viernes, septiembre 28, 2007

Los créditos para cursar la universidad beneficiarían a escuelas privadas

-Señalan especialistas que el programa debe ser analizado antes de aplicarse
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-Debemos discutir el apoyo a la enseñanza pública, no cómo disminuirla: rector de la UAEM
Emir Olivares, Laura Poy e Israel Dávila (Reporteros y corresponsal)
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Investigadores y especialistas en políticas educativas advirtieron que el proyecto de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de establecer un programa de créditos para estudios superiores debe ser “ampliamente discutido con la comunidad universitaria antes de su aplicación”, pues aseguraron que se trata de una estrategia que “no es la más adecuada, pues está más encaminada a favorecer a la educación privada que a la pública”.
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Advirtieron que con esta medida los recursos públicos se destinan “no a la oferta, es decir, a las universidades públicas a través de un mayor financiamiento que consolide proyectos para incrementar la matrícula. Ahora se propone colocar el financiamiento del lado de la demanda, es decir, de los alumnos, quienes tendrán la última palabra sobre a qué institución pública o privada entregan los recursos. Sin duda, se trata de un modelo que responde a la lógica de una economía liberal”.
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Al respecto, Alejandro Canales, catedrático del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), consideró que con la aplicación de ese programa “el Estado se podría desentender de su obligación de ofrecer servicios educativos, y trasladar la responsabilidad a las familias de los jóvenes”.
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Indicó que a punto de que concluya el primer año de gobierno de Felipe Calderón, la sociedad aún no conoce los planes y prioridades del gobierno federal en materia educativa, debido a que en todos los niveles ha presentado propuestas “desarticuladas”.
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Ángel Díaz Barriga, también del IISUE, refirió que dicho proyecto no va acorde con los costos de la universidad pública, por lo que en principio los estudiantes de ese sector no serían perjudicados, “pero tampoco beneficiados”.
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Indicó que de la matrícula total de educación superior en el país, 75 por ciento de los jóvenes acuden a una institución pública y subrayó que lo preocupante sería que en México se adoptara la propuesta de la OCDE de incrementar cuotas.
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Por su parte, Manuel Gil Antón, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y experto en políticas educativas, afirmó que antes de “imponer una decisión se debe tener en cuenta todas las ventajas, pero también los riesgos, pues un sistema de créditos educativos destinados a un sector de los jóvenes que no superan ingresos mensuales de 5 mil 700 pesos puede ser criminal, ya que no se garantiza que lograrán acceder a un empleo digno y con buen salario, por lo que podría resultarles muy oneroso pagar el crédito”.
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Señaló que con esos programas se da un “cambio en la política pública del sector que debe ser discutido con la comunidad universitaria nacional antes de su aplicación, debido a los riesgos que implica, pues se corre el peligro de que al entregar recursos públicos éstos acaben en instituciones privadas que funcionan como negocio, y cabría preguntarnos si queremos financiar a universidades particulares que no lo requieren, ya que cobran colegiaturas muy altas”.
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En tanto, Roberto Rodríguez, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales, indicó que esta propuesta no es nueva, pues en 1988 el Banco Mundial otorgó créditos a México para implementar un plan similar, aunque los resultados de dicho acuerdo no se hicieron públicos.
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Por otra parte, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), José Martínez Vilchis, manifestó temor acerca del programa. El gobierno no puede renunciar a su compromiso de apoyar la educación pública, en la que el Estado está obligado a invertir, advirtió.
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Este sistema de becas, señaló, ha funcionado en países que tienen estudiantes con familias de más poder económico y más oportunidad de conseguir trabajo bien remunerado cuando egresan, de tal manera que pueden pagar el crédito una vez concluidos sus estudios, pero en México no estamos en esas condiciones, alertó.
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El funcionario exhortó al gobierno federal a reflexionar y a consultar sobre la necesidad de incrementar los recursos de inversión para apoyar la enseñanza pública y así lograr la meta que establece la Ley General de Educación.
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“Antes de seguirse por este camino habría primero que pedir al Estado que deje claro su compromiso de financiar con más recursos a la educación, con becas gratuitas y con más apoyo. Eso es fundamental y debería ir primero antes que buscar la forma que los estudiantes paguen para acceder a la enseñanza superior”.
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Para el rector de la UAEM, el programa se podría implantar sólo si el Estado cumple sus obligaciones financieras marcadas en la Ley de Educación, es decir, incrementar la inversión en educación pública, y entre eso van las becas.
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Además señaló: “lo que conviene al país es discutir cómo fortalecer la educación publica, no cómo disminuirla. Aquellos que creen que pueden hacer transitar al país hacia la educación privada se equivocan, pues México tiene a la mayor parte de la población en situación de pobreza”.

El cinismo


La Jornada: viernes 28 de septiembre de 2007
Luis Javier Garrido
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El desastre en el que se halla el gobierno de facto calderonista ha superado las peores previsiones y no sólo tiene un creciente encono popular por sus políticas antisociales y la pérdida de confianza de las fuerzas económicas que lo respaldan por su ineptitud, sino que ya es el hazmerreír de todos por la forma en que está doblegado ante Vicente Fox y por su impotencia para actuar ante los escandalosos actos de corrupción de éste.
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1. Felipe Calderón ha fracasado en su gestión espuria, pues el desempleo ha crecido, los precios de los básicos han aumentado, la inseguridad se ha hecho mayor, y el gobierno actúa sin autoridad moral, sustentado cada vez más en la fuerza material, aunque según Los Pinos está teniendo éxito al menos en algo: encubrir a Fox. De ahí que en unos cuantos días organizaciones ciudadanas y partidos políticos exigieran la renuncia de los titulares de Relaciones, de Economía, de Hacienda y de Gobernación. De tener México un régimen parlamentario, Calderón estaría en su casa.
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2. La “reconquista” de espacios “territoriales” que planteó el gobierno espurio como uno de sus objetivos no fue para fortalecer el orden jurídico, sino para subordinarlo a los poderes económicos. En la supuesta “lucha contra el narco”, el Ejército ha sido usado en subordinación a la DEA para favorecer a unos cárteles en detrimento de otros: para regular el mercado, como siempre, por motivos oscuros. La violenta escalada militar contra las comunidades zapatistas de Chiapas tiende no a “recuperar” un territorio que legítimamente detentan los pueblos indios, sino a controlarlo para entregárselo de manera ilegal e ilegítima a los poderes fácticos: los consorcios internacionales, a los que Calderón está doblegado.
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3. La mentira propagandística se ha erigido en el estilo personal del gobernante espurio, pero, como no le resulta, está ahora culpando de su fracaso a las televisoras, ignorando que el descrédito es suyo y que así como está fracasando su campaña para hacer creer que él no tuvo que ver con el gasolinazo propuesto y aprobado por los legisladores del PAN, tampoco le creen a la versión de sus voceros de que los delitos de Fox, ampliamente documentados, son meros “errores” debidos al impudor y a la liviandad de la que aún se cree pareja presidencial.
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4. Los gravísimos actos delictivos de los Fox están documentados en libros y reportajes, y si ambos están libres es porque en México no hay una justicia independiente. Él se burló de todos cuando se le señaló que se había apoderado de los fondos de la transición de 2000; desde la visita de Bush a San Cristóbal en 2001 reconoció con arrogancia el peculado al aceptar que su rancho había sido restaurado por el gobierno; se burló de todos cuando en 2005 Proceso (núm. 1470) documentó cómo se había apoderado de los terrenos ejidales de El Tamarindillo en toda una bahía michoacana; reaccionó con violencia ante la mención de los delitos cometidos por él para propiciar los negocios sucios de los hijos de su esposa y desdeñó al mundo al conocerse vinculación con el narco a través del chino Ye Gon.
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5. Durante su paso por Los Pinos, cometió Fox todo género de abusos como cualquier repugnante tiranuelo, de manera que quien era un fracasado empleado de empresarios que se hallaba en la quiebra, ahora pretende ser empresario y además haber sido siempre próspero, a pesar de la obviedad del peculado.
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6. En Investigación sobre un ciudadano libre de toda sospecha, filme de Elio Petri, de 1970, el inspector en jefe de Homicidios de Roma, interpretado por Gian Maria Volontè, tras asesinar a su amante se esfuerza en autoinculparse dejando todo género de evidencias a fin de demostrar a todo mundo que su poder le da absoluta impunidad. La historia reciente de México no es muy diferente: desde mucho antes de llegar a la silla presidencial, Vicente Fox no ha hecho otra cosa que balandronear en cada ocasión que ha transgredido el orden constitucional y jurídico de México, haciendo valer su impunidad.
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7. Los poderes de hecho montaron desde los noventa el espectáculo de “la transición democrática”, que no ha sido otra cosa que un proceso de cambios aparentes al sistema de poder, pues no ha habido una real alternancia y, como se vio en 2006, las elecciones no son más democráticas de lo que fueron en 1988 o en tiempos anteriores, cuyo objetivo es mantener las mismas políticas y dar una supuesta “legitimidad” al desmantelamiento neoliberal de la nación, y sus servicios para esto son los que Fox les cobra ahora a los poderes fácticos y se ufana de ello.
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8. El caso de Fox es el de la prepotencia de la impunidad del poder ante un gobierno al que ve como su pelele.
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9. En un escenario político de desprecio a la legalidad, donde no existe un poder institucional, no es de extrañar que Carlos Salinas de Gortari, único político mexicano que tiene una imagen de criminal de Estado de mayor envergadura que Fox, aprovechando ese vacío haga una enésima reaparición pública –aunque de hecho ha estado siempre presente a través de Carlos Slim, su alter ego–, y lo haga –lo que habría hecho las delicias de Freud– en el estudio de su residencia decorado con fotos de aquellos a los que mandó matar, los pueblos tzotzil y tzeltal de Chiapas, y de un fotomural de Luis Donaldo Colosio (Milenio Diario, 27 de septiembre), ante alumnos desvergonzados de El Colegio de México, para pontificar sobre el desastre económico que se avecina y elogiar el modelo neoliberal que su cómplice y jefe George Bush padre le impuso a México: otra vez la impunidad del poder.
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10. Los avances que se han producido en México en materia democrática han sido en todos estos años obra de la sociedad, y ahora es una tarea central de ésta para cambiar las cosas el impedir la impunidad de quienes tanto daño le han hecho al país.

