viernes, diciembre 14, 2007

Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos

Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos.

Critican que ignore propuestas de civiles sobre normas para estaciones de retención

Hay un claro retroceso; con Fox por lo menos había mesas de consulta.

Por: Edgar Cortez y Fabiola Martínez

Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han recibido respuesta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para revisar el proyecto de normas de las estaciones migratorias que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende poner en marcha.

Representantes de organismos no gubernamentales lamentan que el gobierno calderonista no dé pasos para incorporar propuestas de la ciudadanía en el diseño de proyectos.

“El gobierno (actual) está retrocediendo. Incluso, con Vicente Fox había mesas de consulta, pero eso no lo tenemos hoy (…) Nos están tratando como un obstáculo”, señaló Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.

Once agrupaciones buscan un encuentro con el titular de la Cofemer, Carlos García Hernández, para señalar los aspectos que, a juicio de la sociedad civil, representan un grave retroceso en la operación de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.

Este jueves, la representante de Sin Fronteras, Fabianne Vennet, se reunirá con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, para exponer los puntos de vista de ese organismo internacional.

Sin embargo, comentó Edgar Cortez, desde el pasado 7 de junio hay promesas de encuentros conjuntos, aunque al final del camino las propuestas de los organismos civiles no son tomadas en cuenta, afirmó.

La insistencia en la situación que priva en las estaciones migratorias responde a que con las nuevas normas sólo continuará la violación a las garantías básicas de los indocumentados, pero ahora “ocurrirá al amparo de la ley”.

La SG retiró de su página de Internet el anteproyecto respectivo, al que había ubicado ya como “última propuesta”, hecho que aún no ha explicado ni ha informado acerca del visto bueno de la Cofemer.

Los grupos civiles insisten en que sólo fueron escuchados por el equipo del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sus propuestas no fueron realmente incorporadas al proyecto.

“Es necesario que haya relación directa entre la consulta a las organizaciones defensoras de derechos y la resolución final”, agregó Cortez. Es el caso –dijo– que en el proyecto de normas no está plasmado el sustento para ampliar los requisitos de ingreso a las estaciones.

El INM tampoco ha explicado por qué las clasificó en “A”, “B” y “C” ni el uso que dará a la información que recabe de los indocumentados. “(El gobierno calderonista) vuelve a colocar a los migrantes como si fueran presos”, reiteró.

CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

México, D. F., a 12 de diciembre de 2007

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiestan su preocupación por algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un retroceso en la tutela de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro país. Por ello hicieron un llamado a los legisladores, con el fin de lograr acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a los derechos humanos.

Se pronunciaron en favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas. Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Las iniciativas señaladas pretenden modificar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de, entre otras cuestiones, constitucionalizar el arraigo –lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país— y poner en peligro la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.

También permitirían rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes, así como ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

Integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH consideraron que la sociedad mexicana ha expresado en los últimos años un sentido reclamo a sus autoridades por la inseguridad pública que viven los ciudadanos. Señalaron que comparten plenamente esa preocupación y señalaron que el primero de los deberes del Estado es proteger la integridad física de las personas, bienes y familias que están en el territorio nacional.

Reiteraron que el cumplimiento de dicho deber no puede realizarse a costa de los derechos humanos.

CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

México, D.F. 13 diciembre 2007.

Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

La sociedad mexicana ha expresado en los útimos años un sentido reclamo a sus autoridades por el clima de inseguridad pública en la que se vive en todo el territorio nacional. Como ciudadanos compartimos plenamente esa preocupación y creemos que el Estado mexicano tiene como el primero de sus deberes proteger la integridad física de las personas y de sus bienes.

Estamos convencidos, sin embargo, de que el cumplimiento de dicho deber no puede ni debe realizarse a costa de los derechos humanos. Nos preocupan profundamente algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un grave retroceso en la vigencia y la tutela de los derechos de las personas. Particularmente, nos preocupa que algunas iniciativas pretendan modificar nuestra Carta Magna para, entre otras cuestiones:

1.- Constitucionalizar el arraigo, lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país;

2.- Poner en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial;

3.- Rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes;

4.- Ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delicuencia organizada.

En este contexto, nos pronunciamos a favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en el combate a la criminalidad y el derecho a la paz social con la debida protección de los derechos de todas las personas. Tenemos la convicción de que los derechos humanos y la seguridad pública son dos objetivos indisociables del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Por lo anterior, hacemos un atento llamado a nuestros legisladores para que logren acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a losderechos humanos.

CONSEJO CONSULTIVO

Héctor Fix-Zamudio, Ricardo Pozas Horcasitas, Graciela Rodríguez Ortega, Joaquín López Dóriga, María Patricia Kurczyn Villalobos, Juliana González Valenzuela, Paulette Dieterlen Struck, Miguel Carbonell Sánchez, Miriam Cárdenas Cantú.



La iniciativa de Ley de Familia excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad

Olvida a las madres solteras y les niega el derecho de decisión sobre sus hijos, dice

Extrañamiento del pleno de la Cámara de Diputados a legislación excluyente en NL

La Ley de Familia discrimina a personas que no sean consideradas en el patrón tradicional

La iniciativa del PAN va más allá de la constitucionalidad que deben tener las leyes, afirma

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados emitió un extrañamiento a los integrantes del Congreso del estado de Nuevo León que promovieron la iniciativa de Ley de Familia, la cual discrimina y excluye a todas aquellas personas que no sean consideradas dentro del patrón tradicional de la familia, cuya esencia es la relación hombre-mujer. Por mayoría los legisladores federales exhortaron, también, a los promoventes de esa normatividad a dar marcha atrás e impedir la aprobación de reglas violatorias de los derechos constitucionales de los mexicanos.

En un punto de acuerdo promovido por los ocho grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política en San Lázaro se expresa que la Ley de Familia “pretende ir más allá de la constitucionalidad que deben contener nuestras leyes, que desde su visión conservadora excluye a diversos grupos que integran la sociedad sobrepasando lo promulgado en las garantías individuales”.

Añade que “se comete el grave error de no concebir a la familia sin la unión de padre y madre, excluyendo a las madres solteras y negándoles el derecho de decisión sobre la educación que reciban sus hijos, al considerar la iniciativa de ley que los padres son quienes conservan el derecho único y responsabilidad de educación de los menores, entendiendo el concepto de padres como matrimonio.

“Por tal razón es aberrante e inconcebible que a las madres solteras no se les brinde el lugar que les pertenece, a sabiendas de que les pertenece como base de familia un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres solas, quienes se han esforzado por mantener integrada a su familia y sacarla adelante sin el apoyo de un hombre”.

Este diario evidenció la intentona de los diputados del estado de Nuevo León de aprobar la citada legislación, que además transgrede el artículo cuarto constitucional, que manifiesta lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Además, la crítica de los legisladores federales al Congreso de Nuevo León refiere que la legislación citada invade el artículo sexto de la Carta Magna, pues trata de imponer de forma irresponsable obligaciones a la prensa y los medios electrónicos respecto de su programación y contenido.

“Es evidente además que los legisladores promoventes de la iniciativa incurren en graves faltas de conocimiento legislativo al proponer una ley reiterativa que pretende reglamentar preceptos que constitucional y orgánicamente existen en la legislación local y federal, como son las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación, invadiendo y afectando atribuciones de dependencias establecidas ya legalmente”.

