de este domingo del Ángel de la Independencia al Zócalo, y se convino en que, como parte de los discursos, hable un senador y un diputado de los que participaron en la toma de las tribunas. Por los senadores, dijo, lo hará la tabasqueña Rosalinda López”. Respecto de la siguiente etapa de la resistencia, refirió que aun cuando los detalles se presentarán mañana, el objetivo es que participen especialistas con un perfil y calidad ténica, científica y política, para ganar el debate y demostrar que las iniciativas de Calderón tienen un objetivo privatizador. Posteriormente, López Obrador recibió en sus oficinas a las coordinadoras de las brigadas en defensa del petróleo. Mientras esto ocurría, a las oficinas del “gobierno legítimo” en la colonia Roma se presentó la patrulla P2421, cuyos oficiales aseguraron que su central les ordenó una acción de “presencia inmediata”, cuando en realidad no ocurrió nada. Antes de la una de la tarde se retiraron. Más tarde, la coordinadora general de las brigadas, Claudia Sheinbaum, y la actriz Jesusa Rodríguez evaluaron que el cerco al Senado fue muy positivo porque contribuyó, junto con la toma de las tribunas, a detener la aprobación fast track del paquete de reformas de Calderón. Sin triunfalismos Jesusa Rodríguez acotó, sin embargo, que “la gente tiene muy claro que no debe haber ningún triunfalismo hasta que se eche atrás la reforma. Por ahora estamos muy felices de que se detuvo el atraco”, aseguró. Resaltó que se luchará hasta el final, y la acción debe llevarse a cabo en este momento para no reditar las malas experiencias de países como Chile y Argentina, que abrieron su patrimonio y hoy están en crisis. Por su parte, Sheinbaum refirió que también se decidieron los detalles para la movilización del domingo, y señaló que las mujeres brigadistas están muy contentas porque su participación no sólo ha estado presente en el cerco al Senado, sino que ha aumentado a más de 20 brigadas “y la gente está muy orgullosa de las acciones”. Lamentó que Televisa no haya respondido, como prometió la semana pasada, a la solicitud para que algunas participen en los noticiarios de la empresa, para opinar en torno a las iniciativas del Ejecutivo. Tras su encuentro con López Obrador, el senador Dante Delgado aseguró que en el debate “se acreditará que la iniciativa de reforma energética es privatizadora, y no lo vamos a decir nosotros, sino los especialistas”. Resaltó que durante los 15 días que las tribunas estuvieron ocupadas por los legisladores del FAP, no se impidió que las cámaras sesionaran, aun cuando PAN y PRI aprobaron dictámenes sin discusión “y eso es lo que queremos evitar en el caso del petróleo, un albazo legislativo”. Posteriormente, el ex candidato presidencial se reunió con intelectuales, convocados por la escritora Laura Esquivel.

Desalojan tribunas; se inicia el debate

Foto: José Antonio López.
Un instante de la sesión de este viernes de la Junta de Coordinación Política del Senado. Desde la izquierda, Manlio Fabio Beltrones, Melquiades Morales, Francisco Agundis, Alejandro González, Dante Delgado, Carlos Navarrete, Santiago Creel y Víctor Orduña.

• Se realizarán foros del 13 de mayo al 22 de julio
• Al finalizar, se analizarán todas las propuestas
• Triunfamos, celebra Carlos Navarrete
• Aclara que aún "no podemos confiarnos"
• Beltrones: el temario puede ser ampliado
• Creel: confío en que se cumpla el calendario

