viernes, diciembre 12, 2008

PRUEBA DE QUE LA UNIÓN HACE LA FUERZA...

El CIW logra que cadenas de comida rápida y supermercados acepten mejoras salariales Jornaleros de Florida comparten un sueño mientras avanzan sobre trasnacionales David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 11 de diciembre. Los jornaleros de Florida “comparten un sueño” para transformar esta sociedad junto con sus aliados, y extienden una invitación a que “todos seamos los autores de esta historia”, en la cual, desde un ignoto rincón de este estado, los trabajadores (en su mayoría mexicanos) más desprotegidos de este país se enfrentan con algunas de las empresas trasnacionales más poderosas del planeta… y van ganando. En una gira por ciudades del noreste, entre ellas ésta, el Comité de Trabajadores de Immokalee (CIW, por sus siglas en inglés) cuenta su historia de cómo mediante movilizaciones, boicoteos y la solidaridad de estudiantes, religiosos, sindicatos y hasta senadores federales y figuras políticas famosas, han logrado que las principales cadenas de comida rápida y algunos supermercados firmen acuerdos sin precedente para mejorar los salarios y condiciones de trabajo de los jornaleros que cultivan y cosechan el jitomate en los campos de Florida.

“Soñar no es nada nuevo para nosotros: así vinimos (a este país), con un sueño de cambiar las cosas”, dice Gerardo Reyes, del CIW, originario de Zacatecas, quien llegó a este país en 1999. “Cuando yo era joven un maestro de secundaria nos decía que no había nada más triste para un maestro que amaba lo que hacía, que una mente estancada. El último día de clases, al acabar la secundaria, con lágrimas en los ojos nos dijo que sabía que de este grupo de estudiantes la mayoría no podrían seguir estudiando por causa de la pobreza, y que en su corazón había mucha tristeza por esta situación. Ahora tengo 31 años de edad, y sé que la gran mayoría de los de esa generación de la escuela nos encontramos en Estados Unidos con el sueño de que nuestros hijos no se quedaran en el hoy en que nos tocó vivir”.

En foros y reuniones con aliados y simpatizantes en esta gira, explica que cuando comenzó esta lucha en los noventa, “éramos de un pueblito que pocos conocen, solos contra un gigante (Taco Bell, una de las empresas de comida rápida más grandes del mundo). Tal vez hay un poco de locura en eso, o tal vez somos grandes soñadores”. Cuenta que la Campaña por la Comida Justa se lanzó en 2001 y “compartimos este sueño nuestro” con iglesias, estudiantes, consumidores, sindicatos y otros, igual que ahora. Pero, subrayó, “no se trata de ayudar a los jornaleros, sino de ayudarnos entre todos en esta sociedad”. El CIW planteaba una pregunta básica: ¿de qué manera se produce la comida que se consume cada día en este país? Cuatro años después, dijo, se contaba con el apoyo de estudiantes en más de 300 universidades y preparatorias a lo largo de todo el país, y también con el respaldo del Consejo Nacional de Iglesias, entre otras agrupaciones.

En 2005 se logra el primer triunfo, cuando Taco Bell aceptó las tres demandas básicas: un centavo más por libra de jitomate, o 32 centavos más por cubeta; un código de conducta que establece el respeto a los derechos humanos con cero tolerancia a la esclavitud y, tercero, la inclusión de los trabajadores en un diálogo abierto para poner en marcha estos cambios. El mediador del acuerdo fue el ex presidente Jimmy Carter. Dos años después se logró que McDonald’s aceptara estas demandas. Lo mismo ocurrió en 2008 con Burger King, en septiembre de este año con Whole Foods (cadena de supermercados de productos orgánicos), y hace una semana con la gigantesca cadena de comida rápida Subway.

Recuerda los comienzos de CIW, que en 1993 empezó enfrentando los abusos en la región de Immokalee, en el centro sur de Florida, en demanda de las protecciones legales laborales de las cuales están excluidos los trabajadores del campo desde los años treinta. Con la consigna de que “un golpe contra uno es un golpe contra todos”, con marchas y huelgas lograron frenar los abusos físicos y el robo de sueldos. Hubo paros generales con la participación hasta de 3 mil trabajadores en tres ocasiones durante los noventa, y una marcha de más de 400 kilómetros para denunciar los abusos ante la asociación estatal de cultivadores de jitomate, recuerda. La lucha también giró en torno a elevar el ingreso, el cual aún estaba a los niveles de 1978; además faltaban seguro de salud, vacaciones y pago de tiempo extra (las jornadas suelen ser de entre 10 o 14 horas). Sólo para ganar lo equivalente a un salario mínimo, un jornalero tiene que cosechar dos toneladas y media de jitomate. Su lucha también busca liberar a cientos de trabajadores que laboran bajo condiciones de esclavitud. La conformación del CIW, organización laboral comunitaria, es mayoritariamente mexicana, junto con guatemaltecos, haitianos y afroestadunidenses.

Candace Pérez, una joven de 14 años e integrante de la gira, cuenta su historia: “Mi madre (inmigrante de Guatemala) me dice que estudie mucho para que no acabe como ella, trabajando al sol. Ella sale de la casa a las 5 de la mañana y no regresa hasta las 7 de la noche; yo y mi hermano de 4 años casi nunca la vemos. No puede faltar al trabajo porque si no, lo pierde. Nos cobran como 400 dólares a la semana de renta, y si uno no paga lo sacan. “Nos dimos cuenta de que arriba de la industria agraria están las grandes empresas de compra de jitomate”, explicó Reyes, y por ello el patrón no sólo era el que cultivaba, sino las empresas comercializadoras y de venta de alimentos, que ejercían presión para reducir costos por donde siempre: los trabajadores. “Nuestra pobreza está directamente vinculada con la riqueza de las grandes empresas”, afirma.

Por ello se lanzaron las campañas nacionales contra ellas. “Viendo hacia atrás, todo esto era sólo una idea en la cabeza de unos cuantos trabajadores… pero ahora nos hemos juntado con iglesias, estudiantes y otros trabajadores para lograr lo imposible. Estamos mucho más cerca de ese sueño con el que venimos a este país”, dice Reyes. Advierte que esa lucha continúa con las cadenas de supermercados y los servicios de alimento a instituciones. “No pedimos su ayuda ni caridad, sino alianzas concretas”, afirma al invitar a sumarse a la lucha. “Hay una conexión sagrada entre todos nosotros: ¿quién aquí come?”

Pero, como siempre lo ha hecho el CIW, cumple con su palabra cuando habla de una lucha común y practica la solidaridad. A lo largo de estos años, al marchar contra empresas y sus tiendas, también ha ofrecido apoyo a las huelgas y acciones laborales y comunitarias de agrupaciones sociales a lo largo de este país. En Nueva York, el CIW realizó foros con una agrupación comunitaria de mujeres jóvenes, y otra con una organización de trabajadoras domésticas. La gira más reciente por el noreste incluyó escalas en iglesias, universidades (como Yale), escuelas, sindicatos y en organizaciones sociales, como también con organizaciones dedicadas al tema del “alimento justo” y el hambre en los estados de Pensilvania, Connecticut, Maryland, Carolina del Norte y en Washington D.C. “Los invitamos a esta historia…. Somos el lápiz de esta historia, y los autores, como todos. Cuando acabemos, el libro va ser firmado por todos nosotros”.

Para mayor información sobre el CIW: www.ciw-online.org

La muerte y la pena

Ricardo Rocha


Es penoso hablar de la muerte en México porque somos un pueblo discriminatorio y clasista hasta en ese trance

Más allá del oportunismo político del señor que la propuso y que le ha dado gratis ríos de tinta y miles y miles de minutos electrónicos, es una pena hablar de la muerte en este país.