El punto de acuerdo sostiene que la iniciativa presentada por los diputados locales del PAN contiene un sinnúmero de fallas, contradicciones jurídicas y ambigüedades que, en un tema tan delicado como lo es la familia, deben ser analizadas y razonadas.

“No podemos permitir que se pisoteen y sobrepasen los derechos primordiales de los ciudadanos por una propuesta de iniciativa excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad, que no representa más que a un grupo moralista y conservador que no tiene una verdadera visión ciudadana y con la que se pretende popularizar con un tema de gran importancia para los mexicanos como lo es la familia”, afirma.

POSICION DE LA UNION NACIONAL DE TRABAJADORES SOBRE LA REFORMA LABORAL

Ante la inminente propuesta gubernamental de modificar el marco jurídico laboral, la UNT pone de manifiesto que las mesas de diálogo realizadas entre el Ejecutivo y nuestra organización sindical no han abordado ninguno de los temas anunciados por la STPS con motivo de la reforma laboral.

Tenemos noticias que indican que la STPS ha estado llevando a cabo consultas acerca de este tema con algunas organizaciones corporativas sindicales y patronales. Además del método excluyente utilizado en estas consultas en las que ninguno de los integrantes de la UNT ha participado, llama la atención es el carácter parcial y regresivo de la reforma que está procesando el Ejecutivo.

Una reforma procesada bajo estas condiciones, podría representar un claro retroceso del orden laboral mexicano que solo serviría para legalizar algunos criterios de flexibilidad laboral forzada y unilateral que, por la vía de los hechos, se han venido aplicando en las relaciones obrero patronales gracias a los contratos de protección patronal. Con ello se soslayaría, precisamente, aquello que realmente urge modificar: la estructura corporativa que trastoca y corrompe las relaciones obrero patronal. No sobra decir que la UNT bajo ninguna circunstancia podría convalidar una propuesta de esta naturaleza, por lo que reiteramos nuestra exigencia de que la reforma laboral sea discutida con todos los involucrados sin exclusiones y atendiendo a todas las posiciones. Emplazamos al Gobierno Federal a debatir y asumir nuestro proyecto de reforma laboral y productiva, porque fue resultado de una amplia participación de los trabajadores, porque se orienta a democratizar el mundo del trabajo y porque permite construir un Nuevo Pacto Social y Productivo para alcanzar un verdadero desarrollo social y económico del país.

Durante 10 años la UNT ha construido e impulsado un programa de acción que ha tenido como prioridad la Transición a la Democracia y un cambio del Modelo de Desarrollo con iniciativas como; la Reforma Social y Democrática de Estado y una Reforma Integral Laboral Productiva a una transformación a fondo del régimen político que democratice el conjunto de las instituciones del Estado, que desmonte el sistema de control corporativo y que siente las bases de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad

Consideramos que cualquier iniciativa de reforma a la ley debe ser parte de un Nuevo Pacto Social y consecuencia de un gran acuerdo político, sustentado en la democracia e inclusión, donde estén integrados todos los participantes de la sociedad. Cualquier iniciativa que pretenda una flexibilidad unilateral de las condiciones de trabajo donde los trabajadores sean nuevamente los que más aportan y los más afectados, es una condición equívoca e inequitativa.

La UNT estima que un cambio para una nueva etapa de desarrollo, debe estar acompañado de reciprocidad y equidad de parte de los sectores que más se han beneficiado con el desarrollo del país. Después de la larga etapa donde la mayor cuota de sacrificio y esfuerzo ha sido de parte de las clases más desposeídas de la sociedad, ahora se pretende a cargar los costos de una nueva reforma, frente al escandaloso enriquecimiento de un reducido grupo, cuya acumulación no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

Es necesario modernizar nuestro modelo laboral a fin de lograr una inserción exitosa en la globalización; para ello se requiere el perfeccionamiento de nuestras instituciones laborales para la aplicación con justicia y equidad en la normatividad laboral, que garanticen la seguridad jurídica de los trabajadores y los empresarios. Es indispensable también el fortalecimiento de la libertad, de la democracia y de la autonomía sindical y con ello transformar el mundo del trabajo que ha estado sustentado sobre la base de la simulación y la corrupción.

Para nosotros es fundamental generar un marco adecuado para promover la transición del país a la democracia y establecer las condiciones propias de la inserción de México en la economía mundial; para lo cual es necesario establecer un marco jurídico que produzca cambios sustanciales al sistema corporativo de intervención del Estado en la vida sindical, esquema heredado de prácticas hegemónicas operadas en nuestro país durante 70 años y que desgraciadamente se acentuó durante el pasado sexenio.

Los objetivos enunciados requieren reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo y se resumen en los siguientes temas:

*Derogación del Apartado “B” del Artículo 123 constitucional.

*Semana laboral de trabajo de cuarenta horas.

*Acceso y condiciones de trabajo iguales y dignas, con una perspectiva de género de manera transversal

*Protección a la familia. Condiciones de trabajo, remuneración dignas y sin discriminación del trabajo femenil, de menores de edad y derecho al trabajo de otros grupos vulnerables; adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes y etnias.

*Generalización de un salario mínimo a nivel nacional.

*Sustitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades.

*Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.

*Fortalecimiento de la libertad positiva de sindicalización y la no intervención del Estado y los empresarios en la vida sindical.

*Fortalecimiento de Sindicatos Nacionales por Rama Industrial o de Servicios.

*Voto libre, directo y secreto en la elección de directivas y recuentos sindicales.

*Transparencia y rendición de cuentas de la administración del patrimonio sindical.

*Prohibición de la afiliación política obligada.

*Reconocimiento constitucional a la contratación colectiva como institución privilegiada del derecho colectivo, espacio adecuado para el desarrollo de la productividad y mejor organización del trabajo.

*Transparencia y autentica contratación colectiva. Supresión de los contratos de protección y de corrupción, para su recuperación operativa del micro pacto social garante de la paz productiva.

*Contratación colectiva sectorial por rama de actividad y cadena productiva.

*Normas eficaces para garantizar respeto a la libertad, democracia y autonomía sindicales, y a la autenticidad de la contratación colectiva, de parte de empresarios, funcionarios y dirigentes sindicales.

*Sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales federales y locales.

*Derogación de las limitaciones a las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos para intervenir en violaciones a los derechos laborales.

*Autentica contratación individual, supresión de contratos a honorarios y a comisión simulados e invalidación de documentos firmados en blanco para supuesta “renuncia voluntaria”.

*Perfeccionamiento normativo en riesgos de trabajo y habitación.

*Reformas sobre trabajos especiales de trabajadores del hogar, rurales actores, músicos, universidades, buques, aeronaves y ferrocarriles entre otros.

*Capítulos nuevos sobre trabajadores de banca de desarrollo y de la federación, estados y municipios, con normas para el servicio civil de carrera.

*Perfeccionamiento de normas procesales sobre firma, revisión y titularidad de CCT, huelga, cierre de empresas por quiebra y procedimiento ordinario.

La Unión Nacional de Trabajadores se deslinda de cualquier propuesta que lejos de abonar el camino para la democratización del mundo del trabajo, contribuya a la simulación y la ausencia de bilateralidad de las relaciones laborales en este país.

México, DF, 13 de diciembre de 2007.

"POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES"

Por la Presidencia Colegiada

Ing. Francisco Hernández Juárez

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes

Dr. Valdemar Gutiérrez Fragoso

Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007

Critican fallo de la Corte en el tema de Lydia Cacho y el mandatario de Puebla

Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia

Instan a legisladores a modificar las leyes para superar fallas que evidenció el caso

Carolina Gómez Mena

Periodistas de diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.

En el escrito, que hasta ahora cuenta con la adhesión de más de 600 comunicadores, se critica la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –el pasado 29 de noviembre– de que no hubo violación “grave” de las garantías de la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y se advierte que el fallo del máximo tribunal no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.

Hasta ayer habían signado el documento periodistas de 28 estados y de nueve países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Entre los firmantes están Cristina Pacheco y adherentes, como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoky y Carmen Jiménez Cacho, así como Sergio Fernández, profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007.

El documento destaca que “desde el máximo tribunal del país se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y, al mismo tiempo, se ha dado aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.

Asimismo, precisa la “urgencia de que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció el caso”, y demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero contra Mario Marín”.

De igual forma, los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), por lo menos se señale a los funcionarios que participaron en lo que la Corte denomina ‘violaciones leves’, y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.

Asimismo, manifiestan: “consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, los poderes económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.

Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, horas después de que la SCJN determinó que no hubo violaciones “graves” a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro por el llamado góber precioso.

Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” de que no se firmara. No obstante, 109 periodistas de la entidad se adhirieron al documento. También lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Astillero

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
Por Julio Hernández López

El tema de fondo, más allá de las piruetas relacionadas con el que podría estar siendo rebautizado en estas horas como Instituto del Fraude Electoral, es la reforma judicial. El licenciado Calderón ha sido advertido (a este columnero no le consta que el texto original haya sido en inglés, ni que haya venido del norte) de que los problemas nacionales acumulados, más los provenientes de los desajustes de la economía gringa, y la entrada en vigor del gasolinazo y otros ingredientes socialmente explosivos, han creado un escenario de previsibles protestas públicas y resistencias civiles que deben ser enfrentadas con rigor gubernamental para evitar que el de por sí endeble tejido de la figura formalmente presidencial pueda ceder, romperse o dañarse de manera irreversible. El Fiscal General de la República ya ha militarizado el país, con el pretexto del combate (ja, ja) al narcotráfico, y ha abatido los niveles de condescendencia de la opinión pública respecto a violaciones de derechos humanos y abusos de corporaciones gubernamentales. Ahora podría instaurar abiertamente un estado policial, gracias a los arreglos que ayer estaban en ruta de cierre en San Lázaro –y que serían convalidados por la izquierda mercantil del PRD, que a cambio de migajas electorales, como los relevos de tres consejeros del IFE y la “reforma” electoral, estaría colaborando al fortalecimiento del felipismo, dándole nuevas formas fiscales de hacerse de más recursos y, ahora, legalizando la política represiva ya en curso. Sólo faltaría al coctel la cereza del Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida, para que todo sea felicidad (controlada) en el país de Pefelipe.


jueves, diciembre 13, 2007

Peligroso para México si permanece la derecha conservadora en el poder, advierte López Obrador

San Pedro de las Colonias, Coahuila Martes 11 de diciembre de 2007.
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* La banda más peligrosa de México opera desde Los Pinos, afirma el presidente legítimo de México.
* Los mexicanos no vamos a permitir que el presidente pelele, Felipe Calderón, entregue el petróleo a extranjeros, aclara.
* Fox es acusado por acumular riqueza mal habida, pero Calderón también es un ladrón, porque se robó la Presidencia, subraya.
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Desde el norte de la República, Andrés Manuel López Obrador declaró que lo más peligroso para México es que se perpetúe en el poder la mafia más peligrosa en la historia nacional que opera desde Los Pinos y que está representada por el pelele de Felipe Calderón, el ex presidente Carlos Salinas, el banquero Roberto Hernández, el senador Manlio Fabio Beltrones y la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
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Denunció que la derecha conservadora incrustada en las cúpulas del PRI y del PAN está en contra de los intereses de México y pretende entregar el patrimonio de la Nación al capital privado extranjero; sin embargo aclaró que millones de mexicanos participan en el movimiento pacífico por la transformación auténtica del país y sus instituciones.
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Aunque lo tachen de revoltoso, adelantó que convocará a una movilización nacional hasta parar al país, si la derecha panista intenta depositar la industria petrolera en manos de particulares.
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En entrevista que concedió en el marco del informe anual de actividades que rindió el presidente municipal Jorge Arturo Babún Moreno, consideró una farsa el proceso de selección de los tres nuevos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
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“Todo es una farsa. Desde que lanzaron la convocatoria, ya se sabía quiénes iban a quedar, ya estaban palomeados, y pobres de los que fueron a registrarse, nada más los utilizaron, porque ya está el acuerdo entre el PRI y el PAN y hasta podría decir quiénes van a quedar”, subrayó.
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El presidente legítimo de México adelantó que uno de los futuros consejeros del máximo órgano electoral será Mauricio Merino, quien hace once años fue impulsado al cargo por el PRI, junto con Jacqueline Peschard. Ahora, el mismo Merino Huerta es propuesto bajo las siglas del PAN. “Es decir, se trata de la misma gata, nada más que revolcada”.
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Como ciudadano mexicano, precisó que no se prestará a un enjuague ni a una farsa, tampoco a un acto de simulación como es la llamada reforma electoral, porque tanto los miembros el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán subordinados, serán empleados de las cúpulas panista y priista.
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Un reportero le preguntó su opinión sobre la calificación reprobatoria que le impuso la OCDE a México en materia de rendimiento escolar. López Obrador expresó que el resultado obtenido es fruto del pago de facturas del presidente espurio, Felipe Calderón, a la cacica Elba Esther Gordillo.
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Después de que Gordillo Morales operó el fraude, con el apoyo de gobernadores de extracción priista, Calderón le entregó en charola de plata la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y el manejo de las pensiones de millones de trabajadores al servicio del Estado, aseguró.
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Sobre las acusaciones de que Vicente Fox se enriqueció durante su mandato, explicó que se convirtió en deporte nacional la práctica de acusar al ex presidente de ratero, pero aclaro que Calderón Hinojosa también es un ladrón, porque se robó la Presidencia de la República y los medios de comunicación no lo tocan ni siquiera con el pétalo de una rosa.
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También aseguró que Fox no será sometido a juicio penal y cualquier versión en sentido contrario “es puro atole con el dedo”. Al guanajuatense “no le pueden hacer nada, porque dio mucho dinero para favorecer al pelele de Calderón, o mejor dicho, Calderón está en el cargo por Fox. Lo impuso Fox y un grupo de potentados”, que no quieren perder privilegios.
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Al término del informe anual de trabajo del presidente municipal de San Pedro de las Colonias, manifestó que actualmente realiza un recorrido por los dos mil 500 municipios del país y que está invitando a los mexicanos a participar en la red de representantes del Gobierno Legítimo de México.

