sábado, agosto 15, 2009

Videos en Defensa de la Sierra


A continuación los 2 de los 4 videos que se estrenaron en el Festival Ecológico “SI A LA SIERRA”, festival en defensa de la Sierra de la Silla.

Son los argumentos Sociales, Viales, Jurídicos y Ecológicos por los que NO se justifica la construcción del Arco Vial Sureste y del Túnel integrado en éste. Proyecto impulsado por el gobierno del Estado de Nuevo León.

Videos realizados por colaboradores del Movimiento Ambientalista Ciudadano, promotor de una cultura y desarrollo sustentable.

¡SI A LA SIERRA!

¡NO AL TÚNEL!


Argumentos Sociales:



Argumentos Viales:

Boletín de Cadhac



¿Avance o retroceso?

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), por este conducto manifestamos nuestro beneplácito por la anunciada prohibición de instalar retenes municipales de policía y tránsito, incluidos los antialcohol, en el área metropolitana de Monterrey; al mismo tiempo lamentamos que dicha medida no derive de la intención de las autoridades de respetar los derechos de todo ciudadano al libre tránsito, a la presunción de inocencia y las garantías de legalidad en el actuar de las autoridades. La medida anunciada por las autoridades parte de su aparatosa ineficiencia para crear y mantener cuerpos de policía y tránsito confiables y honestos, comprometidos con la seguridad de la ciudadanía y con el bien público del Estado.

Expresamos nuestra preocupación por la posibilidad e intención, expresada por el Secretario de Seguridad Pública del Estado, de instalar en un futuro retenes en los que participe la Federación; ello confirma que las autoridades no pretenden dar un paso hacia el reconocimiento de los derechos ciudadanos, sino solamente asumen la medida como una respuesta urgente a la infiltración del narco en los cuerpos de policía y tránsito, a la corrupción de los elementos que integran dichos cuerpos.

La participación del ejército o de la policía federal no es garantía de que no se cometerán abusos en contra de la ciudadanía; hay múltiples registros de hechos ilícitos inferidos por elementos integrantes de dichos cuerpos en perjuicio de civiles y que han quedado impunes. La indefensión del ciudadano común es mucha ante un policía y lo es más ante un miembro del ejército

Consideramos preocupante la mención relativa a que futuros operativos, en los que intervendrá la policía federal, serán dirigidos a pandillas y en bares y antros, puesto que implica una precriminalización de quienes frecuenten dichos lugares.

Todo reten u operativo de ese tipo constituye una violación a los derechos humanos y es además un espacio propicio para la extorsión y el abuso, mismos que no podemos descartar se presentarán sólo porque participen autoridades federales, puesto que éstas también son susceptibles de corrupción e ineficiencia.

Apreciamos como un retroceso y no como un avance el anuncio hecho por el Secretario de Seguridad Pública, puesto que prohibir la instalación de retenes y operativos a las policías municipales pero mantener la autorización para que los realicen cuerpos federales sigue constituyendo un atentado a los derechos humanos de quienes habitamos Nuevo León. La autoridad está indicando que los derechos ciudadanos ahora serán violados, con su autorización, por fuerzas federales, difícilmente esto puede constituir un avance en el respeto de los derechos humanos

Ratificamos nuestra opinión relativa a la inconstitucionalidad de la participación del ejército en tareas de investigación y persecución de delitos y nuestra preocupación por el hecho de que cada vez se abre más el espacio de ilegal intervención del mismo en la vida civil.

Exhortamos al Gobierno del Estado a ajustarse a la recomendación número 13 realizada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, visible en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en México 2003, así como a las recomendaciones emitidas en el Examen Periódico Universal a nuestro país.


Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS

Acteal, infamia que no termina


Comunicado conjunto sobre la resolución de la SCJN en torno al caso Acteal



Organizaciones civiles de defensa y promoción de derechos humanos


SCJN dio su aval a la impunidad con su decisión sobre el caso Acteal.
La resolución confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país.
Levantamos la voz para exigir justicia por los 45 asesinados en Acteal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval nuevamente a la impunidad con su decisión de amparar a 26 indígenas chiapanecos y ordenar la liberación inmediata de 20 de ellos, todos los cuales habían sido sentenciados por su participación en la masacre de Acteal. Los ministros de la Primera Sala de la SCJN justificaron su decisión en el hecho de que las sentencias se basaron en pruebas y testigos fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR). De igual manera resolvieron que ésta, junto con jueces y magistrados violaron gravemente las garantías procesales de los sentenciados.

La Suprema Corte no se pronunció con respecto a la culpabilidad o inocencia de los indígenas amparados, sino que se limitó a señalar que hubo actuaciones contrarias al orden constitucional por parte de la PGR, así como de los jueces y magistrados que intervinieron en el proceso. Sin embargo, su decisión supone un grave riesgo para los derechos humanos, debido a que por negligencias cometidas por agentes del Estado mexicano durante el crimen cometido el 22 de diciembre de 1997 en Acteal, así como en su proceso de investigación, éste quedará en impunidad. Cabe destacar que al momento actual, los familiares de los sobrevivientes no han encontrado acceso a la justicia: ni sanción a responsables, ni reparación integral del daño.

La resolución adoptada por la Primera Sala del Máximo Tribunal confirma una vez más el agotamiento de las instancias nacionales para garantizar el acceso a la justicia en nuestro país. Su decisión la convierte en factor de impunidad, pero también pone en evidencia la incapacidad y la ineficiencia de las instancias de procuración y administración de justicia, lo que permite que éstas sean usadas discrecionalmente por las diversas autoridades como espacios de control político y de negociación.

Frente a esta realidad levantamos la voz para exigir justicia por los 45 niños, mujeres y hombres asesinados en Acteal. Confiamos para ello en el compromiso decidido de los sobrevivientes y sus familiares. Mientras estos crímenes no sean esclarecidos, ni los responsables –tanto materiales como intelectuales– sean debidamente procesados y sentenciados, cualquier acción gubernamental carecerá de credibilidad.

Nos solidarizamos con quienes en Acteal sufrieron la injusticia y la siguen sufriendo y avalamos la coadyuvancia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en el caso Acteal. Por lo tanto también expresamos nuestro compromiso para evitar que en la región vuelvan a imponerse las condiciones para el resurgimiento de la violencia. De ello serían responsables tanto el gobierno del Estado de Chiapas como el gobierno federal, que en 12 años han sido manifiestamente incapaces para proponer soluciones reales y se han empeñado en seguir vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.