A. Becerril, V. Ballinas, R. Garduño y R. E. Vargas

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

■ Desalojan tribunas; concluye una etapa de lucha y comienza otra: permanecer alerta Pactan FAP, PAN y PRI debate nacional sobre Pemex por 71 días ■ Impedimos el madruguete de Calderón y logramos que se discuta la reforma, dice el frente ■ El panista Santiago Creel trabajó presionado por legisladores del ala dura de su bancada El Frente Amplio Progresista (FAP) concluyó ayer el movimiento de resistencia civil que protagonizó durante 16 días en el Congreso de la Unión, tras lograr un acuerdo con PAN y PRI en la Junta de Coordinación Política del Senado para celebrar un debate nacional sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante 71 días, con la posibilidad de ampliarlo. Con ello se aleja el riesgo de que las iniciativas de Felipe Calderón en la materia se aprueben en un periodo extraordinario. Por ello, una veintena de senadores y diputados del PRD, PT y Convergencia, levantaron el brazo izquierdo, entonaron el Himno Nacional y gritaron vivas a México, antes de bajar de la tribuna del Senado, que ayer entregaron formalmente, con minuta de por medio. Luego acompañaron a los seis coordinadores del FAP al patio de la casona de Xicoténcatl, a gritar lo que consideran una victoria. Comunicado frentista “¡Triunfamos, triunfamos!”, exclamó el perredista Carlos Navarrete al leer un comunicado de los seis coordinadores frentistas, en el que dan a conocer que lograron frenar “el madruguete legislativo de Calderón”, al impedir que se aprobaran aceleradamente las iniciativas que, además de pretender privatizar la industria petrolera, son violatorias de la Constitución. Otros logros, dijo, fueron que se aceptara “nuestra propuesta de debate nacional” y “que la sociedad esté más alerta y vigilante sobre las intenciones del gobierno de entregar el petróleo a empresas extranjeras”. Emocionados y hasta eufóricos, los coordinadores de los diputados del FAP Javier González Garza (PRD), Alejandro Chanona (Convergencia) y Ricardo Cantú (PT), y de los senadores del frente Dante Delgado (Convergencia) y Alejandro González Yáñez (PT) escucharon a Navarrete refrendar el compromiso con el pueblo de México, de “no permitir ninguna reforma energética que viole la Constitución, privatice la industria petrolera y agrave la corrupción interna de Pemex”. Con esta victoria, agregó, el FAP da por concluidas las acciones de resistencia civil en el Congreso y el domingo pasa a otra etapa de lucha, “porque no podemos confiarnos ante el interés del gobierno por entregar nuestro patrimonio nacional”. La tensión que se vivió los últimos 16 días dio paso ayer a la alegría desbordada de los frentistas. Atrás habían quedado las confrontaciones que parecieron a punto de fracturar al FAP, cuando el pasado lunes los coordinadores de PT y Convergencia desconocieron el acuerdo inicial de la Comisión de Energía, firmado por el perredista Graco Ramírez, en el que se establecía un calendario del 13 de mayo al 22 de julio para el debate nacional en torno a la reforma energética y el compromiso, en el punto 16, de comenzar el dictamen de las cinco iniciativas de Calderón una vez terminado el debate. Los cuatro días siguientes fueron de gran tensión, pues el FAP propuso agregar cuatro temas a la agenda del debate y modificar la redacción del punto 16 del documento, para que se asentara que no se intentará llamar a un periodo extraordinario en cuanto concluyeran los foros. Quien