sábado, mayo 09, 2009

Este 10 de mayo, acompañemos a los compañeros mineros


Guerra a los pobres, paz a los turistas.

Pietro Ameglio,

La jornada de Morelos, 4 mayo 2009


En estos tiempos de guerra de muy diferentes características en todo el territorio nacional, promovida a diario por todas las instancias de gobierno y sus aliados, está surgiendo una nueva táctica oficial: desde hace mucho tiempo hemos ido presenciando el proceso incontenible de criminalización del activismo social, con su pico más alto y con un grado increíble de inhumanidad y miserabilidad en la impune condena a los presos de Atenco en La Palma, recordando el próximo 3 de mayo el salvaje operativo oficial con asesinatos, violaciones y cárcel. Ahora estamos asistiendo a una creciente criminalización de los pobres, no de la pobreza a la que todos los días se promueve abundantemente con las políticas económicas gubernamentales. Ensañarse moral y policialmente con los económicamente más débiles denota un alto grado de miserabilidad humana.

Algún miembro del cabildo de Cuernavaca sospecha que detrás de esta lucha hay intereses ocultos, partidistas o desestabilizadores del orden social, no alcanzan a comprender que detrás sólo hay ciudadanos pensantes, con un conocimiento de la historia y de lo lejos que estamos de llamarnos humanos como especie. La construcción de una identidad moral humanista no permite que alguien deje pasar y avanzar tamañas acciones racistas, clasistas, ilegales, bélicas e impunes. Conocer la historia nos enseña que cuando los procesos deshumanizantes se desencadenan uno nunca sabe a dónde van a llegar.


El proceso genocida nazi no llegó mágicamente al exterminio de seis millones de judíos en las cámaras de gas, esto no se dio de un día para otro por la perversidad de algunos líderes desequilibrados, no fue la acción de pocos sobre muchos, al contrario fue la acción de muchos (grandes porciones de las sociedades europeas y norteamericana) sobre pocos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la inmensa mayoría de la población no alcanzó a captar la degradación social moral que estaba en curso para construir tamaña inhumanidad, y se instaló en muchas formas de complicidad –voluntaria y no. Primero se alimentó el prejuicio en todos lados del judío rico causante de los males alemanes; luego se les “marcó su cuerpo”, negocios y casas con estrellas amarillas; después se quemaron en plazas públicas libros de autores judíos; posteriormente se les prohibió trabajar en la administración pública; a continuación se les encerró en ghettos; luego se les mandó a campos de trabajo; después a campos de concentración y finalmente a campos de exterminio. De ahí que los procesos de guerra, instalados en el orden social en todas sus esferas según Foucault, comienzan con la extensión del pre-juicio y pueden acabar hasta en el genocidio, si la sociedad no los detiene a tiempo.

Actualmente en nuestro país están en pleno apogeo políticas de “marcar cuerpos y limpiar calles”: en Aguascalientes se tortura, corta y pinta de tricolor el pelo a los reincidentes en delitos menores, en Guanajuato y Culiacán se prohíbe besarse en la calle y decir groserías, en León se mantiene desnuda a la vista del público y tortura a una estudiante en la cárcel municipal, en Querétaro se extorsiona a artesanas indígenas, en Tuxtla se impide a pepenadotes trabajar, en Cuernavaca se prohíbe el trabajo en la calle (desde artesanas indígenas, vendedores de animales hasta limpiavidrios y vendedores de dulces en los cruceros) y se les pone playeras azules y gafete a los trabajadores autorizados en los semáforos aludiendo a la limpieza de la ciudad…

El sistema democrático liberal que nos rige tiene como uno de sus máximos pilares el carácter de la representatividad, eso es lo que otorga aparente legitimidad a los gobernantes. A la vez, este punto es de los aspectos más en crisis y cuestionados actualmente, pues los representantes asumen el poder y no toman en cuenta para nada a sus representados en la toma de decisiones que corresponden a los reales intereses económicos y políticos que los “pusieron” en ese cargo. Los regidores y presidente municipal de Cuernavaca que modificaron el artículo 129 del Bando de Policía y Buen Gobierno no consultaron a ningún sector de la ciudadanía para criminalizar a los trabajadores de la calle, adujeron en el texto a un estudio de Transparencia Mexicana del 2005 que habla de Morelos en general en dos cuartillas, y nunca han presentado públicamente las denuncias ciudadanas que citan textualmente acerca de choques, robos y extorsiones de trabajadores de la calle en parques y cruceros de la ciudad. Sin embargo, con base en sus prejuicios sociales de clase y profunda ignorancia de lo que es la calle se han permitido castigar policial (36 horas de cárcel) y materialmente (100 salarios mínimos) a quienes luchan con toda dignidad contra el hambre en la calle.

Todo esto además en una de las coyunturas contemporáneas de mayor crisis económica nacional: de noviembre de 2008 a enero 2009, 540 mil quedaron sin empleo y hubo casi 6 mil despidos al día (IMSS); Casi 2 millones de mexicanos sin empleo al finalizar 2008 (INEGI); la mitad de los trabajadores del país pertenecen al sector informal (INEGI).

Por otro lado, esta nueva disposición del Artículo 129 es notoriamente anticonstitucional, pues viola flagrantemente la garantía constitucional referente a la liberad de ocupación que debe prevalecer en México, al considerar como “infracciones al orden público, las buenas costumbres y la moral” la prestación de servicios, la comercialización de productos o el hecho de solicitar dádiva en la vía pública. El artículo 5º de la Constitución señala expresamente que: “A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos”.

CAMINAR PREGUNTANDO: 83% NO AL BANDO

Por ello, un grupo de organizaciones civiles, de muy distintas tendencias, decidimos “caminar preguntando” y hacer lo que la autoridad no hace: preguntar a la población qué piensa acerca de esta prohibición del trabajo en la calle. Organizamos así una Consulta Ciudadana, con rigor y metodología científica, sin ninguna tendencia previa, porque realmente nos interesaba conocer la opinión de la ciudadanía. Se hizo un muestreo aleatorio simple de 2566 personas (poco menos del 1% de población cuernavacense, 53% hombres y 47% mujeres), de todas las clases sociales y edades, en un vasto territorio de la ciudad: 118 colonias de las 209 censadas, considerando entre los consultados sólo a los residentes en Cuernavaca (81%) o que trabajan allí. La ocupación laboral de los encuestados fue en su mayoría de empleados (gobierno, ejército, empresa privada…) con un 30% del total; luego estudiantes y trabajadores por cuenta propia (privados, vendedores, servicios y oficios, campesinos…) con un 20% cado uno; después vinieron los profesionistas (15%), amas de casa (7%), pensionados, desempleados, etc.

Nos ha parecido así una muestra considerablemente representativa de la opinión ciudadana, por supuesto susceptible de ser mejorada o discutida, pero se trata de un objeto material y científico, con legitimidad moral e intelectual, a partir del cual se puede iniciar una discusión sería del Bando, algo que la autoridad no ha proporcionado en nada (el Centro de DDHH Digna Ochoa y la Comisión Independiente de DDHH de Morelos han solicitado reiteradamente sin resultados las denuncias ciudadanas que se mencionan como prueba).

En la Consulta Ciudadana se le preguntó a la gente sobre su experiencia directa con los argumentos (textuales) que la autoridad expone para prohibir el trabajo en la calle. Los resultados fueron contundentes: 83 % (2 136 personas) no está de acuerdo con las modificaciones al artículo 129, que prohíben de hecho el trabajo en la calle. A su vez, las justificaciones con que el Cabildo ha realizado sus modificaciones no se sustentan: 98% (

1 668 de los automovilistas consultados), NO ha tenido nunca un accidente de tránsito provocado por un trabajador de la calle; 97 % (1 661 automovilistas consultados) NO ha sido nunca asaltado por un trabajador de la calle mientras manejaba; 95% (1 613 automovilistas consultados) NO ha sido nunca agredido por un franelero; 84% (2 309 automovilistas consultados) No ha recibido nunca una extorsión de los franeleros.