ORGANIZACIONES:

Católicas por el Derecho a Decidir, A.C.
Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria, O.P." A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.
Centro de Derechos Humanos”Fray Francisco de Vitoria O.P.”A.C.
Centro de Investigación y Promoción Social A.C. (CIPROSOC)
Centro Nacional de Comunicación Social A.C. (CENCOS)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo Garrapathos; Querétaro
Comisión de Religiosos de Justicia, Paz y Vida
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM JALISCO)
Comité Monseñor Romero
Contraimpunidad (Uruguay)
Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.
Equipo Indignación A.C. , Mérida, Yucatán
Fuga A.C., Espacio Alternativo
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.
La Academia Mexicana de Derechos Humanos, A.C.
Mujeres Sin Miedo
Nuestras Hijas de Regreso a Casa, A.C.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
Observatorio Latinoamericano de Geopolítica
Paz con Democracia
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C. (ProDESC)
Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad
Red de Solidaridad con Chiapas
Red Guerrerense de Organizaciones Civiles y de Derechos Humanos
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos"
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Sistema Universitario Jesuita: Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Universidad Iberoamericana Torreón, Universidad Iberoamericana León, Universidad Iberoamericana Puebla, Universidad Iberoamericana Tijuana, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente de Guadalajara (ITESO), Centro de Estudios Ayuuk-Universidad Indígena Intercultural Ayuuk, Oaxaca, Universidad Loyola del Pacífico.
Tinku - Dinamarca


La masacre revivida

Carmen Aristegui F.

14 Ago. 09, El Norte


Fallas en los procedimientos judiciales cometidas por negligencia, ignorancia o abierta maquinación de la autoridad son pan de todos los días en la justicia mexicana. Imposible imaginar siquiera las miles o millones de personas, inocentes o culpables, que se han visto afectadas en sus derechos más elementales por procesos judiciales indebidos. Testimonios falsos, fabricación de pruebas, desaparición de documentos, firmas falsificadas, diligencias no cumplidas, siembra de evidencias, fechas que se dejan expirar, confesiones a la fuerza. La galería es interminable.

Famosos casos como el de la finca El Encanto del caso Ruiz Massieu o, más recientemente, el caso de Florence Cassez, con el delirante montaje organizado por la SSP para hacerla aparecer como culpable, independientemente de que lo sea o no en realidad.

Casos para ilustrar el incumplimiento del "debido proceso" como un problema agudo, profundo, añejo y sistémico se toman a puños. ¿Por qué la Clínica de Interés Público del CIDE decidió tomar el caso de la matanza de Acteal para revisar lo que puede ocurrir en México en esta materia y tomar, para ello, la defensa de los indígenas que fueron sentenciados por asesinato de hombres, mujeres y niños?

La respuesta a esto es ya parte del debate. Desde La Jornada se ha planteado que "El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovido desde las instituciones de Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos".

Diversas voces ahora, desde que ocurrió la masacre, y aun antes de ésta, han señalado que desde el Gobierno de Ernesto Zedillo se patrocinó una política contrainsurgente con grupos de paramilitares formados con indígenas de las mismas comunidades. Se creó una espiral de violencia fratricida que desembocó en una masacre inaudita como la de Acteal. Es por ello un crimen de Estado.

La existencia y actuación de paramilitares en Chiapas a partir de la insurrección zapatista es un hecho inocultable. Los miles de desplazados en las comunidades fueron producto de ese hostigamiento oficial. La masacre de Acteal no puede entenderse fuera de ese contexto.

Quienes dudan de las buenas intenciones de quienes promovieron la defensa de los asesinos y la reapertura del caso encuentran que en el trasfondo de todo existe la decisión de reescribir la historia para sostener la tesis de que lo ocurrido en Acteal fue un enfrentamiento y no un crimen de Estado, cuyas responsabilidades mayores siguen en la impunidad y que apuntan al ex Presidente de México.

La mayor suspicacia sostiene que la liberación de los primeros 20 indígenas presos por asesinato -iniciada en la madrugada de este jueves gracias a los amparos otorgados por la Corte- permitirá de mejor manera sostener la tesis del enfrentamiento entre indígenas por encima de la del crimen de Estado con responsabilidades históricas y penales gravísimas.

Los del CIDE han respondido frente a las sospechas que eligieron el caso por tratarse de "... un asunto en el que se pone de relieve un alto número de irregularidades y violaciones de derechos" y que serviría para alimentar el modelo de educación clínica que se desarrolla en el CIDE, mediante el cual los alumnos, bajo la guía de sus profesores, participan en litigios.

José Antonio Caballero, del CIDE, escribió en El Universal que decidieron investigar el caso porque "... las afectaciones sufridas por los indígenas que defendemos no son excepcionales. Por el contrario, son muy frecuentes en los procesos penales que se desarrollan en nuestro país".

Sin dudar de la buena fe de estudiantes e investigadores de la Clínica de Interés Público, tampoco se puede descartar la posibilidad de que alguien, interesado por las razones ya escritas, pudiera servirse de su trabajo. ¿Sería descabellado que alguien estuviera intentando, a través de esta revisión judicial, modificar la historia que se sostiene con víctimas, pobladores y sobrevivientes a 11 años de distancia sobre un crimen de Estado? ¿Alguien está usando al CIDE para buscarse otro lugar en la historia? Gran tema para la academia. Los estudiantes de la Clínica deberían investigarlo.


Barrabás

Ximena Peredo

14 Ago. 09

Jacinta Francisco lleva tres años detenida, acusada de haber secuestrado a seis policías de la extinta AFI en la comunidad Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Una mujer indígena desarmada, ¿cómo podría someter a seis policías entrenados y armados? La pregunta es ineludible.

A Jacinta, que vendía aguas frescas en el mercado en el que los agentes cometieron destrozos, se le ha negado por tres años un justo proceso judicial. Ella debería estar libre. Casos como el de Jacinta pululan en este País.

Como el caso de Héctor Camero, acusado de perpetuar daños a los bienes de la Nación, un delito grave, por coordinar una pequeña radio comunitaria que llevaba noticias y cultura a los integrantes de su barrio. Por estar ejerciendo su derecho de libre expresión, Camero está librando un proceso judicial injusto que parte de premisas erróneas.

