"Regala" Madero plaza a TV Azteca

"Regala" Madero plaza a TV Azteca.
Da Alcalde a televisora un predio contiguo de 3 mil metros cuadrados en comodato indefinido.
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Daniel Reyes El Norte, Monterrey, México (29 julio 2009).- Primero dio el aval para que Televisa abriera dos casinos en Monterrey y ahora, a tres meses de concluir, la Administración del Alcalde Adalberto Madero dará a TV Azteca Noreste un virtual regalo de más de 3 mil metros cuadrados de un parque público en la Colonia México para que construya un estudio de televisión.
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A cambio de recibir en comodato por tiempo indefinido el predio, ubicado junto a sus instalaciones, la televisora habilitará áreas verdes con un lago y dos canchas multiusos en la otra mitad del parque, que permanecerá abierta al público, según el dictamen que será llevado mañana al Cabildo y del que EL NORTE tiene copia.
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De acuerdo al Mosaico de Valores de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, un terreno de 3 mil metros cuadrados en ese sector podría tener un precio de 11.5 millones de pesos. Para presentar el acuerdo mañana ante el Cabildo, la Dirección de Patrimonio municipal sostiene que, en realidad, todo el parque –con superficie de 6 mil 397 metros cuadrados– ya había sido cedido a TV Azteca en 1994 durante la gestión del ex Alcalde priista Benjamín Clariond. No obstante, el dictamen no establece las condiciones del comodato anterior y, hasta ahora, el espacio permanece abierto al público y su mantenimiento está a cargo del municipio.
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De hecho, en el parque hay un monolito de aquéllos que la gestión de Madero mandó a hacer cuando inició las rehabilitaciones con recursos del Programa de Acción Comunitaria. Entre las ventajas que expone el municipio para otorgar el comodato se señala el ahorro en el mantenimiento del inmueble, que correría a cargo de TV Azteca Noreste. Contrario a los comodatos que suelen otorgarse a instituciones educativas, religiosas o de asistencia social, en este caso no se impone un periodo definido, sino que queda como indefinido.
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Incluso, indica una penalización en caso de que en el futuro se le reclame el predio a la televisora. "En virtud de que la empresa TV Azteca llevará a cabo una inversión importante sobre el predio propiedad del municipio, éste, en caso de querer revocar el comodato, deberá indemnizar contra la entrega de la posesión a la televisora con una cantidad equivalente a las inversiones realizadas", expone el acuerdo.
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En otras entidades, como en el Distrito Federal, la práctica común es que las concesiones sean por un máximo de 10 años y, al finalizar el permiso, las inversiones realizadas en los predios pasen a formar parte del patrimonio municipal al considerarse como pago por el uso del terreno permisionado.
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Nota: Las autoridades municipales negocian en la oscuridad con los poderes fácticos, la privatización de los espacios públicos destinados para la recreación y convivencia, un servicio invaluable y esencial para la comunidad.

Sin embargo, el nivel cívico y crítico de la mayoría de los regiomontanos continúa muy abajo, pues aprecian la cosa pública y su manejo como ajenos a su realidad y responsabilidad.

Tal vez por eso, hay quien afirma que el pueblo tiene el gobierno que se merece.

Buen regalo para la televisora, caracterizada no por promover la cultura que fortalezca el espíritu crítico de la ciudadanía, sino por todo lo contrario, que los habitantes permanezcan enajenados y mediatizados por el consumismo y el "entretenimiento".

Injusticia contra mujeres ñahñús

PLAZA PÚBLICA Injusticia contra mujeres ñahñús

Miguel Ángel Granados Chapa
El Norte, 28 Jul. 09

Está corriendo el término de 15 días para que la Procuraduría General de la República responda a la Comisión Nacional de Derechos Humanos si acepta su recomendación 47/2009, relativa a la prisión que padecen desde el 2006 tres mujeres ñahñús, acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación. Si la acusación y la primera sentencia en su contra contuvieran elementos de verdad, se comprendería la ineficacia del Gobierno federal en su combate a la inseguridad, ya que seis fornidos policías federales habrían sido retenidos por la fuerza de tres frágiles señoras.

El asunto, sin embargo, no es risible. Ha supuesto la pérdida de la libertad desde hace tres años de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, cuyo derecho "a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la procuración de justicia" fue vulnerado "mediante actuaciones irregulares de un agente del Ministerio Público de la Federación y de varios integrantes de lo que fuera" la AFI, según se lee en el comunicado en que el 19 de julio la CNDH participa del envío de su recomendación a la PGR.

El solo transcurso de tres años sin que haya recaído en el caso de las señoras mencionadas una sentencia definitiva sería ya una inadmisible anomalía. Le añade gravedad el hecho de que, si bien no son monolingües, las tres personas afectadas, de habla ñahñú, no contaron con la presencia de un traductor que les permitiera tener cabal conciencia de las acusaciones de que son objeto, que serían fácilmente combatibles si no se estrellaran contra la consigna de hacer valer actos de autoridad sobre los de protesta y resistencia que ejercieron los asistentes al tianguis de Santiago Mexquititlán en el municipio de Amealco de Bonfil, en el estado de Querétaro.

El 26 de marzo del 2006 ocurrieron allí los hechos que dieron origen a la prisión de Jacinta, Alberta y Teresa, las tres comerciantes en el tianguis mencionado. Como probablemente ocurre a menudo en cualquier poblado del País, ese día llegó una partida de miembros de la AFI, dizque en busca de artículos pirata, un modo por completo ineficaz de combatir ese delito contra la propiedad intelectual, pues debe atacarse el primer eslabón de la cadena de producción ilegal, no el último, porque su propia diseminación los hace inabordables.

Como quiera que sea, la operación dio lugar a abusos y destrozos que generaron protesta y resistencia de los tianguistas, que enfrentaron a los agentes federales. Fue tan evidente su sobreactuación y tan firme la actitud de los pobladores, que los miembros de la AFI acordaron reparar el daño, para lo cual pidieron tiempo a fin de viajar a San Juan del Río, su base de operaciones. Dejaron en garantía de su regreso a uno de sus compañeros y al caer la noche efectivamente volvieron y pagaron a los afectados una cantidad de dinero. Al retornar los acompañaba el fotógrafo de Noticias, un diario queretano, que captó la escena en que los agentes restituían el daño. Estaba presente en ese momento, y sólo en ese momento, la señora Jacinta Francisco y con esa foto se le acusa.

Los agentes no asimilaron esa suerte de derrota que la población civil les había infligido y presentaron denuncia ante sus compañeros del Ministerio Público federal. Lo hicieron, dice en su recomendación la CNDH, "sin identificarse ni aportar datos personales o de registro... necesarios para su localización en cualquier momento procesal".

Mucho después de iniciada la averiguación previa, el 3 de agosto, la señora Jacinta Francisco fue llevada con engaños ante un agente del Ministerio Público, que ordenó su detención, como la de las señoras Alberta y Teresa en otros momentos. Aquella irregularidad del agente ministerial "colocó en estado de indefensión a las agraviadas, ya que a la fecha no ha sido posible realizar el careo de las personas procesadas con la persona que las denunció e imputó varios delitos, lo que trajo como consecuencia la nula posibilidad de que establecieran una defensa jurídica adecuada". Por si fuera poco, los agentes encargados de la investigación respectiva son los mismos que se dicen afectados.

Eso no obstante, en diciembre pasado un juez federal sentenció a las tres mujeres a 21 años de prisión y a pagar multas por 91 mil pesos, el equivalente a 2 mil días de salario.

El tribunal unitario que conoció la apelación encontró que el proceso era sumamente irregular, pero se limitó a ordenar la reposición del procedimiento el 26 de marzo pasado, de suerte que el juicio está de nuevo en manos del juzgador desaprensivo que no reparó en las circunstancias señaladas por la CNDH en su recomendación.