La reforma judicial vulnera garantías

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
-La reforma judicial vulnera garantías, afirma Soberanes.
Claudia Herrera Beltrán y Laura Poy.
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La reforma judicial significará un retroceso si se aprueba tal como está, pues contempla disposiciones que no preservan las garantías individuales de los mexicanos, consideró el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes.
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Señaló que espera que en el Senado de la República se reflexione más y se pueda corregir. A su salida de Los Pinos, donde asistió a la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, anunció que el Consejo Consultivo de la CNDH difundirá este miércoles un desplegado donde expresa su “preocupación” sobre el tema.
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De los puntos que Soberanes cuestionó destaca la autorización al Ministerio Público para entrar a los domicilios sin orden judicial, argumentando que está en peligro la vida de una persona.
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También criticó las propuestas de intervenir las comunicaciones, los cateos sin orden judicial y la legalización del arraigo.

LUZ VERDE EN LA CÁMARA A CREAR UN ESTADO POLICIACO.

-Un sector del PRD da su aval, pese a señalamientos de violación a garantías individuales.
-PRI y PAN imponen su fuerza para aprobar la reforma en materia judicial.
-Logran precisar que los movimientos sociales no son delincuencia organizada.
-El dictamen recoge las propuestas perredistas en un 60 por ciento, dice Juan Guerra.
Roberto Garduño y Enrique Méndez
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La fuerza numérica de PAN y PRI consumó anoche la reforma constitucional en materia judicial, que recoge propuestas del presidente Felipe Calderón y del PRD, y permitirá al Ministerio Público Federal y a cualquier cuerpo policiaco el allanamiento y cateo de domicilios sin mandato judicial, así como detenciones sin orden de aprehensión, sólo con la presunción de vinculación con la delincuencia organizada o que se está cometiendo un delito en flagrancia.
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Con 366 votos a favor –incluido un sector perredista–, 52 en contra del sol azteca y Felipe Garibay del PAN, así como ocho abstenciones de Alternativa, la mayoría aprobó el dictamen, que desde el lunes pasado se avaló por unanimidad en la Comisión de Gobernación, donde no se presentó ninguna objeción a su contenido y alcances.
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Ayer, y ante los riesgos de la reforma, un sector del PRD se percató de que esas atribuciones incluirán en la Constitución “regímenes de excepción que vulnerarán las garantías y tratados internacionales en materia de protección a la dignidad de las personas”, como acotó en tribuna el diputado Humberto Zazueta.
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Para respaldar esa postura, el coordinador perredista Javier González Garza presentó una moción suspensiva, primero para iniciar una negociación que permitiera modificar el dictamen; sin embargo, como el acuerdo fue limitado, planteó una segunda moción con objeto de llevar la discusión hasta el segundo periodo ordinario de sesiones, que se inicia en febrero de 2008. La propuesta fue desechada por la mayoría PAN-PRI.
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Únicamente se logró incluir en la exposición de motivos –que en el caso de reformas constitucionales tiene carácter vinculatorio con el articulado– que no se considerará delincuencia organizada a los movimientos sociales, y en ese caso no se aplicarán las detenciones o allanamientos sin orden judicial.
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El dictamen reforma el artículo 16 constitucional, para definir que “por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada”. Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, acusó en entrevista que esa disposición puede llevar al extremo de que si tres personas pobres hurtan pan en un supermercado, serán considerados delincuentes organizados.
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Lo delicado de ese artículo se debe a que también se incluye el siguiente párrafo: “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado”.
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No obstante, el texto constitucional reformado no distingue qué policía será la que realice las detenciones, la investigación y persecución de delitos, lo cual abriría la puerta para que la Policía Federal Preventiva, integrada con elementos del Ejército Mexicano, realice además tareas que son exclusivas del Ministerio Público e inclusive de la policía judicial o ministerial y la Agencia Federal de Investigación.
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También se aprobó que la autoridad judicial, a petición del MP, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades del lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, plazo que podrá prorrogarse, siempre y cuando la representación social acredite que subsisten las causas que dieron origen a la privación preventiva de la libertad.
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Asimismo, se incluyó en la Constitución la figura de jueces de control que resolverán, en manera inmediata y por cualquier medio –inclusive vía telefónica– las solicitudes que presente el Ministerio Público de ejecución de medidas cautelares que requieran control judicial. Para ello, explica el documento, deberá existir “un registro fehaciente de todas las comunicaciones” entre jueces, Ministerio Público y demás autoridades competentes.
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El artículo 18 se modificó para establecer que en el caso de la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Además se incluyó un párrafo para legalizar la incomunicación de reos: “las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas de seguridad especial”.
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Mientras, el artículo 19 señala que los jueces ordenarán prisión preventiva oficiosamente en el caso de la delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y la salud.
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También se aprobó que un “juez sólo condenará cuando exista convicción de culpabilidad del procesado; cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”.
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El diputado Juan Guerra Ochoa afirmó que “en un 60 por ciento, el dictamen recoge las propuestas del PRD”, y refirió que ayer en la reunión plenaria de la bancada se decidió que cada legislador votara en conciencia.

Regresión autoritaria

jueves 13 de diciembre de 2007
Editorial de La Jornada.

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 366 votos en favor, 53 en contra y ocho abstenciones, el dictamen de reformas a la Constitución en materia judicial elaborado, con base en una propuesta del Ejecutivo federal, por la Comisión de Justicia del organismo legislativo. Las modificaciones prevén medidas como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos –que les permitirán, entre otras cosas, practicar aprehensiones y cateos sin orden judicial–, y el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos. Aunque se asegura que estas disposiciones son necesarias para garantizar la seguridad pública y el estado de derecho, han sido severamente criticadas por especialistas en materia penal y organizaciones de derechos humanos: penalistas como Alonso Aguilar Zinser, Juan Velásquez, Xavier Olea, Víctor Carrancá y Juventino Castro señalaron que se trata de una “reforma inquisitorial” que podría llevar al país a un “Estado policial”; de su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, manifestó su preocupación por la enmienda constitucional, e indicó que “lo que hay que hacer es ampliar los derechos humanos, no reducirlos”.
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Es innegable que el Estado debe contar con instrumentos jurídicos para luchar contra el crimen organizado, pero éstos nunca deben pasar por el recorte de las garantías individuales. Por lo que hace a estas reformas, su aprobación constituye, precisamente, un duro golpe a la de por sí delicada situación que enfrenta la procuración de los derechos humanos en el país, e implica un grave retroceso en materia de impartición de justicia. Su carácter autoritario radica, en buena medida, en que coloca a la ciudadanía en grave indefensión ante las autoridades.
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Las disposiciones previstas en el marco de la reforma judicial transgreden frontalmente el principio de presunción de inocencia, pues prevén la imposición de sanciones por mera sospecha de culpa por parte de cualquier policía, lo que no es un peligro menor en un país en el que las corporaciones policiales y el propio MP son de las instituciones menos confiables, y no sólo porque sus elementos carezcan de la capacitación necesaria en materia de legalidad sino porque, como lo sabe cualquiera, es casi imperceptible la frontera entre las filas de los cuerpos policiales y la propia delincuencia organizada. En ese contexto, resulta legítimo temer que las medidas aprobadas ayer servirán más para ensañarse contra las libertades ciudadanas y para atropellar o extorsionar a inocentes que para afectar las actividades de las organizaciones criminales.
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Es alarmante, además, que esta reforma se apruebe con el telón de fondo de un gobierno federal que carece de un compromiso real en materia de derechos humanos, como ha quedado de manifiesto con los señalamientos recientes de la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, en el sentido de que el gobierno federal ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se concluye la participación del Estado en episodios de graves violaciones a las garantías individuales.
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En suma, la aprobación de la reforma judicial es un hecho grave e inadmisible, pues incluye medidas que no pueden justificarse en un estado de derecho, mucho menos con el argumento de que son imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La sociedad debe exigir a los legisladores de los congresos estatales que, en atención a su deber como representantes populares, actúen conforme a los intereses y el bienestar de la ciudadanía, e impidan el paso de esta modificación constitucional que abre un margen inadmisible para el atropello.
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Recientemente, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron exonerar de toda culpa al gobernador de Puebla, Mario Marín, pese a que el país entero escuchó las grabaciones en las que éste conspiraba con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Ahora, el Congreso de la Unión pretende incrustar en la Carta Magna disposiciones que van en contra de las garantías individuales. Ambos episodios alimentan sobradamente el repudio de amplios sectores de la población a la institucionalidad política del país y obligan a reconocer que, paradójicamente, desde las máximas instancias legislativas y judiciales se está socavando el estado de derecho.

