sábado, junio 13, 2009

Trabajadores Petroleros en lucha: Romero Deschamps, el colmo del poder y la corrupción.


Se sabe por los medios de comunicación que Romero Deschamps, cuando menos tiene 12 familiares trabajando en PEMEX, los cuales gozan de sueldos y condiciones de trabajo increíbles.

Los Familiares de Romero gozan de privilegios extralimitados en su contratación laboral; a partir del 26 de junio de 1994 los contratos de 12 familiares de Romero fueron modificados ahora el vencimiento de los mismos es hasta el 31 de diciembre de 2,999. Prácticamente un contrato por más de mil años, desde luego que es hereditario, de tal forma que está asegurando cuando menos a 15 generaciones de su familia. Con las mismas prerrogativas y facultades que ahora tienen.

En ese contexto en necesario señalar que en los hechos a los trabajadores transitorios los charros les venden los contratos de 28 y 36 días. La comparación es abismal. Mientras los familiares de Romero tienen contratos por mil años, a los trabajadores eventuales les vende los contratos por unos cuantos días. Además de que lucrar con el trabajo es un delito grave.

Este tipo de acciones no tiene nombre. Es el colmo de la corrupción, en qué cabeza cabe otorgar un contrato con duración por mil años cuando el nivel medio de vida de los mexicanos no va más allá de los 70 años, más aún el tiempo laboral no va más allá de los 30 años. Se señala que este tipo de contratos son hereditarios, de ser así en cada contrato por lo menos podrían trabajar 33 personas de manera consecutiva, cada una 30 años. Esto en verdad es inaudito, insólito.

Por otro lado está la sinvergüenza, de vender el trabajo por parte del charro Carlos Antonio Romero Deschamps. No es posible que a los trabajadores eventuales de PEMEX se les vendan los contratos temporales o vacaciones de 28 y 36 días. Mientras que a sus familiares les otorgué contratos por mil 6 años.

Los familiares de Romero también gozan de comisiones en el extranjero, permisos para ausentarse por un año, además de que no están obligados por sus contratos a presentarse a laborar. No tienen horarios de trabajo y tienen la facultad de cobrar sin presentarse a trabajar, ya que se les asignan comisiones sindicales.

De tal forma que en los registros de la sección 24 de Salamanca Gto. Del STPRM señalan que María Esther Romero Deschamps, Nora Estela Deschamps Contreras, Silvia Nereida Deschamps Contreras, Roberto González Romero, Guadalupe Lidia Durán Limas, Alvaro Durán Limas, Armida Deschamps Durán, Víctor Hugo Deschamps Lugo, Ricardo Deschamps Morán, Alvaro Durán López, Víctor Deschamps Durán y María Eugenia Durán López ingresaron a laborar en la refinería entre 1980 y 1990, pero en 1994 se les otorgaron plazas con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2,999.

Por tal motivo los trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM, le solicitamos a las autoridades federales a que se investigue este tipo de actos delictivos y corruptivos y se castigue a los responsables.

Hay cosas increíbles en este País. Las cuales no se pueden explicar sin la existencia de los actos corruptivos y delictivos que desde el poder manejan los denominados delincuentes de cuello blanco. Pero en este caso Romero ya se paso de tueste y bajo el amparo de los gobiernos de Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y de Calderón. Ha hecho lo que ha querido en la industria petrolera y en el STPRM, ha robado a manos llenas tanto a la empresa, al sindicato a los trabajadores petroleros y a la nación.


A manera de conclusión:

Aunado a todo lo anterior en estos momentos Deschamps, tiene que librar un litigio en donde debe de comprobar que su última reelección está con forme a derecho. Lo cual no es así ya que contamos con todas las pruebas que señalan que Romero violo los estatutos del gremio petrolero y la normatividad legal en la materia, en su cuarta reelección.

Por tal motivo estamos solicitando que las autoridades competentes revisen este caso y se aplique la ley conforme a derecho.

También estamos exigiendo la destitución de Javier Lozano Alarcón de la STPS por mantener una posición parcial a favor de Romero y hacer declaraciones absurdas en contra de los trabajadores democráticos de PEMEX. Así mismo lo responsabilizamos de los conflictos intersindicales que se generen en el STPRM, por la falta de aplicación de la justicia.


Reclamo:

Sr. Felipe Calderón Hinojosa, aquí le presentamos otro acto delictivo y corruptivo en donde el charro Carlos Antonio Romero Deschamps está directamente involucrado. Le recordamos que hasta el momento no hemos visto ningún tipo de combate a la corrupción y ha la impunidad en el STPRM. En ese sentido le solicitamos que de instrucciones para que se investiguen los hechos que aquí le presentamos y se aplique la ley conforme a derecho.

¡¡¡Fuera Charros del STPRM!!!

Trabajadores petroleros en lucha por la democratización del STPRM.

Campaña para liberar a Raúl



Raúl Hernández, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago miembros de la Organización del Pueblo Indígena Mee´phaa (OPIM) han sido injustamente acusados de asesinato. en represalia a su trabajo de defensa de sus derechos. Cuatro de ellos fueron puestos en libertad incondicional el 19 de marzo despues de que un tribunal federal retirara, todos los cargos contra ellos.

Raúl Hernández permanece detenido en la prisión de Ayutla, estado de Guerrero. Raúl Hernández es considerado preso de conciencia, y es probable que sea juzgado sin las debidas garantías.

El 17 de abril de 2008, Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y acusados del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, estado de Guerrero. El 20 de octubre, el juez que estudiaba su recurso de amparo federal resolvió que las pruebas presentadas no implicaban a cuatro de los hombres –Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega y Romualdo Santiago–, y ordenó su liberación. Sin embargo, ninguno de los cuatro fue puesto en libertad porque la Procuraduría General de la República pidió que se revisara la resolución. Finalmente, tras otros cinco meses de detención, el 17 de marzo de 2009 un segundo tribunal federal confirmó que las pruebas por las que habían sido acusados los cuatro hombres carecían de fundamento.

En abril de 2008 se dictaron también órdenes de detención contra otros diez miembros de la OPIM en relación con el asesinato, pero esas órdenes no se han ejecutado. No se ha recibido más información sobre las amenazas de muerte formuladas contra Rafael Rodríguez Dircio por un partidario del cacique local de la comunidad de El Camalote, estado de Guerrero, ni tampoco sobre el acoso sufrido por Obtilia Eugenio Manuel.

Este caso está siendo atendido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Y también por Amnistía Internacional:

Ayuda a pedir la liberación de Raúl Hernández quien se encuentra detenido bajo cargos fabricados. El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente en el momento del asesinato.

Amnistía International ha documentado un patrón de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero como la OPIM desde hace muchos años. Ayuda a pedir la liberación de Raúl Hernández quien se encuentra detenido bajo cargos fabricados.

Puedes entrar a http://www.alzatuvoz.org/raul/

En cualquiera de las dos páginas se encuentran formatos para que te adhieras a las peticiones por su libertad o para que le mandes un correo solidario a Raúl.


Campaña de Amnistía Internacional contra la pobreza

Combate la pobreza cambiando el debate

Desfiladero

Peligro: sin salidas de emergencia

Jaime Avilés

¿Hay problemas en la familia Calderón-Zavala Gómez del Campo? ¿Incluso en ese ámbito ha perdido credibilidad el titular del Ejecutivo? ¿Es cierto que ni su esposa, ni sus suegros, ni el resto de sus parientes políticos se tranquilizan cuando les promete que su gobierno no le hará nada a la prima Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo por la muerte de 45 niños en Hermosillo? ¿Será que por eso no tuvo más remedio que ordenarle a Eduardo Medina Mora, procurador general de la República, que dijera en público lo que él ya desesperaba de repetir inútilmente en privado?

