viernes, junio 27, 2008

Reportes desde la resistencia

Ya pónganse a trabajar!

Es una expresión que es lanzada con frecuencia en esta norteña ciudad en referencia a los que de una u otra forma nos manifestamos públicamente contra el oficialismo antidemocrático y las políticas rapaces que mantienen en la marginalidad a cada vez más amplios sectores de la población. Nuestra presencia, nuestra crítica molesta a las buenas conciencias de nuestro país, a la gente “bonita”, “decente”, gente que se autodenomina “apolítica” y “de paz”. Ellos se rasgan las vestiduras ante el ridículo de quienes no entienden de qué se trata la modernidad, que no quieren ser winners y que le apuestan a que México fracase (más o menos palabras de Mouriño). Son los mismos que acusan a los diputados del FAP y a AMLO de violentar el estado de derecho, de trasgredir la ley, secuestrar a las cámaras, no respetar a las instituciones (como si por el hecho de ser institución se merezca ser respetada en automático) y a la izquierda en general le cuelgan cualquier milagrito, por ejemplo la de criminalizar a los jóvenes según dice Calderón mordiéndose la lengua, en relación al fallido y funesto operativo del News Divine.

Desde el gobierno y a través de los medios (¿o al revés, desde los medios y a través del gobierno?) se siembra la idea de que quienes participan en movimientos y luchas sociales son gente sin oficio ni beneficio, vividores (aviadores les (nos) llama Sergio Sarmiento en una de sus columnas del Norte del mes de abril, que sin preocuparse por trabajar recibimos nuestro pago que se carga a los contribuyentes, como él) a quienes los mantienen burocracias sindicales, asociaciones clientelares u organizaciones partidarias, todo ello con los inconfesables fines de obstaculizar el sacrosanto trabajo de las no menos sacrosantas instituciones; más o menos como en los tiempos de la guerra sucia se culpaba a la disidencia (especialmente jóvenes estudiantes) de responder a los intereses de la encarnación del mal en ese momento: el comunismo internacional. Como antes, ahora vuelve, desgraciadamente recrudecida, a crearse una atmósfera de intolerancia hacia la crítica, de criminalización de la protesta social, de promoción del pensamiento único. La disidencia se convierte en delito de orden común a la vez que en crimen contra el estado. Mientras, desde el ejecutivo se viola la Constitución y los otrora fieles defensores del estado de derecho voltean para otro lado.

Vivimos en un tiempo donde las apariencias lo son todo, o al menos así pretenden quienes llevan los hilos de esta puesta en escena. Ahora no sólo el lobo se pone la piel de oveja sino que le pone a la oveja una piel de lobo y señalándola con flamígero índice grita: ahí está el lobo, a él! En tanto los pastores como bobos borregos se despistan ante el engaño y pierden un tiempo precioso que la fiera usa para abastecerse a gusto.

No cabe duda que quienes tienen el sartén por el mango han sabido hacer su tarea: han logrado que una parte importante de la población irracionalmente acepte como buena la forma de vida que los grupos de poder le asignan; intereses, modas, horarios, gustos, ideas, necesidades; sin discrepancias, todo uniforme; bueno no, no todo, los ingresos y/o privilegios ahí sí son diferentes, pero eso debido a que algunos son lerdos y holgazanes mientras que otros son esforzados emprendedores que logran el éxito. Y ahí es donde hay que atorarle, trabájale duro, suda la gota gorda, dale 8, 10 o más horas al día, si es que tienes un trabajo y cuídalo, y si no tienes empleo es que no te has dedicado lo suficiente, recuerda el triunfo puede ser tuyo, depende de ti. Tenemos entonces estas dos vertientes de la ideología dominante, por un lado esta “cultura del trabajo” (que desgraciadamente no aplica a todos: el rector del TEC les aconseja a sus egresados no agarrar cualquier chambita nomás porque sí, lujo que no se pueden dar millones de mexicanos, y quizá tampoco buen número de jóvenes que salen de ese instituto) y por otro y para apuntalar al primero, la condena y el estigma social a quienes no trabajan y qué mejor ejemplo de quienes no trabajan que los que están en la calle protestando. Nos ha tocado estar en la Plaza Morelos manifestándonos y alguno nos ha espetado el conocido: ¡Pónganse a trabajar! proviniendo el reclamo de un paseante (obviamente el susodicho tampoco estaba laborando) ¡y en domingo! Tan racional así.

Se trata entonces no sólo de ir perdiendo nuestros derechos sino hacerlo con el beneplácito de nuestros conciudadanos. Así calladitos nos vemos más bonitos. En Francia hace unas semanas se realizó una huelga de 24 horas en 7 puertos estatales contra los planes gubernamentales de privatización para operaciones de carga. El tráfico portuario se paralizó prácticamente. No sé si allá también hubo quien se mesara los cabellos ante tan descabellada medida, pero viene a mi mente la reflexión que escuchamos en Sicko, la película de Michael Moore: “en Francia el gobierno le teme al pueblo, mientras que en América el pueblo le tiene miedo al gobierno”. Y para todos aquellos que desde su coche, su carnita asada, sus cheves mientras disfrutan el futbol, sus oficinas con aire acondicionado, sus clases en escuelas privadas, o simplemente desde la medianía moral se horrorizan y nos critican, también hago mía la frase que se hizo popular en los campamentos del plantón en la Cd. De México: “Disculpe las molestias, estamos construyendo la Democracia”.

El debate sobre el petróleo permite la divulgación de temas que enriquecen el conocimiento de la población



Estamos en una encrucijada histórica…Somos la primera especie que tendrá en sus propias manos su evolución como tal.
Carl Sagan

Cuando hace tiempo leí El Cerebro de Broca, de Carl Sagan, sentí que el astrofísico abría una puerta invitando a conocer el Universo como un paseo fácil y divertido; el cosmos, ese complejo de espacio y tiempo, de materia y energía, de lo infinitesimal y lo macro, incluido el territorio intermedio, pero no menos apasionante, que es el mundo a la escala humana cotidiana. Sagan igual hablaba de las distancias interestelares que de las conexiones neuronales o de falsas concepciones, pero sobre todo de la maravillosa capacidad del cerebro humano para descifrar el mundo que lo rodea, incluyendo al hombre mismo; y lo podía hacer en un lenguaje comprensible, ameno, cálido.

Lo anterior me asombraba puesto que yo pensaba que los físicos –astrofísicos como lo era Sagan- hablarían de complicadas teorías poco accesibles a la mayoría de los mortales, ya que durante muchos años oí mencionar a mis compañeros términos como mecánica cuántica, física de partículas, o teoría del campo unificado, de manera que los nombres me eran comunes, pero no así los significados últimos, o su importancia en la vida diaria y simple de los hombres. Sagan me sorprendía porque lograba hacer la tarea de divulgación de la ciencia sin sacrificar precisión ni rigurosidad, acercando de esa forma, como debe ser, la ciencia a los miembros de la sociedad, poniéndola así a su servicio.

Pasó mucho tiempo, mucho. Luego, un día durante julio de 2006, el IFE presentó los datos de la votación; como en la casilla donde una de mis hijas estuvo presente, el PREP le abonó gratuitamente a Calderón 100 votos adicionales, empezamos a poner atención redoblada en el conteo. Muy pronto nos enteramos de voces de especialistas que hablaban de comportamiento irregular de las gráficas de los datos. Para mi sorpresa dichos especialistas eran en su inmensa mayoría físicos, pocos matemáticos.

Porque soy una convencida de que el conocimiento científico es el que nos da certezas, lancé un SOS por la red, preguntando si no habría en la localidad científico alguno que ayudara a dar luz sobre las citadas gráficas de presentación de datos electorales. Mi mensaje viajó por la red y recibí una respuesta de alguien que decía: “yo puedo colaborar”. Era otro físico, avecindado en el Valle de Texas, egresado de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas de la UANL; amigo y esposo de una querida amiga. Por un lapsus terrible de mi parte, no se me había ocurrido dirigirme a él. Y pues allí estaban los físicos, nacionales y allende fronteras, porque al menos otro más desde el vecino país se sumó al estudio del caso, tratando de desentrañar el misterio de los números electorales; me acuerdo que pensé: ¡vaya, la ciencia tendiendo la mano al pueblo!
Hoy, nuevamente el trabajo de dos especialistas estudiosos de la física: el Ing. Francisco Javier Sáinz y el Dr. en astrofísica David Bahena, me sugiere la aventurada idea de que el estudio de esa rama del conocimiento ayuda a desarrollar una sensibilidad especial de compromiso con la sociedad y con el planeta en general, especialmente después de comprobar que hemos llegado a un grado de desarrollo tal que estamos en capacidad de provocar, conscientemente o no, la destrucción de nuestra especie. Por supuesto que no se puede generalizar, pero quisiera pensar que algo hay de ese compromiso.
El pasado viernes 20, Bahena y Sáinz participaron, en esta ciudad de Monterrey, como ponentes en el Foro Energético hablando sobre el petróleo y la electricidad, sus respectivos procesos de privatización en marcha y las consecuencias que ello trae. Profesionistas altamente calificados, trabajadores del sector, hacen un análisis detallado de la situación de nuestros energéticos, los cuales han venido siendo objeto de una privatización furtiva, que ni ha modernizado a la industria petrolera o eléctrica, ni ha fortalecido la economía del país.