Y no me refiero al lugar común de rechazar por bárbara, inmoral e incivilizada la pena de muerte. Tampoco a que se trata de un retroceso inaceptable e irrealizable por oponerse a los preceptos constitucionales y a las convenciones internacionales. Ni siquiera a la displicencia bravucona de que alardeaba el inolvidable Charro Avitia: “¡En qué quedamos, pelona, me llevas o no me llevas!”.

Es penoso —por no decir vergonzoso— hablar de la muerte en México porque somos un pueblo profundamente discriminatorio y clasista hasta en ese trance. Porque, para empezar, tenemos aquí muertos de primera, de segunda, de tercera y hasta de cuarta.

El mejor ejemplo de este ránking macabro es, por supuesto, Juan Camilo Mouriño, un muerto de primerísima al que el gobierno calderonista dedicó un homenaje digno de un héroe histórico y convirtió en un asunto de Estado el desplome de su avión. Por cierto, en la misma tragedia se ejemplificaron los muertos de segunda, como José Luis Santiago Vasconcelos y los otros 13 infortunados cuyo destino fatal no mereció homenaje alguno y tampoco la visita presidencial a su sepelio.

Hay también muertos de tercera, como los de Aguas Blancas, Acteal, El Bosque y tantas otras matanzas en que miles de mexicanos han sido víctimas de la represión, el terrorismo de Estado o la guerra sucia. Y cuyos nombres se han quedado por allí perdidos en el olvido. Condenados a un ostracismo conveniente y convenenciero. Muertos prescindibles según el gobierno en turno, del signo que sea. A ellos se agregan los caídos en el fuego cruzado de la irracional guerra contra el narco.

Y quienes fueron balaceados por el error encervezado de un piquete de soldados en La Joya de los Martínez, Sinaloa; donde los sardos asesinaron a una joven madre y a sus dos pequeños de siete y dos años porque se pasaron el alto en un retén. Tampoco nadie acudió a sus funerales. Ni una sola autoridad municipal, estatal y ni se diga federal. Ni siquiera una condolencia. Para qué.

Y todavía hay muertos de cuarta. Para los gobiernos, que no para sus deudos y la memoria histórica. Como doña Ernestina Ascencio, la de Zongolica, que por decreto presidencial murió de gastritis crónica y de la que en el fango de una mentirosa campaña oficial llegó a decirse de ella que cómo tan viejita y prietita les iba a gustar a los soldados como para que la violaran y luego la mataran.

Y todavía insisten en que la pena de muerte sí se la merecen los secuestradores y asesinos. Y uno se pregunta: ¿por qué nada más ellos? Porque con todo y lo horrendos que son esos criminales, a ver cómo califican a estos otros: los que han saqueado a la nación, amasado fortunas y se han robado hospitales, escuelas y cosechas en forma de cantidades insultantes de pesos en delitos de pluma fuente; qué castigo merecerían los que han condenado a este país a una deuda monstruosa como la del Fobaproa que nos cambió el destino a la baja y que contribuye a matar de hambre a 17 millones de mexicanos que la padecen; cuál sería el castigo para la infamia de todos los gobernantes y representantes populares que salen hinchados de dinero cada que dejan un cargo; y cuáles las sentencias merecidas para los violadores de niños desde la impunidad del poder político y para los torturadores policiacos y para los jueces que condenan a inocentes por encargo y para quienes envenenan el alma y el cuerpo de sus semejantes. Y para los cómplices oficiales de todos ellos.

Por eso y más, qué pena hablar de la muerte en este país.


¡VICTORIA OBRERA EN CHICAGO!


La historia de la gran victoria obrera en una ocupación fabril que dominó los titulares a través del país e inspiró a sindicalistas y activistas de base de todo el mundo

por Lee Sustar. Traducido por Orlando Sepúldeva
(publicado en Socialist Worker, http://socialistworker.org, el 11 de diciembre de 2008)
corrección ortotipográfica y de propiedad idiomática para esta emisión: servicio de noticias ISA

Con un voto unánime, y después de que Bank of America y otros se comprometieran a financiar el pago de unos 2 millones de dólares en indemnizaciones, vacaciones debidas y seguros de salud, los obreros de la planta de Republic Windows and Doors en Chicago pusieron fin a su ocupación fabril, la que duró seis días, desde el 5 de diciembre. “Todo el mundo se siente fantástico,” dijo un cansado pero exuberante Armando Robles, presidente del Local 1110 de United Electrical, Radio and Machine Workers (UE).

Melvin Maclin, vicepresidente del local, estuvo de acuerdo. “Me siento maravillosamente”, dijo. “Me siento validado como un ser humano. Todos estamos llenos de gozo. Esto es importante porque muestra a los trabajadores de todo el mundo que tenemos voz, incluso en esta economía, porque somos nosotros la columna vertebral de este país. No es el jefe ejecutivo, sino la gente obrera”.

Señalando al logotipo de la compañía, Melvin continuó: “¿Ves ese letrero allá arriba? Sin nosotros, diría sólo ‘Republic’ porque nosotros hacemos las ventanas y puertas. Esto demuestra que se puede luchar, que tenemos que luchar”.

El acuerdo fue una resonante victoria para los miembros del sindicato, a quienes se les anunció hace un poco más de una semana que la fábrica cerraría en menos de tres días y que, contrario a lo establecido por la ley federal, no recibirían indemnización alguna.

Por lo tanto, para poner presión sobre la empresa y conseguir lo que se les adeudaba, los trabajadores votaron a favor de permanecer en la planta después de que esta cesara la producción el 5 de diciembre.

Con la decisión de ocupar su fábrica —una táctica utilizada por el movimiento obrero en la década de 1930, pero prácticamente desconocido en este país desde entonces—, los trabajadores de Republic desencadenaron un movimiento de solidaridad que les ayudó a obligar a uno de los mayores bancos del país a pagar dos meses de salarios y el seguro de salud, a pesar de que el banco no tenía ninguna obligación legal de hacerlo.

Lo que comenzó como un resuelto acto de unos 250 trabajadores se convirtió rápidamente en un símbolo nacional de resistencia obrera en una economía en crisis. Cientos y cientos de sindicalistas de base y sus dirigentes —no sólo de Chicago, sino de todo el Medio Oeste de Estados Unidos— llegaron a la fábrica Republic para expresar su solidaridad y llevar donaciones de alimentos y fondos urgentemente necesitados.

Sin embargo, el apoyo a la lucha en Republic fue más allá de las filas del movimiento obrero organizado. La lucha cristalizó la masiva ira por los 700 mil millones de dólares de rescate económico para Wall Street. Aunque Bank of America —acreedor principal de Republic— recibió hasta 25 mil millones de dólares de los contribuyentes, el banco se negó a financiar los 60 días de salario debidos a los trabajadores en virtud de la Ley WARN (sus siglas en inglés, que significa “aviso” también), la que obliga a la gerencia a avisar de cierres con dos meses de anticipación o pagar dos meses de sueldo. Políticos demócratas, desde el presidente electo Barack Obama hasta los concejales de Chicago, se sintieron obligados a declarar su apoyo a esta lucha.

La cobertura de prensa se vio afectada también. Por fin, los medios de comunicación no sólo pusieron de relieve una lucha laboral, sino que también usaron sus recursos para investigar a un empleador. El Chicago Tribune informó que el principal dueño de Republic, Rich Gillman, estuvo involucrado en la compra de una fábrica de ventanas, no sindicalizada en Iowa, adonde planea mover sus operaciones. Los periodistas también descubrieron pruebas de que el Bank of America se negó a reiteradas peticiones para extender el crédito a Republic, a pesar de su infusión de dinero del rescate económico.