Ante estos resultados, las organizaciones sociales decidimos solicitar al Cabildo:

la derogación de las modificaciones al artículo 129 del bando de Policía y Buen Gobierno de Cuernavaca, publicado el 23 de enero de 2009; promover el empleo; consultar a la ciudadanía acerca de las medidas que se tomen sobre el empleo; consultar a la ciudadanía acerca de las formas del uso público y privado de la calle y del medio ambiente.

LOS POBRES AFEAN LA CIUDAD Y ASUSTAN A LOS TURISTAS.

Para discutir lo anterior se realizó un pre-cabildo el pasado 24 de abril. Iremos citando con cuidado e intento de la mayor precisión textual posible los argumentos oficiales de la discusión en el pre-cabildo, porque son indicativos de muchas cosas, sin afán tampoco de satanizar a la autoridad, pues tenemos claro que muchas de sus concepciones nacen de la ignorancia (histórica, sociológica, moral), no necesariamente de la mala fe, o sea, nunca en su vida han conocido o intercambiado más de dos frases con un trabajador de la calle, por lo que no tienen ni idea de su identidad y vida real, los ven como actores estereotipados de telenovela. Por otro lado, se mencionó que la modificación fue adoptada por unanimidad, algo que nos parece cuestionable escuchando opiniones discordantes y contrastantes.

1- “Los trabajadores de la calle son focos de infección social, son promiscuos…alejan a los turistas”. Comencemos sin duda por el objetivo central de este artículo 129: lo que el Cabildo y Ayuntamiento buscan es crear una Cuernavaca centrada en el turismo y los pobres “afean” la ciudad, no la hacen “atractiva” y atemorizan a los turistas: “sacar a los pobres es sólo una primera fase para Cuernavaca turística…ya que el mismo aspecto de los trabajadores hace que los turistas se asusten, no se ve bien”. El nivel de racismo de estas frases por sí solo bastaría para obligar con la mayor indignación posible a la renuncia de estos funcionarios, sin embargo

no hay que tampoco que soslayar que responden a prejuicios sociales típicos de la clase burguesa. Esta guerra contra los pobres y su derecho a no ser exterminados, por suerte y gracias a la historia, no tiene posibilidades de triunfo, por el contrario, son los más pobres y pequeños quienes hoy día nos están señalando –como maestros- el camino original y más humano: la autonomía como resistencia al capitalismo y la desobediencia debida a lo inhumano.

2- “En la calle están sólo los que se drogan, ellos han venido a descomponer la vida”. Dos grandes prejuicios en plena acción: la calle como un lugar perverso en sí mismo y la droga asociada a los más pobres. La calle es parte central de la vida urbana, primeramente pensada para las personas y no para los coches (como muchos creen actualmente), donde milenariamente se han desarrollado las mejores relaciones, aprendizajes y experiencias humanas, un espacio que pertenece a toda ciudadanía, y de ninguna manera puede ser expropiado por la autoridad en nombre de falsas seguridades y moralismos, que no son otra cosa que excusas para sus negocios.

Por otro lado, la drogadicción es un fenómeno ampliamente expandido en todas las sociedades del mundo, que no se circunscribe a la calle sino que está presente en todos los espacios geográficos y sociales. En cualquier centro de estudios, antro de diversión o lugar de reunión existe tanta gente que consume droga como en la calle. Al contrario, los que más consumen droga son los de mayor poder adquisitivo.

3- “Los padrastros y madrastras obligan a los niños a salir a la calle y llevarles el dinero”. Esta idea que puede tener incluso buenas intenciones humanitarias de protección a la infancia, que nace de otro enorme prejuicio social de clase: los pobres son flojos (“trabajo hay, pero no quieren) y sus hijos que trabajan en la calle son explotados por ellos. Quien ha conocido de cerca cualquier familia de escasos recursos materiales sabe perfectamente que todos hacen parte de un sistema integral laboral-productivo de sobrevivencia, y que eso no necesariamente responde a una categoría sociológica de explotación laboral, sino de integración familiar. Me ha tocado ver a mamás o hermanos mayores en la parada del camión, vigilando amorosa y atentamente a sus hijos malabareando en la esquina. Nadie está tampoco negando que no pueda haber explotación a menores en el trabajo callejero, pero ésta no es menor ni mayor a la que existe en cualquier otro ámbito de la sociedad mexicana, donde, por ejemplo, la pornografía infantil se ha convertido en uno de los mayores negocios, empezando por empresarios y políticos (Kamel, Succar, Gamboa, Marín…).

Se trata, por tanto, de un problema sociológico y de trabajo social, y no de un problema a tratar policialmente.

4- “Los limpiavidrios te abordan quieras o no, son turbas”. Aquí sale a flote una de las mayores causas del “infantilismo social”, y la construcción del prejuicio, en la que la población (aun los llamados “progresistas”) exhibe su bajo nivel de toma de conciencia: la generalización. En la Consulta realizada quedó muy claro que esta afirmación es totalmente falsa, en un grado mayor al 95% de la gente, sin embargo hay personas que dicen “en tal crucero un limpiavidrios o franelero me agredió”, y enseguida generalizan que así son todos esos individuos. Lo que no toman en cuenta es que eso les pasó un mínimo de veces, probablemente en los mismos lugares y con las mismas personas, y que en la ciudad hay cientos de cruceros, estacionamientos y limpiavidrios o franeleros con los que no pasa nada y al contrario es muy positiva la interacción. Además, si ellos fueran una “turba” sólo serían el reflejo de la catástrofe económica nacional.

Así le hemos reiterado al cabildo innumerables veces que lo que procede es aplicar la ley donde haya infracciones en el trabajo en la calle, como en cualquier otra situación de la sociedad, pero que de ninguna manera se justifica modificar un bando y castigar de esa manera en general a toda una identidad social. La Consulta Ciudadana demuestra amplia y científicamente el grave error de generalizar esas infracciones, que sóo son excepciones para la gran mayoría de la población.

5- “Modificamos el bando porque no vamos a esperar a que suceda (un accidente o un asalto) para legislar y que después derechos humanos nos reclame”. Ante la falsedad del argumento anterior y la imposibilidad de otras pruebas, entra en acción éste: trabajamos para el futuro. Pero ¿qué datos sólidos tiene la autoridad para poder hacer semejante estudio prospectivo que amerite una ley tan cruel que transforme en criminal al trabajador honesto más pobre?

6- “El trabajo en la calle es ilegal”. De inicio, la autoridad tiene un obstáculo epistémico muy grande: no considera al trabajo en la calle como un “trabajo”, y de ahí deriva grandes prejuicios de todo tipo. ¿De qué ilegalidad se puede hablar cuando una familia pasa hambre, por supuesto ni se le ocurriría pagar impuestos a un gobierno que no hace nada por ella, y sale afuera de su casa a vender sus quesadillas o a un crucero a vender dulces? Cualquier manual básico de ética, trae lo que Jesús enseñó: la ley está hecha para el hombre y no al revés, por lo tanto mucho antes que lo legal viene lo legítimo y pregunto: ¿alguien tiraría la primera piedra contra esa señora que vende quesadillas o chicles? El cabildo de Cuernavaca sí.

Con nuestra Consulta de ninguna manera, como algún regidor sugirió, pretendimos promover el trabajo en la calle, sino sólo construir una reflexión colectiva de que se trata de un problema social, originado ante todo en el desastroso modelo económico que nos rige, y que cada día más arrojará gente a la calle o “a una posible delincuencia”, como dijo justamente un regidor.