Actualmente, ya el 47% de la producción de electricidad proviene del sector privado “gracias” a la Comisión Reguladora de Energía, que ha otorgado más de 700 concesiones a través de figuras jurídicas inexistentes e inconstitucionales (por ejemplo, la de autoabastecimiento remoto, o productor independiente) poniendo en situación de riesgo algunas regiones del país al existir una sobreproducción de electricidad (recordemos el caso Tabasco) rebasando los estándares internacionales recomendados. Las empresas privadas tienen permisos ampliados donde se les permite generar electricidad para su propio consumo, lo cual es ya de por sí ilegal, pero en la práctica producen excedentes que luego comercializan ampliamente utilizando incluso las redes de distribución de la CFE. En las iniciativas de reforma energética, ahora en debate, además de la ya existente CRE se propone una CRP (Comisión Reguladora del Petróleo) que va jugar, al igual que la CRE, el mismo papel privatizador. No es una suposición, es una película que ya hemos visto.

Datos duros. De esos que se lamentaba Calderón que faltaban en los debates. Queremos datos duros para tomar decisiones. Leyendo las iniciativas con detenimiento, como lo haríamos con las letras chiquitas de un contrato, se detecta que abren la puerta a la privatización en las diferentes fases del ciclo de producción del petróleo, desde la extracción, conducción, almacenamiento, refinación e incluso comercialización; además pretenden aplicar por extensión, los mismos planes a la energía en general, de todo tipo, aun aquellas cuya tecnología ni siquiera se ha desarrollado, tales como la eólica, geotérmica, nuclear, incluso la solar.

Resulta tentador incrementar la producción de petróleo (extracción) para su exportación aprovechando que están a la alza tanto la demanda como los precios internacionales de crudo; sin embargo, deben valorarse otras alternativas a la superexplotación como por ejemplo el ahorro, la conservación de las reservas probadas para utilizarlas como protección y apoyo a la industria nacional, como fomento al propio desarrollo interno (industria, mercado y generación de empleo) preparándonos para los tiempos en que los hidrocarburos, por escasos tendrían un precio inalcanzable en el mercado internacional.
Porque es necesario pensar en el petróleo no sólo como energético, sino como materia prima para la producción de un sinfín de artículos útiles al ser humano: plásticos, fibras, fertilizantes, adhesivos, resinas, solventes y un largo etcétera. De ahí que dedicarnos mayormente solo a exportar materia prima, petróleo crudo, como los gobiernos han determinado desde hace 25 años, es una medida que atenta contra la autosuficiencia del país quedando a expensas de futuros proveedores externos.
El Frente de Trabajadores de la Energía hace una serie de propuestas:

  • Implementar una Política Petrolera Independiente basada en el procesamiento del petróleo crudo evitando seguir "quemándolo" y exportándolo como materia prima básica mientras se importan gasolinas y otros petrolíferos.
  • La Integración de la Industria Energética (revertir el proceso de dividir Pemex en subsidiarias y filiales).
  • Impulsar el desarrollo tecnológico a través de un solo Instituto Mexicano de la Energía.
  • La construcción de refinerías energéticas que produzcan gasolina y generen electricidad al mismo tiempo.
  • Derogar las inconstitucionales reformas de 1992, 1995, 1996 y 2006 en materia energética.
  • Anular todos los contratos, concesiones y permisos privados.
  • Desaparecer a la CRE.
  • No permitir la creación de una Comisión Reguladora del Petróleo.
  • Impedir la reforma energética privatizadora de Pemex teniendo presente la necesidad de la Re-nacionalización energética para recuperar lo que se ha perdido.

Sagan decía que la ciencia es de interés general, nos concierne a todos porque a todos nos afecta. Así, igual, el conocimiento científico de la realidad debe estar al alcance de la población. El empeño del gobierno a través de los medios de comunicación, las cámaras empresariales y demás personeros oficiales por imponer una sola visión, la de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros, está siendo combatido por el debate nacional en torno a los energéticos. Bienvenidos los debates, los foros, las conferencias, los espacios libres donde es posible allegarse de información y nuevos conocimientos que de otra manera serían inaccesibles.

miércoles, junio 25, 2008

Comisión de mediación.