En el comunicado respectivo, la oficina del ombudsman nacional solicita que "por tratarse de irregularidades graves que pueden trascender al resultado del fallo definitivo en el proceso penal 48/2006 que se sigue a las agraviadas en el juzgado cuarto de distrito del estado de Querétaro, se dé vista al órgano interno de control en la PGR y a la Fiscalía especializada para la atención de delitos cometidos por servidores públicos, para que se investigue al personal involucrado en este caso y se inicie la averiguación previa correspondiente. Además, se pide sea remitida al agente del Ministerio Público adscrito al juzgado que conoce de la causa penal una copia de esta recomendación para su análisis y consideración al momento de dictar sentencia definitiva".

Si la PGR no acepta la recomendación será procuradora de injusticia.

Comunidades nahuas otomíes víctimas de empresa minera

Llamamiento de nahuas-otomíes de Jalisco al gobierno federal

23 de julio de 2009

Al pueblo mexicano en general,

Al Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier,

A la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)

A las autoridades competentes

A los medios de comunicación social de la ciudad de México:

1. ¿Quiénes somos?

Nosotros, indígenas nahuas–otomíes de la Sierra de Manantlan, en la zona de conflicto territorial de los estados de Jalisco y Colima, venimos a sumarnos al plantón que el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (MSX) ha instalado frente a la embajada de Canadá, para protestar contra los abusos cometidos por dicha empresa canadiense a la población del Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, en este día que pasara a la historia por ser el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.

2. ¿Qué situación padecemos?

En nuestro territorio ancestral nosotros sufrimos desde hace 40 años la actividad depredadora y contaminante de la empresa consorcio Minero Benito Juárez Peña Colorada, SA, constituida inicialmente como empresa del sector paraestatal que fue privatizada por el presidente Carlos Salinas de Gortari (1992) y actualmente pertenece a las empresas trasnacionales TERNIUM - ISPAT y MIITAL STEEL de capital italo-argentino-israelí e hindú.

3. ¿Quiénes nos agreden?

El gobierno priísta del Estado de Colima desde hace 40 años protege a la minera Peña Colorada que funciona y extrae el mineral de nuestra tierra (hierro pelet), pues la empresa es su principal contribuyente fiscal. Tanto como para la empresa como para el gobierno caciquil de Colima nosotros los indígenas no existimos pues han hecho todo lo posible para borrarnos de la historia utilizando todo tipo de amenazas y agresiones como: asesinatos de hermanos nuestros, explotación inmisericorde de las aguas del Río Marabasco y de nuestros manantiales, despojos de nuestras tierras y linderos agrarios, afectación de la salud de nuestras familias, segregación racial, falta de servicios públicos básicos, in comunicación, opresión económica y empobrecimiento de las siguientes localidades: Las Pesadas, La Astilla, el Mameyito, el Platanar, Parotitas, Potros, Plan de Mendez, San Antonio, Changavilan, Jocotlan, la Piedra, Corta Pico, Cerro Prieto, Chanquiahuilt, la Coconal, el Pedregal, la guayabera y Telcruz, situadas en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

4. Afectaciones que padecemos a causa de la minería a cielo abierto:

4.1 Asesinatos de hermanos nuestros como 7 nahuas de Ayotitlán y Telcruz asesinados en 1920 en Timbillos, Jalisco, por caciques de Minatitlán; de Avelino Monroy Sandoval que fue asesinado por la minera el 16 de septiembre de 1986; de Alejandro Monroy de Níz el 2 de noviembre de 1995; del alcalde Raúl Delgado Benavides el 15 de julio del 2006; de Aristeo Flores Rolòn, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, el 20 de abril del 2007, entre muchos otros.

4.2 Desplazamiento forzoso de ejidatarios de Plan de Méndez, Jalisco, a la Cabecera municipal de Cihuatlán a causa de múltiples ordenes de aprehensión y procedimientos judiciales impulsados en su contra por el gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, en contubernio con la minera

4.3 Cerco policiaco a comunidades: los poblados de las Pesadas y el Platanar, con frecuencia padecen la instalación de retenes policíacos para impedir que las personas transiten libremente por el territorio, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, lo que ha sido motivo de constante conflicto entre el pueblo de Jalisco y las autoridades de Colima. Esto se ha incrementado a causa del abandono en que nos tiene el gobierno del estado de Jalisco que en lugar de defendernos para la defensa del territorio y los recursos, ha optado por una política de tibieza frente a las agresiones que sufrimos

4.4 Conflicto por indefinición de límites territoriales: desde el año 1920 se rompió la paz existente entre los estados de Jalisco y de colima con la matanza de Timbillos y Colima para apropiarse de los yacimientos existentes en nuestro territorio movió el límite natural establecido en 1917 que era el cauce del Río Marabasco, para invadir nuestras tierras, a fin de apropiarse de los yacimientos ferruginosos. En 1997 el gobierno de Jalisco demandó el estado de colima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a causa de la invasión y el despojo de nuestros territorios, reclamando la suma de 406.3 kms cuadrados ubicados en los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán y Zapotitlán de Vadillo, en conflicto con los vecinos municipios colimenses de Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez. En el 2005, al ver Colima que la controversia constitucional 3/98 estaba perdida para sus intereses, decidió pactar un arreglo con el gobierno de Jalisco encabezado por Ramírez Acuña y reformar la Constitución Federal para quitarle a la corte nuestro expediente y enviarlo al senado de la republica para un arreglo político de los limites, inconformes con esa política equivocada nos amparamos contra la ilegal reforma y acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA).

4.5 Contaminación y desperdicio de agua: a causa de la actividad minera apoyada por la policía de Colima, la empresa Peña Colorada está matando la vida del y el caudal del Río Marabasco, cuyas aguas son utilizadas como medio de transporte del mineral desde el fundo minero de el Cerro de los Juanes hasta la peletizadora Tlapeixtles en Manzanillo, mediante un obsoleto sistema de bombas colocadas sobre el cauce del Río (hoy seco) y dos ferroductos de 52 km de longitud. Aunque la Ley de Aguas Nacionales establece que el agua primero es para consumo humano y para uso agrícola, y por último para usos industriales, en esta zona debido al apartheid de que somos víctimas primero es para la minera, luego para los animales y por ultimo para nosotros los indígenas. Igual suerte padece desde 1992 el Río de Ayotitlán.

4.6 Daños a la salud humana: a causa de actividad minera diversas familias de las comunidades nahuas antes mencionadas padecen desnutrición enfermedades de la piel, esterilidad, daños oculares y constantes diarreas, pues la empresa minera tira sus desperdicios encima de nuestras comunidades, contamina el aire con detonaciones de explosivos, destruye cerros y manantiales además de nuestros sembradíos.

5.- PETICIONES Y PROPUESTAS:

5.1 Le hemos pedido el 15 de junio pasado a la empresa Peña Colorada que modifique el sistema de transporte que utiliza para llevar el mineral a manzanillo mediante medios rodantes, pues el agua la ocupamos para nuestra alimentación aseo y sembradíos. No hemos tenido respuesta hasta ahora.

5.2 Le estamos exigiendo al Gobierno Federal que se haga cargo de asegurar la prestación de los servicios públicos a nuestras comunidades, pues los estados de Jalisco y Colima y los Ayuntamientos en conflicto solo protegen sus intereses, dejando de lado nuestra seguridad pública y menoscabando nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Hasta hoy la federación ha guardado silencio, incumpliendo los acuerdos de Plan de Méndez que firmaron la Secretaría de Gobernación, los gobernadores de Jalisco y Colima juntamente con los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, el 12 de diciembre del 2007.

