sábado, marzo 05, 2011

Solicitud urgente de firmas - Caso Radio Ñomndaa

Solicitud urgente de firmas - Caso Radio Ñomndaa

Viernes 4 de marzo de 2011
por Comité Cerezo

Popularidad : 100%

Favor de mandar sus firmas antes de la 12:00 del mediodía del sábado 05 de marzo. A iniciativa de la Organización de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan», les solicitamos de manera urgente su firma en apoyo al caso de los compañeros de la Radio Ñomndaa.

Estimados compañeros, amigos y personas solidarias:

A iniciativa de la Organización de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", les solicitamos de manera urgente su firma en apoyo al caso de los compañeros de la Radio Ñomndaa.

Como es de tu conocimiento, el pasado 21 de febrero, se llevó a cabo la audiencia de vista en el caso de los compañeros Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, integrantes de la Radio comunitaria Ñomndaa, en seguimiento al recurso de revisión que se presentó en el 2010, después de que se les emitió sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa de mil 753 pesos por el delito de privación de la libertad.

Favor de mandar sus firmas antes de la 12:00 del mediodía del sábado 05 de marzo

Si estás de acuerdo con la carta como persona u organización mándanos tu firma: (nombre/país) para ser entregada al Juez o imprime, firma y envíala por fax al (01)747-472-2137

Por su solidaridad con los compañeros de Radio Ñomndaa

Mil gracias
Comité Cerezo México

Texto de la carta
07 de febrero de 2011

Toca Penal: I-88/2011

MC. EDMUNDO ROMÁN PINZÓN

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE GUERRERO

PRESENTE

Las organizaciones y personas, abajo firmantes, dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, queremos hacer de su conocimiento nuestro interés respecto a la revisión de la decisión de la Causa Penal 110-III/2004 por privación de la libertad, decidida en contra de Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, que en los próximos días el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo deberá de realizar.

Tenemos conocimiento que después de seis años de proceso, el 10 de septiembre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal con sede en Ometepec, emitió sentencia condenatoria de 3 años y 2 meses de cárcel y el pago de una multa de mil 753 pesos en contra de los defensores de derechos humanos. Dicha resolución a cargo del Juez Derly Arnado Alderete Cruz, de la Instancia del Ramo de lo Penal con sede en Ometepec, perteneciente al Distrito de Abasolo, presenta diversas irregularidades. Por ejemplo, el Juez no valoró que el supuesto agraviado, el Sr. Narciso García Valtierra en su declaración, que constata en las diligencias, declaró no conocer a los acusados y que no fue privado de su libertad.

Por lo anterior, el 27 de septiembre de 2010 Genaro Cruz Apóstol, Silverio Matías Domínguez y David Valtierra, presentaron el recurso de apelación en contra de la sentencia. El recurso fue admitido y la fecha fijada para desahogar la audiencia de vista, que se llevó a cabo el pasado 21 de febrero de 2011 en la cual se ofrecieron los agravios que cometió el Juez al emitir su sentencia.

Silverio Matías Domínguez y David Valtierra Arango, son defensores de derechos humanos del Pueblo Nanncue Ñomndaa en Suljaa’ (Xochistlahuaca) e integrantes de la Radio Comunitaria Ñomndaa. Asimismo, Genaro Cruz Apóstol, fungió como comisariado ejidal de Xochistlahuaca. La labor de ambos defensores, ha sido y resulta fundamental en la región, así como el trabajo que realizan a favor de su pueblo, razón por la cual su proceso será seguido por la comunidad internacional.

Es por todo lo anterior, que le pedimos atentamente que analice el caso a detalle, dentro de los parámetros de tiempo marcados en la ley y en estricto apego a Derecho, incluyendo los Tratados Internacionales competentes. Agradeciendo de antemano su pronta atención ante estos hechos, quedamos a la espera de su pronto respuesta.

Atentamente

Organizaciones: Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (FEDEFAM), Comité Cerezo México, Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P." A.C., Otros Mundos AC-Chiapas, Colectivo Utopía-Puebla, Revista la Guirnalda Polar, Amig@s de Mumia de México

Personas: Clara Gabriela Meyra Segura, José Mendiola Esquivel, Adazahira Chávez, Emilio Martínez Ramírez, Brenda Aguirre González-Veracruz, Carolina Oropeza, poeta José Tlatelpas, Maestro Enrique F. Trigueros, Teresa Avila Rivera, Múnich-Alemania, Mónica Soto Elízaga, Hermosillo-Sonora, Samuel Cielo Canales, Diego López Curado, Valencia-España, Yolanda Castro Apreza, Cuauhtémoc Miguel Pablo


Para adherirse Ir a: http://www.espora.org/comitecerezo/spip.php?article859#forum969


Gracias

viernes, marzo 04, 2011

Mítin en Monterrey. Alianza de Usuarios

ALIANZA DE USUARIOS DEL TRANSPORTE URBANO

MÍTIN

TEMA: INFORMAR A LOS USUARIOS SOBRE EL ESCRITO PRESENTADO AL GOBERNADOR
PARA LA CANCELACIÓN DE LA TARJETA FERIA.



FECHA: 5 DE MARZO DEL 2011

LUGAR: MERCADO JUÁREZ (JUÁREZ Y ARAMBERRI), Centro de Monterrey

HORA: 11:30 A. M.


INFORMES: 11 13 96 39


A un año de la muerte del defensor de DH en Chihuahua


Realizan indígenas manifestación y ritual por aniversario luctuoso Ernesto Rabago en Chihuahua buscan justicia

En este blog se publicó una Acción Urgente para exigir el esclarecimiento del asesinato, justicia y cese de hostigamiento a su familia y abogado:

http://resistenciacivilpacificaennl.blogspot.com/2011/02/accion-urgente.html




La sumisión de México ante USA, debido a la sumisión de Calderón ante Obama


Carretera 57

Luis Javier Garrido

L
a patética entrevista de Felipe Calderón con Barack Obama ayer en la Casa Blanca confirma el viraje radical que ha ocurrido en las relaciones de México con Estados Unidos durante los gobiernos de la ultraderecha, que están teniendo un nuevo momento de quiebre tras dos acontecimientos: la publicación de los cables de Wikileaks por La Jornada, desde el 10 de febrero, y lo acontecido en la carretera federal 57, el 15 de febrero, que como lo subrayan los medios estadunidenses, fueron los dos factores que llevaron a Washington a citar con urgencia a Calderón.

1. México se halla cada vez más en una encrucijada, pero ni las fuerzas políticas y sociales ni los medios masivos de comunicación parecen darse cuenta de la gravedad de lo que está aconteciendo en nuestro país al entregar ya los panistas sin reservas a Estados Unidos no nada más las riquezas estratégicas de nuestro país –y en particular el petróleo–, sino el control absoluto de áreas importantes del aparato estatal y funciones de gobierno.