miércoles, diciembre 12, 2007

López Obrador llama a manifestarse para evitar ser bolseados con la reforma fiscal

La Jornada, lunes 10 de diciembre de 2007
-La protesta, con carteles contra la aplicación de nuevos impuestos y el gasolinazo.
-López Obrador llama a manifestarse para evitar ser bolseados con la reforma fiscal.
“Hay que unirnos todas las fuerzas progresistas para transformar al país y no ir de comparsas de la derecha fascista”

-Insiste el tabasqueño en que se fortalezca al FAP.
Ciro Pérez Silva (Enviado)
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Chalco, Méx., 9 de diciembre. Andrés Manuel López Obrador llamó a la sociedad mexicana a colocar carteles en las ventanas de cada vivienda para manifestar su rechazo por la entrada en vigor de nuevos impuestos derivados de la llamada reforma fiscal, por el incremento a la gasolina y al diesel, que provocará una cascada de aumentos en todos los sectores, y por la apertura a la importación sin aranceles de maíz y frijol.
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Al continuar su gira por la zona oriente del estado de México, en la que sólo este domingo logró convocar a poco más de 50 mil personas, López Obrador recordó la promesa de iniciar aquí, donde viven alrededor de 10 millones de mexicanos que se encuentran entre los más pobres del país, su primera gira de trabajo como presidente electo. “Nos robaron la Presidencia, pero todos los programas y proyectos que ofrecimos los vamos a cumplir; más temprano que tarde este movimiento va a triunfar”, enfatizó.
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La presencia del tabasqueño en una zona de clara influencia perredista motivó gran movilización de simpatizantes, quienes colmaron las plazas para escuchar el mensaje lopezobradorista en un número que lleva a los organizadores de las giras del “presidente legítimo” a afirmar que se encuentran entre las más concurridas de este primer año de giras por los municipios del país, comparables, inclusive, con las concentraciones que tuvieron lugar en el mejor momento de la campaña presidencial.
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Aquí, en esta zona oriente del estado de México, López Obrador fue ovacionado prolongadamente cada vez que en los diversos municipios que visitó entre el jueves y el domingo se refirió a las versiones de que dejaría el PRD y formaría otro partido.
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“No voy a renunciar al PRD ni estoy formando otro partido”, fue la frase que más ovacionaron los asistentes a los diversos mítines. “Porque ha costado mucho construir mi partido y hasta han perdido la vida un importante número de compañeros”, subrayó una y otra vez el tabasqueño, entre los aplausos y expresiones de aprobación de los mexiquenses que simpatizan con este movimiento.
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En alusión al hecho que motivó tales versiones, que fue su rechazo a la aprobación por legisladores del PRD de la llamada reforma electoral, López Obrador explicó que debía aclarar su punto de vista, “porque debía ser congruente con lo que pienso, que se trata de fortalecer la alianza del PAN y del PRI en los órganos electorales; el que calla otorga, y yo no podía permitir que luego me reclamaran por no haber rechazado tales reformas”, dijo.
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El “tejemaneje”
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Aseguró que en las cúpulas de ambos partidos “está el tejemaneje” del bloque conservador, y destacó la necesidad de “unirnos todas las fuerzas progresistas para transformar al país y no ir de comparsas de la derecha fascista”, y fortalecer al Frente Amplio Progresista, así como a cada uno de los partidos que lo integran: PRD, PT y Convergencia, además de sumar a grupos sociales y personas sin partido; “debemos estructurar una alianza que nos permita enfrentar al bloque de derecha”, insistió.
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Puntualizó que el PRD en el Congreso no puede seguir aprobando iniciativas que no tengan como propósito “rencauzar el rumbo del país”.
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En diversos momentos de su mensaje López Obrador se refirió a la frágil situación económica de la población, misma que, sostuvo, se verá aún más afectada en enero con el aumento a las gasolinas y el diesel, así como con los nuevos impuestos derivados de la reforma fiscal y la apertura de la frontera para la importación de granos.
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“Los mexicanos seremos bolseados por el gobierno espurio de Calderón, con la llamada reforma fiscal, que se sintetiza en la imposición de nuevas contribuciones. No hay diferencia alguna entre la política fiscal y recaudatoria de Calderón con las medidas de cobrar impuestos por el número de ventanas en cada vivienda o por el número de perros en las casas que decretó en su momento el dictador Antonio López de Santa Anna”, detalló el político tabasqueño, además de señalar que el bloque de derecha es incapaz de reconocer en una persona ajena a su nivel social a un mexicano con los mismos derechos; “se sienten de sangre azul”.
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Ejemplificó este comportamiento de dirigentes, legisladores y autoridades emanadas del partido albiazul con el cúmulo de críticas que lanzaron en contra del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, por ofrecer una pista de patinaje sobre hielo en el Zócalo para todos los habitantes de la capital de la República.
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“Ellos, los panistas, piensan que sólo a ellos está destinado ese tipo de espacios recreativos, que sólo son para los ricos, para los potentados, y no pueden ver que los hijos del trabajador y del obrero también disfruten de esta diversión. Por cierto, los invito a todos a que vayan al Zócalo a patinar sobre hielo”, les dijo.
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Ayer, López Obrador concluyó la penúltima etapa de giras por los diversos municipios del país con una multitudinaria reunión en Nezahualcóyotl, luego de visitar por la mañana las comunidades de Chalco de Díaz Covarrubias, Valle de Chalco, Los Reyes Acaquilpan, Chicoloapan y Chimalhuacán.

Critica la Iniciativa Mérida



La Jornada, lunes 10 de diciembre de 2007
Entrevista a Carlos Montemayor, politólogo, poeta y novelista.


-Se está allanando el terreno a una catastrófica guerra sucia.

-Critica la Iniciativa Mérida por el fomento al paramilitarismo.

El escritor considera que es un gran error histórico de este gobierno arrastrar a las políticas policiales y legislativas el término “terrorismo”. Se pregunta: “¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana”
Blanche Petrich.

Carlos Montemayor percibe, al repasar las fracturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional en las últimas tres décadas en México, un profundo proceso “de involución social” que se debe, en buena medida, al desplazamiento de una clase política con visión estratégica, suplantada por una “nueva clase de políticos coyunturales sometidos al espejismo neoliberal”. El panista Felipe Calderón forma parte de esa nueva elite.

