viernes, enero 15, 2010

Último boletín del SME




BOLETÍN DE PRENSA URGENTE


A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública,
A los medios de comunicación, nacionales y extranjeros:

El día de hoy, la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) encabezada por nuestro Secretario General Martín Esparza Flores, asistirá al inicio de la Mesa de Negociación convocada con la Secretaría de Gobernación (SEGOB) a las 16 horas en las instalaciones de esa dependencia federal, ello en cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea General Permanente de nuestra Organización Sindical.

Otro de los acuerdos de dicha Asamblea General, fue asistir en marcha para acompañar a nuestros camaradas dirigentes del Comité Central y Comisiones Autónomas. Sin embargo, de buena fuente nos hemos enterado que grupos de provocadores organizados por Alejandro Muñoz Reséndiz y Filiberto Cruz, ex dirigentes de nuestro Sindicato, se han preparado para infiltrar dicha marcha, por esa razón nuestro Sindicato ha tomado la determinación de cancelar esa manifestación para evitar cualquier provocación que interfiera con la realización de la Mesa de Negociación entre el SME y la SEGOB.

Por lo que, nuestra Organización Sindical se deslinda totalmente, de cualquier acto de confrontación que algunos provocadores pudieran efectuar a nuestro nombre.

Al mismo tiempo, responsabilizamos a las autoridades federales de la Secretaría de Gobernación, de la integridad física de nuestros camaradas dirigentes, y especialmente de Nuestro Secretario General, Martín Esparza Flores.

Llamamos a todas las organizaciones y personalidades solidarias con el Sindicato Mexicano de Electricistas, a estar atentos del curso de estos acontecimientos.

Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 15 de enero de 2010
Comité Central y Comisiones Autónomas
Responsable: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior.

Caso CAIFAC. Varios boletines y notas



Monterrey, Nuevo León, a 15 de enero de 2010

A 470 días secuestrados y seguimos contando

¿Dónde están los niños perdidos? ¿Dónde los responsables?



Las organizaciones abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del Estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de CAIFAC.

A 470 días de los hechos, Adriana, Diana y Julio César siguen sin ser localizados, los señalados como responsables directos, siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad siguen sin ser escuchados.

Hemos acudido a las diferentes instancias gubernamentales implicadas en proporcionar la seguridad y el bienestar social de los niños, pero ellos siguen sin aparecer.

Antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades, tenían datos que les permitían conocer que los niños estaban en riesgo. Según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH/129/2009, el 18 de diciembre de 2008 el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema DIF que investigaran el riesgo en que podían estar Adriana, Diana y Julio César, sin embargo, dichos funcionarios fueron omisos y sólo realizaron una entrevista parcial, pese a que tenían los elementos técnicos y jurídicos para provisionalmente egresar de ese albergue a los niños e ingresarlos en otro, en lo que investigaban con más cuidado los hechos.

La propia Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación derivada del expediente CEDH/129/2009, en la que afirmó que se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público. Sin embargo, la recomendación de la Comisión Estatal señala sólo a Dos delegadas del DIF que tuvieron contacto directo con los niños, consideramos que también son responsables los superiores de esas delegadas y las autoridades que por errores y omisiones han fallado en la localización de las niñas y el niño y han permitido que en este caso haya impunidad.

El día de ayer, estuvimos en reunión con el Dr. Jesús Zacarías Villarreal Pérez, Secretario de Salud y se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSA1-1997, Para la prestación de servicios de asistencia social para menores y adultos mayores, del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Presentación de Servicios de Atención Médica. La cual no fue aplicada en los albergues de CAIFAC y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos de la norma como, por ejemplo, tener un expediente por niño.

La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el Derecho y busque siempre el interés superior de las niñas y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada.

Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones.

Exigimos que basados en el reglamento del estado, la Procuraduría General De Justicia ofrezca una recompensa por información que lleve a la localización de Adriana, Diana y Julio.

Exigimos que el Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial respecto del caso.

Alternativas Pacíficas, A.C.

Arthemisas por la Equidad, A.C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C.


Desdén para localizar a Diana, Adriana y Julio César

Exigen a las autoridades ofrecer recompensa por Caifac


Por Sanjuana Martínez


México, DF 13 ene 10 (CIMAC).- Desesperadas y angustiadas por la ausencia de sus hijos después de 470 días, las madres de los niños desaparecidos del Centro de Adaptación e Integración Familiar A.C. (Caifac) Monterrey, exigieron que las autoridades ofrezcan una recompensa para obtener información sobre el paradero de Adriana, Diana y Julio César.


En conferencia de prensa, las organizaciones “Alternativas Pacíficas”, “Arthemisas por la Equidad” y “Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos” (Cadhac), exigieron respuestas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), sobre los presuntos secuestradores integrantes de la Iglesia Cristiana Restaurada fundada por el pastor Jorge Erdely Graham y apoyada por Sergio Humberto Canavati Ayub.