5.3 Sea levantado de inmediato el cerco policíaco que mantiene hostigados y aislados a nuestros hermanos nahuas de los poblados de Las Pesadas y el Platanar por parte del gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, desde la primera semana del 2008 hasta hoy. El apartheid es un delito de lesa humanidad que por desgracia padecemos todavía en México, sin que las comisiones públicas de derechos humanos hayan hecho algo por erradicarlo y castigarlo con todos los medios legales a su alcance

5.4 Hacemos responsable de cualquier nuevo derramamiento de sangre en primer lugar al gobierno federal y sus dependencias, pues al abandonarnos a merced del cacicazgo de Colima y la minería a cielo abierto, se vuelve cómplice de nuestros agresores; en segundo lugar, al gobierno priísta del estado de Colima; en tercer lugar, a las autoridades municipales de Minatitlán, que actúan como capataces de la minería para violar nuestros derechos humanos y despojarnos de nuestros recursos naturales; y por último, al gobierno de Jalisco por el abandono en que nos tiene siendo una de sus obligaciones constitucionales defender la integridad del territorio y ejercer la jurisdicción mediante la prestación de los servicios públicos esenciales a la población jalisciense, de la que formamos parte desde 1826 a la fecha.

5.5 La población indígena de la cuenca norte del Marabasco no nos oponemos a la actividad minera, siempre y cuando los dueños de la tierra y de los yacimientos no sigamos siendo tratados como esclavos, se respeten nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, así como la legalidad en materia de aguas y de protección a la biodiversidad, y siempre y cuando se nos reconozca como pueblo indígena ancestral dueño del territorio que hoy ocupa – en parte – la minería, se impulse una minería sustentable y se nos haga participes de los beneficios que dicha actividad industrial produce anualmente pues de no ser así seremos los primeros en pedir el cierre de sus actividades y negocios por ser insustentables, inhumanos, crueles e irracionales.

5.6 Los días 23 y 24 de julio próximo participaremos en el FORO NACIONAL “MINERIA Y AGENDA LEGISLATIVA EN MEXICO”, que se realizara en el auditorio en el salón verde del edificio A, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para exponer la situación ilegal e inhumana, además de injusta que padecemos.

Fraternalmente:

Mexico Distrito Federal, a 22 de julio del 2009.

J Jesus Hermenegildo García y Esteban Guzmán Pulgarin,

Presidente y secretario del Frente Regional Pro-Manantlán y Cuenca del Marabasco A.C

La riqueza obnubila

GUILLERMO COELLO TORRES, Diario de Colima

LA riqueza siempre ha sido motivo de conflictos, de guerras y acciones que tienden al rompimiento de todos los principios de equilibrio y proporcionalidad, por decir lo menos. La riqueza llamada mal habida, que es casi toda, se monta en la injusticia y en el desamparo material y jurídico de la inmensa mayoría de las poblaciones donde se presenta, otra vez en casi todas las civilizaciones la riqueza es un hecho ejecutado por una minoría que amparada por las posibilidades de su presente inmediato y avalada por el Estado, lleva a cabo en su vértigo de acumulación desmedida.

En esta ocasión, traigo a este espacio dominical un trabajo de presentación periodística y con un respaldo de investigación prácticamente etnohistórico de Jorge Covarrubias que tuvo el acierto de publicarse en La Jornada de marzo del año pasado, que ilustra cómo la riqueza natural de nuestra entidad y región, obnubila la visión de las políticas públicas del Estado en relación con los recursos naturales, así como también para que pueda finalmente establecer legalmente los límites territoriales de las entidades que conforman el país.

Desde luego que nuestros lectores advertirán el “encono” en algunas alusiones directas al proceder del gobierno estatal colimense, las cuales deberán ser entendidas en su contexto referencial específico, por un lado, y valoradas en el devenir histórico de su proceso, por el otro.

Dicho lo anterior y destacando que el trabajo de Covarrubias sostiene el fondo del contenido temático vigente en nuestros días y que además está bien armado formal y periodísticamente hablando, salvo algunas correcciones de enlace se reproduce íntegro para el disfrute, pero también para el acervo y memoria del presente de los colimotas.

CONCLUYE LA PAZ DE UN SIGLO

Desde la introducción del trabajo referido se plantea que “la riqueza forestal y la minera Peña Colorada, en el municipio de Cuautitlán de García de Barragán, acabaron con un siglo de pacífica convivencia entre los pueblos de Jalisco y Colima”, por lo que ésta es la conclusión o “el diagnóstico al que llega el Frente Regional Pro Manantlán y Cuenca del Marabasco, AC, organismo creado en septiembre de 2006 por las víctimas del conflicto de límites territoriales para defenderse de los gobiernos de ambos estados, empresas y cacicazgos”.

Luego proporciona un documento extenso que entregaron a diversas autoridades estatales y federales en enero de 2008, comenzando por el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa; el gobernador del estado, Emilio González Márquez, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, donde la asociación civil manifestó lo siguiente: “Por cerca de un siglo, los pueblos de Jalisco y Colima vivimos en pacífica convivencia, hasta que la riqueza forestal del Cerro Grande y la minera Peña Colorada, así como las ricas y hermosas playas La Culebra y San Francisco, movieron la codicia de políticos colimenses que trataron de extender su frontera, alegando que algunas de esas propiedades estaban registradas en Colima”.

Jesús Hermenegildo García, Esteban Guzmán Pulgarín, Pedro Enciso Cortés, Francisco Javier Aguilar Roblada, Félix Monroy Rutilo y Plácido Villa Ruiz, indígenas de la Sierra de Manantlán avecindados en las comunidades nahuas de San Antonio, Las Pesadas, Plan de Méndez, El Platanar, Los Potros y Changavilán, en la zona de conflicto limítrofe, refirieron que los miembros que integran la Comisión de Límites Territoriales de las Entidades Federativas (CLEF) en el Senado de la República han tomado diversos acuerdos sin escucharlos a ellos, que son los propietarios legítimos de un territorio entregado en 1757 por el rey Carlos III de España, reconociendo como suyas 424 mil hectáreas que actualmente abarcan los municipios de Tolimán, Tuxcacuesco, Autlán, Purificación, Casimiro Castillo, La Huerta y Cihuatlán.

“¿Por qué ese trato tan indigno y despectivo hacia nosotros? Estamos de acuerdo que en las ciudades es lo más frecuente hacia nosotros los indígenas, pero en nuestras propias tierras, montañas, casas y escuelas, levantadas por nosotros, venir a tratar de imponer obras de relumbrón para aparentar que hay progreso y que no faltan los servicios públicos a fin de seguir dándole largas al problema de fondo, es un trato injusto, cruel e inhumano que nos resulta inaceptable además de incomprensible”.

De acuerdo con los inconformes, fue en la administración del hoy secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas Jiménez, que el asunto cobró relevancia cuando el entonces mandatario demandó, en 1997, al estado de Colima ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación –derivado de una queja-denuncia interpuesta por el poblado de Las Pesadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1991–, iniciándose el trámite de la controversia constitucional núm. 3/1998, en que se reclama una extensión de 406.8 kilómetros cuadrados del territorio que les pertenece, pero que es disputado por Jalisco y Colima.

Después de ocho años de tramitarse en la primera sala de la Suprema Corte la controversia, iba ganando terreno a favor de Jalisco; sin embargo, el gobernador en turno, Francisco Ramírez Acuña, abandonó el litigio e incluso se mostró indiferente a la contrarreforma constitucional que transfirió la responsabilidad del máximo órgano de justicia de la nación, al Senado de la República, cuya instancia ni siquiera ha aprobado la ley reglamentaria que permitirá resolver alguno de los cuatro expedientes jurídicos del conflicto.

