sábado, mayo 30, 2009

Ejercen Acción penal contra
Héctor Camero, integrante de la
radio comunitaria Tierra y Libertad



Difusión Cencos México D.F., 29 de mayo
de 2009

Pronunciamiento

Organizaciones de Libertad de Expresión y
erechos
Humanos


• MP Federal encuentra elementos suficientes para
acusar penalmente a Héctor Camero integrante de
comunidad que ejerce el derecho a la libertad de
expresión
• Demuestra continuidad de política de criminalización
contra las radios comunitarias
• Organizaciones manifiestan rechazo frente a estas
acciones

Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro
más profundo rechazo y preocupación frente a la
ejercitación de la acción penal que el Ministerio Público
Federal realizó, al consignar al Juez Federal la
averiguación previa numero 83/ueidaple/2/2008, quien
podría librar orden de formal prisión en contra de Héctor
Camero Haro, integrante de la emisora comunitaria Tierra
y Libertad de Monterrey, Nuevo León, como parte de la
investigación iniciada a denuncia de la Secretaría de
Gobernación mediante la utilización de la Ley General
de Bienes Nacionales que implica castigo de cárcel
hasta por 12 años.

El día de ayer los integrantes de la radio fueron
notificados de la consignación que la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos contra el
Ambiente y Previstos en Leyes Especiales de la
Procuraduría General de la República realizó al Juez
Federal, por lo cual ya se interpuso un amparo, en caso
de que el Juez decida girar orden de aprehensión.

La comunidad Tierra y Libertad instaló una radio
comunitaria que operaba desde hace siete años para
dotar de información sobre servicios, derechos humanos,
salud y asesoría jurídica civil, entre otros temas.
Solicitaron formalmente el permiso ante la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes desde el 2002, lo cual
ratifica la voluntad de legalidad de la emisora. El 6 de
junio de 2008 la radio fue cerrada de manera violenta
por más de 120 elementos de la Policía Federal
Preventiva, sin que se observara un debido proceso,
tal como que el ministerio público, que atestiguó los
hechos, se negara a dejarles copia de la orden de cateo,
así como del acta administrativa que están obligadas las
autoridades a realizar.

La utilización de la vía penal, en lugar de la vía
administrativa que marca la ley especial en la materia,
la ley federal de radio y televisión, muestra un
endurecimiento y la continuidad de una y persecutoria
en contra de las emisoras comunitarias en el país y es
un grave retroceso en materia de derechos humanos.
Esta persecución penal en contra de integrantes de la
radio comunitaria constituye un agravio a sus derechos
y una forma de inhibir el ejercicio del derecho a la
comunicación de una comunidad marginal de Monterrey,
la utilización de la legislación penal resulta excesiva,
desproporcional e innecesaria para los fines que se
buscan dado que existen otros medios tales como los
administrativos.
.
La libertad de expresión no debe estar enmarcada en el
ámbito de la justicia penal. Criminalizar la libertad de
expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía
es un grave atentado contra el Estado Democrático de
Derecho, conforme lo establece la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. Iniciar
procedimientos penales en contra de quienes ejercen
su derecho constitucional a la libertad de expresión es
criminalizar el ejercicio de una prerrogativa fundamental
que tiene todo ser humano.

A lo largo de estos años las radios comunitarias han
demostrado su vocación de legalidad, sin embargo, el
actual marco normativo, así como los requisitos que
se les piden a las comunidades para poder acceder a
frecuencias son excesivos e inequitativos, y aún cuando
logran cumplirlos las autoridades o no contestan a las
peticiones o establecen trabas técnicas para impedir que
obtengan sus permisos de operación. Las autoridades
dicen que no tienen capacidad de respuesta ante tantas
peticiones de permisos, pero sí muestran una gran
capacidad para implementar medidas de represión
en contra de las comunidades en mayor situación
de vulnerabilidad donde operan las radios
comunitarias.

De seguir esta misma política de la vía penal para
aquellas emisoras comunitarias que aún no cuentan
con el permiso, las cárceles estarán llenas de indígenas,
campesinos y jóvenes marginales de las ciudades, por
ejercer su libertad de expresión, pues existen en el país
más de 200 radios comunitarias que claman porque el
Estado mexicano les reconozca su derecho a comunicar.
Las autoridades en lugar de invertir una gran cantidad de
recursos públicos para reprimir a las comunidades más
vulnerables del país, deberían invertirlos en la solución
de fondo a este problema, garantizar el ejercicio pleno
de la libertad de expresión y cumplir con sus obligaciones
para el respeto a los derechos humanos, por lo que
exigimos:

1. Que el Ejecutivo cumpla con la obligación establecida
en el Plan Nacional de Derechos Humanos de reconocer
a los medios comunitarios y establecer acciones para su
fortalecimiento, de acuerdo a los estándares
internacionales, mediante la facultad que tiene de emitir
decretos y proponer leyes al Congreso.
2. Cesar de inmediato la persecución en contra de las
radios comunitarias en el país y establecer un plan de
regularización para que operen dentro del marco de la
ley y en apego a sus derechos.
3. Llevar a cabo todas las acciones necesarias para
evitar que integrantes de radios comunitarias sean
castigados mediante las penas privativas de la libertad.
4. Cumplir con la recomendación que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos le ha hecho al
Estado mexicano para legislar en materia de medios
comunitarios

Organizaciones Firmantes:

• Article 19
• Asociación Mexicana de Derecho a la
Información (AMEDI)
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC-México)
• Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos)
• Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos (CMDPDH)
• Red Nacional de Organismos Civiles de DH
"Todos los Derechos para Todas y Todos"

Red de Radios Comunitarias de México, A.C.
AMARC-MEXICO.
Vista Hermosa 89, Col Portales, CP 03300.
México DF . TEL. 56 72 49 61 . FAX
25 95 65

viernes, mayo 29, 2009

Mitin Sábado 30 mayo, Mercado Juárez


El descuento es puro cuento!

y más cuando lo quieren hacer pasar como iniciativa de Fernando Elizondo. Cuando estuvo como gobernador interino o sustituto no se le ocurrió, como tampoco pudo ni quiso cuando fue titular de la Secretaría de Energía, pero al cuarto para las doce, en la contienda electoral resulta que se le ocurrió, quiso y ahora dice que pudo.
Ajá.


Las verdaderas bajas de la guerra contra el crimen organizado

Víctor M. Quintana S, La Jornada

A Calderón le resultó muy fácil declarar la guerra, su guerra, al crimen organizado, pertrechado en Los Pinos, con todo el Estado Mayor Presidencial a su servicio personal. “… Que se venga a vivir siquiera unos días a la Alta Babícora, para que sienta lo que es estar a la merced de los sicarios o de los desmanes del Ejército”. Lo dice así una mujer joven de Colonia Alamillo, municipio de Madera, Chihuahua, al denunciar la detención ilegal de su hermano y de un amigo, por soldados de la guarnición de Nuevo Casas Grandes, del 4 al 9 de mayo pasados.


Hace un año que la otrora próspera región agrícola de la Alta Babícora, espacio de la lucha agraria contra el latifundio de Randolph Hearst, en el noroeste de Chihuahua, es tierra asolada por las incursiones o de los sicarios o de los militares. Hace tiempo que los narcos se establecieron en poblaciones como Nicolás Bravo o Gómez Farías. Pero es hasta que el calderonismo les declara la guerra cuando comienzan los problemas angustiosos para la población: decenas de casas incendiadas, ejecutados, desaparecidos, levantados. El fin de semana del 21 de marzo fue especialmente macabro: dos jóvenes maestros y varios jóvenes más están desaparecidos desde entonces, muchas familias amenazadas de muerte. Ahora las colonias agrícolas y ganaderas de la región lucen semidespobladas. La gente que tuvo modo se exilió en Estados Unidos. La que no, tuvo que refugiarse –y esto muestra lo terrible de la situación– ¡en Ciudad Juárez!

El Estado fallido, al menos en esta región donde confluyen los municipios de Madera, Zaragoza y Gómez Farías. Porque –según denuncian los pobladores– ni las diversas policías ni el Ejército logran echarle el guante a los delincuentes, que los siguen aterrorizando. Y en cambio han incrementado los atropellos contra los civiles. A los dos muchachos detenidos el 4 de mayo los mantuvieron con los ojos vendados durante cinco días, simularon ejecutarlos varias veces, les aplicaron la chicharra, la cama eléctrica y los golpearon. Sólo cuando la denuncia se hizo pública y fuerte los dejaron abandonados en la sierra, no sin antes amenazarlos si interponían cualquier denuncia.

El guión se repite en Juárez, en la capital, en todo el estado: la presencia masiva del Ejército no detiene las ejecuciones ni abate los espantosos índices de delitos comunes, pero sí constituye una amenaza para las garantías de las y los ciudadanos: detenciones arbitrarias, allanamientos de domicilio, robos de electrodomésticos, de autos, hasta de la despensa. Sobre las ejecuciones ya se sospecha que pueden ser perpetradas por grupos paramilitares con la anuencia de los militares.

Y, si contra los narcos nada puede hacerse, contra la impunidad uniformada que Human Rights Watch documenta con tanta solidez, tampoco. Las denuncias en las comisiones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, en las procuradurías estatal o General de la República, tienen que recorrer todo un laberinto para desembocar donde está el minotauro del Ministerio Público Militar, encubridor de oficio de los uniformados.