Sólo una crisis conyugal de gran calado en el microcosmos de Los Pinos explicaría las insultantes declaraciones que el supuesto abogado de la nación hizo el miércoles, al explicar ante los medios que si alguna persona resultara responsable del trágico incendio en la guardería ABC podría alcanzar libertad bajo fianza, porque los ilícitos que pudiese haber cometido –lesiones, homicidio culposo, daño en propiedad ajena, ejercicio indebido del servicio público y uso indebido de facultadesno están tipificados como delitos graves. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡Que siga adelante la quemazón de niños!

Una de las prioridades de mi gobierno es la felicidad de mi matrimonio, dijo alguna vez Vicente Fox. Al hablar, por boca de Medina Mora, garantizando impunidad absoluta a quienes deberían ser castigados de manera ejemplar por la espantosa muerte de los menores sonorenses, que estaban hacinados y no tenían salida de emergencia, Calderón se ha puesto a la altura de su antecesor –es decir, por los suelos–, pero al mismo tiempo se ha hecho parte de una cadena de complicidades que lo vincula con un crimen, porque esos niños perdieron la vida a causa de una serie de anomalías que constituyen el delito de negligencia criminal. El mismo que mató a los 63 mineros de Pasta de Conchos.

De acuerdo con la Norma Oficial de la Secretaría de Salud (NOM-167-SSAI-1997), que tiene rango de ley, las guarderías subrogadas del Seguro Social deben contar con diferentes espacios para cada actividad (juego, alimentación, descanso), áreas comunes, un patio, y la atención debe estar sustentada en principios científicos, éticos y sociales; los niños deben tener actividades educativas y recreativas que promuevan el desarrollo de las esferas cognoscitiva, afectiva y sicomotriz. La guardería ABC de Hermosillo no respondía a ninguno de estos requerimientos. Tampoco tenía, como exige la propia norma, vigilancia, protección y seguridad, ni fomento y cuidado de la salud. Esto último es palpable.

Al estar cubierto por un techo de poliuretano sometido diariamente a temperaturas extremas, aquel minicampo de concentración era una potencial fuente de enfermedades mortales, ya que el material plástico, expuesto a calor constante, despide gases químicos que producen efectos cancerígenos. ¿Cuántas guarderías de Sonora y del país ofrecen las mismas condiciones insalubres? Calderón no está interesado en saberlo sino en salvar a la prima Marcia.

¿Cuántos niños se han quemado a lo largo de su trienio? En las 8 mil 315 estancias infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), que retienen a 221 mil 217 menores en condiciones de seguridad ínfimas, el servicio se hace en casas [particulares], con lo mínimo para atender a los niños [...] junto a las áreas donde está la cocina, y la incidencia de accidentes por fuego es la principal en estos lugares, dijo el martes Nashieli Ramírez, especialista en la materia.

Lo peor del caso no es que estos criaderos de seres humanos tengan tales defectos por culpa de quienes los manejan, sino porque así los diseñó el gobierno. Mételos donde puedas y gánate un varo, al fin son niños. La directora fundadora de esta variante del programa oficial Vivir Mejor, que se estrenó en enero de 2007, es Lía Limón, ex esposa del ex presidente del Instituto del Fraude Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, y candidata del PAN a una diputación federal. Un testigo de su boda, celebrada en Tepoztlán, Morelos, el 6 de diciembre de 2003, a la que asistieron Calderón y Margarita, fue Jesús Reyes Heroles, hoy director de Pemex. Todo en familia.

Durante el sexenio foxista, cuando Santiago Levy dirigía el Seguro Social, la Coordinadora Nacional de Guarderías de ese instituto era la nutrióloga Dora García Kobe, quien tuvo un excelente desempeño. Sin embargo, tras el arranque de la administración calderónica, fue remplazada por Carla Rodín Nieto, diseñadora gráfica, cuyo único mérito para acceder a ese puesto consistía en ser amiga de Margarita Zavala. Hoy los resultados del trabajo de Rodín –volvió a esculpir Las puertas del Infierno en Sonora– están a la vista. Nadie ha hablado de destituirla.

Ésta ha sido la semana de la familia... sí, pero de la familia Gómez del Campo. Cuando el fuego puso al descubierto que la prima Marcia era socia de ese chiquero que su marido, Antonio Salido Suárez (ahora ex alto funcionario del gobierno de Sonora), llamó empresa, Margarita Zavala, esposa de Calderón, se apresuró a desconocerla, y trató de engañar al país, mintiendo al afirmar que de ella sabía únicamente que tenían un bisabuelo común, pese a que se veían con frecuencia y habían estado juntas, apenas el pasado 23 de mayo, en una fiesta íntima, en el colegio Asunción de la ciudad de México.

Luego, mientras Margarita intentaba rectificar, sin pedir disculpas, arguyendo que el parentesco no es delito, otra de sus ilustres primas, Mariana Gómez del Campo, presidenta del PAN en el Distrito Federal, enviaba golpeadores al World Trade Center, donde el lunes por la tarde debatían los candidatos a la delegación Benito Juárez de todos los partidos, excepto el panista Mario Palacios, que se declaró autoexcluido y que, según los primeros indicios disponibles, intentará arrebatarle el triunfo al maestro Bernardo Bátiz mediante un fraude.

Tras la batalla del sábado pasado entre narcos y soldados en Acapulco, tras el duelo a cartucho cortado el lunes entre policías federales y estatales en Nuevo León (donde Mauricio Fernández, candidato del PAN al municipio de Garza García, fue descubierto ayer in fraganti, negociando con el cártel de los Beltrán Leyva, cuyos capos viven a la vuelta de su casa); tras los sanguinarios enfrentamientos en Durango y en Uruapan (donde una granada de fragmentación despedazó a un niño en la calle), Calderón se desvanece, su gobierno se hunde.

Para colmo, el madruguete que dio ayer a las 4 de la mañana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al eliminar de la contienda a Clara Brugada, candidata de Andrés Manuel López Obrador a la delegación de Iztapalapa, en una maniobra que favorece a la corriente de Jesús Ortega, anticipa un fraude que desde las tinieblas del poder que se diluye, terminará de destruir las elecciones del 5 de julio con la complicidad de los levantacejas y los medios electrónicos, empecinados en promover el voto en blanco.

El voto en blanco, nos estamos enterando, puede ocasionar la anulación del resultado de una casilla. ¿Daría la casualidad de que así como el TEPJF sacó de la cancha a Clara Brugada, las casillas anuladas por exceso de votos en blanco serán aquellas en donde triunfen los seguidores de López Obrador? ¿Ésa es la modalidad del fraude que se está cocinando? Después del 5 de julio se agudizará la crisis económica. El conflicto poselectoral que aparentemente se incuba dejará al país como a la guardería ABC, sin salidas de emergencia. En manos de Calderón, los Zavala y los Gómez del Campo.

De la Redacción de La Jornada


Este año, $9 mil millones a guarderías subrogadas


La Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados sostuvo que al presupuesto federal 2009 para servicios de guarderías y estancias infantiles de los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia se destinaron 12 mil 138 millones de pesos, de ellos 74 por ciento, es decir, 9 mil millones, se destinan al pago del servicio de subrogación privada.

Maricela Contreras, presidenta del órgano legislativo, consideró que la política de subrogación es muestra clara del fracaso del Estado mexicano para atender las necesidades de seguridad social.

Es inconcebible que al contar con recursos, el gobierno prefiera entregarlos a particulares para la operación de guarderías, cuando debería crear la infraestructura necesaria para prestar servicios de salud y de seguridad social para apoyar a la población, privilegiando a los sectores más desprotegidos, expuso.