La Jornada, miércoles 25 de junio de 2008
Carlos Montemayor/ II y última
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Decíamos en el artículo de ayer que la comisión mediadora entregó a los representantes del gobierno federal el pasado 13 de junio un segundo documento con el análisis del delito de la desaparición forzada de persona como crimen de lesa humanidad en el contexto de la legislación internacional. La Convención Americana sobre Desaparición Forzada de Persona, suscrita por el gobierno mexicano el 5 de abril de 2001 y depositada en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos el 4 de septiembre de 2002, tipifica así ese grave delito:
“Para los efectos de la presente Convención, se considera desaparición forzada la privación de la libertad de una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de la libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
Este delito es considerado de extrema gravedad por el cúmulo de derechos que vulnera y agrede. Es perpetrado por agentes del Estado o por individuos que tienen la aquiescencia de éste. La víctima es detenida sin que se cumplan las formalidades legales: no existe orden de autoridad competente, no se especifica de qué se le acusa, no se menciona quién lo acusa, ni los elementos inculpatorios que existen en su contra. Después de la detención, la víctima es puesta en situación de indefensión total, pues es conducida a un sitio que no es de reclusión oficial. Quienes están obligados a informar a la sociedad acerca de la detención la niegan de forma sistemática. No existen rastros visibles de la víctima. Las autoridades niegan a los familiares, amigos y copartidarios de las víctimas, así como a los defensores de los derechos humanos, recursos legales efectivos para obtener su presentación.
La desaparición forzada de persona produce además una violación múltiple de los derechos humanos: el del debido proceso, el de libertad de locomoción y tránsito, el de respeto a la integridad física, el de visita familiar, el de asistencia jurídica y el de reclusión en un centro donde se respete su dignidad. Se ofende a toda la especie humana porque se transgreden las normas legales que regulan la vida en colectividad. En una sociedad que se precie de vivir bajo un estado de derecho, es inadmisible que se practique la desaparición de personas, que anula la posibilidad de una genuina vida democrática.
En el caso de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, los integrantes de la comisión mediadora consideramos que se reúnen algunos de los requisitos legales necesarios para tipificar la desaparición forzada de persona:
a) Fueron detenidos por agentes policiacos el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca.
b) Desde que tuvieron conocimiento de su detención, sus familiares los buscaron en la Cruz Roja, en otros hospitales, en cárceles y otros centros de reclusión oficiales e incluso en el servicio médico forense, sin encontrarlos.
c) Las autoridades, tanto policiales como civiles, federales y locales, negaron en todo momento tenerlos en su poder. La tónica que han seguido es la de negar la detención y posterior desaparición en un sitio clandestino.
d) No obstante que jueces federales ordenaron su presentación con vida, tal mandato resultó infructuoso.
Ahora bien, el Ministerio Público en México se niega a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de persona argumentando que ello equivaldría a la calificación anticipada de un juicio. Es decir, las autoridades mexicanas sólo pueden aceptar la desaparición forzada de persona como resultado conclusivo de un juicio y no como hipótesis de una averiguación previa. Tanto la resistencia ministerial como el aparente argumento legal son insostenibles o, si se prefiere, al menos cuestionables. Si así procedieran en todos los casos las autoridades mexicanas responsables de la procuración e impartición de justicia, no habría posibilidad alguna de iniciar procesos legales en México.
Toda queja, acción legal o demanda que produzca una averiguación previa en el Ministerio Público o a la que se dé entrada en un juzgado constituye siempre una hipótesis legal y no se le impugna como un resultado anticipado de la conclusión de un juicio. El término que se aplica en técnica jurídica es por ello el de presunción. Todos los indiciados son en verdad hipotéticos o presuntos delincuentes. Un asesino, un defraudador o un narcotraficante sometidos a proceso judicial son presuntos culpables de los delitos de homicidio, fraude o crimen organizado. El Ministerio Público puede iniciar una averiguación previa por esos ilícitos ante la hipótesis de un asesinato o de un fraude; esa presunción o hipótesis debe ser verificada (positiva o negativamente: esto es, verificada si es cierta; falsificada, si es falsa, según la vieja lógica científica) a través de un juicio. La sentencia del juez debe confirmar o desechar la hipótesis o presunción original. En ningún caso, pues, la hipótesis inicial o presunción jurídica de la averiguación previa se confunde con una versión anticipada de la sentencia del juez.
¿Por qué se argumenta, en cambio, que en el caso de la presunción de desaparición forzada de persona no se trataría de una hipótesis legal o presunción jurídica, sino de una anticipación o usurpación de sentencia? Creo que la resistencia a aceptar la presunción de desaparición forzada de persona deriva no de razones jurídicas, sino políticas. Aceptar la presunción jurídica de la desaparición forzada de persona en la procuración e impartición de justicia y en la legislación mexicana es ahora fundamentalmente un asunto, por ello, de decisión política, insisto. Aceptar esto en el caso de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez y en otros del pasado reciente (y por desgracia, también del posible futuro), significaría un avance legal, político y democrático de gran relevancia en México.
Con este propósito la comisión de mediación entregó a los representantes del gobierno federal el segundo documento que explica la desaparición forzada de persona en la legislación internacional y un tercero en que se concreta la petición aquí explicada y en el que se enumeran otras precisiones necesarias a propósito de hechos policiales vinculados con la desaparición de los dos eperristas. Para llevar adelante nuestra tarea de mediación, expusimos a los representantes del gobierno federal la necesidad de aclarar y precisar ciertos aspectos en los siguientes temas:
1. Debe tomarse en cuenta que los delitos de lesa humanidad son ya materia de la jurisdicción de instituciones internacionales, como la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Algunos también se encuentran tipificados en la legislación mexicana, tanto en ordenamientos del fuero común como del federal. No obstante, en estos delitos las procuradurías y los tribunales son reticentes a aplicar tanto la normatividad nacional como la internacional. Ante esta reiterada negativa del Ministerio Público Federal a abrir averiguaciones previas por desaparición forzada de personas y otros delitos de lesa humanidad, particularmente en los casos de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, pero también en otros del pasado reciente, creemos indispensable que el Estado mexicano garantice la atención debida a las denuncias de estos graves delitos.
2. En relación con la desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, consideramos necesario destacar que a mediados del mes de octubre de 2007 se presentó con los familiares del segundo una persona que dijo llamarse Alejandro Punaro y representar al Presidente de la República. Conminó a la señora Eulalia Amaya Pérez, fuera de su domicilio, a que demandara al Ejército Popular Revolucionario “por difamar a su hijo”.
3. El mismo Alejandro Punaro, en fechas anteriores, se había presentado con miembros de diferentes organizaciones ostentándose también como representante del Ejército Mexicano y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Con este carácter ejerció presiones y detenciones injustificadas que amenazaron la seguridad de las personas que consideraba vinculadas de alguna manera con el EPR. Consideramos indispensable que se aclare la identidad y la responsabilidad institucional de esta persona, así como su vínculo real con la Presidencia de la República, el Ejército Mexicano o el Cisen.
4. El general Tomás Ángeles Dahaujare, en su calidad de subsecretario de la Defensa Nacional, durante las mismas fechas realizó entrevistas con personas y diversos organismos de la sociedad civil, a fin de encontrar canales de comunicación directa con cuadros del EPR. Consideramos necesario que el gobierno federal aclare la relación de estas acciones con la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
5. En suma, creemos de gran utilidad que se establezcan con precisión las informaciones que el Ejército Mexicano pueda aportar a la solución de este caso, habida cuenta que la policía militar fue la corporación que intervino, según lo difundieron de manera amplia los medios de comunicación, en la detención de los policías y peritos de la policía ministerial del estado de Oaxaca el pasado 26 de abril en la capital de ese estado.
En los días inmediatamente posteriores a la reunión del 13 de junio, la comisión de mediación recibió, de manera discreta aunque plenamente confiable, información proveniente del Ejército Mexicano sobre algunos de los puntos planteados en este último documento. Ello nos persuade a pensar que es posible seguir avanzando en el proceso de la mediación y en el esclarecimiento del caso que ahora constituye el tema nodal y actual de este proceso.

El destino de la renta petrolera

La Jornada, miércoles 25 de junio de 2008
Editorial
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Los foros de discusión sobre la reforma de la industria petrolera que se llevan a cabo en el Senado de la República desde el pasado 13 de mayo siguen poniendo en entredicho la viabilidad constitucional, legal y política del conjunto de iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril. Ha quedado claro que en tales propuestas se pretende avanzar en la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos mediante modificaciones a una ley secundaria que, alterada de esa manera, resultaría contraria al artículo 27 de la Constitución, y se ha manifestado la necesidad de atender con mayor profundidad, y con visión de conjunto y espíritu nacional, las causas originarias de las problemáticas que enfrenta en la actualidad Petróleos Mexicanos (Pemex).
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Ayer, en los foros referidos, prácticamente todos los ponentes arribaron a la misma conclusión: es necesario destinar las cuantiosas ganancias obtenidas por la venta de crudo al desarrollo de la paraestatal y no al gasto público del gobierno federal –lo que ha sido usual en las recientes administraciones–, porque sólo en esa medida puede lograrse que el petróleo se convierta en palanca del crecimiento del país.
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Al respecto, Rogelio Gasca Neri, ex funcionario con una destacada trayectoria en la administración pública federal –fue director general de la Comisión Federal de Electricidad y subsecretario de Energía, Hacienda y Programación y Presupuesto, entre otros cargos–, afirmó que para apuntalar la industria petrolera es necesario terminar con los vicios actuales, entre ellos el mal manejo de la renta, que “en el sexenio de (Vicente) Fox no se fue a la inversión, sino que se derrochó en gasto corriente”.
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Los señalamientos del ex funcionario cobran relevancia en la circunstancia actual, habida cuenta de que los documentos que comprenden la propuesta calderonista no plantean medida alguna que impida la repetición del despilfarro de recursos petroleros que tuvo lugar en el gobierno del guanajuatense, del que el mismo Felipe Calderón formó parte, durante un tiempo, como secretario de Energía.
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Aunque en el texto mismo de la iniciativa se evidencia la intención de abrir la industria de hidrocarburos a los capitales privados, el discurso oficial niega tal propósito y asegura que su intención es impulsar la prospección, la perforación y la producción de crudo. Pero incluso en el cuestionable supuesto de que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal lograra incrementar las exportaciones petroleras y aumentar los recursos que teóricamente se captarían por esa vía, nada garantizaría que las hipotéticas utilidades adicionales así captadas no se derrocharan de manera similar a como ocurrió en la administración pasada.
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En la actualidad, el incremento en el gasto de la administración pública implica un doble despilfarro de las ganancias generadas por la venta de hidrocarburos, pues no sólo absorbe el monto de renta petrolera previsto en los presupuestos de ingresos, sino también los recursos excedentes obtenidos por los altos precios internacionales del petróleo. Como botón de muestra ha de mencionarse que de enero a septiembre de 2007 entraron 77 mil 561 millones de pesos de la exportación más de la suma original prevista, pero esos recursos extraordinarios fueron absorbidos por el crecimiento del gasto gubernamental, que fue superior en 84 mil millones de pesos respecto del mismo periodo del año previo.
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Para mayor aberración, las inversiones realizadas por Pemex durante la actual administración han sido financiadas, casi en su totalidad –más de 89 por ciento–, por medio de los proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), lo que conlleva un endeudamiento de la paraestatal con el sector privado por no poder realizar inversiones con recursos propios.
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Otro asunto de suma importancia, puesto también sobre la mesa en el debate de ayer en el Senado, es la ausencia de una política fiscal eficiente por parte del actual gobierno, así como sus afanes por cubrir tal fallo con recursos petroleros. Como lo señaló el economista Arturo Huerta, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la iniciativa calderonista es “incompetente económicamente” porque, lejos de revertir esa situación, la ahonda: resulta inviable sostener el gasto público con base en un recurso no renovable, como es el petróleo, y no hacerlo, por ejemplo, vía el cobro de impuestos a los grandes capitales, como se hace en los estados modernos. Es de suponer que, de acelerarse el incremento en la producción de crudo –lo que supuestamente se pretende por medio de la exploración y la explotación de los yacimientos submarinos–, acabará por ahondarse la dependencia que el gobierno mexicano acusa con respecto a las ganancias petroleras, de donde provienen 40 centavos de cada peso del gasto público.
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En suma, al igual que el resto de los foros de discusión sobre la reforma energética, el celebrado ayer ha mostrado la necesidad de una visión de Estado y no de mercado en el manejo de los recursos energéticos, a fin de que éstos dejen de representar sólo oportunidades de negocio inmediato, y comiencen a ser manejados como lo que son: un recurso no renovable que ha de emplearse para beneficio de la nación y de las generaciones presentes y futuras.