más problemas enfrentó fue el coordinador de los senadores del PAN, Santiago Creel, pues negoció siempre presionado por los legisladores más duros de su bancada, los que siempre creyeron que Navarrete no quería realmente el debate, sino hacer tiempo para impedir que dictaminaran la reforma de Calderón. Al final, después de que se difundió la grabación de una discusión de Andrés Manuel López Obrador con Navarrete, los panistas se ablandaron y Creel pudo firmar el acuerdo que permitió al FAP introducir dos temas, el de la renta petrolera y la jurisdicción de tribunales internacionales, en sesiones especiales, pero dentro de los 71 días programados originalmente. Por lo que toca al punto 16 del Formato de foros de debate sobre la reforma energética, se reformuló, a fin de establecer que: “Al finalizar los foros, se llevarán a cabo dos sesiones de las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos del Senado, a efecto de realizar una discusión sobre las diversas propuestas expuestas en los foros, con lo cual se iniciará en el Senado el proceso de análisis, debate y dictamen de las iniciativas que se hubieran presentado. La Junta de Coordinación Política del Senado consultará con su homóloga de la Cámara de Diputados acerca de la participación de diputados federales”. Con ello, detalló el senador perredista Pablo Gómez, la discusión puede irse hasta agosto. “La redacción del punto 16 es extraordinaria, nos permite tener el tiempo suficiente para evitar la privatización, por eso estamos satisfechos”, comentó a su vez el petista González Yáñez. Reveló que aunque no quedó escrito en el acuerdo, la Junta de Coordinación Política, que preside Manlio Fabio Beltrones, instruyó a la Comisión de Energía a que amplíe el temario del debate, de ser necesario. Ello fue corroborado por Beltrones durante la conferencia de prensa en la que anunció que “la flexibilidad que se ha mostrado para llegar a un acuerdo de esta naturaleza, también existe en el reconocimiento de que en el transcurso podremos seguir, mediante el diálogo, haciendo los ajustes que sean necesarios para un mejor resultado del debate político en el que nos hemos comprometido”. El coordinador priísta detalló que, aunque el debate se calendarizó del 13 de mayo al 22 de julio, “los grupos parlamentarios hemos coincidido en que un debate de esta naturaleza puede sufrir modificaciones en los temas que deban estarse discutiendo y que no podemos, como lo señala la práctica parlamentaria, acortarla y circunscribirla a un solo evento”. Creel, sin embargo, resaltó que en cuanto acabe el debate, se procederá inmediatamente a dictaminar las iniciativas de Calderón, pero rechazó que haya la intención de dar albazo legislativo. “Tengo la plena confianza en que quienes suscribieron el acuerdo hoy honrarán su palabra y la palabra está empeñada en un calendario, en una serie de temas que habremos de debatir”. González Yáñez, sin embargo, insistió en que “quien sepa leer bien el punto 16 del acuerdo, sabrá que para nosotros esta es una extraordinaria victoria”. Se hizo notar en la celebración la ausencia del perredista Ricardo Monreal, quien fue la cabeza del movimiento y pasó en la tribuna de Xicoténcatl las 15 noches de la protesta. Ayer temprano se retiró, cuando el pacto se había logrado. Las senadoras Rosario Ibarra, Rosalinda López y Yeidckol Polevnsky, veteranas de esa resistencia –muchas noches durmieron en el piso– salieron sonrientes por el éxito en esta primera fase de la lucha en defensa de Pemex.