En México lo que sobran son sentenciados inocentes, chivos expiatorios, presos políticos. Personas arrolladas por el peso de la orden: "¡A ése, déjamelo adentro!". Por eso, extraña que el Centro de Investigación y Docencia Económicas, institución pública, seria y reconocida, haya financiado y dirigido -con recursos de procedencia desconocida- una investigación que concluyó en la injusta liberación de los paramilitares sentenciados por haber asesinado a 45 personas en Acteal, Chiapas, en 1997.

El miércoles pasado, una comisión de la Suprema Corte de Justicia aceptó que al menos 20 procesos judiciales presentaban inconsistencias, con lo que se cayeron las sentencias condenatorias.

Al quedarse sin condena, fueron liberados 20 de esos paramilitares, pero esto de ninguna manera los acredita como inocentes, sino simple y llanamente como personas juzgadas por un sistema de impartición de justicia negligente, en el mejor de los casos. Al encontrar violaciones a las garantías procesales de los sentenciados, la Corte debió ordenar una nueva investigación del caso, consignando a los sospechosos, no liberándolos.

Los asesinos están sueltos, igual que el afortunado Barrabás de los evangelistas. Lo espeluznante es que haya sido la Suprema Corte la que abriera la puerta para que regresaran a casa quienes a machetazos cortaron cabezas, brazos, piernas y pechos a las mujeres, quienes abrieron de tajo los vientres de las embarazadas y jugaron a lanzarse de mano en mano a sus hijos.

Lo que sucedió en la comunidad de Acteal fue un crimen de lesa humanidad por el que todavía no se juzga a Ernesto Zedillo y al entonces Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, quien permitió la masacre al dar la orden de no intervenir.

A pesar de toda la documentación, de los testimonios de los sobrevivientes, de los reportes que a unos días de la masacre dieran autoridades de la PGR y de la CNDH, Héctor Aguilar Camín y Ricardo Raphael (líder del mencionado proyecto del CIDE) consideran que lo sucedido el 22 de diciembre de 1997 no fue una matanza sino una batalla, un enfrentamiento intercomunitario.

Dicen esto intentando desmentir los testimonios que hablan de fuerzas paramilitares priistas, "los máscaras rojas", no sólo acusados por los sobrevivientes, sino procesados y sentenciados como asesinos. Los dos periodistas aseguran que las 45 personas muertas fueron víctimas de un fuego cruzado entre dos bandos.

Lo extraño es que los balazos hayan sido disparados a menos de un metro de los cuerpos, como constó en las autopsias, y que se considere un accidente de guerra penetrar con palos los cadáveres de algunas mujeres. Lo extraño es que todos los muertos eran de la asociación civil "Las Abejas", defensores de los derechos y de la autonomía indígena.

Lo que sucedió el miércoles es una doble bofetada a los pueblos indígenas, y una de las aberraciones más repudiables en nuestra historia reciente. Da vergüenza compartir este país con los defensores de Barrabás.


ximenaperedo@yahoo.com.mx

viernes, agosto 14, 2009

Comité Cerezo


BOLETÍN DE PRENSA

Muy buenas tardes, agradecemos la presencia de los medios de comunicación, de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales y personas solidarias que nos acompañan este día, así mismo un especial agradecimiento a los compañeros del Centro Nacional de Comunicación Social, quienes de manera solidaria una vez más nos han abierto su casa para realizar esta conferencia de prensa, también de manera especial agradecemos la importante labor que realizan las Brigadas Internacionales de Paz, quienes nos acompañan desde el 14 de febrero de 2002

Hace 8 años el gobierno mexicano cometió una injusticia más, una que nos hizo nacer y desarrollarnos en el ámbito de los derechos humanos; la detención y tortura de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo y Pablo Alvarado, y su encierro en penales de exterminio.

Les comunicamos que los hermanos Héctor y Antonio se han integrado no sólo al Comité Cerezo México, sino a los diferentes proyectos que nuestra organización de derechos humanos ha creado y mantenido: la cafetería ubicada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; el proyecto de serigrafía; el proyecto de impresión en offset que apenas despunta gracias a su confianza y apoyo; el proyecto de documentación de casos de presos por motivos políticos en México cuyos resultados pueden consultar en la página web Viento de libertad; el proyecto de la Revista Revuelta; y la formación e impartición de los diferentes talleres de derechos humanos que el Comité ha generado y adaptado, así como los talleres de seguridad para organizaciones sociales que hoy, producto de la estrategia represiva del Estado, tiene más vigencia y demanda que en años anteriores.

Hoy, después de lograr el objetivo que nos planteamos en un inicio, dejamos de ser el Comité que defendía el caso Cerezo, para convertirnos en una organización de derechos humanos cuyos objetivos trascienden esta injusticia, y acompaña a otros familiares de presos, entre otras actividades de denuncia y promoción de los derechos humanos.

En esta nueva etapa de trabajo del Comité Cerezo nuestros objetivos son:

Contribuir a la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos del actor social, que legítimamente los ejerce.

Contribuir al desarrollo de mecanismos y herramientas que permitan la defensa y protección de los defensores de derechos humanos.

Fortalecer una cultura de solidaridad y autogestión en y para los actores sociales que refuerce el tejido social.

Por último, les pedimos a todos los presentes que continúen su acompañamiento solidario para que, juntos, logremos, no sólo visibilizar las graves violaciones a los derechos humanos que, hoy, el Estado mexicano comete sistemáticamente, sino poder prevenirlas y lograr el castigo a los responsables, con el objetivo de construir un México en donde los derechos humanos sean una realidad y no mera utopía.

Muchas gracias.

“Por qué ser defensor de los derechos humanos no es sinónimo de terrorista”

Comité Cerezo México


jueves, agosto 13, 2009

Vuelta al medioevo


Ominoso retroceso en los derechos de las mujeres.


En Hidalgo.

Pablo Vargas González , presidente de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (Acaderh)

El miércoles 5 de agosto pasado, el diario Plaza Juárez, en su sección regional publicó la nota “Tras las rejas por provocarse un aborto”, que informa de una mujer, ama de casa, joven de 24 años que fue detenida por parte de efectivos de la Coordinación de Investigación adscritos al Grupo Tepeji, que durante dos años la estuvieron persiguiendo hasta su captura. El supuesto crimen que cometió fue, aparentemente, haberse producido un aborto en 2007.