Así, cuando la organización sindical UE decidió hacer de Bank of America el objetivo de una manifestación el 10 de diciembre, alrededor de mil personas llegaron con poco tiempo de aviso.

“Ya que estamos aquí abajo en el distrito financiero, hagamos un poco de matemáticas”, dijo el reverendo Gregory Livingston de la organización Rainbow / Push, “Bank of America recibió 25 mil millones de dólares, el Citibank otros 25 mil millones. ¿Cuánto recibieron los trabajadores? Cero. Por eso estamos aquí, en el distrito financiero. Este es el lugar donde está el dinero. La gente trabaja y adivinen de quién es el dinero en estos bancos. Adivinen qué dinero está en el mercado. Adivinen cuál dinero está en sus bolsillos. Es nuestro dinero”.

Pero lo notorio acerca de esta acción no era la ira contra los bancos, sino una tangible muestra del poder obrero. Miembros de una docena de diferentes sindicatos estuvieron allí, al igual que grupos de estudiantes, socialistas y grupos comunitarios, todos ellos inspirados por la lucha de los trabajadores de Republic.

Larry Spivack, director regional del Consejo 31 de AFSCME (sindicato de trabajadores del estado, de los condados y de los ayuntamientos), resumió el estado de ánimo en su discurso. “Mira a tu alrededor”, le dijo a la multitud, identificando las principales instituciones financieras en el lugar. “¿Quién ha creado toda su riqueza?”, preguntó. La respuesta unánime de la multitud fue: “¡Nosotros!” “¿Quién tiene el poder?” “¡Nosotros!”

Spivack continuó: “Este es un comienzo, como cuando la lucha de Haymarket tuvo lugar en 1886”, una referencia a los mártires de Chicago de la lucha por la jornada de ocho horas de trabajo, y concluyó con el grito: “¡El poder a los trabajadores!”

Unas horas más tarde, de vuelta en la planta de Republic, después de que los trabajadores habían oído los términos del acuerdo y habían votado, Bob Kingsley, el director nacional de organización de la UE, hizo una referencia similar en su evaluación de la victoria: “La importancia de esta lucha para el movimiento obrero es que en un momento en que millones de obreros americanos se enfrentan a una creciente incertidumbre económica, con más y más casos de injusticia, es necesario ser un claro símbolo de la resistencia. Los trabajadores de Republic son la cara de esa resistencia. Ellos personifican el desafío que la clase trabajadora enfrenta hoy en la economía, pero también simbolizan la esperanza de que si nosotros, como trabajadores, permanecemos unidos, si luchamos juntos, y si estamos dispuestos a empujar los límites, podemos lograr cosas increíbles. Su victoria llega en un momento en que el movimiento obrero la necesita”.

LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

EL CONSEJO ESTATAL DE LUCHA DE NUEVO LEON

CONVOCAN AL FORO REGIONAL

EN MEMORIA DEL PROFESOR OTHON SALAZAR RAMÍREZ

INVITACIÓN:

"No camines delante de mí, puede que no te siga. No camines detrás de mí, puede que no te guíe. Camina junto a mí y sé mi amigo, sólo así alcanzaremos la libertad y la felicidad" Albert Camus.

Debido a que las acciones educativas, económicas y sociales del gobierno de Calderón afectan por igual a amplios sectores de nuestra población, convocamos a todos los trabajadores cotizantes al ISSSTE, a los trabajadores de la educación, los padres de familia, estudiantes, amas de casa, obreros, campesinos y pueblo en general, a asistir a esta JORNADA INFORMATIVA

Fecha: Sábado 13 de diciembre de 2008. Hora: 8:00 de la mañana

Lugar: Auditorio del Sindicato de Telefonistas

Domicilio: M. M. del Llano 424 Oriente, Centro de Monterrey, Nuevo León.

PONENTES INVITADOS:

“Que los enemigos nos venzan y nos roben si tal es nuestro destino. Pero nosotros no debemos legalizar un atentado entregándoles voluntariamente lo que nos exigen por la fuerza”. Benito Juárez García.

Abogados de la Unión de Juristas de México y un panel de especialistas de la CNTE de Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Morelos, Guerrero.

TEMAS A DESARROLLAR:

“En cuanto alguien comprende que obedecer leyes injustas es contrario a su dignidad de hombre, ninguna tiranía puede dominarle” Mahatma Gandhi.

1.- INFORMACIÓN DE LOS AMPAROS INTERPUESTOS CONTRA LA NEFASTA LEY DEL ISSSTE, FORMATO DEL CUARTO AMPARO MASIVO CONTRA LA LEY DEL ISSSTE Y EL REGIMEN FINANCIERO (AFORES) Y EL PRIMER FORMATO DE AMPARO CONTRA LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.

2.- INFORMACIÓN, BALANCE Y PLAN DE ACCIÓN DEL MOVIMIENTO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL.

3.- LOS VERDADEROS OBJETIVOS PRIVATIZADORES DE LA ALIANZA POR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN (ACE).

5.- CONOCER EL NUEVO ACUERDO (ENGENDRO) CALDERON-GORDILLO: "LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM) PARA EL SERVICIO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA OBLIGATORIA”.

Se contará con documentos de divulgación escrita y audiovisual, películas, etc.

“Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida, esos son imprescindibles.” Bertold Brecht.

¡¡¡UN PUEBLO Y CIUDADANO BIEN INFORMADO ES DIFICIL DE SER ENGAÑADO!!!

¡¡¡REPUDIO TOTAL A LA ILEGAL Y ANTICONSTITUCIONAL ALIANZA POR LA CALIDAD DE LAS EDUCACIÓN (ACE)!!!

¡¡¡DEROGACION DE LA CRIMINAL Y NEFASTA NUEVA LEY DEL ISSSTE!!!

¡¡¡RECHAZAR LA APLICACIÓN DE LA PRUEBA ENLACE!!!

¡¡¡UNIDOS Y ORGANIZADOS!!!

“La desobediencia civil se convierte en un deber sagrado cuando el Estado actúa fuera de la ley o, lo que es lo mismo, se vuelve corrupto.” Mahatma Gandhi.

Muertos de pena

Víctor M. Quintana


Todos los días se aplica la pena de muerte en este país. Se la aplican unos cárteles de la droga a otros, o incluso entre ellos mismos. No es descartable que las fuerzas del Estado realicen también ejecuciones sumarias para evitarse las complicaciones jurídicas de aprehender sicarios, arriesgarse a que los dejen libres o les apliquen penas menores.

Se da en el país una especie de ejecucionismo informal, así como se da la economía informal. Ésta surge por la incapacidad de la economía formal para incorporar a todo mundo, para evadir al fisco y lucrar más. Aquél se da para evadir la acción de la justicia y también porque ésta es incapaz para procesar todos los delitos, por su ineficacia, por corrupción o por todo esto junto.

Por otro lado, los 5 mil ejecutados en lo que va del sexenio calderonista nos dicen que la probabilidad de ser ultimado entra en los cálculos normales de quienes le entran a la sicariada, lo cual echa por la borda el argumento de los defensores de la pena de muerte en el sentido de que sería un poderoso disuasor de las conductas delictivas.