Lo peor es que esta deshilachada guerra que declaró Calderón no tiene ni para cuándo acabarse, ni siquiera cuándo tornarse eficaz en sus objetivos declarados. Porque es muy claro que los operativos conjuntos tan propagandizados ahora por el PAN en sus espots son, más bien, disyuntos. Lo evidencia Felipe en su fugaz y elitista visita a Chihuahua hace dos semanas: declara ante el gobernador y el Ejército que éste no puede permanecer indefinidamente en las calles. Urge a las autoridades locales a realizar las acciones necesarias para estar preparados cuando las fuerzas castrenses vuelvan a sus cuarteles…

El secretario de Seguridad Pública del estado le responde. No en una de las supuestas reuniones de evaluación del operativo sino en la prensa: las policías estatales no estarán preparadas para cuando se vaya el Ejército. Con este tipo de diálogos involuntariamente públicos la desazón ciudadana se incrementa: se explica por qué las fuerzas federales y estatales no han entregado una hoja de ruta que señale acciones y metas a lograr para que el Ejército regrese a sus cuarteles. ¿Cómo va a entregarse si ni siquiera hay acuerdo sobre el cómo y el cuándo va a regresar?

Lo que va quedando muy claro es que en esta guerra los pies van por rumbo muy diferente a la cabeza. Que se desató para que Calderón y su partido ganen los votos; que la población y sus derechos pongan las bajas

32 jóvenes muertas y 14 desaparecidas en Juárez este año

En cinco meses se superaron las cifras de todo 2008, señala ONG


Rubén Villalpando

Ciudad Juárez, Chih., 28 de mayo. En la semana más reciente desaparecieron una adolescente de 16 años y otra de 17. Con ellas suman 14 jóvenes de cuyo paradero no se ha vuelto a saber en este año; al mismo tiempo, se han reportado 32 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez.

Entre las desaparecidas figuran dos estudiantes universitarias (Lidia Ramos, alumna de medicina, y Mónica Janeth Alanís, de administración). Todas eran delgadas, de cabello largo y tez morena. Lo último que se supo de muchas es que habían ido al centro de la ciudad. Cuatro se llamaban Brenda.

Los casos más recientes son los de Clara Yazmín Ibarra Zúñiga, de 16 años de edad, quien el 24 de mayo salió de la colonia Salvárcar, y Yazmín Ordóñez Cervantes, de 17 años, vista por última vez el 26 de mayo en la colonia Ampliación Las Flores, cuando tomó un camión al centro de la ciudad, informó la Subprocuraduría de Justicia para la zona norte de Chihuahua.

Estadísticas de la dependencia indican que entre 2007 y 2008 se reportó la desaparición de 794 mujeres en Ciudad Juárez, y 27 de ellas no han sido localizadas por la Unidad Especializada de Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas (UEIPAE) de la Procuraduría estatal y corporaciones policiacas, apoyadas en la búsqueda por organizaciones no gubernamentales (ONG).

Según la UEIPAE, en 2007 se registraron 417 casos de desaparición o extravío de mujeres, de las que 414 fueron localizadas, por lo que tres siguen ausentes y son casos considerados de alto riesgo. En 2008, el número de reportes de mujeres desaparecidas disminuyó a 377, pero fueron localizadas 313, por lo que 14 siguen pendientes y cuatro son de alto riesgo.

La UEIPAE informó que este año desaparecieron Ada Marlene Cárdenas Puga, de 16 años; Brenda Berenice Castillo García (17), Brenda Guadalupe Méndez Ochoa (16), Hilda Gabriela Rivas Campos (16), Lidia Ramos Mancha (17), Brenda Lizeth Vera Castro (16), María Guadalupe Pérez Morales (17), Marisela Ávila Hernández (22), Rubí Marisol Frayre Escobedo (17). Las familias de las otras tres mujeres pidieron no revelar sus datos.

De acuerdo con el subprocurador de Justicia para la zona norte de Chihuahua, Alejandro Pariente Núñez, se cree que las jóvenes huyeron de sus hogares o fueron secuestradas para explotarlas sexualmente. Sostuvo que coincidencias como el nombre Brenda o los rasgos físicos no tienen fortaleza dentro de las investigaciones, pero otros factores, como la edad, sí.

Marilú García, activista de la ONG Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmó: La situación es muy grave, pues en menos de cinco meses (de 2009) ya se igualó el total de denuncias en todo 2008.

Las autoridades sólo han contabilizado cuatro denuncias, pero la ONG suma 14.
Una de las más bellas fotos de nuestro presidente. ¡Qué diferencia con el resto de los políticos que se sienten soñados y hasta babean cuando se encuentran codeándose con los ricos y poderosos, mientras AMLO es con el pueblo !
Una de

Primer Encuentro en Defensa del Empleo


México 20 de junio:

Primer Encuentro en Defensa del Empleo
.


Desde el pasado 15 de enero, trabajadores de la empresa Olympia de México S.A de C.V decidimos estallar la huelga por el respeto a nuestro CCT, los salarios y el empleo. Han pasado más de cuatro meses y la empresa no ha dado ninguna respuesta favorable hacia los compañeros que nos encontramos en huelga.

Lo único que han ofertado es pagarnos mediante una parte del terreno que compone la empresa y la maquinaria, mismos que no completan el pago por las décadas de trabajo que la mayoría de quienes laborábamos ahí teníamos.

Ante esta situación, los trabajadores hemos pedido a las autoridades correspondientes que, si no hay una respuesta favorable hacia nuestras demandas, la empresa sea nacionalizada bajo control de los trabajadores. Creemos que esta es una medida totalmente posible dado que en otros países de América Latina, como Venezuela, Brasil o Argentina, han sido medidas que han demostrado con creces que somos los trabajadores los únicos necesarios para que una fábrica funcione y no así los patrones.

En estos momentos en que millones de trabajadores estamos siendo orillados al desempleo, en que se nos está arrebatando prestaciones, se nos está recortando indiscriminadamente el salario y en que no hay alternativa para la humanidad bajo el sistema capitalista, los obreros de Olympia de México S.A de C.V llamamos a todos los trabajadores, campesinos, jóvenes y estudiantes a que nos organicemos mediante la realización del:

Primer Encuentro en Defensa del Empleo

que se llevará a cabo en la sección 9 del SNTE ubicado en Belisario Domínguez #32, en el Centro Histórico de la Ciudad de México el próximo 20 de junio a las 2:00 p.m. y al cual asistirán sindicalistas del SME, el SUTIEMS, la CNTE-SNTE y el SITUAM, entre otros. No faltes.

Viva la lucha de la clase obrera
Unidos y organizados…Venceremos
Sindicato de Trabajadores de Olympia de México S.A de C.V

jueves, mayo 28, 2009

La crisis en México, el otro bicentenario.


Alejandro Nadal
Jueves, 28 de Mayo de 2009

Lo único que hay que conmemorar es la fortaleza y paciencia del pueblo mexicano, sobre todo frente a una economía salvaje que no puede garantizar la salud, la alimentación y la vivienda de la población. También habría que festejar la lucidez y el coraje de movimientos políticos y sociales que en su lucha por la justicia han aguantado la represión, el castigo y la violencia.

La economía mexicana viene arrastrando la cobija desde la crisis de 1982. Si juzgamos su desempeño por el crecimiento del producto interno bruto (PIB), el veredicto es terrible: el crecimiento promedio anual es de 2.2 por ciento. O sea que si trazamos una gráfica para la evolución del PIB, observamos que después de la caída de 1982 la economía mexicana nunca se recuperó.

Desde esa perspectiva, este país posee el récord de la recesión en forma de L más larga del mundo. Y cuando una economía languidece por tanto tiempo, suceden dos cosas. Primero, se acaba por deshilachar completamente el tejido económico que se supone debe ser su basamento: primero se desmanteló la agricultura, luego vino la destrucción de la industria. México retrocedió al nivel de economía primario-exportadora (mano de obra barata y recursos naturales). Hoy cualquier cosa que se parezca a una recuperación debe pasar, primero, por la reconstrucción económica.

En segundo lugar viene la degradación del entramado institucional. En una economía capitalista, en la que la religión de Estado es la producción para el mercado, un proceso tan largo de estancamiento culmina necesariamente en el desgaste de las instituciones y, peor aún, en la desintegración de la moral pública. Eso se traduce en el desmantelamiento del Estado.

Claro que el estancamiento de la economía mexicana no es un accidente, ni una calamidad dictada por la mala suerte. Es resultado lógico de una estrategia económica basada en la idea de que el mercado debe ser el rector del desarrollo económico. En México esa idea se acompaña de una política macroeconómica que desde hace 15 años se preocupa exclusivamente por el tipo de cambio. De esa variable depende todo: la lucha contra la inflación, la entrada de capitales y el financiamiento artificial del déficit en las cuentas externas, etc.

Pero la política macroeconómica neoliberal a la mexicana lleva la cicatriz de grandes contradicciones. Por un lado, para mantener estable el tipo de cambio se impone una tasa de interés elevada: ese es el incentivo para la entrada de capitales, pero al mismo tiempo frena la inversión y el crecimiento. Por otro lado, se supone que en el modelo de economía abierta el tipo de cambio es el instrumento para realizar el ajuste en la balanza comercial. En los hechos, la liberalización financiera impone una fuerte rigidez al ajuste cambiario: la estabilidad (y apreciación) de la paridad es indispensable para la permanencia de los flujos de capital en el espacio económico mexicano. Poco importa que eso contribuya al deterioro de la balanza comercial y de la cuenta corriente. El saldo de todo esto es lento crecimiento y deterioro de las cuentas externas. Es el mismo modelo que generó la crisis de diciembre 1994.

