sábado, julio 26, 2008

Amenazas de EU obligan a Calderón a privatizar Pemex

Entrevista a Joaquín Hernández Galicia, ex secretario general del STPRM


El titular de Gobernación “tiene que enderezarse”

Para La Quina, el Presidente está acorralado por empresarios y políticos mafiosos, entre ellos el ex mandatario Carlos Salinas, y debe meter a la cárcel a todos los corruptos. El sindicato de la paraestatal, asegura, ha robado la mitad del patrimonio del gremio por la debilidad de los gobernantes

Enrique Méndez (Enviado)

Ampliar la imagen "El pueblo no quiere privatizaciones, sino que prevalezcan las ideas de Lázaro Cárdenas", opina el antiguo dirigente petrolero “El pueblo no quiere privatizaciones, sino que prevalezcan las ideas de Lázaro Cárdenas”, opina el antiguo dirigente petrolero Foto: Marco Peláez

Ciudad Madero, Tamps. Joaquín Hernández Galicia asegura que el presidente Felipe Calderón quiere que el Congreso apruebe su reforma al régimen legal de Petróleos Mexicanos (Pemex) porque está “amenazado por Estados Unidos y acorralado por la mafia de empresarios y políticos”, entre quienes ubica al ex mandatario Carlos Salinas, quien pretende continuar con el saqueo a la empresa.

“Pero eso es muy peligroso, porque los mexicanos, no sólo (Andrés Manuel) López Obrador, no quieren la reforma, ya que no han limpiado Pemex de todo lo que le han robado. Si Calderón no mete a la cárcel a todos los corruptos eso se llama encubrimiento, y eso no le queda a un presidente”, asegura. Por ejemplo, dice, el secretario de Gobernación, Juan Camilo “Mouriño, tiene que enderezarse”.

La Quina habla en entrevista con La Jornada desde un sillón cuyo respaldo está orientado hacia la puerta por la que, la mañana del 10 de enero de 1989, “dos soldados de dos metros” lo sacaron de su casa, en San Luis número 106. La puerta, de dos hojas, está obstruida ahora por los juguetes de sus nietos y un mueble con veladoras y santos.

Desde esa posición, el otrora poderoso secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) considera que el Ejecutivo debe evaluar si quiere imponer una reforma que no cuenta con aprobación social. Va más allá: “Debe tener en cuenta que el pueblo no es pendejo. López Obrador sólo lleva la bandera, pero el pueblo es el que dice no, no y no. Y yo, que soy parte del pueblo, también digo no”.

Hoy tiene 82 años. Está enfermo de leucemia, que se trata con aguamiel de San Luis Potosí. “Ví nacer a Pemex a los 16 años, cuando era aprendiz meritorio, y hoy lo estoy viendo morir”, resume después de diseccionar la forma en que, “desde Salinas, los presidentes y los directores de Pemex y el traidor de (Carlos) Romero Deschamps” han arruinado la paraestatal.

Se declara nacionalista, triunfador en su particular forma de hacer empresa para ayudar, durante la era de su liderazgo, a los trabajadores con alimentos y ropa barata, a partir del porcentaje que el sindicato recibía de cada contrato con particulares. Pero también asume su papel de conocedor de las entrañas de Pemex y se carcajea cuando se le pregunta por qué no lo invitaron a los debates en el Senado: “¡Qué me van a invitar! ¡Los pongo como longaniza! Son puros dinosaurios. ¿Qué me van a contar esa bola de güeyes?”

Sus detractores, refiere, siempre lo calificaron de cacique, asesino y dictador. “Pero conmigo no había empresas extranjeras y la deuda de Pemex era de sólo 7 mil millones de dólares. Hoy la deuda en Pidiregas es de 1.7 billones de pesos.”

–¿Qué explica ese enorme endeudamiento?

–Todos los negocios. Romero Deschamps, por ejemplo, firmó un convenio para rentar a Pemex cuatro barcos nuevos con opción a compra en 10 años, ya cuando estén viejos. El Pemexgate; los errores de los presidentes, que no supieron administrar el dinero del petróleo y pusieron a sus amigos y no a ingenieros petroleros; los negocios que hizo Carlos Hank González, y todos los gastos superfluos.

“Los directores cambian vestuario y mobiliario para decir ‘esto ya es mío’. Y hay casas de visita por trabajo, para que llegue un subdirector que de Pemex no conoce ni papa, porque lo acaban de nombrar, pero es panista, para que le den de comer a él y a sus novias y darles cigarros Lucky Strike.”

–¿El sindicato es cómplice?

–¡Uf! Se puede decir que la mitad de lo perdido se lo ha robado el sindicato, por la debilidad de presidentes y los directores.

Por eso, insiste, Felipe Calderón está obligado “a limpiar Pemex de bandidos sindicales y administrativos. Así como está saqueado no puede haber reforma”.

Sin embargo, afirma que el principal propósito de las iniciativas que el mandatario envió a las cámaras de Senadores y de Diputados es que todo el proceso del petróleo quede en manos de empresarios. “Van a distorsionar Pemex, lo van a fraccionar. Seguirá siendo Pemex, pero de particulares coreanos, ingleses, españoles...”

Por ello considera que Calderón “está muy presionado por sus mismos partidarios empresarios, de tal manera que la mafia industrial y gubernamental se quede con Pemex. ¿El resultado? Un pueblo jodido. Por eso López Obrador levanta 100 mil personas, y el pueblo ya dio su fallo: no a la reforma energética”.

–Aún así, el PAN rechaza la consulta del domingo.

–¿Por qué están los diputados y senadores ahí? Por el voto del pueblo. Ahí sí tuvo validez el voto popular, ¿no? ‘Lo que vale son nuestras decisiones’, dicen. ¡Están jodidos, retejodidos! ¿Cómo sí pudo opinar el pueblo cuando andaban de candidatos? ‘Ay, vota por mí’.

–¿Qué evaluación tiene de Calderón en el contexto de su reforma energética?

–Prometió mucho y no ha cumplido. No lo veo de malas intenciones, pero está presionado por los extranjeros. Creo que hasta con amenazas de invasión. No lo dice porque alarmaría al pueblo.

“A mí, Miguel de la Madrid me confesó que los gringos lo habían amenazado con invadir por tratar de ayudar a Contadora. Me preguntó qué haría yo, porque la amenaza era seria, y le dije que lo respaldaría. ‘Le pongo a mis petroleros a defender las refinerías –respondí–. Ahí no entran los cabrones gringos. ¡Las volamos! Señor, no tenemos armas, pero tenemos güevos”.

–¿Así le dijo?

–Así le dije, pero lamentablemente él no los tenía.

La Quina también atribuye a Carlos Salinas estar atrás del grupo que presiona a Calderón para privatizar Pemex. “Qué casualidad que Estados Unidos tiene una flota en el Golfo, donde se supone que están los pozos en aguas profundas. Salinas, que es compadre de Bush el viejo, tiene acorralado a Calderón.

“Pero el pueblo no quiere privatizaciones, sino que prevalezcan las ideas de Lázaro Cárdenas, de López Mateos. Y aunque les pese, ni Luis Echeverría ni José López Portillo vendieron el país. Con todo y sus defectos, los dos. Uno enamorado de a madres, padrotón, y el otro que viró al izquierdismo.”

En Ciudad Madero, La Quina aún es El Jefe. Así le dice todo mundo. Por eso se ufana de que aun en su arraigo en Cuernavaca, y cuando regresó a su casa, candidatos del PAN y del PRI lo buscaron para que los apoyara. “Vicente Fox mandó pedir mi voto. Se lo negué, porque fue maricón. Mandó a (Rodolfo) Elizondo, a quien dije que si me regresaba a Madero yo decía que era buen candidato. Pero Elizondo me respondió que Fox no lo podía decir hasta que llegara a la Presidencia, y le contesté que yo tampoco podría decirlo hasta que no estuviera en Madero”.

–¿Se buscó con Andrés Manuel López Obrador?

–No, porque cuando le mandé a un grupo de amigos no los recibió. Se dio mucha ínfula. Él es de izquierda. La izquierda nunca me ha querido, los comunistas menos.

Cierra fuerte La Quina: “aun jubilado por la Suprema Corte, sigo peleando, defendiendo mi país. Voy a dar mi vida por él. Sigo trabajando, con leucemia, con tifoidea. Y me gustan las mujeres, ¡eh! No soy puto”.