7- “No se puede tener tantos artesanos porque se llenaría la ciudad de vendedores de otros estados, y no hay mercado”. Esta especie de “chauvinismo” o regionalismo morelense, no sería fácil de explicar para un gobierno profeta y defensor ciego de la globalización y el neoliberalismo. Por otro lado, agredir e impedir la libre venta de artesanías a los habitantes originarios de estas tierras es un despropósito desde donde se mire, incluido el turismo. En el interesante video (“Morelos: ¿tierra de libertad y trabajo?”) que realizaron dos valiosas compañeras documentalistas, un artesano de joyería del zócalo dice bien: “vendemos artesanías, cultura, nuestras raíces, no droga. Queremos que nos dejen vender, es un beneficio para el país”.

8- “La encuesta es tendenciosa”. Las autoridades cuestionaron, de inicio, la validez metodológica de la Consulta, en medio de la enorme paradoja de que ellos no han presentado a la ciudadanía la más mínima documentación seria que fundamente sus decisiones. Por supuesto, se trata de un argumento político y no científico, y que no se sostiene bajo ningún punto de vista, ya que se trata de un ejercicio honesto y riguroso ciudadano, que ellas deberían agradecer. La ausencia de pruebas y estudios que justifiquen el nuevo bando fue transparentada por un regidor: “Señor alcalde, no conocemos ni hemos visto esos estudios”. Hasta hoy nadie los ha visto al igual que las denuncias ciudadanas.

DEROGANDO EL BANDO GANAMOS TODOS

Nos parece importante, para la sociedad civil cuernavacense y morelense primero, nacional después, no dejar pasar este hecho social tan inhumano que criminaliza y castiga a los más indefensos materialmente de la sociedad, sería dejar que la guerra avance más y una degradación de la reserva moral mexicana; además después cuando nos toque a nosotros la agresión bélica ya no tendremos fuerza moral para decir nada. Ojalá que la autoridad recapacite sus decisiones y tome en cuenta la opinión ciudadana, porque si no esta lucha debe seguir hasta las cortes nacionales e interamericanas de derechos humanos, Amnistía Internacional y la desobediencia civil. Recordemos que ¡la calle es de todos y quienes trabajan en ella no son criminales!

Para concluir, nos gustaría recordar al cabildo unas palabras de Gandhi: “Deseo dejarles un talismán. Cuando se encuentren en la duda, cuando su yo se vuelve muy invidente, intenten hacer la siguiente reflexión. Acuérdense del rostro más pobre y débil que hayan encontrado y pregúntense si el paso que están por hacer le será útil: ¿recibirá algún beneficio? ¿le permitirá recobrar el control sobre su propia vida y destino?...Entonces verán que sus dudas y su yo se disiparán”. Los trabajadores de la calle vienen mucho antes que los turistas en cualquier escala ética o humana.


Disculpen la molestia

El autor de Las venas abiertas de América Latina cuestiona si es justa la justicia en el orbe

Eduardo Galeano

Quiero compartir algunas preguntas, moscas que me zumban en la cabeza.

¿Es justa la justicia? ¿Está parada sobre sus pies la justicia del mundo al revés?

El zapatista de Irak, el que arrojó los zapatazos contra Bush, fue condenado a tres años de cárcel. ¿No merecía, más bien, una condecoración?

¿Quién es el terrorista? ¿El zapatista o el zapateado? ¿No es culpable de terrorismo el serial killer que mintiendo inventó la guerra de Irak, asesinó a un gentío y legalizó la tortura y mandó aplicarla?

¿Son culpables los pobladores de Atenco, en México, o los indígenas mapuches de Chile, o los kekchíes de Guatemala, o los campesinos sin tierra de Brasil, acusados todos de terrorismo por defender su derecho a la tierra? Si sagrada es la tierra, aunque la ley no lo diga, ¿no son sagrados, también, quienes la defienden?

Según la revista Foreign Policy, Somalia es el lugar más peligroso de todos. Pero, ¿quiénes son los piratas? ¿Los muertos de hambre que asaltan barcos o los especuladores de Wall Street, que llevan años asaltando el mundo y ahora reciben multimillonarias recompensas por sus afanes?

¿Por qué el mundo premia a quienes lo desvalijan?

¿Por qué la justicia es ciega de un solo ojo? Wal-Mart, la empresa más poderosa de todas, prohíbe los sindicatos. MacDonald’s, también. ¿Por qué estas empresas violan, con delincuente impunidad, la ley internacional? ¿Será porque en el mundo de nuestro tiempo el trabajo vale menos que la basura, y menos todavía valen los derechos de los trabajadores?

¿Quiénes son los justos, y quiénes los injustos? Si la justicia internacional de veras existe, ¿por qué nunca juzga a los poderosos? No van presos los autores de las más feroces carnicerías. ¿Será porque son ellos quienes tienen las llaves de las cárceles?

¿Por qué son intocables las cinco potencias que tienen derecho de veto en Naciones Unidas? ¿Ese derecho tiene origen divino? ¿Velan por la paz los que hacen el negocio de la guerra? ¿Es justo que la paz mundial esté a cargo de las cinco potencias que son las principales productoras de armas? Sin despreciar a los narcotraficantes, ¿no es éste también un caso de crimen organizado?

Pero no demandan castigo contra los amos del mundo los clamores de quienes exigen, en todas partes, la pena de muerte. Faltaba más. Los clamores claman contra los asesinos que usan navajas, no contra los que usan misiles.

Y uno se pregunta: ya que esos justicieros están tan locos de ganas de matar, ¿por qué no exigen la pena de muerte contra la injusticia social? ¿Es justo un mundo que cada minuto destina 3 millones de dólares a los gastos militares, mientras cada minuto mueren 15 niños por hambre o enfermedad curable? ¿Contra quién se arma, hasta los dientes, la llamada comunidad internacional? ¿Contra la pobreza o contra los pobres?

¿Por qué los fervorosos de la pena capital no exigen la pena de muerte contra los valores de la sociedad de consumo, que cotidianamente atentan contra la seguridad pública? ¿O acaso no invita al crimen el bombardeo de la publicidad que aturde a millones y millones de jóvenes desempleados, o mal pagados, repitiéndoles noche y día que ser es tener, tener un automóvil, tener zapatos de marca, tener, tener, y quien no tiene, no es?

¿Y por qué no se implanta la pena de muerte contra la muerte? El mundo está organizado al servicio de la muerte. ¿O no fabrica muerte la industria militar, que devora la mayor parte de nuestros recursos y buena parte de nuestras energías? Los amos del mundo sólo condenan la violencia cuando la ejercen otros. Y este monopolio de la violencia se traduce en un hecho inexplicable para los extraterrestres, y también insoportable para los terrestres que todavía queremos, contra toda evidencia, sobrevivir: los humanos somos los únicos animales especializados en el exterminio mutuo, y hemos desarrollado una tecnología de la destrucción que está aniquilando, de paso, al planeta y a todos sus habitantes.

Esa tecnología se alimenta del miedo. Es el miedo quien fabrica los enemigos que justifican el derroche militar y policial. Y en tren de implantar la pena de muerte, ¿qué tal si condenamos a muerte al miedo? ¿No sería sano acabar con esta dictadura universal de los asustadores profesionales? Los sembradores de pánicos nos condenan a la soledad, nos prohíben la solidaridad: sálvese quien pueda, aplastaos los unos a los otros, el prójimo es siempre un peligro que acecha, ojo, mucho cuidado, éste te robará, aquél te violará, ese cochecito de bebé esconde una bomba musulmana y si esa mujer te mira, esa vecina de aspecto inocente, es seguro que te contagia la peste porcina.