Fue detenida y debido a que en el Código penal del estado de Hidalgo el aborto es un delito, se encuentra a disposición de un juez para que la sentencie a varios años de cárcel. Araceli Sofía Ramírez Pérez está ubicada en una condición de vulnerabilidad extrema, aparte de ser estigmatizada se le están transgrediendo sus derechos fundamentales.

A los vacíos en la legislación local para que las mujeres ejerzan sus derechos plenamente, se encuentran las deficiencias con que las autoridades de salud y de justicia Agentes del MP y jueces operan para tratar estos casos.

Habría que preguntarse si la agencia del MP y las clínicas del IMSS siguieron algún protocolo para canalizar a la paciente. Este es el tema de fondo, en estos casos. Puesto que se parte de que en estas instancias se desconoce el mecanismo de tratamiento para el caso de aborto ¿le abrieron un expediente? Los médicos y enfermeras le dieron la atención adecuada antes de prejuzgar si era moral o no la circunstancia que la llevó a urgencias medicas?

A esto habría que agregar que en 2007 se aprobó la “Ley General de Acceso a una Vida Libre sin Violencia”, que constituyó un gran paso para frenar no solo la violencia de género sino además iniciar un proceso para eliminar la discriminación, desigualdad y exclusión contra las mujeres en México.

Así mismo la protegen normas y tratados internacionales: como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Conferencia de Viena, Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en El Cairo, Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer Beijing.

Así, atendiendo a los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud, seguridad y, por ende, el derecho de elección de las mujeres. Por lo que se habría de revisar por parte de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo su detención y dejarla en libertad para que tenga derecho a la defensa. Es pertinente reabrir el expediente e investigar cuales fueron las condiciones en que se produjo este aborto, sin prejuzgar condición de ninguna índole, y sobre todo adecuándose a la nueva legislación que protege a las mujeres.

No es posible que como ya está sucediendo en otras entidades federativas se criminalice a la mujer por ejercer sus derechos reproductivos. En Hidalgo debemos de alertar que no se deje un precedente negativo; y convocar a las autoridades que se garantice en todo momento los derechos de las mujeres y instrumentos internacionales de derechos humanos. Quiero recordar que en el artículo 4º constitucional 2º párrafo, señala que “toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de los hijos”.

En Puebla, gobernada por el muy moral Marín.

La organización no gubernamental Red de Democracia y Sexualidad de Puebla defenderá legalmente a una mujer de 20 años de edad, quien permanece detenida por practicarse un aborto.

De acuerdo con Brahim Zamora, vocero de la organización, la detenida, identificada como Alejandra Gómez Sánchez, no tiene la culpa de sufrir un legrado, y con ello violar la Ley de Protección a la Vida, que en marzo pasado aprobó el Congreso del estado.

'La reforma a la Constitución no evitará nunca los abortos clandestinos, y este es el claro ejemplo. Además, lo que pasa aquí es la criminalización de mujeres, que con la reforma se endurece más, aunque no se haya reglamentado todavía', argumentó en conferencia de prensa.

El pasado 2 de agosto, Gómez Sánchez ingresó al hospital de la Cruz Roja con una hemorragia provocada por la ingesta de fármacos, por lo cual se le practicó un legrado al contar con 14 semanas de gestación.

Por estos hechos, agentes del Ministerio Público de Puebla acudieron al nosocomio donde mantienen a la interna en calidad de detenida y se inició la averiguación previa AP61/2009/AEH, en espera que un juez determine su sentencia que podría ser de seis a 20 años de prisión.

En las investigaciones se determinará si el aborto fue inducido o accidental, y de ello dependerá si se consigna o no a la joven, la cual se convertiría en el primer caso en Puebla.

Brahim Zamora dijo que este caso es una clara muestra de que no sirven las reformas a la Constitución Política de Puebla en materia de la familia, la cual penaliza a quienes se practiquen aborto, salvo que ponga en riesgo la vida de la mamá o del producto, cuando el producto tenga alguna malformación o sea resultado de una violación.

Con las reformas a la Constitución del Estado de Puebla se impide la despenalización del aborto y de la eutanasia.

De acuerdo con autoridades del Hospital de la Mujer, en lo que va del año han atendido y denunciado cuatro abortos inducidos en el mismo número de mujeres, y el año pasado atendieron y denunciaron 10 legrados provocados.

En Guanajuato la misma situación.

Video de Junio de este año.

Nueva explosión en mina Coahuila


El Estado mexicano no cumple su responsabilidad de tutelar los derechos de los trabajadores mineros



Centro Diocesano de Derechos Humanos Fr. Juan Larios / Equipo Nacional de Pastoral Laboral


1. El pasado 6 de agosto, los medios de comunicación informaron de un siniestro en la Mina Lulú que arrebató la vida de dos trabajadores.

2. Al día siguiente (7 de agosto), en los medios de comunicación la Secretaría Federal del Trabajo, así como el Delegado de la misma secretaria, Manuel Rodríguez Rocha y la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila, afirmaba “el desprendimiento de una pared del yacimiento se debió a una bolsa de aire comprimido y que por efecto de la gravedad cayó sobre los carboneros”. Sin embargo, en la misma fuente informativa, se afirma que “personal de la mina siniestrada consideran que se debió a una falla geológica” (El Universal en línea, 7 de agosto).

3. El mismo 7 de agosto, en un comunicado de la empresa, se informo “que el accidente ocurrió en una de sus minas subterráneas y la causa fue un desprendimiento instantáneo de carbón en la frente de trabajo originada por una expansión repentina de aire comprimido, confinado en el cuerpo del manto mismo de carbón”. Y el Presidente del Consejo de Administración, Salvador Kamar Apud, destacó que “la empresa cuenta con los sistemas de seguridad para operar, sin embargo los accidentes son imposibles de prevenir” (La Voz de Monclova, Primera Plana, 7 de agosto).

4. Testimonios recabados por personal del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, y del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, narran que en el último mes, han ocurrido por lo menos tres situaciones que anunciaban ya el riesgo inminente a sus vidas. En el primero de éstos, presuntamente hubo emisiones de gas que provocaron que el supervisor se desmayara. Los trabajadores, aseguran haber externado su preocupación de que hubiera un escalamiento en la inseguridad de la mina si no se barrenaba la misma para sacar el gas.