Copió el PRI párrafos íntegros de la iniciativa de Calderón, señala Bartlett

Deplora que no haya tomado en cuenta opiniones de expertos; el plan Beltrones debe someterse a debate

■ No puede negar que está “en línea” con la propuesta oficial para abrir Pemex a extrajeros

Andrea Becerril

La iniciativa “de Manlio Fabio Beltrones” para reformar Pemex tiene “gran similitud” con el proyecto de Felipe Calderón, y es también un camino claro para la entrega de la industria petrolera a empresas extranjeras, por lo que es necesario que sea sometida a un amplio debate público, advirtió el ex senador priísta Manuel Bartlett.

Consideró que incluso, en la iniciativa del PRI hay párrafos repetidos de la propuesta de Calderón, en un intento de privatización encubierta que debe también ser desechado por la mayoría de los mexicanos.

“Si la gran mayoría de los senadores y diputados del PRI avalan esa reforma, que abran un debate nacional, como se hizo con las iniciativas de Calderón, para no permitir que se le dé fast track en el Congreso”.

El político priísta deploró que en las propuestas de su partido no se hayan tomado en cuenta las aportaciones que expertos en materia petrolera, académicos, investigadores y constitucionalistas formularon durante los 21 foros de discusión y análisis llevados a cabo en el Senado.

“La iniciativa de Beltrones no retoma la parte toral de ese debate; es más, esa reforma se hizo paralelamente”, dijo, y expresó dudas sobre la posibilidad de que la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel, pudiera haber leído en unas horas las más de 100 cuartillas que conforman las nueve iniciativas del PRI, para opinar poco después de que se presentaron en la Comisión Permanente. “Obviamente, estaban de acuerdo”.

Es sintomático –resaltó– que el PAN haya declarado de inmediato las muchas coincidencias con la reforma príísta, pero “preocupante” que algunos legisladores del PRD hayan hecho lo mismo.


Nadie puede pensar en parches

Si se parte de que “el plan privatizador de Calderón fue demolido, hecho pedazos” durante el debate, “nadie puede pensar en parchar ese mismo modelo, que fue creado por y para la desnacionalización del petróleo”. Debe entonces entenderse que hay una fuerte presión de Washington para desmantelar Pemex.

En cuanto a las semejanzas de la iniciativa priísta con las propuestas del Ejecutivo, Bartlett detalló que el capítulo sobre contratos incluido en “la reforma de Beltrones” es el camino para entregar el petróleo a particulares. “También dicen que no se trata de contratos de riesgo, pero ahí está la apertura, porque Pemex y sus filiales van a firmar contratos de todo tipo, y no son de servicios, son para todo, incluídas las áreas reservadas a exploración y explotación.

“Ese capítulo, presente en la Ley Orgánica de Pemex, es el camino para la privatización y la desnacionalización”, ya que posibilita con minuciosidad “contratar todas las tareas, servicios y funciones de Pemex con particulares, en especial con extranjeros”.

Actualmente –explicó–, “sólo el artículo sexto de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional se refiere a los contratos en la paraestatal, en el ramo del petróleo, pero en la “reforma de Beltrones” hay ¡todo un capítulo dedicado al contratismo!”, que flexibiliza y deja abierta esa práctica.

La propuesta “poco clara” de crear filiales de Pemex para que contraten con terceros en materia de refinación, transporte y almacenamiento de los hidrocarburos lleva también a la privatización.

Preguntó cómo puede sostener Beltrones que su proyecto no privatiza, si están proponiendo los bonos ciudadanos, lo que significa una venta de títulos de la petrolera. Con ello se inicia “la bursatilización de Pemex, que hasta ahora habíamos frenado”.

En contraparte –aceptó–, en el proyecto legislativo del PRI “hay avance en el problema central, que es la autonomía de gestión de la empresa, ya que sigue dependiendo de la Secretaría de Hacienda”.

Por todo ello, el PRI “no puede negar que “están en la misma línea de Calderón para meter de lleno a las trasnacionales petroleras en México”.

La propuesta petrolera del PRI aniquila a Pemex: perredistas

Revela el diputado Sosa que la iniciativa no fue avalada por todos los legisladores priístas

■ Nueva Izquierda se compromete a apoyar “todas las protestas pacíficas si hay mayoriteo”

■ Deja incólume la corrupción y da al sindicato la conducción de la empresa, dice Juan Guerra


Roberto Garduño

Tras un análisis inicial a la iniciativa priísta de reforma a Petróleos Mexicano (Pemex), la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados atribuyó al PRI la intención de “fragmentar y pulverizar” a la paraestatal con la creación de filiales, las cuales harían más compleja su operación.

El priísmo, considera el partido del sol azteca, no toca al sindicato petrolero y elude la corrupción. Juan Guerra, Aleida Alavez, Ramón Pacheco, Antonio Almazán y Alejandro Sánchez Camacho reconocieron “el mérito” del Frente Amplio Progresista de lograr detener el albazo legislativo del PAN y del PRI.

El representante del tricolor Gerardo Sosa Castelán desestimó la propuesta dada a conocer por el senador Manlio Fabio Beltrones, porque no todos los priístas participaron en su elaboración.

Juan Guerra, diputado del PRD, descalificó la iniciativa, porque “es ambigua, contradictoria; parece más un trabajo no terminado e insuficientemente conciliado en ese partido.

“Pulveriza Pemex con muchas filiales, no ataca la corrupción y da al sindicato la conducción de la empresa, que compartiría con uno o dos delegados que colocaría el PRI. Además, no otorga recursos a la paraestatal.”’

Se plantea de nuevo la participación de la IP

Además contradice, afirma Guerra, la postura divulgada oficialmente sobre la propuesta de artículo 58 de la nueva Ley Orgánica de Pemex. Al definir la renta petrolera se señala que ésta es la que se obtiene por la venta de los hidrocarburos menos todos los costos económicos de Petróleos Mexicanos para extraerlos por sí o a través de terceros, en los términos de las disposiciones aplicables. “Nuevamente se plantea la posibilidad de participación privada. Ahora de plano en la extracción de hidrocarburos, que la Constitución establece como exclusiva para la nación. En todo caso, lo que queda claro en la propuesta priísta es que se pretende fragmentar y pulverizar a Pemex con la creación de organismos filiales, los cuales sólo harían más compleja la operación de nuestra industria petrolera.”

Los perredistas apuntan otro gazapo en la iniciativa del PRI. Particularmente, en la exposición de motivos se establece: “hemos tomado la determinación de presentar una iniciativa de Ley Orgánica para Pemex, en la cual retomamos gran parte del contenido de la del Ejecutivo federal en la materia, la cual fue presentada el pasado 8 de abril”. No obstante, se mantiene la propuesta de emitir bonos ciudadanos, no tocar al sindicato petrolero y tampoco aludir a la corrupción.

Finalmente, al igual que la propuesta oficial, la del priísmo no hace referencia al fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo.

“La izquierda consiguió primero detener el albazo legislativo que ya se cocinaba y después logró la realización de los debates entre expertos en el Senado. Como consecuencia, ahora la propuesta inicial de Felipe Calderón, ante la avalancha de opiniones fundadas, refleja un proceso inacabado de negociación interna que, por lo mismo, puede dar lugar a interpretaciones ambiguas sobre la postura definitiva de ese partido”, consideró, por su parte, el perredista Alejandro Sánchez Camacho.

Por el contrario, el priísta Alberto Mota reiteró la determinación de su partido de no adelantar la discusión y, en su caso, aprobación de la reforma energética en un periodo extraordinario de sesiones: “nos comprometimos a que no íbamos a apresurar la discusión, a que la discusión iba a llevar sus tiempos. Así se ha venido dando. Periodo extraordinario no, porque hay momentos”.

No obstante, Gerardo Sosa Castelán, también del Revolucionario Institucional, emitió un punto de vista discordante con la iniciativa de su partido:

“En este momento estamos advirtiendo que se da a conocer una propuesta energética y la presenta Manlio Fabio Beltrones. Desde mi punto de vista, es una propuesta de él, porque no he sido convocado, primero, a una reunión específica en la que tengamos que aprobar una propuesta energética, ni por la fracción legislativa en la Cámara de Diputados ni por mi partido en el Consejo Político o en la asamblea nacional.