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Eduardo Galeano durante la firma de ejemplares de sus libros en la ciudad de México, el pasado 3 de abrilFoto Yazmín Ortega Cortés

En el mundo al revés, dan miedo hasta los más elementales actos de justicia y sentido común. Cuando el presidente Evo Morales inició la refundación de Bolivia, para que este país de mayoría indígena dejara de tener vergüenza de mirarse al espejo, provocó pánico. Este desafío era catastrófico desde el punto de vista del orden racista tradicional, que decía ser el único orden posible: Evo traía el caos y la violencia, y por su culpa la unidad nacional iba a estallar, rota en pedazos. Y cuando el presidente ecuatoriano Correa anunció que se negaba a pagar las deudas no legítimas, la noticia produjo terror en el mundo financiero y el Ecuador fue amenazado con terribles castigos, por estar dando tan mal ejemplo. Si las dictaduras militares y los políticos ladrones han sido siempre mimados por la banca internacional, ¿no nos hemos acostumbrado ya a aceptar como fatalidad del destino que el pueblo pague el garrote que lo golpea y la codicia que lo saquea?

Pero, ¿será que han sido divorciados para siempre jamás el sentido común y la justicia?

¿No nacieron para caminar juntos, bien pegaditos, el sentido común y la justicia?

¿No es de sentido común, y también de justicia, ese lema de las feministas que dicen que si nosotros, los machos, quedáramos embarazados, el aborto sería libre? ¿Por qué no se legaliza el derecho al aborto? ¿Será porque entonces dejaría de ser el privilegio de las mujeres que pueden pagarlo y de los médicos que pueden cobrarlo?

Lo mismo ocurre con otro escandaloso caso de negación de la justicia y el sentido común: ¿por qué no se legaliza la droga? ¿Acaso no es, como el aborto, un tema de salud pública? Y el país que más drogadictos contiene, ¿qué autoridad moral tiene para condenar a quienes abastecen su demanda? ¿Y por qué los grandes medios de comunicación, tan consagrados a la guerra contra el flagelo de la droga, jamás dicen que proviene de Afganistán casi toda la heroína que se consume en el mundo? ¿Quién manda en Afganistán? ¿No es ése un país militarmente ocupado por el mesiánico país que se atribuye la misión de salvarnos a todos?

¿Por qué no se legalizan las drogas de una buena vez? ¿No será porque brindan el mejor pretexto para las invasiones militares, además de brindar las más jugosas ganancias a los grandes bancos que en las noches trabajan como lavanderías?

Ahora el mundo está triste porque se venden menos autos. Una de las consecuencias de la crisis mundial es la caída de la próspera industria del automóvil. Si tuviéramos algún resto de sentido común, y alguito de sentido de la justicia, ¿no tendríamos que celebrar esa buena noticia? ¿O acaso la disminución de los automóviles no es una buena noticia, desde el punto de vista de la naturaleza, que estará un poquito menos envenenada, y de los peatones, que morirán un poquito menos?

Según Lewis Carroll, la reina explicó a Alicia cómo funciona la justicia en el país de las maravillas:

–Ahí lo tienes –dijo la reina–. Está encerrado en la cárcel, cumpliendo su condena; pero el juicio no empezará hasta el próximo miércoles. Y por supuesto, el crimen será cometido al final.

En El Salvador, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero comprobó que la justicia, como la serpiente, sólo muerde a los descalzos. Él murió a balazos, por denunciar que en su país los descalzos nacían de antemano condenados, por delito de nacimiento.

El resultado de las recientes elecciones en El Salvador, ¿no es de alguna manera un homenaje? ¿Un homenaje al arzobispo Romero y a los miles que como él murieron luchando por una justicia justa en el reino de la injusticia?

A veces terminan mal las historias de la Historia; pero ella, la Historia, no termina. Cuando dice adiós, dice hasta luego.

El salario en tiempos de influenza

Arturo Alcalde Justiniani, La Jornada

El derecho de los trabajadores a percibir su salario ha sido motivo de controversia en algunos centros laborales que han suspendido sus actividades con motivo de la emergencia sanitaria. La Confederación Patronal de la Republica Mexicana (Coparmex) y abogados afines favorecen la confusión existente al señalar que la interrupción de las relaciones de trabajo no es responsabilidad del patrón y, por lo tanto, estaría liberado de la obligación del pago de salarios.

La postura empresarial pretende sustentarse en el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que se refiere a las causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestación de servicios y pago del salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Esta disposición no es aplicable al caso, ya que regula situaciones distintas a la emergencia sanitaria y está limitada a hipótesis de carácter estrictamente individual. Se trata de una argucia que pretende privar a los trabajadores de un derecho humano fundamental.

La disposición aplicable a la contingencia es el artículo 427 de la ley laboral, que establece diferentes motivos de suspensión temporal de las relaciones de trabajo colectivamente considerados. En su fracción I prevé la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, sin referencia alguna a la omisión del pago de salarios. En los dos artículos siguientes se definen los términos en que opera dicha suspensión. Así, si el patrón pretende dejar de cubrir el salario debe previamente justificarlo en un procedimiento a seguir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual analizará las circunstancias y el tiempo probable de la suspensión de las labores. Sin embargo, difícilmente un patrón acudirá a esta vía, consciente de la lentitud que impera en estos tribunales.

La ley laboral contiene un conjunto de medidas protectoras del salario precisamente porque se trata de un medio de subsistencia personal y familiar. Conforme a nuestro texto constitucional, los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos, aunque sabemos que esta norma es letra muerta, ya que incluso el promedio salarial nacional del orden de 3 mil 500 pesos mensuales es insuficiente para estos fines. De cualquier manera, nuestra ley establece claramente el derecho a percibir el salario de manera irrenunciable. El propio artículo 106 es claro: La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende salvo en los casos y con los requisitos establecidos en esta ley.

Privar a los trabajadores de sus salarios actúa en sentido contrario a la política de prevención sanitaria y reactivación económica deseada; suelen vivir al día, a tal grado que, cuando reciben su pago, ya lo tienen destinado a cubrir deudas inmediatas, esperando con ansia el siguiente salario en un angustioso ciclo. Más grave aún, si se considera que en buena parte de los centros de trabajo del sector servicios, especialmente en hoteles, restaurantes, bares y centros nocturnos el ingreso está sustentado esencialmente en las propinas, y cuando bien les va, el patrón sólo les cubre el salario mínimo.

Análisis recientes acreditan el carácter multifactorial de las causas de nuestros males sanitarios, entre ellas, la inadecuada política en materia de salud, la reducida inversión en investigación científica y tecnológica y, sobre todo, la pobreza que redunda en baja nutrición y falta de acceso a medidas de higiene familiar. Una política salarial vigorosa generaría equilibrios favorables en todos los campos de la vida social, no sólo para los trabajadores; conviene tener siempre presente que en la calle todos somos iguales.

En el variado escenario productivo y de servicios de nuestro país pueden existir circunstancias económicas y laborales que reclamen la necesidad de acuerdos entre trabajadores y patrones para evitar poner en riesgo una fuente de trabajo, sobre todo porque las medidas de contingencia tienen efectos diferenciados. Lograr este objetivo requiere condiciones básicas tales como información fidedigna sobre las condiciones económicas del negocio y una representación legítima por parte de los trabajadores que pueda concretar una negociación responsable. El trabajador en lo individual, sin representantes auténticos, difícilmente puede dialogar con su patrón en condiciones de equidad, por la simple razón de que su inconformidad se convierte en un despido o en peores condiciones de trabajo. Ante este escenario de debilidad, se someten a la decisión del empleador.

En nuestro país, incluyendo la ciudad de México, son prácticamente inexistentes las formas legítimas de representación colectiva. En reciente estudio elaborado por un grupo de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México encabezado por el doctor Alfonso Bouzas, relacionado con la situación laboral en esta ciudad, se acredita que en más de 90 por ciento de los centros de trabajo se carece de una contratación colectiva auténtica y se opera bajo un esquema de protección patronal. Obviamente, el tema de higiene y seguridad en el trabajo y las comisiones mixtas consideradas en la ley para este fin son inexistentes, y si a ello agregamos que los organismos de inspección laboral en esta materia tampoco funcionan eficazmente, el saldo resultante es que los temas de salud y prevención no son asumidos con la prioridad requerida.