Ante esto, resulta muy endeble la postura del Congreso del estado y del propio gobernador de Coahuila, secundados luego por los mandatarios de Tamaulipas y Chihuahua, así como por el oportunismo del PRI y del PVEM en el sentido de restablecer la pena de muerte en este país. Es también una postura demagógica y una cortina de humo para velar realidades muy incómodas para quienes tienen la obligación de procurar y administrar justicia.

Porque la ineficacia y los palos de ciego en el combate a la delincuencia organizada y común abundan en todos los órdenes de gobierno. Vayan tan sólo tres ejemplos chihuahuenses, significativos por provenir de la entidad que en tan sólo un año acapara ya cerca de la tercera parte de las ejecuciones a escala nacional.

Hace dos semanas, la víspera de la reunión para evaluar el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Paz, el procurador general de la República, el gobernador de Chihuahua y la procuradora de Justicia del estado sostuvieron una reunión y signaron un acuerdo de coordinación para compartir información y tecnología en el combate a la delincuencia organizada. La opinión pública se quedó de a cinco: ¿qué no estaban coordinados desde el 26 de marzo pasado cuando se lanzó el Operativo Conjunto Chihuahua?, ¿qué no era la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales uno de los supuestos básicos del multicitado acuerdo de los 100 días?

Luego, en una muy difundida entrevista con Joaquín López Dóriga, el gobernador Reyes Baeza reconoce que fallaron el diagnóstico y la estrategia empleados contra el crimen organizado, por lo que tienen que reformularse. El conductor comenta: “el crimen organizado estará de plácemes con esta devastadora información del señor gobernador”.

No extraña que después el gobernador de Chihuahua se sume con peculiar entusiasmo a la cargada a favor de la pena de muerte que recorre el país luego de la ocurrencia del priísmo coahuilense. Porque la demanda para reinstalar la pena máxima en México es, en primer lugar, una cortina de humo para esconder el sonoro fracaso de diagnósticos, estrategias y tácticas en contra de la delincuencia organizada y la expansión de la delincuencia común propiciada por el combate a aquélla. Porque la insistencia por restablecer la pena capital es directamente proporcional a la impunidad de los delincuentes propiciada por un sistema de justicia que hace agua por todos lados.

Es triste reconocer que entre los damnificados de ese fracaso está el “nuevo sistema de justicia penal”, que Chihuahua ha vendido muy bien y está a punto de adaptarse para todo el país. Porque, como si la impunidad fuera muy poca, ahora el nuevo sistema propicia que no se encarcele a numerosos criminales o que se les someta a juicios abreviados y se les asignen penas irrisorias, a contrapunto de la indignación de las víctimas.

Antes que reconocer las fallas federales, estatales y municipales al procurar y administrar la justicia, antes de reconocer la falta de voluntad política para atacar al crimen organizado en sus bases de aprovisionamiento de armas y en las empresas lavadoras de sus fondos, antes de implementar células mixtas con elementos de todos los cuerpos militares y policiacos que de verdad sellen las ciudades y cerquen a los sicarios, prefieren seguirle el juego a la desesperación ciudadana y demandar la pena de muerte antes de que los demanden a ellos por su ineficacia.

No en vano alguien señalaba: “¿Pena de muerte? Muertos de pena deberían estar por su incapacidad para brindarnos seguridad a todos los mexicanos”.

Bitácora, Granados Chapa sobre Inseguridad y pena de muerte

Bitácora, Muñoz Ledo 7 diciembre 2008

Feria de la Resistencia. Reunión de cooperativas y Noche Bohemia


La santa alianza


Nomás, entre las muchas preguntas que le haríamos al Gran Colmillo, una: cuál es su explicación convincente para haber formado parte del gobierno del malhadado, antidemocrático, derechoso, mentiroso, prepotente y ahora hasta histérico Fox?


Porfirio Muñoz Ledo

Bitácora Republicana
12 de diciembre de 2008





Una hegemonía oligárquica convierte al sistema en “consejo de administración de los intereses dominantes”


El correo electrónico de esta columna sirve como pararrayos de cóleras reaccionarias. Las andanadas de injurias que recibo cuando pongo en duda la legitimidad del Ejecutivo o planteo vías constitucionales para su reemplazo merecerían análisis siquiátrico. Algunas hasta pesquisa judicial, ya que las vísceras sectarias pueden conducir a otras formas de agresión.

A veces, sin embargo, los mensajes condensan un estado de la conciencia pública y estimulan el oficio del comunicador. Así, las reacciones a mi reciente artículo sobre la tragedia de 1988 (alguno lo llama “miniensayo”). Los lectores se preguntan si a los dirigentes de entonces los habitaba una genuina voluntad democrática o sólo querían romper la piñata para compartir los manjares.

Indigna la actitud equívoca y timorata del liderazgo del frente, que terminó enrumbando al país en la dirección contraria al reclamo social que arrolló en los comicios. Algunos la perciben como traición y otros simplemente como inconsistencia. Todos coinciden en que ha frustrado durante una generación la posibilidad de transformar al Estado desde la izquierda y por la vía electoral.

Nadie entiende las motivaciones de quienes optaron por diferir una victoria que ya habían alcanzado en vez de ofrecer a la ciudadanía la certidumbre de que estaban dispuestos a defenderla. Menos aún que lo hayan hecho a cambio de la remoción de un gobernador, de vagas promesas de reforma electoral y de la esperanza de constituir un partido, cuando ya contábamos con cuatro.

Resultó antihistórico que el movimiento popular naufragara en las maniobras del régimen para ampliar la canasta de beneficios a la oposición instaurada por Reyes Heroles. La legitimación de un sistema —democráticamente derrotado— en trueque por ventajas marginales: gubernaturas, alcaldías, presupuestos partidarios y candilejas racionadas en la radio y la televisión. En cambio, la derecha procedió de manera habilidosa, coordinada y sustantiva. Cuando a pocos días tuvo constancia de que Cárdenas había ganado, en vez de reconocerlo eludió el compromiso de cotejar sus actas con las nuestras y trocó el discurso de la nulidad por el de la “legitimidad por ejercicio”. Esto es, lo ilegal puede dejar de serlo si se acomoda a mis intereses.

La declaración del PAN ante la CFE es definitoria: “México ha acreditado que es plural. Se cayó el destartalado carro completo y ojalá no vuelva a circular por las avenidas de la democracia”. Léase: el reparto condescendiente de los peces y los panes sin mirar la violación del sufragio. Pronunciada por el mismo personaje que más tarde avalaría la quema de la paquetería electoral.

A partir de ahí, la negociación de fondo. Solemne y puntual, como en una rendición. El entierro de los vestigios de la Revolución Mexicana por la suma de coincidencias entre una tecnocracia entreguista y una derecha rencorosa. La instauración de la santa alianza que el país ha padecido.

Se pactaron nada menos que las pautas del modelo neoliberal: avances democráticos formales, pero reforzamiento de los controles monopólicos y mediáticos. “Apertura económica y libertad para el campo”, mediante la ruinosa adopción del TLCAN y la reforma del artículo 27. Privatización de la banca y relaciones entre la Iglesia y el Estado, con sesgo riesgoso contra la laicidad.

La deriva de una transición abortada en la instauración de una “cleptocracia” bipartidista. El ejercicio errático de un autoritarismo feudal, el maridaje entre el dinero y la política y el tráfico plural de las influencias. La abdicación de la autoridad pública ante la rectoría de los poderes fácticos y la patética dilución del estado de derecho, objetivo último de aquellos afanes.

Según los clásicos, el establecimiento de una hegemonía oligárquica convierte al sistema político en el “consejo de administración de los intereses de las clases dominantes”. Esta globalización conduce por desgracia al alquiler de la soberanía, la bancarrota económica, la diáspora social y la desintegración paulatina del Estado-nación.