Contreras Julián criticó a Felipe Calderón Hinojosa, porque tomó como bandera de su gobierno el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para apoyar a Madres Trabajadoras, sin embargo, esto no es otra cosa más que deshacerse de su responsabilidad de otorgar seguridad social a la población y utilizarlos con fines proselitistas.

Para la perredista estos programas han hecho que el gasto de gobierno se transfiera a particulares mediante la subcontratación de los servicios de guardería en el IMSS o subsidios para que la población tenga la posibilidad de poner una estancia infantil con requerimientos mínimos, como un espacio limpio y juguetes para su entretenimiento, sin que prive un modelo de desarrollo integral de los menores.

Una muestra clara del fracaso del Estado mexicano es la política en materia de seguridad social, pues poco a poco la sociedad mexicana ha ido perdiendo sus derechos y todo porque los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional han sido funcionales a los intereses de los que controlan los mercados. Las reformas del Seguro Social y del ISSSTE son una muestra de que se ha privilegiado a unos pocos en lugar de a las mayorías como los trabajadores, adujo Contreras Julián.

Grabación de Mauricio Fernández difundida por Reporte Índigo


Piden partidos indagar nexo de candidato de NL con narco

Roberto Garduño, Andrea Becerril y David Carrizales

Reporteros y corresponsal, La Jornada

Diputados de PAN, PRD y PRI demandaron al presidente Felipe Calderón se investigue de oficio el probable vínculo entre el candidato de Acción Nacional a la alcaldía de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, y el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, presentado por la revista electrónica Reporte Índigo.

El sitio de internet a cargo del regiomontano Ramón Alberto Garza, presentó una charla don-de el candidato panista habla de la situación de inseguridad en la zona metropolita de Monterrey y de cómo los gobiernos tienen que lidiar con el crimen organizado.

En la Cámara de Diputados, los legisladores calificaron de preocupante la relación del PAN con delincuentes, mientras el discurso gubernamental y del partido en el poder –sobre todo el de Germán Martínez, presidente del blanquiazul— se enfoca al combate a la delincuencia organizada.

Los diputados Javier González Garza, Alfredo Ríos Camarena y Cristian Castaño emplazaron a la administración federal, vía la PGR, a iniciar las pesquisas recurrentes.

Para el panista, Cristian Castaño, no hay alternativa, la declaración de su correligionario debe- rá aclararse: Yo puedo estar de acuerdo o no con el estilo que tiene Mauricio Fernández de hacer campaña o de expresarse, pero es un hecho que llegar a concluir que se ha sentado a pactar con narcotraficantes es muy aventurado. Hay que exigirle a él una aclaración y lo que puedo decir es que no hay reserva alguna de que se escudriñe y se investigue con todos los medios habidos y por haber para que no haya lugar a dudas del comportamiento y del perfil de nuestros candidatos.

El senador del PAN, Felipe González, sostuvo que todo militante o dirigente del blanquiazul que tuviera nexos con el narcotráfico o llegará a acuerdos con las bandas criminales, está fuera de ese partido. Sin embargo, agregó, no es el caso del candidato a la alcaldía de San Pedro, en Nuevo León, Mauricio Fernández Garza, quién ya aclaró que no tiene relación alguna con narcos.

Aspirante rechaza acusación

En Monterrey, el candidato panista Mauricio Fernández Garza expresó que son absurdas las conclusiones que sacó la revista Reporte Indigo, en el sentido de que se reunió con la banda de los Hermanos Beltrán Leyva para negociar su permanencia en San Pedro Garza García, a partir de fragmentos de diálogos de campaña que fueron sacadas de contexto.

Arremetió contra el director de la publicación, Ramón Alberto Garza, quien, aseguró, le pedía medio millón de pesos a través de su agente publicitario, Guillermo Martínez, y como no accedió a dicho trato, divulgó el contenido de una plática que hace más de un mes sostuvo con vecinos, al parecer (porque ha dicho lo mismo en otras partes) en casa del empresario Enrique Regules, uno de los amigos más cercanos del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Fernández Garza consideró que no habrá repercusión en su campaña, porque “primero hay que entender que Indigo me vino a pedir medio millón de pesos, por conducto de un muchacho, Guillermo Martínez, y al final se bajó a 70 mil pesos, que 25 mil con factura, y lo demás por fuera, pero resulta que Martínez, es el jefe de imagen de Juan Carlos Pérez Góngora (el candidato del PRI por el mismo municipio), pues qué chistosito, no, esto revela que es un contubernio para afectar mi campaña”.

viernes, junio 12, 2009


12 de junio de 2009

Comunicado No. 0609/019BP

La aplicación selectiva de la Ley

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC), organización de la sociedad civil sin fines de lucro que desde 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos, por este conducto manifestamos nuestra inconformidad por: a) la selectiva y discriminatoria respuesta de las autoridades gubernamentales a la obstrucción de la vía pública realizada por policías municipales de San Nicolás de los Garza y Escobedo; y b) los ilegales “métodos de investigación” aplicados por la policía federal y/o el ejército en contra de algunos elementos de policía municipal en las instalaciones de la Academia Estatal de Policía, con la complacencia de las autoridades estatales.

Aunque no estamos de acuerdo con el delito de “obstrucción de la vía pública”, nos parece sumamente grave la aplicación selectiva de la ley, al no sujetar a proceso a todos los policías que bloquearon importantes avenidas del municipio de San Nicolás de los Garza, puesto que dicha conducta actualmente sí constituye un delito. Es evidente que las autoridades estatales y municipales sí aplican todo el peso de la ley a hechos o situaciones de esa índole realizados por ciudadanos, más no a los efectuados por servidores públicos, siendo que éstos son los más obligados a acatar la ley y a no utilizar sus uniformes, insignias y armas en interés propio, así como a no poner en riesgo la seguridad de la comunidad.

En cuanto a los operativos federales llevados a cabo por militares, reiteramos que son inconstitucionales por violentar las disposiciones del artículo 14, conforme al cual las investigaciones de los hechos delictuosos debe realizarlas el Ministerio Público antes de privar de la libertad a los presuntos responsables y no después de ello. Además, al realizar las investigaciones debe de abstenerse de infligir tortura o malos tratos a los presuntos involucrados. De nada sirve que la actual administración pública haya formalmente adoptado el Protocolo de Estambul[1], si en los hechos no lo aplica, permite y tolera la práctica de la tortura e incluso autoriza que un servidor público que fue señalado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como presunto responsable de actos de tortura continúe desempeñando funciones públicas como custodio de menores de edad privados de la libertad[2].

Y por si no fueran suficientes abusos la detención arbitraria y la tortura, ahora los elementos policíacos afectados están siendo amenazados de no volver a ocupar sus puestos sino hasta que

hayan aprobado “pruebas de confianza”, ¿Acaso no basta con ser inocente de un delito y por ello recuperar la libertad? ¿Qué no dice la ley que la relación de trabajo se suspende por la detención del trabajador y se reanuda al recuperar éste la libertad por absolución?[3]

También es sabido que hay ciudadanos que han sufrido abusos y delitos a manos de policías y a pesar de que esos ciudadanos afectados los señalan y reconocen como los responsables de un ilícito, continúan en libertad y el Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales y de Servidores Públicos no ejerce acción penal contra ellos.

La contundente realidad nos dice que las autoridades estatales y municipales se alían con las autoridades federales para violentar los derechos fundamentales de los policías y se alía con éstos para violentar los de los ciudadanos.

¿Hasta cuándo las autoridades municipales, estatales y federales seguirán aplicando (manipulando) selectivamente la Ley sólo en beneficio de sus intereses propios?

Nuevamente exigimos a las autoridades competentes se apeguen a criterios de legalidad y justicia, sancionando las acciones contrarias a la ley, independientemente del rol de los presuntos responsables a fin de que avancemos en el camino democrático, respetando el Estado de Derecho.