Doña Ruth y la ultraderecha


La Jornada: viernes 28 de septiembre de 2007
Hugo Gutiérrez Vega
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La diputada Ruth Zavaleta nos ha anunciado su propósito de aprender muchas nociones de origen ultraderechista. En sus declaraciones mostró su apertura a todas las corrientes del pensamiento político-social, “tanto del centro como de la derecha y la ultraderecha”. Me temo que, en lo que se refiere a esta última, podrá aprender muy poco, pues los que la profesan tienen como piedra angular la idea de no pensar y de manejarse a base de consignas y, sobre todo, a punta de prejuicios que producen una total cerrazón de mollera y conducen a la agresión, la violencia, la persecución de las ideas y la negación de la libertad y de la justicia. Por eso no creo que doña Ruth pueda abrevar de las turbias fuentes de las que bebieron Hitler, Mussolini, Franco, los sinarquistas, el MURO, el Yunque, el Opus Dei, la Unión de Padres de Familia, el Episcopado, Provida, los cursillos de cristiandad, los Legionarios de Cristo y otros muchos grupos y subgrupos del bloque (cemento puro en lugar de neuronas) ultramontano. Me faltaron los Caballeros de Colón, los de la Cruz de Malta, la Adoración Nocturna, la Vela Perpetua, la Acción Católica, la Unión Católica Femenina, la Legión de Cristo Rey y más y más y más.
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Veámos qué puede aprender Doña Ruth de la ultraderecha. No es difícil hacer el recuento, pues esta corriente se caracteriza por su esquematismo y por la dureza de sus llamados “principios”. Voy a enumerar algunas de esas enseñanzas que doña Ruth considera útiles:
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1. El Estado laico debe desaparecer, así como la libertad de cultos. El pueblo mexicano es católico y, por lo mismo, el Estado debe definirse como católico y seguir los lineamientos de la Iglesia. Los otros cultos deben ser perseguidos, pues “el error no tiene los mismos derechos que la verdad”. Por lo tanto, los luteranos, los miembros de las sectas seudocristianas, los judíos, los musulmanes, los budistas, hinduistas y los seguidores de los ritos de origen africano deben ser extirpados del medio social. “Este hogar es católico y no admite propaganda protestante” es el lema que debe colocarse en las ventanas de la gente de bien.
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2. La educación debe ser católica y las escuelas públicas deben impartir cursos de catolicismo y enseñar a los alumnos la oración y los principios de una sana moral en la que no caben los excesos de la carne, las dudas sobre lo decretado por el magisterio de la Iglesia y la difusión de ideas exóticas que, como el comunismo, el socialismo y el liberalismo clásico, son enemigos de la unidad nacional que gira en torno a Jesucristo y a su Iglesia. “Hay que construir la Jerusalén eterna con barro mexicano”, decía el padre Castello. “En México lo que no huele a incienso huele a mierda”, decía el padre Julio Vértiz, hombre de olfato unilateral muy desarrollado.
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3. Penalizar el aborto y castigar a las mujeres homicidas. Para el Opus Dei la mujer debe parir todos los hijos que Dios le mande. De su manutención y cuidado espiritual se encargarán las legiones celestiales. Además, cada niño trae un pan (Bimbo, por supuesto, don Lorenzo) bajo el brazo. Las mujeres no tienen derecho a decidir sobre estos temas. Deben, como los súbditos de la Nueva España, callar y obedecer, abrir las piernas para recibir la semilla del macho aburrido y rutinario y volverlas a abrir para dar a luz al producto enviado por los cielos. Además, que las mujeres no piensen en el placer. Están hechas para callar, recibir al macho, atender al guerrero, permanecer como la escopeta (cargadas y detrás de la puerta) y ser modestas y discretas en el acto de la procreación, que es un deber moral, no un placer sucio y bajuno...
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4. La propiedad privada es de origen divino y los patrones deben tratar a los obreros con benevolencia y caridad. Los sindicatos dividen a los factores de la producción y debilitan al país. Los patrones saben más que los obreros y a éstos, como a las mujeres, les toca callar y obedecer. Además, en estos terrenos el Estado no debe meter las narices y mucho menos su obeso corpachón. La libre empresa, el libre mercado y los teletones, “redondeos” y goles con causa son las formas sanas del funcionamiento laboral, la política económica y la función social del Estado, respectivamente.
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5. Nada de condones ni de anticonceptivos. Nada de sociedades de convivencia. El sida es un castigo a los excesos carnales, especialmente los de los homosexuales. El tema de la pedofilia, por supuesto, no se trata, pues no es más que un conjunto de calumnias lanzadas en contra de la Iglesia y de la educación religiosa. Por otra parte, si se asoma a la ultraizquierda encontrará similitudes preocupantes. Los extremos se tocan, dicen los científicos.
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Éstas son, doña Ruth, algunas de las cosas que aprenderá al estudiar a la ultraderecha. Espero que, como decía Sancho Panza, le sean de gusto y provecho.

Sólo la política puede derrotar a las armas


La Jornada: viernes 28 de septiembre de 2007
Jaime Martínez Veloz

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Varias agendas en el país corren en forma paralela: la de los partidos, la del gobierno, la de las organizaciones guerrilleras, la del crimen organizado y la de una ciudadanía que mira impávida lo que sucede y sufre las consecuencias del desastre nacional.
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En medio de este drama no se atisban en el horizonte señales alentadoras que permitan suponer una modificación sustantiva de la espiral de confrontaciones. Las respuestas de los voceros gubernamentales expresan una forma simplona, inexperta y miope de ver los sucesos que impactan el acontecer nacional.
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Ante las explosiones de los ductos de Pemex, atribuidas al Ejército Popular Revolucionario (EPR), los argumentos de los funcionarios de Gobernación se han centrado en la insuficiencia presupuestal del Cisen y en la amenaza de “castigar con todo el rigor de la ley a los responsables”. Es decir, para los personeros del gobierno el tema del EPR se hubiera podido evitar con medidas de carácter policiaco.
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En el Poder Legislativo, un grupo de senadores de oposición bien intencionados, pero con pocos elementos para contextualizar su propuesta, plantean dialogar con el EPR. Tal vez desconocen que en el pasado reciente, cuando otra organización guerrillera decidió sentarse a dialogar con el Estado, éste terminó por desconocer y traicionar los acuerdos firmados, en este caso con el EZLN.
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La propuesta en sí no es incorrecta, sólo que es necesario inscribirla en el contexto del conjunto de acciones que las instituciones del Estado mexicano, incluso el Congreso, requieren realizar para relanzar una propuesta de diálogo nacional.
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El Estado no puede abdicar de sus funciones para realizar las tareas asignadas por ley, pero tampoco puede ni debe utilizar medidas extralegales para ejercer sus atribuciones; por ello, ante el reclamo de la presentación de los miembros del EPR desaparecidos, no puede haber respuestas como la del secretario de Marina o la del procurador general de la República acerca de que podía tratarse de un ajuste de cuentas entre la guerrilla. Declaraciones de esta naturaleza, que provienen de funcionarios con alta responsabilidad en la vida nacional, si no vienen provistas de una comprobación y documentación certificada, no sólo confunden a la opinión pública, sino contribuyen a agravar la crisis.
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La preocupación del Estado, más que en saber dónde serán los próximos atentados, debería centrarse en la búsqueda de los eperristas desaparecidos, con lo cual dejaría sin justificación alguna nueva acción guerrillera. No obstante, las posibilidades de superar las situaciones críticas existen, y en el Poder Legislativo se ha venido produciendo un fenómeno interesante, cuya primera concreción se produjo alrededor de la reforma electoral como un signo alentador de poder concretar acuerdos mayores. Es por ello que el Congreso de la Unión puede constituirse en el convocante de un gran diálogo nacional para la reforma del Estado que recupere la agenda de los temas nacionales inconclusos, comenzando por el de derechos y cultura indígenas, convenidos entre el gobierno federal y el EZLN.
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En este tema, además de sus demandas específicas, el EZLN enarbola consignas de alcance nacional que no deben ser menospreciadas. El regateo a la legitimidad del EZLN es un ejercicio inútil que distancia y provoca resentimiento. En otro sentido, amplios sectores largamente empeñados en el desarrollo de las vías institucionales de acción política y en la preservación del Estado de derecho se irritan ante la pretensión de los zapatistas de ser reconocidos como interlocutores importantes para discutir el presente y el futuro de México.
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No debe aceptarse la dicotomía. Es de capital importancia acabar con exclusiones y resentimientos, y construir una nueva concordia y unidad nacionales sobre la base de la democracia y la tolerancia. Sólo con una convicción de esta naturaleza se podrá convocar a los grupos guerrilleros a un diálogo de esta envergadura: sólo la política puede derrotar a las armas.
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Es urgente salir al paso del barrunto de la tormenta y contribuir a la formación y acuerpamiento de interlocutores en este enorme conglomerado, pleno de suspicacias y escepticismo hacia las iniciativas gubernamentales. Habrá que realizar un gran esfuerzo para demostrar que el diálogo nacional con vistas a la reforma del Estado tiene determinación incluyente, capaz de enfrentar con éxito el reto organizativo que representa lograr acuerdos con grandes grupos desarticulados por la crisis.
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Los cambios en la distribución del ingreso son inevitables. El empobrecimiento sin expectativas de millones de mexicanos conduce al desgarramiento de la nación. Una repartición moderna de la riqueza y las oportunidades sólo es posible mediante el acuerdo de todos los involucrados, destacadamente del capital y el trabajo.
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El diálogo nacional para la reforma del Estado tiene en la actual coyuntura la mejor oportunidad para la transición hacia una gobernabilidad democrática.
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Para México, la reforma del Estado no es prescindible; es una necesidad de cuya satisfacción dependen la paz interna, la unidad nacional, la soberanía y la integridad territorial. No tienen eco en México las voces que convocan a la demolición de lo construido, pero esto no valida la pretensión de ahogarlas o ignorarlas.