Manifiestan que Héctor Pérez Plazola, quien fuera secretario general de Gobierno en el pasado sexenio, ahora como senador de la República ha mantenido su postura de indiferencia, y ejemplo de ello es que no asistió a la reunión de la Comisión de Límites Territoriales en septiembre del año pasado, donde se presentó el caso de manera informal.

UNA HISTORIA DE SACRIFICIOS

Es una historia de matanzas .Los enfrentamientos e incidentes de violencia entre los ayuntamientos de Cihuatlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, aunque tienen varios años de suscitarse con decenas de nahuas muertos, heridos y desplazados de sus poblados, señalan los afectados, durante 2007 hubo dos momentos especialmente graves y violentos en que las corporaciones policiacas de ambos estados estuvieron a un paso de “chocar y medir la fuerza de su armamento”: la detención, el 13 de junio, de ocho ejidatarios de Plan de Méndez por policías de Colima que trabajaban en la renovación de un puente colgante sobre el río Marabasco, que permite el libre tránsito de personas, servicios y mercancías entre ambas entidades, y la suspensión en el mes de noviembre de una obra para abastecer de servicios públicos a los habitantes de la cuenca del Marabasco.

Lo anterior se suma al asesinato de Raúl Delgado Benavides, presidente municipal de Cuautitlán, el 15 de julio de 2006 en una emboscada “artera”, pues fue el único funcionario que nunca llegó a arreglos con la minera Peña Colorada y que reclamó en varias ocasiones a Ramírez Acuña su “tibieza, falta de congruencia y su tolerancia a las violentas incursiones del estado de Colima contra los predios agrícolas y forestales de los nahuas”, y el 20 de abril de 2007 el homicidio de Aristeo Flores Rolón, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, sin que hasta la fecha se conozcan resultados de investigaciones, ni los nombres de los asesinos.

Ambos asesinatos se suman al de Nazario Aldana Villa, el 31 de diciembre de 2003, también integrante y refundador del Consejo de Mayores; así como el de Concepción Gabiño Quiñónez, a mediados de 2006, perteneciente a la comunidad indígena de Cuzalapa, en la Sierra de Manantlán. Quiñónez encabezaba la lucha de su comunidad contra la corrupción de la Procuraduría Agraria que, a base de trampas, pretendía imponer el Programa de Certificación de la Tierra (Procede) en la comunidad.

A PUERTA CERRADA

El 12 de diciembre del año pasado, los gobernadores de Colima y Jalisco, además de los alcaldes de Cuautitlán y Minatitlán, así como el entonces secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, se reunieron a puerta cerrada en la escuela primaria intercultural bilingüe Kuikakalco, en el poblado de Plan de Méndez. Los afectados exigen que se muestren las actas de los acuerdos tomados, ya que los altos funcionarios llegaron en helicópteros, sin mediar la mínima consulta ni diplomacia a un territorio que les pertenece.

El Frente Regional Pro Manantlán puntualizó que los acuerdos pactados en dicha reunión no son suficientes, pues el tema de fondo está en desactivar el apartheid o segregación racial con que una minoría de personas trata a su cultura y territorio, lucran desde hace décadas mediante recursos ilícitos y criminales, y la explotación despiadada de su trabajo, los recursos acuíferos y forestales y minerales de la región.

Por lo anterior, la asociación civil emplazó al gobierno federal a reconocerla como gobierno civil o ciudadano e instar a un referéndum en caso que se niegue, pero sin la participación de ningún partido político.

“Nosotros nacimos aquí, las tierras son nuestras, los ríos y aguas nos pertenecen, no nos negamos a compartir los recursos dentro de un consenso o pacto social razonable y justo, donde no sigamos siendo las víctimas predilectas de la riqueza ajena, sino socios y actores dignos del desarrollo sustentable y la preservación de la biodiversidad”.

26 julio. Aniversario del asalto al cuartel Moncada

Honduras

Solo el pueblo salva al pueblo
La crisis provocada por los golpistas se acerca a su final

Resultados de la delegación y de la resistencia

La delegación de la Alianza Social Continental que estuvo en Honduras la semana pasada da testimonio de la valiente resistencia que los movimientos populares hacen contra la dictadura de Roberto Micheletti, las fuerzas militares, los medios de comunicación y la élite política y empresarial que secuestraron y expulsaron al Presidente Manuel Zelaya. Una nueva delegación de organizaciones de derechos humanos y que esta apoyada también por la Alianza Social Continental, está culminando otra visita con nuevas denuncias sobre las agresiones y violaciones de DDHH. El próximo jueves y viernes habrá paro nacional de trabajadores y bloqueo de carreteras y se mantiene la movilización en todo el país. Por ejemplo, en Sinaloa, campesinos y campesinas se tomaron el Instituto Nacional Agrario; por su parte, las organizaciones feministas se han mantenido activas en la resistencia con plantones frente a la embajada de Estados Unidos y una estrategia de comunicación permanente hacia la opinión
pública mundial.

Reacciones del mundo

Las reacciones de la comunidad internacional frente al golpe de Estado se han ido dividiendo. En los peores casos, como en el de Estados Unidos, Después de tres semanas de un discurso ambiguo por parte de Washington sobre el golpe de Estado, finalmente la diplomacia estadounidense ha declarado que no considera lo ocurrido en Honduras como un golpe. Así lo confirmó ayer el vocero del Departamento de Estado, Phillip Crowley, en una rueda de prensa en Washington. La consecuencia legal de esta interpretación es que podrá mantener relaciones de todo tipo con el gobierno de facto.

En Europa, 90 eurodiputados suscribieron una declaración reiterando el rechazo al golpe de Estado, su decisión de no reconocer legitimidad alguna al usurpador Micheletti y además expresaron “Aprobamos la suspensión de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-América Central mientras no se restablezca la democracia en Honduras, y exigimos la suspensión hacia el gobierno de facto de toda cooperación y de las facilidades comerciales SPG+”.

Desde otra perspectiva, se mantienen apoyos fundamentales para la resistencia en Honduras. El Vicepresidente de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa por el Partido FMLN, Sigfrido Reyes ha expresado su solidaridad con el pueblo hondureño y el no reconocimiento de legitimidad al dictador Micheletti y la comunidad internacional mantiene su condena al golpe

Las organizaciones sociales del continente también han expresado su solidaridad con el pueblo de Honduras y han continuado organizando manifestaciones frente a las embajadas de Estados Unidos y Costa Rica.

La mediación de Arias una estrategia para darle legitimidad política a los golpistas.
Finalmente la estrategia impulsada por la diplomacia estadounidense utilizando de peón al Presidente de Costa Rica Oscar Arias, con el fin de legitimar a los golpistas, de desmontar la resistencia interna y de amordazar a Zelaya ha fracasado, por la misma intransigencia y prepotencia de los golpistas. La última propuesta presentada por Oscar Arias el Miércoles 22 de Julio, la cuál fue preparada en Panamá por los golpistas con asesoramiento de un senador estadounidense, y con delegados de los gobiernos de Colombia, Panamá y Costa Rica, era absolutamente inaceptable para el gobierno constitucional y significaba la claudicación. Aún así, los golpistas no la aceptaron por la exigencia de la restitución del Presidente Zelaya.

Estas tres semanas que ha durado la “supuesta mediación” solamente les ha permitido a los golpistas ganar tiempo en su afán de afianzarse en el poder, ha provocado la inacción de los organismos multilaterales diplomáticos como la OEA, ONU, SICA para aislar diplomática y comercialmente a los golpistas, sin olvidar el objetivo de cansar y agotar el ímpetu de la resistencia popular.

La “mediación” ha desenmascarado la complicidad de sectores del gobierno estadounidense con el golpe militar, también demostró que tenía como objetivo paralelo golpear a los gobiernos más progresistas y de izquierda del continente que han tenido una postura muy firme de condena del golpe y además quitarle protagonismo a la OEA en la contribución a encontrarle una solución a la crisis, dado que es un espacio que no controlan completamente los Estados Unidos, como sí lo hacían con la mediación de Oscar Arias.