¡No a la impunidad, sí a la legalidad!

¡Juzgados sí, torturados jamás!

Fraternalmente,

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS


[1] Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, suscrito por Nuevo león el 10 de junio de 2005

[2] Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos No. 42/99

[3] Ley Federal del Trabajo, artículo 42: Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: III.- La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. . .

¡A las urnas!

Ricardo Rocha
Detrás de la Noticia

Yo digo que si no vamos a las urnas, otra vez nos van a ganar los mismos abusivos de siempre: los delincuentes de cuello blanco
Yo digo que dentro de un mes demos una gran muestra de fuerza ciudadana.

Yo digo que estamos moralmente obligados a homenajear a todos los que a lo largo de 200 años han dado su vida por la libertad, la justicia y la democracia.

Yo digo que, a propósito, hoy es Jueves de Corpus.

Yo digo que ni la crisis económica ni el desempleo ni la incertidumbre ni la tragedia de Hermosillo nos deben amedrentar o abatir.

Yo digo que la rabia se manifiesta en las calles y no encerrados en nuestras casas.
Yo digo que con la abstención perdemos todo, todos. Yo digo que con la participación ganamos algo, todos..

A ver: no se trata de la polémica sobre la anulación del voto. Ni del voto en blanco. Mis respetos a quienes así lo decidan: a lo que voy es a la predicción de abstencionismo que según los expertos puede llegar a 65%; es decir, dos de cada tres ciudadanos pazguatos aplastadotes en su casa frente a la tele o encervezados en el restaurante mientras el otro de esos tres decide por todos; con el riesgo, por supuesto, de que sea un enviado específico de alguno de los partidos de los que tanto nos quejamos.

Yo digo que si no vamos a las urnas, otra vez nos van a ganar los mismos abusivos de siempre: los delincuentes de cuello blanco; los violadores de leyes y niños; los avorazados que hacen negocios seguros al amparo del poder; los que perpetraron matanzas como Acteal y Aguas Blancas; los que cerraron nuestros institutos productores de vacunas; los que desde sus oficinas magníficas generan más pobres cada día; los que han saqueado durante tantos años a este país; los que quieren robarnos el futuro; vamos, las ratas de dos patas, que diría la filósofa política Paquita la del Barrio.

Es muy en serio. No podemos dejarnos embozalar por los pillastres de cuarta; tenemos que ser ciudadanos de primera: ¡a las urnas!

Yo digo que podríamos darles una desagradable pero muy merecida sorpresa a los agoreros del desastre democrático.

Yo digo que ya es hora de decirles que estamos hartos de que decidan por nosotros.
Yo digo que ya es tiempo de restregarles en la cara que no nos pueden seguir engañando.
Yo digo que hay que decirles a las claras que este país es patrimonio de todos y no de unos cuantos.

A ver otra vez, yo ni loco intentaría imponer nada, sólo sugiero: por qué no, para empezar, ejercitamos la democracia ciudadana y en corto; discutámoslo en casa, en la oficina, con los condiscípulos, con los cuates. Ir a las urnas, como una posibilidad de expresar un esfuerzo por escoger alguna de las opciones, aunque ninguna de ellas nos deslumbre. Ir a las urnas para enviar un mensaje muy claro a los hombres y mujeres del poder de que no somos una masa informe sino la suma de individuos pensantes y actuantes.

Ir a las urnas para votar por quien se quiera. O para dejar claro nuestro rechazo con la anulación del voto. Para anotar el nombre de algún ciudadano honesto, de los que jamás son considerados por los partidos. O para escribir que “así no” o lo que se quiera. Pero ir a las urnas. Yo digo, ¿no?

En defensa del voto

ÁLVARO DELGADO

MEXICO, D.F., 8 de junio (apro).- El voto, por cuya vigencia efectiva se inició en México una revolución social hace exactamente un siglo y por cuya adulteración puede generarse un movimiento análogo, tiene un significado claro y radical: Apoyar o sancionar a quienes cumplen o traicionan sus compromisos con la sociedad.

Así, el voto es un puente --ciertamente efímero, pero contundente-
- entre los ciudadanos y quienes los gobiernan y representan, que ratifica o retira la confianza de aquéllos conforme a los comportamientos de quienes deben estar sometidos a un escrutinio permanente y a una evaluación periódica.

De esto se trata la elección del 5 de julio. Y esto es lo que soslayan --deliberadamente o por ignorancia-- quienes llaman a anular el voto.

La convocatoria a abolir el sufragio, que por supuesto no debe ser de suyo anatematizada --aunque se trata de un fenómeno multifactorial que incluye maniobras desde los ámbitos del poder para escabullirse a la sanción popular--, parte de un aserto que es también conclusión: Todos los políticos y los partidos son iguales.

Y eso es falso: No todos son iguales, porque los hay peores.

No es sarcasmo: Convertir a todos los políticos y sus estructuras partidarias en siameses es muy popular --y a eso obedece este fenómeno del movimiento "anulista" y del "voto blanco"--, pero es al menos una imprecisión inaceptable.

Es como imponer el mismo nivel de responsabilidad del desastre económico de México al alcalde de Erongarícuaro, Michoacán, y a Felipe Calderón. El munícipe nada tiene que ver con las instrucciones que el otro individuo imparte en la conducción de la política económica del país.

¿Quién prometió generar un millón de empleos cada año y quién ofreció disminuir la pobreza de 15 millones de mexicanos y acabar con la pobreza extrema de 10? ¿Fue ese alcalde, algún gobernador, de cualquier partido político, o fue Calderón?

Y antes: ¿Quién ofreció crecer a tasas de 7% del Producto Interno Bruto y cambiar el modelo económico? Fue Vicente Fox con el respaldo del Partido Acción Nacional (PAN).

¿No ha sido el PAN, con Fox y Calderón, los continuadores de la misma política económica de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo? Ellos mismos se ufanan del mismo modelo.

¿El PRD, el PT, Convergencia y los otros partidos políticos harían exactamente lo mismo desde el Poder Ejecutivo? Quizás, pero sólo hasta que lo hagan podemos decir, en lógica elemental y con respeto a la inteligencia de las personas, que entonces sí son todos iguales.

Pongo estos ejemplos del Ejecutivo porque otra de las insuficiencias de la campaña para anular el voto es que concentra el repudio en la representación popular, particularmente la Cámara de Diputados, como si --otra vez-- el desastre que hay en el país es de su completa responsabilidad y, así, encubrir la ineptitud del gobierno federal.

A nivel de los partidos políticos hay, en efecto, abundantes pruebas de cómo éstos y sus cúpulas actúan con la lógica de facción, pero también es innegable que hay temas que los diferencian y que son los que deben concitar una reflexión previa a la decisión de votar o no votar, o votar con un tache para todos.

Por ejemplo, qué partido y políticos apoyan, auténticamente, la educación gratuita, laica y obligatoria y qué partidos conspiran, en los hechos, contra ella. Qué partidos y candidatos usan el presupuesto para instrumentar programas sociales o cuáles sólo los activan en época electoral.

Más aún: Qué partido político en el gobierno ha hecho que, por ejemplo, en una ciudad de un millón 200 mil habitantes, León, Guanajuato, haya sólo una preparatoria pública. Y qué partido político en el gobierno ha creado una preparatoria pública para cada una de las delegaciones en el Distrito Federal.

¿Es un llamado a votar por tal o cuál partido que ha hecho tales obras en el ejercicio de gobierno? No, sencillamente es discernir y no acogerse a la generalización que desinforma y deforma.

Qué partidos, candidatos y gobiernos defienden los derechos reproductivos de las mujeres y cuáles los conculcan. Qué partidos, candidatos y gobiernos respaldan a los emprendedores y quiénes, también en los hechos, matan la iniciativa particular.

