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ACTÚA YA, DESPUÉS SERÁ TARDE
RECHAZAMOS LA REFORMA A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE UN ESTADO POLICÍACO-MILITAR
Los grupos parlamentarios del PAN y el PRI emitieron un proyecto de dictamen en la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Este proyecto modifica lo referente a dicha reforma en el sentido de que el Presidente solicite la intervención de las fuerzas armadas en contra de movimientos de carácter político, electoral, social o del trabajo cuando lo considere una amenaza a la seguridad interior.
Esta reforma también brinda atribuciones a militares, marina y CISEN para realizar tareas de espionaje. La Ley sitúa en la misma clasificación al crimen organizado y a los movimientos de carácter político, social y electoral. Permite que el Ejército revise las pertenencias de los particulares en las calles y que para requerirles información utilice “cualquier herramienta que resulte necesaria”.
Prevé informantes anónimos del ejército y usar “cualquier método de recolección de información”. Bajo el concepto de “prevención social” la reforma pretende que la ciudadanía este obligada a colaborar en investigaciones judiciales y militares. Esto significaría una suspensión de garantías sin la necesidad del decreto de estado de excepción.
La reforma solamente enuncia el respeto a los derechos humanos, pero abre la puerta a que sean violados de manera “legal”. Hay contradicciones en el planteamiento de la reforma que en conjunto con el momento en que se está queriendo aprobar nos hace pensar que la intención de fondo no es únicamente el combate al crimen organizado sino el camino a un golpe de estado por vías legislativas y al establecimiento de un estado policiaco. Esta reforma pretende ser aprobada el próximo lunes 25.
La reforma se encuentra en manos de las comisiones a cargo de:
Comisión de Gobernación
Dip. Javier Corral Jurado (PAN)
javier.corral@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57130
Twitter: @Javier_Corral
Comisión de Seguridad Pública
Dip. José Luis Ovando Patrón (PAN)
jose.ovando@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 51217
Twitter: @JLOvandoP
Comisión de Defensa Nacional
Dip. Rogelio Cerda Pérez (PRI)
rogelio.cerda@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66004
Twitter: @rogeliocerda
Comisión de Justicia
Dip. Victor Humberto Benítez Treviño (PRI)
victor.benitez@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 57148
Twitter: @HumbertoBeniTre
Comisión de Derechos Humanos
Dip. Manuel Cadena Morales (PRI)
manuel.cadena@congreso.gob.mx
Tel: (55) 50360000 ext. 66318
Twitter: @manuelcadena38
Como ciudadanos que exigimos ¡No más Sangre y un Alto a la Guerra de Felipe Calderón! proponemos:
1. Enviar desde este momento mensajes al correo y Twitter de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: ¡Rechazamos la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar!
2. Llamar a partir del lunes 25 de abril a las 8:00 hrs a los teléfonos de los presidentes de las comisiones responsables diciendo: Llamo porque rechazo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional y el establecimiento de un Estado Policial-Militar.
MÉXICO, D.F.; 23 de abril (Apro).- En la “guerra a las drogas” de Calderón sí hay un claro vencedor: Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa. Pero la consolidación de esa victoria antes de que sus tácitos aliados panistas dejen el poder depende de lo que suceda con el cartel de Los Zetas.
El pasado jueves 21, la firma texana Stratfor, dedicada al análisis de inteligencia de los conflictos en el mundo, confirmó lo que muchos, de diversas maneras, han dicho en México desde hace tiempo, que El Chapo y el cartel de Sinaloa son los beneficiados de la violenta estrategia de Calderón.
Después de pasar como el narco del sexenio de Vicente Fox, a quien “se les escapó” del penal de Puente Grande en cuanto el primer panista llegó a Los Pinos, El Chapo es a ojos de todo el mundo el ganador hasta ahora de la campaña sangrienta propiciada por Calderón.
Más testarudos que los dichos del ocupante de Los Pinos de que su estrategia está dirigida a todos los carteles de la droga, los hechos revelan cada vez más la apuesta del gobierno panista por el modelo Sinaloa de narcotráfico.
Hay un acuerdo de facto: debilitar a las organizaciones rivales, reducir la violencia y luego entonces estabilizar de nueva cuenta el mercado ilegal de las drogas pero con un grupo hegemónico, el de Sinaloa.