5. A los ocho días en el cañón once, un desprendimiento de carbón deja enterrado hasta el cuello a un trabajador. Sus compañeros lo rescatan e intentan transportarlo en un vehículo de la empresa pero se quedan sin gasolina. Piden apoyo a un ganadero que lo lleva al área de oficina y lampistería que se ubica a 7 km de la boca mina. Personal de la empresa autorizó que su camión lo pudiera transportar, no sin antes recoger a los trabajadores que estaban terminando su turno, así que regresa a la bocamina. El accidente ocurrió aproximadamente a las seis de la tarde y fue hasta las doce de la noche que lo dejaron en la parada del camión de la localidad donde vive. Debido a que están registrados en el IMSS con un salario de $50.00 pesos diarios el minero decidió atenderse con un sobador y regresar a trabajar con los tobillos lastimados, dolor de cabeza, mareos y vomito.

6. En la madrugada del pasado 6 de agosto, sobrevivientes de la cuadrilla de trabajo del cañón 12, aseguran que “algo sucedió” que había provocado nuevamente un desprendimiento de carbón que sacudió toda la mina. Uno de los trabajadores corrió los 7 km que los separan de las oficinas y de la lampistería para informar en ese momento lo sucedido. Se presentó un ingeniero y le dijo a los trabajadores que sacaran los cuerpos y salieran después todos de la mina. Acción que realizaron sin los instrumentos necesarios para el rescate, incluido un metanómetro, pues el único con el que contaban en ese momento lo traía uno de los fallecidos. A las 4:30 a.m., llegó la Policía Estatal y a las 6 a.m., se presentó el Ministerio Público para a dar fe de los hechos y proceder al levantamiento de los cuerpos; versión de los sobrevivientes es que éste no bajó al lugar del siniestro, debido a que lo cuerpos se encontraban ya en el exterior de la mina.

7. Por todo lo anterior, externamos nuestra preocupación debido a que, en menos de 24 horas del siniestro, la empresa ofrece tres versiones explicativas de lo sucedido y aseguran tener todas las medidas de seguridad.

Por lo cual le solicitamos:

A la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila: establecer una mesa de trabajo para el desahogo de los siguientes puntos:

§ Conciliar de manera justa la liquidación de los trabajadores que por los hechos ocurridos manifiestan su negativa a reincorporarse a trabajar en la empresa debido al riesgo que les ha supuesto.

§ Conciliar de manera justa los montos para la pensión e indemnización de las familias de los mineros fallecidos.

§ Se nos facilite una copia de las Bitácoras de Gas de los últimos dos meses.

§ Se nos facilite una copia del mapa topográfico de la mina.

§ Se nos faciliten los estudios geológicos, hidrogeológicos y de mecánica de rocas preliminares a la explotación del manto y su última actualización.

§ El análisis de los criterios de diseño y selección de los ademes de madera que se están utilizando desde la bocamina.

A las empresas privadas y a CFE:

§ Suspender la compra de carbón a la empresa Minera Siderúrgica de Coahuila hasta que no compruebe públicamente que cumplen con las normas de seguridad e higiene y el desahogo de los puntos planteados para la mesa de trabajo.

Al Gobierno del Estado de Coahuila:

§ Que la investigación iniciada por el Ministerio Público sea imparcial, se garantice el debido proceso, un juicio justo, reparación del daño a los familiares de las víctimas y medidas de no repetición.

Al C. Felipe Calderón Hinojosa:

En las Conclusiones del Comité de la OIT sobre la queja por violación de los convenios 150, 170 y 155 por parte del Gobierno Mexicano en el caso Pasta de Conchos, el Comité concluye que, el programa de reformas que está ejecutando el Gobierno constituye un reconocimiento tácito de que el accidente hizo que tomara conciencia de que era necesario adoptar medidas urgentes y de carácter general para mejorar las condiciones de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el sector de la minería del carbón y la aplicación de las leyes y reglamentos existentes en esa esfera a escala nacional. Ello llevó a la conclusión de que al producirse el accidente, el Convenio 155 no se aplicó plenamente en la mina.

§ En coherencia con la conclusión señalada por la OIT exigimos la destitución del Lic. Javier Lozano Alarcón, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como el inicio de los procedimientos jurídicos correspondientes por la violación a los derechos humanos de los mineros fallecidos y del resto de trabajadores que laboran en la Mina Lulú, debido a que en el período de 5 años de vida de esta mina, nunca había sido inspeccionada.

§ Que ordene a la STPS y a su Delegado en Coahuila, que de manera inmediata se hagan públicas las pruebas técnicas que sustentan que el siniestro en la Mina Lulú, fue producto de “una bolsa de aire comprimido y que por efecto de la gravedad cayó sobre los carboneros”.

§ Que ordene a la Delegación de Coahuila de la STPS que haga pública de manera inmediata el Acta de Inspección realizada a la Mina Lulú los días 7 y 8 de agosto.

A la H. Camara de Senadores:

§ Que de manera urgente, ratifique el Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81); Convenio sobre la inspección del trabajo (territorios no metropolitanos), 1947 (núm. 85); Convenio sobre la prevención de accidentes industriales mayores, 1993 (núm. 174); Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176).

§ Que se hagan las reformas legales correspondientes para reconocer como sujetos de interés jurídico a los familiares de las y los trabajadores que fallecen por la negligencia u omisión del Estado Mexicano en la tutela de los derechos humanos, laborales y sindicales.

El Equipo Nacional de Pastoral Laboral y el Centro de Derechos Humanos Fr. Juan Larios manifestamos nuestra solidaridad y condolencias con los familiares de Alfredo Ríos Martínez y Rogelio Soto Torres. Así como a todos sus compañeros de la Mina Lulú. Asimismo manifestamos nuestro compromiso con los familiares y los trabajadores de acompañarlos y apoyarlos en la defensa de sus derechos.

Saltillo, Coahuila, 11 de agosto del 2009

Blanca Martínez Bustos
Centro Diocesano de Derechos Humanos Fr. Juan Larios

Cristina Auerbach Benavides
Equipo Nacional de Pastoral Laboral

Teléfonos de Contacto: 41624299 y (55)10416365


La Corte ordena liberar a detenidos por Acteal



Fuente: El Universal, Carlos Avilés Allende

Por mayoría, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenaron la liberación inmediata de alrededor de 20 de los indígenas que fueron culpados de la matanza ocurrida el 22 de diciembre de 1997

Por cuatro votos contra uno, la mayoría de ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó y ordenó la liberación inmediata de alrededor de 20 de los indígenas que fueron culpados de la matanza de Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los ministros consideraron que las sentencias se basaron en pruebas obtenidas de manera ilegal y en testimonios fabricados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Un segundo bloque de los indígenas que fueron sentenciados por estos hechos se prevé que sean amparados en los próximos días, para que también queden en libertad.