2. La agresiva política imperial con la cual Estados Unidos busca salir de la grave crisis financiera, económica, política y moral en la que se hunde –y que ha sido la misma en la administración del demócrata Barack W. Obama que en la de su predecesor republicano George W. Bush–, hubiera requerido tener en México al frente del Estado a funcionarios patriotas, con una visión nacional de largo alcance y una concepción del Estado y de la legalidad –como acontece en varios países de América Latina– y no, como está aconteciendo, a un puñado de yuppies conservadores vinculados a las multinacionales, que de manera impune han hecho del país su botín personal para librarse a todo género de negocios sin importarles entregarlo a Washington y al capital trasnacional a fin de sobrevivir como gobierno, como está aconteciendo.

3. El significado del fraude de 2006 es ahora más evidente que nunca al conocerse mejor y en detalle el tenor de las relaciones de México con Washington, pues lo que acordó entonces Estados Unidos con Calderón fue respaldarlo para que se instalase en la silla presidencial, por muy descomunal que hubiese sido el fraude, a cambio de que el nuevo gobierno panista por un lado les entregara sin reservas el control de los recursos básicos del país, y de manera explícita el petróleo, y por el otro les permitiese una gestión más directa de las políticas internas de México para acelerar el desmantelamiento del Estado surgido de la Revolución Mexicana –aunque ambas cosas estuviesen de manera tajante impedidas por la Constitución de 1917–, por lo que los halcones washingtonianos impusieron a Calderón la estrategia de la seudo guerra “contra el narco”, a fin de alcanzar esos objetivos.

4. Los medios estadunidenses no ocultaron el sentido de la entrevista, y mientras la prensa oficialista mexicana insistía en que se trataba de ponderar las relaciones económicas, allá se señaló con claridad que era para analizar los temas de seguridad (de Estados Unidos, naturalmente), y en particular para tratar lo relativo a la petición de que los agentes estadunidenses de todas las corporaciones que actúan ya en nuestro territorio estén en lo sucesivo armados, luego de la muerte del agente de Estados Unidos Jaime Zapata el 15 de febrero en la carretera federal 57, cerca de Ojo Caliente, en San Luis Potosí.

5. La presencia de Zapata, como la de otros cientos de agentes, de más de una docena de corporaciones gubernamentales estadunidenses, que campantes han actuado ejerciendo actos de autoridad en territorio mexicano, es como se sabe violatoria de la Constitución y de las leyes de nuestro país, pues ningún poder u órgano del Estado tiene facultades para permitirles actuar en México, ni mucho menos para negociar esto a nivel internacional. El cierre que hizo la FBI de esa carretera federal el 18 de febrero para reconstruir los hechos, acontecimiento de extraordinaria gravedad, da cuenta de la ilegalidad y prepotencia con la que se está actuando.

6. La entrevista de ayer no fue por lo tanto para cambiar las políticas sino para disimular el entreguismo creciente del gobierno mexicano. Lo que está deteriorado no son las relaciones entre los gobiernos de Obama y de Calderón, que no son otra cosa que las relaciones entre un poder imperial y un gobierno que funge como su marioneta; lo que está deteriorado son las políticas de simulación y de mentira de ambos gobiernos en torno a la violencia que han desatado en México, con el pretexto de una supuesta guerra “contra el narco”, que ha costado la vida a decenas de miles de mexicanos (y a menos de diez estadunidenses), y en la que muy pocos creen ya, y que los cables del Departamento de Estado entregados por Wikileaks a La Jornada para su publicación están contribuyendo a evidenciar en toda su perversidad. La CNN lo decía con claridad el miércoles 3, señalando que el motivo de la cita de Calderón con Obama era “generar un clima de tranquilidad luego de las filtraciones de Wikileaks”.

7. La invitación de Obama buscaba por otro lado lo que resulta imposible: levantar la imagen del individuo que les ha entregado todo y que ahora se halla en un creciente desprestigio tras lo acontecido en la carretera 57 y los cables de Wikileaks, que tanto han enervado a Calderón, pero muy poco lo logró con sus palabras de coba. El panista intentó fallidamente en una entrevista a El Universal del 22 de febrero refutar con una aparente crítica al embajador estadunidense Carlos Pascual por el desdén y menosprecio con que se refiere a él en los cables y por la visión general que se desprende en ellos, pues aparece como un gobernante débil que a pesar de su sumisión a la Casa Blanca y al embajador estadunidense es ineficaz e incompetente por lo que, según se ha venido argumentando desde allá, Washington requiere llevar a cabo una intervención más directa en los asuntos internos de México, y ahora tras el viaje del panista esa visión de su sumisión e incompetencia no cambió en mucho.

8. Los deslices de Obama y de Calderón en la conferencia de prensa que brindaron tras su encuentro de dos horas no les permitieron empero generar una imagen distinta de la ya establecida con los hechos, los cuales evidencian todos los días que la violencia irracional desatada en México, y de la que son responsables ambos gobiernos, busca lograr una cada vez mayor subordinación de México hacia Washington, que está llevando a nuestro país a convertirse en un absoluto protectorado. Obama subrayó por ejemplo que algo fundamental en la nueva relación era el hecho de que gracias a las políticas de Calderón nos sea más fácil hacer negocios en México, aludiendo a la entrega de la industria petrolera, mientras Calderón se enorgulleció en reiterar que uno de sus grandes logros es que la política exterior de México se halle ya por completo subordinada a la de Washington, como se ve en los acontecimientos del norte de África y del Medio Oriente, adonde ahora México avala plenamente la injerencia estadunidense.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks



miércoles, marzo 02, 2011

La unidad y organización sí sirve



Trabajadores del INAH detienen la militarización de sus centros de trabajo

Luego de tres días de negociaciones, marchas, mitines y recolección de firmas, representantes del INAH y la SEP frente al sindicato del INAH acordarón que no entrará la Policia Federal a los recintos culturales que custodia el INAH, lo cual representaría un inteno más del gobierno de Calderón por militarizar el país.

La delegación D-III-24, administrativos, técnicos y manuales del INAH pertenecientes a la sección XI del CNTE, impidió que la PF entrara a los museos, zonas arqueológicas, monumentos históricos y escuelas como la ENAH. El triunfo se debió principalmente a la movilización y solidaridad de organizaciones, estudiantes y personas independientes; cabe destacar que este sindicato demostró que la democracia sindical se practica con la democracia al interior, como ejemplo, las negociaciones se llevaron a cabo a puertas abiertas, incluso se transmitió por la red, así como la claridad de su dirección política al buscar acuerdos con la base lo que impide la corrupción, como desgraciadamente se da en sindicatos supuestamente democráticos.


El grito del pueblo tuvo la fortuna de presenciar este triunfo, esperando que todos podamos sacar lecciones para sumar luchas triunfantes, para construir organizaciones democráticas y en general tener mejores condiciones laborales y de vida. Los invitamos a ver este video que es testimonio de una victoria más de los trabajadores.






