El desalojo a maestros en Guerrero,
ensayo de la represión que viene
Posted By ada On abril 7, 2013 @ 12:57 In Geografía,México,Reportajes,Reportajes
México
Guerrero, México. Detrás de la represión
salvaje contra los profesores de Guerrero, que exigen el cumplimiento de los
acuerdos tomados con el gobernador Ángel Aguirre para la reforma educativa,
existen dos procesos que son ensayos de lo que viene para México: las
imposiciones violentas de reformas pro empresariales y la articulación de
movimientos sociales para resistir al autoritarismo.
La historia de Guerrero es la historia de las
luchas sociales y también la historia de represión al movimiento de los
copreros en la década de los sesenta; de los asesinatos de dirigentes sociales;
de la guerra sucia entre 1964 y 1974; de la lucha por la autonomía
universitaria; de la insurgencia magisterial que sigue desde los años setenta y
hasta la actualidad; de la conquista del primer ayuntamiento de oposición en la
historia política de México, en Alcozauca; de la movilización ciudadana
electoral posterior al fraude de 1988; de los desaparecidos; de la matanza de
Aguas Blancas en 1995; de la matanza en El Charco, Ayutla, en 1997; de los
asesinatos de campesinos ecologistas; de la lucha contra la presa hidroeléctrica
La Parota y contra las empresas mineras en los territorios indígenas. La de
Guerrero es la historia de la dignidad contra la represión gubernamental. Es la
historia de insurgencias libertarias, de hombres y mujeres sencillos y humildes
que luchan por justicia y democracia, por derechos y por dejar de ser la
referencia nacional de la marginación social.
El desalojo hecho por la Policía Federal contra
los maestros guerrerenses el 5 de abril en la carretera México-Acapulco es el
resultado de la cerrazón de las autoridades para dar solución a las demandas
del pueblo y el magisterio guerrerense. La estrategia es agotarlos, cansarlos y
negar los espacios del diálogo. Se mantiene la mano dura en la respuesta que se
da a los movimientos sociales y las necesidades de la gente. Las reuniones
entre maestros y autoridades han sido sólo una cortina y, de parte de las
autoridades, hacer como que se dialoga mientras se prepara la represión. A las
autoridades poco les importa si en el plantón y las movilizaciones hay hombres,
mujeres, niños, mujeres embarazadas, familias completas y ciudadanos que se
solidarizan con el movimiento.
Los maestros, en su mayoría indígenas,
provenientes de la Costa Chica, la Montaña y la zona centro de la entidad,
utilizaron como un recurso para hacerse escuchar y ante el rompimiento del
diálogo con las autoridades, el bloqueo a la carretera México-Acapulco,
justo en el punto donde hace un año fueron asesinados los estudiantes
normalistas de Ayotzinapa. La táctica de las autoridades, como respuesta a los
movimientos sociales, es la misma para todos: la intimidación con órdenes de
aprehensión, las amenazas de despido, descuentos salariales, levantamiento de
actas administrativas a los maestros que se mantengan en paro, el despido y
renuncia obligada, la falta de diálogo, la cerrazón e intransigencia.
Los desplegados pagados por los empresarios
convocando y justificando la represión en medios de comunicación es una lógica
beligerante por parte de los dueños del dinero, y nuevamente confirma a la ciudadanía
que la justicia sí existe para los empresarios, amparados en el falso discurso
de que se afecta al comercio y al turismo. Este turismo y las ganancias que
deja son para los ricos, mientras se engaña a la población con simples empleos
de camareros, meseros y en la servidumbre. Los dueños del capital culpan a los
manifestantes de la decadencia del turismo, lo que en realidad es producto no
de las manifestaciones sociales, sino de la violencia que han sembrado las
mismas autoridades, el abandono a la población y la falta de políticas públicas
de desarrollo social, de equidad y justicia. El clima de inseguridad es lo que
hace que el turismo haya dejado de tener como destino Acapulco.
Ahora se da un despliegue desmedido de fuerzas
policiacas para contener a los maestros. Los recursos son utilizados para
reprimir, en vez de invertir en educación. Los edificios públicos, como el
Palacio de Gobierno de Guerrero, el Congreso del Estado, hoteles, calles y
centros policiacos se han convertido en cuarteles donde se encuentran policías
federales, estatales y municipales a la espera de órdenes para reprimir al
pueblo. Los constantes rondines del ejército y la marina, así como la
utilización de aparatos tecnológicos de punta, es un despliegue de fuerza para
contener a la sociedad organizada. Forma parte de una lógica de contención,
zozobra, temor e inhibición de la participación social. Las declaraciones a la
prensa del presidente de la República, el gobernador y el secretario de
gobierno es para jactarse de la tener el derecho de la “violencia legítima” y
de “hacer cumplir la ley”. Y es que la represión ha sido constante en Guerrero
como forma de dar respuesta a las demandas sociales. En un ensayo de lo que se
puede aplicar a toda muestra de inconformidad social en distintos puntos del
país.