¿Qué significa la corriente progresista en este panorama espectral? No la extrema complicidad de los “modernos”, que prestan justificación “consensual” a los abusos del poder bifronte y comprueban que éste puede capturar todos los espacios del Estado. Que utiliza, a través de su sistema de concesiones y en favor de sus patrones ideológicos, a una izquierda corrupta y palera.

Las respuestas posibles son de gran entidad. Elucidemos si la contumacia en las opciones electorales nos confina hoy al tragicómico baile de las comparsas. O bien, si inventamos un camino pacífico, valiente, imaginativo y eficaz que nos permita revertir la ignominia.

Obrerismo y pueblos indígenas

Gilberto López y Rivas

Del análisis de las luchas antisistémicas en América Latina en las últimas décadas destaca el papel de las resistencias y la construcción de autonomías de los pueblos indígenas. En México, Guatemala, Panamá, Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile y Perú, entre los países signados por esta presencia, los movimientos indígenas han sido protagonistas persistentes en la caída de gobiernos, defensa de territorios, recursos naturales y estratégicos, enfrentándose sistemáticamente a las políticas represivas de los Estados y a la rapacidad de las corporaciones trasnacionales. De sus procesos autonómicos se han vislumbrado nuevas formas de gobierno participativo, renovadas convivencias políticas y propuestas para darle un nuevo contenido a la desgastada democracia institucionalizada. Las organizaciones políticas de los pueblos indígenas han mostrado su continuidad, perseverancia, flexibilidad e imaginación frente a la burocratización y deterioro de esfuerzos organizativos en los ámbitos partidistas, sociales y gremiales.

Por ello, es significativo que en el décimo Encuentro Internacional de Partidos Comunistas y Obreros, que tuvo lugar el mes pasado en Sao Paulo, Brasil, durante el cual se adoptó una Resolución en Solidaridad con los Pueblos de América Latina y del Caribe –que circuló profusamente por Internet–, en todo el texto sólo una vez se mencione a los indígenas, no como pueblos, categoría reservada al conjunto de la población de los países latinoamericanos, sino subsumidos como parte de los “diversos sectores de trabajadores”, entre los que se encuentran jóvenes, mujeres y campesinos que protagonizan “la oposición y la resistencia frente al saqueo de las riquezas, la privatización, la corrupción, la depredación ambiental, entre otros graves problemas de la actualidad”.

La omisión del papel relevante y específico de la lucha indígena se hace más notoria cuando en el documento se destaca que es la primera vez que esta reunión se lleva a cabo en nuestro subcontinente; se saluda y felicita al conjunto de las fuerzas democráticas, progresistas, populares y antimperialistas de la región, por las importantes luchas y los avances obtenidos a lo largo de la última década, “que hacen de esta parte del mundo uno de los más destacados polos de resistencia antimperialista y escenario de búsqueda de alternativas a la hegemonía imperialista, de lucha por la soberanía nacional y el progreso social”.

Esta declaración tiene similitudes con otra adoptada por el décimo Seminario Internacional sobre los Problemas de la Revolución en América Latina, que tuvo lugar hace dos años en Quito, Ecuador, en la que se afirma: “En todas estas acciones la clase obrera recupera su espacio de fuerza fundamental del proceso revolucionario, el campesinado, los pueblos indígenas y negros y la juventud se destacan por su combatividad y participación masiva en la lucha, negando en los hechos el discurso que pretendió prosternar la acción de la clase obrera al surgimiento de ‘nuevos actores sociales’. El proletariado, histórica y estratégicamente, nunca perdió su papel de fuerza fundamental del proceso revolucionario.”

Ambas declaraciones nos remiten en sus omisiones y comisiones al obrerismo, posición que tanto daño ha hecho a los procesos revolucionarios en el mundo entero y que parece ser un lastre difícil de abandonar por los partidos que se reclaman comunistas y obreros y promueven –en los hechos– una perspectiva jerarquizada de la lucha social. Ya en 1986, el notable teórico marxista Leopoldo Marmora definía este fenómeno que en el terreno de la política se expresó en atribuirle al proletariado misiones históricas que sobrepasan sus posibilidades reales. “Ni las ‘masas obreras’ ni el ‘partido del proletariado’ están en condiciones de ser –como tales– portadores de los intereses globales de la sociedad. El proletariado tiene y conservará siempre intereses de clase particulares y propios”. Una lucha contrahegemónica –afirmaba este autor– es una tarea nacional popular que desborda a la clase obrera y no puede ser depositada en un destino histórico exclusivo de esa clase. Esta lucha, necesariamente, tendrá que ser el resultado de un movimiento democrático y socialmente heterogéneo de masas. Marmora señaló la carga de esta herencia en los movimientos socialistas que consideraron a la burguesía liberal y al proletariado moderno como los únicos sujetos sociales posibles y necesarios de todo cambio real (El concepto socialista de nación, México, Cuadernos de Pasado y Presente, 1986.)

José Carlos Mariátegui fue uno de los pocos pensadores marxistas que comprendieron la importancia de los pueblos indios en una articulación socialista y revolucionaria con otros sectores sociales y culturales de nuestros ámbitos nacionales. Lamentablemente, esta tradición fue opacada por las corrientes neocolonialistas y eurocéntricas que prevalecieron en la mayoría de las organizaciones y partidos políticos de la izquierda, que no se interesan en los movimientos indígenas hasta que no irrumpen con la fuerza de las armas, o de sus incursiones masivas en la política, y –por lo que se observa– son renuentes a reconocer las visibles aportaciones de los pueblos indígenas en la construcción del socialismo del siglo XXI. En esta tarea participarán, no sólo como aliados tácticos sino a largo plazo, otros sectores sociales y socio-étnicos, y no sólo los enmarcados tradicionalmente en la izquierda o en el movimiento obrero. Asimismo, la articulación interna de este movimiento al socialismo no se ubica exclusivamente en el ámbito económico, en los intereses materiales objetivos de un grupo o clase social, o de la combinación y compromiso entre varios de ellos, sino también a nivel subjetivo, ideológico y cultural.

jueves, diciembre 11, 2008

Tierra Caliente


1er Congreso de Pueblos de Tierra Caliente.


El 1er. Congreso de los Pueblos de Tierra Caliente habría de celebrarse el 22 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en San Juan Acatitlán, municipio de Luvianos, Edo de México. Saliendo desde el DF por autobús se haría un recorrido de 5 horas; otra opción era encontrarnos en Toluca, a las 6 A.M. frente al Palacio Municipal donde estaría un autobús para prensa e invitados que nos llevaría al lugar del congreso. Escogimos esta última alternativa y llegamos a tiempo atravesando las calles en la oscura pero sobre todo helada mañana a contrapelo del sentido común que nos sugería no andar en la intemperie y que seguramente actuó de similar manera en el resto de pasajeros que fueron apersonándose tardíamente. Finalmente partimos hacia nuestro destino a través de una carretera que partía la sierra en dos: la parte alta, tupido bosque de coníferas, hacia abajo, precipicios donde de vez en vez se apreciaba un caserío en el pequeño valle al fondo. Lentamente el paisaje y el clima fueron cambiando; los pinos dieron paso a árboles de redondo follaje y maizales, y después de tres horas San Juan Acatitlán hizo honor a la denominación de tierra caliente: el sol nos recibió en demasía y hubimos de dejar nuestros avíos de invierno en el autobús.