Los cárteles, más fuertes que nunca o las mentiras de Calderón



Los cárteles, más fuertes que nunca

Compatible con el diagnóstico que presentó la Sedena ante los diputados, el mapa del narcotráfico se reconfigura con el cártel de Sinaloa a la cabeza. Pese a los embates de las fuerzas federales, los cárteles de la droga que operan en México parecen estar más fuertes que nunca...

Domingo, 27 de Febrero de 2011

RICARDO RAVELO

MÉXICO, DF.- La guerra contra el narcotráfico iniciada por la administración calderonista hace poco más de cuatro años sólo ha servido para que los cárteles mexicanos refuercen sus estructuras y tejan alianzas, pero sobre todo para que extiendan sus dominios en todo el territorio nacional. Hoy, las propias autoridades admiten que han fracasado en su intento por frenar la escalada de violencia.

A 22 meses de que concluya la presenta administración, inmersa en la guerra contra el narcotráfico, los cárteles controlan ya 71% de los municipios del país, según el estudio realizado por el Senado a fines de 2010.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, quien lleva 10 años al frente de las tareas de seguridad, reconoció el martes 1 de febrero, ante los integrantes de la Primera Comisión de la Cámara de Diputados, que el gobierno federal no ha podido consolidar una política de Estado para combatir al crimen organizado.

Las declaraciones del funcionario contrastan con las del propio Calderón, quien poco antes negó que los cárteles estén operando al amparo de la protección de funcionarios municipales, estatales y aun federales. Según García Luna, el gobierno realiza una revisión en las corporaciones policiacas para combatir a los llamados "infiltrados en el Estado", aunque se abstuvo de mencionar nombres.

LAS MIL CABEZAS DEL NARCO

El despliegue del Ejército y de la Policía Federal a lo largo del país para combatir al crimen organizado ha sido infructuoso, pues la violencia no cesa. Además, el tráfico de drogas no sólo permanece intacto, sino que los cárteles se han fortalecido mediante alianzas estratégicas.

Estudios oficiales como Información sobre el fenómeno delictivo en México, patrocinado por la Presidencia de la República y aún no divulgado, y Radiografía de los cárteles mexicanos, de la SSP, consultados por este semanario dan cuenta de la expansión de los grupos criminales dentro y fuera del territorio nacional.

Y aun cuando el gobierno ha descabezado a varias organizaciones, ninguna de ellas ha sido exterminada. Las cabezas cortadas fueron reemplazadas de inmediato. No sólo eso, en los últimos años surgieron nuevas organizaciones: el cártel del Pacífico Sur, La Resistencia y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La primera surgió en diciembre de 2009 tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, "El Jefe de Jefes". Según la SSP, ese cártel actúa en Guerrero, Morelos, Michoacán y Jalisco, enclaves que durante años dominaron los hermanos Beltrán Leyva. Sus primeros ajustes de cuentas en Guerrero y Morelos fueron publicitados por medio de narcomantas y carteles, que adherían a los cuerpos de sus víctimas.

En cuanto a La Resistencia –también llamada la Triple Alianza–, las autoridades federales sostienen que se trata de un grupo ligado al cártel de Sinaloa y que reúne a miembros de "La Familia Michoacana", del cártel del Golfo y de los restos de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

SE PELEAN JALISCO

El CJNG, que irrumpió recién el año pasado, se sabe que está formado por los operadores de Ignacio Nacho Coronel, ejecutado por marinos en julio pasado durante un operativo en Zapopan, Jalisco. Desde la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, en 1989, en la entidad no había una organización que controlara el trasiego de drogas.

Este cártel y La Resistencia pelean por apropiarse de este territorio al que llegan grandes cantidades de precursores químicos que después son trasladadas a laboratorios de Michoacán, Guerrero, el Estado de México y el Distrito Federal para la elaboración de drogas sintéticas.

Ambas organizaciones surgieron en el complejo turístico Paradise Village de Puerto Vallarta a principios de 2010, luego de la ejecución de Alejandro Coronel, hijo de Nacho Coronel, quien operaba para el cártel de Sinaloa, a manos de presuntos sicarios de "Los Zetas".

Desde antes del asesinato de Alejandro, la posición de su padre comenzó a debilitarse. No era bien visto por los integrantes del cártel de Sinaloa por su cercanía con otros grupos, como el cártel del Golfo. Al ser abatido por los marinos, la plaza de Jalisco se quedó sin jefe. De inmediato irrumpieron La Resistencia y el CJNG, que ahora pugnan por dominar no sólo Jalisco, sino también Nayarit y Colima.

Según informes de inteligencia, el CJNG es dirigido por narcos de Durango, Sinaloa, Tamaulipas y el Estado de México, cuyas edades oscilan entre los 25 y 35 años y poseen mansiones en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque, Tonalá, Juanacatlán y El Salto. Son ellos los que enfrentan a las células de La Resistencia, que provienen de los cárteles de Sinaloa, "La Familia Michoacana", el cártel del Golfo y lo que queda de la organización de los hermanos Valencia Cornelio.

UNA ‘FAMILIA’ ROBUSTA

Diversas fuentes dan cuenta de que en Michoacán, Morelos, Jalisco y Guerrero otro cártel da muestras de expansión y fortaleza: "La Familia Michoacana".

Esta organización surgió en Michoacán entre 2005 y 2006, tras las divisiones entre el cártel del Golfo y "Los Zetas", liderada por Nazario Moreno González, conocido como "El Chayo", "El Doctor" o "El Más Loco", quien, según las autoridades, murió en diciembre último durante un enfrentamiento con el Ejército.

Tras la presunta muerte de Nazario Moreno, "La Familia Michoacana" dio muestras de su dinamismo. Por principio, Jesús Méndez Vargas, "El Chango", asumió el liderazgo y fueron reemplazados los mandos caídos o asesinados.

El documento contiene los testimonios de los testigos protegidos Carlos y Emilio, quienes afirman que "La Familia Michoacana" amplió sus operaciones criminales en los últimos cuatro años y que hoy está bien posicionada en por lo menos 12 estados.

La tierra natal de Nazario Moreno, Apatzingán, sigue siendo la base de operaciones del grupo y en la actualidad tiene presencia en Guerrero, Colima, Sonora, Jalisco, Guanajuato, Estado de México, Distrito Federal, Querétaro, Chiapas, Tamaulipas, Sonora y Baja California.

El año pasado, al ser capturado Arnoldo Rueda Medina, "La Minsa", su principal operador, la organización tuvo que reestructurarse. Servando Gómez Martínez, "La Tuta", comenzó a tomar el control, hasta convertirse en el coordinador de todas las plazas donde está afincada "La Familia Michoacana", según declaró Emilio.