Comisión de mediación

Carlos Montemayor/I

El pasado 13 de junio la comisión mediadora entre el PDPR-EPR y el gobierno federal se reunió con los representantes gubernamentales. En términos formales fue la tercera reunión de trabajo; desde la perspectiva de la comisión, fue en verdad la primera.

En el encuentro del 13 de mayo se trataron asuntos de procedimiento: lugar de las reuniones, posible periodicidad de las mismas, mecanismos para hacer públicos los probables resultados de manera conjunta o de forma independiente. Al final de esa reunión, la comisión hizo entrega de un documento en el que se explicitaba el punto central de su compromiso: la presentación con vida de los eperristas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

En la segunda reunión, efectuada el 20 de mayo, se trató por vez primera el tema sustantivo de los dos eperristas desaparecidos. Los representantes gubernamentales y los miembros de la comisión consideramos necesario precisar informaciones y análisis legales y políticos relacionados con ese tema. Al término de la reunión, los representantes gubernamentales entregaron a la comisión un documento que plantea ponderadamente las funciones posibles de la mediación en el corto y mediano plazos.

Esta segunda reunión fue relevante en más sentidos. Primero, porque a pesar del esmerado cuidado del gobierno federal para no reconocer explícitamente a la comisión de mediación como tal, constituyó un reconocimiento de hecho. Segundo, porque con ese reconocimiento la comisión pudo iniciar formalmente su propia agenda de trabajo, una agenda que no se agregaba como una línea de acción adicional a los propósitos del EPR o del gobierno federal, sino como una línea de investigación dependiente del compromiso apuntado desde la primera respuesta del 25 de abril: la presentación con vida de los dos eperristas desaparecidos. La comisión propuso en esa fecha al EPR una tregua unilateral que constituye la principal aportación concreta de las partes en la mesa de diálogo.

La atención de los medios informativos nacionales fue notable durante esas dos primeras reuniones de trabajo. El interés de la prensa escrita, estaciones de radio y televisión fue creciente y constante, a pesar de que no se había avanzado en el tema sustantivo. En cambio, en la tercera reunión los integrantes de la comisión planteamos a fondo, por vez primera, los aspectos procesales y políticos del tema, pero los medios informativos han guardado un silencio inesperado.

Este artículo y el siguiente se proponen explicar a los ciudadanos interesados en este proceso, a los diversos lectores del sector público y a los integrantes del PDPR-EPR las razones y planteamientos esenciales que la comisión de mediación presentó a los representantes gubernamentales el 13 de junio.

Comienzo por reiterar que la comisión no ha tenido contacto directo con el PDPR-EPR en ningún momento y que nuestra comunicación con esa organización se ha mantenido solamente a través de los medios informativos. Muchos ciudadanos, comunicadores y funcionarios del gobierno federal han supuesto que los miembros de la comisión hemos estado sosteniendo una comunicación directa y permanente con el EPR. No es así. Creo también posible que los integrantes del PDPR-EPR hayan pensado que la comisión ha estado en comunicación directa y permanente con el gobierno federal. Tampoco ha sido así. En mi caso, como he ilustrado pormenorizadamente en mi novela Los informes secretos, uno de mis teléfonos está monitoreado por la Secretaría de la Defensa; otro, por el Cisen. Este monitoreo telefónico no puede considerarse, evidentemente, una comunicación directa entre el gobierno federal y uno de los miembros de la comisión de mediación.

A partir de la segunda reunión del 20 de mayo, la comisión realizó una evaluación de los testimonios personales, documentos y análisis políticos y legales que le fueron entregados por sectores de la sociedad civil. La colaboración de los ciudadanos superó las expectativas iniciales de la comisión. Los materiales se mantuvieron con carácter confidencial hasta la reunión del 13 de junio, fecha en que se integraron, para hacerse públicos, en tres documentos que el lector interesado puede consultar en el sitio web de Serapaz: www.serapaz.org.mx

En el primer documento se hace un recuento de todas las denuncias, quejas o demandas que interpusieron los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en diferentes instancias del fuero común y federal en relación con la detención y desaparición forzada, ocurrida el 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca. La inoperancia de las actuaciones de procuración e impartición de justicia y de defensa de los derechos humanos son una base sólida para suponer que se requiere una voluntad política más firme a fin de resolver el objetivo fundamental de la presentación con vida de los desaparecidos.

El segundo documento, Análisis de la desaparición forzada de personas, reúne de manera concisa los principales rasgos que tipifican este delito en la legislación internacional como crimen de lesa humanidad y se analiza su aplicación al caso de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.

El tercer documento, Precisiones necesarias, reúne puntos que la comisión sugiere aclarar por la relevancia de las acciones inquisitivas o violentas de personas que han representado o se han ostentado como representantes del Ejército Mexicano, el Cisen o la Presidencia de la República. Estos hechos tornan más complejo el proceso ya no sólo legal, sino informativo y político, de los desaparecidos eperristas.

Ver la nota completa en:

http://www.jornada.unam.mx/2008/06/24/index.php?section=politica&article=010a1pol

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES DURANTE EL FORO GUERRERO: DONDE SE CASTIGA LA POBREZA Y SE CRIMINALIZA LA PROTESTA

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS Y ORGANIZACIONES DURANTE EL FORO GUERRERO: DONDE SE CASTIGA LA POBREZA Y SE CRIMINALIZA LA PROTESTA

Hoy que nuestras voces se encontraron en el 14° aniversario del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, reconocimos que nuestro sufrimiento tiene un mismo origen que se remonta a la colonización española, que quiso de un tajo arrancar nuestras raíces. Las políticas etnocidas y la extirpación de idolatrías se empeñaron en sepultar nuestras lenguas y nuestra cultura para apoderarse de lo que siempre han querido los gobiernos, de explotar nuestros territorios y toda la riqueza biótica que hemos sabido conservar de manera responsable.

Compartimos una historia de ignominia y en lugar de que nuestras lenguas, nuestros pensamientos, nuestras formas de vida comunitaria y nuestros valores relacionados con una democracia participativa fueran incorporados al patrimonio nacional y de la misma humanidad, los gobiernos se han casado con el libre mercado para prostituir nuestras civilizaciones mesoamericanas. Como pueblos indígenas y campesinos nunca nos hemos propuesto destruir otras culturas o hacerle la guerra a otros pueblos, tampoco nos obsesionamos por conquistarlos e imponerles otros nombres y otros gobiernos, no tenemos el mínimo interés de convertir a nuestras creencias a otras poblaciones ni montarnos en el poder para lucrar con la riqueza de todos.

Esta actitud respetuosa hacia los otros, la sociedad dominante y sus gobiernos criollos la han entendido como ingenuidad, debilidad y falta de raciocinio. Nos catalogan como menores de edad y siguen queriéndonos transar nuestro oro por espejitos, utilizando las leyes del dominador para someternos, coptarnos y hacernos sentir privilegiados de los gobiernos despóticos y caciquiles. Nuestra memoria colectiva, es el resplandor que sigue dándonos luces para no claudicar y no perder el camino de la dignidad y de nuestra identidad como pueblos diferenciados portadores de una gran civilización.

La destrucción de nuestra civilización como hijas e hijos del maíz, se expresa ahora con la imposición de políticas y programas que nos denigran, nos dividen y nos tratan como objetos de asistencia social. Cuando nos organizamos y asumimos una conciencia de pueblo con plenos derechos y ejercemos nuestras libertades, los gobiernos de manera racista y discriminatoria emprenden una embestida desproporcionada contra nuestras luchas que se centran en la exigencia de nuestros derechos básicos. Luchamos contra el hambre, contra el analfabetismo, contra las enfermedades, contra la pobreza, contra la injusticia, contra las leyes que nos oprimen y contra los malos gobiernos que nos reprimen.

Nos hemos visto obligados a recuperar nuestra palabra para colocarla en las plazas públicas y no nos hemos conformado únicamente con circular por las calles como seres sumisos, resignados a cargar con nuestras miserias. Ante los espacios cerrados y la falta de canales de diálogo, las calles son ahora nuestros espacios para expresarnos como pueblos, como sujetos con derecho, para reclamar a los gobiernos esa actitud insolente, soberbia y llena de desprecio y obligarlos a que cumplan con sus responsabilidad constitucionales y compromisos internacionales en el campo de los derechos humanos.