“Luego entonces, si la asamblea nacional hubiese aprobado dicha iniciativa, quien tendría que haberla dado a conocer sería la presidenta del partido. Lo que no me explico es por qué se da a conocer una propuesta que no está consensuada por todos los diputados y senadores.”

A todo lo anterior se sumó la ambigüedad de la corriente perredista Nueva Izquierda, que en voz del diputado David Mendoza aceptó ayer que no habrá iniciativa energética de su partido sino hasta después de mediados de agosto, a pesar del esfuerzo de su coordinador, Octavio Martínez, por establecer como fecha perentoria el 30 de julio.

Mendoza aseguró que Nueva Izquierda se sumará a la protesta pacífica si se concreta –como se prevé– el mayoriteo de PAN, PVEM, Nueva Alianza y PRI.

“Nos sumaremos a todas las acciones que sean avaladas por los órganos de organización del partido y por la instancia que toma las decisiones en el grupo parlamentario, que es la plenaria”, subrayó.

Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva, el panista Cristian Castaño, rechazó una probable propuesta del perredismo para crear un grupo de expertos que analice a fondo el futuro de la energía en México.

“Es totalmente inviable. La verdad, hay que hablar con claridad y franqueza. Se pretende debatir, nutrir el debate o ir demorando, colapsando la opinión pública y a la sociedad para hacer inviable ese tipo de reformas, que son necesarias no para un partido ni para un gobierno, sino para el país.”

Quienes van a decidir ni por curiosidad nos consultaron”

Carolina Gómez Mena


Integrantes de los frentes de trabajadores Petroleros Democráticos y de la Energía manifestaron su rechazo a la reforma energética, “por ser privatizadora”, y lamentaron que la dirigencia del gremio del que forman parte, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
(STPRM), el cual es encabezado por Carlos Romero Deschamps, sea “cómplice de esta traición a la patria”.

En conferencia de prensa también criticaron que se haya marginado a los trabajadores petroleros del debate que concluyó ayer en el Senado, y aseguraron que cerca de “70 por ciento” de los sindicalizados del sector repudian la propuesta oficial, pues generará “recorte de plazas, prestaciones y salarios”.

Ante esta situación aseguraron que promoverán entre sus compañeros la participación en la consulta sobre la reforma energética que se realizará el próximo 27 de julio, y añadieron que si la administración calderonista consigue aprobar su iniciativa, la disidencia del STPRM, la cual aglutina a cerca de “10 mil petroleros”, apoyará la realización de un “paro nacional”.

Adrián Villanueva Cervantes, integrante del Frente de Trabajadores Petroleros Democráticos, aseguró que de acuerdo con sondeos que han realizado entre los sindicalizados de Pemex, entre seis y siete de cada 10 rechazan la iniciativa del Ejecutivo, y señaló que los que están de acuerdo o indecisos “viven engañados” por la campaña mediática diseñada desde el gobierno para lograr el apoyo a la reforma.

En torno a la construcción de refinerías, Villanueva Cervantes, trabajador de la planta de Tula, y Aarón Hernández Jarillo, integrante del Frente de los Trabajadores de la Energía y ex empleado de Pemex, acotaron que actualmente las refinerías de la paraestatal están trabajando por debajo de su capacidad, con la finalidad de “hacer creer que son obsoletas”.

Detallaron que si éstas lo hicieran a toda su capacidad, en lugar de procesar “460 mil 900 barriles por día, se podrían producir 184 mil 360 mil barriles más”, y consideraron que como mínimo Pemex debería contar con “cinco refinerías más, las que se sumarían a las actuales”.

Villanueva y Hernández negaron que hasta el momento en el gremio haya algún tipo de represión si participan en la consulta, pero dejaron en claro que dado que el STPRM “carece de democracia” y cuenta con un “líder charro” no descartan algún tipo de acciones si la oposición a esta reforma se manifiesta de manera más contundente por parte de los sindicalizados.

También se manifestaron por realizar movilizaciones, y aseveraron que en los centros de trabajo se discute la forma de participar “de manera organizada”.

Comentaron que son los trabajadores de Pemex los que más conocen la industria petrolera nacional, y por ello debieron haber sido incluidos en las discusiones, y criticaron que “quienes van a tomar la decisión ni siquiera por curiosidad nos preguntaron”.

En este sentido recordaron que hace algunos días realizaron una manifestación a las afueras del Senado, donde se llevaron a cabo los foros de debate en la materia; “los senadores supieron de la presencia de los petroleros afuera de sus instalaciones, pero ni siquiera se inmutaron”.

Nota: Cierto que quienes "invitaron" a los que serían los ponentes a los debates, debían haber tenido en cuenta a muchos más de los que participaron, entre ellos a los trabajadores petroleros, y al FTE, que agrupa a trabajadores de todos los sectores de la energía y que presenta posturas de vanguardia en estos temas, posturas nacionalistas a la vez que sustentadas en el desarrollo científico, tecnológico e histórico de nuestro país asumiendo su compromiso con los intereses del pueblo de México. Cierto. ¿Por qué los trabajadores petroleros no fueron escuchados? ¿Quién no los invitó, el FAP?, ¿No había manera de hacerse invitar? ¿No pudieron participar en ningún otro Foro como los de la UNAM o la UACM? Los compañeros del FTE no han dejado de estar activos en múltiples ocasiones y espacios del país (hasta nosotros tuvimos la suerte de que aceptaran nuestra invitación y contamos con su valiosa participación en un Foro Energético!), entonces, ¿dónde estaban los trabajadores petroleros? En todas las Asambleas informativas en el Zócalo brillaron por su ausencia, en la última hasta don Jorge Saldaña hizo alusión a que era una vergüenza que esa lucha no la encabezara el gremio petrolero que hasta ese momento permanecía en el más absoluto silencio. Desde inicios de abril que presenta Calderón su iniciativa, con un largo espacio de oportunidades, eventos, foros, asambleas, marchas, etc. y es
hasta que prácticamente finaliza el debate en el senado que los petroleros se concentran y señalan que no los tomaron en cuenta. Sí entendemos que las cosas no estén fáciles dentro del sindicato y la empresa, que peligren sus empleos, sus prestaciones (¿no peligran de cualquier modo con la privatización?). La pregunta es ¿qué ha cambiado para que en más de tres meses, ahora sí sean visibles y hasta reclamen que no se les tomó en cuenta? Esperemos que efectivamente al menos en la consulta (ellos y sus áreas de influencia) sí se manifiesten en el sentido deseado, por el NO a la privatización y el NO a la iniciativa de Calderón, que deberían igualmente extenderse en un NO a la propuesta del PRI. Estamos seguros que si están dispuestos a realizar acciones en contra de las iniciativas privatizadoras contarán con el apoyo del Movimiento en Defensa del Petróleo; la pelota está de su lado.

ALERTA MUNDIAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES EN LA OMC-III


RED MEXICANA DE ACCIÓN FRENTE AL LIBRE COMERCIO (RMALC)


El Proceso sigue y posiblemente se extienda o se congele.

Ofertas Condicionadas

Poco entusiasmo que ha causado la oferta estadounidense de reducir mínimamente sus subsidios a la agricultura y la afirmación europea de que no aumentará sus "concesiones" agrícolas.

La delicadeza francesa se adaptó a lenguaje de bazar al afirmar que la UE "ya ha sido demasiado generosa" con su oferta agrícola; ahora ambos (EUA y la UE) esperan "reciprocidad", "que otros socios cedan y le compensen especialmente en la apertura a las exportaciones de productos industriales y en otros aspectos como el respeto a las Denominaciones de Origen" afirmó la Secretaria de Comercio de Francia, Anne-Marie Idrac, que actualmente preside el Consejo de Ministros de Comercio de los Veintisiete países europeos.

La respuesta inmediata fue, por un lateral, "la pelota está aún en el campo de ellos (Estados Unidos y Europa)". "La patearon para adelante, pero no pasó la mitad del terreno", ilustró Celso Amorim, Ministro de Relaciones Exteriores brasileño.

Por el lateral derecho, el Ministro de Comercio e Industria de la India, Kamal Nath, fue más allá: "La oferta de Estados Unidos sobre los subsidios es totalmente inadaptada y sin relación con los precios actuales de los productos alimenticios ni con nuestros reclamos", pero de todos modos era una "buena señal" para los negociadores.