Por cuestiones técnicas, debido a que el caso de 31 de los sentenciados estaban a cargo del ministro Sergio Valls, quien pidió no protegerlos, sus expedientes se le turnaron a uno de sus compañeros de mayoría para que redacte los nuevos proyectos de sentencia.

Como lo adelantó El Universal desde hace una semana, la mayoría de ministros de la Primera Sala del máximo tribunal del país llegó a la conclusión de que se violaron las garantías esenciales de los indígenas al no respetárseles tampoco su derecho a un debido proceso y a una defensa adecuada.

Durante la discusión del caso la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que adoptó la decisión de ampararlos porque se detectó, por ejemplo, que en algunos casos, de manera irregular, un juez les agregó delitos que ni siquiera había consignado el ministerio público.

Además de que se uso como prueba, de manera ilícita, un listado de personas que elaboró un testigo de nombre Agustín Arias, que inicialmente había declarado que no hablaba ni entendía el castellano y que, doce horas después de esta afirmación, entregó una lista que escribió a mano de las personas que señaló como responsables, dando no sólo sus nombres sino incluso los detalles de las comunidades a las que pertenecían.

Dicho listado, afirmó la ministra Olga, constituye una prueba ilícita, por lo anterior, y porque en su tercera declaración, a pregunta concreta de la defensa, dijo que la lista se la entregaron los judiciales.

Pero también porque dicho listado fue usado por la policía para presentarlos, detenerlos y consignarlos.

La entonces Policía Judicial, agregó el ministro Juan Silva Meza, también elaboró un álbum fotográfico que posteriormente le entregó a los testigos que uso para que identificaran a los indígenas que, posteriormente, fueron señalados como responsables de la matanza.

Acteal, advirtió, es una buena oportunidad para que la Corte reitere un claro mensaje para las autoridades encargadas de combatir los delitos, de que deben respetar escrupulosamente el derecho constitucional y por lo mismo los derechos humanos.

Pero también es una decisión que debe ayudar, agregó, a terminar con procesos extensos que han mantenido a gente indebidamente en prisión.

En su momento el ministro José Ramón Cossío dijo que las autoridades bajo ninguna condición pueden inventar pruebas para procesar a una persona.

Pero aclaró que en este caso la Corte no se pronunció sobre la inocencia de las personas, sino únicamente sobre la violación de sus derechos a un debido proceso.

“Puede ser que haya inocentes o culpables, no tengo elementos, no es mi función de juez constitucional”, dijo.

Mientras que su compañero José de Jesús Gudiño Pelayo recordó que un principio fundamental es el de la presunción de la inocencia y que sólo se justifica una sentencia condenatoria cuando está plenamente comprobado el cuerpo del delito y la responsabilidad.

No debe haber, precisó, la menor duda de que aquella persona haya cometido los hechos que se le imputaron. Y en los casos en cuestión las sentencias condenatorias no se pueden emitir con base en pruebas obtenidas ilegalmente.

La Corte ordena liberar a presos de Acteal

Reporte especial: Conferencia de prensa exterior de la SCJN Acteal

Posteriormente a la resolución de la SCJN que determinó liberar a 20 indígenas que habían sido sentenciados por su participación en la matanza de Acteal en 1997, así como la postergación de la decisión para otros 37 (a quienes el proyecto del Ministro Sergio Valls negaba el amparo y que esperarán a que otro Ministro redacte un nuevo proyecto que pueda ser votado favorablemente), los familiares de las víctimas de Acteal, Las Abejas y el CDH Fray Bartolomé de las Casas ofrecieron una conferencia de prensa en el exterior de la SCJN. A continuación el video de la misma. Información relacionada con esta resolución de la SCJN puede encontrarse en El Universal y La Jornada.

Ver video


Nuestro reconocimiento al Comité Cerezo por los primeros 8 años de trabajo!


“El Comité Cerezo México a ocho años de distancia, retos y perspectivas”

Fecha: 13 de agosto de 2009 a las 12:00
Lugar: Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Medellín 33, Colonia Roma, DF, México

A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales y de derechos Humanos
A las personas solidarias

Hace 8 años, el 13 de agosto de 2001, surgió nuestro Comité, en ese entonces; Comité proliberación hermanos Cerezo, Pablo alvarado y Sergio Galicia Max, el inicio, como es usual, lo detonó las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por militares de la SEDENA, miembros de la PGR y del CISEN.

Ocho años en los cuales tuvimos, familiares, amigos y personas solidarias, que aprender el uso de la herramienta de los derechos humanos y sin saberlo, ni planearlo nos convertíamos en defensores de los derechos humanos.

Hoy acabamos una etapa, lograr la libertad de los hermanos Cerezo y se abre otra etapa en nuestro trabajo como organización de derechos humanos.

Los invitamos a compartir con nosotros el octavo aniversario de nuestra fundación y a llevar tu presente.

"Por qué ser defensor de derechos humanos no es sinónimo de terrorista"
Comité Cerezo México

miércoles, agosto 12, 2009

Columna de Sergio Aguayo


Caro e inútil

Sergio Aguayo Quezada
saguayo@colmex.mx
Reforma 12 de agosto de 2009

En memoria de Pablo Latapí Sarre, Grande de México.

La entrevista ocuparía un lugar distinguido en cualquier antología del discurso falacioso y mañoso. Fue concedida por José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que aspira a ser ministro de la Suprema Corte. Liliana Alcántara y Thelma Gómez le hicieron al doctor Soberanes una larga entrevista (El Universal, 3 de agosto del 2009). En ella se presenta como paladín de la objetividad porque cuando habla, dice, tiene un "expediente" respaldándolo. "No puedo actuar por ocurrencias, imaginaciones, creencias o suposiciones".

Sin embargo, sus afirmaciones están preñadas de imprecisiones. Pongo, como ejemplo, el papel que se atribuye en la respuesta oficial a la tragedia de los desaparecidos. "En un año sacamos una recomendación que nadie había hecho en 10 años. Se hizo la investigación y después emitimos la recomendación" de la cual nació, el 27 de noviembre del 2001, la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).