Para el gobierno mexicano en turno, lo anterior no importa. La política fiscal sigue basada en la contracción del gasto programable y seguramente en unos meses la Secretaría de Hacienda buscará aumentar los impuestos (sobre todo el IVA). Mientras tanto, la política monetaria sigue subordinada a la estabilidad cambiaria. Las minúsculas reducciones en la tasa de interés operadas en las últimas semanas no permiten hacer una diferencia, el crédito no puede fluir en esas condiciones. Tenemos años de estar sufriendo lo mismo. En resumen, la política macroeconómica hace todo lo posible por prolongar y profundizar la recesión. En el contexto de la crisis mundial, el modelo neoliberal mexicano se hunde bajo su propio peso.

No hay que engañarse, en este país nadie tiene confianza en el Poder Legislativo o en el Judicial, mucho menos en el Ejecutivo, y ya no se diga nada sobre los cuerpos de seguridad. Los partidos políticos, entelequias que la ideología neoliberal consagró como único vehículo para la vida democrática, son ejemplo de corrupción y desaseo. ¿Qué es lo que queda para hablar de un tejido social en México? Caray, es una buena pregunta, sobre todo ahora que arrancan los festejos del bicentenario.

¿Qué se va a festejar el año entrante? Llevamos casi 30 años sin poder generar los empleos que se requieren, y la pobreza alcanza niveles que sólo una sociedad cínica puede tolerar. La corrupción y la violencia ahora están por todos lados. Aún así, las comisiones oficiales de organización de festejos de todos los niveles anuncian sus programas de ferias y romerías. Pero todo huele a rancio. Sus premios y festivales son los rituales arcaicos de una época que ya murió.

Lo único que hay que conmemorar es la fortaleza y paciencia del pueblo mexicano, sobre todo frente a una economía salvaje que no puede garantizar la salud, la alimentación y la vivienda de la población. También habría que festejar la lucidez y el coraje de movimientos políticos y sociales que en su lucha por la justicia han aguantado la represión, el castigo y la violencia. El genuino festival comenzará con un vasto movimiento civil capaz de reconstruir al país sobre bases distintas de responsabilidad civil, solidaridad económica e integridad ambiental.


Crítica a los abstencionistas

Octavio Rodríguez Araujo, La Jornada

Hay quienes, en materia electoral, confunden la gimnasia con la magnesia, como por ejemplo al decir que las elecciones no se basan en la igualdad sino en su contrario, es decir que tendrá más probabilidades de triunfo el que tenga más dinero que el que carezca de éste. La igualdad, y lo digo con pena ante la tumba de Perogrullo, no existe; es una aspiración de los sistemas socialistas, que tampoco existen. Los sistemas electorales no son sólo compatibles con el capitalismo y con las desigualdades que éste suele producir en la sociedad, sino con cualquier sistema social. Desde luego, si la sociedad es desigual también lo serán los partidos, y sus dirigentes y afiliados. Pero aun así, los partidos socialistas, cuando existen en los países capitalistas, deberán participar no sólo porque los procesos electorales les brindan tribunas para su discurso, sino porque los puestos de representación les brindan la oportunidad de dirigirse a la nación y dar a conocer sus planteamientos. Así ha ocurrido en el pasado y no sólo en México, e incluso personas ajenas al Congreso han tenido oportunidad de expresarse ante él, como fue el caso de la comandanta Esther del EZLN el 28 de marzo de 2001.


Estos mismos críticos de los sistemas electorales nos proponen que los partidos políticos deben desaparecer ya que confrontan, en nuestro caso, a los mexicanos e impiden su unidad y su cooperación. De golpe nos transportan a la segunda mitad del siglo XVIII en Estados Unidos, cuando George Washington, un liberal por antonomasia, se oponía a los partidos por idénticas razones: porque fomentaban confrontaciones entre los ciudadanos (es pertinente recordar que Washington no pertenecía a partido alguno y que no era anarquista). La sociedad, conviene tenerlo presente, es desigual y, además, sus miembros no piensan de igual manera. Los que piensan de una cierta forma y comulgan con una ideología, suelen formar un partido o afiliarse a otro existente con el que coinciden, y otros a otro y a otro, según sean las diferencias y las afinidades entre los ciudadanos. Es por esto que en la historia de los partidos modernos los ha habido de ultraizquierda, de izquierda, de centro, de derecha y de ultraderecha. Desde luego, los anarquistas no forman partidos, pues sería una contradicción, ya que todo partido supone, en nuestros tiempos, jerarquías y, por lo tanto, dirigentes y dirigidos, es decir autoridades y principios de autoridad que, por definición, los anarquistas rechazan salvo en su discurso: cuando descalifican a quienes piensan de manera distinta (autoritarismo e intolerancia verbales), lo que es muy frecuente.

Quienes llaman a abstenerse lo hacen porque están convencidos de que la política, los políticos y sus partidos, son parte de la corrupción imperante y del sistema de privilegios que el sistema capitalista ha propiciado. No proponen la abstención como una forma cómoda de ver pasar la historia desde la ventana de su habitación, sino como una protesta ante el sistema, mismo que hay que destruir para construir otro. ¿Cuál? No nos lo dicen con claridad, pero sugieren que debe ser uno donde, mediante asambleas en las que se tomen las decisiones a mano alzada y no por voto secreto, no haya personas que establezcan relaciones de dominación sobre los demás.

El primer problema que no debe pasarse por alto es que no somos iguales ni pensamos lo mismo sobre las dificultades que vivimos y cómo resolverlas. El segundo problema es que somos parte, incluso como opositores, de un sistema de poder y dominación que no controlamos y que, si nos abstenemos, le estamos dejando la cancha, la pelota y las reglas con lo que, como en las confrontaciones deportivas, perderíamos por default, es decir, por defecto, al no elegir una opción distinta a la de quienes tienen ese poder. En otros términos, al abstenernos electoralmente fortalecemos el poder de quienes ya lo tienen, tal vez esperando que la luz o un líder nos iluminen, nos organicen, nos muevan y finalmente hagamos la revolución liberadora en la que unos, sin duda, tratarán de quedarse con ella y convertirse en nuestros nuevos dirigentes para gozar de los privilegios que no tuvieron en el sistema derrocado. ¿Alguna revolución ha sido distinta en este sentido?

La abstención, incluso como rechazo, es otorgar, no tocar el sistema contra el cual supuestamente se está. Es algo así como el que calla otorga en lugar de luchar, permanentemente y no sólo durante las elecciones, por construir un partido de izquierdas o por reformar el o los existentes para hacerlos lo que pensamos que deben ser. Los dirigentes de los partidos hacen y harán lo que quieran si las bases –modestas, grandes o muy grandes– lo permiten. La democracia participativa encuentra sus límites precisamente cuando quienes debieran participar se abstienen y se dan por derrotados antes de iniciar su acción democratizadora. Y, por si fuera poco, quieren todo para ayer en vez de ser pacientes y persistentes. Les resulta más cómodo decir que todos los partidos y los políticos son una porquería en lugar de transformar los partidos que les podrían ser afines y de convertirse en políticos no corruptos ni oportunistas que de veras actúen consistentemente por lo que dicen defender y luchar.

Puedo parecer ingenuo, pero conozco gente honesta, decente y consistente ideológicamente en lo que hace

Festival para Atenco, en Colegio civil

Programa radial de Carmen Aristegui, jueves 28 mayo




La dependencia ha llevado al país para abajo en desarrollo

Abandonar el nacionalismo y dejar al país sin nada, un crimen

El historiador y autor del libro Las raíces del nacionalismo petrolero en México explica la lucha que se da entre los nacionalistas y los privatizadores. Por desgracia, advierte, son estos últimos los que tienen el poder y confían en el desgaste de sus adversarios para dar el golpe a Pemex

Roberto González Amador, La Jornada

La clase política mexicana y la elite del poder echaron por la borda el nacionalismo. Prometieron, pero no cumplieron, un país moderno, globalizado, integrado al mercado mundial. La pregunta que se hace el historiador Lorenzo Meyer es si, tres lustros después de que un nuevo modelo de desarrollo fue impuesto, México va mejor.

Lo que ganamos es dependencia. Irnos para abajo en el desarrollo, plantea Meyer, profesor e investigador en El Colegio de México. Decisiones políticas, tomadas desde inicios de la década pasada, unieron a México con Estados Unidos, al menos en el plano económico. “Para nosotros, cada año que pasa sin crecimiento apropiado (6, 7 por ciento anual) lo hemos perdido. Y nos dicen: ‘espérense, ya para el 2014 o 2015 la cosa habrá cambiado. ¿Ese es el proyecto nacional? Pues qué pobre proyecto’”.

Procedente de las prensas de editorial Océano, a principio de este año, Las raíces del nacionalismo petrolero en México, un trabajo que salió a la luz por primera vez en 1968 bajo el título de México y Estados Unidos en el conflicto petrolero, 1917-1942. En la nueva batalla por el petróleo mexicano, conocer los orígenes y razones del esfuerzo nacionalista es una manera de contribuir a poner en claro la dimensión del reto al que México se ha vuelto a enfrentar, dice el autor en la presentación de la obra. Un tema en el que abunda en una entrevista con La Jornada.

–¿Cuál es ese reto al que alude en la presentación de su libro?