No obstante, Nath reclamó tarjeta amarilla al afirmar: las negociaciones no deben servir para "acrecentar la prosperidad de los países desarrollados" ni para "poner en peligro a las incipientes industrias y pequeñas y medianas empresas de India". (Todas las citas anteriores, según informes de las Agencias AFP y EFE).

Algo similar en las negociaciones sobre bienes industriales (AMNA o NAMA en inglés)

"Las diferencias respecto a la profundidad de las reducciones de los aranceles industriales, así como las flexibilidades para que los países en desarrollo protejan algunos productos de la liberalización, fueron temas de discusión durante la jornada del martes" (ICST).

Los mayores cuestionamientos a las modalidades de reducción de los aranceles industriales propuestas por la OMC proceden de Argentina y Sudáfrica, miembros del grupo NAMA-11 (formado por diez países, entre ellos Brasil, India, Sudáfrica y Venezuela).

En la reunión de la mañana de este miércoles en el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC), Argentina volvió a plantear el punto de que el texto de NAMA texto no es apto para la negociación, desde su punto de vista.

Por su parte, "Mandisi Mpahlwa, Ministro de Comercio de Sudáfrica, adoptó una posición distinta a la de la embajadora estadounidense, Susan Schwab, sugiriendo que la oferta norteamericana no era suficiente para que los países en desarrollo hicieran propuestas de concesiones mayores.

Dirigiéndose a los jefes de las delegaciones - en el CNC - Mpahlwa dijo que las cifras que estaban actualmente en la mesa de negociación de AMNA representaban una reducción substancial en los aranceles aplicados por su país, por lo que se exponía fuertemente a la mayoría de productos a la competencia extranjera. Con un índice de desempleo que ronda el 23 a 26 por ciento, dijo que cualquier cosa que no sea mayores flexibilidades o un aumento en el coeficiente será "política, económica y socialmente muy difícil de justificar". (ICST).

El Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) propone que el cálculo de los valores que pueden beneficiarse con las flexibilidades esté alineado con los de Brasil, de lejos la principal potencia regional.

Varios representantes sindicales han arribado a Ginebra para advertir sobre los riesgos de entregarles a los países ricos la apertura de los mercados industriales.

Para Rubén Cortina, de la Federación Argentina de Trabajadores de Comercio y de Servicios, las propuestas de la OMC provocarían la pérdida de "200.000 puestos de trabajo" en el país sudamericano.

Según Felipe Saboya, de la Central Única de Trabajadores (CUT) de Brasil, la reducción de los derechos de aduana entre 1989-1994 provocó la pérdida de "1,3 millones de empleos" en ese país. (Informes de compañeros de OWINFS y de Agencias AFP y EFE).

Cambios sobre el camino

La mañana de este miércoles Pascal Lamy (Director General de la OMC) hizo importantes anuncios.

Por una parte informó que: En Agricultura, se trataron los siguientes seis elementos clave:
(i) Apoyos totales que distorsionan el comercio(OTDS) para los países desarrollados, incluyendo AMS y la caja azul; (ii) de algodón; (iii) la fórmula de acceso a los mercados para los países desarrollados; (iv) los productos sensibles (número de cuotas y de expansión); (v) Productos Especiales, y (vi) mecanismo de salvaguardia especial. Y también las tres cuestiones siguientes en NAMA: (i) Formula y flexibilidades; (ii) Lucha contra la concentración y (iii) Sectoriales.

Así que A partir de hoy, me propongo poner más énfasis en la geometría variable, trabajando en esas cuestiones clave en la agricultura y NAMA en grupos más pequeños, junto con el grupo de negociación y del Consejo General de Presidentes. Los temas serán los que he indicado antes, y voy a informar a usted mañana por la mañana.

Y, Con el fin de que esta intensa serie de consultas den frutos, será necesario mover la Conferencia de posiciones sobre los servicios del jueves al viernes.[Énfasis añadido]

También dijo que En mi calidad de Director General, también me gustaría informarles que, a petición mía, Jonas Støre Ministro de Noruega ha aceptado muy amablemente a ayudarme como "amigo" (del Director) mediante la celebración de contactos informales con las delegaciones sobre los ADPIC y las cuestiones relacionadas con las indicaciones geográficas y el Acuerdo sobre la relación ADPIC / CDB.

Lo que no dijo Pascal Lamy, es que por lo pronto se suspenden las reuniones de la Sala Verde, ni mucho menos que más allá de su carácter excluyente y discriminatorio, no funcionan ante un alto grado de discrepancias entre países y una falta de efecto, hasta ahora, de los tradicionales mecanismos de presión y chantaje. De ahí que retorna a los pequeños grupos de presión, perdón, de trabajo.

Tampoco Pascal Lamy hablo que tienen muy poco tiempo para superar posiciones divergentes y revisar textos. Y aún más, están apareciendo temas muy sensibles y contradictorios entre EUA y UE, como los de propiedad intelectual e indicaciones geográficas, que en opinión de muchos pueden transformarse en la gota que derrama el vaso.

RMALC/23/07/2008

COMPARACIONES ENTRE LA INICIATIVA DE FELIPE CALDERÓN Y LA DEL PRI


por Mario Di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México

El proyecto de reforma energética presentado por el PRI, no es más que el replanteamiento del proyecto calderonista, e implica la privatización de Petróleos Mexicanos, pero por la “puerta de atrás”.

La propuesta de Felipe Calderón se propone la modificación o creación de 6 ordenamientos que son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (4) Ley Orgánica de la Administración Pública, (5) Ley de la Comisión del Petróleo y (6) la Ley de Derechos.

El proyecto priista se propone la modificación o creación de 9 ordenamientos, los cuales son: (1) Ley Orgánica de Pemex, (2) Ley Reglamentaria del 27 Constitucional, (3) (4) Ley de la Comisión Reguladora de Energía, (5) Ley Orgánica de la Administración Pública, (6) Ley de la Comisión Reguladora del Petróleo, (7) la Ley Federal de Entidades Paraestatales, (8) la de Obras Públicas, (8) la de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público y (9) la Ley para el Financiamiento de la Transición Energética.

De esta manera, y no obstante las diferencias en cuanto al número de ordenamientos jurídicos creados o modificados, del análisis y comparación de ambos proyectos se puede observar claramente que presentan las mismas deficiencias, siendo la única diferencia la forma en la que se estaría dando paso a la inversión privada.

Esta diferencia, en forma, más no en fondo, se puede advertir si comparamos las modificaciones propuestas a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, ya que las demás cuestiones relativas al Órgano de Gobierno de Pemex, a los Comités de Transparencia, a la “autonomía de la paraestatal”, al manejo de su deuda, ingresos excedentes, bonos ciudadanos, licitaciones (con excepción de los contratos de riesgo), es prácticamente lo mismo que ha propuesto Felipe Calderón, por lo que, al final de cuentas, se puede concluir que las diferencias son de forma y no de fondo.

Para mostrar lo anterior, sólo basta mencionar que ambos proyectos buscan en esencia modificar la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, pero con la única diferencia de que mientras la propuesta de Felipe Calderón lo hace de manera directa, la presentada por Manlio Fabio Beltrones (PRI) lo hace por “la puerta de atrás”, al crear la figura denominada “organismos descentralizados de carácter estratégico”, mismos que en esencia son un mecanismo para eludir lo dispuesto por el Artículo 27 Constitucional, que establece, entre otras cosas, la exclusividad del Estado en materia de explotación de hidrocarburos, añadiendo que “en esta materia no se otorgarán contratos o concesiones de ninguna especie”.

Es decir, Felipe Calderón ha propuesto la modificación al artículo 4 de la Ley Reglamentaria del 27 Constitucional para establecer que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y añade que “Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo”.

El PRI ha propuesto que “El Ejecutivo Federal podrá constituir, por decreto, organismos descentralizados con carácter estratégico filiales de Petróleos Mexicanos, con el objeto de realizar, por cuenta de aquél, las actividades de construcción de ductos y los servicios de refinación de petróleo, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos y derivados de éstos, que forman parte de la industria petrolera. Dichos organismos filiales serán propiedad exclusiva de Petróleos Mexicanos y se constituirán a propuesta de su Consejo de Administración”, añadiendo: “En los términos de su propia ley orgánica, Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, así como los organismos filiales referidos en el párrafo anterior, estarán dotados de plena autonomía de gestión y presupuestaria, incluyendo la regulación para la contratación de obras, adquisiciones, arrendamientos y servicios”.