Decir, al respecto, que todos son iguales es tanto como invocar que se ataque con todo el poder del Estado a los vendedores callejeros de artículos chinos sin considerar que éstos ingresan gracias a la magnífica corrupción en las aduanas, cuya responsabilidad tiene nombre y apellidos.

Decir que todos son iguales es convalidar, es claudicar ante el proyecto de facción vigente y ver como fatalidad la desesperanza, que paraliza y mata.

Yo voy a votar por quienes, pese a todo, defienden las causas en las que creo...

Comentarios: delgado@proceso.com.mx




Acción Urgente: Agresiones y detenciones arbitrarias a integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CMDP)

Lic. Felipe Calderón Hinojosa

Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, Secretario de Gobernación

Lic. Mario Plutarco Marín Torres Gobernador de Puebla

Lic. Mario Montero Serrano
Secretario de Gobernación de Puebla

Lic. Rodolfo Igor Archundia Sierra PGJ de Puebla

Blanca Alcalá Ruíz Presidenta Municipal de Puebla

Lic. Othon Balleres Carriles Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado de Puebla

Gral. Mario Ayón Rodríguez
Secretario de Seguridad Pública de Puebla

Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza

Procurador General de la República Unidad de Derechos Humanos

Dr. José Antonio Guevara Bermúdez SEGOB

Lic. Marcia Maritza Bullen Navarro
Presidenta de la CEDH de Puebla

Dr. José Luís Soberanes Fernández Presidente de la CNDH

Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores

Dip. Javier González Garza
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

Alberto Brunori
Representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Santiago Cantón
Secretario Ejecutivo de la CIDH

Navanethem Pillay Alta Comisionada de la ONU


La Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, con domicilio para recibir información en Odontología 35, Col. Copilco Universidad, Delegación Coyoacán en la Ciudad de México solicitan su intervención urgente ante las agresiones y detenciones arbitrarias a integrantes del Movimiento Democrático Magisterial Poblano (MDMP).

Hechos.

El miércoles 10 de junio hacia las 12 horas del día, se llevaba a cabo una movilización pacífica por las calles Puebla por maestros de las secciones 23 y 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano en demanda de la reanudación de la mesa de negociación para suspender la aplicación de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). Los maestros iban acompañados de colectivos de activistas de la Otra Campaña, organismos civiles de derechos humanos, organizaciones sociales y ciudadanía en general.

Alrededor de las 14:30 horas se presentó la primera agresión contra la marcha cuando se encontraban realizando un mitin a las afueras del Congreso del Estado de Puebla. Alrededor de 150 granaderos, ubicados en las calles 16 de Septiembre y 3 Sur, sobre la 5 poniente, replegaron a los profesores que se encontraban en su local sindical. Los hicieron retroceder con empujones, golpes con toletes y escudos donde cayeron profesores y profesoras, siendo arrastrados por los granaderos. A los que quedaron en el centro, recibieron impacto de balas de goma y gas lacrimógeno.

Alrededor de las 15:10 horas se realiza una asamblea de maestros, definiendo que se retirarían para evitar enfrentamientos con la fuerza pública. Media hora después se percataron que por la calle de 9 Poniente se acercaba un contingente de aproximadamente 200 agentes entre granaderos, policías municipales, policías estatales, policía metropolitana, policía judicial, personas vestidos de civil y de un individuo enmascarado, éstos dos últimos protegidos por la policía.

Un grupo de maestros corrió y otros más se refugiaron en la iglesia de Santa Inés mientras los cuerpos policiales lanzaban gases lacrimógenos, incluso al interior de la iglesia. Suceso que también afectó a los vecinos de los departamentos y locales comerciales.

Otro grupo corrió hacia la calle 5 Sur siendo perseguidos por los cuerpos policiales mencionados. Durante la represión se dieron detenciones arbitrarias por parte de las personas vestidos de civil y el encapuchado. A las 17 horas desalojan el local sindical de la Sección 51 con lujo de violencia golpeando e intimidando a las y los profesores, incluso algunos de ellos fueron llevados a la Procuraduría Estatal en ambulancia. 15 profesores fueron detenidos y acusados de motín, daño en propiedad ajena, despojo y allanamiento de morada. Cabe mencionar que dos defensoras de derechos humanos de la organización Nodho de Derechos Humanos también fueron detenidas y golpeadas salvajemente siendo liberadas en el transcurso de la noche y al menos cuatro periodistas que cubrían el suceso resultaron heridos en la operación.

Lista de heridos

1. Pedro Euan Be- MDMP. Recibió el impacto de la bomba de gas en la espalda.

2. Gilberto Maldonado Maldonado, MDMP. Golpes.

3. Neli Cerón Flores, MDMP. Golpes

4. José Alfredo Velázquez Solano, MDMP

5. Claudia Patricia Hernández Pacheco.

Lista de desaparecidos

1. Teodulo Ebodio Rangel Guzmán- MDMP.

Lista de detenidos

1. Mariano Rolon Castelan- MDMP

2. Manuel Morales Espíndola- MDMP

3. Lourdes Valderrabano- MDMP

4. Evaristo Mateo Hernández- MDMP

5. Verónica Jiménez Jarquin- MDMP

6. Laura Jiménez Jarquin- MDMP

7. Marcelino Idelfonso- MDMP

8. María de Jesús Herrera López- MDMP

9. Floriberto Vergara Cañongo- MDMP

10. Mario Rubén Camaño Lara – MDMP

11. Sarahí (se desconocen apellidos)– MDMP

12. Elfego Márquez – MDMP

13. Rosa Isela Hernández – MDMP

14. Justino Jacinto Rosas – MDMP

15. Gregorio Martínez Hernández – MDMP

Resultan preocupantes los hechos ocurridos contra profesores del Consejo Democrático Magisterial Poblano, defensores de derechos humanos y periodistas como muestra del exceso de la fuerza pública de los cuerpos policiales y de los funcionarios responsables de brindar procuración de justicia; con lo cual, lejos de contribuir al pleno respeto de los derechos humanos se ahonda y promueve la impunidad y se criminaliza la protesta social.

Asimismo nos preocupa el estado de salud integral de los heridos, golpeados y detenidos.

Por lo anterior, las organizaciones de derechos humanos y sociales exigimos:

I. Que se garantice la integridad física y psicológica de las/los profesores integrantes del Consejo Democrático Magisterial Poblano, es necesario que se les brinde una atención médica adecuada para asegurar su bienestar integral.

II. Que se garantice a las y los detenidos el derecho a comunicarse con sus familiares y el derecho de contar con un abogado.

III. El cese de amenazas, intimidaciones y toda forma que menoscabe la dignidad humana de los integrantes y coordinadores de las organizaciones y también de los ciudadanos que solidariamente apoyan al Consejo Democrático Magisterial Poblano.

IV. Que el gobierno estatal garantice los derechos a la libertad de expresión, la libertad de reunión y de manifestación sindical e investigue los hechos sucedidos.

V. Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con base al artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicitamos que, en el ámbito de su competencia y atribuciones, inste a que investiguen los hechos aquí descritos de manera independiente, exhaustiva e imparcial con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales y/o administrativas previstas por la ley, así como informar de manera oficial de los avances del proceso.

VI. Que la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos con base en sus atribuciones y facultades, actúe en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos.

VII. Se tomen medidas concretas y urgentes para implementar la Declaración de los Defensores emitida la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidas.

VIII. A los organismos internacionales de protección de los derechos humanos, con base en el marco de sus atribuciones, expresen su preocupación ante la gravedad de los hechos e insten al gobierno mexicano a que atienda las peticiones planteadas.

ATENTAMENTE

Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP)

Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)

Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A.C.