–El reto es que la clase política mexicana y la elite del poder mexicana han decidido desde 1980 que realmente el nacionalismo tal y como se fue formulando en México desde el siglo XIX ya no es necesario, que es un problema y un obstáculo al México que ellos han prometido, pero que no han logrado: un país muy moderno, integrado al mercado mundial y a la globalización. Y según esa elite, estos fantasmas del pasado, como tener el control directo del petróleo, no ayudan, son adherencias históricas que ya debieron de haberse quitado.

Para el historiador, justamente ahora, en 2009 queda claro y transparente que hay una serie de errores en ese cálculo. En primer lugar, la globalización no trajo lo que prometió; si el momento cumbre es la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993, pues llevamos ya 16 años y esta economía no saleecharon por la borda el nacionalismo pero ¿nos fue mejor? y 16 años en el siglo XXI es como un siglo de hace 200 o 300 años. Así que, plantea,

Lorenzo Meyer abunda: “El nacionalismo ha sido usado de manera muy demagógica, pero hay de nacionalismos a nacionalismos y el petrolero fue del real, porque obligó no solamente a su gobierno, sino a su sociedad a enfrentarse a Estados Unidos y Europa y, lo que es más importante, a tener éxito. Son tan poquitos nuestros éxitos, los realmente grandes se pueden contar con los dedos de una sola mano. Éste es uno de ellos y el año pasado –cuando el gobierno planteó una reforma que permitía capital privado en la industria–se dijo que esto ya no era importante”.

“Está bien. Si ese ya no es un elemento importante para la elite del poder, ¿cuál lo sustituye? ¿La existencia de una sociedad justa e igualitaria, como podría ser el orgullo de los países escandinavos? ¿La existencia de un sistema político realmente democrático, como podrían ser todos los de Europa occidental? ¿La existencia de un sistema de justicia realmente justo, donde ricos o pobres reciban exactamente el mismo trato y la justicia brille? ¿Cuál? No tenemos ninguno. ¿Un sistema educativo que, aunque no seamos una gran potencia como Finlandia, se pueda decir: ‘aquí mis niños saben sumar, restar, multiplicar, álgebra y escribir y conocen su idioma’. ¿Ese? Pues tampoco. Entonces, si nos quitan el nacionalismo petrolero y no nos dan nada, me parece entre un crimen y una estupidez. Un crimen, una estupidez y una traición, un poquito de todo o todo junto”.

–En otra parte del libro se refiere a una suerte de tensión que prevalece entre nacionalistas y privatizadores.

–Subsiste, desde luego. Se abatió un poco porque los más nacionalistas lograron detener a la parte más privatizadora. Pero los privatizadores no se han ido y han seguido insistiendo en abrir las puertas a empresas externas, al capital privado. Los nacionalistas creo que quedaron exhaustos, pero tampoco se han ido y ahí está Andrés Manuel López Obrador, que es el portaestandarte de este nacionalismo, sigue dándole vueltas al país y no pierde oportunidad de señalar que en el caso del petróleo hay que mantenerse alerta. Así que las dos fuerzas están listas para el siguiente choque.

Foto
El historiador Lorenzo MeyerFoto Cristina Rodríguez

–¿Cuál es ese siguiente choque?

–Cuando alguno de los dos acumule suficiente poder, como para intentar volver a imponer su proyecto. Yo me temo que quienes están acumulando poder son los privatizadores. Tienen la sartén por el mango, pero no han podido legitimar su posición. No han podido convencer de que el petróleo ya no tiene ninguna importancia. Así que yo creo que están esperando volver, desgastar un poco más al movimiento nacionalista y volver a dar el golpe. Después de todo, ellos están en el gobierno, los nacionalistas están fuera.

–En la presentación del libro, hablando nuevamente sobre este tema, dice que este debate del año pasado provocó que el petróleo fuera el centro de un choque entre la izquierda y la derecha. Probablemente antes de esta discusión, esa distinción tan clara que hace se estaba difuminando.

–Estaba difuminada porque la izquierda no había tomado un tema nacionalista. El nacionalismo simplifica mucho, desde luego, pero nos ayudó en este caso, porque antes de eso ciertamente no se había tocado algo tan evidentemente objeto del nacionalismo o del repudio de quienes no se sienten nacionalistas.

–Y en el libro también destaca la actualidad que tiene hablar de soberanía, cuando en algunos círculos se busca hacer creer que este tema no es importante.

–Nacionalismo y soberanía son dos conceptos difíciles de asir y se prestan mucho a la manipulación e incluso la demagogia. Pero sin ellos no se entiende un proceso nacional. Nuestra soberanía nunca ha sido completa, y no sé si alguna vez será. Pero hasta ahorita lo más que tenemos es una soberanía relativa y, eso sí, muy emotiva, ligada al patriotismo, al nacionalismo: la idea de que el mundo se opuso a que México tuviera el dominio de su petróleo. Y México logró ese dominio, fue un momento en que el país logra, por muy poco tiempo, capturar la esencia de la soberanía. Ahora lo que nos dicen es que como manejamos muy mal el petróleo, se lo demos a los que pueden venir a descubrir el tesorito, a los que pueden sacar el tesorito, a los que pueden construir las refinerías para que el tesorito salga rápido.

Si hablamos de la elite económica mexicana, a ésta lo de la soberanía la tiene sin cuidado, lo que quiere son ganancias; pero para un mexicano normal, común y corriente, que no tiene nada de qué sentirse orgulloso de su país, también le quitan lo último de lo que sí podía sentirse orgulloso.

–En una parte de su libro menciona que la expropiación del petróleo quebró la dependencia económica del país. Ahora parece ser que lo que se busca es la dependencia económica.

–Ni duda. Ese es el gran problema de los últimos años. La idea de Carlos Salinas (presidente de 1988 a 1994) con su gobierno ilegítimo, ante una debilidad política y económica, decide que el país sólo puede salvarse si se engancha, como una especie de cabús, al gran tren estadunidense. El interés nacional ya no se va a definir como hasta entonces, que entre un poco más lejos de Estados Unidos mejor para el interés nacional, sino al contrario. Entonces la dependencia se definió como el interés nacional y una buena parte de los mexicanos compró esa idea y no nada más las clases altas. La verdad también es que aquí la opinión pública aplaude a cualquier presidente, hasta al de ahora.

A partir del gobierno del ex presidente Salinas, apuntó, el proyecto del grupo gobernante ha sido unir el país a Estados Unidos. Pero resulta que la economía de ese país crece muy poco, porque ya creció muchísimo, entonces no tiene mucho dinamismo.

Nosotros nos unimos a la economía menos dinámica. Cuando Estados Unidos va creciendo, México no crece mucho, casi nada. Esa dependencia le dio apoyo político a Salinas, pero no le dio energía a la economía. Ahora de 2008 a acá, Estados Unidos se va para abajo y México todavía más, esa es la dependencia, eso es lo que ganamos, irnos más abajo.

Por Esto!


Malas apuestas


Ricardo Andrade Jardí

Malas apuestas las de Leonel Godoy. Quiso jugar a la vida republicana con un usurpador pelele, que ahora responde a las apuestas del gobernador de Michoacán tratándolo o maltratándolo, nunca mejor dicho, como menos que basura. Mala apuesta la de la “institucionalidad” perredista, que no fue capaz de entender cuando, seducida por el discurso telecrático de la “moderna y madura izquierda”, decidió traicionar al movimiento ciudadano nacido a raíz del fraude electoral del 2006. Leonel Godoy, quien junto con los demás gobernadores perredistas, especialmente la de Zacatecas y el de Chiapas, apostaron por una relación de concordia con quien es y será siempre un usurpador; un “sujeto” adiestrado por el sueño americano y al servicio exclusivo de la oligarquía rapaz y quien está inmerso en una santa cruzada que busca implementar el estado militar, dada la absoluta ilegitimidad del puesto que ocupa, nada menos que quien detenta el cargo de Ejecutivo nacional, aunque sea de la tan bananera república mexicana.

El martes 26 el Ejército y las policías federales, sin aviso al gobernador de Michoacán, realizaron un operativo militar con la intención supuesta de detener a una decena de funcionarios públicos del estado y presidentes municipales, bajo el argumento de sus supuestos nexos con el cártel de “La Familia”.
Es probable e incluso posible que existan muchos nexos entre los funcionarios públicos de Michoacán con el narco. Como es evidente que existen también con los funcionarios del Estado de México, de Morelos, de Querétaro, de Jalisco, de Baja California, de Oaxaca y de Puebla, entre otros, la certeza ciudadana es clara: si existe el organizado crimen es justamente porque se organiza gracias a la IMPUNIDAD que la institucionalidad le ofrece.
La vida política de México es siempre sorpresiva y al mismo tiempo sistemática, todos suponemos las relaciones del narcotráfico y otras ramas del crimen organizado con las estructuras de gobierno y en Oaxaca hay un gobernador producto de un fraude, que es, presuntamente, además un asesino, pero también, hoy, un aliado del panismo usurpador. En Puebla el gobernador está, presumiblemente, ligado a las redes de pederastia y el abuso sexual, que el conservadurismo panista tolera bien y tanto, y los votos del PRI son una necesidad para la derecha fecalista.
Tenemos un sistema político donde la carta más fuerte es el chantaje y ahí es donde el PRD apostó mal sus cartas. En las elecciones próximas pasará de ser la segunda fuerza legislativa a convertirse, si bien le va, en la tercera si no es que en la cuarta fuerza política electorera y dejará de tener significado e interés para los poderes de facto que, realmente, nos desgobiernan.
El operativo Michoacán no es más que un ejercicio demagógico para intentar salvar algunos votos más para el PAN.
Leonel Godoy es ya un personaje de segunda categoría para el fecalismo, como pronto lo serán el resto de los gobernadores emanados del PRD.
Pero la apuesta estúpida de “Los Chuchos” tiene además un elevado costo social: la militarización del país, que será antes experimentada en las provincias o municipios gobernados por el PRD.
Esa fue la parte, que la “izquierda” electora, no ha entendido o peor aún, que pactó, a cambio de algunas limosnas.
El trato dispensado a Leonel Godoy es una revelación más del desprecio que el pelele y sus jefes sienten por la democracia. Los “demócratas cristianos” demuestran, en México, el terrible desprecio que les produce la voluntad popular.
Michoacán es el inicio de la embestida militar que con el apoyo de la telecracia desde el primero de diciembre del 2006 se está orquestando en México. Son ya muchos los avisos y la represión es el sello de nuestro futuro inmediato; las condiciones están geopolíticamente dadas. Es parte la Iniciativa Mérida y del nefasto Plan Puebla Panamá.
Y es evidente también que la respuesta, contra la represión, no vendrá de las clases políticas enfrascadas en el fraudulento reparto de “votos”. Vendrá del urgente Despertar Ciudadano, antes de que las futuras generaciones y los muertos empiecen a reclamarnos nuestra apatía, nuestro esperanzado engaño electoral, ante lo evidente.
Paremos hoy la represión o mañana sólo contaremos los muertos de nuestros silencios, de nuestra fatal falta de acción ciudadanamente organizada.
Por Esto!
OACNUDH condena los asesinatos y
agresiones en contra de periodistas