Hemos constatado que a mayor organización de nuestro pueblo, se da una mayor persecución, en cuanto crece más nuestra capacidad para poder reconstruir nuestra historia y nuestras utopías, más se fortalece los aparatos represivos del Estado. Los gobiernos prefieren invertir más en tecnología y equipo militar como una estrategia de guerra preventiva en lugar de hacer un frente con los más pobres para combatir desde la raíz las causas de la miseria. Con el escalamiento del conflicto social, el gobierno nos quiere poner contra la pared, ha cercado a nuestros pueblos con más policías, se ha querido apropiar de nuestros territorios, y las cúpulas partidistas se han aliado para imponer leyes que buscan despojarnos de nuestros derechos y de nuestro patrimonio

Los conflictos sociales que cada año se multiplican en nuestro estado, el gobierno del estado ha encontrado una forma fácil e irresponsable de postergar la solución de estos problemas y colocarlos en el campo penal, judicializa los conflictos para poder ubicar a nuestros luchadores sociales como delincuentes y lucradores sociales.

Tenemos que levantar más la voz para decir que la protesta social, es un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos y es el que nos permite ejercer nuestras libertades y los demás derechos fundamentales. Denunciar que las leyes son injustas para el pueblo empobrecido y que la forma de atender las demandas de la sociedad está conjugada con una guerra de baja intensidad que busca el control político de los pueblos para hacer invisible la impunidad y la corrupción de un sistema que quiere arrancar la esperanza de un nuevo modo de vivir en el sueño de la justicia.

El gobierno, al judicializar los conflictos y llevarlos a una lucha legal, le apuesta a un pleito largo y desgastante con los pueblos y prefiere dejar en las agencias de los ministerios públicos un problema que tiene un origen social; el nuevo gobierno prefiere tener a los luchadores sociales en las cárceles porque le apuesta a la desmovilización y fragmentación de los pueblos pensando en que puede también encerrar los deseos de justicia y los sueños de libertad.

A pesar de que existen más de 200 denuncias en los ministerios públicos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Guerrero, se han multiplicado los movimientos de resistencia que de manera creativa han reinventado formas de lucha para conquistar los espacios civiles que han sido privatizados por un gobierno gerencial de corte policíaco. Las estadísticas de la represión nos hablan de un gobierno poco dialogante, autoritario e incapaz de dar respuestas a las demandas sociales. Lo policíaco ha suplantado a la política y las cárceles se han transformado en los nuevos recintos de la negociación política a través de un proceso penal.

Los casos del Consejo Ciudadano de Chilapa y los egresados de la Normal Rural de Ayotzinapa, son una muestra de esta criminalización de la protesta. La persecución y encarcelamiento contra los miembros de la radio Ñomndaa, del Consejo del pueblo Bátháá, de la Policía Comunitaria, de los líderes del Cecop y la persecución encarnizada contra la OPIM de Ayutla, nos muestran un escenario adverso que nos anuncia un ambiente de confrontación política donde las autoridades hacen el triste papel de resguardar los intereses del gran capital y guardar en la cárcel a los que trabajan por la justicia para todos.

En esta declaración los pueblos y organizaciones aquí reunidos, reivindicamos ante la opinión pública el derecho inalienable a protestar contra las injusticias y los abusos del poder, demandamos:

  • El cese de la criminalización de la lucha social.
  • Un alto a la militarización en las regiones indígenas.
  • Castigo a las autoridades militares y civiles que han cometido graves violaciones a derechos humanos.
  • Demandamos la libertad inmediata de los 5 compañeros de El Camalote que están presos en la cárcel de Ayutla, quienes son victimas de una campaña de desprestigio y criminalización de su lucha independiente.
  • Emplazamos al gobierno del estado para que dé cumplimiento cabal a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos a favor de los 14 indígenas me´phaa de El Camalote que fueron esterilizados de manera forzada.
  • Cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los relatores de Naciones Unidas y de las comisiones públicas de derechos humanos.
  • Respeto a la libre determinación de los pueblos indígenas, reconocimiento y apoyo al Sistema de Justicia y Seguridad Comunitaria implementada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias.
  • Respeto a la decisión de los pueblos campesinos de La Parota que votaron en contra del proyecto de la presa hidroeléctrica, a través de sus usos y costumbres que son reconocidos por la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  • Un cese a la persecución y encarcelamiento de Cándido Félix Santiago, líder moral del Consejo de pueblo Bátháá.
  • Respeto al proyecto de la radio comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca y un alto a la persecución de sus fundadores.
  • Exigimos respeto a las demandas legítimas de los estudiantes y egresados de la normal rural de Ayotzinapa que enfrentan la imposición de políticas privatizadoras y la amenaza de cancelar el proyecto de educación popular implementada desde su fundación. Asimismo exigimos a los gobiernos federal y estatal que deje de judicializar la demanda legítima de los estudiantes que aspiran a obtener una plaza como maestros.
  • Demandamos el desistimiento de las órdenes de aprehensión contra los indígenas nauas del Consejo Ciudadano de Chilapa y el director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares.
  • Desde estas montañas nos unimos a la campaña de la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, relacionada con el derecho a la protesta, como el derecho fundamental que nos garantizan el ejercicio de los demás derechos


La Montaña florecerá cuando la justicia habite entre los me´phaa, na savi, nauas, amuzgos y mestizos.



ATENTAMENTE

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (Cecop),

Consejo para el Desarrollo del Pueblo Indígena Me´phaa de la variante lingüística Bátháá.

Consejo Ciudadano de Chilapa

Asamblea General de Ejidatarios de Carrizalillo

Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM)

Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco

Unión de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán

Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias

Cooperativa Kimi Taxa

Colectivo Torito A.C

Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña

Radio Comunitaria Ñomndaa de Xochistlahuaca

Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos (PAIR)

Movimiento de Campesinos Indígenas de la Montaña

Movimiento de resistencia civil de Tlapa

Instituto Guerrerense de Derechos Humanos

Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.

Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan


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"el respeto a nuestros derechos será justicia"

lunes, junio 23, 2008

Monterrey en pie de lucha. Comunicado del FTE.







Boletín de prensa. v8. n157. 23 junio 2008.

Monterrey en pie de lucha.