Busca el Comité 68 que se llame a declarar a Beltrones sobre la guerra sucia de los 70

-Fue secretario de Gutiérrez Barrios y manejó fondos de partidas secretas: Álvarez Garín
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-El PRD “auxiliará” para que se avance en el enjuiciamiento al ex presidente Echeverría
-Andrea Becerril
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La fracción del PRD en el Senado, junto con la Comisión de Derechos Humanos, que preside Rosario Ibarra, “auxiliará al Comité 68 para avanzar en el enjuiciamiento al ex presidente Luis Echeverría y demás responsables de asesinatos y desapariciones ocurridas durante la guerra sucia de los 70”, informó Carlos Navarrete, coordinador de los legisladores del sol azteca, durante un encuentro con los dirigentes de ese movimiento.
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En dicha reunión, Raúl Álvarez Garín dijo que insistirán para que la Procuraduría General de la República (PGR) cite a declarar como testigos a varios involucrados, entre ellos, el senador priísta Manlio Fabio Beltrones, quien –dijo– fue secretario particular de Fernando Gutiérrez Barrios y durante 1979 manejó recursos para partidas secretas imprevistas. “En consecuencia, es corresponsable de la represión que se dio en esos años y tendría que comparecer por jurisdicción voluntaria, para que diga lo que sabe sobre los desaparecidos políticos”.
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Ex dirigente estudiantil durante octubre de 1968, señaló que si Beltrones se niega a declarar es corresponsable de los delitos. Hay jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que si hay alguien en una situación similar no se puede negar a decir lo que sabe.
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Álvarez Garín detalló que en agosto pasado presentaron ante la PGR una lista de 2 mil 800 personajes, entre ellos generales, ex funcionarios y ex secretarios particulares, quienes deben ser citados en relación con el movimiento estudiantil de 1968 y la persecución de dirigentes sociales ocurrida en la década de los 70. Entre otros figuran los generales Arturo Acosta Chaparro, Carlos Humberto Bermúdez y Jorge Carrillo Olea.
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Por su parte, Navarrete señaló que los integrantes del Comité 68 han estado luchando para que el Estado mexicano reconozca su responsabilidad en las represiones del 2 de octubre de ese año y del 19 de junio de 197, así como en otras muchas persecuciones y matanzas, “que fueron expresiones sangrientas de una lucha por la democracia y los derechos del pueblo de México”. El coordinador perredista, a quien acompañó en la reunión el también senador Pablo Gómez, uno de los actores del movimiento estudiantil que culminó con la matanza de Tlatelolco, recibió un grueso expediente con pruebas documentales.
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Los juicios de responsabilidad penal de los ex funcionarios que incurrieron en prácticas genocidas juegan un papel central como referencia ejemplarizante, para que en el futuro sea muy difícil que vuelvan a ocurrir fenómenos criminales como los sucedidos, señaló Álvarez Garín.

Advierte el SME que no permitirá la privatización del sector eléctrico

La Jornada, viernes 28 de septiembre de 2007

-Conmemoran el 47 aniversario de la nacionalización
Carolina Gómez Mena

Con una crítica al gobierno federal por “haber borrado del calendario cívico nacional” el 47 aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) sostuvo que “mantendrá viva la llama” de este logro y advirtió al presidente Felipe Calderón Hinojosa y a los legisladores que “en el momento de que se atrevan a tocar el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, nos vamos a la huelga”.
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En un acto masivo realizado en el Monumento a la Revolución, al cual acudieron miles de electricistas, así como delegados de la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, Metal, Química, el Petróleo e Industrias Afines, el SME brindó un minuto de aplausos por la recuperación de la industria eléctrica el 27 de septiembre de 1960, durante el sexenio de Adolfo López Mateos.
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Martín Esparza Flores, secretario general del SME, y líder de la unión internacional, subrayó que ni el pueblo ni el sindicato olvidan que lo precisado en el artículo 27 constitucional hace 47 años tuvo como finalidad hacer de la energía eléctrica un recurso “estratégico” para al pueblo mexicano. “A partir de ese momento las empresas extranjeras dejan de ser las propietarias de las empresas de energía eléctrica. Desaparece la Mexican Light and Power Company y nace la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC)” manifestó.
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Antes, el diputado perredista Antonio Almazán, quien es también jubilado y ex integrante de la dirigencia del sindicato de electricistas, reprochó al gobierno federal el “olvido” de esta fecha y sostuvo que esto demuestra que la intención es privatizar el sector vía la reforma energética.
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“Tratan de ignorar este 27 de septiembre porque saben que celebrar el aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica significa un rotundo rechazo a la presencia del capital extranjero (…) pero también ignoran que esta fecha está presente en memoria y conciencia del pueblo mexicano”, expresó el legislador del sol azteca.
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El diputado recordó que durante 57 años los mexicanos vivieron “en carne propia la experiencia de las empresas extranjeras” en el sector eléctrico, lo cual se tradujo en un servicio de alto costo y deficiente. Recordó que la nacionalización de esta riqueza fue “resultado de una lucha histórica del pueblo de México”.
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Tras puntualizar que en la Cámara de Diputados ya fue presentada un iniciativa para “derogar todas las figuras privatizadoras en la actual Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica”, retó al PAN y a los “conversos del PRI” a que debatan sobre el tema”, porque no hay argumento válido para entregar el patrimonio energético”.
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Por su parte, Fermín Paz, secretario adjunto de la unión internacional, aseguró que la lucha del SME en contra de la privatización eléctrica se conocerá en todos los países que conforman dicha agrupación, la cual celebra desde el miércoles su segundo congreso en el Distrito Federal.
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Paz aseguró al SME que “no estarán solos en la lucha” y dijo que es urgente que el acceso a la energía eléctrica y al agua sean considerados como parte de los derechos humanos”.
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Esparza Flores, quien fue el último orador, destacó que los intereses financieros trasnacionales, en conjunto con sus “aliados locales, esperan despojar a la nación de la propiedad de Pemex, CFE y LFC”, y auguró que si estas empresas son transferidas a la inversión privada se encarecerán las tarifas, bajará la calidad y muy posiblemente ocurrirán “apagones como los ocurridos en Estados Unidos, Argentina y Alemania”, entre otras naciones.
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Exhortó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que velen porque no se cambie la “esencia” del artículo 27 constitucional, y les recordó que justamente su misión es que se respete la Carta Magna.
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Tras casi dos horas de manifestación, el acto conmemorativo concluyó entonando el Himno Nacional y dando vivas a quienes hicieron posible la nacionalización de la industria eléctrica.