CUBREN VACANTES

El testigo protegido refiere que cuando algún miembro del cártel muere o es detenido, el más cercano a esa posición cubre la vacante. Así sucedió tras el arresto de "La Minsa". Su lugar fue ocupado por "La Tuta", quien estaba al frente de las plazas de Lázaro Cárdenas y Arteaga y había tomado decisiones importantes.

El organigrama de "La Familia Michoacana" permite conocer su nivel de organización y el crecimiento que han mostrado en los últimos cinco años. Debajo de "La Tuta" está Enrique Plancarte, "El Kike", quien se encarga de la contabilidad y administración de los bienes de la empresa criminal; además, es él quien adquiere la cocaína directamente a los narcos colombianos.

Según el testimonio de Emilio, las tareas del Kike no terminan ahí. Él coordina también a los contadores del cártel y es el responsable de operar los embarques de droga a Estados Unidos. El declarante asegura que "La Familia Michoacana" trafica cocaína, crystal, ice, heroína, mariguana y toda la variedad de drogas sintéticas.

Otra de las piezas claves de la organización es Juan Reza Sánchez, "Juanito", considerado brazo derecho de "El Chango" Méndez. Es reconocido como consejero y artífice de las operaciones logísticas y se hace acompañar de un gatillero conocido como "El Alacrán".

Aunque el gobierno sostiene que "La Familia Michoacana" está debilitada, lo cierto es que aún tiene jefes en todas las plazas del estado. En Lázaro Cárdenas el encargado es un hombre a quien llaman "El Chamuco". En Carácuaro está al frente Jorge Fuentes Maldonado, "El Rojo"; en Caleta de Ocampo "El Moreno" es el líder.

MÁS JEFES

Hilario López Morales, "El Gato", coordina Zitácuaro, Benito Juárez, Tuxpan, Jungapeo y Susupuato. En Lombardía e Infiernillo la cabeza es un sujeto apodado "El Chivas", familiar de "El Chango" Méndez, mientras que Aguililla y Nueva Italia está en manos de "La Estrella".

Uruapan está bajo control de un empresario aguacatero de apellido Ortega; Tuzantla es el feudo de Horacio Morales; Nocupétaro es dominio del H-10; Ciudad Hidalgo, Maravatío, Aporo, Tlapojahuac y Epitacio Huerta es Omar Tafoya, "El Gori", quien domina el territorio.

Fuera de Michoacán "La Familia" también tiene representantes: en Guanajuato el jefe es Ramón Moreno Madrigal, "El Llavero"; en Guerrero era Rogaciano Alba, "Don Roga", quien antes de su detención operaba con apoyo militar; en Sonora el jefe de plaza es "El Tinaco Morales", aunque en esta entidad "La Familia Michoacana" trabaja en alianza con el cártel de Sinaloa.

Otro sujeto conocido como "El Conta" es jefe de plaza en el Estado de México, donde, según los datos confirmados por Proceso, operan unas 80 personas de esa organización criminal; en Querétaro el representante es "El Rivas".

Los dominios de "La Familia Michoacana" también se extienden a Guatemala. En ese país centroamericano el jefe es un guerrerense conocido como "El Paisano". Según su ficha criminal, él es responsable de enviar droga hasta la frontera con Chiapas, desde donde se mueve con protección policiaca.

LA REPARTICIÓN DEL MAPA

Pese a la movilidad militar y policiaca y del empeño de Felipe Calderón de mantener la lucha contra el crimen como principal eje de su gobierno, los cárteles se mantienen firmes, pese a las bajas de los últimos meses.

El del Golfo, por ejemplo, sigue funcionando en 10 estados no obstante la muerte de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, abatido en Tamaulipas en noviembre pasado por efectivos de la Marina. El grupo opera bajo las órdenes de Eduardo Costilla Sánchez, "El Coss", quien entró en negociaciones con "La Familia Michoacana" desde que la encabezaba Nazario Moreno.

"El Chayo" era un viejo conocido de Costilla Sánchez. De hecho, Moreno entró al negocio del narcotráfico por medio de Carlos Rosales, Carlitos, un operador del cártel del Golfo en Michoacán que hoy se encuentra preso, e inició su carrera en Tamaulipas.

Tras sellarse la alianza entre los cárteles del Golfo y "La Familia", ésta comenzó a operar el tráfico de drogas a través de Tamaulipas, lo que enojó a "Los Zetas" y a su líder, Heriberto Lazcano, "El Lazca", quienes terminaron por romper con el cártel del Golfo y consolidaron su propia organización.

AMENAZA PARA EU

"Los Zetas" son tan fuertes, que la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) los considera una amenaza para la seguridad nacional de su país, pues han detectado su presencia en todo el Valle de Texas.

En México ese grupo tiene presencia en 10 estados, entre ellos Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla e Hidalgo.

Según el mapa del narcotráfico mexicano, el cual está reforzado con información de la SSP, la principal organización que opera en México es el cártel de Sinaloa, cuya fuerza creció al aliarse con el cártel del Golfo, "La Familia Michoacana" y La Resistencia. Otro bloque lo integran "Los Zetas", el cártel de Tijuana, el cártel de Juárez y el cártel del Pacífico Sur. Hasta el momento, el CJNG trabaja de manera independiente.

Llama la atención el poder creciente del cártel de Sinaloa pese a los embates del gobierno. La organización que encabeza Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", es vista por la firma estadunidense Stratfor como un grupo criminal que pronto podría dominar el negocio del narcotráfico en el mundo.

Para la principal consultora estadunidense en temas se seguridad, el cártel de Sinaloa "puede convertirse en la entidad dominante del crimen organizado. Pese a tener muchos enemigos, como "Los Zetas", tiene una ventaja: cada una de sus piezas controla una ruta diferente".

Ese grupo criminal está presente en gran parte de la frontera con Estados Unidos, desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, en una franja que limita con California, Arizona, Nuevo México y Texas. En el crimen organizado hay una máxima: el que controla la frontera domina el negocio. En esa lógica, el cártel de Sinaloa no parece tener enemigos. (APRO)



Tomado de El Diario de Coahuila http://www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2011/2/27/lomejordelaapro-220451.asp



martes, marzo 01, 2011

El suplicio de una familia en Juárez o cuando los militares son noticias




Mientras estuvieron secuestrados los Reyes, no fueron noticia nacional en México. Después de muertos, la indignación llegó hasta diputados y políticos


El 25 de febrero de 2011 aparecieron muertos en una estación de gasolina. El reporte de inmediato lo dieron los medios de comunicación en la Ciudad de México. Legisladores se movilizaron a dar declaraciones de indignación y a ofrecer su ayuda. Otros activistas y políticos ayudaron a organizar de inmediato una conferencia de prensa. Las redes sociales fueron invadidas por mensajes de lamentos y coraje por unas horas. La noticia del asesinato de Malena Reyes, Elías Reyes y Luisa Ornelas se convertía en noticia nacional.