Lo anterior significa que Pemex podrá crear “empresas filiales estratégicas” que gozarán de autonomía de gestión en toda la cadena de valor de la industria y aun cuando se establece que estas empresas serán propiedad de la propia paraestatal, es decir de la Nación, no existe en la iniciativa priista ningún impedimento para que estas “filiales estratégicas de Pemex” se puedan asociar en cualquier actividad de la cadena productiva (exploración, distribución, transporte, almacenamiento, etc.) con alguna empresa privada sea nacional o extranjera y en cualquier porcentaje de participación, dado que dichas filiales gozarán de autonomía de gestión.

Es decir y a manera de ejemplo, Petróleos Mexicanos podría decidir crear una filial que se dedicara a la refinación de petróleo, misma que podría ser una refinería en operación como la de Cadereyta o Cd. Madero. En tal virtud, estas refinerías, ya convertidas en una “filial estratégica de Pemex” y dada su autonomía de gestión, podrían asociarse con Exxon, Shell o Halliburton para “ampliar o construir” la propia refinería o una nueva en cualquier porcentaje de participación porque, al final, serían esas petroleras extranjeras las que llevarían a cabo las actividades de la cadena productiva y con ello se violaría la Constitución, al transferir esas actividades estratégicas y por la tanto parte de la renta petrolera a la iniciativa privada.

Por lo que respecta a temas relevantes en ambas propuestas, se observa lo siguiente:

Órgano de Gobierno:

Hasta ahora Pemex es dirigido por un Consejo de Administración (Órgano de Gobierno) que se integra por 6 representantes del gobierno, incluyendo al presidente, y por 5 representantes del sindicato, es decir, 11 en total.

Dentro de los 6 representantes del gobierno, se encuentran los secretarios de: Energía, quien además es el presidente del Consejo de Administración, y los de Hacienda, Economía, Comunicaciones y Transportes, SEMARNAT, así como por un representante de la Presidencia de la República, que actualmente es el Jefe de la Oficina de la Presidencia.

Cabe destacar que este Consejo de Administración cuenta también actualmente con la figura de un comisario que es el representante de la Secretaría de la Función Pública y a su vez es el titular del Órgano Interno de Control de la empresa.

Aquí conviene mencionar que es este Consejo de Administración y los anteriores quienes por lo pronto tendrían que rendir cuentas sobre la situación por la que atraviesa Pemex, ya que hasta ahora son ellos los que han tomado las decisiones.

Más aún, la conformación actual del Consejo de Administración conlleva la existencia de una multiplicidad de vicios, que están muy alejados de las mejores prácticas de gobierno corporativo.

Así, por ejemplo, el hecho de que el secretario de Hacienda sea parte del Consejo de Administración genera un grave conflicto de interés, pues mientras la Secretaría de Hacienda es quien determina año con año la carga fiscal de Pemex o su superávit primario, en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es también el secretario de Hacienda integrante del Consejo de Administración.

El conflicto de interés existe, ya que los integrantes del Consejo de Administración deben velar en primer lugar por el interés de la empresa, que es propiedad de la nación y no del gobierno federal, pero también en el caso particular del secretario de Hacienda habría que preguntarse si en las sesiones del Consejo, cuando se toca el tema de la carga fiscal de Pemex, él apoya su disminución o su incremento, ya que a él mismo en su papel de titular de Hacienda le toca definir la política tributaria del país.

Es decir, él asiste a las juntas de Consejo para cuidar los intereses de la empresa o de las finanzas públicas, por ello él no puede defender los intereses de la empresa, en virtud de su responsabilidad de obtener ingresos para las arcas nacionales.

Este tipo de situaciones no son corregidas por ninguna de las dos propuestas, ya que ambas buscan tan sólo añadir “4 consejeros profesionales” que serían designados por el propio Ejecutivo federal.

Contrario a lo que establece la iniciativa, estos consejeros no son autónomos, puesto que en primer lugar serán designados por el propio Ejecutivo federal (o sea que le deberán el nombramiento).

Estos consejeros profesionales no representan al Estado, puesto que Estado y gobierno federal no son sinónimos, aquí no hay que olvidar que serán designados por el Ejecutivo federal; para ser representantes del Estado, se requeriría de un proceso de designación en el que interviniesen los Poderes que conforman al Estado y también a la sociedad, y no sólo por dedazo del Ejecutivo federal, aunque tengan que ser ratificados por el Senado.

Más aún, los requisitos y método de designación que la iniciativa establece para ser consejero profesional son exactamente los mismos que los que ya existen para los Consejos de Administración de otros Organismos del “Estado”.

Igualmente hacia el interior del Consejo de Administración de Pemex, no existe una diferencia fundamental con los actuales integrantes del Consejo de Administración de Pemex, salvo por el hecho de que éstos, por el simple hecho de ser secretarios de Estado, automáticamente son integrantes del Consejo de Administración de Pemex.

Más aún, la propuesta de Beltrones generaría más “elite burocrática” al establecer un consejo de administración para cada “filial estratégica”.

La del PRI al igual que la del PAN, amplía las facultades del Consejo de Administración, quedando a su cargo la conducción central y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos, pero también las actividades relativas a la programación, coordinación y evaluación estratégica institucional de sus actividades y las de sus organismos subsidiarios.

Esto significa que el Consejo de Administración se convierte en “juez y parte” al tener la dirección central y estratégica, pero al mismo tiempo la evaluación institucional de sus actividades.

En ambas iniciativas se establece que el nuevo Consejo de Administración contará para su funcionamiento con el Comité de Transparencia y Auditoría.

Este Comité propondrá al Consejo de Administración los criterios para determinar la información que se considerará relevante sobre Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios, al igual que las normas para su divulgación; asimismo, vigilará que se rindan los informes que la Ley obliga a Petróleos Mexicanos.

En materia de auditoría, tendrá, entre otras funciones, las de dar seguimiento y evaluar el desempeño financiero y operativo general y por funciones de Petróleos Mexicanos, designar al auditor externo, proponer disposiciones en materia de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y enajenación de bienes, así como emitir opinión sobre la cuantificación de las reservas de hidrocarburos.

Ambas iniciativas establecen directa o indirectamente que este Comité tendrá atribuciones muy importantes en materia de vigilancia, ya que las iniciativas señalan que, como se sabe, la vigilancia, control y supervisión de cualquier entidad paraestatal es un factor fundamental para que el esquema de gobierno corporativo funcione de manera adecuada y responsable.

Por ello, de manera tendenciosa y confusa se establece en ambas que Petróleos Mexicanos contará con un comisario.

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viernes, julio 25, 2008

Zimapán: la fuerza a falta de argumentos

Sergio Islas, Contralínea

La presencia de la Policía Federal Preventiva (PFP) en Zimapán, con objeto de proteger los intereses de la empresa española Befesa, lanzó un mensaje de congruencia del presidente Felipe Calderón hacia los empresarios españoles con quienes se reunió el pasado 12 de junio en España y a quienes les garantizó la seguridad de sus inversiones, además de abrirles las puertas de Pemex.

Parece ser una medida desesperada ante el fracaso de sus estrategias y argucias legales para imponer este confinamiento de desechos industriales – y por tanto peligrosos - a los zimapenses. Esa desesperación se explica porque les falló la estrategia de comunicación de bajo perfil; fracasó la campaña negra a base de periodicazos, que buscó descalificar a los lideres del movimiento ciudadano “Todos somos Zimapán”; fracasó también el diálogo de sordos que pretendía desgastar a la resistencia social y, finalmente, fracasaron los argumentos legaloides destinados a sustentar este proyecto a todas luces ilegal.

Así, el único recurso que les queda a los gobiernos federal, estatal y municipal para garantizar la palabra que empeñaron a los capitalistas españoles es la represión y la intimidación, a costa, incluso, de violar las leyes mexicanas, la paz y la vida de sus pobladores.

No hay otra forma de justificar, por tanto, la presencia de la PFP en Zimapán. Ahí no hay presencia del narco ni armas y sí un movimiento de resistencia social pacifico, al que agredieron los uniformados al destruir su campamento y mantas informativas. También, la presencia de esos elementos armados obstruye el libre tránsito de la población y, lo más indignante, es que ya existen intentos de ultraje y vejación contra las hijas de los ejidatarios, en una franca violación a los derechos humanos de los habitantes de este lugar. ¿Quién es responsable de esa amenaza?