La Oficina en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para losDerechos Humanos
(OACNUDH) continúa recibiendo información de
ataques que atentan contra el libre ejercicio de la
profesión periodística. Tan sólo en el mes de mayo
tuvo conocimiento de dos nuevos asesinatos. El
pasado 3 de mayo, Carlos Ortega, del periódico
El tiempo de Durango, fue ejecutado en el municipio
de Santa María del Oro, Durango. El día de ayer,
apareció en la región de La Laguna el cadáver del
periodista Eliseo Barrón, del periódico La Opinión
Milenio.

A estos repudiables hechos se suman el hostigamiento
y amenazas de muerte que según la información
obtenida por la Oficina ha recibido en los últimos días
la periodista y defensora de los derechos humanos
Lydia Cacho. La periodista informó de la presencia
de un hombre armado fotografiando y rondando su
domicilio y de amenazas de muerte que desde los
primeros días de febrero ha recibido en su blog.

La Oficina condena lo sucedido y hace un llamado a
las autoridades competentes para que esclarezcan
los hechos de manera rápida, diligente y eficaz con el
propósito de que las personas responsables sean
investigadas, juzgadas y sancionadas. Sólo mediante
un efectivo combate a la impunidad se evitará la
repetición de ataques en contra de periodistas,
incompatibles con una sociedad garante de los
derechos a la libertad de expresión y prensa.

Hechos como los reportados resultan altamente
preocupantes por el entorno en el que se producen.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
han sostenido que el periodismo en México se ha
convertido en una profesión de “alto” y “extremo”
riesgo, respectivamente.

Por lo anterior, la Oficina insta al Estado mexicano
a que adopte todas las medidas necesarias, incluyendo
las preventivas y de protección, para que cesen
las agresiones en contra de periodistas y la impunidad
que le sigue. Dichas medidas deben atender los
compromisos internacionales adoptados por México,
como aquellos derivados del Examen Periódico Universal
ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU al que
fue sometido México en febrero del año en curso.

México, D.F., 27 de mayo de 2009

Comunicado de prensa de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, 26 de mayo de 2009, México D.F, e Informe Anual de
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión 2008 de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, página 81.

martes, mayo 26, 2009

de Por Esto!

May
26
2009
Preámbulo de guerra civil

En el país, por la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras, afirma el escritor Carlos Montemayor / Las elecciones serán “un espejismo mientras las fuerzas ciudadanas no se renueven, no crezcan y no intervengan de manera decisiva en los procesos electorales” /

Advierte que el país está en demolición, en el abismo, en la caída precipitada del desmantelamiento total y en bancarrota: NO tiene recursos propios NI en ciencia, salud, pensiones, seguridad social NI en seguridad pública

México “está en bancarrota, no tiene recursos propios ni en ciencia, salud, pensiones, seguridad social ni en seguridad pública”, afirma Carlos Montemayor.

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, Chiapas, 25 de mayo (LA JORNADA).- “La resistencia retórica del país nos impide comprender a qué grado la crisis del narcotráfico y de las organizaciones guerrilleras en México constituye ya un preámbulo de guerra civil”, afirmó el escritor Carlos Montemayor.

Sobre los comicios del 5 de julio para renovar a la Cámara de Diputados, opinó que las elecciones serán “un espejismo mientras las fuerzas ciudadanas no se renueven, no crezcan y no intervengan de manera decisiva en los procesos electorales, que cada vez más representan una disputa entre elites de partido y no de proyectos nacionales de base ciudadana”.


Sostuvo que cada vez las dirigencias de los partidos políticos “son más semejantes; sus diferencias son esencialmente escénicas, no de sustancia”, por lo que “la salida o el cambio saludable político en México no puede derivar de las elites de los partidos políticos, solamente puede surgir de un cambio sustancial de las acciones, fuerzas o transformaciones ciudadanas”.

En entrevista, consideró que la reciente declaración del ex secretario de Hacienda, José Angel Gurría, en el sentido de que la economía de México “es un desastre”, “es muy adecuada, pues estamos ante la demolición por los efectos de las políticas neoliberales de México; el país está en demolición, no como dice retóricamente Felipe Calderón, que en el camino correcto; está en la demolición, en el abismo, en la caída precipitada del desmantelamiento total”.

El término Estado fallido, dijo, es un concepto forjado desde la perspectiva de los analistas y asesores del Pentágono en Washington, “pero sus conclusiones no están muy alejadas de la realidad económica del país, que está en el sótano del desarrollo económico del continente y en un decrecimiento económico que llega al extremo catastrófico del 8 o posiblemente del 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en términos negativos. Esto ya no es un estancamiento económico sino un decrecimiento, una recesión brutal”.

México, subrayó, “está en bancarrota, no tiene recursos propios ni en ciencia, salud, pensiones, seguridad social ni en seguridad pública”.

El escritor e historiador se refirió también a la tendencia oficial de criminalizar la protesta, y señaló que “adelantarse en términos legislativos y judiciales a la criminalización de la inconformidad social es confesar que las condiciones sociales, políticas y económicas de México van a detonar un proceso de inconformidad social creciente. Es una lástima que en lugar de prevenir con políticas y sociales este deterioro del país, las únicas medidas visibles sean las de la represión para la inconformidad venidera”.
Por Esto!

La comprobación

DENISE DRESSER

“¿La impunidad es condición necesaria para el funcionamiento de la maquinaria política del país?”, le pregunta Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid y el expresidente asiente. Aunque después –amenazado, presionado, acorralado– pide que no le creamos, el diagnóstico queda allí. Y todo lo que ha ocurrido desde entonces tan sólo constata el peso de sus palabras, comprueba la certeza del diagnóstico, valida lo que dijo antes de volverse prematuramente senil.

El sistema político mexicano ha sido construido para asegurar la impunidad de la clase política. Opera cotidianamente para lograr ese fin y quienes engrosan sus filas lo saben. La competencia electoral entre partidos no erradica la impunidad, tan sólo la democratiza. La alternancia política no combate la corrupción, tan sólo amplía su espectro ideológico. En la última semana México comprueba que hay demasiados dispuestos a firmar el pacto de impunidad, y aquí está la evidencia:

• Aunque en privado los priistas reconocen que Miguel de la Madrid tiene razón, en público se unen para desacreditarlo. Saben que dice lo que tantos han sugerido, pero aún así cierran filas para declararlo un demente. Saben que tiene razón, pero precisamente por ello no pueden reconocerlo. De la Madrid desnuda al sistema construido por el PRI, del cual viven, con el cual se han enriquecido, el cual necesitan preservar.

• En cualquier democracia funcional, las imputaciones hechas hubieran provocado un deslinde o un distanciamiento entre el expresidente involucrado y su propio partido. Pero aquí, los priistas optan por matar al mensajero –De la Madrid– con el objeto de acallar el mensaje. En vez de exigir una investigación esclarecedora, Manlio Fabio Beltrones exige el silencio cómplice.


• Y el PAN se suma a ello. ¿Dónde están los reclamos panistas ante la deshonestidad salinista que Miguel de la Madrid expone? ¿Dónde está el discurso presidencial asumiendo el combate a la corrupción como causa suya? ¿Dónde están las declaraciones firmes y enérgicas que esperaríamos del procurador Eduardo Medina Mora? ¿Dónde está la columna vertebral del panismo que asumió la transparencia como principio fundacional? Si el PAN piensa que las declaraciones tibias y cantinflescas del secretario de la Función Pública constituyen una toma de posición se equivocan. En esta coyuntura crítica, el PAN opta también por callar. Por ofuscar, por sugerir “el juicio en las urnas” para no encarar la impunidad compartida que ha contribuido a perpetuar.


• La televisión también. Carlos Ahumada revela en su libro Derecho de réplica que Carlos Salinas le habló a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, para coordinar la salida al aire de los videos que involucraban a René Bejarano. Probablemente hubo una llamada similar para coordinar la falta de cobertura en el caso de la entrevista de Carmen Aristegui a Miguel de la Madrid. Sólo así se explica que la nota política más importante de la semana pasada estuviera ausente en la pantalla de los principales noticiarios de Televisa y de TV Azteca. Que Joaquín López Dóriga fuera uno en el radio y otro en la televisión. Que el “cuarto poder” mediático no cumpliera plenamente con el papel que le corresponde.