El Congreso es convocado por pueblos de los municipios de la región de Tierra Caliente que abarca los estados de México, Morelia y Guerrero. Sebastián Aguilar, como representante de la comunidad anfitriona del evento fue el primero en participar agradeciendo la presencia y el apoyo del resto de convocantes y compañeros de la mesa, señalando que fue posible la celebración del congreso después de 4 años intentándolo y como resultado de la necesidad de las diversas comunidades ante la pobreza y problemas que los diferentes pueblos tienen que enfrentar en relación a sus recursos naturales, contaminación, expropiación, etc. Hace alusión a Zapata como “nuestro padre de la tierra”. Están presentes en la mesa organizadora y que coordina los trabajos, además del propio Sebastián, el presidente municipal de Otzoloapan y el representante de bienes comunales de Luvianos, del estado de México, delegados de los estado de Guerrero y Michoacán, de éste último por cierto un muy joven director de ecología del municipio de Tuzantla, y don Saúl Roque, representante distinguido del Consejo de Pueblos del estado de Morelos, que va al frente de una delegación de esas comunidades y es quien inaugura el evento. También están presentes al frente de la asamblea dos académicos que aportarán sus conocimientos sobre el tema de los recursos naturales, fundamentalmente el agua, la problemática regional, nacional e internacional de este recurso: el Dr. David Bahena, de la UNAM y el Dr. Fermín Carreño, de la UAEM.

Ante una asistencia de más de 200 delegados provenientes de 20 o más comunidades, se inician los trabajos; es importante resaltar lo esperanzador que resulta la concurrencia al evento de un buen número de jóvenes de la comunidad. Después de las presentaciones, saludos e intervenciones de los miembros de la mesa, participan delegados de los diferentes pueblos; los conflictos que tienen que resolver son similares entre las diferentes comunidades, disminución o contaminación de los bienes naturales de los pueblos. Cutzamala es ejemplo de una comunidad que ve reducida su capacidad acuífera por el traslado al Edo. de México y al DF de importantes volúmenes que proceden de su territorio. Sugieren la búsqueda de una solución científica de parte de expertos de las universidades para que se pueda abastecer, mediante los procesos necesarios, de agua de mar a las grandes poblaciones y se les deje a las comunidades originarias el agua de sus ríos y arroyos, o al menos no se les castigue tanto. Temascaltepec se encontraba en situación parecida. Del predio López de Mejía, Morelos y de Tuzantla, Michoacán se hace referencia a la existencia de tiraderos de basura a cielo abierto, en cañadas o en territorios vecinos, que logran acabar con especies naturales y contaminar las aguas de los ríos. De San Simón de Guerrero la denuncia de un proyecto de 396 hectáreas para uso de una empresa minera de oro y plata, con el aval vergonzoso, según aclara el compañero participante, del representante de los bienes comunales; tal acto propiciará la contaminación por cianuro debido a la lixiviación de los residuos de la producción minera. Del Consejo de Pueblos de Morelos, el ejemplo de cómo estas organizaciones en defensa del patrimonio de las comunidades puede darse y fortalecerse: si empezaron con 13 pueblos el año pasado, hoy ya son alrededor de 70; un compañero de Xoxocotla denuncia la agresión de las policías y fuerzas armadas a su entidad.

Más delegados e invitados presentan sus saludos y solidaridad ante los pueblos del Congreso, de Santa Catarina (compañero que da su mensaje en náhuatl), Tejupilco, Pungarabato, Huetamo, de organizaciones varias: el Consejo de Pueblos de Morelos, de Casifop, Comumex, el FTE, Unidad Patriótica, la Comisión de RCP de N.L., etc.

Alguno de los delegados pregunta cómo a partir de estos románticos de la vida será posible cambiar las cosas. Todos están de acuerdo que no hay más modo que la lucha, la unión, la sincronización de estrategias para hacer frente a quienes buscan despojarlos de sus recursos naturales y violentar sus derechos humanos. A partir de la presentación de las problemáticas y la evidencia de la necesidad de luchar de manera organizada y conjunta, se presenta la propuesta de constituirse en Consejo, con los pueblos presentes y con los que se vayan sumando en el proceso, por la defensa del patrimonio de los pueblos no sólo en cuanto a recursos naturales sino a los bienes culturales: tradiciones, lengua, música, comida. Con el requerimiento de convencer a los otros, especialmente a los jóvenes que serán los que deberán aprender para proseguir combatiendo a un sistema que arrolla y arrebata sin consideración a los muchos, mediante la privatización de recursos materiales pero también la privatización de la conciencia y la voluntad. Ante el acuerdo de los presentes se pone a consideración una propuesta de principios y estructura de lo que será el Consejo, la cual se discute, se le proponen adiciones, se corrige, y finalmente se vota. Asimismo se hacen propuestas para los que serán miembros del Consejo que representarán a sus pueblos, en el entendido de que serán los pueblos quienes se manifestarán en asambleas locales y serán quienes tomarán finalmente las decisiones que correspondan. Se debe procurar compartir experiencias, formas de lucha, unificar voluntades y promover apoyo mutuo para la defensa de las comunidades; también es necesaria la constitución de expresiones democráticas para combatir las privatizaciones y en defensa de los derechos humanos, políticos, sociales.

Le toca nuevamente a don Saúl Roque, del Consejo de Pueblos de Morelos tomar la protesta a los recién designados miembros del Consejo. El presidente municipal de Otzoloapan da por terminados los trabajos. Se entona el Himno Nacional y el evento finaliza con un tono de fiesta amenizado por la característica música de Tierra Caliente. Las compañeras de la comunidad del comité organizador se han esmerado en preparar una deliciosa comida para todos los presentes, así que terminamos departiendo y compartiendo, con una íntima satisfacción y orgullo por la decisión y capacidad de estos pueblos de construir canales de acción conjunta para hacer frente a los embates que sufren a diario sus comunidades.

Si esto lo pueden hacer los pueblos ligados a la tierra, ¿será posible que desde la vida urbana podamos formar frentes similares? ¿Le podremos ganar al individualismo, la competitividad, el consumismo, la indiferencia, el sectarismo? ¿Tendremos remedio en una ciudad como la nuestra, tan refractaria a las luchas sociales? Más vale que sí.

Al menos, ver estos ejemplos nos sirve de aliciente y nos renueva las baterías, algo que tanta falta hace en el diario devenir de una ciudad que no decide a sacudirse el letargo y la complacencia ante los desmanes perpetrados en su contra.


María Elena Padilla

Comisión de Resistencia Civil Pacífica en N.L.

1er Congreso de Pueblos de Tierra Caliente

2009: OFICIALISMO VS IZQUIERDA


Luis Linares Zapata

La Jornada, 10 de diciembre de 2008

Las elecciones intermedias encuentran su mayor significado cuando preparan bien las presidenciales siguientes y legitiman (o no) a la administración en turno. Aun así, los actores políticos se aprestan, con sus mejores instrumentos y personal, a entrar a la batalla que definirá resultados. Poco se deja al azar.

Y poco de lo que sucede en el periodo de incubación queda fuera de sus considerandos y tramoyas. Nadie puede llamarse a engaño ni suponer otra motivación en los partidos que la conquista de curules y, cuando coinciden con las elecciones federales, algunas gubernaturas, ayuntamientos y diputaciones locales.

El oficialismo ya presentó su cuerpo de ataque. Tanto el PRI como el PAN celebraron sus convenciones y han dado la voz de arranque a sus militantes y apoyadores. La izquierda, aún dividida, también se apresta a dejar su huella inscrita en el ámbito público. Huelga decir que esta trifulca intermedia será decidida a favor del oficialismo, en cualquiera de sus dos versiones. La izquierda muestra, sin recato, dos frentes que la debilitan: uno tan cercano al oficialismo que la desdibuja como tal y, el otro, en la férrea oposición al modelo imperante que defiende y empuja la conocida alianza del PRIAN.