Esa estrategia ha sido explícita por parte del cartel de Sinaloa, que en mantas desplegadas en varias partes del país le ha pedido a Calderón que le ayude a acabar con Los Zetas para acabar con la violencia.
Funcionarios de Calderón han hecho saber más o menos lo mismo al extranjero. En enero del año pasado, un “alto funcionario de seguridad” le dijo a la revista inglesa The Economist: que ni con 100 mil hombres del Ejército se podría detener al Chapo. En otras palabras: mejor ni dar esa pelea. Además, reconoció su capacidad de operación internacional y, cerca del elogio, dijo que se concentraba en el tráfico de drogas, a diferencia de otras organizaciones delictivas que atentan contra la sociedad.
Ahora, los informantes gubernamentales fueron más explícitos. Aunque la firma usó el término “aparentemente”, dice que el gobierno mexicano está dispuesto a continuar la actual guerra de desgaste entre los cárteles y dejar que el de Sinaloa se fortalezca como de hecho ha ocurrido durante el gobierno de Calderón.
Más clara no pudo ser la empresa en la que trabajan exagentes de seguridad e inteligencia estadounidenses: la desestabilización que comenzó en 2006 con la campaña anticárteles de Calderón rompió el equilibrio entre los grupos y creó vacíos de poder.
Añade: Con la posible excepción de Los Zetas, la fragmentación y vacíos de poder han debilitado o destruido algunos cárteles, mientras que el de Sinaloa no ha sido afectado y es el primer beneficiario.
Stratfor sistematiza los avances del Chapo en los pasados cuatro años: Primero, desplazamiento, aun no acabado, del cartel de Juárez para controlar la principal salida de drogas a Estados Unidos en la frontera con Texas.
Segundo, consolidación de su presencia en la costa del Pacífico, con el empequeñecimiento del cartel de Tijuana, una alianza con lo que resulte de la evolución de La Familia Michoacana y según estima una próxima “conquista” del puerto de Acapulco.
En tercer lugar, el reforzamiento de su presencia en el Golfo de México a través de su alianza con el cartel del Golfo al que refuerza en su batalla contra el cartel paramilitar de Los Zetas. Y como coronación, mayor presencia en la ciudad de México; es decir, en el centro político, económico y militar de México.
Es obvio que el gobierno calderonista no pretende acabar con los cárteles de la droga; sencillamente nadie en el mundo puede ni pretende terminar con el tráfico de drogas y el lucrativo mercado que significa.
Lo que queda, por tanto, es reducir lo más pronto posible la violencia. Pero no será fácil, por lo menos en lo que resta del sexenio y tal vez ya entrado el siguiente, pues la última palabra la tienen por ahora Los Zetas, el cartel que por su extracción militar es el más difícil de enfrentar.
Dolor y rabia |
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Link para Acción Urgente y Carta Modelo
HOMICIDIO DE JAVIER TORRES CRUZ, CAMPESINO ECOLOGÍSTA EN PETATLAN GUERRERO
Boletín de prensa
Tadeco / CCTI
Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.
La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena.
Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército).
Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.
Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.
A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.
Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.
El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.
Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.
Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.
Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.
Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.
Por lo anterior, demandamos:
- Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.
- Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.
- Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.
- Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.
- La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.
TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011
SINOPSIS DE LOS ANTECEDENTES DEL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ
El 19 de septiembre del 2007 Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido el día 19 de octubre del 2001.
El día 13 de noviembre de 2008 en la madrugada las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres. Les sustraen documentos personales y roban algunas pertenencias Según los testimonios los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alba Álvarez.
MÉXICO, DF, 19 de abril (apro).- El mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un duro comunicado de condena al Estado mexicano por el hallazgo de 145 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón hacía uso de su nueva estrategia de comunicación (o incomunicación) en su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje:
“Muchas felicidades a las Fuerzas Armadas por la captura de El Kilo y toda su banda de Zetas, autores de la masacre de migrantes ahí”.
A las 11:17 horas del lunes 18 de abril, el mandatario mexicano insistió en la alabanza:
“La detención de El Kilo y Los Zetas de San Fernando, fue el resultado de una gran coordinación de fuerzas federales”.