• Vicente Fox alimenta la impunidad en la medida en que su propio papel no queda claro. ¿Negoció la libertad de Raúl Salinas de Gortari a cambio de los videos con los cuales intentó destruir políticamente a AMLO? ¿Giró instrucciones al Poder Judicial para asegurar un resultado predeterminado como lo hizo con el desafuero? ¿Por qué se dio la devolución de la fortuna del hermano incómodo si no se había esclarecido su origen? Sólo una investigación a fondo del involucramiento foxista en esta historia podría responder las preguntas indispensables, pero ya el PAN ha dejado en claro que nunca la habrá.


• El pesado silencio de tantos en torno al caso de Carlos Salinas constata la complicidad, el doblegamiento, el temor entendido. No es casualidad que en la carta que el expresidente envió a Carmen Aristegui mencionara a los beneficiarios de la partida secreta listados en su libro México: Un paso difícil a la modernidad: “partidos políticos, dirigentes empresariales, sindicatos, organizaciones rurales, intelectuales, organizaciones religiosas y medios de comunicación, entre muchos otros, incluidas personas que realizaban otras tareas que se consideraban también necesarias”. El objetivo era mandar un mensaje, una amenaza: “me criticas y te delato”. “Te sumas a la cruzada pública en mi contra y hago público el cheque que te envié como lo hice con Héctor Aguilar Camín”. “Si cuestionas mi reputación destruyo la tuya”. La carta era una exigencia de lealtad ante favores recibidos, dinero entregado, concesiones otorgadas, licitaciones pactadas, puestos repartidos, lealtades compradas. Así ha funcionado la maquinaria y por ello hay tantos incentivos entre sus beneficiarios para mantenerla así.


• Por ello México es un país de corrupción compartida pero nunca castigada, de crímenes evidenciados sin sanciones aplicadas, de expresidentes protegidos por quienes primero los denuncian pero luego pierden la razón, de políticos impunes y empresarios que también lo son. Por ello las procuradurías exoneran, las Fiscalías Especiales nunca funcionan, las comisiones investigadoras en el Congreso no cumplen con su función, los custodios no custodian, los crímenes persisten. Hay demasiados intereses que proteger, demasiados negocios que cuidar, demasiadas irregularidades que tapar, demasiadas cuentas bancarias que esconder, demasiadas propiedades que ocultar, demasiados pactos que preservar.


• Y tan sólo como botón de muestra, la lista de los impunes. La lista que el país produce y amplía cada vez que deja de investigar y sancionar, acusar y castigar. Carlos Salinas de Gortari. Luis Echeverría. Diego Fernández de Cevallos. Mario Marín. Ulises Ruiz. Ricardo Salinas Pliego. Emilio Gamboa. Arturo Montiel. Jorge Hank Rhon. Elba Esther Gordillo. Carlos Romero Deschamps. Manlio Fabio Beltrones. Joaquín Gamboa Pascoe. Kamel Nacif. Los Bribiesca-Sahagún, entre tantos más.


• Como escribió alguna vez Benjamín Franklin, el objetivo principal de una conversación es informar o ser informado. Y la conversación entre Carmen Aristegui y Miguel de la Madrid –junto con la reacción que produce– cumple con ese requisito. Tanto lo hablado como lo posteriormente negado contribuyen a informar. Revelar. Confirmar. Constatar. Comprobar, como lo escribe Jorge Zepeda Patterson en el libro Los intocables, que una premisa principal del sistema político mexicano es “nunca contra alguno de nosotros”.

Nota: En el programa de Carmen Aristegui del Martes 26, aparece otra carta de Miguel de la Madrid dirigida a Carmen donde le dice que en el libro que ella está preparando -y para el cual le hizo y publicó la entrevista que causó escozor, estupor y demás- debe señalar que Salinas fué artífice de la modernización del país. Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dreser comentan la nueva carta y la antigua. Si no oyó el programa, consúltelo, no tiene desperdicio.

Aquí presentamos otra posición sobre el voto. Como ya lo hemos dicho y lo seguiremos haciendo, esta elección, la más compleja para quienes optamos por la construcción de un mundo mejor requiere de la reflexión y la decisión a conciencia. Cada uno, tomará la determinación más adecuada según sus circunstancias.

NO VOTAR es LO PEOR para México

Sin percibir el daño enorme que le harían al México que está siendo destrozado por sus supuestos "gobernantes", algunas personas --tal vez de buena fe, o por interés malsano-- hacen continuos llamamientos a NO VOTAR en las próximas elecciones del 5 de julio.

Sus razones parecen sólidas: la imparable corrupción e impunidad gubernamental, reforzada por la partidocracia que establece su dictadura inapelable e insensible a la necesidad ciudadana y que justifica (mediante leyes interesadas) el dispendio y los excesos de la Cleptocracia adueñada del poder público y privado. Son premisas muy válidas. Pero la deducción resultante es errónea y más enfasada con la eterna recomendación eclesiástica ante el destino: la sufrida resignación.

En efecto, ante los males evidentes que padece México, los exhortos a No Votar están pidiendo Resignación ante lo que sucede, cuando lo que necesita el país es una auténtica y profunda Revolución, que no sólo arroje del poder a los corruptos alentadores de impunidades, sino que destierre para siempre los vicios institucionalizados como Virtudes en el inconsciente colectivo.

El No Votes encubre las trampas ya preparadas, prolonga las complicidades pactadas, justifica las ilegalidades legalizadas y promueve la aceptación callada, paciente y doliente del estado de cosas ya putrefactas. El No Votes destruye la capacidad de indignación, impulsa la inacción contra las acciones destructivas de la sociedad y los individuos, y consolida las mafias políticas protectoras del crimen en todas sus vertientes y manifestaciones.

Pero, aquí la pregunta determinante, ¿por quién votar si todos son malos?

PRI y PAN son exactamente lo mismo, mellizos en los vicios y el engaño, como ya se ha visto. El PRI arruinó al país con su tecnocracia neoliberal. El PAN lo empeoró con su hipocresía religiosa. El PRD de Los Chuchos es el canto de la misma moneda que de un lado tiene al PRI y del otro al PAN.

El Verde Ecologista no es ni verde (la Internacional Verde lo desconoció por falso), ni ecologista, sino una ficción electoral hecha club de pillos (y pillas, como les gusta diferenciar) dados a la juerga y a la vida alegre con cargo al Presupuesto, para lo que se pegan al PRI --como los peces migajeros a los tiburones--, después de que el PAN los despreció.

El PANAL (o Nueva Alianza) fue otra concesión a la mafiosa emperatriz de los profesores mexicanos, Elba Esther Gordillo, con el fin de restarle votos a cualquier oposición y sumárselos al partido gubernamental que la mantiene en el poder. Es una aparente oposición para recibir más Presupuesto.

El partido hoy llamado Social Demócrata (PSD), tampoco es social ni demócrata, sino otra mafia presupuestívora nacida en la necesidad de Vicente Fox de pulverizar la oposición a su partido en el 2006 y quitarle posibles votos a su demonio López Obrador.

Todos estos partidos formaron la mescolanza que hizo posible el fraude electoral del 2006 al distraer la atención del asunto central (la decisión ciudadana) y permitir que los magistrados electorales legalizaran las ilegalidades cometidas por Fox, PAN, empresarios y televisoras.

De los dos partidos (Convergencia-PT) que apoyaron y continúan apoyando al movimiento de Resistencia Civil Pacífica (RCP), Convergencia actúa con tibieza interesada, para no perder la base social de los seguidores de López Obrador ni enemistarse con el gobierno proveedor de Presupuesto. En muchos estados de la República Mexicana, el partido Convergencia está firmemente unido al PRI o al PAN por lazos filiales o convenencieros, convertido en un partido acata-órdenes de los secretarios de Gobierno, que lo consienten por su utilidad en la ficción democrática que les permite anunciarse como "estado de derecho". Pero, en realidad, Convergencia es una oposición cómoda, como Los Chuchos del PRD, que toleran a la RCP por interés, no por convicción.

El PT (Partido del Trabajo) tiene un serio problema en los políticos profesionales que lo controlan y toman sus decisiones, quienes atienden primero sus intereses personales, antes que las conveniencias ciudadanas. Tiene, como todos los demás partidos, sus guerras intestinas por el poder, que los medios de comunicación magnifican en servicio al partido gubernamental, pues les interesa minar cualquier posible apoyo a López Obrador y a la Resistencia Civil Pacífica, y realmente el PT ha sido el más consistente y decidido en ese apoyo.

La alianza que mantiene con Convergencia ("Salvemos a México") es sólo para darle cauce legal al descontento de la lopezobradorista RCP, pues en México los mismos partidos obligan a que toda oposición se manifieste sólo mediante los partidos reconocidos... por ellos mismos. Pero sus cúpulas profesionales realizan "arreglos" para repartirse puestos, prebendas y poder, sin tomar en cuenta la opinión o necesidad ciudadana.

Sólo hay un detalle que diferencia al PT de los demás partidos. Por su mayor apego a Andrés Manuel López Obrador, el PT es el más lejano del gobierno. Y como la experiencia ha demostrado en México desde 1982 (contrario a lo que difundió Salinas de Gortari y hoy adopta el PAN) lo que resulta malo para el gobierno, es bueno para el pueblo. O al revés: lo malo para el pueblo (fraudes, corrupción, impunidad, carestía, desempleo, etc.) es bueno para el gobierno (contratos, fideicomisos, grandes sueldos y prestaciones, impunidad, riqueza grosera, etcétera).