No aceptaremos el alza a la gasolina en octubre ni en enero, afirma AMLO

-El gravamen a los combustibles, además de injusto, es una barbaridad, asegura
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-Insiste en reducir salarios de la alta burocracia y eliminar pensiones de ex presidentes
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-Convoca a los poblanos a asamblea para enjuiciar a la administración de Mario Marín
Enrique Méndez (Enviado)
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Palmar de Bravo, Pue., 27 de septiembre. El gobierno “espurio” de Felipe Calderón pospuso la entrada en vigor del gasolinazo debido a la presión social, pero si “el pelele” cree haber librado las críticas y la escalada de precios, está equivocado, advirtió aquí el “presidente legítimo” Andrés Manuel López Obrador.
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“¡Qué aumento a la gasolina ni qué nada! No vamos a permitir el aumento. No nos vamos a quedar en que ya decidieron posponerlo. Porque no lo aceptamos ni octubre ni en enero, porque se va a dar una nueva escalada de precios. No lo vamos a permitir porque es no sólo injusto, sino una inmoralidad. No es posible que el gobierno quiera tener más ingresos afectando la economía popular y mientras los de arriba, esos que vamos a tumbar, se dan la gran vida”, expresó.
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Como ha hecho recientemente, López Obrador insistió en defender su propuesta de reducir los salarios de la alta burocracia, suprimir bonos y seguros de gastos médicos mayores, así como eliminar las pensiones de los ex presidentes, que anualmente reciben, dijo, el equivalente a varias veces el presupuesto asignado a los municipios de la entidad.
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“Es totalmente injusto que Carlos Salinas de Gortari reciba 5 millones de pesos mensuales. Parece increíble. Lo mismo recibe ese flojo, ese traidor a la democracia, la chachalaca ladrona de Vicente Fox”, expuso. Entre el gentío, un hombre exclamó: “¡Y el pueblo se muere de hambre!”
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A lo largo de una gira por los municipios cercanos a Tehuacán –donde por la tarde el alcalde panista Francisco Díaz, El Pollo, desmanteló el templete con la fuerza pública– y Cuacnopalan, el tabasqueño convocó a los poblanos a una asamblea para el domingo 4 de noviembre, una semana antes de las elecciones estatales, para hacer un juicio a la administración del llamado góber precioso y sus “actos de corrupción”.
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Recordó que después de la persecución contra Lydia Cacho, y comprobados los nexos de Marín con Kamel Nacif, acusado de pederasta, Felipe Calderón ofreció desde Puebla actuar contra él. “Pero antes del 2 de julio llegaron a un acuerdo con Marín para que les ayudara a cometer el fraude electoral, a cambio de impunidad. Por eso ahora cada vez que viene el pelele anda agarradito de la mano, como si no pasara nada. Son unos falsarios”.
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Uno de los ejemplos de las decisiones ilegales que se atribuyen a Mario Marín es haber otorgado licencias para la explotación de pozos a la empresa productora de pollo y huevo propiedad del gobernador de Sonora, Eduardo Bours, y a la cementera Cruz Azul.
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La candidata perredista a diputada local, Aída Ramírez, refirió que la explotación de los pozos se concedió a Bachoco, cuando a la comunidad se le negó debido a que, precisamente, se trata de una zona de veda. Y a la cementera, explicó, se le permitió instalarse en la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuacnopalan y en las cercanías de la más próspera región de cultivo de hortalizas.
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Un día después de que Calderón anunció en Los Pinos que no publicaría el decreto de la reforma fiscal, donde se incluye el aumento mensual de dos centavos a las gasolinas y el diesel, López Obrador cuestionó que en los primeros 10 meses del “gobierno usurpador” el panismo no ha hecho nada y, en contraparte, propició un aumento de 35 por ciento a los productos de la canasta básica, mientras el salario mínimo sólo creció 4 puntos.
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“Es decir, los precios han aumentado siete veces más que el salario mínimo. Ayer se detuvieron porque no pueden actuar con autoritarismo, con la saña que quisieran, porque existe este movimiento.
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“Piensa el pelele que con la decisión que tomó el miércoles ya la libró y va a querer aplicar el aumento a la gasolina en enero, que para entonces se nos va a olvidar. Está equivocado. No vamos a permitir el aumento”, expresó.
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Aquí, como en los otros cinco municipios que visitó, cuestionó la reforma fiscal, en especial el impuesto que gravará los depósitos bancarios superiores a 25 mil pesos, gravamen sólo comparable, dijo, con las medidas impositivas adoptadas en los tiempos de Antonio López de Santa Ana, “cuando se cobraba por las ventanas y, dicen, hasta por los perros”.
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Los hatos de Fox
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Ante las quejas que los ciudadanos le expresaron sobre las corruptelas de los alcaldes panistas de esta región, López Obrador lamentó en Yehualtepec, y más tarde en Tehuacán, que los campesinos aún voten por candidatos de Acción Nacional, que en campaña “abrazan, cachondean a todo mundo, pero cuando llegan al poder cambian y ya no conocen a la gente”.
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Los panistas, dijo, “salieron hasta más ratas que los priístas. Ahí está lo de la fortuna de Fox, que de manera obscena salió retratado con su mujer en una revista de ésas del jet set. Salió con una casa lujosísima, con cancha de tenis, alberca, lago artificial, un hato de ganado, pero no crean que corriente, de cebúes criollos, sino de alto registro. Pura riqueza mal habida”.
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Por la noche, aun cuando se tenía permiso para la instalación del templete, el alcalde panista de Tehuacán desmanteló el escenario por la fuerza, pero los simpatizantes de López Obrador lo reinstalaron.
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Esa actitud, dijo el ex jefe de Gobierno capitalino, se ha repetido en alcaldías gobernadas por panistas. “Son intolerantes, no quieren que se escuchen otras voces. Nada más que a esta gente se le tiene que recordar que la libertad no se implora, se conquista. Y nos van a tener que aprender a respetar”, expuso.

Birmania y la comunidad internacional

ES FUNDAMENTAL QUE LOS DIPUTADOS Y SENADORES DE MEXICO HAGAN OIR SU VOZ A NIVEL INTERNACIONAL Y PROTESTEN Y EXIJAN QUE EL GOBIERNO FEDERAL EMITA UNA NOTA DE PROTESTA URGENTE ANTE EL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS Y SE EXIJA UN ALTO A LA REPRESIÓN Y EL GENOCIDIO QUE COMETE LA DICTADURA MILITAR DE MYANMAR (antigua Birmania) CONTRA EL PUEBLO QUE SOLAMENTE PIDE DEMOCRACIA. NO DEBEMOS PERMANECER INSENSIBLES, SI NO ES PELÍCULA.


El régimen militar de Myanmar, la antigua Birmania, desató nuevamente la represión sobre cientos de personas que se manifestaron en las calles de la capital. Los informes oficiales señalan que nueve personas murieron, entre ellas un fotógrafo japonés (en la serie de imágenes) quien, ya herido, fue rematado por un soldado cuando intentaba tomar una placa. En dos monasterios budistas al menos 100 monjes, quienes han sido la columna vertebral del movimiento, fueron golpeados y arrestados. La crisis comenzó el mes pasado, cuando el gobierno elevó 50 por ciento el precio de combustibles FOTO Reuters. The Independent.


La Jornada, viernes 28 de septiembre de 2007
Editorial
Birmania y la comunidad internacional
Durante todo septiembre, y sobre todo en la semana anterior, una ola creciente de protestas ciudadanas ha sacudido al régimen castrense de Birmania, país rebautizado a la fuerza como Myanmar. Encabezada por decenas de miles de monjes budistas, la población de las principales ciudades se ha echado a las calles para manifestarse contra el gobierno y pedir democracia. Las calles de la capital están llenas de soldados, y las principales plazas permanecen bloqueadas. El gobierno ha respondido con una injustificable violencia represiva que se cobró ya su primera decena de víctimas y un número indeterminado de heridos, y es probable, por desgracia, que esas cifras se incrementen en las próximas horas. De hecho, es posible que, hoy por hoy, el saldo rojo ya sea mayor, puesto que el Consejo del Estado para la Paz y el Desarrollo (CEPD) –eufemismo con el que el régimen se designa a sí mismo– ha impuesto un bloqueo informativo en torno a la situación. La única información disponible es la que proviene de los pocos periodistas que se mantienen firmes a pesar del acoso que sufren –una de las víctimas fatales de la brutalidad represiva fue, justamente, un fotoperiodista japonés– y de algunos usuarios de Internet que han logrado comunicarse con el exterior y enviar reportes de lo sucedido.
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Lo ocurrido en Myanmar, que antes del CEPD se llamaba Birmania, ha puesto al descubierto una serie de fenómenos y actitudes que afectan a todo el mundo. Como ocurre en situaciones parecidas, quedaron de manifiesto las posiciones reales de distintos gobiernos del planeta y su grado de compromiso con la democracia o, en su caso, su hipocresía al respecto.
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A China, por ejemplo, difícilmente se le puede acusar de doble moral. El régimen de Pekín, opresor en su propio territorio, ha tenido una actuación congruente en la esfera internacional y se ha destacado por su tristemente célebre defensa del régimen de Sudán, a pesar de la evidencia de las atroces violaciones a los derechos humanos que se cometen en el país africano y del posible genocidio en la región de Darfur. No fue distinta la postura de las autoridades chinas en el caso de Myanmar, pues el representante de Pekín ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas bloqueó las sanciones que el resto de los gobiernos que conforman ese órgano querían imponer al CEPD.
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Es perceptible, en cambio, la hipocresía de las potencias occidentales, las cuales toleraron durante 19 años a la dictadura del CEPD y ahora, ante la evidencia de que la exasperación popular ha llegado a niveles explosivos, se rasgan de súbito las vestiduras. Nada hicieron ni dijeron, en cambio, en 1988, cuando la camarilla militar actual se entronizó en el poder en Yangón sobre los cadáveres de 3 mil personas masacradas en las calles.
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Es posible que la tolerancia occidental ante el régimen militar que ha oprimido durante décadas a la antigua Birmania se explique por el interés de Estados Unidos y de Europa Occidental de mantener inalterada una estabilidad no necesariamente democrática ni pacífica ni respetuosa de los derechos humanos, en el sureste asiático, una región que se ha caracterizado en el pasado reciente por haber sido teatro de operaciones de algunos de los conflictos más sangrientos de la segunda mitad del siglo XX: la agresión estadunidense contra Vietnam –que se internacionalizó hacia Laos y Camboya– y el demencial genocidio realizado en Kampuchea por la organización de los Khmer Rojos. Cabe suponer, asimismo, que con el caos generado en el mercado petrolero por la destrucción y la ocupación de Irak por Washington y Londres, lo último que le interese a Occidente sea una sacudida en un país que, con el mercado del petróleo enloquecido por la situación en Medio Oriente, a las potencias occidentales no les conviene sacudir ya que en él existen importantes reservas de hidrocarburos. En todo caso, con sus tardías reacciones a la barbarie militar del CEPD, Estados Unidos y sus aliados han puesto de manifiesto la debilidad y la incongruencia de su compromiso con la democracia.