Diversas organizaciones de Nuevo León, organizaron en Monterrey un Foro sobre la Reforma Energética que promueve el gobierno federal para privatizar a Pemex y entregar los recursos naturales energéticos a las corporaciones transnacionales. El 20 de junio, con una importante asistencia que incluyó a los exmineros de las secciones 67 y 68 de Monterrey, el FTE compartió información y colectivamente se hizo un análisis de las 6 iniciativas de reforma regresiva a la legislación petrolera secundaria. En varias intervenciones, los asistentes expresaron su disposición a fortalecer la lucha con la convicción de que "vamos a impedir la privatización".
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Privatización eléctrica furtiva
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En la primera intervención, el Ing. Francisco Javier Sainz (FTE) explicó el proceso de Privatización Eléctrica Furtiva en marcha desde 1992 cuando se aprobaron las inconstitucionales reformas a la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. A partir de esas reformas, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 744 permisos privados de generación eléctrica a las transnacionales y sus filiales. A la fecha, el 47% de la generación eléctrica total a nivel nacional es privada implicando la acelerada desnacionalización de la industria eléctrica de México.
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Esos permisos no son solamente ilegales sino, incluso, fraudulentos como lo indicó el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 22 de abril de 2002. El caso más ilustrativo es Iberdrola de Monterrey, que posee un permiso inicial con una capacidad instalada de 619 megawatts eléctricos (MWe), ampliado recientemente al doble, para generar energía en la modalidad de falso "autoabastecimiento". Iberdrola no genera energía para su autoabastecimiento sino para el abastecimiento de más de 100 socios privados a los que suministra la energía generada ilegalmente. De esa manera se ha constituido una de las varias redes privadas que existen ya en el país, generando y comercializando electricidad en contra y al margen de lo dispuesto por el párrafo 6º. del artículo 27 constitucional en materia de energía eléctrica.
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Peor aun, la CRE ha inventado una figura jurídicamente inexistente, llamada Autoabastecimiento remoto, consistente en el suministro de cargas en un sitio diferente de la central generadora utilizando las redes nacionales de transmisión y distribución eléctrica. Esto incluye a los diversos proyectos eoloeléctricos, basados en la energía del viento, ubicados en el Istmo de Tehuantepec. Desde 2006, la secretaría de energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la CRE acordaron llevar a cabo una "Temporada Abierta" de proyectos eoloeléctricos para determinar la
capacidad de transmisión que los permisionarios privados reservan bajo bases firmes e irrevocables para así justificar la autorización de recursos por parte de la CFE.
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Las concesiones privadas otorgadas por la CRE son innecesarias. A la fecha, el sistema interconectado nacional dispone de un margen de reserva (MR) del 45%, siendo la norma internacional del 27%; y un margen de reserva operativo del 24%, siendo la norma internacional del 6%. Hay un evidente exceso de generación eléctrica para favorecer a las corporaciones mientras la CFE disminuye su capacidad generadora al sacar de la producción a varias plantas de su propio parque de generación.
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En materia de gas natural, la CRE ha otorgado 200 permisos ilegales a las transnacionales para la distribución, transporte (público y usos propios), almacenamiento de gas natural, así como distribución y transporte de gas LP por medio de ductos.
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Ahora, continuando con esa desastrosa experiencia, la reforma energética neoliberal propone que la CRE también otorgue permiso para la refinación del petróleo crudo, así como el almacenamiento, transporte y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos, así como de agrocombustibles, entregando el sistema nacional de gasoductos, oleoductos y poliductos a las transnacionales.
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Peor aún, se propone otra Comisión (Reguladora) del Petróleo para autorizar permisos privados en materia de exploración y explotación (producción) de petróleo. Esto significaría la entrega total de la industria petrolera a las transnacionales por la vía de otorgarles permisos privados relacionados con las actividades estratégicas que corresponde realizar en exclusiva a Pemex.
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Esta Comisión del Petróleo NO debe ser creada y la actual CRE debe desaparecer por dedicarse a privatizar el patrimonio energético colectivo y ser contraria al interés nacional.
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Privatización petrolera inconstitucional
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En la segunda intervención, el Dr. David Bahena (FTE) describió la privatización petrolera furtiva en marcha desde 1992, seguida de las reformas inconstitucionales de 1995, 1996 y 2006 a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo que ha permitido la privatización de la llamada petroquímica secundaria y del gas natural. También se refirió a la privatización de la exploración y explotación del gas seco en la Cuenca de Burgos, a través de los ilegales Contratos de Servicios Múltiples. También hizo referencia a los Contratos de Servicios Integrales (CSI) que han llevado a ceder la perforación de pozos a las transnacionales mediante ilegales contratos, tanto en tierra como en el mar. Estos hechos son contrarios a la Constitución vigente, dijo.
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Luego, se refirió a las 6 iniciativas de reforma a la legislación petrolera secundaria, demostrando que TODAS son inconstitucionales. La razón es muy sencilla. La Constitución indica en párrafo 6º. del artículo 27 que, en materia de hidrocarburos, NO se otorgarán concesiones ni contratos a los particulares mientras que, las 6 iniciativas señalan que SÍ se otorgarán contratos de todo tipo, incluyendo los contratos de riesgo en las aguas profundas del Golfo de México. De manera específica señaló que la reforma energética se enfoca en la privatización petrolera pero incluye la regulación (privatización) de TODAS las fuentes alternas a los hidrocarburos, esto es, el carbón, el uranio, la geotermia, las mareas, el viento, los vegetales, semillas y frutas e, incluso, la radiación del Sol.
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Después, fueron presentadas varias propuestas alternativas que incluyen la necesidad de una Política Petrolera Independiente basada en el procesamiento del petróleo crudo evitando seguir "quemándolo" y exportándolo como materia prima básica mientras se importan gasolinas y otros petrolíferos. Propuso la Integración de la industria energética bajo control obrero y popular, el desarrollo tecnológico a través de un solo Instituto Mexicano de la Energía, así como la construcción de refinerías energéticas que produzcan gasolina y generen electricidad al mismo tiempo.
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Para concretar esta política es necesario activar la movilización organizada en todo el territorio nacional y allende las fronteras concitando la solidaridad internacional. El Debate Popular actualmente en marcha debe extenderse a todo el territorio mexicano pues las decisiones sobre el petróleo de México corresponden al pueblo en su conjunto y no a los legisladores y/o partidos políticos.
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Un aspecto crucial es desarrollar la organización social, en todos los rincones de la Patria, fortaleciendo a las actuales organizaciones, integrándose a alguna de las existentes o creando nuevas, con dinámica propia y creatividad en todas las acciones.
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En lo inmediato, propuso derogar las inconstitucionales reformas de 1992, 1995, 1996 y 2006 en materia energética, anular todos los contratos, concesiones y permisos privados, desaparecer a la CRE y realizar todas las acciones al alcance para impedir la reforma energética privatizadora de Pemex teniendo presente la necesidad de la Re-nacionalización energética para recuperar lo que se ha perdido.
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"Vamos a impedir la privatización"
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Las exposiciones fueron presentadas en forma audiovisual explicándolas en detalle y con sencillez. Luego, los asistentes procedieron a hacer varias preguntas e intervenciones. Entre otros aspectos se puso de relevancia la importancia de contar con la mayor información posible, se dijo que existe una fuerte oposición del pueblo de México a pesar del charrismo, del gobierno y de la televisión, que las propuestas de éste constituyen una verdadera expropiación extranjera y que las iniciativas de Calderón solo benefician a una mafia de ladrones del patrimonio nacional. Se preguntó acerca del proyecto SUMA, antecedente de la actual reforma energética, cuyo proyecto fue diseñado en Houston y promovido por Fox y, ahora, por Calderón a través de Jesús Reyes Heroles y Georgina Kessel.
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Después se comentó acerca de las condiciones que existen en otras partes del país indicando que la situación es desigual y hace falta extender el movimiento y consolidarlo. ¿El clima político que se ha creado con las iniciativas para privatizar a Pemex nos llevarían a una Revolución?, se preguntó. Los mismos asistentes contestaron que no debemos tenerle miedo a esa palabra, entendiendo que la Revolución implica un cambio a fondo. También se dijo que, en estos momentos, se trata de la defensa de la nación, cuya mayoría viviente la constituimos los trabajadores y pueblo empobrecido.
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Un aspecto importante que fue destacado se refirió a la necesidad de defender los energéticos en una forma más amplia, en el contexto internacional, considerando al ASPAN, el TLC y otras medidas de la geopolítica energética mundial. Al respecto, se dijo, que es muy importante diseñar entre todos una geopolítica energética mexicana que se sume a la integración energética latinoamericana y contemple el desarrollo de las fuentes energéticas alternas, renovables y no renovables.
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Un importante grupo de exmineros, que fueron parte de las secciones 67 y 68 (Fundidora de Monterrey y Aceros Planos de Monterrey), mismos que protagonizaron importantes luchas en las década de los 1970s y continúan organizados, expresaron su disposición a intensificar la lucha señalando que unidos "vamos a impedir la privatización" energética que propone el gobierno federal.
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¡Pemex no se vende, el pueblo defiende a Pemex!
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El Foro de Monterrey fue conducido por la compañera María Elena Padilla y organizado por la Comisión de Resistencia Civil Pacífica en Nuevo León, los Jóvenes en Resistencia por al Democracia de Nuevo León, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos-Sección Nuevo León, y el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo-Comisión Estatal Nuevo León. Al evento asistieron estudiantes, amas de casa, profesionistas y brigadistas regiomontanos.
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En el auditorio del Sindicato de Telefonistas, una numerosa concurrencia se mantuvo atenta durante casi 3 horas, con una participación muy activa y, sobre todo, una alta disposición y ánimo para seguir adelante en una de las regiones que forman parte del nodo energético del norte, actualmente invadido por transnacionales, tanto en Nuevo León, como en Coahuila y Tamaulipas.
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El Foro fue exitoso debido al cuidado puesto por los organizadores, al trabajo incansable y a la conciencia que se ha venido desarrollando aún en difíciles condiciones dado que Monterrey es una metrópoli dominada por el capital y el conservadurismo.
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El FTE de México felicita a los compañeros (as) organizadores y participantes en este Foro y les expresa su disposición a la colaboración solidaria y unitaria. Somos parte de la misma lucha y sabemos que, en todas partes del país, haremos todo para vencer.
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Para el día 27 de junio, la resistencia de Nuevo León, llevará a cabo un cinturón petrolero en la Refinería de Cadereyta, N.L., para simbolizar que Pemex no se vende, el pueblo defiende a Pemex.
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Frente de Trabajadores de la Energía,
de México
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domingo, junio 22, 2008

“FORO ENERGÉTICO”

El viernes 20 de junio se llevó a cabo el evento “FORO ENERGÉTICO” con la participación de compañeros del Frente de Trabajadores de la Energía. El Ing. Francisco Javier Sáinz abordó el tema Privatización Eléctrica Furtiva, mientras que el Dr. David Bahen habló de la Inconstitucionalidad de la Privatización Petrolera. Cada uno de los ponentes realizó un análisis riguroso que con toda seguridad brindó a los asistentes material invaluable para la comprensión del tema.

El Ing. Sáinz presentó en detalle el proceso de privatización que ha ido dándose en el sector eléctrico, el papel que ha jugado en esto la Comisión Reguladora de Energía y el excedente de electricidad que gracias a la producción privada existe en el país, con el riesgo que esto implica por el sobrealmacenamiento de agua, que fue precisamente lo que provocó el desastre del año pasado en Tabasco.

