Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, es decir sus derechos.
A los Pueblos Indígenas de México y el Mundo A los Medios de Comunicación A las Organizaciones Sociales Democráticas y de Izquierda Al Pueblo de México que se Organiza y Resiste contra el Neoliberalismo
Los que suscribimos en representación del Frente de Pueblos Indígenas de México (FPIM), integrado por pueblos y organizaciones indias de los estados de Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Puebla, Campeche, Morelos, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, nos manifestamos ante la decisión del nuevo Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez de crear una Fiscalía para la Atención de Asuntos Indígenas. La Justicia es un anhelo profundo de los pueblos Indígenas, ya que desde hace más de 500 años nuestras naciones han sufrido la violencia extrema, despojos y saqueos, así como discriminación y racismo. Los pueblos indios de México demandamos sea cancelada la política de criminalización de la protesta social así como el esclarecimiento de los crímenes de decenas de líderes comunitarios y activistas, y por ello exigen el encarcelamiento de los criminales. Nuestros pueblos demandan el fin de la impunidad de que gozan asesinos como los responsables de la matanza de Acteal o de nuestras compañeras triquis Teresa Bautista y Felicitas Martinez. Cientos de indígenas pueblan las cárceles del país, sujetos a procesos injustos y muchas veces encarcelados por el único crimen de defender su patrimonio histórico y cultural. Muchos de nuestros hermanos y hermanas han sido detenidos o asesinados por defender su tierra, sus recursos naturales, su cultura, es decir sus derechos. Nuestros pueblos enfrentan diariamente estructuras e instituciones que solo favorecen a la clase política, a los caciques y a las grandes empresas trasnacionales, y hasta ahora la justicia sólo beneficia a los grupos de poder y deja a nuestras gentes en la indefensión, el caso de Jacinta la hermana Nañhú de Querétaro es el más difundido, pero nos preguntamos cuantas Jacintas o Jacintos hay en nuestro país? Es por ello que manifestamos: Que la Fiscalía para Asuntos Indígenas debe de ser un instrumento que lleve justicia a nuestros pueblos y para ello debe reconocer los derechos históricos de los mismos y nuestros sistemas normativos y debe dejar de lado los vicios de caracterizan al sistema de procuración de justicia en México, plagado de corrupción y siempre al servicio de los poderosos. El Gobierno Mexicano ha incumplido los tratados internacionales como son el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, y viola a diario el mismo Articulo 2 de la Constitución Política e incumple los Acuerdos de San Andrés, y con ello ha dejado de reconocer que somos un país plurietnico, con comunidades nativas que tenemos derechos territoriales históricos y que tenemos nuestros propios sistemas normativos. Mientras ello ocurra la creación de nuevas fiscalías, solo puede ser en el mejor de los casos un elefante blanco más y en el peor un instrumento más de represión en contra de nuestros pueblos. Es por ello que demandamos que la nueva Fiscalía actúe respetando nuestros derechos y cosmovisión y erradique las prácticas funestas que caracterizan la actuación institucional en nuestro país.
Es necesario que esta Fiscalía de muestras de voluntad política y seriedad y actúe de inmediato para atender los graves casos como son los numerosos asesinatos cometidos en contra de autoridades comunitarias y líderes indígenas, como el de nuestro hermano mixteco Plácido López o de la hermana triqui Marcela Sánchez Ramírez, recientemente asesinada; es urgente que se le de libertad a las decenas de presos políticos y de conciencia, como es el caso de los indígenas zapotecas de Loxicha y se haga justicia en casos tan brutales como ha sido el de maltratos sexuales y violaciones cometidas en contra de mujeres en Atenco, Guerrero y Chiapas. Esta Fiscalía debe proveer un castigo ejemplar a los asesinos materiales e intelectuales de 45 indígenas tzotziles en Acteal Chiapas, incluyendo al ex-Presidente Zedillo quién garantizo impunidad a los responsables de dicha matanza. Además esta Fiscalía debe de buscar el inmediato desmantelamiento de las bandas parapoliciales y paramilitares que operan abiertamente en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El Frente de Pueblos Indigenas de México exige a esta nueva Fiscalía sean canceladas las órdenes de aprehensión libradas en contra de indígenas de Candelaria Campeche, Ixtepec y Xadani, Oaxaca que luchan contra las altas tarifas eléctricas y la inmediata liberación de Sara Lopez Gonzalez, Joaquin Aguilar y Guadalupe Borjas Contreras encarcelados en el penal de San Francisco de Koben, Campeche. De otra forma esta nueva Fiscalía seguramente sólo será un medio para perpetuar la injusticia y la violencia en contra de nuestros pueblos. Y no sobra decir que nuestros pueblos ya estan hartos de tanta injusticia y de las prácticas de funcionarios públicos que están al servicio de intereses trasnacionales. Un Bicentenario sin justicia para los pueblos indios de México representa una farsa y un pingue negocio de los gachupines y de sus empleados.