El golpe es también la contraofensiva al ímpetu del progresismo en la región.
Realmente, detrás del golpe, está claramente la intencionalidad de bloquear la influencia de las tendencias progresistas en América Latina. Así, hoy el asunto de la constituyente o la reelección no son aspectos tan centrales en las justificaciones de los golpistas, sino frenar los avances democráticos. Sobresale la expulsión del cuerpo diplomático venezolano, así como la persecución a la población nicaragüense y venezolana que se encuentran en Honduras, comprobada por la Misión de DDHH .

Desde esta perspectiva, no es raro entonces que la dictadura busque establecer lazos con los gobiernos de Colombia y Perú, incondicionales de los intereses estadounidenses. En el caso de Colombia, es comprensible si se tiene en cuenta que el gobierno de Álvaro Uribe aprobó el ingreso de tropas estadounidenses a tres bases militares colombianas, que gozarán de inmunidad completa. Esta decisión ha tensionado las relaciones diplomáticas entre Colombia y dos de sus vecinos: Venezuela y Ecuador.

Ha llegado la hora de multiplicar y profundizar la resistencia
Con el fracaso de la “mediación” el escenario de la lucha se coloca principalmente en el escenario interno, con la presión de las masas, con la paralización completa de la actividad económica, con el cerco político interno a los golpistas por medio de la Huelga General convocada por el movimiento popular se logrará derrotar al régimen de facto.

Las acciones diplomáticas deberán orientarse a evitar que el régimen militar provoque una masacre, urge efectivamente tal y como lo pidió el Presidente Zelaya que el SICA, la OEA y el Consejo de Seguridad de la ONU tomen las medidas coercitivas que permitan su restitución y la restauración del orden constitucional en Honduras. Así como la protección a su regreso anunciado a Honduras para las próximas horas.

La Alianza Social Continental reafirma su respaldo y solidaridad al pueblo hondureño y llama a los movimientos sociales del mundo a sumarse a las tareas de la resistencia, movilizándonos en cada país para visibilizar nuestra solidaridad militante, proseguir con la presión a todos los gobiernos para que profundicen la presión internacional a los golpistas, denunciando masivamente todas las denuncias que se hacen desde Honduras de violación de los Derechos Humanos, apoyando con delegaciones internacionales previamente coordinadas, recolectando recursos económicos, etc. La ASC reafirma su compromiso de seguir prestando su apoyo incondicional para articular todas las acciones solidarias que se puedan impulsar en esta hora crucial para el hermano pueblo hondureño.



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Marco Antonio Velázquez Navarrete
Secretario Técnico
Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio
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La resistencia somos todos

Radio Ñomndaa festeja cuatro años de existencia

México D.F., 28 de julio de 2009 (Cencos).-En el cuarto aniversario de Radio Ñomndaa, el taller Luzkemada produjo un video con los festejos y principales actividades y ahora lo presentan al público en general. Radio Ñomndaa, La palabra del Agua, es una radio comunitaria ubicada en Xochistlahuaca, Guerrero. Hace más de un año (el 10 de julio de 2008), fue violentada por elementos de seguridad federales (AFI) encabezados por personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los cuales tenían la orden de clausurar y llevarse el equipo de transmisión. A pesar de éste intento La Palabra del Agua cumplió, en diciembre pasado, cuatro años de transmitir en amuzgo, lengua de la región.

Este acto fue otro intento de criminalizar la radiodifusión sin fines comerciales además de intentar negar el acceso a la radio por parte de los pueblos indígenas el cual es un derecho humano porque constituye un medio para su desarrollo así como para el disfrute de su cultura y costumbres según se asienta en el Artículo 16 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas: “Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas”.

Y aqui seguimos. Radio ñomndaa en Yahoo! Video

Apoyo a la comunidad de Ostula, Michoacán. Difunde

El PRD hoy. La Corte de los Milagros

Arnaldo Córdova


Entre bandidos, como es bien sabido, siempre hay negociaciones y acuerdos, hasta tratos de caballeros, todo lo cual se garantiza con pactos de sangre, lo que puede llevar a la pérdida de la vida si no se cumple. Pero hay algo que los caracteriza y es que siempre gana el más fuerte, incluso si el más débil es el más afortunado. Eso lleva a que raramente esos acuerdos se cumplan o sólo haya un mero trámite de cortesía o, dicho de otro modo, que desde el principio se sepa cuál será el resultado de la negociación. La mafia italo-estadunidense agregó un condimento que justifica todas las atrocidades que se puedan cometer en esa relación entre bandidos: sólo se trata de negocios (it´s only business).

Las negociaciones entre los integrantes de las cúpulas partidistas tienen casi todas esas características y se parecen mucho a las que se dan entre bandidos. Las que se han venido dando entre perredistas luego de la debacle electoral no son una excepción. Por lo general, se trata de derrotados que buscan escapar a la ignominia de ser los responsables del desastre o de oportunistas y logreros que intentan recuperar antiguas posiciones y presentarse como salvadores del partido o, también, quienes de verdad quieren cambiar ese establo de Augías que es el PRD.

Los chuchos están en el primer caso, Cuauhtémoc Cárdenas en el segundo y grupos que ligaron su suerte al movimiento cívico, porque estuvieron a punto de ser devorados por los primeros en una sucia lucha interna partidista, en el tercer caso. Los chuchos saben muy bien que a ellos se debe la derrota y, ya que no tienen ahora a quien culpar de sus errores, buscan una reconciliación que todo mundo sabe que será imposible si ellos mismos no renuncian a sus cargos.

Ortega y sus seguidores saben también que no tienen defensa. Ahora andan muy humildes y hasta inventan mil y una formas de dar salida a los conflictos internos que ellos crearon, como esa idiotez que perdona violaciones a los documentos internos declarando a los insurrectos "automáticamente" fuera del partido, pero con "opción" a que se reincorporen sin problemas o, asimismo, aquella de declarar una "amnistía" general.

Todo con tal de reconstruir una unidad que es imposible sin pagar errores. Ninguno de sus oponentes pide menos que sus cabezas como condición para recomponer las cosas y con toda razón. Frente a ellos, empero, están quienes, como Arce, Círigo, Acosta Naranjo y otros despistados, claman venganza contra López Obrador y sus asociados. Los chuchos mayores no están para esos arreglos draconianos de cuentas.

El caso de Cárdenas es de verdad patético. En un culebrón demagógico y desvergonzado que manda de nuevo "a los militantes del PRD" y en el cual pide que se aplique el estatuto, primero, para exigir la cabeza de López Obrador y sus seguidores, aunque le falta valor para pedirlo con todas las letras y, luego, sin que recuerde para ello el mencionado estatuto, vuelve a exigir que renuncien el presidente del partido, el comité ejecutivo (así lo dice) y los integrantes de todas las comisiones y órganos de dirección y representación, ¡quién lo creyera!, ante un órgano tan espurio como los anteriores que es el Consejo Nacional.

Cárdenas, para ello, se pasa por el arco del triunfo ese estatuto que él invoca, porque éste no señala en ningún caso semejante tontería. A renglón seguido, propone "realizar las necesarias sustituciones" sin que diga en qué norma estatutaria debería fundarse esa demencial operación. Está claro que lo que propone es que se le designe a él algo así como "comisario" para poner orden en ese partido que es en todo y por todo hechura suya. Él fue el verdadero hacedor de esas tribus y esas "corrientes" que ahora acusa de violar la legalidad interna del partido.