De 1992 a la fecha la Comisión Reguladora de la Energía ha otorgado más de 700 permisos o concesiones a empresas privadas para que generen energía eléctrica. Alrededor del 47% de la electricidad producida (casi la mitad de la producción nacional!) proviene de empresas privadas.

Las modalidades en las que participa el sector privado varían de productor independiente, autoabastecimiento, cogeneración, importación, exportación y pequeña producción, entre otras; la de productor independiente de energía concentra 44 por ciento de la inversión total con base en 22 centrales privadas de alta potencia.

En dichos contratos, mediante figuras como el llamado Autoabastecimiento remoto, creado de manera ilegal por la CRE, la CFE se compromete a comprarle a las empresas privadas toda la electricidad que produzcan desde cualquier punto de la república, por eso sacan de operación de CFE plantas generadoras de energía, para que ésta les compre a las privadas la electricidad que producen y luego CFE (y también Luz y Fuerza del Centro) la transporta, redistribuye o la vende a los consumidores.


Asimismo a las empresas se les ha permitido instalar sus propias plantas generadoras de electricidad supuestamente para abatir costos, pero producen de más y venden la energía excedente.


La privatización de la Energía Eléctrica es el antecedente, ejemplo y experiencia que tratará de repetirse con el Petróleo. De hecho ya inició.


PENSAMIENTO DE EDUARDO GALEANO.

LA LUCHA CONTRA EL MIEDO.

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Sobre la distribución de los bienes:

"A mí, que tanto creía en él cuando era chico, me gustaría preguntarle: oye, Dios, ¿pero a qué ángel le has encomendado la distribución de los bienes terrenales? ¿Cuál es el ángel que se ocupa de distribuir en el mudo los panes y los peces? Ha hecho muy mal su tarea. Creo que mejor sería que lo destituyeras de una vez."


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Sobre la democracia:

"La democracia no es un sistema reducido al voto que se deposita cada cuatro, cinco o seis años. Es mucho más que eso: es el derecho que el pueblo tiene de gobernarse, el derecho que la gente tiene de participar activa y decisivamente en la vida política, económica, cultural del país al que pertenece."

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Sobre la trasformación del mundo:

"Tras el fracaso de muchas iniciativas de transformación del mundo asoma ahora el siglo XXI abriendo caminos nuevos que todavía no sabemos muy bien cuáles son. Creo que sería un acto de imperdonable estupidez pretender dibujarlos de antemano, porque se hace camino al andar y es verdad que la vida siempre, por suerte, es asombrosa."

Continúan desaparecidos 38 petroleros de Cadereyta


El Norte, 22 de junio de 2008.
Por
Arturo Rodríguez García - Proceso

CADEREYTA JIMÉNEZ.- Desde mayo de 2007 se encuentran desaparecidos 38 trabajadores de la Refinería Héctor Lara Sosa, afiliados a la Sección 49 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Según Josué Hilario Vega Estrada, hijo de Hilario Vega Zamarripa -secretario general de dicha sección y uno de los desaparecidos-, todo comenzó cuando el 16 de mayo del año pasado los integrantes de la sección se reunieron, por la tarde, en las instalaciones del sindicato. El propósito: discutir sobre la constitución de un comité de huelga.

Cuenta Josué que luego de tratar el caso durante largo rato sin agotar el tema, decidieron continuar las deliberaciones en otro sitio, y refiere que aún no oscurecía cuando los sindicalistas se distribuyeron en cinco vehículos para abandonar el lugar.

Sólo pudieron salir del estacionamiento tres unidades.

Las otras dos fueron interceptadas por un comando armado que secuestró a David Fernando Vega Zamarripa -hermano del dirigente petrolero y tío de Josué-, a los hermanos Félix y David Sánchez Torres y a Jorge Alejandro Suárez Faz.

Además, en su huida los agresores embistieron el vehículo del trabajador Víctor Manuel Mendoza Román.

Alarmados, los familiares de David Fernando Vega Zamarripa y otros miembros del comité se reunieron de inmediato en casa del líder Hilario Vega Zamarripa, en la Colonia Framboyanes. Ahí permanecieron hasta el día siguiente, el 17 de mayo. Alrededor de las 6:15 horas, Hilario recibió una llamada del teléfono de su hermano David a través de su Nextel.

Una voz desconocida le dijo a Hilario que tenía a siete de los desaparecidos, los cuales serían decapitados para arrojar sus cabezas frente a la casa del dirigente petrolero. Hilario manifestó a su interlocutor que él se entregaría para que liberaran a los demás.

Así, prosigue Josué, se inició la negociación.

Hilario les manifestó que iría solo y desarmado al sitio que le indicaran más tarde los secuestradores para liberar a sus compañeros. En seguida manifestó a los reunidos, así como a su esposa y a sus hijos, que debían abandonar la casa de Framboyanes e irse a un sitio seguro.

"Entonces se fue. Pidió que no lo siguiera nadie. Dijo que no iba a permitir que se llevaran a más (compañeros). Insistió en que platicaría con ellos (los secuestradores)... que si querían su cabeza, él se iba a entregar con tal de que soltaran a los detenidos", relata Josué.

Minutos después, Hilario llamó a sus parientes: "Hagan lo que les digan estas personas -instruyó telefónicamente a Josué-. Estoy bien, ya me llevan en una camioneta. No vayan a hacer nada, hagan lo que les digan. Ya me van a quitar los teléfonos. Te encargo a la familia." A la semana siguiente continuaron los secuestros de sindicalistas que, para Josué, son claras "desapariciones políticas".

Después de transcurridos 13 meses sin que ninguno de los secuestrados reaparezca, Josué se siente desalentado por la falta de respuesta de las autoridades.

Hasta ahora, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni el Gobierno estatal han atendido las denuncias, e inclusive las autoridades comentan que este caso puede estar relacionado con el narcomenudeo de la región.

También han guardado silencio los dirigentes nacionales del sindicato petrolero, mientras que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) desechó la denuncia de los familiares de los desaparecidos debido a que no presentaron pruebas de que sus parientes se hallaban en manos de alguna autoridad.

'Creo que fueron militares'


La Senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha seguido este asunto a petición de los familiares de los desaparecidos, señala que al decir que se iba a "entregar para que liberaran a los demás", Hilario Vega Zamarripa dejó en claro que estaba hablando con autoridades y no con delincuentes.

E insiste: "Es posible que Vega Zamarripa esté detenido por alguna autoridad".

El 4 de junio de 2007, pocos días después de la desaparición del dirigente petrolero, los diarios locales informaron que Hilario Vega Zamarripa y los demás trabajadores habían sido capturados por elementos del Ejército y entregados a la PGR para que esta dependencia los investigara por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A partir de ese día, la versión de que los sindicalistas operaban el narcomenudeo en Cadereyta cobró fuerza. Dos semanas después, el 20 de junio, la familia Vega Estrada interpuso una denuncia ante el Ministerio Público Federal con sede en Cadereyta para acallar esas versiones por considerarlas infundios, en tanto que Josué y Salomón Vega solicitaban una audiencia con el Procurador estatal, Luis Carlos Treviño Berchelmann.

Refiere Josué: "Una persona que dijo ser agente del Ministerio Público fue muy déspota. En presencia de varios testigos, me dijo que no tenían nada que hablar conmigo, que me retirara porque mi papá se encontraba en la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), y que mejor me cuidara porque tenían informes de que yo me desempeñaba mal".

Pese a ello, la averiguación previa 480/2007-5, integrada por un agente del Ministerio Público Federal, continúa su curso, aseguran los interesados, ya que hasta ahora no se les ha notificado nada en contrario.

Los familiares de los hermanos Vega Zamarripa se quejan también de que han sido integradas diferentes actas circunstanciadas para desprestigiar a los petroleros, e inclusive señalan el hecho de que, en el mismo sentido, una nota del periódico El Mañana, de Reynosa, publicó que elementos del Ejército "reventaron" dos casas de seguridad en las que presuntamente estaban los miembros del sindicato, quienes, de acuerdo con esa información, fueron enviados a la Ciudad de México.

Ante esa publicación, los familiares del dirigente petrolero recorrieran sin éxito varios cuarteles militares y, al respecto, comenta Josué: "Yo creo que (los secuestradores) fueron militares, porque en los lugares donde he preguntado saben todo: el nombre de mi tío, el nombre de mi papá y detalles de la desaparición".


Enojos y amagos panistas.

Además, en las últimas semanas, prosigue Josué, las cosas se han agravado: El pasado 9 de abril un juez federal dictó orden de aprehensión contra el sustituto de su padre, el secretario general interino de la Sección 49 del STPRM, José Izaguirre; del secretario de Vigilancia, Juan Fraga Godínez, y del vocal Marco Antonio Barrón.

