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El Norte, 30 septiembre 2007.
Por Ernesto Núñez
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MÉXICO.- Para Rosario Ibarra de Piedra no fue necesario ver nacer y fracasar una fiscalía especial para dudar del compromiso gubernamental con el esclarecimiento de la Guerra Sucia; ella ya estaba decepcionada desde muchos años antes.
En 1990 acudió a la oficina del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, con otros integrantes del Comité Eureka y, según relata, ese encuentro y lo que ocurrió en las semanas posteriores confirmaron su escepticismo hacia el gobierno.
"Estuvimos presionando mucho, como familiares de desaparecidos, a ver si Salinas nos solucionaba el problema. Él nos recibió, habló con nosotros, muy amable, con ese estilo de político que tenía, y nos dijo: 'en 20 días sabrán de sus hijos'. Bueno, yo salí escéptica totalmente, porque su mandato fue producto de un fraude. No le creí, porque sabía que en 20 días era difícil, además el tono en que lo dijo no me inspiró confianza, y luego sus expresiones absurdas. Cuando yo le dije que mis padres eran de Nuevo León, él dijo 'ajúa', una cosa totalmente fuera de tono, como queriendo emular a un cómico muy querido que se llama Piporro.
"A los 20 días fuimos a la Secretaría de Gobernación, en donde estaba Fernando Gutiérrez Barios, a quien habíamos visto siempre para estos casos, y él me dijo: 'Ya, doña Rosario, se van a resolver estos problemas', y me dio una invitación para la inauguración de la CNDH. Se trajo a Luis Ortiz Monasterio de donde andaba, en Alemania, y luego puso al doctor Carpizo al frente de la CNDH y nos mandaron invitaciones a granel y fuimos a Palacio Nacional a una ceremonia.
"Después fuimos a ver al doctor Carpizo, no nos recibió, nos mandó con Jorge Madrazo, que era el primer visitador. Él tenía las cinco cajas de expedientes que le habíamos entregado a Gutiérrez Barios hacía mucho tiempo. Cuando lo vimos, nos dijo: 'A ver, aquí están todos los expedientes y no he tenido tiempo de leerlos, pero antes de eso quiero que me manden las actas de nacimiento de cada uno de los desaparecidos, para poderle probar al procurador que existieron'. Caray, esto era una bofetada, ¿cómo íbamos a tener 20 años buscando a nuestra gente sin que hubieran existido? Era un grosero consumado el tal Jorge Madrazo".
Fue a raíz de esa experiencia que la hoy senadora retiró toda su confianza de las instituciones oficiales de derechos humanos. El Comité Eureka, que ella fundó en 1977 para buscar a su hijo Jesús Piedra Ibarra y otros 528 desaparecidos, acordó no reconocer a la CNDH, nacida en el salinismo ante la presión de organismos internacionales que constantemente señalaban el respeto a las garantías individuales como una asignatura pendiente de México.
Con el mismo escepticismo, Ibarra de Piedra acogió en el 2000 la promesa del entonces candidato presidencial, Vicente Fox, quien hizo alusión a su lucha y al movimiento estudiantil del 68 durante el debate entre candidatos a la Presidencia del 27 de mayo. Ya desde ese año, la regiomontana había renegado de esa ocurrencia del candidato de Acción Nacional y dudó del compromiso foxista para enjuiciar a los responsables de la represión y cerrar la herida abierta por la Guerra Sucia.
La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, anunciada en noviembre del 2001, tampoco le dio esperanza. Y con la misma actitud vuelve a juzgar hoy, seis años después, el papel del jurista Ignacio Carrillo Prieto al frente de la Femospp.
"Fue otra burla. Yo le llamaba la fiscalía de nombre largo y alcances nulos; le duele, pobre señor. Yo hablé con él por teléfono unas pocas veces, pero nunca tuvimos mis compañeras y yo la oportunidad de tomar ningún acuerdo de ir a la fiscalía especial. Nosotros sentimos que fue un engaño, un ente raro de Fox, como fue la CNDH de Salinas".