Los vecinos denuncian maniobras legaloides para asentar ese confinamiento contra la voluntad de los hidalguenses existen pruebas documentales. Una de ellas es la derogación de la Norma Oficial Mexicana NOM-055-ECOL-1993, que dio paso a la Norma NOM-055-ECOL-2003, hecha a la medida de Befesa. De esa manera, la empresa se libró de cumplir con un obstáculo legal que difícilmente hubiera podido cumplir. El 12 de marzo de 2003, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) rechazó en su comunicado de prensa 024/03 la construcción del confinamiento de desechos peligrosos que la empresa Ecomillenum pretendía instalar en Santamaría del Río, San Luis Potosí. La razón que argumentó la Semarnat fue porque esa firma no cumplía con la norma oficial mexicana NOM-055-ECOL-1993, que exigía que sus instalaciones debían ubicarse a más de 25 kilómetros de distancia de una población menor de 10 mil habitantes con proyección al 2010. El complejo de Santamaría se pretendía instalar a menos distancia.

Paradójicamente, esa misma dependencia federal aprobó la instalación de un confinamiento de mayores dimensiones en Zimapán, Hidalgo pese a que la cabecera municipal se ubica a sólo seis kilómetros del lugar en donde ahora se construye la obra. Tampoco protege a las comunidades que rodean al confinamiento, algunas de ellas cercanas a la obra por sólo 500 metros.

La razón por la que Semarnat negó el permiso a una empresa y autorizó a otra radica en que el Comité Consultivo Nacional de Normalización del Medio Ambiente y Recursos Naturales, que encabeza Cassio Luiselli Fernández, aceptó modificar la norma oficial NOM-055-ECOL-1993. De esta manera, se eliminaron todos los obstáculos legales que le entorpecían el propósito de la empresa española. Es decir, la Semarnat hizo un traje a la medida de Befesa, a la Norma Oficial Mexicana, pues Zimapán tiene 11 mil 811 habitantes, de acuerdo con el XII Censo de Población y Vivienda y se ubica a sólo seis kilómetros del confinamiento, por lo que no cumple con dicha norma.

Al derogar esa disposición y dar paso a la Norma NOM-055-ECOL-2003, las distancias entre la obra y los centros habitacionales se transformaron para quedar así: “Los sitios de confinamiento respecto de centro de población, se deberán ubicar a una distancia mínima de quinientos metros, medidos desde el punto más cercano del perímetro del sitio de confinamiento, incluyendo sus zonas de amortiguamiento, al punto más cercano del límite de la traza urbana”.

Ese requisito lo cumplió Befesa con creces gracias a la ayuda de sus no pocos amigos en el gobierno federal. Sin embargo, ese plan fue más allá y buscó mantener en secreto esta reforma. Así, daba cumplimiento al contrato de secrecía entre la empresa y el gobierno de Manuel Ángel Núñez Soto, además era congruente con la pretendida “consulta pública” que nunca se realizó porque se argumentó que º“se presentó a destiempo”.

El respaldo documental de esa sucia maniobra es el número 1978 de la Gaceta Parlamentaria, de la Cámara de Diputados Federal del 30 de marzo del 2006, en donde se publicó el exhorto de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria para publicar ese proyecto - aprobado por el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Medio Ambiente y Recursos Naturales el 30 de enero de 2003 -

Ese es uno de los innumerables datos que hacen indefendible – moral y legalmente - el proyecto de construir el confinamiento y explica la razón por la que los tres ámbitos de gobierno se niegan a dialogar con la resistencia civil. Saben que no les asiste la razón y mucho menos la ley; queda claro que el último recurso de los gobiernos federal y estatal para cumplir con la palabra que empeñó el presidente Felipe Calderón ante los empresarios españoles en su gira por España, es la represión.

A propósito de ese viaje presidencial a España, cito los párrafos de algunas notas publicadas en el diario español El País (13 de junio de 2008) que sintetizan lo que, a su juicio, fue el éxito de esa visita. “Según Calderón, la normativa vigente obliga a Pemex a exportar el crudo e importar el refinado, ya que no puede asociarse con empresarios privados para montar refinerías en México. Pemex debe dedicarse a su verdadero negocio: sacar petróleo a 10 dólares [el barril] y venderlo a 120". “Zapatero, a quien los ojos le hicieron chiribitas con estas cifras, calificó de ‘interesante apuesta’ la reforma de Calderón”. “Anoche, en la cena de gala en el Palacio Real, el Rey agradeció a Calderón ‘la cálida acogida’ de México a las empresas españolas y la ‘gran colaboración que ha prestado en la lucha contra el azote terrorista’. (El País, 12 de junio de 2008) Más claro, ni el agua.

De Oficio de Papel, columna semanal de Miguel Badillo

*Conflicto de interés de Eduardo Sojo

*Los negocios de Villarreal en Pemex

*Venta a futuro del petróleo mexicano

Los expertos en manejo de crisis tienen una recomendación clara sobre información comprometedora que subyace en la vida de un político, una empresa o un gobierno. Revelarla lo antes posible. Esto fue, precisamente, lo que hizo Petróleos Mexicanos en su más reciente informe anual respecto al conflicto de interés del secretario de Economía, Eduardo Sojo Garza Aldape, quien también es miembro del Consejo de Administración de Pemex desde febrero de 2007, y cuyos familiares son propietarios de una franquicia de la paraestatal.

Resulta que varios miembros de la familia en primer nivel del secretario de Economía, incluida su esposa, son accionistas de la empresa Servicio Grupsa, ubicada en León, Guanajuato, y actualmente opera, por lo que se ha dicho hasta ahora, una franquicia para vender y adquirir gasolina y otros productos, así como participar en actividades relacionadas con este negocio.

“El señor Máximo Santos Sánchez, el suegro del señor Sojo, su cuñado Nestor Santos Aranda y Lourdes Santos Aranda, la esposa del secretario de Economía, son dueños en 58 por ciento, 24 por ciento y 18 por ciento, respectivamente, de las acciones de Servicio Grupsa”, dice Pemex a los inversionistas del mercado de valores. Pero aclara que el acuerdo de franquicia con Grupsa forma parte de los formatos de franquicias estándar que firma la paraestatal y que constituyen monopolios para la venta de combustibles. Se trata, en pocas palabras, de una concesión, de un negocio con ventas y utilidades aseguradas.

¿Deja esta declaración de culpa a salvo del conflicto de interés a Eduardo Sojo? ¿Cómo miembro del Consejo de Administración de Pemex no cuenta acaso con información privilegiada sobre la operación de la paraestatal? ¿Puede el secretario de Economía del gobierno federal expresarse libremente sobre temas como los subsidios a los energéticos?

Al parecer Sojo ha tenido mucho cuidado en no hablar sobre el controversial tema de los subsidios a las gasolinas. Sobre él han hablado la titular de la Secretaría de Energía, Georgina Kessel; el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; el subsecretario de la misma dependencia, Alejandro Werner. Pero no lo ha hecho el titular de la Secretaría de Economía y cuya responsabilidad es el mercado interno y el impacto que podrían tener estos subsidios en cadenas de precios e industrias.

El dato ya ha sido retomado por algunos medios de comunicacion; la paraestatal emitió un comunicado con la única defensa posible: la franquicia se otorgó en los términos que se hace para cualquier mexicano, pero el problema sigue estando allí, porque se trata de la familia de un secretario de Estado haciendo negocios con el gobierno federal, tal y como lo hizo en su momento Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación, y sus negocios en Pemex.

No es suficiente la explicación. Mientras que la Ley Federal Responsabilidades de Servidores Públicos es anulada por el mismo gobierno para evitar se sancione este tipo de negocios tan cuestionables como los de aquellos funcionarios públicos que se han enriquecido como contratistas de Pemex. Esta es la razón por la que algunos analistas observan que los conflictos de interés entre grupos políticos y empresariales frenarán cualquier intento de reforma energética.