La contingencia ha puesto en evidencia muchas de nuestras debilidades estructurales, especialmente en política de salud pública y de inversión en investigación científica. No la agravemos empeorando la situación de los que viven de su trabajo.

Una reforma postiza

Miguel Concha

Las acciones y procedimientos colectivos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad. Garantizan a los ciudadanos el derecho de agruparse para demandar a una empresa o entidad pública por daños que les han causado por la violación de sus derechos colectivos y sociales, por la contaminación y destrucción del ambiente, como personas discapacitadas, o como consumidores de bienes y servicios.

Aunque en otras jurisdicciones han recibido distintos nombres (acciones populares, acciones de grupo o acciones de clase), y sus mecanismos de protección divergen en lo accidental, sustancialmente con los mismos efectos los encontramos en Europa, Canadá y Estados Unidos, y en países latinoamericanos como El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Uruguay.

No obstante que algunas formas de denuncia popular y de acciones colectivas están relativamente previstas en algunos ordenamientos legales, su tratamiento actual en México es deficiente, sus efectos restringidos, o su ejercicio limitado por restricciones procesales, porque nuestro sistema jurídico en general, y el procesal en particular, fueron diseñados desde una visión liberal e individualista, que permite la titularidad de derechos y la protección de los mismos mediante mecanismos que privilegian la actuación individual sobre la colectiva. Por ello, con la participación de representantes de partidos políticos, expertos nacionales e internacionales, académicos, especialistas, asociaciones civiles, magistrados y empresas, durante más de dos años se ha llevado a cabo en nuestro país un proceso de discusión abierto y plural sobre la necesidad de establecer el derecho constitucional de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad a las acciones colectivas.

Pues bien, el 7 de febrero de 2008 el perredista Juan Guerra presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa, previamente entregada en el Senado por Jesús Murillo Karam, del PRI, que pretendía incorporar de forma expresa las acciones colectivas en el artículo 17 constitucional, como un mandato al legislador secundario, federal y local, para regular dicha figura, con el fin de ampliar de manera ágil, sencilla y flexible el acceso a la justicia de derechos en materias tan diversas como derechos de los consumidores, servicios públicos, actividad administrativa, servicios financieros, competencia económica, medio ambiente, equilibrio ecológico, uso y goce de espacios públicos, etcétera.

Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos, decía acertadamente la adición que se proponía como párrafo nuevo al artículo 17 de la Constitución. Sin embargo, desde el principio de este proceso el Consejo Coordinador Empresarial, en perjuicio de los ciudadanos y para proteger unilateralmente los intereses de las empresas, rechazó tajantemente esta iniciativa, y por razones políticas, que nada tienen que ver con la promoción del bien común y la representatividad de la gente, su posición encontró eco en el gobierno federal y en legisladores del PAN, quienes hicieron todo lo posible para bloquearla.

Para minimizar los alcances de la figura, primero lograron que se modificara en el Senado, a instancias de los legisladores de ese partido, y al mismo tiempo durmió el sueño de los justos en la Cámara de Diputados hasta unos días antes de que terminara la 60 Legislatura. Sorpresivamente apareció listada para ser dictaminada, pero aprovechando quizás la emergencia sanitaria, el pasado jueves 23 de abril el pleno de la Cámara de Diputados aprobó a la carrera y por unanimidad un dictamen modificado sin previo aviso y en el último minuto en la Comisión de Puntos Constitucionales al artículo 17 de la Carta Magna, que desnaturaliza las acciones colectivas, limita sus alcances y minimiza su acceso a la justicia. Es decir, privilegia los intereses de las empresas, prefiere proteger a las dependencias gubernamentales y subordina los derechos de los ciudadanos, como si fueran menores de edad.

Como explica el maestro Alfonso Benítez Tiburcio, profesor-investigador del ITESM en el campus de la ciudad de México, y uno de los principales impulsores de la reforma, la nueva redacción pretende reservar exclusivamente a la Federación el legislar sobre este tema y reducir a sólo tres las materias que pueden ser protegidas por esta figura jurídica: medio ambiente, consumidores y usuarios de servicios financieros.

Pero no sólo eso, sino que otorga única y exclusivamente a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a la Procuraduría Federal del Consumidor y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la facultad de representar a los grupos y colectividades lesionados en sus derechos.

Es importante además señalar que esta postiza reforma tiene además como objetivo el impedir que una iniciativa local que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y que sí reconoce directamente a los ciudadanos y organismos de la sociedad civil la defensa de sus derechos, tenga efecto. Con razón 70 diversas organizaciones sociales y 45 ciudadanas y ciudadanos piden al Senado que no apruebe este engendro.

Premiando a las trasnacionales de la epidemia

Silvia Ribeiro*

Pese a la manipulación de información por parte de autoridades e industria, es inocultable que el actual virus de gripe porcina (ahora asépticamente llamado de influenza A/H1N1) tiene su origen en la producción industrial de animales.

Las autoridades conocían la amenaza de pandemia, pero no dieron importancia a los avisos de instituciones científicas y organizaciones sociales para no interferir con los intereses económicos de la gran industria alimentaria agrícola y pecuaria y de las trasnacionales farmacéuticas y de biotecnología que lucran con las enfermedades. Para ello son útiles los enfoques fragmentarios que no cuestionan las causas del problema: medidas de emergencia cuando los muertos y enfermos no se pueden obviar, mientras se afirma que la crisis se resuelve con más tecnología controlada por las multinacionales. Si hay nuevos virus, se encontrarán nuevas vacunas –patentadas y vendidas por las empresas. Aún si se encontrara una vacuna contra el virus más reciente, la cría industrial de animales sigue siendo una bomba de tiempo para la creación de otros nuevos virus.

El precursor más cercano del virus de influenza porcina que ahora se expande por el mundo se detectó en las granjas porcícolas de Estados Unidos desde 1998. Provenía de la familia de virus H1N1, causante de la gripe de 1918. En 1998 recombinó con segmentos de virus de gripe aviar y humana, además de otras cepas de gripe porcina, una recombinación triple de la que no había registros anteriores. Esto alarmó a los investigadores por el potencial de seguir mutando y convertirse en gripe humana y/o mucho más patógena.

En 1999 ese virus ya estaba presente en 20.5 por ciento de los cerdos industriales de 23 estados de Estados Unidos, según reportó ese año la publicación Journal of Virology. Varios autores y publicaciones científicas advirtieron en los años siguientes que estos virus seguían recombinándose en los establecimientos industriales de cría de porcinos, donde circulan muchas cepas diferentes, que luego se diseminan a través de largos transportes nacionales e internacionales de animales y personas en contacto con ellos. Tanto humanos como animales pueden ser portadores de los virus aunque no manifiesten la enfermedad. Paralelamente, las cepas de gripe humana también recombinaron, al igual que las de gripe aviar –produciendo por ejemplo, la famosa gripe aviar H5N1, causada igualmente por condiciones industriales de cría.

Por todo esto, científicos advirtieron que la amenaza de crear una cepa de virus que afectara y se trasmitiera entre seres humanos era inminente. Se confirmó con la actual epidemia y puede suceder nuevamente: las causas siguen intactas.

Los virus de la gripe fácilmente recombinan, pero ciertas condiciones hacen que el proceso se acelere: la creación de resistencia dentro del organismo infectado, o que dos o más cepas diferentes infecten un organismo al mismo tiempo.