Él fue quien dividió a los perredistas en bandas obsecuentes a su persona para que cada una hiciera su agosto con los favores tan personales del "líder moral". Él ahora tiene pocos seguidores en el PRD, entre ellos El Güero González Garza, hechura suya y por lo cual fue elegido coordinador de la bancada perredista en la actual legislatura de la Cámara de Diputados y se ha echado a hacerle segunda a su patrón.

Claro, también tiene su feudo en Michoacán; pero hay que recordar cómo lo hizo y lo consolidó después de la fundación del PRD: primero, dejó que los perredistas michoacanos hicieran su trabajo y constituyeran su propio liderazgo, que encarnó Cristóbal Arias; luego, cuando Arias quiso obrar por su cuenta, el líder lo combatió, bombardeándolo desde dentro del PRD y utilizando para ello a Robles Garnica, su segundo, y a sus hijos, y acabó con su carrera política. Desde entonces no hay quien le dispute a Cárdenas la hegemonía en aquel estado.

Hay, finalmente, muchos candidatos y miembros del PRD que le jugaron las contras a ese partido. Hay que recordar el resultado de las pésimas alianzas de los chuchos a los que les renunciaron sus candidatos a gobernadores o a diputados, en plena campaña, para unirse al PAN o al PRI. No es el caso de los lopezobradoristas que hicieron honor a la alianza histórica del PRD con el PT y Convergencia, a los cuales ellos y Cárdenas tratan despectivamente como si fueran extraños o enemigos. Alegar en su caso los estatutos también está fuera de lugar. Esos documentos imponen respeto y fidelidad a las alianzas.

Lo ocurrido en Iztapalapa y que Arce y los suyos denuncian como traición fue obra de perredistas, no sólo de López Obrador, y buscó revertir un fallo ilegal y anticonstitucional del TEPJF. En todo caso, se ve muy difícil que Cárdenas y los chuchos se atrevan a ir más allá en su pequeña noche de cuchillos largos contra el líder del movimiento cívico y una muy buena porción del perredismo que no está dispuesta a ser nuevamente atropellada y excluida.

Si de verdad se quiere una refundación del PRD, ésta tendrá que hacerse con todos, pero en asambleas deliberativas en las que todos de verdad digan lo que piensan y lo que quieren y se pongan de acuerdo en cuáles son los principios por los cuales deben luchar, como cuando fundamos el PRD.

De Forum en línea

Estados fallidos y narcotráfico

José Francisco Gallardo Rodríguez

generalgallardo@yahoo.com.mx

A escasos treinta meses de la declaración de "guerra contra las drogas", hecha por Felipe Calderón al inicio de su gobierno, los resultados son de una lucha perdida, cesión de soberanía, el colapso del sistema de justicia y seguridad, la corrupción, el sometimiento del Ejército al Pentágono, enésimas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares -2,000 registradas ante la CNDH y una veintena en lo internacional- y 10,475 ejecuciones reconocidas por la PGR hasta el 18 de marzo de 2009, que para el 2012 se proyectan a 30 mil; quiere decir que durante las administraciones "democráticas" del blanquiazul, sumando los 8,780 ejecutados de Vicente Fox se contabilizan cerca de 20 mil.
Marthoz plantea que la incapacidad de los Estados para garantizar la seguridad y la estabilidad se ha convertido en un asunto crucial de política internacional, porque el desorden en los Estados frágiles propaga sus ondas de choque -criminalidad transnacional, terrorismo, migraciones y tráficos ilegales- hasta el corazón de las metrópolis.
Así las cosas, la teoría de los Estados fallidos es un concepto polémico, inventado por la inteligencia militar estadunidense para calificar a un Estado "débil, frágil o malogrado", en el cual el gobierno central tiene poco control sobre su territorio. En pensamiento de Weber: el monopolio de la coacción física, "los países más débiles del mundo no son sólo un peligro para ellos mismos, pueden amenazar el progreso y la estabilidad de otros" (Foreign Policy de 2005).
Dicha teoría apareció por primera vez tras el fin de la guerra fría en 1989, dentro de la búsqueda de nuevas amenazas y se entrelazó con la lucha antidrogas y el terrorismo. Se advierte que Estados Unidos ya no estaría amenazado por Estados victoriosos sino por gobiernos incapaces de proveer orden y estabilidad dentro de su jurisdicción. Para nosotros, en franca violación a la norma internacional, un pretexto para justificar la intervención en el orden interno de los Estados: Pakistán, Sudán, Irak, Somalia, Zimbabue, Chad, Costa de Marfil y Afganistán; en Latinoamérica: Haití, Colombia, Venezuela, Bolivia y México.
"México y Pakistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de EU considera como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tropas estadunidenses. Friedman planteó: si México fracasa, habría serias repercusiones geopolíticas que conducirían a una intervención -militar- directa de EU". (Oppenheimer, mayo de 2008).
En este orden, un informe del Comando Conjunto plantea que ante un escenario de caos en México, provocado por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna (Joint Operatig Enviroment 2008). Por supuesto, se está hablando de una invasión militar a México, ya que los actores no estatales lo han convertido en un asunto de seguridad nacional para Washington.
"En varias zonas geográficas, el control del Estado se ha debilitado o ha desaparecido completamente, lo que implica el surgimiento de Estados fallidos y de grupos armados no-estatales. Estos actores se confunden y superponen en los gobiernos débiles. Los insurgentes: comprometidos con una lucha militar y política prolongada cuyo objetivo es debilitar o destruir el poder y la legitimidad del gobierno establecido; los terroristas: siembran el miedo amenazando con formas proscritas de violencia para alcanzar objetivos políticos; las milicias: fuerzas irregulares fácilmente identificables que operan en zonas sin control del Estado; las organizaciones criminales: grupos caracterizados por su cohesión interna que se dedican a una o varias empresas criminales y actúan atravesando fronteras y regiones" (enjeux-internationaux.org).
Desde esta visión, Estados Unidos tendría derecho a intervenir en forma directa para solucionar la amenaza que los Estados fallidos representan para su seguridad nacional; el tema del narcotráfico es el eje de dicho planteamiento. La economía del narcotráfico y el conflicto armado son mecanismos de intervención económica y territorial del capitalismo global, por tanto, es fundamental comprender la estrecha relación entre el mantenimiento del conflicto armado -hipótesis de guerra, Plan Colombia, Plan México-, el interés económico territorial que está detrás de la industria de los narcóticos y la estrategia geopolítica del imperio en la región" (kaosenlared.net/).
Por ello, es urgente que Latinoamérica diseñe políticas alternas a las punitivas antinarcóticos, desactive el negocio del narcotráfico y contribuya con una salida negociada al conflicto. Un gobierno ilegítimo y beligerante como el de Calderón, va a seguir siendo utilizado por los sectores más reaccionarios encargados de la seguridad nacional de Estados Unidos para intervenir política y militarmente en México. Recordemos que antes de la entrada en vigor del Plan Colombia, esta nación fue declarada como un Estado fallido.

CINCO NAHUAS DE JALISCO EN PLANTÓN EN LA CD. DE MÉXICO. PROTESTAN CONTRA MINERAS

Manifestantes de Jalisco dan a conocer el siguiente comunicado:

Al pueblo mexicano en general,
Al Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier,
A la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
A las autoridades competentes
A los medios de comunicación social de la ciudad de México:

1. ¿Quiénes somos? Nosotros, indígenas nahuas-otomíes de la Sierra de Manantlan, en la zona de conflicto territorial de los estados de Jalisco y Colima, venimos a sumarnos al plantón que el Frente Amplio Opositor (FAO) a la Minera San Xavier (MSX) ha instalado frente a la embajada de Canadá, para protestar contra los abusos cometidos por dicha empresa canadiense a la población del Cerro de San Pedro, en el estado de San Luis Potosí, en este día que pasara a la historia por ser el Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto.