jueves, septiembre 27, 2007

Los modos de la derecha

La Jornada, jueves 27 de septiembre de 2007
Octavio Rodríguez Araujo
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Al margen de la tentación de caer en corruptelas (que es universal entre la gente del poder), la derecha política tiene características insoslayables. Una, quizá la principal, es que invariablemente busca mantener el status quo a como dé lugar. Cuando ha tenido el poder ha actuado y actúa, sin excepciones, como protectora de los intereses de las clases dominantes en un país (nótese que no dije de un país). Y, por lo mismo, asume el ejercicio del poder como si fuera equivalente a la dirección de una empresa –con todo lo que esto implica, incluido el trato a los gobernados como si fueran empleados.
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Esa característica principal de la derecha política no es cosa pequeña ni desdeñable. La conservación del status quo quiere decir mantener los privilegios de quienes ya se han privilegiado del sistema prevaleciente, e identificarse con esos valores que, por cierto, la derecha ve como si fueran naturales: las riquezas son, y no puede ser de otra manera, para quienes tienen la capacidad –sin importar los medios– de apropiárselas. Así funciona el sistema capitalista y no se ven razones para imponerle cambios. Unos tienen y otros no; si todos tuvieran el sistema se derrumbaría, ya que alguien tiene que trabajar para otros. Las tendencias al igualitarismo son contrarias a la esencia de la acumulación capitalista. Ergo, las desigualdades tienen que mantenerse, y entre más grandes sean esas desigualdades más riqueza se puede acumular en pocas manos.
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El hecho de que la derecha política tenga y sostenga esos valores le permite ver como cosa natural usar el poder político para aumentar su poder económico. En otros términos, la derecha política no se resigna a jugar el papel de empleada de los llamados “poderes fácticos” (los grandes empresarios privados), sino que aspira también, como cualquier gerente, a convertirse en socia del capital o, por lo menos, a ser también capitalista y no parte del conjunto de asalariados (por bien pagados que estén).
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A esta manera de pensar, que a la derecha política le parece natural y legítima, deberá agregarse el hecho de que sus cargos en la esfera del poder político son efímeros, en principio seis años y después quién sabe. De aquí que no debiera extrañar que, a diferencia de los viejos priístas, que pensaban que tendrían el poder por siempre, los gobernantes emanados del Partido Acción Nacional traten de enriquecerse en el menor tiempo posible pues mañana las cosas podrían cambiar.
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La única diferencia entre los panistas con cargos públicos y los empresarios con pedigrí como tales es que los primeros tienen que cuidarse de auditorías públicas que los puedan conducir a juicios por enriquecimiento ilícito. Los empresarios no están sujetos a estas sanciones, salvo cuando se les comprueben evasión flagrante de impuestos, lavado de dinero o cosa semejante. Pero esta diferencia se salva, como ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, con prestanombres, sociedades anónimas o parientes “listos” que a nombre de la familia (sin decirlo) hacen dinero bajo la protección del poder de sus padres, tíos, cuñados, o lo que sea –incluidos los compadrazgos. Es la asociación entre los políticos y los empresarios que, en el ámbito de la derecha –repito–, se ve como cosa natural.
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La frase atribuida a Hank González de que político pobre es un pobre político opera a las mil maravillas para los gobernantes panistas; si no, ¿para qué entrar en la política? La máxima ambición de un neopanista (para distinguirlo de los viejos que perdieron la hegemonía en su partido a mediados de los setenta) es lograr por la vía de la política y del poder institucional lo que no lograron como empresarios o como empleados de empresarios.
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Vicente Fox y su ambiciosa esposa son el mejor ejemplo de lo que he tratado de explicar. Ya se veía desde que ambos ocuparon la Presidencia de la República, incluso en cosas aparentemente insignificantes como sus inútiles (pero costosos) viajes al extranjero con todo y sus respectivos séquitos. Actuaron como provincianos nuevos ricos y así como diciendo “si no es ahora quizá no sea nunca” y, además, con trato especial de presidente y “presidenta” en el extranjero. Una oportunidad de oro que no podían desaprovechar, incluso para exhibir, en el caso de ella, sus modelos de ropa que luego remató para causas supuestamente altruistas (muy de ella, la que se conmueve todavía –dice– con los pobres).
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Cada vez que leo sobre la riqueza de los Sahagún-Fox (o al revés, si se prefiere) y de sus parientes, recuerdo, sin poderlo evitar, a Leónidas Trujillo, el viejo dictador de República Dominicana desde 1930 a 1961. Trujillo y su familia (en el sentido más amplio del término) se enriquecieron con el ejercicio del poder absoluto del dictador, y la soberbia del gobernante de facto llegó a extremos de construir suntuosas obras públicas (¿bibliotecas inservibles también?) para inmortalizarse, y hasta cambió el nombre de la capital de su país llamándola Ciudad Trujillo. Estoy haciendo una analogía, no una comparación, pues el gobierno de Fox no fue precisamente dictatorial, aunque también, a semejanza del dominicano, quiso decidir sobre su sucesor (lo que, según parece, no le resultó como hubiera querido).
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Los panistas, como buenos defensores del status quo, van por todo, y aunque fuera sólo por esto son peligrosos o, para usar una frase de ellos, un peligro para México. Ojalá la izquierda, aun moderada como es, lo entienda y haga todo lo posible para sacarlos del poder. No veo otra opción.

Gasolina y fuego

La Jornada, jueves 27 de septiembre de 2007
Astillero
Julio Hernández López

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-Inflación por partida doble.
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-FC no duda de VF ni un 0.56%.
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-El rancho urbano de Salinas.
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El mismo día en que formalizó el milagro de promover dos golpes a la economía popular mediante una tregua impositiva envenenada, el comisionado de la Familia Fox para atender el rancho de Los Pinos hizo saber a la peonada, mediante el subcapataz jalisciense Pancho Ramírez, que se tiene en tan alta estima al patrón Chente, y a sus inocultables éxitos económicos con lago, que la administración del gasolinazo está dispuesta a meter las manos al fuego por la honorabilidad del hacendado copresidente aunque, bueno, para distraer un tanto la atención del público, se podría montar una falsa pista judicial alterna con la esposa Martita S.A.(hagún) como abnegada estrella de telenovela que podría ser sacrificada (nomás tantito) por sus hijos.
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Presidente LegaL amante del doblete: dos veces en el día concurrió ante las cámaras (las de televisión, obviamente) para informar a su queridísimo pueblo de la sabia decisión que tomó de posponer la entrada en vigor del impuesto que él mismo propuso y de cuyos efectos económicos y sociales muchas voces le advirtieron con oportunidad. Noble señor es don Felipe que salva a los demás de los males que él mismo ha impuesto, aunque ese rescate es provisional, pues el atizador del calderón social prevé que con el año venidero pueda al fin aplicarse el insólito gravamen que ya generó una primera oleada inflacionaria, sin haber siquiera entrado en vigor, y en enero tendrá nueva oportunidad de encarecimientos programados. Golpe avisa, dice el michoacano que manipula los diablitos de la economía, y advierte que no subirán por causas nuevas los precios de gasolinas, dísel y electricidad (en el caso de la gasolina, ya hay un aumento escalonado mensual), a pesar del gravísimo daño que esa medida provocará a las finanzas del gobierno purio (es decir, el gobierno que es castio e inmaculadio; que es purio), pero que entrando 2008 la flecha irá derecha. Eso sí, muy serio, el presidente purio lanzó un sentido exhorto a “los sectores productivos, a todos los actores sociales, políticos y económicos, y especialmente a los medios de comunicación, a tomar medidas similares de respaldo a la economía popular y a no utilizar esta coyuntura para exacerbar los problemas a fin de servir a sus propios intereses”. El llamado felipense parece ir dirigido a los capos de las televisoras privadas que han asumido en semanas recientes un revanchismo, por el asunto de los espots partidistas escamoteados, que mal disfrazan de heroísmo informativo y crítico que nadie que haya visto televisión en décadas anteriores podrá creerles.
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Conforme se acumulan los problemas pareciera que el jefe del kínder de Los Niños (nombre de una casa infantil presidencial) se entrampa más. Enredado con sus propios hilos hacendarios, atacado por fantasmas justicieros de pensamiento católico mucho tiempo atrás olvidado (por eso pronuncia discursos de expiación como el de los “300 líderes”), peleado con los jefes televisivos y amenazado por los problemas económicos del regente país vecino, el licenciado Calderón, sin embargo, tiene ánimos suficientes para hacer que su maltratado secretario de desgobernación (hasta tarugo le dijeron en su cara, en San Lázaro, durante la comparecencia de esta semana) salga al frente para exonerar a Chente San Cristóbal, de cuya honorabilidad el actual gobierno impuesto no tiene ni un 0.56 por ciento de duda (aunque de Martuchis, bueno…); Chente tan respetable que el mismísimo subcaporal Pancho Ramírez Bucareli le prodiga abiertamente todavía el trato de “Presidente”.
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Astillas
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No, pos sí. Comprensivo y generoso, Carlos Salinas de Gortari prefirió no ir a dar una conferencia a El Colegio de México porque, según eso, fue enterado de que en el mismo auditorio, aunque en distinto horario, habría otra sesión de pláticas. A cambio de esa evasión dizque “por razones logísticas”, el ex presidente abrió las puertas de su rancho, perdón, de su casa, a los estudiantes que lo habían invitado al Colmex. Allí, sin riesgo de que alguien le gritara o protestara, Salinas habló largamente, en otro monumento inmobiliario a la corrupción que, obviamente, es protegido por militares con cargo al erario. ¿Nomás Chente va a ser investigado, o también otros ex presidentes y ex gobernadores que no podrían explicar cómo se hicieron de las fortunas que hoy tienen y lucen, unos en la revista Quién y otros en sesiones “académicas”?... A propósito de gobernantes enriquecidos, el de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos, se organizó un cerco de acarreados y guaruras para presentar su cuarto informe anual de actividades, de tal manera que todo aquel que no saltara de gusto ante las invenciones discursivas de la versión potosina del foxismo (negocios familiares, tráfico en aduanas, pactos con bandas de narcotráfico protegidas, etcétera) era mal visto por militares y policías vestidos de civil y por “ciudadanos” llevados como grupos de choque. Uno de esos grupos agredió a una fotógrafa de La Jornada San Luis, que además fue insultada. Al contador público que antes maquillaba los estados financieros de gobernadores priístas, y ahora obviamente hace lo mismo con los suyos, le ha estallado recientemente el tema de la inseguridad, con asesinatos de jefes policiales que no empañan las alegres cuentas de un gobernador empeñado en pintar a sus ciudadanos un paraíso artificial denominado Marcelandia… Los lectores escriben (y el tecleador lee): Francisco Thomas: “¿Y Calderón? ¡Comiendo chicharrón!”; y Miguel Ángel Serrano: “sobre las declaraciones de la comandanta Zavaleta que mencionas en el Astillero de ayer, es inevitable no recordar aquella frase atribuida a Marx –Groucho, por supuesto–: ‘Estos son mis principios, y si no le gustan… ¡tengo otros!’”… Y, mientras el asunto del EPR es usado para apretar el puño militar, nativo y extranjero, en los puertos mexicanos, ¡hasta mañana, en esta columna sin inflación!