Como un ejemplo de las contradicciones de Fox, Ibarra menciona que el ex Presidente propuso al Senado que la ratificación de México a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas tuviera una reserva con la que se protege al Ejército de ser juzgado por crímenes cometidos en el pasado.
La declaración interpretativa hecha por el gobierno de México al momento del depósito del instrumento de ratificación, el 9 de abril del 2002, señala: "se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posteridad a la entrada en vigor de la presente Convención".
A Carrillo Prieto la senadora le reprocha un error muy grave: usar el nombre de su hijo en la denuncia contra Miguel Nazar Haro. "Hubo muchísimos que cayeron mucho antes que mi hijo, y eso fue una cosa muy grave para mí; a mi me molestó que se haya escogido a mi hijo. Pero él tenía sus razones malignas, malévolas: lo hizo para demostrarle a mis compañeras que yo buscaba a mi hijo y no a todos, como era mi obligación. Era una triquiñuela. Aparte llevaron a Nazar Haro a la cárcel en una parodia de juicio".
Para Ibarra de Piedra, a futuro no habrá fiscalía ni Comisión de la Verdad que valga. Ella demanda, a secas, que las autoridades cumplan la ley a través de las procuradurías. "Nuestro grito de batalla sigue siendo: 'vivos se los llevaron, vivos los queremos'. Si los han tenido y han ido muriendo algunos de viejos, y a los jóvenes los maltrataron o los asesinaron a sangre fría, nosotros no vamos a pedir restos, nunca. Nosotros exigimos, si es que los asesinaron, que nos digan quién, cómo, dónde y cuándo, y castigar al responsable".
En 1990 acudió a la oficina del entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, con otros integrantes del Comité Eureka y, según relata, ese encuentro y lo que ocurrió en las semanas posteriores confirmaron su escepticismo hacia el gobierno.
"Estuvimos presionando mucho, como familiares de desaparecidos, a ver si Salinas nos solucionaba el problema. Él nos recibió, habló con nosotros, muy amable, con ese estilo de político que tenía, y nos dijo: 'en 20 días sabrán de sus hijos'. Bueno, yo salí escéptica totalmente, porque su mandato fue producto de un fraude. No le creí, porque sabía que en 20 días era difícil, además el tono en que lo dijo no me inspiró confianza, y luego sus expresiones absurdas. Cuando yo le dije que mis padres eran de Nuevo León, él dijo 'ajúa', una cosa totalmente fuera de tono, como queriendo emular a un cómico muy querido que se llama Piporro.
"A los 20 días fuimos a la Secretaría de Gobernación, en donde estaba Fernando Gutiérrez Barios, a quien habíamos visto siempre para estos casos, y él me dijo: 'Ya, doña Rosario, se van a resolver estos problemas', y me dio una invitación para la inauguración de la CNDH. Se trajo a Luis Ortiz Monasterio de donde andaba, en Alemania, y luego puso al doctor Carpizo al frente de la CNDH y nos mandaron invitaciones a granel y fuimos a Palacio Nacional a una ceremonia.
"Después fuimos a ver al doctor Carpizo, no nos recibió, nos mandó con Jorge Madrazo, que era el primer visitador. Él tenía las cinco cajas de expedientes que le habíamos entregado a Gutiérrez Barios hacía mucho tiempo. Cuando lo vimos, nos dijo: 'A ver, aquí están todos los expedientes y no he tenido tiempo de leerlos, pero antes de eso quiero que me manden las actas de nacimiento de cada uno de los desaparecidos, para poderle probar al procurador que existieron'. Caray, esto era una bofetada, ¿cómo íbamos a tener 20 años buscando a nuestra gente sin que hubieran existido? Era un grosero consumado el tal Jorge Madrazo".
Fue a raíz de esa experiencia que la hoy senadora retiró toda su confianza de las instituciones oficiales de derechos humanos. El Comité Eureka, que ella fundó en 1977 para buscar a su hijo Jesús Piedra Ibarra y otros 528 desaparecidos, acordó no reconocer a la CNDH, nacida en el salinismo ante la presión de organismos internacionales que constantemente señalaban el respeto a las garantías individuales como una asignatura pendiente de México.