FAP: una batalla ganada

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008
México SA

Carlos Fernández-Vega . Felizmente se llegó a un acuerdo en lo que a debate petrolero se refiere y, por ende, se levantó el plantón en el Congreso. Con el movimiento del Frente Amplio Progresista y el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador se evitó la aprobación fast track de la “reforma” calderonista, el albazo legislativo cocinado por los prianistas para palomear la citada iniciativa en este periodo de sesiones que agoniza. Sin duda, es una victoria, pero de corto plazo. Se ganó una importantísima batalla, aunque todavía no se gana la guerra. Obvio es que los prianistas insistirán en la privatización de la industria petrolera y en la violación constitucional mediante la modificación, a modo, de las leyes secundarias involucradas. No quitarán el dedo del renglón. Probablemente con paciencia soporten los setenta y tantos días de debate, durante los cuales aparentarán interés y hasta sorpresa por las ideas en él expuestas; resistirán el paso de cada uno de los oradores participantes, y, en fin, dirán que el “intercambio” de ideas es un triunfo de la democracia legislativa, porque a todos, en orden y sin exclusiones, se escuchó. Lo anterior, sin embargo, en nada garantiza que los prianistas reconsideren la intentona privatizadora. Podrían llegar a aceptar algunas modificaciones, más de forma que de fondo, para “demostrar” que se debatió y negoció a la más pura usanza parlamentaria, pero nada ni nadie los apartará de su objetivo: entregar al capital privado, fundamentalmente extranjero, la industria petrolera (aún) nacional. De allí la necesidad de permanecer atentos a la evolución de los acontecimientos. Confiar en la palabra y en los “compromisos” de los prianistas es jugar con pólvora, y de ello existen sobradas pruebas en el pasado reciente. Una de ellas, por ejemplo, es la “legalización” del “rescate” bancario y la voluminosa deuda heredada, sin más, a los millones de mexicanos que aún pagan la factura. Allá por el cuarto trimestre de 1998, el dirigente nacional panista aseguró que sus bancadas en San Lázaro y Xicoténcatl “no avalarán” las raterías priístas en el Fobaproa, “ni aprobarán” la “legalización” del “rescate” bancario, por medio de la creación del IPAB. Tal dirigente nacional no era otro más que Felipe Calderón, quien por aquellos tiempos juraba, un día sí y el siguiente también, que de ninguna manera pasaría la intentona tricolor. El 12 de diciembre de 1998, día de la madre Tonatzin, se votó la iniciativa para “legalizar” el asalto a la nación llamado Fobaproa. Por ese entonces, el Partido Acción Nacional contaba con 119 diputados, y de ese total 99 (83 por ciento) votaron en favor de tal “legalización”; 11 lo hicieron en contra, uno se abstuvo, otro estaba presente pero no sufragó y uno más se ausentó. En el caso de los priístas, 226 diputados votaron en favor de la citada “legalización”; 7 lo hicieron en contra y 5 más estuvieron ausentes ese día de San Lázaro. Así, sin el voto panista los tricolores no hubieran logrado “legalizar” el “rescate” bancario, algo que una década después se repite, pero con papeles invertidos. Ese fue el resultado concreto del “compromiso” panista hecho público por Felipe Calderón, y entre los diputados blanquiazules que ese 12 de diciembre de 1998 votaron favorablemente por “legalizar” el “rescate” bancario” y heredar su voluminosa deuda a los mexicanos, deben contarse a los siguientes personajes: Santiago Creel (hot coordinador de los senadores de Acción Nacional), Héctor Larios (lo mismo, pero de los diputados) y Germán Martínez (dirigente nacional del partido), quienes, junto con el michoacano (instalado en Los Pinos), diez años después están directamente involucrados en la intentona privatizadora de la industria petrolera nacional, la cual, a coro, niegan, como una década atrás negaron que avalarían las raterías priístas en el Fobaproa. La diferencia, si puede catalogarse como tal, es que ahora los priístas son los panistas de 1998. Difícil resulta pensar que en diez años los prianistas (prácticamente los mismos antes y ahora) modificaran sus mañas y en el nuevo siglo sus prácticas resultaran distintas. De allí, pues, que la victoria celebrada por el FAP es por demás relevante, pero sólo una de las batallas que deben ganarse para evitar el quebranto de la nación y la entrega de la industria petrolera a manos privadas. Por cierto, en aquellos felices días como dirigente nacional panista el hoy inquilino de Los Pinos reclamaba: “el problema actual de México es la simulación del régimen constitucional, pues el gobierno no cumple los acuerdos ni respeta las legislaciones en los hechos... No podemos sentarnos a la mesa de los asesinos de la democracia, precisamente para hablar de democratización; mejor sigan ustedes solos con su circo. En todo el país se están construyendo pequeños feudos que utilizan a los tribunales no para impartir justicia sino para proteger los intereses de los señores feudales... En todo el país regresaron las prácticas de los duros, que utilizan el fraude electoral para intentar conservar el poder, pero no se han dado cuenta de que el partido oficial se encuentra al borde del fallecimiento”. Eso decía.