¿Por qué ahora sí aceptaron el aviso por parte de un activista en la misma mañana en que ocurrió el asesinato? ¿Por qué decidieron dar la noticia con tanta eficacia a nivel nacional? ¿Qué se pretendía concluir? ¿Cómo es que la radiodifusora MVS ahora sí tenía el reporte puntual de un suceso que ocurría en el mismo día, mientras que la noticia del secuestro tardó Aristegui dos semanas en darla?

¿Por qué los diarios, de prestigio nacional, omitieron el 14 de febrero las denuncias contra militares que hizo de viva voz Marisela Reyes, hermana de la activista asesinada? ¿Por qué los medios mexicanos no cubrieron el acoso de policías federales la madrugada del 13 de febrero frente a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), cuando en España y en EEUU se publicó al día siguiente? ¿Por qué el prestigiado diario mexicano La Jornada publicó sólo la versión del fiscal cómo versión única de los hechos cuando hubo denuncias de la familia Reyes en contra de éste? ¿Por qué el secuestro de los Reyes nunca fue una noticia de peso político, tratándose de una denuncia contra militares y en la ciudad catalogada por la ONU como la más peligrosa del mundo?

La familia Reyes ha vivido el suplicio de muchas familias en Ciudad Juárez. La diferencia de esta familia, si es que hay alguna con respecto a las demás, es que no ha dejado de denunciar. Cada uno de sus muertos ha sido una denuncia contra la militarización de la ciudad. Cada una de sus amenazas recibidas es una bandera de derechos humanos entre la población. Cada uno de los atropellos padecidos, le espetan al presidente Felipe Calderón, su guerra fallida contra el narcotráfico.

Así ha sido desde la llegada de los policías federales y militares a Ciudad Juárez. La población se ha reducido a una cuarta parte de lo que era antes del 2006. Su gente ha huido o la han matado. Como si se llevara a cabo una guerra de exterminio con el respaldo oficial.


Sus habitantes, hoy, apenas sobreviven en talleres de oficios, en empleos públicos, con hospitales saturados. Son víctimas de extorsiones por parte de servidores para cualquier trámite burocrático. Como es el caso de Infonavit, el organismo público de la vivienda, que a través de sus despachos de cobranza extorsiona a los trabajadores que están perdiendo sus casas, o ya las perdieron. La mayoría ha abandonado sus patrimonios por salvar a su familia. Y los que se han quedado, no tienen un trabajo bien remunerado o simplemente no tienen trabajo. Las pequeñas empresas han cerrado por la extorsión de delincuentes para darles seguridad privada. El tráfico de drogas sigue circulando entre los jóvenes y los profesionales para su paso a Estados Unidos. Y el miedo a los federales continúa.

Las Denuncias contra militares versan, según los reportes de Amnistía Internacional y el Centro Pro Derechos Humanos, desde violaciones sexuales a mujeres hasta desapariciones y tortura a jóvenes. En esto han convertido a Juárez. Una ciudad que tenía dos millones de habitantes y una vida intensa por su ubicación fronteriza con Estados Unidos. Hoy es un poblado abandonado, frío, militarizado. Le llaman la “Ciudad del Chapo”, en referencia al narcotraficante Joaquín Guzmán, privilegiado del combate selectivo del gobierno de Calderón.

Es este contexto, el que Josefina Reyes, daba cuenta en parte, después de la desaparición forzada de su hijo a manos de militares, Miguel Ángel Reyes, y de la muerte de otro, Julio César Reyes. Josefina llegó a realizar diversos actos públicos exigiendo a los militares la liberación de su hijo y denunciando violaciones de derechos humanos.

En 2008, realizó una huelga de hambre frente la delegación de la (PGR), en el mismo lugar que ahora lo hiciera su madre para exigir la liberación de sus otros dos hijos y su nuera. En agosto de 2009, Josefina participó en el foro contra la Militarización y la Represión, organizado por el Frente Nacional Contra la Represión.A Josefina Reyes la mataron el 3 de enero de 2010, de un balazo en la cabeza. Según su hermana Marisela, en entrevista dijo que se la querían llevar los soldados, y al no dejarse, le dispararon en la cabeza. Una versión que se ha recogido oficialmente en los reportes de los organismos de derechos humanos, pero de la que no han hecho eco los medios nacionales mexicanos, ni tampoco ha sido desmentida por el Ejército.

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La democracia, esa falsedad



La democracia, esa falsedad
Hermann Bellinghausen
La Jornada, 28 febrero 2011

En toda clase de países, de primera y tercera por igual, se extiende estos días la certidumbre, a escala explosiva, de que llevamos demasiado tiempo bajo un falso, por hipócrita y mentiroso, concepto de lo que se entiende por democracia (y su delicioso apellido: occidental). En ninguna parte es cierto que el pueblo manda, ni siquiera en las naciones civilizadas, de Wisconsin a Milán. Y ya no sólo en las calles de Grecia y Egipto se cuecen habas.

Ha sido demasiado tiempo. Y demasiado abuso. Los grandes consorcios mundiales, que son por cierto pilares y garantes de la democracia en el mundo libre, no vacilan en arrasar las selvas de Ecuador. Las empresas mayores, trasnacionales, transconinentales, sostienen gobiernos hasta en Washington y París. Petroleras, mineras, farmacéuticas, financieras, armamentistas, de alta tecnología, alimentos, entretenimiento, energía. Mandan en Wall Street, Shangai, Dubai y la City. Deciden qué es democrático y qué, o quién, no. Para ellos suelen trabajar las policías, los jueces y los ejércitos.

El capitalismo corporativo, verdadero gobierno mundial, es lo más antidemocrático del mundo. Sus sofisticados y atroces mecanismos de control mantienen a raya a millones de empleados alrededor del mundo, quienes deben obedecer como zombis, sin chistar. Ya ni siquiera están vigentes aquellas leyes que legitimaban los derechos de trabajadores y agricultores a la organización, la huelga, la seguridad social. Fue el caso de México. Incluso en niveles medios de las grandes corporaciones, todos están encadenados a la noria de una o dos familias que se heredan el trono dorado de padres a hijos. Lo que es ser un Slim, un Azcárraga, un Garza Sada.

Y ellos son los que defienden la democracia, y la financian. No sólo explotan a millones de empleados directos, subempleados o esclavos a lo largo de la cadena corporativa que tiende sus tentáculos sobre la totalidad del planeta. Además, despojan a los que no son sus empleados (es el caso de los indígenas en Latinoamérica). Dominan la industria destructiva, depredadora, que sólo va tras los lingotes de oro a fin de cuentas. Mas ya que resultan rentables el conservacionismo, los servicios ambientales o la deuda de carbono, ahora son verdes Shell, Ford, Lockhead, Monsanto y otros vándalos universales.