El politólogo, poeta y novelista –Guerra en el paraíso y Las armas del alba, entre sus obras más conocidas– detecta uno de los indicios de esta involución en uno de los problemas centrales que implica la Iniciativa Mérida, o Plan México: el crecimiento de grupos paramilitares “que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. La distorsión conceptual que está teniendo ya el plan Mérida desde los propios discursos oficiales es señal de que México tendrá que enfrentar más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos”.

La Jornada conversó con el autor chihuahuense, también colaborador de esta casa, quien, a propósito de esta idea de la involución, recordó un diálogo que tuvo recientemente con un viejo minero coahuilense en Nueva Rosita. “Platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía: pero, ¿adónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo, del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. Y me quedé desconcertado porque, en efecto, no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada con el bienestar de la población.”

–A propósito del título de su nuevo libro, La guerrilla recurrente, ¿cómo han evolucionado los grupos armados en estas últimas décadas?
–En los movimientos armados rurales la formulación ideológica no era esencial. Si consideramos que el EPR forma parte de la descendencia del movimiento de Lucio Cabañas, vemos hoy un discurso más teórico, que Cabañas se resistía a aceptar. Podríamos decir que la evolución del discurso del EPR es más conservadora que el discurso político del EZLN.

–¿Debe ser revaluada la capacidad de acción del EPR?
–El discurso gubernamental parte de la descalificación social y política de estos movimientos, los supone inconexos entre sí y se empeña en ver a las organizaciones como algo aislado y vulnerable hasta su aniquilación. Pero si nos preguntamos por qué una organización como ésta puede mantenerse activa y transformarse a lo largo de 40 años, tendríamos que ver a estos grupos en función de su recurrencia generacional y regional.

–Hay sectores que propusieron una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno.
–Si hubo intentos, los frenaron. Es evidente que al Ejército no le conviene que se reconozca la desigualdad social como justificación de los movimientos armados. El gobierno parte de la idea de que son grupos sin arraigo y vulnerables ante una lucha sistemática de contrainsurgencia militar y policial. Las administraciones priístas últimas desde la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante se parecen más a las panistas que a las antiguas priístas.
“Hay un descalabro en la continuidad de las políticas de seguridad nacional que puede explicarse en muchas etapas. Una, con el surgimiento del Cisen y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, otra con el desplazamiento de cuadros formados por el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y otra que se empezó a formar a partir del general Jorge Carrillo Olea, con una idea de modernidad mayor.
“Y otra, a lo largo de los últimos gobiernos, con un reacomodo de las tareas de inteligencia, sin continuidad ni seguimiento de información colegiada entre la PGR, la PFP o la policía militar y el Cisen. Hay muchas evidencias: políticas erráticas, declaraciones contradictorias. Esto le ha restado fuerza al seguimiento de bases sociales o de conflictos sociales previsibles.
“Hay un descuido esencial, no ver estas tareas como preventivas, sino como agresivas. Podía haber análisis económicos, sociales, políticos que se adelanten a los conflictos y a las catástrofes naturales. El perfil de los miembros de inteligencia nacional debería incluir ingenieros, abogados, historiadores, politólogos, científicos, urbanistas, y no sólo policías y militares.”

–¿Cómo entender la subordinación del poder civil que representa Felipe Calderón al poder militar?
–No creo que se trate solamente de una decisión de Felipe Calderón, sino de un proceso de repliegue de los cuadros políticos, concretamente, desde la imposición de las políticas neoliberales en México. Cuadros diplomáticos expertos en acuerdos internacionales ceden el lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales, sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización empresarial. Esta pérdida de la visión política en la elite mexicana pone incluso en riesgo a la estructura militar.
“El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país ha provocado el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y dentro de poco el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos.”

–¿Qué le dice el discurso adoptado ahora por el procurador Eduardo Medina Mora, quien al asimilar el modelo de Colombia ha incorporado al combate contrainsurgente el tema del terrorismo e incluso a lo que llama ‘narcoterrorismo’ y ‘narcoguerrilla’?
–La idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término del terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno.

–El argumento es que nuestra condición de vecino de Estados Unidos nos hace vulnerables a que el terrorismo use nuestro territorio para infiltrarse.
–Ése es un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, no es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento para convertirnos en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo.

–Usted alerta en su libro sobre el regreso de la guerra sucia. ¿Están encendidas las alarmas de la sociedad civil ante las evidencias?
–No están encendidas. Y las condiciones están dadas con esta idea de adaptar el término terrorismo como concepto objetivo y no como una descalificación subjetiva. Están allanando el terreno para una guerra sucia de consecuencias catastróficas. Esto implica ya no el control de ningún crimen organizado, sino de la población civil. ¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana.

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“La guerra no es simple; exige mucho tiempo de cálculo”
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La obra más reciente de Carlos Montemayor, La guerrilla recurrente, editado este mes por la casa Random House Mondadori, advierte de entrada: “La guerra no es simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacifista y una esmerada justificación moral. Nunca dice ‘yo soy la guerra’. Dice otras cosas”.

Así, Montemayor agrega un eslabón al análisis que inició en 1997 con Chiapas, la rebelión indígena de México y siguió en 1999 con Los informes secretos: estudio crítico e investigación sobre los numerosos pliegues de los mundos “clandestinos e invisibles” que cruzan México, desde estructuras como El Yunque y los Legionarios de Cristo, pasando las opacas instituciones castrenses y policiacas, los grupos paramilitares y el movimiento armado. Un paso más, que alcanza examinar la nueva fase de la guerra sucia y el retorno de la práctica de la desaparición forzada –a partir del secuestro de dos dirigentes del EPR, en mayo pasado en Oaxaca– y los potencialmente catastróficos alcances de la Iniciativa Mérida.

Siete capítulos recorren las fases de las guerrillas mexicanas, las fracturas sufridas por los servicios de inteligencia, la militarización inserta en los procesos globales, la adopción de la agenda “antiterrorista” de Washington y los “accidentes” que dejaron inconclusa la misión de la fiscalía para el esclarecimiento de la guerra sucia del pasado y, por tanto, dejó en suspenso la aplicación de la justicia.
-Blanche Petrich