Los de Abajo

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

Gloria Muñoz Ramírez losylasdeabajo@yahoo.com.mx ■ Solidaridad europea Una campaña de solidaridad con los zapatistas recorre la otra Europa. Nacida de abajo, con el interés auténtico de acompañar y defender la autonomía de los pueblos indígenas zapatistas, y denunciar la escalada de violencia que desde el poder se fabrica en su contra, la Campaña Europea de Solidaridad con la autonomía zapatista y contra la guerra en Chiapas se abre camino con acciones concretas en Grecia, Estado Español, Francia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Escocia, Noruega, Suecia, Suiza y Turquía, entre otros países que se preparan para el próximo Encuentro europeo en defensa y en la lucha con los pueblos zapatistas y la otra campaña mexicana, que se celebrará los días 9, 10 y 11 de mayo, en Atenas, capital de la Grecia zapatista y solidaria. “El movimiento zapatista –señala la iniciativa– cuenta ya con 14 años de lucha pública y 24 años de vida. La represión y las agresiones contra las comunidades rebeldes no han cesado nunca, incrementándose en el último año hasta situarnos frente a un escenario en Chiapas sumamente peligroso: los pueblos zapatistas de nuevo sufren una fuerte, coordinada, cruel y criminal embestida del gobierno mexicano: ataques, desalojos forzosos, secuestros, amenazas, obstrucción a la función de las autoridades y cooperativas autónomas, destrucción del equipamiento de las escuelas y hospitales autónomos, despojos ‘legales’ de tierras, presos y rehenes políticos, fabricación de delitos y ataques de grupos paramilitares...” Este es el escenario que enmarca las acciones que colectivos y organizaciones del viejo continente decidieron emprender para demostrar, una vez más, que los zapatistas no están solos y siguen representando una alternativa de lucha y organización para el mundo entero (la única, para muchos de nosotros). Desde Italia se dio a conocer un manifiesto conjunto que advierte que en el centro de la ofensiva contra las comunidades zapatistas “está la voluntad de atacar aquello que el EZLN ha construido desde 1994: la resistencia convertida en práctica de autonomía y gobierno”. Esto es lo que está en juego y es lo que se defiende. Las iniciativas de solidaridad incluyen una caravana europea que estará presente en Chiapas el próximo verano, además de acciones conjuntas que están siendo discutidas por los participantes, tales como las lanzadas por el Comité de Solidaridad de París, Francia, que sugiere desarrollar una “quincena zapatista” con acciones centradas en el turismo, pues, como es sabido, existen megaproyectos turísticos que pretenden ponerse en marcha en tierras zapatistas.