Estas cúpulas ponen o descomponen presidentes, empezando por el de Estados Unidos. En México, el gobierno nacional trabaja para ellos al menos desde 1988, con Salinas de Gortari. Y hoy más que nunca, cuando la propiedad del país la termina de entregar Felipe Calderón a las trasnacionales mayores, unas cuántas familias en España, Canadá o China; bien directamente con la Board of Directors, bien a través de la venia de Washington. Ni Zedillo ni Fox intentaron nada diferente; por algo se acomodaron bien en el engranaje superior de la monstruosa maquinaria de antidemocracia que es el capitalismo corporativo metanacional.

Noam Chomsky y Ralph Nader han comparado brillantemente las corporaciones actuales con la organización nazi. El capitalismo avanzado tiene en llamas Irak y Afganistán para promover la democracia, o sea sus negocios. Todos, hasta los gobiernos enemigos, le pertenecen al sistema financiero internacional. Y cuando caen les congelan cuentas o retiran visas. Pasó con los tiranos amigos de Túnez y Egipto, pero también el de Libia. Igual podría pasarles en un descuido a los aliados democráticos tipo Colombia, Honduras o México.

La democracia es un mal circo. En Francia gobierna un saltimbanqui, en Italia un bufón (pero magnate), en Rusia un supermacho. Estados Unidos pasó de unos cuatreros descarados en la era Bush al títere parlanchín y azorado de hoy. Las empresas son las que avalan la democracia, la disciplinan. ¿Qué decir de la justicia hipócrita de Suecia, dispuesta a obedecer a un Washington con sed de venganza entregando a Julian Assange por así convenir a sus intereses?

Los patrones son unos cuantos, los mismos siempre. Las dinastías del capital. Nadie habla ya en serio de reyes y sangre azul. Son los magnates, sus fusiones, testamentos y opiniones lo que define las escalas del poder en el mundo actual. En el tablero de los negocios de estas empresas, con tanta precisión descrito por Joseph Conrad en Corazón de tinieblas hace 100 años (1911), todos somos desechables, migrables, colaterales.

Si no les importa la gente, qué les va a importar la Tierra misma al puñado de dictadores de la democracia occidental. Si son ellos quienes definen y sancionan, con créditos y tratados, a democracias como la mexicana, la hondureña o la colombiana, y la dan por buena por así convenir a sus intereses, algo está corrompido en la raíz. Si no cambia desde abajo el orden, nada se resolverá. No queda sino reinventar la democracia en ese otro mundo posible donde las empresas obedezcan, lo local no quite lo global, la gente decida y la vida sea prioridad, no negocio.

lunes, febrero 28, 2011

La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en nuestro país.



Ponencia leída por Antonio Cerezo del Comité Cerezo y representante de la Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.

La militarización, una falsa solución a los problemas económicos y sociales en nuestro país.

El proceso de militarización que vivimos en México no es reciente, no inició en el último sexenio ni con la alternancia partidista en el gobierno federal. Sin embargo, identificamos una agudización de este fenómeno en los últimos años que resulta preocupante en extremo y que exige la reflexión y la organización de la sociedad. Asumimos que la agudización del proceso de militarización es ocasionado por la importación de la agenda de seguridad de los Estados Unidos a través del apoyo logístico y financiero que proviene de la Iniciativa Mérida, complemento militar del TLCAN. Como se sabe, a la par de los tratados de libre comercio, Estados Unidos impulsa convenios de seguridad binacionales (como el Plan Colombia o la propia Iniciativa Mérida); o bien regionales (Centroamérica y Cuenca del Caribe).Dichos convenios, además de los objetivos explícitos de las políticas promovidas por los Estados Unidos (combate al crimen organizado, guerra contra el terrorismo, guerra contra el narcotráfico), son utilizados para acosar y eliminar a los opositores de los Estados que los firman, al mismo tiempo que constituyen un mecanismo altamente eficaz de control social.

Con base en lo dicho anteriormente, debemos comenzar señalando que el proceso de militarización que estamos viviendo en México durante los últimos años ha implicado un estado de sitio de facto que ha dejado en total indefensión a los habitantes de regiones y ciudades del país como Juárez, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, etc. Como consecuencia de dicho estado de sitio, hemos asistido a un escenario social en el que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas por las Fuerzas Armadas no sólo se han generalizado, sino que ocurren con total impunidad. De manera paralela el gobierno mexicano ha echado mano de una retórica bélica, que anteriormente no era expresada de manera pública, lo que sin duda no sólo contribuye a generar más violencia, sino que además promueve y justifica una cultura militarista que se difunde entre la población y, especialmente, entre la juventud.

Los argumentos para este avance de la militarización y el autoritarismo centran su justificación en la expansión del llamado crimen organizado, particularmente del narcotráfico, los secuestros y las extorsiones. Sin embargo, no se habla de las condiciones, económicas y sociales, que han propiciado que un mayor porcentaje de la sociedad se haya incorporado a este tipo de actividades

Los participantes en la Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia de Estado consideramos que es necesario dejar de lado los discursos que promueven el miedo y que plantean el problema en términos de buenos contra malos, ya que, hasta el momento, el resultado de esta manera de plantear la problemática por parte del Estado mexicano ha ocultado una situación que debe ser descrita como de crisis humanitaria, en la que distintos sectores; entre los que destacan las mujeres, los jóvenes y los migrantes, resultan un blanco recurrente de distintos tipos de violencia, sobre todo de aquella que proviene del propio Estado.

Es importante decir que lo que ocurre en México es la materialización de un proceso histórico en el cual se ha promovido el empobrecimiento masivo de la población, la precarización del trabajo, la reducción del gasto estatal en educación, salud y sistemas de pensiones. No obstante, cuando los medios de difusión masiva, funcionarios del gobierno o los “especialistas” en la materia, hablan del “terrible clima de inseguridad” en el que vivimos, omiten explicar que esta inseguridad proviene del ataque a las garantías sociales, de la destrucción de las expectativas y del futuro de millones de niños y jóvenes y de la atomización de la sociedad que se promueve con la cultura del individualismo.

El incumplimiento de la obligación que tiene el Estado para garantizar, promover y vigilar los derechos humanos de toda la población, así como la ausencia del castigo a los culpables de las violaciones a los derechos humanos provocan incertidumbre, no obstante dicha incertidumbre se ve canalizada por el miedo a la delincuencia que promueven, mediáticamente, los grandes consorcios y las elites gobernantes del país.

En el discurso contra la inseguridad también se ha omitido el hecho de que otra de las vertientes del proceso de militarización no tiene que ver con perseguir o castigar a narcos o secuestradores, sino que se dirige contra los pobres y los luchadores sociales. Por medio de la política de crear “enemigos internos”, el estado criminaliza la pobreza, la protesta social y el disenso. Así, el discurso de la “seguridad” resulta oportuno cuando se utiliza para contener los efectos del desastre neoliberal; tanto los socioeconómicos, cuyo ejemplo es la proliferación de estrategias de supervivencia que se encuentran al margen de la legalidad; como los efectos de las legales y legítimas resistencias al saqueo, al despojo y al ataque sistemático contra las condiciones de vida de la clase trabajadora y de la población en general.