De todos los malos (partidos) hay uno menos peor, pero que resulta indeseable para el gobierno, el PT. Por ése hay que votar masivamente, al menos en esta ocasión. Para que entienda que su éxito se debió a la gente, NO A SUS CANDIDATOS, y que éstos no se sientan importantes y únicos, a quienes el poder --como a los faraones-- les llegó del Sol, como hoy actúan todos los políticos en funciones.

Y si el PT traiciona la confianza popular, como han hecho los demás, deberá elegirse a otro y luego a otro y otro, hasta que todos los partidos entiendan que en el juego del poder, quien reparte las cartas es EL PUEBLO con sus votos.

Por eso HAY QUE VOTAR. No quedarse sentados y hacer caso de quienes piden No Votar o ANULAR EL VOTO con alguna leyenda, justificándolo como una forma de protesta. El gobierno ya ha demostrado ser insensible a cualquier protesta que no sea pagada por él. Por eso una abstención o un voto anulado le servirá al gobierno para perpetuar su impunidad, corrupción y saqueos.

Lo que más desean los partidos promotores del desempleo, la violencia, la injusticia y encubridores de la delincuencia, organizada y desorganizada, es que haya una gran abstención o una enorme cantidad de votos anulados, para que con sólo los votos válidos de sus militantes se repartan dinero y canonjías.

¿Protesta? Una y otra vez se comprueba que la soberbia del poder es insensible, ciega y sorda.

Pues entonces, que sienta las consecuencias. HAY QUE VOTAR por el más indeseado por el gobierno.

A pesar de todos los fraudes preparados, hay que hacerlos más difíciles, HAY QUE VOTAR.

México necesita otra revolución, no resignación.

publicado en blogotitlan

El programa de hoy martes 26 mayo
























Atención médica de elite para 96 mil burócratas

Autor: Ana Lilia Pérez


24 Mayo 2009

Los funcionarios del país, desde los secretarios de Estado hasta personal de enlace, son privilegiados con un sistema de salud privado a costa del erario, en claro desdén del servicio médico público y a espaldas de millones de mexicanos –derechohabientes o no– que a duras penas obtienen este beneficio constitucional

En México hay dos servicios de salud: uno para millones de trabajadores comunes y otro para 96 mil 254 funcionarios.

Ambos se sostienen con recursos públicos. Mientras que un funcionario cobija a toda su familia en exclusivos hospitales, el 90 por ciento de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se enfrenta a un servicio deplorable.

El Sistema Nacional de Salud es una quimera para la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).

La PEA en México es de 42.5 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de los cuales 21 millones 432 mil tienen seguridad social: 18 millones 721 mil del IMSS y 2 millones 516 mil en el ISSSTE, 140 mil de Petróleos Mexicanos (Pemex) y 55 mil del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), más sus respectivos derechohabientes. El 50 por ciento de la PEA carece de este derecho pese a que la Constitución obliga al Estado a garantizar el acceso al sistema de salud a los 120 millones de mexicanos, independientemente de si trabajan o no.

Entre los 21 millones de derechohabientes hay un abismo: los empleados comunes reciben atención médica en un sistema donde las mujeres mueren por parto, los hombres de diabetes, los niños por un resfriado, y cualquiera por descuido o negligencia. Es el rostro de las 25 mil quejas que cada año recibe la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por negligencias y maltrato.

Los funcionarios públicos son beneficiarios de ese mismo sistema –integrado por el ISSSTE, IMSS, ISSFAM y Pemex–, pero mejor optan por atenderse donde la atención médica implica confort, habitación privada, love set, teléfono y televisor con control remoto, dieta saludable y una confortable cama para la familia. Así evitan una larga espera, el tedio, la frustración por falta de medicinas, malos tratos y negligencia. Eso queda para los millones de derechohabientes que cotizan puntualmente.

Por el servicio de salud que se recibe se califica el tipo de ciudadano que se es en México, dice el legislador Joaquín de los Santos Molina, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

“Hay mexicanos de primera y de segunda. Quizá el Ejecutivo quiera revestir de legalidad que a sus funcionarios les contrate servicios de salud privados, pero es completamente inmoral, sobre todo porque es el gobierno quien impone ese trato a los mexicanos, cuando el ejemplo que debía dar es la igualdad, es decir, mandar a sus funcionarios públicos a recibir atención pública”, dice el legislador.

Prebenda presidencial

De acuerdo con el Manual de percepciones de la administración pública federal, es el jefe del Ejecutivo quien decide los beneficios de los funcionarios y su personal de enlace. Para su gestión “en un marco de austeridad y transparencia”, Felipe Calderón autorizó cuatro seguros: de servicios médicos, de vida, de incapacidad total y permanente, y de desempleo, para mandos medios y altos de la Presidencia, Consejería Jurídica, secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados.

Con ello dio continuidad a la prebenda de Vicente Fox para que la burocracia evitara el deficiente sistema de seguridad social público. Tan sólo el seguro de servicios médicos implica una partida de más de 1 mil millones de pesos que anualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destina bajo el rubro “Seguro colectivo de gastos médicos mayores de las dependencias y entidades participantes de la administración pública federal”.

La SHCP contrató el seguro con la trasnacional Metlife en marzo de 2008, por 1 mil 304 millones 347 mil 826 pesos, es decir, unos 80 millones de pesos mensuales, vigente para el periodo del 1 de abril de 2008 al 30 de septiembre de 2009.

Los beneficiados son 96 mil 254 funcionarios, 53 mil 285 cónyuges o concubinas, 106 mil 766 hijos, 7 mil 86 padres.

En total, 263 mil 391 asegurados. La póliza cubre el diagnóstico y tratamiento médico, cirugía, hospitalización y rehabilitación. El esquema no sólo impacta a las finanzas públicas, sino al sistema de salud pública, que también contempla a este segmento privilegiado como derechohabientes.

Proporcionalmente, el servicio médico de cada funcionario, su cónyuge y cada uno de sus hijos costaría a los contribuyentes 303 pesos diarios, pero para Metlife, todos tienen un valor distinto: la salud de un secretario de Estado y cada uno de sus beneficiarios cuesta 333 salarios mínimos mensuales por persona (unos 18 mil 248 pesos). Es decir, la póliza mensual de cada secretario (y cada uno de sus familiares) cuesta a los contribuyentes lo que 10 obreros cobran durante casi un año de trabajo. Hay 107 asegurados en esta modalidad.

La salud de un subsecretario cuesta 295 salarios mínimos mensuales, lo mismo que su cónyuge y cada uno de sus hijos, así como los oficiales mayores, jefes de unidad, y sus respectivas familias, es decir unas 1 mil 709 personas.

La atención médica de los directores generales cuesta 259 salarios mínimos mensuales (4 mil 452 personas); sus adjuntos, 222 salarios (entre funcionarios y derechohabientes suman 5 mil 154 beneficiarios); directores de área, 185 salarios (19 mil 956 beneficiarios); sus subordinados directos, 148 salarios (con sus derechohabientes suman 51 mil 969 beneficiarios); los jefes de departamento, 111 salarios (funcionarios y derechohabientes, 64 mil 817); el personal de enlace, 74 salarios (funcionarios y derechohabientes, 115 mil 227).

El contrato que diseñó la SHCP implica privilegios para otros personajes vinculados a las altas esferas del poder. Por ejemplo, en las bases, Hacienda le estipula que la empresa contratada debía integrar un grupo de hospitales adicionales a los que tuviera en convenio, entre los cuales pidió a Metlife que incluyera al Hospital San José de Zamora, propiedad de Alberto Sahagún Jiménez, cuñado del expresidente Fox.

En unas semanas se licitará la renovación del seguro de gastos médicos mayores (que concluye en septiembre de 2009) y varias compañías preparan ya sus propuestas.

“En un momento en que el país está en crisis, debe haber congruencia de los altos funcionarios. Los nueve años del régimen panista se han caracterizado por la poca preocupación por el ahorro y la austeridad, es decir, no son gobiernos austeros, ni que se hayan preocupado en recortar salarios, ajustarlos un poco a la baja, por el contrario, se ha incrementado el gasto corriente, se han incrementado los privilegios, y una de las expresiones es el sistema de salud privado del que disfrutan”, señala Sergio Aguayo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

Joaquín de los Santos, miembro de la Comisión de la Función Pública en San Lázaro, dice que debe eliminarse esta prebenda. Critica: “No es posible que Hacienda autorice este gasto cuando el país está en recesión; pero además, ante la displicencia de esa secretaría, las dependencias rembolsan a sus funcionarios hasta lo que gastan en aspirinas, cuando ese presupuesto debía destinarlo a suministrar medicamentos en el sector público, sobre todo en las clínicas rurales donde no hay nada, lo que he confirmado personalmente”.

El trato preferencial que el presidente hace en materia de salud atenta contra las políticas públicas, considera Clara Jusidman Rapoport, miembro del Alto Consejo para la Transparencia de los Programas Sociales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En entrevista, analiza que las disparidades en la atención de la salud de cada uno de los mexicanos “contribuyen a profundizar la desigualdad social”.

“Por intereses de diversos sectores, entre ellos los sindicatos, el gremio médico, el grupo de poder político del sector salud y los grupos conservadores y neoliberales, hemos mantenido un sistema de salud segmentado: salud para ricos, salud para clases medias, salud para trabajadores y sus familias, salud para población pobre y población excluida de todo los servicios”, detalla la también presidenta de la asociación civil Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social.