Crónica de la marcha silenciosa en Hermosillo

Por Erich Moncada | SDP Noticias

Hoy 14:38

Foto cortesía de Natchío

Hermosillo, 11 de junio.- La sociedad hermosillense no suele manifestarse en la calle con frecuencia. Pero este día entre 7 mil y 8 mil personas de todas las edades y clases sociales abarrotaron las avenidas con una sola exigencia: Justicia. Podría equivocarme, pero esta se ha convertido en la marcha más concurrida en la historia de la entidad.

A las seis de la tarde inició la marcha silenciosa en solidaridad con las víctimas de la guardería ABC. Fue una caminata de diez kilómetros bajo un calor abrazador aunque tolerable. Dos mil personas avanzaron desde la guardería ABC, ubicada en la colonia Y Griega, ocupando los cuatro carriles del Periférico Sur hacia el Boulevard Vildósola. El volumen de asistentes aumentaba conforme la masa se aproximaba al centro de la ciudad.



En mantas y pancartas se expresaban leyendas como “IMSS, exigimos guarderías seguras”, “las irregularidad es obvia, tus pretextos ofenden”, “alto al lucro corrupto que cobran vidas inocentes”, “no queremos que politicen nuestro sufrimiento, exijamos soluciones” y “alto a la política asistencial del Estado mexicano”.

Foto cortesía de Benjamín Rascón

La mayoría de los asistentes eran mujeres con sus familias, profesionistas y estudiantes. Caminaban en silencio, con el rostro duro, de hartazgo, ante la mirada solidaria de vecinos y transeúntes. Muchos vestían de blanco, otros pocos llevaban globos blancos o veladoras. Los familiares llevaban en lo alto o abrazaban las fotografías de sus hijos fallecidos.

Me encontré con un ciudadano estadounidense que llevaba una pancarta que decia "Katrina / Bush, ABC / Bours". Originario de Illinois y residente de Hermosillo, el hombre dijo haberse enterado por Internet del incendio en la guardería. "Pienso que hay muchas similitudes entre lo que pasó en Nuevo Orleans con Katrina y lo que pasó aquí con los niños. En Estados Unidos y en México hay corrupción en el gobierno".

Foto cortesía de Benjamín Rascón

La caminata alcanzó su punto máximo al pasar por la Casa de la Cultura. Se hicieron paradas breves frente a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia y la clínica 37 del Seguro Social.

Como el movimiento no contaba con un liderazgo formal se presentó mucha desorganización, cuando a la altura de las calles Encinas y Paliza se separó un contingente rumbo al Palacio de Gobierno, mientras que la mayoría siguió hasta las escalinatas del museo de la Universidad de Sonora, sobre la calle Rosales. Creo que esto se debió a que el mismo día de la marcha hubo dos convocatorias: una que partiría a las 5 desde ABC hasta el Palacio; otra promovida por muchos blogueros y la página oficial del movimiento (www.angelesenespera.org), convocada a las 6 de la tarde, desde ABC hasta la clínica del IMSS.

Hubo comentarios de que una señora Bárbara Gutiérrez, líder vecinal que solía ser del PRD y actualmente milita en PRI, fustigó a los asistentes a no pasar por las oficinas de gobierno. Algunos asistentes señalaron que la CTM manipuló la marcha para desviar la ira ciudadana en contra del gobierno estatal.

El contingente de mil personas se aglutinó en las puertas del Palacio de Gobierno y rompió con el silencio de la marcha. A gritos se exigía la presencia y la renuncia inmediata del gobernador Eduardo Bours. “¡Asesinos, asesinos!”, exclamaba agresiva la muchedumbre. No se presentaron conatos de violencia.

Pero una mujer a que entrevisté aseguró haber visto a personas sospechosas tratando de caldear los ánimos:

"Veníamos en la fila y venían tres políticos. Me imagino eran del PRI
porque a uno le hablaron por el celular, y le preguntaron cuántos eran, 'son como trescientos, hagan relajo' dijo".

Otra señora comentó: “Era un tal diputado Villaseñor. Entonces yo también escuché que le dijo, 'son trescientos hagan relajo'. Pero yo no sabía de qué se trataba. Entonces veníamos escuchando la (Radio) Bemba y entonces nos enteramos de que eso se trataba y que era el relajo para cuando llegara la gente al Palacio".

Foto cortesía de Natchío

Poco antes de las ocho de la noche el grueso de las personas se aglomeraron en las escalinatas del museo de la UNISON y media hora después seguía arribando gente. Los ánimos rompieron el relativo silencio que había prevalecido. La masa reclamó: “todos los niños a Sacramento, (California)”, “cárcel a los socios (del IMSS)”, “justicia sin color” y “fuera Bours y sus negocios”. Algunos oportunistas, como la señora Gutiérrez, fueron abucheados por los marchantes cuando se convirtieron en figuras visibles. También los medios de comunicación se llevaron su buena dosis de repudio, en especial los camarógrafos de Telemax. “Información verídica de los medios”, exigieron los presentes. También abundaron los llamados a la abstención o al voto nulo en las elecciones del 5 de julio.

Foto cortesía de Natchío

Uno de los organizadores y me comentó que verían con buenos ojos que se replicara la manifestación en la Ciudad de México o en otros puntos del país, aunque ellos no tienen pensado en hacerlo.

Se equivoca quien piensa que los capitalinos son recatados y conservadores; hay un número nada despreciable de ciudadanos informados y politizados. Al menos en los últimos diez años, Hermosillo ha dado muestras de movilizaciones concurridas. El sociólogo Benjamín Alonso Rascón, estudioso de los movimientos sociales, recuerda algunas protestas ciudadanas en febrero y marzo de 2003 en contra de la invasión estadounidense a Irak. Otras, menos abultadas pero relevantes se dieron por motivos nacionales: En 2005 contra del desafuero de AMLO, en 2006 por el conflicto de Oaxaca, en 2007 la Marcha de la Tortilla de 2007, o el movimiento en solidaridad con los defensores del parque Villa de Séris de 2008.

Foto cortesía de Natchío

La participación rebasó las expectativas y exhibió un alto grado de civilidad de los hermosillenses, quienes nos volveremos a reunir para demandar justicia y castigo a los responsables este sábado 13 de junio.

Testimonios:


Mercedes, ama de casa: “Estoy aquí por la impotencia. Por el dolor ajeno. Porque gracias a Dios en la familia no pasó nada. Lo único que quisiera es que encuentren al culpable. ¿Quién fue el culpable? El que no tuvo cuidado de que la guardería tuviera un techo de vaciado. Las autoridades saben quién es el culpable”.

Foto cortesía de Benjamín Rascón

Cármen Valdez, sicóloga: “Vengo a protestar por los asesinatos, por la imprudencia, por la negligencia, por la falta de justicia. Son cinco días y no hay detenidos. Que las madres y los padres tengan un espacio seguro donde dejar a sus hijos. Instituciones que nos garanticen nuestros derechos. Y justicia por supuesto”.

Gisela Carvallo, investigadora del CIAD: “Vengo a esta marcha por indignación. Le exigiría a las autoridades que lleguen hasta las últimas consecuencias y que hagan justicia. Así como dijo el gobernador Eduardo Bours, que no iba a proteger a nadie y que realmente lo haga. Que no estén diciendo que (la guardería) cubre todas las normas porque es obvio que no había salidas de seguridad. Ofenden con los pretextos que están poniendo de que todo estaba bien cuando se ve que no era así".

Guillermo Noriega, director de Sonora Ciudadana: "Pido que se acabe la impunidad en el país, que se acaben los influyentismos. Que la sociedad despierte, que se de cuenta que gobernar no es un juego, que elegir gobernantes no es un juego. Que ser gobernador no quiere decir que puedas andar en cabalgatas. Más les vale que haya justicia en este caso".