En ese sentido observamos que la política de militarización también se activa cuando se pone en riesgo la ganancia de los empresarios más poderosos del país o del extranjero. Como ejemplo de esto podemos remitirnos a los casos en los que los pueblos indígenas y las comunidades campesinas defienden su territorio y las maneras en que ancestralmente se han relacionado con él. En todos estos casos las fuerzas represivas que se crean, profesionalizan y a las cuales se destinan enormes porciones del erario público, son utilizadas para asegurar la expoliación de recursos estratégicos como los minerales, el acceso a la biodiversidad, el agua o cualquier otro elemento que resulte atractivo para el mercado. Esto es lo que actualmente sucede en distintas zonas del país, donde las mineras amenazan con irrumpir en el territorio contaminando el medio ambiente. Lo mismo ocurre en los territorios que se encuentran en disputa debido a que ofrecen cuantiosas ganancias tal y como ocurre ahora en Lomas de Poleo, Ciudad Juárez o como ocurrió en San Salvador Atenco, Estado de México.

Tampoco debemos ignorar que la militarización es un recurso indispensable de los gobiernos ilegítimos y de las ofertas políticas que carecen de contenidos genuinos: Mano dura, cámaras de vigilancia, tolerancia cero y programas de mochila segura, es lo único que la clase política está dispuesta a ofrecer. Por eso invierten enormes sumas de dinero en su propaganda del miedo, para eso promueven la desconfianza, la delación, el desgarramiento del tejido social.

El Estado Mexicano y los medios de difusión masiva se empeñan en plantear la problemática de manera burda ya que, al igual que el movimiento blanco contra la delincuencia, les resulta primordial alegar que debemos de conducirnos de manera apolítica, tan solo pedir soluciones que no resuelven las desigualdades sociales, lo cual allana el camino al autoritarismo y a las prácticas violatorias de los derechos humanos. Nosotros sabemos que esto es falso, que la problemática de la inseguridad y de la violencia de Estado son asuntos eminentemente políticos porque son el resultado de políticas gubernamentales, las cuales obedecen a la necesidad de construir enemigos para legitimar un sistema político envilecido y corrupto, que opera con la complicidad de las empresas y el Estado para facilitar la intervención del mercado en cada espacio del territorio nacional que les resulte rentable.

La muerte en cifras.

Las cifras son contundentes, desde el inicio de la gestión del presidente Felipe Calderón al final del año 2010, han muerto en palabras del secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré 33 797 personas en el contexto de la que hoy llaman “lucha contra el narcotráfico”.[1]

Para nosotros aunque se separe el número de muertos entre los ocasionados por los enfrentamientos de “carteles de la droga” y los que causa el actuar de las fuerzas armadas, ambos tienen un mismo origen estructural, pues los carteles no existirían sin la serie de políticas gubernamentales que se han desarrollado desde hace al menos 30 años en el país, su existencia es consecuencia de la violencia que el Estado implementa a través de sus políticas de recorte al gasto social.

“En Ciudad Juárez se registraron 191 homicidios por cada 100 mil habitantes, confirmando a la ciudad como la más violenta del mundo”.[2] Este es otro de los resultados de la estrategia de miedo y control social que ha implementado el gobierno. Otro ejemplo terrible de muertes se muestra en un estudio dado a conocer el mes pasado por la Red por los Derechos de la Infancia. En México, “nueve de cada 100 mil adolescentes (de 15 a 17 años) mueren asesinados, pero en Chihuahua…la cifra es de 45.” El estudio de la Red, asegura, que a Chihuahua le sigue Baja California con una tasa de homicidios de 23.7 por cada 100 mil[3],

Es evidente que las condiciones estructurales niegan las expectativas de trabajo a miles de jóvenes y los arrojan a situaciones que facilitan su enrolamiento en los carteles del narcotráfico esto lo confirma la propia SEDENA en un informe que un medio electrónico publica:

“Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón (diciembre de 2000 a diciembre de 2009), mil 326 menores han perdido la vida en la llamada guerra contra el crimen organizado. Del total, 600 han fallecido en balaceras entre narcotraficantes o presuntos delincuentes y autoridades; los otros 726, cuyas edades iban de los 15 a los 17 años de edad, fueron asesinados por ser sicarios o narcomenudistas, revelaron mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)”…En el periodo del primero de diciembre de 2006 a febrero de 2010 (gestión de Felipe Calderón), la Sedena ha contabilizado 600 muertes de menores de edad, que supuestamente participaban como distribuidores de droga al menudeo o como sicarios. El 40 por ciento de los casos se registró de abril de 2009 al 28 de febrero de este año, al sumar 173 casos”[4].

Estos datos son relevantes pues comprueban, una vez más, que uno de los sectores de la población que está siendo golpeado con más firmeza por la estrategia del gobierno federal, es la juventud, esa que, cómo ya dijimos, sufre los embates de la violencia estatal que no le asegura una forma de vida digna y se enfrenta a una sociedad hipócrita en la que, por un lado, se premia la acumulación de dinero, sin importar los medios con los que se obtenga; pero, por el otro lado,l censura el narcotráfico.

Otra cifra lamentable es el del número de mujeres asesinadas: 1,080, de 2006 al 2010 según los documentos de la SEDENA; este número aumenta conforme nos acercamos al presente, pues tan sólo en 2010 ocurrieron 427 casos.

Las cifras anteriores nos permiten, afirmar que el Estado mexicano ha decidido profundizar, en los últimos cuatro años, la aplicación de una guerra que nos afecta profundamente y que tiene como fin la imposición de un modelo económico injusto y acelerar el control absoluto de la sociedad eliminando toda disidencia.

Las violaciones de Derechos Humanos.

La guerra que el Estado mexicano nos impone agrava la ya de por sí crítica situación con respecto a la violación de los derechos humanos de la población. A la pobreza, que afectaba a 80 millones de mexicanos en 2008 y que implica la violación permanente y sistemática de muchos otros derechos humanos como son el derecho al trabajo bien remunerado, a la educación, a la salud, a la recreación, a la vivienda digna etcétera,[5]debemos sumar la violación de los derechos de la población que ha decidido organizarse y protestar contra estas condiciones de vida y contra las decisiones que el Estado toma sin consultarlos.

Como ejemplos de lo anterior podemos citar la represión que ocurrió en mayo de 2006 contra el movimiento de San Salvador Atenco, y que tuvo, entre otros resultados, 2 personas muertas, cientos de presos, de torturados y más de 20 mujeres agredidas sexualmente; la represión contra el movimiento social de Oaxaca que alcanzó su momento más álgido en octubre y noviembre de 2006 y que arrojó más de 20 ejecutados extrajudicialmente y cientos de presos y de torturados; y la represión contra el movimiento magisterial de Morelos que ocurrió en 2008, y que arrojó cifras de decenas de detenidos y torturados.