Con el mismo escepticismo, Ibarra de Piedra acogió en el 2000 la promesa del entonces candidato presidencial, Vicente Fox, quien hizo alusión a su lucha y al movimiento estudiantil del 68 durante el debate entre candidatos a la Presidencia del 27 de mayo. Ya desde ese año, la regiomontana había renegado de esa ocurrencia del candidato de Acción Nacional y dudó del compromiso foxista para enjuiciar a los responsables de la represión y cerrar la herida abierta por la Guerra Sucia.
La creación de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, anunciada en noviembre del 2001, tampoco le dio esperanza. Y con la misma actitud vuelve a juzgar hoy, seis años después, el papel del jurista Ignacio Carrillo Prieto al frente de la Femospp.
"Fue otra burla. Yo le llamaba la fiscalía de nombre largo y alcances nulos; le duele, pobre señor. Yo hablé con él por teléfono unas pocas veces, pero nunca tuvimos mis compañeras y yo la oportunidad de tomar ningún acuerdo de ir a la fiscalía especial. Nosotros sentimos que fue un engaño, un ente raro de Fox, como fue la CNDH de Salinas".
Como un ejemplo de las contradicciones de Fox, Ibarra menciona que el ex Presidente propuso al Senado que la ratificación de México a la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas tuviera una reserva con la que se protege al Ejército de ser juzgado por crímenes cometidos en el pasado.
La declaración interpretativa hecha por el gobierno de México al momento del depósito del instrumento de ratificación, el 9 de abril del 2002, señala: "se entenderá que las disposiciones de dicha Convención se aplicarán a los hechos que constituyan desaparición forzada de personas, se ordenen, ejecuten o cometan con posteridad a la entrada en vigor de la presente Convención".
A Carrillo Prieto la senadora le reprocha un error muy grave: usar el nombre de su hijo en la denuncia contra Miguel Nazar Haro. "Hubo muchísimos que cayeron mucho antes que mi hijo, y eso fue una cosa muy grave para mí; a mi me molestó que se haya escogido a mi hijo. Pero él tenía sus razones malignas, malévolas: lo hizo para demostrarle a mis compañeras que yo buscaba a mi hijo y no a todos, como era mi obligación. Era una triquiñuela. Aparte llevaron a Nazar Haro a la cárcel en una parodia de juicio".
Para Ibarra de Piedra, a futuro no habrá fiscalía ni Comisión de la Verdad que valga. Ella demanda, a secas, que las autoridades cumplan la ley a través de las procuradurías. "Nuestro grito de batalla sigue siendo: 'vivos se los llevaron, vivos los queremos'. Si los han tenido y han ido muriendo algunos de viejos, y a los jóvenes los maltrataron o los asesinaron a sangre fría, nosotros no vamos a pedir restos, nunca. Nosotros exigimos, si es que los asesinaron, que nos digan quién, cómo, dónde y cuándo, y castigar al responsable".
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Hizo fiscal trabajo sucio.
Por Laurence Pantin.
MÉXICO.- La Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado no fue más que una maniobra político-electoral del Gobierno de Vicente Fox, asevera el ex líder estudiantil del 68 Marcelino Perelló Vals.
"Estoy convencido, como él (Ignacio Carrillo Prieto) lo sugiere, pero no lo discute en su texto, que no se trata de una acción legal, sino de una acción política", expresa. "Su fiscalía no debió llamarse Fiscalía Especial sobre los Movimientos Políticos y Sociales del Pasado, sino Fiscalía Especial sobre los Movimientos Políticos y Sociales del Futuro, porque cuando la fundan no están pensando en 1968. Les vale madre 1968. Están pensando en el 2006".
Perelló, quien estuvo preso en 1968 por ser miembro de la Juventud Comunista de México, señala como prueba de la motivación electoral detrás del organismo, que el 30 de junio del 2006, el viernes anterior a las elecciones presidenciales, se ordenó el arresto domiciliario del ex presidente Echeverría.
Confirma que se reunió con Carrillo Prieto, y que en una comida en un restaurante del sur de la ciudad, le advirtió que el motivo por el cual el general Rafael Macedo de la Concha -titular de la PGR- lo invitaba a ser fiscal era para que incidiera en la campaña electoral del 2006. "Y ahora se saca de onda porque después de la campaña electoral clausuran su comité. Pues sí, ya hizo su trabajo sucio", sostiene.