Negocios de los hijos de Rosendo Villareal

Pero el de Sojo no es el único caso. Qué tan rentable debe ser el negocio de la comercialización de gasolina que Rosendo Villarreal Dávila, director corporativo de Administración de Pemex, también enfrenta un conflicto de interés similar, con la única diferencia más no atenuante que Villarreal Dávila no participa en las reuniones del Consejo de Administración de Pemex. Sin embargo, aunque el gobierno federal se las arregla para evitar sancionar a sus servidores públicos que se enriquecen con contratos gubernamentales, moralmente han sido juzgados por la sociedad que los ha encontrado culpables.

Rosendo Villarreal Berlanga, David Villarreal Berlanga y Gabriela Villarreal Berlanga, hijos del director corporativo de administración de Pemex, son propietarios en un 50 por ciento de las acciones de la compañía Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V., una compañía localizada en Arteaga, Coahuila. En octubre de 2007, Servicios Sierra de Arteaga S.A. de C.V. alcanzó un acuerdo con Pemex Refinación para operar una franquicia dedicada a la venta de gasolina y otros productos.

Al parecer el caso de Villarreal Dávila puede tener muchas más aristas que la desenfadada declaración de conflicto de interés hecha por Pemex en el caso de Eduardo Sojo.

Como lo ha publicado la revista Contralínea y la reportera Ana Lilia Pérez lo ha documentado en varias investigaciones, Rosendo Villarreal Dávila es el funcionario involucrado en un caso de prevaricato y corrupción en el pago de 241 millones de pesos al ayuntamiento de Coatzacoalcos por concepto de impuestos en el traslado de dominio de las filiales de Cosoleacaque y Pajaritos, de acuerdo con una auditoría del Órgano Interno de Control de Pemex–Petroquímica.

De acuerdo con la investigación de Ana Lilia Pérez, fueron los 12 funcionarios de la Unidad de Auditoría Interna de la SFP en PP que reportaron el prevaricato (cuando un abogado incurre en la simulación de una controversia para engañar a la autoridad y manipula la actuación de las dos partes en conflicto) y por ello fueron acosados por funcionarios de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para archivar el expediente y, como se negaron, el titular del OIC en Pemex–Petroquímica, Felipe Barragán Alvidrez, les pidió la renuncia con el argumento de que “no cubrían” el perfil de la institución.

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Petróleo mexicano atado al 2013

En los mercados financieros de Estados Unidos un rumor insistente forma parte de las pláticas de analistas y corredores. De esta versión da cuenta Juan Francisco González Iñigo en sus ya famosas Lupas. Aparentemente en los mercados estadounidenses se asegura que México habría comprometido su venta de crudo hasta el 2013, a través de contratos a futuro a un precio fijo de 135 dólares por barril.

Esta sería, entre otras, la principal razón por la cual en los últimos días el precio del barril del petróleo se está cotizando a la baja luego de una escalada histórica que lo llevó a acercarse a niveles de 150 dólares. Esta ha sido, de hecho, la mayor burbuja que hasta la fecha se ha registrado y por la cual se temía seriamente.


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http://oficiodepapel.com.mx/contenido/?m=200807

Nota: ¿Apostamos a que a estos funcionarios tampoco se les va a encontrar ilícitos ni poder fincar responsabilidades?

México SA


Carlos Fernández-Vega
cfvmx@yahoo.com.mxcfv@prodigy.net.mx

■ Una abusiva catalana explota a consumidores de Saltillo

Ampliar la imagen Manifestación de integrantes de la organización Greenpeace frente a la Secretaría de Energía, en la ciudad de México. Los ecologistas protestan contra la política de privatizar el petróleo y exigen mayor atención a medidas contra el calentamiento global

Manifestación de integrantes de la organización Greenpeace frente a la Secretaría de Energía, en la ciudad de México. Los ecologistas protestan contra la política de privatizar el petróleo y exigen mayor atención a medidas contra el calentamiento global Foto: Luis Humberto González

Una abusiva señora catalana, amparada en la impunidad que le otorga la autoridad gubernamental, alegremente explota a los angustiados habitantes de la capital coahuilense. Con la complicidad de quienes dicen representar a la ciudadanía y la manga ancha que ello implica, sin pudor alguno esta madama maneja el agua en Saltillo y recarga sus ambiciones económicas en el bolsillo de los consumidores.

Siete años atrás, la trasnacional Aguas de Barcelona aposentóse en Saltillo, mediante moderna “alianza estratégica” con la autoridad gubernamental, para crear una “empresa mixta” en la que tendría 49 por ciento de las acciones y 51 por ciento la contraparte, aunque en los hechos es ella quien toma hasta las más elementales decisiones, principalmente las relativas al aumento de las tarifas y la explotación de los consumidores.

Aguas de Saltillo (Agsa) es una empresa que opera de forma similar a las comercializadoras (trasnacionales la mayoría de ellas) de gas natural que se han convertido en el terror (decreto gubernamental de por medio) de los obligados consumidores del carburante en buena parte de la República. En este sentido, sólo hay que recordar a los mártires de Monterrey, quienes a pesar de las promesas de “regularizar” costos y tarifas por parte de las gaseras, a estas alturas ya no siente lo duro, sino lo tupido.

Pues bien, Aguas de Barcelona y su empresa Agsa (en la que, por los resultados, el gobierno coahuilense parece participar de forma honorífica) se ha convertido en el terror de los saltillenses, a quienes (también por decreto) ha convertido en una suerte de conejillos de laboratorio para que, a partir de esta experiencia, la trasnacional catalana se expanda por toda la geografía mexicana, tal y como lo hizo otra trasnacional española, Gas Natural, para el caso del carburante.

Días atrás, en uno de los foros organizados por el Club de Periodistas de México, la doctora Gloria Tobón, integrante de la organización ciudadana Usuarios del Agua de Saltillo, narró la dramática condición impuesta a los sedientos saltillenses por la trasnacional y la siempre sensible autoridad gubernamental, que nada ha hecho, ni hará, por enmendarle la plana a la madama.

De uno de los documentos de la citada organización ciudadana retomo los siguientes elementos: para los usuarios, los efectos de esta “semiprivatización” (privatización total en los hechos) han sido principalmente el control administrativo y técnico del organismo operador, que en manos del socio minoritario –la transnacional Aguas de Barcelona– el recurso se ha convertido en un negocio; aumentos indebidos de tarifas por consumo y servicios, cortes del servicio de agua, malos tratos y abusos; se ha minimizado la importancia del uso sustentable del agua, y las autoridades responsables y el consejo de administración han hecho caso omiso de las quejas ciudadanas

El resultado de la evaluación comparativa que se realizó da pautas para establecer cuestionamientos sobre la veracidad de los informes oficiales sobre el cumplimiento de la empresa con los compromisos establecidos en los contratos de “asociación” y de “asistencia técnica”, y con varios aspectos legales. Estos puntos ameritan una explicación, la cual hemos solicitado al alcalde de Saltillo y a los representantes, misma que no han dado. La participación del sector privado en los organismos operadores de agua en México se ha dado, hasta el momento, sólo en seis ciudades, bajo tres modalidades diferentes: contratos de servicios (ciudad de México y Puebla); concesiones (Aguascalientes, Cancún y Navojoa), y empresa mixta (Saltillo). Salvo en el caso de la capital coahuilense (siete años el próximo octubre), los citados tienen más de 12 años en operación.

Antes de su “semiprivatización”, la operación del sistema de agua de la ciudad de Saltillo estaba a cargo de Simas-Saltillo, organismo público descentralizado de la administración pública municipal, creado en 1997. Durante los 15 años anteriores había estado bajo la administración de un organismo estatal, Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila (SAPAC), el cual cambió su nombre en 1994 a Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Coahuila (CEAS).

A diferencia de la mayor parte de los organismos operadores en México, Simas-Saltillo reunía varias condiciones favorables, que lo hacían una empresa atractiva para la participación privada, entre ellas: la cobertura del servicio de agua potable era de 95 por ciento y la cobertura de medición de 92 por ciento; la eficiencia física era de 46 por ciento, la de cobranza de 70, y la global de 32; pero a pesar de sus ineficiencias, el sistema estaba en equilibrio financiero.