Tras el enredo, Calderón decide aplazar para 2008 el gasolinazo

-Garantiza que este año no habrá incrementos en gas doméstico ni tarifas de electricidad
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-Se deslinda de los aumentos en varios productos y los atribuye a ajustes de precios internacionales
Claudia Herrera Beltrán
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Tras la inconformidad y los enredos que suscitó el gasolinazo aprobado por priístas y panistas, el gobierno federal aplazó para enero de 2008 el aumento a los precios de gasolina y diesel. También garantizó que este año no habrá incrementos al gas ni a tarifas eléctricas.
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El presidente Felipe Calderón hizo el anuncio en la residencia oficial de Los Pinos, y después lo reiteró en un mensaje transmitido a las 9 de la noche en cadena nacional, en el que habló de “detener la entrada en vigor del nuevo impuesto a las gasolinas”, pero sin aclarar que éste comenzará a cobrarse en enero.
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En ambas oportunidades se deslindó de los aumentos registrados en otros productos, con el argumento de que hay un “lamentable” entorno de ajuste de precios internacionales, e hizo un llamado a otros sectores a tomar medidas similares y no aprovechar la coyuntura para exacerbar los problemas a fin de servir a sus propios intereses.
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Acompañado por los integrantes de su gabinete económico, Calderón advirtió por la mañana que esta medida tendrá un “elevado costo” para las finanzas públicas, y por tanto en un futuro deberá enfrentarse una “compleja” problemática en el sector energético, con lo que deslizó desde ahora la necesidad de emprender una reforma en este ámbito.
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De esta manera, el michoacano, en coordinación con PRI y PAN, enmendaron la plana luego de que legisladores de ambos partidos votaron en favor de aumentar el precio de gasolina y diesel dos centavos por mes a partir del próximo octubre, no obstante que la medida debía entrar en vigor en enero.
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Apenas hace unos días se desataron una serie de enredos cuando el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el priísta Jorge Estefan Chidiac, anunciaba un supuesto acuerdo para aplazar el alza de los combustibles hasta enero, pero horas más tarde lo desmentía la propia Secretaría de Hacienda. Esto llevó al coordinador del PRI en San Lázaro, Emilio Gamboa Patrón, a enviar una misiva a Calderón Hinojosa en la que le pidió, en nombre de los diputados federales del tricolor, que el decreto sobre los impuestos se publicara el 15 de diciembre y entrara en vigor el primero de enero de 2008. Luego el PAN se sumó a dicha postura.
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Ayer, el Presidente anunció que decidió detener la entrada en vigor del aumento “en los términos solicitados por los legisladores”, pero también defendió la reforma fiscal al recordar que a petición de la Conferencia Nacional de Gobernadores propuso que los estados aplicaran a su conveniencia impuestos especiales.
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Sin embargo, señaló que el Congreso de la Unión determinó que dichos cobros fueran aplicados por la Federación para que se transfirieran en su totalidad a los gobiernos de los estados.
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Con el argumento de que esta reforma atiende a “los que menos tienen”, aseguró que representa avances que van a hacer más justo y equitativo el sistema tributario. “Se trata de que quien tenga más pague más”, afirmó.
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Reconoció que en el contexto de ajustes de precios internacionales, un aumento al costo de la gasolina generaría un impacto mayor en los bolsillos de los mexicanos. De ahí que anunció su aplazamiento por tres meses.
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También indicó que el gobierno federal impedirá que haya aumentos al gas LP y a las tarifas eléctricas de consumo doméstico. “Que quede claro, el gobierno no genera el aumento de precios ni está de acuerdo con el mismo”, enfatizó Calderón.
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Para nosotros, insistió, son lamentables los incrementos en los precios de los productos agrícolas, como el trigo, que se generan por un cambio de políticas provocadas en el extranjero.
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A partir de ello hizo un exhorto a los sectores productivos, sociales, políticos, económicos y especialmente a los medios de comunicación, a tomar medidas similares de respaldo a la economía popular y a no aprovechar la situación y aumentar los problemas.
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Agradeció así el compromiso de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio de mantener el bolillo en un precio máximo de un peso por pieza en todo el país y se comprometió a abastecer mejor a los grupos más marginados, con productos básicos a bajo precio a través del sistema de tiendas Diconsa.
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Aunque en repetidas ocasiones responsabilizó al Congreso de la aprobación de los aumentos de precios, al final reconoció la altura de miras y capacidad de acuerdo que mostraron los legisladores al aprobar la reforma hacendaria que, sin duda, será en beneficio de los mexicanos.
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Como parte de su plan para evitar la escalada de precios, Calderón anunció que en los próximos días se reunirá con gobernadores y legisladores, así como con productores del campo, industriales, comerciantes, prestadores de servicios, sindicatos, uniones de trabajadores y con los partidos políticos para definir medidas en pro de los que menos tienen.
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En referencia al discurso del viernes pasado, en que recriminó la falta de compromiso de los más favorecidos, reiteró su llamado a “quienes han tenido mayores oportunidades en la vida a que pongamos de nuestra parte de manera equitativa y solidaria para transformar a México en una sociedad más justa y menos desigual”.
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Dijo tener un compromiso claro y firme con las familias y con su economía, porque tanto la reforma hacendaria como las medidas adoptadas por su gobierno son un “paso adelante” en la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
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-Nada resuelve Calderón para frenar precios: AMLO.
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-Insiste en la necesidad de bajar el costo del gobierno.
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-Aplazar el alza en gasolinas, cuestión política, afirma.
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Con aplazar hasta enero de 2008 el aumento del precio a la gasolina y el diesel, Felipe Calderón no resuelve el problema del alza de precios, consideró ayer Andrés Manuel López Obrador. Entrevistado por la periodista Carmen Aristegui para W Radio, el ex candidato presidencial dijo que la decisión respondió a cuestiones políticas y a la presión y protestas de la gente que se verá afectada por el incremento.
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Reiteró que su propuesta es no aumentar los combustibles, y criticó que Calderón evada hablar sobre bajar el costo del gobierno. También resaltó que, en lugar de disminuir el gasto corriente, en lo que va de la gestión calderonista este rubro aumentó en 8 mil millones de dólares. Es decir, subrayó, unos 88 mil millones de pesos.
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“No queremos que siga este gasto oneroso, que es ofensivo. Se puede reducir en más de cien mil millones de pesos y para llevarlo a cabo es cosa nada más de un memorando y se liberan esos fondos para desarrollo.”
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El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal afirmó que es posible bajar los precios de la gasolina y el diesel, si se realizan ajustes al gasto del gobierno. “No hay otra opción, el crecimiento del país no puede ser competitivo si la energía cuesta más en México que en otras partes del mundo, que en toda América Latina”.
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Además, se manifestó por que se cambie la política petrolera, en lugar de permitir que extranjeros y algunos sectores empresariales en México “estén zopiloteando” sobre el sector energético.
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“Que se inicie un programa de modernización de Pemex, que se deje de estar vendiendo petróleo crudo al extranjero y se procese en México”. No es posible, insistió, que se siga comprando gasolina al exterior que implica una erogación de mil 500 millones de dólares. “Al paso que vamos va a ser mayor el desembolso en 2010, que lo que obtengamos por la venta de petróleo al extranjero”.
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Cuestionó el que desde hace 25 años no se construya en el país una nueva refinería para ser autosuficientes; minutos después de que Calderón emitiera su mensaje matutino sobre la gasolina, López Obrador subrayó que el panista responde a la agenda del Fondo Monetario Internacional.