2.¿Qué situación padecemos? En nuestro territorio ancestral nosotros sufrimos desde hace 40 años la actividad depredadora y contaminante de la empresa consorcio Minero Benito Juárez peña colorada, SA, constituida inicialmente como empresa del sector paraestatal que fue privatizada por el presidente Carlos Salinas de Gortari (1992) y actualmente pertenece a las empresas trasnacionales TERNIUM - ISPAT y MIITAL STEEL de capital italo-argentino-

israelí e hindú.

3. ¿Quiénes nos agreden? El gobierno priísta del Estado de Colima desde hace 40 años protege a la minera Peña Colorada que funciona y extrae el mineral de nuestra tierra (hierro pelet), pues la empresa es su principal contribuyente fiscal. Tanto como para la empresa como para el gobierno caciquil de Colima nosotros los indígenas no existimos pues han hecho todo lo posible para borrarnos de la historia utilizando todo tipo de amenazas y agresiones como: asesinatos de hermanos nuestros, explotación inmisericorde de las aguas del Río Marabasco y de nuestros manantiales, despojos de nuestras tierras y linderos agrarios, afectación de la salud de nuestras familias, segregación racial, falta de servicios públicos básicos, in comunicación, opresión económica y empobrecimiento de las siguientes localidades: Las Pesadas, La Astilla, el Mameyito, el Platanar, Parotitas, Potros, Plan de Mendez, San Antonio, Changavilan, Jocotlan, la Piedra, Corta
Pico, Cerro Prieto, Chanquiahuilt, la Coconal, el Pedregal, la guayabera y Telcruz, situadas en el municipio de Cuautitlán, Jalisco.

4. Afectaciones que padecemos a causa de la minería a cielo abierto:

4.1 Asesinatos de hermanos nuestros como 7 nahuas de Ayotitlán y Telcruz asesinados en 1920 en Timbillos, Jalisco, por caciques de Minatitlán; de Avelino Monroy Sandoval que fue asesinado por la minera el 16 de septiembre de 1986; de Alejandro Monroy de Níz el 2 de noviembre de 1995; del alcalde Raúl Delgado Benavides el 15 de julio del 2006; de Aristeo Flores Rolòn, miembro del Consejo de Mayores de Ayotitlán, el 20 de abril del 2007, entre muchos otros.

4.2 Desplazamiento forzoso de ejidatarios de Plan de Méndez, Jalisco, a la Cabecera municipal de Cihuatlán a causa de múltiples ordenes de aprehensión y procedimientos judiciales impulsados en su contra por el gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, en contubernio con la minera

4.3 Cerco policiaco a comunidades: los poblados de las Pesadas y el Platanar, con frecuencia padecen la instalación de retenes policíacos para impedir que las personas transiten libremente por el territorio, como si fuéramos extranjeros en nuestra propia tierra, lo que ha sido motivo de constante conflicto entre el pueblo de Jalisco y las autoridades de Colima. Esto se ha incrementado a causa del abandono en que nos tiene el gobierno del estado de Jalisco que en lugar de defendernos para la defensa del territorio y los recursos, ha optado por una política de tibieza frente a las agresiones que sufrimos

4.4 Conflicto por indefinición de limites territoriales: desde el año 1920 se rompió la paz existente entre los estados de Jalisco y de colima con la matanza de Timbillos y Colima para apropiarse de los yacimientos existentes en nuestro territorio movió el limite natural establecido en 1917 que era el cauce del Río Marabasco, para invadir nuestras tierras, a fin de apropiarse de los yacimientos ferruginosos. En 1997 el gobierno de Jalisco demandó el estado de colima en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a causa de la invasión y el despojo de nuestros territorios, reclamando la suma de 406.3 kms cuadrados ubicados en los municipios de Cihuatlán, Cuautitlán y Zapotitlán de Vadillo, en conflicto con los vecinos municipios colimenses de Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez. En el 2005, al ver Colima que la controversia constitucional 3/98 estaba perdida para sus intereses, decidió pactar un arreglo con el gobierno de Jalisco
encabezado por Ramírez Acuña y reformar la Constitución Federal para quitarle a la corte nuestro expediente y enviarlo al senado de la republica para un arreglo político de los limites, inconformes con esa política equivocada nos amparamos contra la ilegal reforma y acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA).

4.5 Contaminación y desperdicio de agua: a causa de la actividad minera apoyada por la policía de Colima, la empresa Peña Colorada esta matando la vida del y el caudal del Río Marabasco, cuyas aguas son utilizadas como medio de transporte del mineral desde el fundo minero de el Cerro de los Juanes hasta la peletizadora Tlapeixtles en Manzanillo, mediante un obsoleto sistema de bombas colocadas sobre el cause del Río (hoy seco) y dos ferroductos de 52 km de longitud. Aunque la Ley de Aguas Nacionales estable que el agua primero es para consumo humano y para uso agrícola, y por ultimo para usos industriales, en esta zona debido al apartheid de que somos victimas primero es para la minera, luego para los animales y por ultimo para nosotros los indígenas. Igual suerte padece desde 1992 el Río de Ayotitlán.

4.6 Daños a la salud humana: a causa de actividad minera diversas familias de las comunidades nahuas antes mencionadas padecen desnutrición enfermedades de la piel, esterilidad, daños oculares y constantes diarreas, pues la empresa minera tira sus desperdicios encima de nuestras comunidades, contamina el aire con detonaciones de explosivos, destruye cerros y manantiales además de nuestros sembradíos.

5.- PETICIONES Y PROPUESTAS:

5.1 Le hemos pedido el 15 de junio pasado a la empresa Peña Colorada que modifique el sistema de transporte que utiliza para llevar el mineral a manzanillo mediante medios rodantes, pues el agua la ocupamos para nuestra alimentación aseo y sembradíos. No hemos tenido respuesta hasta ahora.

5.2 Le estamos exigiendo al Gobierno Federal que se haga cargo de asegurar la prestación de los servicios públicos a nuestras comunidades, pues los estados de Jalisco y Colima y los Ayuntamientos en conflicto solo protegen sus intereses, dejando de lado nuestra seguridad publica y menoscabando nuestros derechos humanos y libertades fundamentales. Hasta hoy la federación ha guardado silencio, incumpliendo los acuerdos de Plan de Méndez que firmaron la Secretaria de Gobernación, los gobernadores de Jalisco y Colima juntamente con los alcaldes de Cuautitlan y Minatitlán, el 12 de diciembre del 2007.

5.3 Sea levantado de inmediato el cerco policíaco que mantiene hostigados y aislados a nuestros hermanos nahuas de los poblados de Las Pesadas y el Platanar por parte del gobierno de Colima y el Ayuntamiento de Minatitlán, desde la primera semana del 2008 hasta hoy. El apartheid es un delito de lesa humanidad que por desgracia padecemos todavía en México, sin que las comisiones publicas de derechos humanos hallan hecho algo por erradicarlo y castigarlo con todos los medios legales a su alcance

5.4 Hacemos responsable de cualquier nuevo derramamiento de sangre en primer lugar al gobierno federal y sus dependencias, pues al abandonarnos a merced del cacicazgo de colima y la minería a cielo abierto, se vuelve cómplice de nuestros agresores; en segundo lugar, al gobierno priísta del estado de Colima; en tercer lugar, a las autoridades municipales de Minatitlán, que actúan como capataces de la minería para violar nuestros derechos humanos y despojarnos de nuestros recursos naturales; y por ultimo, al gobierno de Jalisco por el abandono en que nos tiene siendo una de sus obligaciones constitucionales defender la integridad del territorio y ejercer la jurisdicción mediante la prestación de los servicios públicos esenciales a la población jalisciense, de la que formamos parte desde 1826 a la fecha.