Los temas que dominarán la contienda también están ya dibujados en el horizonte: inseguridad y crisis económica. En ellos quedará atrapada la opinión colectiva y de ellos dependerá, si los tratan con precisión y estilo, el agrupamiento vencedor. De la coherencia de los rivales políticos con los sentimientos y necesidades populares dependerá el grado o la magnitud de las simpatías coaguladas en votos.

La administración del señor Calderón quedará atrapada en fuegos simultáneos y desde distintas posiciones, pues cojea, y mucho, en ambos aspectos. Difícilmente puede encontrarse un caso, en el mundo, más vulnerable en estos temas que el panismo como partido gobernante. Y, por derivada consecuente, el priísmo colaborador también quedará enredado en la disputa. ¿Dónde hay tantos degollados, acribillados a tiros, ensabanados o torturados como en este país? ¿En qué lugar del mundo puede verse una continuidad de modelo económico tan ruinoso como la que empujan los que alegan gobernar aquí?

Para diferenciarse, aunque sea en el discurso, el PRI ha dado cobijo a la insensata propuesta de la pena de muerte que circula por estos aciagos días. Saben los dirigentes del priísmo que es una rendija cínica por la cual pueden colar sus pretensiones de alzarse con la mayoría calificada en la cámara baja. Se han esforzado en presentarse ante los ciudadanos como los personajes que saben cómo dar seguridad y controlar al crimen organizado.

Una presunción por demás alocada y carente de base, pero susceptible de ser manejada, a su favor, en la propaganda. Pero en el terreno económico nadie, que no sea la izquierda realmente opositora, puede reclamar un lugar distinto porque ha venido proponiendo un programa alterno y viable. Todos los demás están ensartados en la continuidad neoliberal que ha fracasado con estrépito. Y los que, de esa izquierda, se definen como negociadores o modernos, quedan incluidos en posiciones de franco rechazo colectivo.

Ya bien entrada la discusión en Estados Unidos por el cambio de ruta en medio de la mayor crisis de su historia reciente, el señor Calderón se pasea titubeante por el escenario interno y el latinoamericano. A veces opina que se debe dar por terminado el modelo que impone los balances del mercado sin regulaciones y, en otras, que no hay que apresurarse en ese sentido.

El mismo cónclave financiero de estos pasados días (Bolsa de Valores) recaló en afirmar la fortaleza de un mercado accionario que da tumbos por doquier. En apresurado consenso, los banqueros y demás financieros (públicos y privados) buscan resituar los instrumentos que dieron al traste con la famosa estabilidad de los mercados globales.

Ahí, en ese foro, el señor Calderón todavía sostuvo que regular puede ser nocivo y que está atento a lo que pueda pasar. Habla de proteger el salario y el empleo, pero no formula plan alguno y permanece pasivo ante los atropellos de banqueros (intereses) y demás monopolistas nacionales con sus precios inflados. Mientras, en otro lado, Barack Obama y el Congreso de ese país discuten el plan de restructuración de la industria automotriz que, para ellos, significa rescatar uno por ciento de su PIB.

En este México dubitativo se está a la espera de esas (y de otras) decisiones, aun cuando esa misma rama significa el 6 por ciento del PIB. El monto y la profundidad de la afectación serán, por tanto, muy distintos en ambos lados de la frontera, aun cuando el señor Calderón haya dicho que no abrirá el TLC. Todavía al final de este año, con la tormenta ya encima, es la hora en que el gobierno mexicano sigue atolondrado. La búsqueda del recién nombrado secretario de Economía continúa por los pasillos de palacio y por las cámaras de industria, comercio o servicios sin que den con su nombre, paradero e intenciones.

Con ese pesado bagaje sobre los hombros, el oficialismo derechoso se encamina a las venideras elecciones. La izquierda, por su lado, sigue enfrascada en sus dilemas de ruptura o continuidad forzada que pocos entienden. ¡Qué desperdicio de oportunidades!

¿QUÉ HACER?


Rogelio Ramírez de la O

El Universal, 10 de diciembre de 2008

Estados Unidos lucha con todo para no caer en una depresión, pero aun con cuantiosos recursos para apoyar a bancos y consumidores, la crisis tiene su propia espiral y será difícil cambiar su dirección. El desempleo en ese país puede llegar a dos dígitos en 2009.

Si aun con buenos tiempos americanos México no creció en los últimos 30 años más de 2.5% sostenidamente, el resultado sería desastroso si el gobierno no hace nada. Con el agravante de falta de empleo para medio millón de trabajadores que cada año emigraban a Estados Unidos.

Desde luego, ninguna política económica podrá impedir una recesión. Pero el gobierno podría suavizarla con medidas no muy difíciles de aplicar. Debería apoyar a productores, frenar una espiral de inflación y reforzar los programas sociales.

Para los productores la renovación de créditos es vital. El apoyo lo inició el gobierno con créditos de Nafin y de la Sociedad Hipotecaria Federal. Debe aumentarlo, pero también hacerlo transparente y sentar criterios uniformes que garanticen que no sólo apoyará a sus amigos. Esto porque los recursos no van a alcanzar para todas las empresas que los necesitan. Con el antecedente de Fobaproa, otro rescate viciado por conflictos de interés sería ignominioso. Estados Unidos ofrece una buena guía: se apoya a los grupos a cambio de acciones preferentes, mismas que garantizan que algún día se podrá recuperar el dinero de los contribuyentes.

La devaluación del peso va a causar mayor inflación. Si ésta se sale de control complicará todo. El gobierno puede y debe llamar a un pacto de moderación y poner por delante la reducción de los precios de gasolina, electricidad y gas. Y en paralelo exigir al sector privado que modere sus alzas. Debería derogar el IETU, que a estas alturas resulta perverso, pues no permite la deducción de intereses sobre la deuda o las pérdidas cambiarias. Aparentemente se diseñó con una economía ideal en mente.

El déficit fiscal aumentará aun si el gobierno no hace nada, pues las presiones para otorgar apoyos se van a multiplicar. Sería mejor tener un programa establecido y no gastar según las presiones del día.

También debería exigir la reducción de precios que en México son injustificadamente superiores a los de Estados Unidos. Éstos no son de toda la industria, sino los precios de monopolios. Si el gobierno reduce la energía, puede exigir que bajen el cemento, las telecomunicaciones, el pan, el transporte aéreo y los servicios bancarios y financieros, incluyendo las comisiones de las afores. Una reducción significativa de estos precios sería como una transfusión sanguínea a la economía.

La devaluación del peso muy probablemente aumente, dado lo precario de la cuenta externa. En 2009 la cuenta externa del gobierno va a empeorar por el menor ingreso petrolero. La cuenta externa privada también va a empeorar por los numerosos vencimientos de deuda de las empresas, la falta de crédito externo y la caída de exportaciones y de remesas. Será un golpe al poder adquisitivo de las familias y por eso se requiere que los programas sociales apoyen alimentos, pequeños productores y trabajadores de las ciudades, en donde el mayor desempleo podría ser alarmante.

Esto no es más que la repartición de una carga extraordinaria entre sectores, lo único lógico para la tarea gubernamental en una crisis. Ponen su parte el gobierno, las utilidades de monopolios, los salarios y la mayoría que debe aceptar menor bienestar. Es posible, desde luego, si el gobierno reconoce que hay una crisis.