Gasolinazo: doble revés a la economía popular

El titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunció ayer que el aumento de dos centavos mensuales al precio de la gasolina y el diesel, previsto en el marco de la llamada reforma fiscal, no entrará en vigor en lo que resta del presente año. La pertinencia de esta medida, afirmó el gobernante, radica en impedir que el aumento a los combustibles, en añadidura con el actual “entorno de ajuste de precios internacionales de diferentes productos”, tenga un “impacto aún mayor en los bolsillos de los mexicanos, especialmente de las familias con menores ingresos”.
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La decisión de suspender momentáneamente la entrada en vigor del gasolinazo sería, en sí misma, correcta y hasta plausible, de no ser porque la carestía –una verdadera ofensiva contra la economía popular– ya se desató desde principios de la presente administración con el incremento al precio de la tortilla, e incluso desde antes, con la andanada de aumentos decretados en las postrimerías del foxismo. Es decir, el escenario que Felipe Calderón pretende postergar con el anuncio de ayer –una alza de los precios en cascada– ya ocurrió.
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el repunte de la inflación general de diciembre de 2006 a la fecha es de 4.2 por ciento. Sin embargo, la percepción generalizada es que el incremento a los precios en lo que va de la presente administración es mucho mayor de lo que oficialmente se reconoce.
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Ciertamente, no puede saberse con precisión en qué medida el anuncio de la subida a los precios de los combustibles influyó en esta escalada de aumentos, pero es evidente que a raíz del anuncio de esa alza, la carestía se ha incrementado, lo cual no resulta sorprendente si se toma en cuenta que, por lo general, las medidas económicas tienen efecto cuando se dan a conocer y no cuando entran en vigor. A tono con esta lógica, diversos sectores de la iniciativa privada reconocieron que el anuncio del gasolinazo traería consigo un aumento anticipado de precios en alimentos y servicios, “porque ha habido incrementos en los costos de producción”.
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Por su parte, el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz, había advertido, incluso antes de que el gravamen fuera aprobado, que la medida tendría un impacto inflacionario y que sus efectos directos e indirectos serían nocivos, “en la medida en que permeen y afecten negativamente expectativas”.
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A la vista de tales advertencias, es dable suponer que con el anuncio de ayer el gobierno no estaría ahorrando un golpe a la economía popular, como afirmó Calderón, sino que le estaría propinando dos: uno con la actual espiral inflacionaria y otra para cuando sea que entre en vigor el aumento previsto. Sería particularmente desastroso que ese momento empatara con la llamada cuesta de enero, uno de los periodos de mayor vulnerabilidad para la economía de la población en general.
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Por lo demás, es preocupante que la administración pública presente una medida orientada a controlar los precios, cuando es claro que carece de capacidad para lograr tal efecto, como ocurrió con el alza al precio de la tortilla. Tal incapacidad se explica por la visión fundamentalista del libre mercado, propia de los gobiernos neoliberales –que ha derivado en el desmantelamiento de los aparatos de regulación de los precios–, así como por la debilidad que caracteriza a la actual administración ante el conjunto de sus interlocutores y que encuentra su factor fundamental en el déficit de legitimidad que padece de origen.
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En suma, y a la luz de todos estos elementos de juicio, el anuncio de ayer no parece una medida para “proteger la economía de las familias más pobres”, como afirmó Calderón, sino un mero ejercicio discursivo de contención del creciente descontento popular ante la falta de rumbo económico preciso y las nefastas consecuencias de esta deriva en los bolsillos de la mayoría de la población.

México se estancó en el combate a la pobreza; crece la marginación


-Es más amplia que en otros países la brecha entre estados pobres y ricos, señala BM
Roberto González Amador

El Banco Mundial (BM) advirtió sobre un “estancamiento” en el progreso de la reducción de la pobreza en México, y dio cuenta de un aumento en los niveles de marginación en las zonas rurales y entre las poblaciones indígenas. En un informe que sintetiza la serie de recomendaciones que sugiere a la administración federal que empezó gestión en diciembre pasado, el organismo llama la atención sobre la existencia de “grupos de interés que prefieren mantener el status quo” y obstaculizan las reformas de política económica y social, “que podrían contribuir a mejorar la situación del país”.

Insiste en mencionar que Petróleos Mexicanos (Pemex) debe complementar su capacidad de trabajo con capital privado en las áreas de exploración y producción –que están reservadas por la constitución al Estado–. El potencial de crecimiento de México, asegura el Banco Mundial, se ve limitado por “el deficiente desempeño” de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la que critica sus “altas tarifas”.
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El documento México 2006-2012: creando las bases para el crecimiento equitativo apunta, con respecto a la reducción de la pobreza, que el país logró finalmente revertir el severo impacto de la crisis económica de mediados de los años 90, aunque el progreso se ha detenido.
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“Las tasas de pobreza ya se encuentran en niveles inferiores a los de los años previos a la crisis; sin embargo, las estimaciones preliminares para 2005 (las últimas disponibles) muestran que el avance se ha estancado. Entre 2004 y 2005 no se observaron cambios estadísticamente significativos en los niveles de pobreza”, según el estudio, fechado en junio de 2007.
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Añade que en las zonas rurales se registró incluso un aumento en la pobreza. Por ende, un crecimiento económico más vigoroso, dice, es esencial para obtener mayores logros en la reducción de la pobreza. A mediano plazo, la concreción de varias reformas macroeconómicas y una mejoría en la entrega de servicios para los pobres podría incrementar también el impacto del crecimiento en la reducción de la pobreza, agrega.
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El informe, que fue preparado con base en la última información oficial disponible hasta octubre de 2006, menciona que si se usa como referencia una amplia variedad de mediciones del avance económico y social, México “se ubica entre dos mundos y dos mundos coexisten en su interior”. A partir de la medida más general, el producto interno bruto (PIB) per cápita, México se ubica por encima de la mayoría de países en desarrollo y del promedio de América Latina.
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Agrega que la brecha en el PIB per cápita entre los estados más ricos y los más pobres del país es más acusada que en otras naciones.
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Por ejemplo, la pobreza extrema en las zonas rurales es 2.5 veces mayor que en las zonas urbanas del país. “Otra clara división se observa entre los grupos indígenas y la población en general. Si se toman datos de encuestas de hogares, se puede establecer una fuerte relación entre los municipios más pobres y los que tienen mayor población indígena. El reto está en cerrar la brecha entre estos dos mundos. Las ganancias en productividad son esenciales para el crecimiento, pero también es necesario contar con políticas públicas que garanticen que toda la población mexicana participe de este proceso”.
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Medido en dólares de paridad de poder de compra (PPC), el PIB per cápita de los habitantes de Oaxaca es de 4 mil 800 dólares anuales, frente a 16 mil dólares de los de Nuevo León, o los 21 mil dólares anuales de los habitantes del Distrito Federal.
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Pero los 21 mil dólares de los habitantes de la entidad de mayor ingreso en México, el Distrito Federal, son menos que los 26 mil dólares anuales de PIB per cápita de los residentes de Mississippi, uno de los estados más pobres de Estados Unidos, país con el que México es socio, junto con Canadá, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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En su informe, el Banco Mundial asevera que “un elemento que debe reconocerse desde un inicio es la presencia de intereses creados que luchan por impedir que los cambios se materialicen”. La existencia de un régimen de impuestos bajos y alta dependencia de ingresos petroleros, añade, funciona a favor de las personas más adineradas.
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Uno de los capítulos del informe aborda el tema y se refiere a la existencia de monopolios que concentran la prestación de servicios al público, en general a precios más altos que en otras naciones. Menciona en particular las áreas de telecomunicaciones, agua, electricidad y en general los precios de la energía.
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Una de las reformas “sugeridas” por el Banco Mundial es “llevar a los monopolios encargados de la prestación de servicios públicos, incluyendo los monopolios de facto a reducir sus costos y aumentar su eficiencia, mediante la implementación de modificaciones a la ley de competencia, el establecimiento de regulaciones más sólidas e independientes y la eliminación de lagunas como el uso excesivo de los amparos”.
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Respecto de la sugerencia de que Pemex permita capital privado en sectores reservados por la Constitución al Estado, establece el informe del Banco Mundial:
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“La condición de Petróleos Mexicanos como monopolio del Estado está consagrada en la Constitución. Sin embargo, sería necesario encontrar alguna forma de asociarse con otras compañías para realizar actividades de exploración, a fin de evitar problemas de seguridad energética en el futuro y generar incentivos al trabajo eficiente en el sector. Pemex carece de recursos técnicos y financieros para realizar actividades de exploración más intensas”.