Atentamente Por el Equipo Coordinador. FPIM Omar Esparza, Marcelino Diaz, Delfino Juarez, Alberta Cariño,Alejandro Cruz |
La Jornada Guerrero
Jesús Rodríguez Montes
Xochistlahuaca, 24 de octubre. Al hablar ante más de 100 amuzgos, desde un bastión del priísmo de la Costa Chica, donde impera el poder caciquil que ha instaurado Aceadeth Rocha Ramírez –aquí le nombran La Loba–, los atenquenses del Frente Popular en Defensa de la Tierra (FPDT) lanzaron un mensaje cuyo destinatario son todos los movimientos sociales del país, y que consiste en organizarse contra los abusos cometidos desde los gobiernos municipales, estatales y, por supuesto, contra los
embates del gobierno federal.
En lo que fue la última parada de la comitiva de ejidatarios de San Salvador Atenco por los territorios indígenas de Guerrero, recibieron la adhesión de los habitantes y autoridades tradicionales de este municipio, quienes exigieron la liberación de los 12 presos políticos del FPDT.
Quizá la alianza de los amuzgos y los atenquenses fue casi automática por situaciones que los identifican: viven en territorios donde el poder siempre lo ha ejercido el PRI y han sido protagonistas de historias de represión, como la que ocurrió en 2006 con los ejidatarios, la que definen como una “venganza” del ex presidente Vicente Fox Quesada y el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, por oponerse a la expropiación de sus tierras para la construcción del aeropuerto internacional de Texcoco; mientras que aquí en Xochistlahuaca –Suljaa’ en ñomndaa–, en 2001 la alcaldesa en turno, Rocha Ramírez, formó un grupo de choque y apaleó a los indígenas que se manifestaron en el ayuntamiento porque desde entonces comenzó a imponer comisarios afines a ella en los pueblos.
En la cabecera, en el palacio oficial del gobierno municipal, desde ese episodio no despachan los alcaldes priístas. Los vecinos son atendidos por las autoridades tradicionales, los “hombres grandes” que ejercen un gobierno basado en el consenso y sabiduría. Silverio Matías Domínguez es uno de esos “hombres grandes” que enfrentó a
poder de Rocha y como resultado perdió un ojo en la refriega. Este día, reunidos en el edificio de la Comisaría Ejidal, Silverio Matías les ofreció un mensaje a los atenquenses –en ñomndaa– a nombre del pueblo Suljaa’: “su lucha es un ejemplo para nuestro pueblo. A veces, por la violencia con la que el gobierno nos reprime nos sentimos con miedo, pero si meten a los compañeros presos, es también como si nos metieran a nosotros”.
Los del FPDT viajaron esta mañana desde la comunidad General Enrique Rodríguez, Marquelia, en viaje por carretera hasta Xochistlahuaca. Los esperaba un auditorio de más de 100 indígenas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos –principales–. Antes de la exposición del motivo de su visita, se proyectó el documental –producido por Canal 6 de Julio– Romper el cerco, donde se muestran imágenes atroces de la violencia ejercida por policías y granaderos contra los ejidatarios de San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Algunos indígenas optaron por taparse los ojos en las escenas donde aparecían campesinos totalmente ensangrentados.
“Esto que ven fue lo que ocurrió. Nuestros compañeros están presos injustamente, por defender la tierra, por defender su territorio. Varios de los detenidos ni siquiera estaban en el movimiento. Es injusto que a nuestro compañero Nacho (Ignacio del Valle) lo hayan condenado a 112 años de cárcel”, relató Javier Ramírez.
En su alocución, el atenquense Damián Camacho convocó entonces a “conjugar los esfuerzos y hacer un gran movimiento nacional de resistencia, es el mensaje que hemos llevado a otros estados y lo seguiremos haciendo en todos lados donde estemos. La única forma de que haya justicia en Atenco, en México y en Guerrero es uniéndonos, ese es el mensaje que les traemos y es lo que les venimos platicando”, expresó ante el auditorio que atento escuchaba. A él le sucedieron hombres y mujeres con expresiones de apoyo.
Más tarde, los representantes del FPDT acudieron a la estación comunitaria Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua, donde hablaron del motivo de su visita e informaron sobre la segunda etapa de la campaña nacional e internacional Libertad y justicia para Atenco. Durante el día, en la estación se trasmitieron varios mensajes de apoyo al movimiento y luego dedicaron un programa especial de más de una hora sobre el tema.
“Nosotros sabemos de su lucha, nosotros también hemos padecido la persecución del gobierno porque nos ha querido desmantelar nuestra radio, porque no conviene a sus intereses”, les explicó David Valtierra, del comité de Radio Ñomndaa, quien tiene orden de aprehensión por una demanda promovida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
Mañana los ejidatarios mexiquenses estarán en los bienes comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, en un acto con los opositores a la presa hidroeléctrica La Parota.