Pero llegó la señora catalana y “los ciudadanos saltillenses hemos sido objetos de abusos y mentiras por parte de la empresa. No sólo han aumentado las tarifas de agua y drenaje; también los costos de conexión a estos servicios se han triplicado. Además, Agsa viola el derecho humano al agua de sus usuarios, al suspender el servicio a los que tienen rezagos de 23 meses en el pago. También les cobra una multa por reconexión. De las diferentes reuniones formales e informales que miembros de grupos ciudadanos hemos tenido con el alcalde de la ciudad y con algunos consejeros y regidores, lo único que hemos obtenido han sido promesas incumplidas”.

Agsa asegura que las tarifas se “actualizan” mensualmente en el mismo porcentaje que la inflación, pero los aumentos registrados rebasan con creces dicho indicador, tanto que “el aumento total en las tarifas, de mayo de 2002 a agosto de 2004, fue de 3 mil 268 por ciento, aproximadamente, mientras el índice nacional de precios al consumidor sólo se incrementó 10.67 por ciento”.

La “modernización”, pues.

Reportes desde la Resistencia

Experiencias de privatización del agua y del gas.

En el marco de la discusión sobre las privatizaciones tuve la oportunidad de asistir a un evento realizado en la Cd. de México, donde hubo participaciones sobre asuntos sensibles para todo el mundo: el agua, el gas, el petróleo. Quiero referirme a las experiencias compartidas acerca de los dos primeros temas.

Don Jorge Mancilla Torres es un hombre menudo, sencillo, de morenas facciones como la gente originaria de nuestro continente; su hablar tranquilo se ve interrumpido por pequeños desencuentros con el micrófono; no se molesta, sonriendo cambia de uno a otro una y otra vez. Nos narra de manera sucinta una parte de la historia reciente de Bolivia, con esa sobriedad y capacidad de síntesis de la que son capaces los hombres sabios que a la vez son poetas. El embajador en México refiere cómo de manera gradual diversos gobiernos de Bolivia fueron cediendo y concediendo derechos a las trasnacionales de tal forma que los bolivianos, de dueños pasaron a ser socios de las riquezas y los recursos de su propio país (¿algún parecido con las intenciones de las reformas calderónicas?). En el año 2000, en Cochabamba tiene lugar una fuerte lucha cuando se intenta privatizar el agua aumentando sus costos de manera inhumana. La gente: los trabajadores del campo y la ciudad, los jóvenes y las mujeres, todos dan la batalla, bloquean y toman calles, se crea la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida. El gobierno implanta el Estado de sitio y la militarización consigue encarcelar a dirigentes, los enfrentamientos dan lugar a heridos y muertos, pero el pueblo no ceja. Finalmente la empresa (Bechtel) “decide” irse. 7 años más tarde, con Evo Morales en la presidencia, se crea el Ministerio del Agua, con el objetivo de garantizar el recurso a toda la población y preservar su carácter público. En 2003 tiene lugar otra guerra, ahora del gas. Trasnacionales de hidrocarburos tienen ganancias del 82% dejándole el restante 18% al Estado. De nuevo la población se levanta; tras varios días de refriega hay heridos, detenidos y 67 muertos. La gente no cesa en su movilización y su demanda por nacionalizar los hidrocarburos. Cuando Evo llega a la presidencia propone invertir las cifras y que sea ahora 82% para el Estado boliviano y 18% para las trasnacionales, y ¡éstas aceptan!, lo cual no es de extrañar tomando en cuenta que Bolivia es el segundo país en reservas de gas en Latinoamérica, sólo después de Venezuela. Por último también se mencionan otras nacionalizaciones recientes en Bolivia: minería y comunicaciones. Don Jorge señala finalmente que “La patria no es herencia de los padres, es préstamo de nuestros hijos”, y se retira en medio de un emotivo aplauso de un público que admira y -¿por qué no?- envidia al pueblo boliviano por hacer valer sus derechos y tener a un gobierno capaz de resistir y enfrentar los embates del neoliberalismo rapaz.

Le toca el turno a la Dra. Gloria Tobón, en representación de AUAS, Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo, quien tuvo una exposición más extensa y detallada, quizá por la vigencia del problema. En Saltillo se cuenta con un sistema de agua del tipo empresa “mixta” donde el municipio controla, o debiera hacerlo, el 51% del recurso, mientras que Agbar, Aguas de Barcelona, controla el 49%. La empresa de origen español se hizo del contrato para abastecer de agua la ciudad mediante una puja con valor de 81.9 millones, cuando el valor en libros es de 453 millones y el valor real asciende quizá a mil millones. La empresa cobra la conexión al servicio según el tamaño del terreno, corta el servicio por falta de pago y las multas por reconexión ascienden a 10 veces la tarifa mínima. La compañía no ha cumplido con sus obligaciones: no ha aplicado nueva tecnología, no realiza los análisis de laboratorio requeridos ni cuenta con el certificado de calidad sanitaria, tampoco reporta a la Comisión Nacional del Agua los volúmenes reales extraídos y hace gala de un derroche –sobreproducción- del recurso con tal de vender tanta agua como sea posible. Los espacios públicos, edificios y jardines, reciben agua sólo a cambio del pago correspondiente de los usuarios, por lo que no faltan casos en que se secan los árboles y se acaba la vegetación que no sólo es ornamental sino que provee de pulmones a la ciudad y colabora al ciclo de la vida. Todo esto en el contexto de una ciudad enclavada en una región semidesértica, pero la empresa asegura contar con estudios hidrogeológicos que sostienen la existencia de agua “para siempre” en la región. Para llegar a tal situación se ha contado con la complicidad de las autoridades municipales y estatales. Desafortunadamente, no se dieron datos que nos permitan saber si en Saltillo la actitud de la gente se asemeja a la pasividad y aletargamiento de los regiomontanos o a la bravura y conciencia de los pobladores andinos.

Hemos leído que existen proyectos para abrir a empresas privadas el agua de Monterrey. Seríamos muy tontos si dejáramos pasar este atropello. Suficiente experiencia tenemos con la empresa Gas Natural quien no es dueña del gas que nos distribuye (así como se dice en las iniciativas de Calderón que las empresas no serían dueñas del petróleo) pero que nos cobra el gas de Pemex, más la distribución por comercialización (así le llama en la factura) y además un cargo por servicio (¿el servicio de tomar la lectura y mandarte el recibo?), amén de que nos corta el suministro cuando a su juicio incumplimos (¿podría pasará algo así en el caso del petróleo conducido por oleoductos privados?), reconectándolo, ahí sí, en el tiempo que la empresa considera prudente y no encontramos a alguien que se haga responsable de responder a nuestras demandas; casi cualquiera ha vivido la experiencia ingrata de tener alguna queja del servicio, ir a las oficinas, hacer largas filas para que te atienda un empleado que levanta un reporte y ya, nunca un superior a quien recurrir que tenga capacidad de dirimir un conflicto. Vas y regresas cruzando los dedos esperando que para el próximo recibo el problema ya haya sido resuelto. En mi caso, la cantidad que le pago a Gas Natural por la distribución y cargo por servicio es más del 40% del monto total de la factura ¿Esto es el modelo de la modernización y el fortalecimiento que nos quieren enjaretar? ¿Pemex me cobraría lo mismo que la empresa española? Aún si fuera éste el caso, yo preferiría que mi pago se quedara en la nación. Ya sé que muchos dirán que no están dispuestos a que se vaya por el caño de la corrupción sindical, quizá prefieran que se vaya por el muy español ducto de enriquecimiento empresarial igualmente inmoral. Por mi parte, le apuesto a la esperanza de que podamos erradicar las prácticas corruptas de líderes pero también de funcionarios. Como alguien dijo en el evento mencionado al principio, en México hay gente preparada, además de honesta, capaz de hacer frente a los retos científicos y tecnológicos, y dio como ejemplo el hecho de que en Laguna Verde (nos guste o no este tipo de generación de energía) el 100% de los técnicos e ingenieros son mexicanos. Por supuesto que el poder económico contamina y es capaz de comprar muchas conciencias, pero nunca podrá comprarlas todas. Es necesario que despertemos y que nos animemos a defender nuestros recursos que son nuestros derechos. En el trabajo de brigadeo, encontramos no pocas personas que aceptan, un poco con pena, que en esta norteña ciudad no sabemos o no estamos acostumbrados a luchar como en otras partes del país o del mundo. Reconocer el problema es el primer paso de la solución. Ojalá que estemos pronto dispuestos a darlo para iniciar el camino de recuperación no sólo de nuestra economía sino de nuestra dignidad.