Por esa razón, Perelló, quien tuvo que exiliarse en 1969 por su participación en el Consejo Nacional de Huelga, lamenta que el ex fiscal y otros ex camaradas suyos se hayan prestado a esta operación, y acusa a éstos últimos de aceptar participar en el Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía por interés personal. "Los miembros del comité recibían un jugoso salario por no hacer nada", manifiesta, "solamente alquilaron sus nombres".
Por su parte, dice que rechazó ser parte del Comité Ciudadano porque no quería participar en la operación política que describe, pero también porque cree que el comité que investiga lo que pasó en el 68 no debe ser conformado por personas que participaron en los hechos.
"¿Qué pasa si el resultado fuera de que hubo quien recibió el Ejército a balazos en la plaza?", se pregunta, "o sea, yo soy inculpado al principio. Hay que verlo desde una perspectiva que no esté predeterminada. Y este comité nace predeterminado".
Agrega que él es uno de los detractores a los que se refiere el ex fiscal en su texto, ya que desde el principio detestó a la fiscalía y lo que representaba. Declara que no cree en los jueces porque éstos son parte del poder.
"Y lamento mucho que ex camaradas míos crean que los jueces son la neta, y van a decir la verdad, y van a decidir justicia, ¡mis huevos!", exclama. "O sea, van a decidir lo que el poder quiera que se decida".
Aclara que no es que no tenía fe en que la fiscalía iba a resolver las denuncias que se presentaron, sino que no le importa si estos casos se resuelven o no. Rechaza que el 68 se reduzca a si Echeverría es un asesino, y reivindica el 68 como un movimiento revolucionario que se inscribió en la lucha mundial por cambiar el orden capitalista establecido.
"Lo que sería importante, y eso se lo digo también a doña Rosario Ibarra de Piedra, es levantar la voz. ¿Qué decían los muchachos asesinados? ¿Qué decía el hijo de doña Rosario? Repitámoslo. Porque si castigamos a los asesinos, nos vamos a quedar perfectamente contentos".
"Enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de los sesentas y setentas es una desviación", asegura. "El verdadero crimen en toda esta historia es querer convertir al magnífico movimiento del 68 en nota roja".
Finalmente, acerca de las memorias del fiscal, Perelló expresa que todo lo que se diga siempre es bueno, sea verdad o mentira, y cita al psicoanalista francés Jacques Lacan, quien considera que el sujeto se diferencia del objeto porque miente. "Entonces, las memorias, los testimonios, las crónicas deben ser siempre tomadas como eso, como provenientes de un sujeto mentiroso, como todos los sujetos", estima.
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Concedió una amnistía de facto.
Por Laurence Pantin.
MÉXICO.- Según el académico Sergio Aguayo, Ignacio Carrillo Prieto fue un instrumento de Vicente Fox y de su gobierno en su estrategia para otorgar una amnistía de facto a los responsables de violaciones a los derechos humanos en los años sesenta y setenta.
"El fiscal es un hombre bien intencionado que, sin embargo, vive un drama. No tenía la preparación para embarcarse en una tarea de esa magnitud y no acaba de reconocerlo", afirma.
Aguayo recuerda que mientras Fox encargaba a la fiscalía investigar los crímenes del pasado, su gobierno cambiaba leyes nacionales, ponía reservas a convenios internacionales y se negaba a dar dinero para organizar los archivos relativos a los casos investigados. "El gobierno de Fox le apostó al olvido", estima, "concedió una amnistía de facto y se confió en que se iba a olvidar".
Para Aguayo, quien está a punto de publicar un trabajo basado en documentación del sexenio pasado, titulado Fox y el pasado: la anatomía de una capitulación, la apuesta del gobierno de Fox hacia el olvido era equivocada, porque los familiares de las víctimas nunca iban a olvidar los casos. Además, considera que el resurgimiento de la guerrilla con la misma consigna de los familiares de los desaparecidos de la Guerra Sucia -"Vivos se los llevaron, vivos los queremos"- es otra demostración del fracaso de esta estrategia.