Foto cortesía de Benjamín Rascón

Ramsés Chaires, promotor cultural: "Me trae a esta manifestación la fuerza, la unión. El silencio cura. Vengo a solidarizarme con los deudos y con la memoria de los niños. No tengo relación de sangre con alguno de los familiares afectados, pero todos somos hermanos en esta tierra y me compete, como humano me interesa".


Foto cortesía de Natchío

Beatriz Salas, publicista: "Vengo a exigir los derechos que tenemos los hermosillenses de que se resuelva esto, de que no vuelva a pasar. Y sobre todo que el IMSS cumpla con las condiciones que deben tener las instituciones y más porque pagamos impuestos para que se realicen. Confío en que habrá justicia en este caso y si no, pues vamos a seguir manifestándonos".

Foto cortesía de Natchío

Gustavo Lorenzana, profesor universitario: "Estoy aquí en apoyo y en respaldo de las familias que perdieron a sus seres queridos. Pero también para manifestar mi molestia, mi enojo por este sistema que tenemos durante décadas, donde se ha dado el desmantelamiento del Estado de bienestar a costa precisamente de los que menos tienen. Mi exigencia es que se castigue a los culpables, no es necesaria tanta investigación. Las pruebas que se han presentado demuestran totalmente que era un lugar inseguro para los niños. Que se actúe con prontitud para que no se permita que pasando el tiempo se le eche tierra al asunto. Tienen que castigar a los culpables".

Foto cortesía de Benjamín Rascón

Josué Barrera: Me trae a esta manifestación la injusticia, la negligencia que se vivió el viernes pasado. Yo creo que se deben esclarecer los hechos, el esclarecer qué fue lo que pasó ese día y deslindar responsabilidades. Y ya terminar con esta corrupción, con esta negligencia, con este tráfico de influencias, con este clientelismo por parte de la clase gobernante.

(Fotos cortesía de Benjamín Rascón y Natchío)

Guardería en Sonora: contubernio y negocio gubernamental


Por Silvia Núñez Esquer/corresponsal


Hermosillo, Son., 8 junio 09 (CIMAC).- El polvo y el humo siempre fueron los problemas de la Y Griega. “La peste por el rastro, cuando molían los huesos no dejaba dormir”, son expresiones de fundadoras de la colonia Y Griega, ubicada al sur de Hermosillo, donde el pasado 5 de junio murieron en un incendio 41 niñas y niños (cifra hasta el cierre de esta edición).


Los “hoteles de paso” proliferaron en el área y forman parte del panorama urbano. Instalada en terrenos ejidales, la Y Griega es una colonia de mujeres y hombres trabajadores.


Ubicada cerca del parque industrial más grande de Hermosillo, el tránsito foráneo por fuerza recorre su periferia en el camino del norte al sur. Mujeres trabajadoras de maquiladora, algunas madres solteras, son quienes habitan el rumbo y por ende, quienes buscan un lugar seguro para dejar a sus hijas e hijos cuando van a trabajar.


Todavía sin pavimentar, las calles de la Y Griega acogen bodegas, talleres y parqueaderos de trailers. Las refaccionarias de transporte rudo son el panorama común. Colindando con el periférico sur, donde hace 30 años terminaba la ciudad, la Y Griega desde hoy se recordará como el sitio de la peor tragedia conocida en el país por la cantidad de muertes evitables de niñas y niños.


LAS GUARDERÍAS DEL PANISMO


A penas a las 12 del viernes, el periodista Álvaro Cepeda Neri decía del gobernador Eduardo Bours Castello: “es llamado el Hood Robin, porque le roba a los pobres para darle a los ricos”, al presentar el libro: El Expediente Bours.


Tres horas después, la locura del infierno confirmaría parte de esto. La guardería-bodega incendiada pertenece al sistema de Estancias infantiles concesionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y apoyadas económicamente por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).


Los dueños, emparentados con Felipe Calderón y con la familia Bours Castelo, se han beneficiado del sistema que paga aproximadamente 700 pesos mensuales por cada niña o niño inscrito en estas guarderías.


Aunque no es la primera vez que muere un niño en una de las guarderías del sistema Sedesol, es ésta la más impactante, por la cantidad de fallecidos, 41 hasta el momento, y 5 más con pronóstico negativo.


La forma vertiginosa en que se revelaron las condiciones en que se otorgan permisos sin salvaguardar la integridad de las y los usuarios, tiene en la mira a las instituciones que permiten operar a un centro con más de cien personas indefensas y con las mínimas condiciones de seguridad que respondan de manera óptima a los posibles riesgos.


Hasta ahora, la Secretaría de Salud, Protección civil, Ayuntamiento de Hermosillo, Gobierno del estado, Sedesol, e IMSS han dicho que la guardería ABC, subrogada del IMSS, contaba con todas las condiciones adecuadas para operar, incluidos los permisos necesarios.


No obstante, han callado a las preguntas: ¿Por qué sólo había una puerta angosta supuestamente de emergencia, cuyo sistema eléctrico impidió que se abriera rápido? ¿Por qué la guardería opera a menos de una cuadra de una gasolinera, que por cierto los vecinos se opusieron a su instalación?


¿Quiénes son los responsables de otorgar los permisos? ¿Qué hacía la guardería ubicada pared con pared con una bodega donde se guardaba combustible, en la cual empezó el incendio? Bodega que, por cierto, es de la Secretaría de Hacienda.


Las respuestas apuntan a la irresponsabilidad para beneficiar personas, a costa de la población pobre. El sector de la Y Griega es periférico a la ciudad. Es un paso de transporte pesado. En ella hay bodegas, almacenes, refaccionarias.


La guardería misma, hasta hace unos años, se utilizaba como bodega de un comercio que vende muebles en abonos, llamada Citlali. Por eso su pared es compartida con otros almacenes. La adecuación para guardería no cubrió los mínimos requerimientos para ser utilizada como estancia infantil.


El propio alcalde de Hermosillo Ernesto Gándara informó que en 2001 el edificio donde se instaló la guardería ABC obtuvo el permiso de uso de suelo como “mixto”, por lo que puede operar como vivienda o como comercio.


Tal era, al parecer, el significado que tenía la guardería: un negocio en donde se optimizaron gastos para hacerlo más redituable, a costa de vidas humanas.


Sin patio, sin ventanas y con sólo una puerta de emergencia, cuyo sistema eléctrico ante la emergencia se resistió a abrirse, reflejan el horror de descubrir la negligencia de los gobiernos de los tres niveles, que manejan las guarderías como un sistema de franquicias concesionadas a sus familiares y allegados.


NORMAS OFICIALES IGNORADAS


La NOM-167-SSA1-1997, para la prestación de servicios de asistencia social para menores de edad y adultos mayores define que son necesarias puertas de salida de emergencia con la dimensión necesaria y dispositivos de fácil operación, lo que contradice la realidad de la guardería ABC.


También especifica que en muros no se deben utilizar materiales inflamables o que produzcan gases y humos tóxicos. En la guardería ABC su techo de lámina estaba recubierto de poliuretano, altamente inflamable, que en segundos se convirtió en una lluvia de fuego que cayó sobre las y los niños.


Por su parte, la norma que reglamenta las estancias infantiles del IMSS, dice que el personal de la guardería permanentemente deberá vigilar que no existan al alcance de las y los niños factores de riesgo que afecten su integridad física.


Esto no pudo cumplirse ya que sólo se toma en cuenta el interior del inmueble, más no los inmuebles contiguos de los que sólo las separa una pared. Además se indica que se deberá cumplir con lo determinado en el Programa de protección civil de cada entidad.