1º de mayo, en defensa del petróleo y el trabajo

La Jornada: sábado 26 de abril de 2008

Arturo Alcalde Justiniani Muchos son los motivos de protesta que movilizarán a los trabajadores y trabajadoras este primero de mayo, y sin duda el más sentido y urgente es el rechazo a la reforma energética. A medida que pasan los días y se brinda más información, la propaganda oficial tiende a desvanecerse, develando el trasfondo de esta atrabancada reforma de la que depende en buena medida la economía de nuestro país y, en consecuencia, nuestra suerte personal y familiar. Los trabajadores conocen muy bien la historia de las privatizaciones, las han vivido en carne propia; gracias a ellas millares han perdido el empleo o han visto sus condiciones de trabajo degradadas. Los ejemplos sobran: los bancarios han sufrido una permanente precarización de su vida laboral; más personal de confianza, menos salarios y mayores jornadas, férreo control gremial, son los signos de la política laboral de la banca extranjera que hoy controla el sector. Los ferrocarrileros, casi en extinción, perdieron mayoritariamente sus plazas de trabajo, lo único que conservaron fue al líder sindical; por los mismos motivos, los azucareros no han visto su suerte. Hace tan sólo 10 años, se anunció con bombo y platillo que el sistema de cuentas individuales y Afores mejoraría los servicios médicos y las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hoy se confirma que tenían razón quienes advirtieron que las pensiones irían a la baja, que las verdaderas beneficiadas serían las aseguradoras privadas, las cuales sin ningún esfuerzo y tan sólo trasladando recursos, han obtenido ganancias gigantescas a cuenta de las pobres pensiones de los trabajadores. La cadena de historias es inagotable: se puede hablar de carreteras, medios de comunicación o servicios públicos, el hecho es que casi en automático se vincula la idea de privatización con despojo, con funcionarios enriquecidos, con líderes sindicales que trafican con el cambio de estatus. Por este motivo, los trabajadores reclaman una discusión pública y fundada sobre la reforma. Por ello, crece la propuesta en favor de un referéndum. Un segundo reclamo que estará presente en numerosos contingentes es la protesta contra la Ley del ISSSTE; el número sin precedentes de trabajadores que han acudido a la vía del amparo para combatirla es muestra clara de su rechazo. Aparte del tema de los nuevos requisitos y del sinnúmero de lagunas legales que generan angustia a los trabajadores, resulta absurdo que al final de la vida laboral, tanto los trabajadores de nuevo ingreso como aquellos que ingenuamente opten por los fantasiosos bonos terminen con un papelito en las manos negociando su pensión con una aseguradora extranjera. ¿Por qué no se creó un organismo público autónomo y transparente que administrara y pagara las pensiones, como en otros países del mundo? ¿Por qué regalar ganancias gigantescas al sector privado a cuenta de los trabajadores? ¿Por qué el clima de terror, desinformación y manipulación que instrumenta el ISSSTE para forzar a los trabajadores a que opten por los bonos fantasiosos? ¿Por qué no hablar con la verdad? Un tercer motivo de reclamo está fundado en la política salarial que ha promovido el gobierno a costa de la calidad de vida de los trabajadores. El último incremento a los salarios mínimos, del orden de 4 por ciento, reflejado también en las negociaciones contractuales y en los topes salariales, es una ofensa cotidiana que sufren quienes viven de su trabajo, al confirmar que los datos de inflación baja son puro cuento frente a la realidad de los precios y nuevos impuestos. Este coraje aumenta cuando el salario alcanza menos y contrasta cada vez más con el que perciben los funcionarios públicos. ¿Cómo se puede vivir con 3 o 4 mil pesos al mes, ya no digamos con el salario mínimo? En otros países, los gobiernos han logrado progresos en esta materia, mientras el nuestro sólo parece preocupado por preservar a toda costa el tope salarial. La reforma laboral promovida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social agrega un elemento de crispación, sobre todo porque ha sido fruto de un método excluyente, sin transparencia alguna y con interlocutores escogidos a modo por el gobierno. Atendiendo al texto recientemente conocido de la llamada reforma Lozano, todo indica que fueron esencialmente abogados empresariales del corte más conservador y atrasado quienes la elaboraron; se sirvieron con la cuchara grande, al suprimir los reducidos espacios existentes en materia de libertad sindical, contratación colectiva y huelga. Esta propuesta de reforma impone requisitos imposibles de cumplir en la práctica para el ejercicio de derechos colectivos, violando la Constitución y los convenios internacionales en materia de derechos humanos, en especial el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo. Los diferentes contingentes incluirán sus propios reclamos, las arbitrariedades cotidianas de las juntas de Conciliación y Arbitraje, los injustos cierres, las contrataciones irregulares, y una exigencia creciente, no sólo al gobierno federal, sino también a los estatales y del Distrito Federal, para que instrumenten una política laboral activa y comprometida con los trabajadores, especialmente en las ramas industriales y de servicios más depauperadas. Los agravios son muchos, pero si no se afrontan de manera unitaria y propositiva serán cada día más severos. Por esta razón, urge una nueva ola de imaginación y fraternidad para impedir que los intereses de la gente, en su mayoría trabajadores, se sigan colocando por los gobiernos en el último lugar de sus prioridades. Marchemos juntos para empezar a cambiar el rumbo.