A los tres se les acusa de venta de plazas laborales, según la causa penal 35/2008-III.

No es todo. Mientras petroleros del grupo de Carlos Romero Deschamps han difundido rumores de que la desaparición de los sindicalistas de Cadereyta puede estar vinculada con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), este grupo guerrillero emitió un comunicado donde menciona varios casos de violación de derechos humanos e incluye el nombre de los hermanos Vega Zamarripa.

Esto porque la Secretaría de Gobernación también los mencionó en su boletín número 331-07/12/2007, donde dicha dependencia acusa a los eperristas de realizar "una campaña de hostigamiento contra el pueblo de México".

En su comunicado del 15 de enero, los eperristas aclararon que sus acciones contra las autoridades federales se deben a la desaparición de los guerrilleros Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, y denunciaron el uso excesivo de la fuerza con que se conduce el Gobierno de Felipe Calderón.

"Si FCH es Presidente de la República 'haiga' sido como 'haiga' sido, le falta tomar realmente decisiones a favor del pueblo, debe presentar ya a nuestros compañeros Edmundo y Gabriel, a Francisco, David e Hilario, 'haiga' sido como haiga sido (su desaparición)".








Represión en Michoacán

FNLS y OCIP-RFM-FNLS DENUNCIA ATAQUE DE MILITARES Y POLICIAS CON ARMAS DE ALTO PODER A COMUNERO Y DENUNCIA DESAPARICION FORZADA

Morelia, Michoacán. 20 de Junio de 2008

AL PUEBLO DE MICHOACÁN Y DE MÉXICO

A LAS ORGANIZACIONES POPULARES Y DEMOCRÁTICAS

A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NO GUBERNAMENTALES

DENUNCIA URGENTE:

PRESUNTOS MILITARES Y POLICIAS IRRUMPEN EN LA COMUNIDAD TABIQUERA LA LOMA , MUNICIPIO DE MORELIA DE LA ORGANIZACIÓN CAMPESINA INDÍGENA Y POPULAR RICARDO FLORES MAGÓN (OCIP-RFM-FNLS). ALLANAN VIVIENDA, INTENTAN SECUESTRAR Y HIEREN CON ARMAS DE ALTO PODER AL COMUNERO JOSÉ REYES AGUILAR Y SE DENUNCIA DESAPARICION FORZADA DEL COMUNERO MOISÉS MOLINA RODRÍGUEZ.

RELATORIA DE HECHOS:

El miércoles 18 de junio a las dos de la tarde, llegó una camioneta suburvan blanca con vidrios polarizados, sin placas a la COMUNIDAD TABIQUERA LA LOMA DE URUAPILLA , municipio de Morelia Michoacán, en ella viajaban ocho personas vestidas de civil y botas militares, portaban armas largas y pistolas tipo escuadra.

Se dirigieron a la casa del compañero JOSÉ REYES AGUILAR, a quien abordaron preguntando por su esposa (con el argumento de que vendía tierras), el compañero pacientemente les aclaro que en ese lugar no se venden tierras porque están en litigio, y cuando les menciono que la señora por la que preguntaban era su esposa, lo sujetaron a golpes, atacándolo con violencia.

Trataron de detenerlo y llevárselo (amenazaron con matarlo), al percatarse el comunero de que no le presentaban orden de aprehensión, les opuso resistencia, máxime que hace aproximadamente 10 días de esta comunidad se llevaron también al comunero e integrante de nuestra organización MOISÉS MOLINA RODRÍGUEZ que hasta la fecha continúa desaparecido, esto enfureció a los sujetos que dispararon dos veces contra el comunero en presencia de su familia, esposa e hijos. Una bala penetró en el muslo izquierdo del comunero, en tanto que los otros dos sujetos le colocaban pistolas en la cabeza, una vez caído y desangrando con saña continuaron golpeándolo asestándole varias patadas en el cuerpo y cabeza, varios comuneros que se dieron cuenta de los hechos trataron de intervenir, pero los amagaron con sus armas largas e incluso amenazaron con disparar contra la esposa del comunero cuando les pedía que dejaran en paz a su compañero, acto seguido abordaron su unidad y se fueron con rumbo desconocido.

Como Organización Campesina, Indígena y Popular Ricardo Flores Magón (OCIP-RFM-FNLS) protestamos por la brutalidad de los hechos, denunciamos la represión de la cual sistemáticamente hemos sido objeto, las detenciones ilegales de compañeros, las órdenes de detención injustificada, y el gravísimo caso de desaparición forzada del compañero comunero MOISES MOLINA RODRIGUEZ.

Si a estos hechos le sumamos los constantes operativos policiaco-judiciales que llevan a cabo en contra de los comuneros en la comunidad mencionada, que siempre terminan con la detención de un compañero, consideramos que se implementa por la vía de los hechos una política de terror, dirigida a impedir que los comuneros ejerzan su derecho a la tierra.

ANTECEDENTES:

La comunidad Tabiquera la Loma de Uruapilla, desde hace nueve años han defendido 97 hectáreas de tierras comunales, por estos hechos, los comuneros han sido procesados por delitos como “despojo”, cabe señalar que hemos llevado mesas de diálogo con Organización Agraria y Gobierno del Estado para arreglar el conflicto que pone en riesgo la vida de los comuneros.

Los comuneros tienen más de treinta años trabajando las tierras, su fuente de trabajo es la elaboración del tabique y es la única forma de subsistir como familia y comunidad.

A pesar de intentar arreglar los asuntos por la vía institucional, desaparecen a un comunero MOISES MOLINA RODRÍGUEZ y atentan contra la vida de otro comunero JOSÉ REYES AGUILAR y de los miembros de la comunidad.

Por lo que decimos, ya basta de criminalizar la lucha por el ejercicio de nuestros legítimos derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, a la posesión de la tierra como fuente de sustento para nuestras familias.

Exigimos:

  1. La presentación inmediata con vida del comunero MOISES MOLINA RODRÍGUEZ, desaparecido forzadamente desde el día jueves 12 de junio del presente año.

  1. Castigo a los responsables del ataque cometido con armas de alto poder por militares y policías al comunero JOSÉ REYES AGUILAR y hacia miembros de la comunidad.

  1. Al gobierno Estatal y Federal garantías para la integridad física y psicológica de la comunidad y miembros de la organización.

  1. Responsabilizamos a los Gobiernos Estatal y Federal de la escalada de represión y violencia desatada en contra de los comuneros y nuestra organización, de los daños que de estas acciones se deriven en contra de nuestros integrantes.

PEDIMOS A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONALES E INTERNACIONALES SU INTERVENCIÓN TODA VEZ QUE LOS GOBIERNOS DEL ESTATAL Y FEDERAL PERMITEN TODA CLASE DE VIOLACIONES A NUESTROS DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIONALES Y POLITICOS.

POR SU SOLIDARIDAD Y APOYO

FRATERNALMENTE

¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

¡ALTO A LA REPRESIÓN Y HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE LOS COMUNEROS DE COMUNIDAD TABIQUERA LA LOMA ”!

¡A IMPULSAR LA LUCHA POR EL SOCIALISMO!

COORDINACION NACIONAL DEL FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (FNLS)

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO EN MICHOACÁN:

ORGANIZACIÓN CAMPESINA, INDÍGENA Y POPULAR “RICARDO FLORES MAGÓN”,

ORGANIZACIÓN DE LA MUJER CAMPESINA Y POPULAR “DIGNA OCHOA”,

ORGANIZACIÓN CAMPESINA Y POPULAR “SIERVO DE LA NACIÓN ”,

ORGANIZACIÓN INDÍGENA – CAMPESINA “ZAPATA VIVE”,

COLONIAS POPULARES DE LÁZARO CÁRDENAS,

COLONIA RÍO VOLGA DE URUAPAN.

Nota: Ya había pasado en Michoacán, en el sexenio anterior con Lázaro chico, y ahora con Godoy. Es absurdo y vergonzante que gobiernos que se dicen de izquierda sean, ya cómplices ya protagonistas de actos represivos. Debemos denunciar y pedir cuentas a gobiernos emanados del PRD; además tanto el partido en general (lo cual está más que difícil) pero al menos la corriente de Izquierda Unida y especialmente Andrés Manuel, deben deslindarse de gobernadores represores y con políticas contrarias a los intereses de la población. Aquí entran los gobiernos de Michoacán, Guerrero y Chiapas. De esa manera, AMLO y el PRD pueden reivindicarse ante la ciudadanía y avanzar en la construcción de una base social amplia organizada que vea la congruencia entre el decir y el hacer del líder y del partido .