Ni una sola palabra presidencial de apoyo a los cientos de personas que han acudido a la morgue para saber si entre esos cadáveres se encuentra algún familiar. Tampoco ningún compromiso por investigar si existen otros cuerpos hallados en fosas similares. Mucho menos referencia alguna a lo expresado por la CIDH.
La Comisión Interamericana instó al Estado mexicano “a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha respondido formalmente a este llamado.
La pesadilla de las narcofosas apenas empieza a desentrañarse y el gobierno federal insiste en asumir como “logros” lo que es una demostración de la impunidad generalizada, con un alto grado de responsabilidad de los tres niveles gubernamentales (estado, municipios y Federación).
El incómodo blog del narco publicó el mismo día que la Secretaría de Marina presumió ante los medios la detención de Martín Estrada Luna, El Kilo, que “fuentes anónimas y confiables” indicaron que se encontraron 55 cuerpos más en una nueva narcofosa, donde existen cuerpos de bebés, niños y jóvenes “quienes fueron ejecutados con brutalidad extrema”.
En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido plenamente identificados.
En otras palabras, apenas estamos en el umbral de un escándalo internacional que ya comenzó a generar notas muy duras en las cadenas televisivas internacionales como Telesur, CNN o las agencias informativas europeas y estadunidenses.
El sicario y sus víctimas
“No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada... Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de cien personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles de ejecuciones”.
Este es el testimonio de El sicario, libro y documental del mismo título realizados por los periodistas Charles Bowden y Molly Molloy, cuyo adelanto se publica en la edición de Proceso de esta semana.
Las palabras de este asesino a sueldo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo confirman el horror que está por venir. El protagonista del documental insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos cien narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.
El menciona tan sólo las fosas existentes en la frontera de Ciudad Juárez y Estados Unidos. Además de estos cementerios clandestinos, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango y en Coahuila se calcula que pueden existir decenas o cientos de estos sitios.
El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.
Más de 3 mil desaparecidos
En la misma edición de la revista Proceso, la reportera Gloria Leticia Díaz cita el cálculo del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en todo el país.
El recuento hemerográfico realizado por Proceso señala que se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.
La reportera Marcela Turati, en su recorrido por la morgue de Matamoros, Tamaulipas, relata en la misma edición de Proceso que el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y más de 400 personas han acudido a este sitio –provenientes del mismo estado y de otros como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Jalisco-- en busca de sus familiares desaparecidos.
Un investigador, entrevistado por Turati, describe así el perfil de las víctimas:
“Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (‘no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso’, dice la fuente).
“--¿Por qué los habrían matado? –se pregunta al investigador.
“--A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los sicarios”.
Esos son los muertos sin nombre. Sus cuerpos apenas comienzan a descubrirse.
Sin embargo, para ellos no hay palabras de consuelo ni de compromiso contra la impunidad del presidente de la República.
Comentarios: www.homozapping.com.mx
www.jenarovillamil.wordpress.com
estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligropara la seguridad interior.
El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior
; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, con cualquier herramienta que resulte necesaria
, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información
.
La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa
, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar
.
En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.
Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.
14 de abril de 2011
LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ
PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Distinguida Procuradora Morales:
En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.
Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.
Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.
En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.
La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.
La remisión de los expedientes de investigación radicados en la jurisdicción penal militar hacia el fuero civil es impostergable. Sólo a partir de ello se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los delitos efectúen una investigación que cumpla los requerimientos establecidos por la Corte Interamericana.
Por ende, en nuestra calidad de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, inclusive aquellas representantes de las víctimas de los casos mencionados, respetuosamente la instamos a que de manera inmediata solicite la remisión de las investigaciones al fuero civil federal. Siendo la primera Procuradora General de la República, no dudamos en que sabrá dimensionar la relevancia de esta medida en la construcción de una justicia más eficiente para quienes denuncian los abusos cometidos por el Ejército, así como para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el país. Asimismo confiamos en que valorará la importancia de garantizar el acceso a la justicia a quienes han sufrido profundamente por defender los recursos naturales de México.
Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva
A t e n t a m e n t e
Organizaciones Internacionales
Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).
Organizaciones Mexicanas
Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).
C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento
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