Corrupción y petróleo

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008

Irma Eréndira Sandoval* irma.sandoval@servidor.unam.mx Los más recientes datos de Transparencia Mexicana demuestran que la alternancia en el poder no ha tenido ningún impacto positivo en el combate a la corrupción. Mientras en 2001 los mexicanos tuvimos que pagar mordidas en 10.6 de cada 100 trámites gubernamentales, en 2005 este indicador se ubicó en 10.1 y para 2007 la cifra se quedó en 10.0. Es decir, durante estos ocho años no ha cambiado absolutamente nada. Durante 2007 las familias mexicanas gastaron 27 millones de pesos en mordidas y sobornos, lo cual en promedio equivale a 8 por ciento de sus ingresos (y para las familias más pobres, 18 por ciento). Estas cifras demuestran el rotundo fracaso de las políticas de combate a la corrupción por parte de los gobernantes, tanto al nivel federal como en las distintas entidades federativas. Si los ciudadanos en general gastan tanto dinero en mordidas para agilizar la conexión de la luz, sacar su coche del corralón o inscribir a sus hijos en la escuela, la cantidad de recursos que los empresarios están dispuestos a ofrecer para lograr los jugosos contratos con el gobierno debe ser infinitamente superior. Desafortunadamente, Transparencia Mexicana no se ha atrevido a incursionar en la medición de este ámbito. Su timidez seguramente se relaciona con el hecho de que sus principales patrocinadores son algunas de las empresas más poderosas del país, entre otras: Televisa, Tv Azteca, FEMSA, Banamex, BBVA-Bancomer, Cemex, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y Grupo Modelo. Las investigaciones auspiciadas desde el Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia de la UNAM han demostrado que hay un gran desaseo en materia de compras gubernamentales en México. La mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones públicas, y dan la preferencia a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas, donde tienen mayor margen de maniobra y discrecionalidad. Asimismo, cuando se realizan licitaciones públicas las empresas proveedoras frecuentemente buscan influir de manera ilegal en los funcionarios a cargo de los concursos o coludirse entre sí para inflar los precios. Esta situación ha llegado a extremos sumamente peligrosos en instituciones como Petróleos Mexicanos (Pemex). La gravedad del diagnóstico exige soluciones de fondo. Desafortunadamente, tanto las reformas propuestas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos como los cambios a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público ya aprobadas por un grupo de diputados y senadores en las sedes alternas del Congreso podrían empeorar esta de por sí preocupante situación. La reforma a Pemex propone crear un régimen de excepción para las compras de bienes y servicios en todas las “áreas sustantivas” de la empresa, removiéndolas del control del Congreso de la Unión. Para cualquier producto relacionado con la exploración, la producción y la refinación simplemente no se aplicaría la ley de adquisiciones sino las disposiciones propias que elaborara el consejo de administración de la empresa a su leal saber y entender. Asimismo, el nuevo artículo 45 de la ley orgánica incluiría una larga lista de áreas donde Pemex podría simplemente “optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública”, independientemente del monto del contrato respectivo. Estas áreas incluyen asuntos tan sensibles como todos los “servicios financieros”, el “desarrollo de innovaciones tecnológicas”, la “instalación, mantenimiento o conservación de equipos industriales” y cualquier servicio de “consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación”. En lugar de reducir el margen de discrecionalidad, la reforma a Pemex promete hundir aún más a la empresa en el hoyo de la corrupción. Para las compras en las áreas no sustantivas de Pemex, así como para todas las licitaciones de las dependencias del gobierno federal, se aplicarán las nuevas disposiciones de la ley de adquisiciones. El centro de esta otra reforma es la introducción de la figura de las subastas públicas por Internet. En principio la propuesta suena muy “moderna”, ya que obliga a las empresas proveedoras a competir entre sí de manera pública y en tiempo real para ofrecer los mejores precios al gobierno. Con este mecanismo, sería el “mercado” y no un servidor público aislado quien determinaría al ganador de la licitación. Sin embargo, como bien lo ha señalado Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia, habría que ser sumamente escépticos con respecto al poder purificador del mercado en contextos de alta concentración económica. Cuando una docena de empresas controlan la economía nacional, como ocurre en nuestro país, lo más seguro es que tales empresas utilizarán las nuevas subastas electrónicas no para reducir sus precios sino para aumentar sus ganancias. Todo parece indicar que en lugar de ayudar al Estado a defender mejor su patrimonio y tener un desempeño más eficiente y eficaz, estas dos reformas únicamente ampliarán las oportunidades para la colusión y la corrupción. Nuestros legisladores harían un gran servicio a la nación si reflexionaran de manera cuidadosa y responsable sobre las implicaciones de la iniciativa de Calderón y exploraran formas para evitar el abuso de la nueva ley de adquisiciones. * Investigadora y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Corrupción y la Transparencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Habrá debate, y después: ¿privatizarán Pemex durante los Juegos Olímpicos?