“Manifestamos nuestra más profunda preocupación por el desdén con que las autoridades del estado de Nuevo León han tratado el caso de las niñas y el niño desaparecidos mientras se encontraban bajo el supuesto cuidado de Caifac Monterrey”, señalaron.

Explicaron que los señalados como responsables directos de la desaparición de los tres niños y otros menores de Casitas del Sur y La Casita de Cancún bajo la custodia de los albergues de la Iglesia Cristiana Restaurada “siguen sin ser llevados ante la justicia y los reclamos de sus familias y de la sociedad, siguen sin ser escuchados”.


Recordaron que antes de que desaparecieran Adriana, Diana y Julio, las autoridades tenían datos que les permitían conocer que los niños se encontraban en una situación de riesgo.

De hecho, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente 129/2009, quien documentó que el 18 de diciembre de 2008, el Ministerio Público pidió a las autoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que investigaran la situación, pero dichos funcionarios hicieron caso omiso y solo realizaron una entrevista parcial dejando a los niños en Caifac, en lugar de ingresarlos a otra casa hogar, mientras investigaban los hechos denunciados.

Consuelo Morales, directora de “Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos”, consideró que en la desaparición de los menores de edad, se violentaron los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, los derechos del niño y se incurrió en prestación indebida del servicio público:

“La sociedad necesita que el sistema de guarda y protección de la infancia sea transparente y eficaz, que se rija por el derecho y busque siempre el interés superior de las niños y los niños, y que cuando haya una irregularidad sea correctamente investigada y subsanada”.

A su vez, el abogado de Cadhac, Damián Garza, señaló que el secretario de Salud de Nuevo León, Jesús Zacarías Villarreal Pérez, se comprometió a la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 167 para la prestación de servicios de asistencia social para menores, la cual no fue aplicada en los albergues y esto permitió que el lugar siguiera operando sin cumplir con asuntos básicos como por ejemplo, tener un expediente de cada niño.

“Esta norma nunca se aplicó. Hay una grave omisión y responsabilidad de la Secretaría de Salud. El espíritu de la norma tiene que ver con la protección integral de los menores de edad en albergues como vigilar que estudien, que tengan nutriólogos, actividades recreativas y en definitiva bienestar”, dijo.

Las organizaciones no gubernamentales que apoyan a las madres de los niños, exigieron que el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, emita un pronunciamiento oficial al respecto.

“Exigimos que las autoridades den resultados puntuales en este caso: que las niñas y el niño sean localizados con vida y devueltos a sus respectivas madres, que los responsables sean llevados pronto ante la justicia y que se tomen medidas serias que eviten la repetición de estas violaciones”.


Piden a autoridades actuación eficiente en caso CAIFAC

Milenio. 13 enero 2010.

Son tres niños los que aún siguen desaparecidos y están en calidad de “secuestrados” desde el 2008, el caso salió a la luz pública cuando una menor escapó del centro y denunció irregularidades en el mismohttp://www.milenio.com/sites/milenio.com/themes/porgusto/imagenes/back.gif

Alternativas Pacíficas y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos AC, exigieron al Gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a la Procuraduría de Justicia que en el marco de la legalidad ofrezcan una recompensa para dar con el paradero de los niños en caso CAIFAC.

Son tres niños los que aún siguen desaparecidos y están en calidad de “secuestrados” desde el 2008, el caso salió a la luz pública cuando una menor escapó del centro y denunció irregularidades en el mismo.

Ante tales acusaciones la autoridad intervino y rescató a 50 menores, pero tres de ellos dos primos y una hermana de Brenda, la menor que logró escapar, son los que hasta el día de hoy siguen sin ser ubicados.

Se trata de Julio César Castañeda Bernal, Adriana Guadalupe Castañeda Bernal y Diana Lizeth Bernal Hernández, quienes tienen 470 días de “secuestrados”.

Hay una denuncia que se interpuso por parte de los padres de familia y también de diversas asociaciones civiles como lo son Alternativas Pacíficas, Artemisa por la Equidad, Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos.

CADHAC pidió a la ciudadanía y al Gobierno del Estado que como en el caso de Amandita, que fue secuestrada del Hospital Metropolitano y que el gobierno del estado ofreció una recompensa por cien mil pesos para dar con ella, se haga lo mismo para dar con los niños de CAIFAC.


Padres y ONG demandan a las autoridades ofrecer recompensa

Exigen en NL hallar a niños desaparecidos de albergue

David Carrizales

Corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 14 de enero de 2010, p. 31

Monterrey, NL, 13 de enero. Organizaciones sociales y la madre de Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal demandaron a la Procuraduría general de Justicia del Estado (PGJE) que ofrezca recompensa a quien proporcione datos que permitan hallar a los dos menores y de la prima de éstos, Diana Lizeth Bernal Hernández, quienes desaparecieron hace 470 días del albergue Centro de Adaptación e Integración Familiar (Caifac).