Falso. Manipula las fechas. Soberanes fue nombrado en noviembre de 1999 y reactivó la investigación sobre las desapariciones cuando Reforma publicó, en julio del 2001, un reportaje sobre el abandono en el que la CNDH tenía ese programa. La Femospp fracasó y Soberanes la puso como ejemplo de la "negligencia" y la impunidad. Al asegurarlo, las reporteras le preguntaron por qué tardó tanto en hacer esa crítica. Su respuesta fue: "porque he estado esperando a ver si había resultados". Una excusa absurda, ya que Felipe Calderón desapareció a la Femospp en marzo del 2007; en otras palabras, se esperó dos años y cinco meses.

Para enaltecer su gestión, descalifica a los otros. Sobre los organismos de la sociedad civil que lo critican dice: "a ellos no les preocupan las violaciones a los derechos humanos, sino cómo hacerse de esta Comisión. Ahora están muy preocupados por el relevo, y quieren influir, ser los grandes electores, tomar la decisión y uno de ellos hacerse de mi silla".

Después arrasa con todas las "direcciones..., subsecretarías y subprocuradurías" del gobierno federal dedicadas a los derechos humanos; las acusa de servir "de tapadera" y de ser "como los gatitos" que "entierran sus porquerías". Desbocado, culpa a "la Defensa Nacional" de "hacer una campaña en contra de nosotros"; tacha al procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, de ser "el caso más patético"; y a la Secretaría de Relaciones Exteriores la califica de "vergüenza".

Es posible que Soberanes tenga algo de razón, pero un ombudsman no lanza afirmaciones tan graves sin sustentarlas. Es, además, inconsistente. Después de su desahogo contra el gobierno federal, baja el tono y ronronea cuando enjuicia a Felipe Calderón; confiesa tener "sentimientos encontrados. Por un lado, sí lo apoyo; por otro, sí hay muchas cosas que podría hacer mejor".

Tanto recato, tanta mesura, podrían deberse a sus aspiraciones: "por supuesto que me gustaría llegar a la [Suprema] Corte, pero eso no depende de mí. Depende del Presidente y de los senadores. Si el Presidente no quiere, no llego".

Podría seguir hilvanando párrafos sobre los casi 10 años de Soberanes; prefiero subrayar la urgencia de una evaluación que revise la forma en que manejó el dinero público recibido. Entre el 2000 y el 2008 la CNDH casi duplicó su presupuesto en términos reales. Cuando se revisan las partidas, brinca el incremento en el pago de estímulos a funcionarios: la partida estaba en ceros antes de que llegara al cargo y en el 2008 repartió 92.3 millones de pesos, el 11 por ciento del presupuesto ejercido.

Ese año, la CNDH estuvo entre las seis dependencias federales más generosas con sus funcionarios. José Luis Soberanes lanza exabruptos sin sustento, maneja como quiere sus presupuestos y manosea los derechos humanos, porque no tiene quien lo controle.

El Consejo Ciudadano de la CNDH se caracteriza por la mansedumbre con el titular, y cuatro de sus 10 consejeros arrastran un déficit de legalidad: rebasaron su periodo porque la comisión senatorial respectiva ¡no se reúne desde noviembre del 2007!

La displicencia del Senado es tan notable, que jamás le han hecho una auditoría integral. El pasmo de la Cámara alta se debe, para algunos, a la ineptitud de la Comisión de Derechos Humanos presidida por la izquierda; otros aseguran que es el resultado de las complicidades entre el PAN, el PRI y Soberanes.

En unos meses Soberanes será finalmente sustituido. He seguido durante 10 años su desempeño y tengo evidencia para asegurar que ha sido un ombudsman caro e inútil. Ahora bien, si incluimos en la ecuación la mediocridad y mezquindad de nuestra clase política, tal vez esos atributos lo califiquen para que Felipe Calderón y la mayoría del Senado lo coloquen, a finales de este año, como nuevo integrante de la Suprema Corte. Así andamos.


Para consultar algo del material utilizado y dejar comentarios:
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twitter/sergioaguayo * * * * *

Soslaya Calderón abusos evidentes contra civiles

El Estado no tiene interés por los derechos humanos: Prodh


Califica de desafortunado el reto del Presidente para presentar pruebas

Menciona un asesinato perpetrado por soldados en retén de Sinaloa


Alfredo Méndez, La Jornada

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) aseguró ayer que el presidente Felipe Calderón no quiere ver lo que es evidente, y agregó que su postura de retar a que le prueben que soldados o policías violan garantías fundamentales en México pone en evidencia el modo de proceder de un Estado que no tiene interés por los derechos humanos.

El caso Badiraguato

En conferencia de prensa, Luis Arriaga Valenzuela, presidente del Prodh, dijo que es imperdonable que el mismo día que Calderón, en presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retó en la ciudad de Guadalajara a las organizaciones civiles nacionales e internacionales a que presentaran un solo caso de violación a derechos humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechara un amparo sobre un caso claro de abuso del Ejército Mexicano en Sinaloa, donde una mujer quedó viuda porque cuatro militares le dispararon a su esposo en un retén instalado en el municipio de Badiraguato.

La declaración de Calderón en la cumbre de Guadalajara fue muy desafortunada y se hizo con descuido, porque hay un gran rezago en materia de derechos humanos en México, empezando por casos muy concretos, como el de 11 mujeres que demandan justicia en el tema de la agresión en San Salvador Atenco, en 2006, cuando fueron torturadas y agredidas sexualmente por parte de cuerpos policiacos, y donde no ha habido hasta el momento sentencias para los culpables y las víctimas no han tenido acceso a la justicia.

Añadió que también es importante señalar expedientes como el de Acteal y otros muchos en donde no ha habido acceso alguno a la justicia para las víctimas.

Sobre el amparo promovido por Reynalda Morales Rodríguez, quien el 26 de marzo de 2008 perdió a su esposo Zenón López Medina en un retén militar, Arriaga Valenzuela expresó que este asunto pone en evidencia la falta de acceso a la justicia y a un tribunal independiente e imparcial, alejado de la protección del fuero castrense, en un claro ejemplo de violación a las garantías fundamentales.