Un nuevo frente social
La articulación del movimiento de los maestros y
otras fuerzas ciudadanas organizadas nos da otra lectura. Las organizaciones
que se sumaron al movimiento magisterial fueron los fundadores del Consejo
Guerrerense 500 Años de Resistencia, el Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), un sector de la Policía Comunitaria, el colectivo #YoSoy132
Chilpancingo, el Frente Unido de Escuelas Normales Públicas del Estado de
Guerrero (FUNPEG), la Policía Ciudadana y Popular, entre otros, lo que indica
un ascenso en la lucha magisterial y la incorporación de nuevos actores en la
lucha contra la reforma educativa impulsada por el gobierno federal, asumida y
acatada por las autoridades estatales.
El tejido de alianzas se convierte poco a poco en
un movimiento popular ciudadano en rechazo a las políticas públicas educativas
y a la forma de gobernar de Ángel Aguirre Rivero, basada en la intolerancia y
el autoritarismo. También desenmascara su actitud, ligada a las prácticas priístas,
de alianza con los poderes empresariales. El cansancio de la sociedad
guerrerense no sólo es por la reforma educativa, sino también por las alzas a
los impuestos, a la gasolina, a los servicios, a la canasta básica, por las
desatenciones y el incumplimiento de brindar seguridad a la sociedad.
Los ciudadanos organizados de Guerrero empiezan a
tejer una alianza en defensa de sus derechos y libertades con demandas
históricas.
La clase política del PRD, las autoridades y
los empresarios unidos
El nuevo gobierno emanado del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) es obtuso en la construcción de proyectos
sociales. El Congreso se encuentra supeditado a lo que marca el gobernador en
turno. La mayoría de quienes se encuentran ocupando las curules llegaron a
hacerlo envueltos en situaciones de imposición política y métodos
antidemocráticos de elección, basados en la cooptación y uso indiscriminado de
recursos económicos para elegirse. Hoy muestran su rostro de intolerancia y
falta de oficio político; responden a las iniciativas gubernamentales y
aprueban reformas en contra del pueblo. El PRD en Guerrero, como partido, ha
derivado en grupos familiares, cúpulas y en el buscar perpetuarse en el poder
sin importar la ética y los principios de servicio social. Una crisis de
identidad y amnesia histórica es la que se observa en los integrantes de la
cúpula de dicho partido, que establece alianzas con el PRI para realizar y
aprobar reformas antidemocráticas.
El sector político de la entidad, con una mayoría
en el congreso compuesta de miembros del Partido de la revolución Democrática
(PRD), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano,
Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista Mexicano, votaron a favor de una
ley estatal de educación que no beneficia a la población.
Unos días antes, existía un compromiso entre la
Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) y el
gobernador de la entidad consistente en la promoción de una ley que garantizara
los derechos sociales y colectivos y la gratuidad de la educación, que el gasto
de las escuelas estuviera en manos de las autoridades y no en los padres de
familia, que se creara un Instituto Autónomo de Evaluación Educativa en el
Estado de Guerrero, que se otorgaran plazas automáticas a los egresados de las
escuelas normales públicas, entre otros compromisos. Sin embargo, el 2 de abril
los legisladores aprobaron una ley estatal que contravenía todos los acuerdos
establecidos entre el gobernador y los maestros. Este hecho enardeció a los
docentes porque no se cumplieron los protocolos administrativos y de
legislación, dado que sólo fue una comisión quien dio lectura al documento, que
muchos diputados desconocían.
Ese hecho detonó el rompimiento de las
negociaciones y el diálogo. En los días posteriores, los maestros iniciaron una
escalada en sus manifestaciones hasta llegar al 5 de abril con el bloqueo a la
carretera México-Acapulco. Los maestros resistieron los embates salvajes de la
Policía Federal. El saldo es de varios docentes detenidos y algunos
desaparecidos, algunos heridos y muchos profesores con crisis nerviosa. Después
del suceso, los docentes entraron a un repliegue y articulación con
organizaciones sociales y sus comunidades de origen.
Lo que sucede en Guerrero es el ensayo de lo que
viene, de la represión y de la imposición de leyes en contra de la población.
No es raro en una coyuntura en que se ha golpeado a otros movimientos sociales
del país en la última década. Es una escalada y son ensayos que se pueden
aplicar en otros lugares. Empezar en Guerrero es una pequeña muestra, pero la
resistencia y la indignación también crecen, la dignidad se mantiene y emerge.
Publicado el 08 de abril de 2013
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