En todos los casos anteriores se violaron los derechos a la vida, a la integridad física y moral, a la organización, a la libre expresión de las ideas, a la manifestación, al libre tránsito, al debido proceso legal, entre otros. Pero también tenemos ejemplos más recientes de actos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos: La ejecución extrajudicial de once luchadores sociales en 2010[6], entre los que se encuentran Josefina Reyes Salazar, quien luchaba contra los abusos del ejército en Ciudad Juárez y fue ejecutada el 3 de enero, Marisela Escobedo Ortiz, quien luchaba por justicia para su hija asesinada en Cd, Juárez y fue ejecutada el 16 de diciembre, y la detención-desaparición de siete luchadores sociales durante ese mismo año.

La detención-desaparición ha vuelto a ser un mecanismo de represión política como en los años de la llamada guerra sucia y, actualmente, también es un mecanismo de control social. El derecho a no ser detenido-desaparecido es otro derecho que no se respeta en México y ningún funcionario del Estado ha sido castigado por su responsabilidad en este crimen cuyo nivel de impunidad es del 100%.

Sin embargo, no sólo la población organizada ha sido víctima de violaciones graves a los derechos humanos, no obstante estos casos han intentado ser ocultados o minimizados al igual que la gran cantidad de violaciones a los derechos que sufre la población civil víctima de la “guerra o lucha” que el Estado mexicano ha profundizado contra el enemigo interno que él mismo construyó: el narcotráfico.

En este contexto, se han restringido, por vía de los hechos, derechos humanos básicos. Ciudad Juárez, Chihuahua es un ejemplo que muestra que el Estado no respeta, no garantiza ni promueve el derecho a la vida, a la integridad física y emocional, a la justicia, a la organización, a la manifestación, a la libertad de expresión, al libre tránsito, al debido proceso; basta ver los números de feminicidios, de niños y niñas muertos en retenes o en enfrentamientos y de las masacres de jóvenes sin relación con la delincuencia. Estas cifras muestran que el estado Mexicano ha violado sistemáticamente los derechos humanos de millones de compatriotas por comisión, por omisión y por aquiescencia.

Sumado a esto, existe otra vía por la cual se restringen nuestros derechos humanos: la modificación de leyes que criminalizan la protesta social, de la cual sólo daremos dos ejemplos: La ley federal contra la delincuencia organizada y la definición del delito de terrorismo. La primera de estas ha sido cuestionada como resultado del Examen Periódico Universal al que se presentó México ante la ONU en 2009, porque su definición de delincuencia organizada es tan abierta que no se apega a los criterios de la legislación internacional en dicha materia. Esto significa que cualquier luchador social puede ser acusado, en cualquier momento, de dicho delito, basta con que un juez reúna indicios y no necesariamente pruebas plenas para abrirle un proceso judicial, de tal manera que indicio puede ser que alguien haya escuchado a otra persona decir que el procesado participaba en alguna organización criminal o la declaración de un testigo protegido por las autoridades y que el acusado no conoce.

El delito de Terrorismo, según la nueva definición, también incluye a “quienes por cualquier otro medio violento…” presionen “a la autoridad para que tome una determinación”. Según el Artículo 139 del Código Penal. Por tanto, si las autoridades consideran que una huelga, un plantón o una marcha sobre una carretera son un medio violento que utilizan los manifestantes para presionar a una autoridad, y, además, causan “alarma, temor o terror en la población o en grupo o sector de ella”, con apego a su legislación aplicarán el delito de terrorismo a los luchadores sociales y si son más de tres es posible que les apliquen La ley federal contra la delincuencia organizada.

De esta manera los luchadores sociales y la población en general, que vemos restringidos nuestros derechos humanos, por la vía de los hechos y las modificaciones a las leyes podemos pasar a ser, por decisión de las autoridades y en cualquier momento, peligrosos miembros de la delincuencia organizada o “daños colaterales” de la misma.

Conclusiones

El proceso de militarización de nuestro país se ha acentuado en los últimos cuatro años, como un instrumento para asegurar la implementación de medidas desreguladoras del mercado, que tienen como consecuencia el estrangulamiento de los derechos a la educación, el empleo y la salud y por lo tanto en el cierre a la expectativa de una vida digna de miles de trabajadores de este país. Esto implica para los grupos dirigentes de este proceso, la creación de marcos jurídicos y campañas mediáticas para criminalizar a cualquier persona o grupo que no esté de acuerdo con su visión.

Otro punto a destacar es que la militarización del país conlleva necesariamente una política estructurada para causar miedo y terror entre la población, con la intención de que los habitantes del país legitimemos la presencia de los militares en las calles: por un lado se realza la figura del militar y del policía, así como de las Instituciones encargadas de la seguridad pública; mientras que por otro lado, se explota mediáticamente, el trauma familiar que implica ser víctima de la violencia estructural a la que nos hemos referido, esto crea un precedente en la sociedad cultivando el miedo a la realidad, a la vida y a la organización como opción de transformación social.

Que el miedo se apoderé de nuestras vidas es sólo un primer momento en el transcurso de la normalización de la violencia, interés primario de nuestro gobierno en su estrategia psicológica, si las personas comenzamos a observar como algo cotidiano el número de muertes y el aumento de la violencia, no cuestionaremos el por qué de estos hechos, solamente los dejaremos pasar, y, aunque no los legitimemos de manera activa, sí estaremos permitiendo su implementación al no hacer nada.

Este proceso de militarización sólo se detendrá si denunciamos abiertamente que la estrategia federal desprecia la vida humana y nos desensibiliza ante su violencia.

La Coordinadora Metropolitana contra la Militarización y la Violencia le exige al Estado que cumpla con la responsabilidad social que tiene con toda la población asignándole un porcentaje mayor del aumento al presupuesto de seguridad a los rubros del llamado gasto social, con el objetivo, de crear trabajos bien remunerados, que posibiliten condiciones de vida digna.

Exigimos que el Ejército no cumpla funciones policíacas y que las policías no se militaricen

Exigimos juicio y castigo a todos los responsables de las violaciones de derechos humanos contra la población civil, los luchadores sociales y los defensores de derechos humanos.

Por último hacemos un llamado a incrementar los esfuerzos de información y de sensibilización respecto al tema de la militarización y la violencia de Estado; a intensificar la organización para exigir alto a la impunidad, y para exigir justicia. Debemos de evitar que la mayoría de la población considere la militarización y la guerra de este gobierno como las únicas soluciones posibles a los problemas económicos y sociales que vivimos en la actualidad.


Para leer en línea: http://www.comitecerezo.org/spip.php?article848

Coordinadora Metropolitana contra la militarización y la Violencia de Estado.