En el reglamento de la Ley de protección civil del estado de Sonora dice que Agente destructivo de origen químico-tecnológico: Son los fenómenos perturbadores generados por la acción violenta derivada de la interacción molecular o nuclear de diferentes sustancias, ligados al desarrollo industrial y tecnológico; afecta principalmente a las grandes concentraciones humanas e industriales, son fenómenos destructivos tales como incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas y radiaciones.


De igual forma define análisis de riesgo como la técnica que, con base en el estudio de las condiciones físicas de un edificio u obra, de sus contenidos y sus ocupantes, determina el nivel de peligro o exposición a emergencias, siniestros o desastres del mismo, así como las probables afectaciones externas a la población, sus bienes, entorno e instalaciones vecinas.


En la guardería ABC se ha jugado con esto. El director de protección civil municipal, Roberto Copado Gutiérrez, admitió que la última revisión y práctica de simulacro de evacuación se realizó en junio de 2008, hace un año, cuando la ley de protección civil dice que se deben hacer por lo menos cada 6 meses.


El riesgo inminente se define como la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un agente destructivo en forma inmediata o en un plazo tan breve, que no permita la imposición de medidas correctivas, de tal manera que amenace con un siniestro, emergencia, desastre o acción susceptible de causar daño o perjuicio a las personas en su integridad, vida, sus bienes y entorno.


También dice que las unidades internas de protección civil deberán “Identificar los peligros internos y externos a los que están expuestos los inmuebles y realizar el análisis de riesgo correspondiente”.


Así como llevar a cabo la realización de simulacros por lo menos cada seis meses; fomentando la participación e interés del personal para la realización de los mismos. El último simulacro según el responsable de protección civil en Sonora, se realizó hace un año.


Para los efectos del Artículo 37 de la Ley, se entenderá que tiene capacidad de afluencia masiva cualquier inmueble o edificación que por sus dimensiones pueda recibir o contener a cincuenta o más personas o que en el mismo, durante un periodo de veinticuatro horas circule ese mismo número de individuos, en donde se incluirán las personas que trabajen en el lugar. En la guardería había 176 niños, más el personal.


Se considerarán como instalaciones, áreas y ocupaciones de alto riesgo, aquellas en las que se: “almacenen o distribuyan gases o líquidos inflamables o combustibles”. En el caso de la guardería ABC era como si el combustible estuviera en el mismo edificio, puesto que los separaba de él sólo una pared.


Todas las disposiciones de la Ley de protección civil del estado de Sonora son bajo el supuesto de una edificación normal, no de una bodega adaptada para guardería.


CORRESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO ESTATAL


En agosto de 2006, el gobierno del estado de Sonora, dio a conocer, sin más explicación, que los centros de desarrollo infantil Fernanda Luken de Obregón y Beatriz Velazco de Alemán, operados por el DIF estatal, cerraban sus puertas, para dar paso a la operación de 28 “Casas de apoyo”, servicio prestado por particulares en casas dispersas por la ciudad.


Los nuevos centros de cuidado de niñas y niños, con la vieja técnica de “cuidar niños” dieron al traste con la profesionalización que se había logrado a partir de los años setentas al crecer el sistema de centros de desarrollo infantil.


Poco después, se dio a conocer que también el Centro de la colonia Adolfo de la Huerta, del DIF, cerraba sus puertas a las niñas y los niños, dejando así a cerca de 900 de ellos a la deriva.


Muchas de las madres trabajadoras regresaron a la incertidumbre de dónde dejar a sus hijas e hijos, optando muchas por dejarlas en las casas de apoyo, sin ningún tipo de certificación que garantizara un cuidado profesional.


Otras tantas, vieron como una oportunidad, con tranquilidad, el ingresar a sus pequeños en las guarderías del IMSS, pues suponían estarían mejor supervisadas.


Según el director del IMSS en Sonora, existen hoy 88 guarderías, de las cuales 79 están dentro del esquema de subrogación y solo nueve bajo el régimen ordinario.


Ante esto, el gobierno del estado nunca dio una explicación a la sociedad, y los centros se convirtieron en oficinas. Y con ello abonó al desastre que el viernes pasado conmovió al mundo.


CRIMEN DE ESTADO, VIOLACIÓN DE NORMAS

Irónicamente, el objetivo del programa de estancias infantiles de Sedesol establece que busca disminuir la vulnerabilidad de los hogares en los que la jefatura de una familia con niñas o niños entre uno y dos años 11 meses de edad recae en una madre trabajadora o padre solo, así como de los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos en el momento de solicitar el apoyo, aumentando las posibilidades de éstos de participar en el mercado laboral.


En la modalidad de apoyo a madres y padres trabajadores, los hogares cuyo ingreso sea menor a seis salarios mínimos con al menos un niño o niña de uno a dos años 11 meses de edad en los que las madres o padres o principales cuidadoras que trabajan o están buscando trabajo, y no tienen acceso a servicios de guardería o cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social u otros medios.


Establecido por este programa, las guarderías del IMSS dan servicio directamente a la población de menores ingresos. Para ser usuaria o usuario de estas guarderías la persona solicitante deberá estar en condiciones de pobreza. Que la guardería o estancia infantil esté ubicada en una zona de alta concentración de pobreza o marginada.

Los niveles de ingreso de las usuarias parecen directamente relacionados con el escaso nivel de atención a la organización y prestación del servicio que, más lejos de beneficio, se tornó en tragedia. Por eso las palabras del director del IMSS, Daniel Káram Toumeh, sobre la supuesta revisión que se hizo a la guardería ABC, que “cumplía con todos los requisitos”, el pasado 26 de mayo, resultaron un insulto para la irritada población hermosillense.


SOCIAS Y SOCIOS DEL PODER


La subrogación, como forma de eludir responsabilidades para con las mujeres trabajadoras y negocio redituable para las familias adineradas, no pudo, sin embargo, ocultar la identidad de socias y socios dueños de esta guardería ABC.


Al dar a conocer públicamente sus nombres a través de un comunicado del Gobierno del estado y luego en diarios locales y hasta en un video en Youtube, se reveló que las y los dueños son prominentes sonorenses no solo por su posición económica, sino también por sus nexos políticos con Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, y de Eduardo Bours, gobernador de la entidad.


Como lo dio a conocer ayer el Registro Público de la Propiedad en Sonora, son dueños Sandra Lucía Téllez Nieves, esposa (según la prensa local) del subsecretario de Ganadería del Gobierno sonorense, Alfonso Escalante Hoeffer, quien es cuñado de Ricardo Mazón Lizárraga, otro famoso empresario en la entidad, muy cercano al gobernador Eduardo Bours y a su hermano Ricardo.


También aparece como dueña Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, quien sería sobrina de Margarita Zavala. Altagracia es hija, según medios locales, del empresario Roberto Gómez del Campo, dueño de empresas vinculadas con la atención a la niñez, como el patronato La Burbuja y el Museo del Niño en la entidad y tío directo de la esposa de Calderón. La madre de Altagracia Gómez figura, por otro lado, como representante legal de la Sociedad de Damas de la Caridad IAP (Casa San Vicente) que alberga a indigentes enfermos de tuberculosis.


Se nombró también en el Registro Público de la Propiedad a Gildardo Francisco Urquides Serrano, empresario del ramo turístico, secretario de Finanzas del PRI estatal e integrante del Consejo Consultivo del Infonavit.

No era ésta, sin embargo, la única guardería que opera esa razón social, hay más en el estado con el mismo esquema: habilitar bodegones pues resulta más económico que hacer una nueva construcción con todas las especificaciones de funcionalidad y seguridad.


El mejor homenaje que pudieran tener las niñas y niños fallecidos es la aplicación de la justicia a los responsables de que una doctora gritara, ante madres y padres afligidos: “tenemos una niña sin identificar, que tiene sus uñitas pintadas de verde”.