-Los 42 productos de canasta básica aumentaron 34.17%: Profeco
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-En diciembre pasado el grupo de alimentos costaba $818.44 y ahora vale $1,098.14
Miriam Posada, Antonio Castellanos y Juan A. Zúñiga
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Informes de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) revelan que los 42 productos que integran la canasta básica subieron sus precios en 34.17 por ciento en promedio, entre diciembre del año pasado y la primera quincena de septiembre de 2007. Esta elevación es más de 16 veces superior a la inflación general registrada por el Banco de México en el mismo periodo, la cual fue de 2.06 por ciento.
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De acuerdo con el seguimiento realizado por la Profeco, la carestía se concentra sobre todo en los alimentos de la canasta básica, los cuales han incrementado 36.01 por ciento su precio en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón, aún cuando todavía no hay fecha oficial para iniciar el aumento gradual a las gasolinas por mayores impuestos.
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El costo de la canasta básica se disparó de 818.44 pesos en diciembre de 2006 a mil 98.14 pesos en la primera quincena de septiembre de 2007, lo que significó una elevación de 34.17 por ciento en este periodo, y un deterioro en la misma proporción en el poder adquisitivo del dinero y de la capacidad salarial para comprar esos productos.
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En el caso de los alimentos, prácticamente todos los productos que integran la canasta básica se han incrementado más de 40 por ciento con respecto a diciembre de 2006. Entre otros, estos productos son: lenteja, 97 por ciento; salchicha, 69; frijol, 87; leche condensada 73; leche en polvo, 55; mantequilla, 54; arroz, 27, y huevo, 36 por ciento. El pollo y la carne molida de res han registrado aumentos de casi 55 y 40 por ciento, respectivamente.
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También otros artículos de consumo imprescindible se suman a la carestía, como la crema dental, con un encarecimiento de 28.79 por ciento; los pañales desechables, con un incremento de 26.23 por ciento; las toallas femeninas, con 24.71; el detergente para ropa, 38.67; el jabón de baño, 16.03, y hasta los focos, que ahora son 27.59 por ciento más caros que en diciembre de 2006.
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Sin embargo, el procurador federal del consumidor, Antonio Morales de la Peña, aseguró que no se han registrado quejas sobre incrementos de precios en productos de la canasta básica, como resultado del impuesto que se aplicará a la gasolina, pero convocó a la población a denunciar cualquier abuso de comerciantes y prestadores de servicios.
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Morales Peña fue entrevistado en la sede de la Profeco, al término del encuentro Sweep Days. Allí presentó un panorama en el que la carestía no se refleja en denuncias por abusos, y previno que las gasolineras tampoco deben incrementar el precio del combustible, pues la aplicación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) de 2 centavos mensuales no ha entrado en vigor.
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Argumentó que la Profeco ha recibido sólo cinco quejas por presunto encarecimiento de gasolina en igual número de estaciones de servicio. Pero, apuntó, los verificadores que acudieron a atender las denuncias no encontraron irregularidad alguna. En el caso del gas, hizo un llamado a la población a no comprar el combustible, “por ningún motivo” si es más caro de lo que marca el precio oficial, a fin de no fortalecer la especulación.
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Mario Di Costanzo, secretario de la hacienda pública del “gobierno legítimo”, afirmó por su parte que en este escenario de inflación galopante, un obrero que percibe el salario mínimo tiene que destinar 21 días de trabajo para obtener una canasta de 42 productos básicos. Con lo que le resta, sólo nueve días, debe cubrir los costos de transporte, vestido, vivienda y educación, lo cual resulta imposible porque el incremento del salario mínimo en este año fue de sólo 3.9 por ciento.
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Di Costanzo precisó que el sólo anuncio del incremento que tendrán la gasolina y el diesel, ya empieza a reflejarse en los incrementos de precios de diversos productos alimenticios como la carne, el huevo, la leche y el pan bolillo.
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Una vez que entre en vigor el alza gradual al precio de las gasolinas se pretende recaudar 633 millones de pesos en los últimos tres meses de 2007 por esta vía, para fortalecer la salud de las finanzas públicas, afirmó Di Costanzo. Mientras, un empleado que percibe el salario mínimo requiere 11.40 horas de trabajo para adquirir un kilo de bistec; 11.1 horas para comprar un kilo de carne molida, y 1.27 horas de trabajo para un kilo de tortillas.


El impuesto a la gasolina afectará a toda la industria, reconoce la Canacintra
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-Ante la cascada de aumentos, legisladores de oposición exigen la renuncia de Sojo
Miriam Posada, Eduardo Martínez, Carolina Gómez, Mariana Norandi, Fabiola Martínez, Andrea Becerril, Alma Muñoz, Roberto Garduño y Enrique Méndez
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La cascada de incrementos en precios de productos de la canasta básica y servicios provocó que legisladores de oposición se manifestaran a favor de la renuncia del secretario de Economía, Eduardo Sojo, y lo conminaron a que de inmediato actúe con energía para detener un conflicto social en ciernes. Mientras, la Cámara Nacionalde la Industria de la Transformación (Canacintra) admitió que el impuesto afectará a toda la industria y, en consecuencia, a la economía de todos los mexicanos.
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Ante este panorama el líder del Congreso del Trabajo (CT), Enrique Aguilar Borrego, señaló que se evaluará la posibilidad de reanudar los pactos entre sectores para frenar la carestía, así como la conveniencia de solicitar un aumento salarial de emergencia de dos dígitos arriba de la inflación.
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Riesgo de conflictos sociales
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En tanto, ya se preparan movilizaciones sociales de protesta, como la creación del Frente Nacional Contra la Carestía anunciado por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y un paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para enero.
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Los diputados el PRD, PRI, PT y Convergencia demandaron la renuncia del secretario Eduardo Sojo y advirtieron sobre el riesgo de conflictos sociales ante los incrementos. Sólo el Partido Acción Nacional (PAN) consideró improcedente la renuncia del funcionario.
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Javier González Garza, coordinador del PRD, señaló que Sojo no puede continuar en el cargo porque es “alguien a quien no le interesa la mayoría del país”. Consideró “un crimen” el incremento a la canasta básica, y tener a un funcionario que, “la verdad, lo digo con todo respeto, dice puras tonterías”.
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Advirtió que si Sojo no actúa, lo que vendrá será un asunto de “conflictividad social”, por lo que el PRD lo exhortará a que renuncie.
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Por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa Patrón exigió a Sojo que actúe con energía, porque “no hay argumentos para que suban los precios; no es aceptable que él no responda, que esté aislado, que no esté dando la cara frente a esto que es dañino para toda la ciudadanía. ¡Parece que no está conciente de dónde vive!”.
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La presidenta de la comisión de Economía, la panista Adriana Rodríguez Vizcarra, aseguró que Eduardo Sojo no tiene razones para renunciar, sino que es la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la que tiene que trabajar para evitar los incrementos.
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Desde el Senado el coordinador de la fracción perredista, Carlos Navarrete, precisó que durante la negociación del presupuesto de ingresos, los integrantes del Frente Amplio Progresista presentarán un plan emergente de rescate de la economía popular, que recoge la propuesta que Andrés Manuel López Obrador formuló en la Cámara de Diputados.
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Dicha propuesta consiste en eliminar gastos superfluos del Ejecutivo federal, disminuir el gasto corriente, eliminar las pensiones millonarias de los ex presidentes de la República y disminuir hasta en 50 por ciento los salarios de los funcionarios de más rango de los tres niveles de gobierno.
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Navarrete fustigó al Ejecutivo porque no atiende la indignación y el coraje de la mayoría de los mexicanos que sobrevive con salarios mínimos. “El Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial estamos viviendo como si no pasara nada; no es bueno que nos encerremos en las paredes de Los Pinos, de San Lázaro, Xicoténcatl o de la Suprema Corte, y sigamos con salarios muy altos frente a una escalada de precios como la que estamos viviendo en todo el país”, enfatizó.
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Impacto “igual para todos”
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El presidente de la Canacintra, Miguel Marón Manzur, aseguró que las afectaciones por el incremento en el precio de las gasolinas repercutirá “para todos por igual”, ya que se trata de un insumo básico que incidirá en todos los procesos y, en consecuencia, en todos los productos y servicios.
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Precisó que el impacto inflacionario por el impuesto a los combustibles podría alcanzar sólo 0.3 por ciento para todos los procesos, sin considerar el costo del transporte, y aseguró que la medida afectará también el gasto familiar.
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Siguen los abusos
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Vecinos de la delegación Iztapalapa señalaron que en colonias como San Miguel Teotongo, Miravalle, San Juan Xalpa y Santa Martha los distribuidores de gas doméstico sólo venden a tenderos, los cuales están encareciendo el producto entre 25 y 30 pesos, ya que el tanque de 20 kilos por el que se debería pagar 187.80 pesos, se vende entre 220 y 225 pesos.
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Mientras, la Universidad del Valle de México incrementó su colegiatura sin previo aviso de 2 mil 867 pesos a 2 mil 925 para el nuevo periodo escolar. En los últimos tres periodos de clases la escuela elevó sus colegiaturas de 2 mil 730 pesos a 2 mil 925.
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En tanto, el ex secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, hizo un llamado a aceptar la realidad y a comprender que el alza no ha sido tan importante. Recordó que cuando era secretario de Estado, la inflación alcanzaba hasta 10 por ciento al mes.