LA DERECHA, UNA AMENAZA PARA LOS DERECHOS HUMANOS


Laura Itzel Castillo,

secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del gobierno legítimo de México

El Gráfico, 10 de diciembre de 2008

Hoy se cumplen 60 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). A seis décadas de distancia, en México este reconocimiento sigue siendo letra muerta. A diario se producen violaciones a estos preceptos en el ámbito humano, laboral, económico y social. En nuestro país, el derecho a una vivienda digna es una prerrogativa constitucional que el Estado no cumple. Por el contrario, el modelo neoliberal, agravado con los gobiernos de derecha, ha reducido esta garantía social a nivel de mercancía.

Desde su constitución, en junio de 2007, el Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV) ha venido denunciando de forma documentada un conjunto de irregularidades en la administración de miles de créditos del Infonavit —organismo que desde los 70 ha construido alrededor de 70% de las viviendas de los trabajadores— sin que hasta la fecha exista una acción institucional que las corrija de fondo.

Por ejemplo, hemos señalado que un empresario gallego, David Leopoldo Sánchez-Tembleque Cayazzo, en su calidad de “no inmigrado visitante” y como subdirector general de Planeación y Finanzas de Infonavit, vendió indebidamente en 2006 más de 54 mil créditos quebrados a dos empresas trasnacionales, SCARP II y CAPMARK, en promedio a 15% del valor de cada casa, es decir a 25 mil pesos. Estas dos corporaciones aterrorizan extrajudicialmente a los legítimos propietarios para forzarlos a pagar de 300 a 600 mil pesos por cada vivienda, hasta lograr desalojarlos. Situación igual ocurre con los despachos de cobranza que tiene contratados el Instituto. Para frenar estos abusos, el Consejo conmemora la DUDH manifestándose hoy en distintas partes del país. En esta ciudad lo hace a las 10 a.m. en las instalaciones de SCRAP II, ubicadas en Paseo de la Reforma 404.

Reitero que la principal garantía de los créditos que otorga el Infonavit es el empleo, derivada de una obligación patronal que forma parte esencial del sistema de previsión social constitucional. Es decir, a los trabajadores en activo se les descuenta de su nómina el pago del préstamo.

El problema comienza cuando pierden su trabajo, y más porque el Infonavit castiga esto con convenios leoninos y viciados de origen, que obligan al trabajador a destinar 35% de su último salario al pago del crédito. La cartera vencida del Instituto, que en los últimos meses creció en más de 20%, es un mejor indicador que las tasas de desempleo que difunde el INEGI.

Ante tal situación se requiere un programa que prorrogue sin intereses el cobro a los empleados que serán despedidos, producto de la recesión. Tal es el caso del despido anunciado de 12 mil trabajadores por parte de la empresa Altos Hornos de México.

MANIFIESTO CONTRA TELEVISA EMPRESA ABUSIVA


Manifiesto

DI NO A TELEVISA Y MEJOR ABRE UN LIBRO.



TELEVISA concentra una desproporcionada cantidad de frecuencias, estaciones y modalidades de televisión abierta y de paga.

La mayor parte de los recursos de las campañas políticas que todos pagamos con impuestos terminan enriqueciendo a TELEVISA.

La mayoría de los programas de TELEVISA fomentan la enajenación y el embrutecimiento.

Todos los partidos políticos han dado muestra de sometimiento o temor ante TELEVISA, por lo que no integran ni en sus plataformas ni en sus acciones nada que permita acotar su desmedido poder e influencia.

Con honrosísimas pero muy escasas excepciones, la mayor parte de los funcionarios, legisladores y jueces de todos los ámbitos temen las represalias de TELEVISA y temen ser despedazados mediáticamente por ella, por lo que prácticamente nunca accionan contra sus intereses y en cambio suelen favorecerla, incluso violando la ley.

Del mismo modo, la mayor parte de los llamados "intelectuales" del país ha sucumbido obsequiosamente a dejarse cooptar por el consorcio, con el fin de tener presencia en su pantalla, por lo cual no ejercen ningún tipo de crítica a TELEVISA

La sociedad se ha podido percatar, por los acontecimientos recientes en materia de salas de apuesta y de la llamada Ley Televisa, que el poder del consorcio es tal que se impone sin contrapesos por sobre el poder ejecutivo federal y por sobre la mayoría en el poder legislativo.

El manejo periodístico, la atención y el tratamiento de temas que no convengan a los intereses de TELEVISA simplemente no son abordados, por lo que priva una gran parcialidad y la libertad de expresión es en la práctica usurpada por el consorcio, dejando sin voz a la sociedad..

Los efectos prácticos del accionar de TELEVISA tienen efectos embrutecedores.

TELEVISA ha promovido a través de sus contenidos una desmedida influencia extranjerizante, mercantilista, frívola, clasista, racista, y de desigualdad que acentúa las contradicciones y los problemas sociales del país, atentando contra el auto-concepto de las etnias indígenas y mestizas mediante la reproducción sutil pero perniciosa y sistemática de un orden prácticamente de castas que privilegia a los extranjerizados en detrimento de las mayorías indias y mestizas del país.

TELEVISA ha privilegiado la mercantilización del deporte y por lo tanto su sano desarrollo no ha sido posible.

En el colmo de lo pernicioso, TELEVISA pretende ahora convertirse en el casinero más importante del país, pues de manera corrupta y turbia el gobierno de Fox, a cambio de favorecer en la pantalla al candidato presidencial del Partido Acción Nacional, le ha otorgado permisos para salas de apuesta.

Los efectos nocivos de la operación conjunta salas de apuesta-televisión para la sociedad mexicana serán onerosísimos

Por lo anterior, la Organización Social DI NO A LOS CASINOS, consciente de su responsabilidad social, y ante la inoperancia de las instituciones oficiales, se une al llamado que han hecho destacados senadores, académicos y ciudadanos para denunciar la llamada Ley Televisa, y para alertar a la sociedad mexicana acerca de los perniciosos efectos que los contenidos y prepotentes prácticas del consorcio suponen para la sociedad mexicana. Para tal efecto nuestra agrupación saluda el dar vida a partir de hoy a nuestra hermana Organización Social

"DI NO A TELEVISA Y MEJOR ABRE UN LIBRO."

Por tanto:

CONVOCAMOS:

A formar un amplio espectro de actores y proponentes para permanentemente analizar, discutir y evaluar las actividades de TELEVISA y su impacto en el país.

A que los académicos, investigadores, estudiantes, educadores, las universidades e instituciones de investigación, los legisladores, funcionarios y jueces honestos, las organizaciones de la sociedad civil, los padres de familia, las comunidades y organizaciones indígenas, los intelectuales honestos, las instituciones promotoras de la cultura, las instituciones y órganos democráticos, las editoriales, asociaciones, clubes de lectura y las empresas bien intencionadas luchemos juntos para lograr una legislación electoral; de radio y televisión; de telecomunicaciones; y de juegos y sorteos, que privilegie el interés colectivo y que acote el poder salvaje y sin contrapeso que actualmente tiene TELEVISA.

A evaluar, proponer y legislar sobre los tiempos de televisión en las campañas políticas.

A luchar por que se legisle sobre los contenidos televisivos para favorecer a todos los ciudadanos y no sólo a merced de lo que dicta el consorcio.

A proponer el fomento del sano hábito de la lectura, con vistas a elevar el nivel cultural del pueblo mexicano y salvarlo así de las garras de los mercaderes del embrutecimiento, que quisieran acentuar la postración intelectual de la sociedad con vistas a mantener su hegemonía económica y política mediante el fomento de adicciones.

ATENTAMENTE:

Daniel Olivares Villagómez