En 2003, Jusidman fue una de los cuatro expertos encargados de la elaboración del Diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que incluyó el análisis del derecho a la salud –estipulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se trata, asegura la investigadora del Colegio de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, de uno de los derechos más vulnerados a las clases pobres del país. Tal situación, “hace que cada vez más las clases medias y altas, entre las que se encuentran los servidores públicos, se alejen de los servicios públicos de salud y acudan a los privados y por lo tanto se profundice el papel que la provisión de salud tiene en aumentar la desigualdad y ciudadanías diferenciadas”.

Salud de elite

Si bien los funcionarios del gobierno de Calderón no gozan de óptima salud –revela la siniestralidad del contrato Metlife–, con la prebenda presidencial se atienden con especialistas en todas las ramas de la medicina. En contraste, los usuarios del IMSS o el ISSSTE esperan en promedio seis meses para que los diagnostique un especialista, señalan las quejas ante los órganos internos de control en ambos servicios a las que tuvo acceso Contralínea.

La siniestralidad del “seguro colectivo de gastos médicos mayores de las secretarías y entidades participantes de la Administración Pública Federal” revela los principales padecimientos por los cuales se han atendido los funcionarios del gobierno de Calderón. Indistintamente, todas las dependencias reportan casos de operaciones de nariz, lo que, según el diputado De los Santos, de la Comisión de Salud, deberá revisarse “para aclarar si se trata de procedimientos estéticos o médicos”.

Los empleados al mando directo de Felipe Calderón, en la Presidencia de la República, se atienden desde un reflujo, se operan el tabique nasal, se cuidan las anginas y se tratan las infecciones y alergias en hospitales del Grupo Ángeles, Médica Sur, Hospital Español, el ABC y el Hospital y Clínica OCA.

Los funcionarios de la Secretaría de Gobernación usan, además, los hospitales Ángeles, el Christus Muguerza del Parque, el Centro Médico Tiber, el Inovamed de Cuernavaca, el Sanatorio Florencia y otros 37 hospitales privados para tratarse desde un colesterol alto, una fiebre, una urticaria, un absceso o una hernia.

Los que trabajan con Agustín Carstens, encargados de las finanzas públicas del país, y de aprobar las supuestas políticas de austeridad, usan unos 30 hospitales privados, clínicas de terapia y rehabilitación, centros de diagnóstico, oftalmológicos especializados para tratarse desde una dermatitis, venas varicosas, corregirse el tabique nasal, molestias de reflujo y hasta enfermedades como el hipopituitarismo.

Los de la Secretaría de la Función Pública, que dirige Salvador Vega Casillas, cuya función es evitar el manejo irregular y derroche del dinero público, son clientes de los hospitales Ángeles de las Lomas, Pedregal, Metropolitano, Médica Sur, el Country 2000, el Hospital Santa Coleta, el Hospital San José Satélite, Olympus Managed Health Care In, el Hospital Santa Mónica, para hacerse cirugías de nariz, tratarse arritmias, luxaciones, hipertrofia de la próstata, várices esofágicas, reflujo y gastritis, principalmente.

Los burócratas de elite de la Secretaría de la Reforma Agraria acuden al Hospital México Americano, el Ángeles del Pedregal, Metropolitano y de Las Lomas; al Infantil Privado, al Hospital Santa Elena y a Médica Sur. Mientras que los funcionarios se atienen enfermedades respiratorias y trastornos gástricos, sus hijos el acné y las torceduras de tobillos o luxaciones por caídas en patinaje o deportes extremos.

Aunque los funcionarios de la Secretaría de Marina, que encabeza el almirante Francisco Saynez, son derechohabientes del ISSFAM, prefieren atenderse en el ABC y Médica Sur, desde un trastorno de nariz, hipertensión o dolores de articulaciones. En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales prefieren el Ángeles del Pedregal, el Hospital Bernardette, Thera Clinic y Médica Sur.

La elite diplomática al mando de Patricia Espinosa (en la Secretaría de Relaciones Exteriores) acude a los hospitales Ángeles y al Fresenius Medical Care. Los que comanda Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública se atienden una urticaria, gastritis, reflujo; se eliminan verrugas, se controlan la hipertensión o se operan la nariz en el Ángeles Metropolitano, mientras que sus hijos se curan el acné en el Centro Médico Atlanta y el Hospital del Valle; sus esposas evitan la preclampsia en el Hospital Ángeles del Pedregal.

Los directivos que administran los programas de combate a la pobreza (Secretaría de Desarrollo Social) usan el Hospital San Ángel Inn, el Christus Muguerza del Parque y el Ángeles de las Lomas si están en el Distrito Federal, o bien, las distintas sucursales del grupo Ángeles o el CIMA, en las entidades, si salen a trabajar a los estados.

Quienes trabajan con el procurador Eduardo Medina Mora (en la Procuraduría General de la República) acuden al Ángeles de las Lomas, al Metropolitano, al Dalinde y Médica Sur, y el Centro Médico Tiber, principalmente.

En su mayoría, se operan la nariz, se atienden ruptura de tendones, hernias y trastornos de próstata, o bien, se tratan problemas de reflujo y gastritis.

Desdén por el sector salud

El sistema público de salud mexicano fue punta de lanza a nivel mundial, porque redujo la mortalidad y aumentó la perspectiva de vida. El IMSS alcanzó altos niveles de calidad, sin embargo, “desde hace varios años se le ha dejado caer: en la calidad de su personal, su capacitación, equipamiento técnico, y, sobre todo, su sentido del servicio público.

En lugar de buscar que los servicios de salud a población abierta, que históricamente ha proporcionado la Secretaría de Salud para la población más pobre, alcanzaran los estándares de calidad del IMSS, la política de salud fue que los estándares del IMSS bajaran al del sistema de la Secretaría de Salud; es decir, la calidad se ha comprimido hacia abajo”, explica Clara Jusidman.

Sergio Aguayo, otro de los consultores que elaboró el diagnóstico de 2003 para la ONU, define como “paradójica” la política oficial ante el deterioro paulatino de esa institución: “A medida que ha ido sufriendo un deterioro paulatino, la solución de los altos funcionarios no ha sido la de acercarse a estos servicios de salud públicos, sino de buscar la protección privada, lo que realmente suena incongruente y poco sensible frente a la mayoría de la población que son los pobres”.

En efecto. Ni los funcionarios al mando del cirujano José Ángel Córdova Villalobos parecen confiar en el sistema para el que laboran, sólo así se explica que también su atención médica y la de sus familias sea en clínicas privadas. Los altos directivos son beneficiarios del seguro contratado por la SHCP a Metlife. Acuden en promedio a 13 clínicas de este nivel.

Desde la esposa del secretario de Salud, que se trata la gastritis, hasta los subsecretarios y sus hijos que se curan el reflujo en el Ángeles del Pedregal; se alivian los catarros en el ABC y se medican para la osteoporosis en el Hospital Español; las hemorroides, en el Hospital San José Satélite; se arreglan el tabique nasal en el Hospital Santa Fe y los esguinces en el Médica Sur, mientras los galenos del Hospital Infantil Privado vigilan el crecimiento de sus hijos.

Los directivos del Hospital General de México envían a sus hijos a curarse las amígdalas en el Hospital Durango; ellos se tratan los cálculos en el ABC. Sus esposas llevan su revisión ginecológica en Médica Sur. Los del Hospital General Doctor Manuel Gea González usan el Mocel para problemas de rodillas; el Hospital Español para tratarse la próstata. Los del Hospital Juárez de México acuden con especialistas del Dalinde para sus problemas intestinales.

Para su atención personal y la de sus familias, los funcionarios del Instituto Nacional de Salud Pública usan el sistema privado; son clientes del Sanatorio Henri Dunat, el Ángeles del Pedregal, Ángeles de las Lomas, Ángeles Metropolitano, el Hospital Santa Teresa, el Mocel, Español, ABC, Sports Clinic. En éstos se atienden desde un esguince de tobillo hasta el cuidado en el embarazo de sus cónyuges.

Los directivos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición usan Médica Sur y el Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias tratan males como la laringotraqueitis aguda de sus hijos en el Médica Sur; los del Instituto Nacional de Cancerología son clientes del Ángeles del Pedregal; los del Instituto Nacional de Rehabilitación acuden al Olympus Managed Health Care; los funcionarios del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez son clientes de Médica Sur, Ángeles Metropolitano y Ángeles del Pedregal.

Además de expresar la enorme desigualdad que priva en el país, la disparidad en el sistema de salud es un atentado contra la democracia. En su informe de 2008, el Banco Interamericano de Desarrollo documenta cómo las desigualdad en el acceso a los satisfactores mínimos –la salud es uno de ellos– es un problema estructural para un régimen democrático.

Sergio Aguayo, uno de los expertos del tema, explica: “Un ingrediente esencial de la democracia es que el Estado haga un esfuerzo por corregir las distorsiones que se generan en una sociedad por múltiples motivos, pero aquí lo que vemos, y es lamentable, es cómo los altos funcionarios contribuyen a que se amplíe esa brecha de desigualdad al protegerse con la medicina privada y darle la espalda a la medicina pública.

Estoy seguro que si el gabinete tuviera que atenderse en una clínica del Seguro Social o del ISSSTE lo pensaría dos veces antes de tomar decisiones, que perpetúan por múltiples caminos la desigualdad en el ingreso”.