5.5 La población indígena de la cuenca norte del Marabasco no nos oponemos a la actividad minera, siempre y cuando los dueños de la tierra y de los yacimientos no sigamos siendo tratados como esclavos, se respeten nuestros derechos humanos y libertades fundamentales, así como la legalidad en materia de aguas y de protección a la biodiversidad, y siempre y cuando se nos reconozca como pueblo indígena ancestral dueño del territorio que hoy ocupa - en parte - la minería, se impulse una minería sustentable y se nos haga participes de los beneficios que dicha actividad industrial produce anualmente pues de no ser así seremos los primeros en pedir el cierre de sus actividades y negocios por ser insustentables, inhumanos, crueles e irracionales.

5.6 Los días 23 y 24 de julio próximo participaremos en el FORO NACIONAL "MINERIA Y AGENDA LEGISLATIVA EN MEXICO", que se realizara en el auditorio en el salón verde del edificio A, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para exponer la situación ilegal e inhumana, además de injusta que padecemos.

Fraternalmente:
Mexico Distrito Federal, a 22 de julio del 2009.
J Jesus Hermenegildo García y Esteban Guzmán Pulgarin,
Presidente y secretario del Frente Regional Pro-Manantlan y Cuenca del Marabasco A.C.

Acto por la Independencia de Perú

Dos videos en defensa de la Sierra de la Silla

SÍ a la Sierra, NO al Túnel

Recomienda ONU a México crear
mecanismo de protección a periodistas

Cencos.
Fuente: Milenio


Frank La Rue, representante del organismo internacional
para la Libertad de Expresión y Opinión, urgió atender
el tema de la violencia contra periodistas para mantener
la libertad de expresión en México, pues "así como la
democracia va de la mano de la libertad de expresión,
el acceso a los medios está relacionado con salir de
la marginación y la pobreza".

México.- El relator de la ONU para la Libertad de
Expresión y Opinión, Frank La Rue, consideró que en
México se debe crear un mecanismo entre los
periodistas y el Estado, que garantice la protección
y resguardo de los comunicadores.

Durante una reunión con integrantes de la Comisión
de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado,
La Rue reconoció que preocupa la violencia contra
los informadores en México, pues ocupa el segundo
lugar en asesinatos de periodistas, después de Irak.

El representante de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) expuso que "así como la democracia va
de la mano de la libertad de expresión, el acceso a
los medios está relacionado con salir de la marginación
y la pobreza".

La Rue consideró que mantener la libertad de expresión
es urgente, pero en México, "el tema de la violencia
contra informadores resulta una preocupante prioridad".

Por su parte, el presidente de dicha comisión senatorial,
Carlos Sotelo, señaló que la Cámara alta insistirá en
crear una Comisión Especial que dé seguimiento a los
crímenes contra periodistas, pues el tema permanece
pendiente en la agenda. De igual manera se buscará la
federalización de los delitos contra los representantes
de la prensa, a fin de que sean consignados los presuntos
responsables en cada uno de los estados de la República,
expuso.

En su oportunidad, el senador del Partido Acción
Nacional (PAN), Ricardo García Cervantes, dijo que las
amenazas contra periodistas y a la libertad de expresión
en el país afectan la evolución de la democracia en México.

En tanto, el senador perredista Arturo Núñez Jiménez
sostuvo que la violencia contra periodistas es un
problema serio para México, pues "las agresiones a los
medios se dan ahora desde el crimen organizado para callar
las voces de denuncia".

El encuentro tuvo como objetivo establecer un vínculo
de colaboración entre la Cámara alta y la ONU, para
enriquecer el análisis y el trabajo legislativo
en materia de libertad de expresión y protección a
los periodistas.

Paradojas de los derechos humanos


Ricardo Sepúlveda, El Universal


Una de las paradojas mexicanas, de ésas que nos singularizan
frente a otros pueblos, es el de ser un país de gran desarrollo
institucional, de grandes leyes y decretos, pero de mínima
efectividad. Esto es aplicable al tema de derechos humanos y
es el diagnóstico más severo que se puede hacer, pero es
tan real como compartido.

Ningún país tiene el sistema de protección de derechos
humanos que tenemos en México, ni en tamaño ni recursos, y
son pocos los que han ratificado —como nosotros— casi la
totalidad (95%) de los tratados internacionales de derechos

humanos.

En muchos lugares se envidiaría contar con la dimensión y los

recursos de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos
como la que tenemos en México, para potenciar su estado de
derecho y mejorar la actuación de las autoridades.
Somos también un lugar donde en la primera oportunidad se
habla de aplicar la ley, de libertad y de estado de derecho.
El discurso de los derechos humanos es un valor dado de la
ortodoxia gubernamental y social.

Sin embargo, frente a estos avances “formales”, se presentan
en México violaciones a derechos humanos propias de las peores
épocas de autoritarismo. No hace falta mirar demasiado lejos para
advertirlas: inseguridad, privilegios, impunidad, corrupción. En los
llamados derechos civiles y políticos, lo primero que resalta es la
incapacidad de las estructuras de seguridad y justicia para garantizar
ambos derechos. Los abusos en el uso de la fuerza siguen siendo
una constante, la tortura no se ha podido erradicar de los ámbitos de
procuración de justicia y del penitenciario, particularmente en el
nivel local.

Esto se ha recrudecido en el contexto de una creciente priorización
de las acciones de combate al crimen organizado y de su
militarización, en las que uno de los derechos más amenazados en
México es el derecho a la vida.

En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales,
los problemas que enfrentamos son de dimensiones mayúsculas
por las condiciones de pobreza y desigualdad que genera nuestro
sistema económico. Además, a los programas de desarrollo social
les hace falta una perspectiva de derechos humanos, que
reconozca que cualquier individuo tiene verdaderos derechos
exigibles para una educación de calidad, servicios de salud dignos,
etcétera.

A lo anterior cabe añadir que nuestro sistema jurídico de
protección de derechos humanos es muy endeble, incluso
comparándolo con el que tienen algunos países latinoamericanos.

Por ejemplo, nuestro juicio de amparo, que es el principal recurso
de defensa de derechos humanos, no produce efectos generales y
resulta poco efectivo para hacer valer los derechos sociales o los
derechos llamados difusos, amén de haberse convertido en
complicado, caro, técnico y que las autoridades pocas veces
cumplen.

La paradoja es grande, sin duda, y la pregunta que resulta
obligada es por qué las acciones que hemos tomado como país
no han logrado cambiar la faz de los derechos humanos.

Podríamos contar ya 17 años desde que en 1992 se creó la CNDH
y que se tomó como decisión constitucional para que se respetaran
los derechos humanos en México. Sin embargo, esto no se ha
reflejado en cambios de fondo y efectivos.

Por eso la solución no debe estar ni en crear más instituciones,
ni siquiera más leyes, comisiones, decretos, fiscalías, sino en hacer
que las que tenemos funcionen. ¿De qué sirve una ley que no se
aplica? ¿O de qué una Comisión de Derechos Humanos que
guarda silencio?

En el fondo existe una falta de compromiso público y social con
el tema de los derechos humanos, que se traduce en una equivocada
visión en la que se considera que promover los derechos humanos
es sinónimo de debilitar la capacidad del gobierno para mantener el
orden, o de proteger a la delincuencia, o bien, en el caso de los derechos
económicos y sociales, que su cumplimiento dejará sin recursos al
Estado para atender las necesidades sociales —¡otra
paradoja!.

El gran reto de México es adoptar una política de Estado en
derechos humanos, que asegure el compromiso de toda autoridad;
sin esta decisión de fondo las acciones seguirán siendo
“avances formales” que no permitirán cambiar las circunstancias
de vida de los ciudadanos. La oportunidad está en adoptar esta

visión renovada que permita el verdadero desarrollo del país
partiendo de respetar los derechos de cada persona.

Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos

Miércoles 22 de julio de 2009