La Corte

La Jornada: lunes 10 de diciembre de 2007
Bernardo Bátiz V.
jusbbv@hotmail.com
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Nuevamente se hace patente la necesidad de tener en México una Suprema Corte de Justicia que responda a las expectativas de competencia, independencia de los otros poderes y principalmente apego a la virtud de la justicia, y por tanto, una Corte menos formalista, menos kelseniana, menos timorata y más comprometida con la sociedad en general y con la exigencia popular de unos tribunales confiables.
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Lo que vimos en el debate y en la resolución tomada por el pleno, respecto de la investigación sobre violaciones a garantías individuales cometidas por el gobernador Mario Marín y otros servidores públicos, si bien no era algo inesperado, sí fue en esta ocasión más indignante, principalmente porque la prueba fundamental de la investigación, desdeñada con formalismos inaceptables, había sido escuchada por todo México; la grabación corrió como reguero de pólvora y se recuerda aún, a pesar de los dos largos años transcurridos; fue aceptada públicamente, entre titubeos y contradicciones, por el mismo gobernador, y no quedó, como en otros casos, como una pieza más de unos autos escritos, oculta a la vista y a la opinión del público.
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Se hace patente la necesidad de renovar, de orear, de ventilar ese oscuro recinto de la Corte, respecto del que todo mundo sabe o sospecha que es lugar de consignas, de presiones y hasta de componendas entre litigantes influyentes y poderosos y magistrados obsecuentes o asustadizos. La resolución contraria a la propuesta del ministro Juan Silva Meza, que concluyó la investigación dando por acreditada la violación grave a derechos humanos, se puede explicar porque los seis ministros que votaron en contra no quisieron desamparar a alguien de su mismo estrato social, de su amistad quizá, contertulio de algunos de ellos muy probablemente o bien, otra hipótesis, no quisieron descontentar al presidente que asumió el poder a partir de un fraude electoral, porque el investigado sirvió y apoyó a éste en su llegada irregular al poder y por tanto se le debía ese favor y se le pagó con el perdón de ministros dispuestos y obsequiosos.
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No se puede pensar otra cosa; esos ministros han participado ya en diversas resoluciones de casos en total contradicción con la justicia y en choque frontal con el interés de la colectividad; recuerdo algunos: el de anatocismo, donde permitieron a los bancos el cobro de intereses sobre intereses; el de la Cooperativa Pascual, en que pusieron el derecho privado por encima del derecho social reconocido por la Constitución; el de Óscar Espinosa Villarreal, en el que aceptaron que había un delito, pero contradiciendo al sentido común y a jueces que habían ya resuelto sentenciando al acusado, consideraron que se trataba de un funcionario federal y no local, argucia con la que lo dejaron en libertad.
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El caso del gobernador Marín, por lo tanto, podía haber sido esperado en el sentido del desenlace que conocemos, a favor de la impunidad y en contra de razones jurídicas, de pruebas irrefutables y de un claro interés social de sancionar a quien se lo merecía. Eso y no otra cosa es la justicia, que es dar a cada quien lo suyo, al que merece una pena sancionarlo, no absolverlo.
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Sin embargo, entre todo esto tan lamentable y penoso, destaca la solidez de la argumentación el ministro Juan Silva Meza, así como los argumentos expresados durante el debate, por los otros magistrados que votaron a favor de la propuesta, y que es necesario recordar: Genaro Góngora Pimentel, José Ramón Cossío y José de Jesús Gudiño Pelayo.
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La posición de estos juristas fue muy clara; consideraron primero que es importante la facultad investigadora que les otorga el artículo 97 constitucional, que no es ni un cuerpo extraño entre las facultades del Poder Judicial federal ni un parche mal pegado: es un recurso extremo que debe estar al alcance de los poderes de la Unión para responder a exigencia ciudadanas de investigación, precisamente en aquellos casos en los que el investigado, por el poder que ostenta, no puede ser alcanzado por los órganos o por los mecanismos comunes, como es el caso. En efecto, no es cierto, como se dijo, que Marín podía haber sido sancionado por la procuraduría bajo su mando o puesto en orden por una Comisión de Derechos Humanos, sin fuerza política para enfrentársele; para estos casos extremos es que la Corte tiene y debe usar su facultad investigadora.
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Consideraron también que la gravedad del asunto radica en que se trata de una violación de derechos humanos, que, será un lugar común decirlo, en sí misma encierra gravedad, pero que se hace más grave si se trata de una violación a la libertad de expresión de las ideas y más aun, tratándose de una periodista y todavía más, por el fondo del asunto investigado, abusos sexuales a menores, cometidos por pervertidos millonarios y políticos que creen que los seres humanos son juguetes a su disposición. Es también grave el asunto por la esperanza que despertó de que se podría terminar con la impunidad. Nadie, salvo los ministros del contra y algunos defensores a ultranza del status quo, pueden considerar un caso así como no grave.
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OTRO SÍ DIGO: No es la actual “gran” reforma electoral la única que hemos tenido en México; me tocó en suerte vivir como diputado de oposición aquella otra con algunos de los mismos actores de la actual, que no sirvió sino para darle seis años más de aire al PRI y para aparentar, hacia los medios y hacia la opinión pública, un cambio importante, que no lo fue, pero que ayudó a los entonces opositores negociantes para apaciguar sus conciencias y sentir que, como la mosca de la fábula, estaban arando. Lamentablemente, sólo estaban convalidando lo que otros pretendían; así aprobaron, entre otras barbaridades, la cláusula de gobernabilidad.

lunes, diciembre 10, 2007

FÍJENSE NOMÁS


Los legisladores: nuestros enemigos
Sara Sefchovich
10 de diciembre de 2007

En esta semana han circulado dos noticias sumamente preocupantes. La primera de ellas, es el anuncio de las cúpulas empresariales de su pretensión de ampararse frente a la ley que les prohíbe apoyar a candidatos en los medios de comunicación. En lugar de verlo como un esfuerzo por equilibrar lo que solamente se puede comprar con muchos recursos económicos, lo consideran un atentado a la libertad de expresión.

No voy a discutir aquí si eso que dicen tiene o no sustento. Lo que me parece importante destacar, independientemente de que consigan o no su objetivo (y es el caso que el amparo le fue negado al Consejo Coordinador Empresarial por un juez federal) es el hecho de que hagan público su enojo, el cual, en manos de gente tan poderosa, tan rica y tan unida a otros grupos poderosos, resulta peligroso.

La otra noticia es el informe de una importante firma financiera estadounidense en el sentido de que México no solamente se ha quedado rezagado como país atractivo para las inversiones, sino que ha visto en los últimos meses una fuerte salida de capitales (cien millones de dólares). Desde hace varios años nos han venido advirtiendo la situación: “México es la tragedia más grande en Latinoamérica —afirmó el jefe para mercados emergentes del Deutsche Bank— y debería ser hoy la economía con más rápido crecimiento en el mundo, creciendo más rápido que China, sin embargo, ha alcanzado muy modestas tasas de crecimiento”. Por supuesto, esto lo niegan nuestras autoridades, el secretario de Hacienda Agustín Carstens aseguró hace unos meses que somos la economía emergente más exitosa, pero la realidad está allí para desmentirlo.

Lo lamentable es que una y otra vez, desde hace añísimos, estamos en la lista de las economías emergentes y de los países en vías de desarrollo, y no solamente nunca emergemos y nunca nos desarrollamos sino que ya ni siquiera cabemos entre los considerados “brillantes en su desempeño”. Nos hemos quedado detrás de Vietnam, Nigeria, Egipto, Bangladesh (¡Bangladesh! que hace unos años era el ejemplo más patético de que se disponía para hablar de pobreza y que ahora tiene un crecimiento promedio del PIB de 5.4% mientras que el nuestro es de 2.6%).

Durante meses he utilizado este espacio generoso de EL UNIVERSAL para buscar cuáles pueden ser las causas de ese perenne problema nuestro de nunca poder dar el salto y salir aadelante de una santa vez.

La conjunción de estas dos noticias (el enojo de los poderosos empresarios y la fuerte salida de capitales) con otras recientes (como la resolución de la Suprema Corte en contra de Lydia Cacho y los pleitos y reclamos de todos contra todos en la pasarela de aspirantes a consejeros del IFE) hacen darme cuenta de que un gran obstáculo son nuestros legisladores.

Y es que lo que tenemos en las cámaras son personas llenas de prejuicios, de intereses, de ignorancia, de exhibicionismo y de pasiones personales a las que ponen por encima de cualquier consideración.