Ambas condiciones son cotidianas en las granjas industriales. Por la cantidad y hacinamiento de animales, la atmósfera infecta y calurosa, siempre hay distintas cepas que circulan y pueden infectar a un animal simultáneamente. Por eso les dan vacunas masivamente, que crean resistencias y como respuesta, los virus cambian. El contacto entre cerdos, aves de criadero y silvestres, insectos, microbios y humanos es permanente e inevitable dentro y a partir de los establecimientos, promoviendo la recombinación de cepas de diferentes especies. Los estresados animales reciben además hormonas, antibióticos y son rociados regularmente con insecticidas, lo que debilita su sistema inmunológico y provoca el aumento de medicamentos. Todo esto, junto a miles de toneladas de estiércol, va a los estanques de oxidación de las granjas, contaminado aguas y aire. De modo semejante ocurre en Granjas Carroll y en otras instalaciones de Smithfield, Tyson, Cargill y otros grandes criadores.

La Organización Mundial de la Salud conoce bien este panorama, por lo que es una vergüenza que haya cambiado el nombre de gripe porcina (que también asuela a humanos) al neutral influenza A/H1N1, para desvincular a la empresas de cría industrial de cerdos de lo que realmente son: causantes de la epidemia.

Igualmente absurdo es que el gobierno de México subsidie a los criadores industriales de cerdo asignando mil millones de pesos para que la industria se pueda resarcir de las pérdidas económicas por la epidemia que ellos provocaron. Siete empresas porcícolas trasnacionales –o asociadas a grandes criadores mexicanos–, entre las que se encuentra Granjas Carroll, tienen 35 por ciento de la producción porcina en México.

Además de crear catástrofes de salud y ambiente, estos oligopolios y sus granjas masivas han perjudicado seriamente a los criadores campesinos y de pequeña escala de cerdos y pollos. Allí también puede haber virus, pero es difícil que se encuentren varias cepas al mismo tiempo, y aún si así fuera, nunca crearán una epidemia porque son pocos animales en un espacio separado de otros.

En lugar de atacar las causas de la epidemia, se premia a los que la producen.

*Investigadora del Grupo ETC

viernes, mayo 08, 2009

Represión a comunidades en resistencia. San José del Progreso, Oaxaca

Programa de hoy, 8 de mayo























Desalojo violento en San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos-Filial Oaxaca (LIMEDDH), solicitan su intervención urgente ante el violento desalojo, agresiones físicas y psicológicas de los pobladores de San José El Progreso y Magdalena Ocotlán que mantenían tomada la mina de la empresa Cuzcatlán, así como la detención arbitraria de 20 personas, lo que pone en riesgo su integridad física, psicológica y jurídica, su derecho a la manifestación y la autoddeterminación en el uso de sus recursos.

La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca, el día 9 de mayo de 2009, tuvo conocimiento del violento desalojo, estableciéndose los siguientes:

HECHOS:

Alrededor de las 8:30 hrs. del día miércoles 9 de mayo de 2009, un impresionante operativo de cuerpos policiacos municipales, estatales y federales, con sobrevuelo de helicóptero, se dirigieron con rumbo a la mina ubicada en la localidad de San José del Progreso, Ocotlán, Oax., para desalojar a los pobladores quienes mantienían un plantón en dicho lugar con el fin de evitar que siguiera operando esta mina debido a la alta contaminación y deterioro de los mantos freáticos y el ambiente en general. Los 150 pobladores, hombres y mujeres, que se encontraban en ese momento, quienes siempre se manifestaron de manera pacífica, intentaron oponerse al desalojo, sin embargo los cuerpos policiacos, utilizando gases lacrimógenos, “llegaron y nos golpearon a todos, golpearon niños,mujeres y ancianos, detuvieron a muchos compañeros, algunos logramos escapar y andamos huyendo escondiéndonos entre los matorrales y nos anda persiguiendo un helicóptero”.

En el desolojo hubo 20 personas detenidas cuyos nombres son: Ignacio Vásquez Gómez, Hilario Vásquez, Joaquín López, Víctor Sánchez Martínez, Juan García, Elías López, Bernardo Vásquez Gómez, Silvino Vásquez Mérida, Alfonso Ruiz, Alfonso Rodrigo López, Luis Ruiz Martínez, Víctor Ruiz Martínez, Juan Carlos López, Agripina Vásquez Sánchez, Bernardo Vásquez Sánchez, Víctor Ortiz Hernández, Apolinar García, Carmela González, Ubaldo González, todos ellos de San José El Progreso y Alejandro Aquino Cosme de Magdalena Ocotlán.

Los pobladores denuncian que los agentes policiacos allanaron las casas de los pobladores participantes en el plantón tanto de San José El Progreso como de Magdalena Ocotlán, y temen que suceda lo mismo en casas de las personas que apoyaban el plantón en las poblaciones aledañas. “Primero se fueron a la comunidad de San José del Progreso, entraron casa por casa, se estuvieron robando todo, De ahí entraron a la comunidad de Magdalena Ocotlán, donde hay más de 100 compañeros,están cateando casa por casa, golpeando a los niños, a las señoras...”

A partir de las 9:30 horas la policía ocupó las instalaciones de la mina con 250 elementos. Ante esto, los pobladores de las comunidades bloquearon la carretera Oaxaca Ocotlán, a la altura de Magdalena como medida de presión para liberar a los detenidos. Varias organizaciones, entre ellas la Sección XXII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han llamado para concentrarse en las afueras de la Procuradiría General de Justicia del Estado de Oaxaca y otras oficinas gubernamentales, a fin de exigir la liberación de las personas detenidas y el cese del funcionamiento de la mina en San José El Progreso, Ocotlán, Oax.

ANTECEDENTES

El pasado 17 de marzo de 2009, con la presencia del Notario Púlico No. 98, los pobladores de Sa José el Progreso y Magdalena Ocotlán bloquearon la mina para demandar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales su cancelación inmediata en virtud de que ha contaminado el ambiente y dañado los ríos y mantos freáticos con mercurio, cobre, cianuro y arsénico, además de que han resentido el efecto de las detonaciones de explosivos que han cuarteado sus casas. Los pobladores están agrupados en la Coordinadora en Defensa de los Recursos Naturales y Nuestra Madre Tierra del Valle de Ocotlán y han coordinado acciones con organizaciones ecologistas y de derechos humanos estatales y nacaionales.

Los gobiernos estatal y federal otorgaron una concesión por 20 años a la compañía minera Cuzcatlán, que forma parte del consorcio transnacional canadiense Fortuna Silver Mines, iniciando los trabajos del “Proyecto San José” en el año 2007, de donde se tiene planeado obtener 12 millones de onzas de oro y plata. Ante ello, los pobladores exigen ser informados y tomados en cuenta para decidir los rumbos de sus recursos naturales, y no ser afectados en sus formas de vida y su salud. Hasta ahora, el diálogo no ha prosperado entre los pobladores y las Instituciones como la Secretaria del Medio Ambiente (SEMARNAT), la Secretaría de Economía, la PROFEPA, Comisión Nacional del Agua, y con la Secretaría de Gobernación, ha donde han acudido.

Al contrario, se han denunciado actos represivos de los operadores de la empresa conjuntamente con las autoridades del Municipio en contra de los líderes de este movimiento, así como actos de corrupción como la “compra” de autoridades de varias comunidades a quienes se ha amenzado con cancelarles los recursos del ramo 28 si exigen el retiro de las empresas mineras.


La Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos expresa su preocupación por la violación al derecho a la manifestación y la autoderminación de sus recursos naturales de los pobladores de San José el Progreso y Magdalena, Ocotlán, Oax., así como a la seguridad jurídica e integridad física y psicológica de las 20 personas detenidas, y por lo que solicita e insta al Estado Mexicano:

a). Que retome la situación de vulnerabilidad de los pueblos originarios en el ejercicio de su derecho a la libre determinación de sus recursos naturales, como emergente y grave, considerando que es necesario garantizar este derecho para posibilitar el funcionamiento de la democracia, la participación pública en la toma de decisiones.

b). Que se abstanga de hacer uso de la fuerza pública como vía para resolver las inconformidades de la poblición, y en su lugar, privilegie en todo momento el diálogo y dúsqueda del concenso.

c) Respete y garantice la integridad física, psicológica y jurídica de las veinte personas detenidas, evitando el uso de la acción jurídica para criminalizar la protesta social.

d) El cese de amenazas de violencia, hostigamiento o de cualquier otra forma de intimidación que menoscabe la dignidad humana de los pobladores de San José el Progreso y Magdalena Ocotlán por parte de agentes del Estado.

e) Que dialogue con los pobladores de las comunidades y se valore el impacto negativo de la actividad minera en la sobrevivencia y formas de vida de la comunidad, y en todo caso, cancele la concesión a la empresa Cuzcatlán.

d) Que la CNDH, con base en sus atribuciones y facultades, actúe en relación a las graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante el desalojo de la mina San José El Progreso que trascienden el ámbito del estado de Oaxaca y son de interés nacional e internacional, y solicite las medidas de protección en favor de las víctimas.

ATENTAMENTE
¡Una llama encendida por los derechos de los pueblos!

Por la LIMEDDH- filial Oaxaca
Isaac Torres Carmona
Marievna Vázquez Marcial
Jonatan Hernández Belmonte

jueves, mayo 07, 2009

Actualización Acción Urgente: Nuevas detenciones de indígenas tzeltales en Chiapas
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7 de mayo de 2009

Amnistía Internacional





Todos los hombres detenidos en dos operaciones policiales diferentes en las localidades de Tuxtla Gutiérrez y Ocosingo, estado de Chiapas, han sido puestos en libertad o acusados formalmente.


Cuatro de los cinco miembros de la organización campesina de base MOCRI-CNPA-MN detenidos el 7 de abril en Tuxtla Gutiérrez fueron liberados de Quinta Pitiquito sin cargos el 30 de abril. El quinto, Eric Bautista Gómez, fue acusado formalmente el 1 de mayo de homicidio, fraude y asociación delictuosa, y fue enviado a la prisión estatal “El Amate”, en Tuxtla Gutiérrez.

Eric Bautista Gómez fue golpeado en el momento de su detención, y volvió a ser golpeado, y también amenazado, en el centro de detención no oficial de Quinta Pitiquito. Asegura ser un preso político, y se ha negado a realizar una declaración preliminar ante los funcionarios de la Procuraduría General del estado. Ha denunciado haber sido golpeado por otros reclusos desde su llegada a la prisión estatal. MOCRI-CNPA-MN cree que los presos actúan con el consentimiento de los funcionarios de la prisión. A su llegada a la prisión, los funcionarios dijeron a Eric Bautista que les habían dicho a los demás presos que lo recibieran “con mucho cariño” y que “le durará el dolor por un buen tiempo”.

Los seis hombres de la comunidad indígena tzeltal de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, detenidos el 13 de abril, y otros dos hombres detenidos el 17 y 18 de abril y a los que se cree simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han sido acusados formalmente de robo con violencia y delincuencia organizada. Fueron trasladados a la prisión estatal “El Amate”, en Tuxtla Gutiérrez, el 1 de mayo, y permanecen en espera de juicio. Sus nombres son: Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno.

Según una organización local de derechos humanos, los ocho hombres fueron golpeados en el momento de su detención y, mientras permanecían en la “casa de arraigo” (el centro informal de detención preventiva), fueron torturados y obligados a realizar una declaración preliminar ante funcionarios de la Procuraduría General del estado. No tuvieron acceso a asistencia letrada adecuada, ni a un intérprete de la lengua indígena que hablan.

La mayoría tienen un conocimiento limitado del español –o lo desconocen por completo–, y algunos no saben leer ni escribir. El juez del tribunal estatal que examina su caso tiene hasta el viernes 8 de mayo para determinar, basándose en las pruebas presentadas por la Procuraduría General, si se les procesa o se les pone en libertad. Amnistía Internacional teme que la decisión del juez pueda estar influida por las declaraciones realizadas por los hombres tras haber sido torturados, amenazados y sometidos a otros malos tratos.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:


- instando a las autoridades a garantizar que Eric Bautista Gómez, Jerónimo Gómez Saragos, Antonio Gómez Saragos, Miguel Demeza Jiménez, Sebastián Demeza Deara, Pedro Demeza Deara, Jerónimo Moreno Deara, Alfredo Gómez Moreno y Miguel Vázquez Moreno, que han sido acusados y puestos bajo custodia oficial, no son sometidos a torturas u otros malos tratos por los funcionarios de la prisión o por otros presos que actúan con la complicidad de las autoridades penitenciarias;

- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de torturas y malos tratos contra los hombres antes citados, detenidos inicialmente en prisión preventiva “arraigo” y posteriormente en la prisión estatal “El Amate”, en Tuxtla Gutiérrez; pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de estos hechos rindan cuentas de sus actos;

- pidiendo a las autoridades que garanticen el derecho de todos los detenidos a un juicio justo, lo que incluye excluir como prueba de los procedimientos judiciales toda declaración obtenida mediante coacción u otras violaciones de las garantías del proceso debido, como las declaraciones realizadas sin acceso a asistencia letrada adecuada o a intérpretes apropiados.


LLAMAMIENTOS A:

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta
Secretaría de Gobernación
Bucareli 99, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P.06600, MÉXICO
Fax: +52 55 5093 3414,
Tratamiento: Señor Secretario Correo-e.: secretario@segob.gob.mx [1]


Mtro. Raciel López Salazar
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte y Rosa del Oriente, no. 2010
Col. El Bosque, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, CP 29000, MÉXICO
Fax: + 52 961 616 5724 Correo-e.: raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx [2]
Tratamiento: Señor Procurador


Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro, C.29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 618 8088, Correo-e.: juansabines@chiapas.gob.mx [3]
Tratamiento: Señor Gobernador

COPIA A:

Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A. C.
Brasil, no. 14 Barrio Mexicanos, CP 29240
San Cristóbal de las Casas, México
Correo-e.: accionurgente@frayba.org.mx

y a la representación diplomática de México acreditada en su país.

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 17 de junio de 2009.


Hace daño no saber

Plan B / Lydia Cacho

El Universal


Entrevisté a un agente del FBI especializado en crimen organizado; al despedirnos me dijo que si no fuera por las reporteras y reporteros que hacen un buen trabajo su tarea sería menos efectiva. Varios casos resueltos en su país comenzaron cuando se siguió la pista a un reportaje. En México, gracias al trabajo de las y los reporteros de los estados nos enteramos de sucesos que no investigan ni las policías ni las televisoras complacientes y manipuladoras de la realidad.


No es casualidad que haya pasado inadvertido el asesinato del reportero Carlos Ortega Melo en Durango. Ultimaron su vida el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa. Carlos fue una piedra en el zapato para las autoridades, para el alcalde Martín Silvestre Herrera. Es el periodista número 48 asesinado en México. Todavía está pendiente la investigación para saber si cayó por motivos vinculados a su trabajo periodístico.


A las y los periodistas exterminados los mató el virus de un sistema político cuya perversidad es mayúscula. No sólo se enfrentan a la corrupción y la violencia; son aislados por los colegas prostituidos que se venden para contar una versión falsa de los hechos. Los gobernantes gastan millones para prostituir medios locales. Quienes se niegan a corromperse terminan muertos o encarcelados. Cientos de profesionales sin fama ni fortuna se encargan todos los días de hacer eco a las demandas sociales, reportean las realidades que los poderosos intentan sepultar, que los medios masivos consideran provincianas o poco vendibles.