La Jornada, sábado 26 de abril de 2008
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Desfiladero

Jaime Avilés Ayer terminó la primera escaramuza de la batalla por el petróleo mexicano. Al concluir la huelga legislativa que durante 16 días mantuvo ocupadas simbólicamente las dos cámaras del Congreso de la Unión, el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo evitó el madruguete que hubiera privatizado Pemex, pero los daños que la ultraderecha golpista le causó al país bien pueden calificarse de desastrosos. A saber, a) aprobó cambios a la Ley de Adquisiciones que abren las puertas de Pemex a las empresas extranjeras que cuenten con tecnología que nosotros no tenemos; b) destruyó la flamante reforma que prohibía a particulares difundir espots contra actores políticos, convirtiendo en mero espantapájaros al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, y c) modificó el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para que el PRI y el PAN obtengan ventajas tramposas en las elecciones del año entrante. Es obvio que las reformas a la Ley de Adquisiciones preparan el terreno para que, si el Congreso desecha las cinco iniciativas petroleras enviadas por Felipe Calderón, Pemex de todos modos pueda asociarse con empresas privadas. Al mismo tiempo, mientras todos los concesionarios del espectro radioeléctrico aullaban mañana, tarde y noche por el supuesto “secuestro” del Congreso –que no les impidió a los legisladores aprobar leyes nocivas al vapor–, Televisa lanzó al aire el espot de Guillermo Velasco Arzac que compara a López Obrador con Hitler, enviando así la señal, a todos los dueños del país, en el sentido de que podrán hacer lo mismo que en 2006: calumniar al principal dirigente de la oposición en horario triple A sin que nadie los moleste. Para cerrar la pinza, los diputados de la ultraderecha, con la complicidad de su presidenta, Ruth Zavaleta, alteraron el estatuto que rige el funcionamiento del Gobierno del Distrito Federal, lo que en opinión del presidente del Instituto Electoral capitalino, Isidro Cisneros, constituye un “golpe de Estado técnico” contra la administración de Marcelo Ebrard. Gracias a esta maniobra, el PRI y el PAN podrán sustituir “a uno, a dos o a siete integrantes” del Consejo General de ese instituto para colocar en su lugar a incondicionales que manipulen los comicios del año entrante en la ciudad de México, a fin de que la ultraderecha gane la mayoría en la Asamblea Legislativa por la muy transitada vía del fraude. Con esas tres medidas –más las que aparezcan, porque senadores y diputados aprobaron muchas cosas más que ni siquiera ellos mismos conocen–, la coalición formada por el gobierno espurio de Los Pinos, los gobernadores y legisladores del PRI, el PAN y Nueva Izquierda, los empresarios salinistas de siempre, las grandes petroleras estadunidenses y británicas más la gallega Repsol, más George WC Bush, Dick Cheney y Condoleezza Rice, más la ultraderecha española y el régimen paramilitar de Álvaro Uribe en Colombia, ha acelerado de hecho la privatización de Pemex, ha descalificado de antemano las elecciones federales de 2009 y amenaza con derribar al gobierno capitalino, máximo bastión del movimiento de masas de López Obrador. Y ayer, en forma simultánea, accedió a organizar un debate sumamente limitado sobre las cinco iniciativas de la reforma calderónica que, en caso de ser aprobadas, permitirán que intereses privados, extranjeros y nacionales, participen en la exploración, extracción, refinación, transporte y almacenamiento del petróleo nacional, adueñándose de la principal fuente de riqueza del país y dejando al gobierno espurio al borde de la quiebra, lo que sólo traerá el caos para decenas de millones de mexicanos, a quienes, además de la pobreza habitual ocasionada por la devastación del modelo económico salinista, amenaza ya la escasez mundial de alimentos que tiende rápidamente a agudizarse. El debate petrolero comenzará el martes 13 de mayo y se prolongará 71 días. En otras palabras, terminará el miércoles 23 de julio. ¿Cuándo comienzan los Juegos Olímpicos de Pekín? El viernes 8 de agosto y acaban el domingo 24 de ese mes. Así, mientras nos saturen de noticias deportivas previas a “la cita que todos tenemos en China”, el “debate” se desarrollará en la casona de Xicoténcatl, en dos sesiones semanales, martes y jueves, que no serán transmitidas en vivo por las grandes televisoras sino apenas por el Canal del Congreso, que llega únicamente a las casas que tienen servicio de cable, es decir, a una minoría de la población. Cuando el “debate” concluya, las comisiones de Energía y Estudios Legislativos del Senado analizarán las “conclusiones” y procederán a dictaminar las cinco iniciativas calderónicas. ¿Cuándo? ¿En un periodo extraordinario que aprobará la Comisión Permanente durante el receso que principia el 30 de abril? Todo sugiere que el PRI y el PAN, y sus aliados de Nueva Izquierda –sobre los cuales recae una vez más el bien ganado calificativo de traidores al movimiento–, aprovecharán el espectáculo de los Olímpicos para consumar la privatización de Pemex. Esto es, pues, lo que queda en pie mientras se disipa el polvo de la primera escaramuza de la batalla por Pemex. El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo hizo lo que desde el año pasado prometió que haría: estalló la huelga legislativa y sacó a la gente a la calle para impedir el madruguete. En estricto rigor, logró su primer objetivo. Ahora tiene ante sí el próximo: conseguir, por medio de nuevas y más amplias movilizaciones, que después del debate se celebre un plebiscito para que todo el pueblo –y no sólo un puñado de petrosenadores de ultraderecha– pueda opinar. Pero no adelantemos vísperas. La resistencia civil pacífica está intacta y no ha utilizado su enorme fuerza organizada en el resto del país. A las nuevas medidas de lucha que sin duda López Obrador anunciará mañana en el Zócalo, la ultraderecha responderá con otro bombardeo mediático sobre las ruinas del PRD, al que se agregará la ya inevitable ruptura del FAP, en un clima que sólo augura desestabilización generalizada debido al vacío de poder creado por la sonrisa estulta de Juan Camilo Mouriño y a la zozobra provocada por el empleado de Los Pinos que se robó los Blackberries de los guaruras de la Casa Blanca para venderle la información que contenían a... ¿a quién creen ustedes? ¿A Osama Bin Laden o al narcotráfico?