"Vicente Fox nunca fue capaz de entregar verdad, justicia y reparaciones a las víctimas del pasado, ni hablarnos con la verdad sobre ese tema", expresa, "y en ese drama, el papel del fiscal tiene una dimensión muy precisa, que no hay que minimizar ni sobredimensionar".
Para el investigador de El Colegio de México, quien participó en una Comisión de la Verdad independiente creada en 1993 por intelectuales, historiadores y ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, la fiscalía tuvo algunos aciertos. Destaca en particular el trabajo extraordinario de recuperación de documentos que hizo la fiscalía al conformar un archivo que está ahora en manos de la PGR y que, según él, debería entregarse a la sociedad civil o a los familiares.
La fiscalía también cometió varios errores. Aguayo recuerda que la idea de hacer un informe final fue del fiscal, ya que en el acuerdo de conformación de la fiscalía no se menciona. Si bien reconoce que algunas partes del informe son excelentes, estima que no le incumbía al fiscal hacer un informe de este tipo. "Si yo busco la verdad, utilizo las técnicas del historiador y busco que me den testimonios y me los van a dar tal vez porque saben que no tiene consecuencias legales", expone. "Si yo, por el contrario, soy un fiscal que voy a meter a la cárcel a alguien, no puedo esperar que me digan la verdad. Ésa era una contradicción que nunca se resolvió".
Por otra parte, Aguayo argumenta que la estrategia penal del fiscal fue cuestionada por juristas, ya que el delito de "genocidio" que usó para perseguir a los responsables de los crímenes de 1968 y 1971 no está sustentado en la legislación internacional ni nacional.
Tampoco fue satisfactorio el manejo que la fiscalía hizo de su presupuesto, subraya el investigador. "Le pedimos Javier Treviño y un servidor a la fiscalía información sobre su presupuesto y nos respondió que eran 43 millones en cinco años", relata. "Hacienda nos dijo oficialmente 200; la PGR, de manera informal, 240 y tantos millones. Le dieron mucho dinero y lo dejaron suelto".
Considera que algunos errores no fueron de la fiscalía sino de los que la crearon. Para empezar, a diferencia de las fiscalías que se establecieron en otros países, no se le puso fecha a la fiscalía para terminar su trabajo, lo cual explica en parte su cierre cuestionado.
También menciona que el acuerdo de fundación de la fiscalía preveía la creación de un comité especializado para dar reparaciones, que nunca se concretó. "Gobernación acaba de resucitar el comité de reparaciones", agrega, "no sé qué tan serio sea el intento, pero me parece grotesco, de mal gusto y absolutamente contraproducente que creen a estas alturas un grupo para dar reparaciones a las víctimas cuando ni hay verdad ni hay justicia".
Con respecto a las memorias del fiscal, Aguayo califica su estilo de intimista. "Más que una reflexión intelectual, es una colección de anécdotas y sentimientos que le despertaron diferentes acontecimientos", asevera.
Destaca la selectividad del fiscal a la hora de detallar la conformación del Comité Ciudadano de Apoyo a la Fiscalía. En particular, se sorprende del silencio de Carrillo Prieto en torno a la renuncia de Denise Dresser.
Identifica también un intento de legitimarse por parte del ex fiscal, cuando éste dedica el texto publicado al ex líder estudiantil del 68, Raúl Álvarez Garín, y cuando menciona que una pariente suya fue víctima de la Guerra Sucia.
Otro aspecto que llama la atención, según Aguayo, es la descripción que hace Carrillo Prieto de su nombramiento como fiscal, después de encontrarse al general Macedo de la Concha en un restaurante. "Simplemente confirma la impresión que dejó el nombramiento de que nunca quedó claro cuáles fueron los criterios (de selección)", dice. "Aún ahora siguen sin estar claros los criterios. Haría falta que 'don General Macedo de la Concha' nos contara si ya había tomado la decisión y sus agentes le dijeron que allí estaba Ignacio Carrillo Prieto, o si por el contrario, cuando lo vio se le ocurrió invitarlo".
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