Los reporteros y editores que trabajan a lo largo del territorio nacional, muchas veces para medios de comunicación modestos, operan a puro “valor mexicano”, sin red de protección. Su trabajo es una expresión de la responsabilidad social del periodismo. Mientras, los diputados federales y la fiscalía especial se niegan a admitir que los poderes locales son enemigos del buen periodismo. La campaña de libertad de expresión de Artículo XIX dice: “Te hace daño no saber”. Cada vez que matan a un reportero una comunidad se enferma de silencio, se le arrebata el derecho a conocer la realidad y a ser escuchada.

miércoles, mayo 06, 2009



Ensayo sobre la ceguera de la influenza porcina

Durante once días, los mexicanos han vivido una situación parecida a un toque de queda y a una película de ciencia ficción

SERGIO R. BLANCO - Ciudad de México - 06/05/2009


Llevo casi ocho años viviendo en México y soy mexicano por elección. Por nacimiento soy español. Enciendo (prendo) la televisión y observo el noticiero (o telediario) de la noche. Hace once días que yo, y todos los demás habitantes de esta caótica Ciudad de México, nos encontramos en una "contingencia sanitaria" que a momentos parece un toque de queda, y otros una película de ciencia ficción.

Soy profesor, periodista y escritor así que me ha tocado permanecer en casa de "vacaciones", dada la suspensión de clases. Yo y la masa de 20 millones de humanos que damos vida a la urbe hemos escuchado, cada nueva jornada, variadas informaciones y vacilaciones de cifras que nos han hecho perder la paciencia en más de una ocasión. Muertos y muertos, víctimas y víctimas, pero sin nombres ni rostros. Mucha incertidumbre, misma que engendra todo tipo de teorías conspiratorias.

Salir a la calle cada día con mascarilla, incluso para pasear a mi mascota Siena, y encontrarme con otros individuos también portadores (no de la gripe) de este "cubrebocas" blanco, o azul, o verde, no ha sido precisamente un deleite en estos días pasados, pero sí reconozco haber soltado una carcajada al ver en la televisión cómo varios soldados repartían mascarillas a doquier, pero, eso sí, sin usar guantes. En estos once días ha habido momentos en que me he indignado por ejemplo, por las medidas exageradas y oportunistas, a mi modo de ver, como el decreto presidencial que da permiso al gobierno de entrar en cualquier hogar e incluso de retener a cualquier persona sospechosa de tener influenza porcina, rebautizada como A (H1N1). Pero quizá me he sentido agredido al observar cómo varios turistas mexicanos fueron puestos en cuarentena en China por el simple hecho de tener un pasaporte verde con un águila posada en un nopal, cómo Argentina llamaba a México el "hermano enfermo".

Hoy, 6 de mayo, observo las noticias y es uno de esos días en que, una vez más, pienso cuánta razón tenía André Breton, cuando, al llegar a estas tierras para hospedarse en casa de Frida Kahlo y Diego Rivera, expresó sin dudarlo que México es el país surrealista por excelencia.

Pero, ¿por qué recordar al padre del surrealismo? A partir de hoy, volverán a abrir los restaurantes en esta capital, y entre las medidas casi dadaístas se encuentra una en particular: antes de entrar a comer, el posible comensal tendrá que ser sometido a una toma de temperatura con termómetro, y sólo será aceptado si no tiene fiebre. Una sonrisa recorre mi boca, pues no es la primera vez que experimento esta sensación de estar viendo una película de Luis Buñuel en vivo. Creo que la primera vez fue en 2001, cuando llegué a este país y me encontré en la aduana del aeropuerto con una señorita que me invitaba amablemente a oprimir un botón: si salía rojo, revisarían mi equipaje, si era verde, no lo harían. México es un país en el que uno nunca deja de sorprenderse, para bien y para mal.

Sin embargo, hoy es uno de esos días en que estoy seguro de que, pudiendo hacer lo contrario, sacaría mi pasaporte mexicano, y no el español, aunque estuviera en China, o en Singapur, y a sabiendas de ser posiblemente protagonista de un encierro también surrealista. La razón de mi indignación: la imagen de un camarero del aeropuerto de Barajas, un españolito jactándose ante las cámaras por haber introducido en lejía un vaso que había utilizado un cliente mexicano. Claro, él pensó que era mexicano, pero probablemente era venezolano, o argentino, o guatemalteco... ¿qué más da? A continuación, todavía viendo el noticiero nocturno, me quedo atónito ante un taxista ibérico -madrileño como yo- diciendo que se abstiene de aceptar a clientes mexicanos, "por si las moscas". No me equivocaría afirmando que seguramente algún familiar del inteligente chófer, que es más papista que el papa (pues España no ha suspendido ningún vuelo) llegó a México en los años 40, por cierto, uno de los pocos países que acogieron a los refugiados (muchos de ellos enfermos y hacinados) de los que hoy España se acuerda con la tardía Ley de la Memoria Histórica que, por cierto, sólo puede redimir a los hijos y los nietos, porque los verdaderos refugiados españoles ya se han muerto.

Ignaros e ignorantes prepotentes. De eso está el mundo lleno, pero uno se siente avergonzado cuando la ignorancia, madre de la xenofobia y el racismo, es expresada a los cuatro vientos por alguien que tiene mi mismo pasaporte rojo coronado por el escudo español. Claro, en el amor y en la guerra, todo se justifica para defenderse de la "gripe mexicana", como la han bautizado los alemanes. Ya nadie se acuerda de que el primer caso no fue en México. Nadie se acuerda, pero haciendo un esfuerzo, creo que no hace falta que digamos aquí que no fue en México donde surgió esta gripe que hoy enferma al mundo. Y los síntomas no son precisamente fiebre alta, tos y flujo nasal. El mundo se enferma de intolerancia. En este Ensayo sobre la ceguera de la influenza porcina, cualquier referencia a Saramago es únicamente fruto de la ficción hecha realidad.



EL DECRETO DE CALDERÓN

Laura Itzel Castillo,

secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México


El artículo 73, fracción XVI, base 2 A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice textualmente: “En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el presidente de la República”.


El diccionario Larousse define indispensable como lo que es absolutamente necesario, lo que no se puede dispensar ni excusar. Sin embargo, el pasado 25 de abril, Felipe Calderón emitió un decreto con base en este artículo constitucional que, según el especialista René Sánchez Galindo, se presta a imprecisiones.


En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, se utilizan frases como “cuando lo estime pertinente”, “acciones que resulten necesarias”, “actividades que estime necesarias”, “medidas atingentes” o “actividades dirigidas al control y combate”, sin que se defina con precisión lo que son las medidas indispensables. Con esto se le otorga una mayor facultad al secretario de Salud que las propias conferidas en nuestra Carta Magna, con lo que se pueden cometer, sin duda, abusos.

Es de preocupar que el decreto autorice el ingreso a todo tipo de local o casa habitación para el cumplimiento de actividades dirigidas al control y combate de la epidemia, pero en ninguna parte encontramos de nueva cuenta el término indispensable.


En estados como Oaxaca o Puebla, seguramente se vuelven más riesgosas que el virus AH1N1 las acciones que a nombre de éste se ejercen para violar las garantías individuales de la población.


Frente a la polarización política existente, un fantasma recorre el país: el de la incertidumbre. Naomi Klein, investigadora norteamericana, autora del libro La doctrina del shock, analiza cómo, posterior a los momentos de mayor crisis, es posible imponer las mayores restricciones a la población y encontrar la menor resistencia. Resulta altamente simbólica la imagen del ejército repartiendo tapabocas frente al Palacio de Bellas Artes, la noche del 25 de abril.

Nota: No es por nada, pero extrañamos que prácticamente nadie del Gobierno Legítimo se manifestara en estos días de pánico y reclusión forzada para la población. Funcionarios digo, porque miles de representantes siguieron (seguimos) haciendo talacha aunque sea virtual. Pero hubiera sido reconfortante contar con la postura de los líderes. Una amiga y compañera ya hasta temía por la salud de AMLO del que tampoco se había sabido nada hasta hace un par de días. En fin, bienvenidos de regreso