Cada una de las reformas recientes da fe de esto: no están hechas con conocimientos ni contemplando todos los ángulos ni llegan al fondo de los problemas, no están pensadas mirando al futuro ni atendiendo a las necesidades de la sociedad, sino que están hechas con el estómago, para vengarse del pasado que no les gusta, para atender asuntos puramente coyunturales y para beneficiar a ciertos grupos y personas de manera inmediata. Las leyes que resultan, aunque parezca contradictorio, al mismo tiempo dejan todos los espacios abiertos a la interpretación que se quiera pero se dirigen de manera directa a grupos y hasta a personas.

El resultado de este modo de hacer las cosas es de todos modos el enojo de tirios y troyanos y además, el daño al país. Porque si de por sí la sociedad mexicana está dividida y en estado de fuerte crispación, la manera de legislar de nuestros representantes le mete leña al fuego en lugar de buscar algún acuerdo o apaciguamiento de los ánimos.

Hace algunos años escuché al historiador Friedrich Katz, decir que México se encamina a un destino como el de Rusia: de pobreza y hambre, sin instituciones ni ley, en degradación y decadencia, en el que sólo prosperarán las mafias y la delincuencia. Todo parece indicar que nuestros legisladores están haciendo lo que sea para cumplir la negra profecía. Como ciudadana me atrevo a afirmar que quienes están llevando al país al desastre son los diputados y senadores con sus pleitos y enredos y maneras equivocadas de legislar. El Congreso de la Unión se ha convertido hoy en obstáculo para que el país salga adelante.

sarasef@prodigy.net.mx

Escritora e investigadora en la UNAM


NOTA: Qué deplorable la existencia de intelectuales que ponen su capacidad (?) y por supuesto su espacio y su pluma al servicio de la mediocridad, porque ¿ a quién le sirve las conclusiones de un artículo como éste? Aparentemente el artículo va bien (o medianamente) pero termina desembocando en esa verdad (?) que tanto le puede venir bien a los medios como al gobierno, ansiosos de un autoritarismo mayor (casi casi presenta la disolución de los cuerpos legislativos como algo imperativo, ¡para que el país salga adelante!). Supuestamente mide a todos los legisladores con el mismo rasero y al hacerlo elimina la valía y valentía de aquellos (que sí debe haber) que precisamente quieren acabar con el estado de cosas actual, de hipocresía y -sobre todo- de servicio incondicional a los poderosos. Pretende hacer recaer la responsabilidad a quienes quieren vengar un pasado que no les gusta, que son ignorantes, exhibicionistas y toda una retahila de epítetos. Ya díganos: a quiénes se refiere? A todos? también a los panistas? La sociedad está dividida por la gente que se hizo del poder y quiso conservarse en él a toda costa, es ella quien dañó y daña al país. Y es ella la que está representada mayoritariamente en el cuerpo legislativo. Mientras la sociedad esté manipulada (y parece que Sara S. ayuda a este propósito) será una sociedad enferma y eso estará presente en todos los niveles e instituciones. Queremos instituciones sanas? Practiquemos, procuremos y defendamos -objetiva, sin reparo alguno y transparentemente- la democracia, que ella nos llevará a la justicia social que tanta falta nos hace y sólo ella reconciliará a los que carecen de tanto con aquellos que los han despojado de tanto.

Revelaciones presidenciales



Manuel Camacho Solís, el Universal
10 de diciembre de 2007

En el aniversario de su toma de posesión, Felipe Calderón hizo dos revelaciones significativas que no merecieron la atención de la prensa. Una, sobre el pasado, ayuda a entender su estado de ánimo y su visión sobre la izquierda. La otra, sobre el futuro, anuncia la que podría ser la principal decisión de su gobierno.

Más allá de la catarsis del aniversario, conviene detenerse en lo que, Calderón les dijo, en Radio Fórmula, a Joaquín López Dóriga y a los “alebrijes”.

JLD: “… para hacer un balance, hay que remitirse a hace un año y me llevaría al 29, 30 de noviembre de 2006, cuando este país estaba al borde la crisis constitucional”.

Ante esa pregunta, Felipe Calderón se suelta. Empieza por recordar con el mayor detalle cuál era su estado de ánimo en los días previos a la toma de protesta. Se refiere a la estrategia que había diseñado para ocupar la Cámara, prácticamente desde el último Informe frustrado de Vicente Fox. Recuerda sus tiempos de diputado. Su vicepresidencia. La existencia de una puerta no aparente, atrás, en el salón de banderas. Las instrucciones que da al Estado Mayor y a los coordinadores, de resguardar la puerta con discreción.

Recuerda cómo la madrugada del 1 de diciembre, “tomamos simbólicamente posesión de las instalaciones de los Pinos, de la Presidencia y del propio Palacio Nacional, a través de una ceremonia insólita, con cadetes del Colegio Militar y el presidente Fox, poniendo en manos de uno de ellos la banda presidencial”. Recuerda también cómo adelantaron los tiempos de la sesión del Congreso, el manejo centralizado que hizo Cepropie de la comunicación que la cortó desde su llegada a San Lázaro. Hasta la necesidad de decirle al diputado Jorge Zermeño: “a ti te toca ponerme la banda presidencial, ¿o falta la banda?” …y el momento de tensión en donde, “veo de reojo que el presidente Fox deja la banda en la mesa directiva y aplaude, y yo decía, bueno, aquí voy a estar echándole un ojo, no vaya a ser que algún perredista brinque y le corra con la banda, como si fuera futbol americano, ¿no?”.

Para concluir con su interpretación política: “la responsabilidad patriótica de los legisladores del PRI y el PAN” (versus la del PRD). “…Si alguna razón hay ahora en el crecimiento electoral del PRI y en la caída estrepitosa del PRD, probablemente esté asociada con su grado de compromiso con la vida institucional de la República”.

A un año de la toma de posesión, Calderón no acaba de comprender lo que ocurrió ese día.

En la Cámara: ¿él cree que era el único que sabía de la puerta discreta? ¿Cree que no tenía la oposición, la posibilidad de llevar a cabo otras acciones más duras dentro del recinto?

En la coyuntura del momento: ¿Aún no sabe que, más allá de las palabras altisonantes, el factor determinante del desenlace del primero de diciembre no fue el dispositivo policiaco con el que él se embeleza, sino la decisión que se tomó, precisamente la noche anterior, por parte del movimiento opositor y de Andrés Manuel López Obrador, de evitar, con determinación, la violencia en las calles y en la Cámara?

Lo más importante fue la madurez de la gente a lo largo de toda la protesta y la responsabilidad de los líderes de la oposición en los momentos determinantes. ¿Es mucho reconocerlo desde la comodidad del poder presidencial?

La lectura sesgada que, a un año de distancia, tiene el Presidente sobre lo ocurrido, explica su falta de generosidad con su adversario principal y su incapacidad para ofrecerle al país una verdadera reconciliación.

En la otra entrevista reveladora, en el programa de noticias financieras que dirigen “los alebrijes”, Felipe Calderón les dijo, sin ambigüedad alguna, que pretende abrir la exploración de las aguas profundas del Golfo a las empresas extranjeras. Con esas revelaciones presidenciales sobre los días más difíciles de su gobierno y esa prioridad en mente, comienza su segundo año.


Nota: Pues sí que no le dieron difusión a dichas entrevistas. Hay que reconocerle al expriísta Camacho Solís una fidelidad al Frente Amplio Progresista que muchos perredistas no le guardan, por ejemplo los chuchos.