Ambientalistas cuestionan a Semarnat


Increpan al titular de la Semarnat en NL


David Carrizales, corresponsal La Jornada

Monterrey, NL. Al término de un acto para anunciar un programa de empleo temporal, el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan Rafael Elvira Quesada, fue increpado por ambientalistas por la autorización del proyecto Arco Vial Sureste, que consta de un eje carretero de 19.8 kilómetros y de un túnel de mil 800 metros que atravesará la sierra Cerro de la Silla. El funcionario y su comitiva se pusieron nerviosos, pues hace unas semanas el secretario federal del Trabajo, Javier Lozano, fue agredido durante un acto en esta capital, pero esta vez los manifestantes actuaron en forma pacífica.

Campaña de solidaridad internacionalista

Solidaridad con Pablo Heller, docente y dirigente argentino.

A las organizaciones políticas, sociales, obreras, campesinas, populares, estudiantiles de México

Al pueblo en general

El próximo 24 de agosto, el compañero Pablo Heller, será juzgado en Argentina por el cargo de "desobediencia" a una orden policial de desalojo de la fábrica Sasetru, hecho ocurrido el 25 de marzo de 2003. La condena máxima que puede llegar a recibir es de un año de prisión, aunque no necesariamente de cumplimiento efectivo, pero su importancia reside en primer lugar en que se trata de un "juicio ejemplar" contra el llamado "movimiento de fábricas recuperadas", es decir aquellas que fueron ocupadas y puestas a producir por sus propios trabajadores al calor de la crisis 2001‐2002 como respuesta al vaciamiento patronal.

A su vez, en el momento actual de la crisis capitalista, es también un "antecedente" que la burguesía pretende fijar ante el incipiente proceso de ocupaciones fabriles, piquetes y huelgas en defensa del empleo y de las condiciones laborales del movimiento obrero en ese país, nuestros hermanos de clase.

Pablo Heller es docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Insitituto Gino Germani (UBA) y dirigente del Partido Obrero (Argentina), perteneciente a la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional (CRCI). Es asesor de Sasetru Gestión Obrera, de los trabajadores del Hospital Francés, de los trabajadores de Parmalat y de los trabajadores de ex ‐ TDO, actual Econtrans. También es autor del libro "Fábricas Ocupadas" (Argentina 2000‐ 2004), publicado por Ediciones Rumbos.

Como Grupo de Acción Revolucionaria estamos levantando una campaña en conjunto con un importante número de organizaciones de todo el mundo, por la absolución de Pablo Heller. Llamamos a todas las organizaciones e individuos consecuentes con el espíritu y la lucha internacionalista a firmar el petitorio por la absolución de Pablo Heller y respaldar así la lucha por las fábricas recuperadas, bajo gestión obrera en Argentina.

Firma el petitorio por la absolución del compañero Pablo Heller que a continuación anexamos y envíala a la dirección electrónica comisionpolitica.gar@gmail.com, a más tardar el 20 de agosto del presente año para que se anexen con el resto de las firmas que en estos momentos se recaban en todo el mundo entre organizaciones obreras, campesinas, estudiantiles, políticas y sociales, mismas que se entregarán a las instancias correspondientes en la movilización de respaldo a Heller durante los juicios orales que se llevarán del 24 al 28 de agosto de este año en Argentina.

También anexamos más información sobre Heller y el caso en cuestión.

ATENTAMENTE

¡Por una alternativa Obrera y Socialista!

¡Luchar, Vencer!

Grupo de Acción Revolucionaria

Petitorio

Los abajo firmantes nos pronunciamos por la absolución del docente y asesor obrero Pablo Heller, que será juzgado el próximo 24 de agosto por el cargo de "desobediencia" a una orden policial de desalojo de la fábrica Sasetru en Argentina, hecho ocurrido el 25 de marzo de 2003 donde fue detenido en oportunidad del violento desalojo de la planta y posteriormente procesado. Denunciamos que se trata de un juicio ejemplar contra el llamado movimiento de fábricas recuperadas, y un antecedente que la burguesía pretende fijar ante el incipiente proceso de ocupaciones fabriles, piquetes y huelgas en defensa del empleo y de las condiciones laborales del movimiento obrero en ese país. Este atropello es parte de la ofensiva gubernamental que apunta a criminalizar la protesta social, en virtud de lo cual ya se registran más de 4,000 luchadores procesados.

Reclamamos el desprocesamiento y la absolución de Pablo Heller, el cese de la persecución contra los compañeros de Sasetru y el archivo de la causa.

Envía tu firma a comisionpolitica.gar@gmail.com


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¡Luchar y Vencer!
Grupo de Acción Revolucionaria

HRW. Documento sobre la Impunidad en México

“México ha utilizado a las fuerzas armadas en operativos contra el narcotráfico y la insurgencia durante décadas. No obstante, la visibilidad de las fuerzas armadas en operaciones de seguridad pública ha incrementado drásticamente durante el gobierno de Calderón, quien ha planteado el despliegue del Ejército como una de sus estrategias clave para combatir al narcotráfico y mejorar la seguridad pública. Miles de integrantes de las fuerzas armadas han sido incorporados a la policía federal y más de 40.000 efectivos entre militares y policías han sido asignados a distintas partes del país. En ciudades muy violentas, como Ciudad Juárez y Tijuana, los gobiernos locales han designado a militares de alto rango al frente de la policía. Si bien el gobierno de Calderón ha señalado que el uso del Ejército es de carácter temporal, aún no ha presentado siquiera un plan provisional para el repliegue de las tropas”.

“En el marco de las actividades de seguridad pública, las fuerzas armadas mexicanas han cometido graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, asesinatos, torturas, violaciones sexuales y detenciones arbitrarias. Los abusos documentados en este informe incluyen una desaparición forzada, la violación sexual de mujeres indígenas durante operativos de lucha contra la insurgencia y el narcotráfico en el sur de México, la tortura y detención arbitraria de ambientalistas durante operaciones contra el narcotráfico, y varios casos de tortura, violación sexual, asesinatos y detenciones arbitrarias de decenas de personas cometidos durante operativos de seguridad pública llevados a cabo en varios estados de la República en 2007 y 2008. Muchas de las víctimas en los casos documentados en este informe no tenían ningún vínculo con el tráfico de drogas ni con grupos insurgentes”. VER INFORME COMPLETO.


Impunidad Uniformada
Uso indebido de la justicia militar en México para investigar abusos cometidos durante operativos contra el narcotráfico y de seguridad pública
April 29, 2009