Gil díaz: turbiedad emblemática
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Si hubiera que buscar un nombre propio para representar el oscuro y discrecional manejo gubernamental de los límites entre lo público y lo privado que ha imperado en el país desde el salinato hasta la fecha, el de José Francisco Gil Díaz sería insoslayable.
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Subsecretario de Ingresos en tiempos de Carlos Salinas; director de Avantel en el sexenio siguiente; secretario de Hacienda y Crédito Público del foxismo; creador y accionista de la turbia ISOSA-Aduanas I según se asienta en la escritura pública 64882 de la Notaría 16 del Distrito Federal, por más que Gil Díaz se empeñe en negarlo; partícipe del rescate bancario que hipotecó las finanzas nacionales durante décadas; favorecedor de su familia, entre la que prodigó patentes de agentes aduanales; defensor acérrimo de la opacidad en los asuntos gubernamentales, y hoy flamante consejero de HSBC, el antiguo encargado de administrar los dineros públicos ha vivido en constantes y múltiples conflictos de intereses: como servidor público, como pariente, como directivo de una telefónica, como empleado de grandes grupos de interés financiero y hasta como ex funcionario.
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En un régimen mínimamente apegado a la ética, el ex alumno de la Universidad de Chicago debió ser investigado y sancionado, en su caso desde que, como subsecretario de Hacienda, su parentela (un tío, una prima hermana, un cuñado y un hermano) obtuvo concesiones para operar agencias aduanales, cuyo control dependía de la oficina del propio Gil Díaz. No fue así, y en el sexenio siguiente operó la telefónica de Roberto Hernández, cuyo banco, Banamex, rescatado con dinero público, sería posteriormente vendido a Citibank, en una operación que resultó exenta de impuestos mediante argucias legales que permitieron a los protagonistas de la transacción ahorrarse más de 3 mil millones de dólares. A la sazón, Gil Díaz, en su calidad de titular de Hacienda, pertenecía a la Junta de Gobierno del IPAB, institución que le vendió a una filial de J. E. Roberts, casas recuperadas de la cartera bancaria, a un precio tan irrisorio que la empresa las transfirió posteriormente, en 30 mil pesos, a los hijos de Marta Sahagún. Ahora, el ex secretario de Hacienda aparece como consejero asesor de J. E. Roberts.
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Mucho antes, en 1993, desde la Subsecretaría de Ingresos, Gil Díaz giró instrucciones para la constitución de ISOSA, que administra parte de los recursos públicos derivados de los trámites aduaneros, y cuya propiedad mayoritaria corresponde a Aduanas I, de la que el ex funcionario posee, a su vez, el uno por ciento de las acciones. En 2004 la entidad fue objeto de señalamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por no haber entregado al Servicio de Administración Tributaria (SAT) unos diez mil millones de pesos por trámites aduanales. Significativamente, Gil Díaz, en lugar de coadyuvar en la recuperación de ese dinero, interpuso una controversia institucional para impedir que la ASF fiscalizara a la compañía referida, cuyo director operativo, Francisco Villarreal Antelo, fue ejecutado en agosto del año pasado en esta capital, crimen que ha quedado sin resolver.
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En un pleno estado de derecho, las irregularidades mencionadas ni siquiera habrían podido tener lugar. Sólo en el contexto de una legalidad muy imperfecta habría sido concebible que las acciones de Gil Díaz escaparan durante tanto tiempo al pleno esclarecimiento administrativo y legal. En el México de 2007, por desgracia, ha sido necesaria una denuncia formal presentada por el Partido de la Revolución Democrática del Distrito Federal para que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inicie una indagación administrativa que debió comenzar, de oficio, hace años. Otro tanto puede decirse de la orden de arraigo emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra Gil Díaz por un presunto desacato a las órdenes de un tribunal laboral: demasiado poco y demasiado tarde.
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Inocente o culpable, el ex secretario de Hacienda encarna la turbiedad de una institucionalidad que perdió hace tiempo el sentido de la moral pública y de la ética republicana; representa, de manera ejemplar, a la generación de gobernantes privatizadores de bienes públicos que aún detenta el poder. El actual gobierno enfrenta la disyuntiva entre esclarecer los numerosos puntos oscuros de la trayectoria de Gil Díaz como funcionario, o encubrirlos, así sea mediante la realización de procesos administrativos y penales que no vayan más allá de la simulación. De lo que resuelva podrá inferirse si es real el compromiso con la legalidad pregonado por la Presidencia de la República o si ese compromiso se limita a una aplicación exacerbada de los ordenamientos de orden público y a la exhibición de atropellos policiales contra disidencias y movimientos sociales.
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