Consuelo Morales, coordinadora de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, y Liz Sánchez Reyna, directora de Alternativas Pacíficas, expresaron que sólo por complicidad o negligencia podría explicarse que las autoridades sigan sin ubicar a los responsables del albergue, controlado por la secta Los Perfectos, donde, según testimonios de los menores, se cometían abusos y posible trata de personas con fines de explotación sexual.

María Inés Bernal Hernández, madre de Adriana Guadalupe, de 14 años, y Julio César, de 12, comentó que el padre de los menores los llevó a Caifac porque la directora del albergue, Patricia Murguía, quien está prófuga, les ofreció apoyo para que pudieran estudiar la primaria.

Recordó que el incidente que puso al descubierto los abusos contra los menores ocurrió en agosto de 2008, cuando su sobrina Brenda Bernal, hoy de 13 años, escapó del albergue y llegó a su casa descalza y llorando.

Agregó que el 30 agosto de ese año quiso ver a su hija con motivo de su cumpleaños, pero Murguía no la dejó verla porque estaba castigada. Le hablé luego por teléfono, pero no me la quisieron pasar.

Fue entonces cuando trató de sacar a sus hijos, pero Patricia Murguía dijo que no me los podía dar, porque yo los iba a traer en la calle. Fui al Centro Capullos del DIF estatal, pero me dijeron que como no los había tenido internados ahí ellos no podían hacer nada, relató.

En diciembre de ese año, con apoyo de agrupaciones, presentó una denuncia que fue asentada en el expediente 2554/08 y días después la PGJE realizó una inspección y rescató a 50 niños, pero no fueron encontrados su sobrina Diana Lizhet, de 11 años, hermana de Brenda, ni sus hijos, Julio César y Adriana Guadalupe Castañeda Bernal.

Liz Sánchez señaló que la Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó las irregularidades cometidas en Caifac. Sin embargo, a pesar de que la PGJE, a cargo entonces de Luis Carlos Treviño Berchelmann, supo del mal manejo de este caso por parte de la Procuraduría para la Defensa del Menor y la Familia, no puso a los menores bajo resguardo. La misma dependencia, ahora bajo el mando de Alejandro y Garza y Garza, no ha actuado contra los implicados ni ha localizado a los menores. Sólo hay desde abril una orden de aprehensión pendiente en contra Patricia Murguía, directora del Caifac.

Del Comité CEREZO


BOLETÍN #2

Caso Emmanuel Hernández Hernández

Estamos esperando el resultado de la apelación a su injusta sentencia de 4 años, necesitamos tu apoyo, envía cartas a Emmanuel o dona artículos de primera necesidad para él y su familia.

15 de enero de 2010

BOLETÍN #2

Caso Emmanuel Hernández Hernández

A todas las Organizaciones y Personas Solidarias:

Queremos, por la presente comunicarles que gracias al esfuerzo, compromiso y solidaridad que nos han brindado hemos logramos resistir hasta este momento.

Quisiéramos también, reiterarles nuestro gran interés en seguir organizándonos, ya que consideramos que, la organización es la única forma de lograr la libertad, no sólo de Emmanuel, sino de todos los presos políticos y de conciencia del país.

Les agradecemos el interés demostrado en el caso y quedamos a su disposición para brindarles información más detallada acerca del proceso de Emmanuel Hernández Hernández.

Sin más por el momento nos despedimos no sin antes desearles un buen inicio de año.

Atentamente

Comité Por la Libertad de Emmanuel.

Situación jurídica

Sentencia

03 de diciembre de 2009: Sentenciado a CUATRO AÑOS DE PRISIÓN Y CIEN DÍAS DE MULTA, equivalente a $6,666.00 pesos por los delitos de PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA O FUERZA AÉREA previsto y sancionado por el artículo 83, fracción III, en relación con el numeral 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Apelación

14 de enero de 2010: Se realizó la audiencia de vista de la apelación a la injusta sentencia, por lo cual el juez de la causa tiene aproximadamente 30 días hábiles para la resolución de la apelación.

¿qué podemos hacer para apoyar a EMMANUEL?

Envío de cartas certificadas (Para certificar tu carta, pregunta en la oficina de correos, cuesta unos pocos pesos más, pero evita que por motivos políticos los penales retengan o no entreguen las cartas a los presos.)

Nombre: Emmanuel Hernández Hernández, Anexo 6, Dormitorio 212

Dirección: RECLUSORIO PREVENTIVO NORTE, Jaime Nunó #155. Colonia Cuautepec Barrio bajo, CP 07210, Delegación Gustavo A. Madero, México DF.

Una vez enviada la carta favor de avisarnos al mail LibertadEmmanuel@gmail.com, para estar pendientes de que le entreguen tus cartas.

Donativos en especie o en dinero, artículos de higiene personal básica que se necesita dentro del penal: (rastrillo, jabón, papel higiénico, pasta de dientes, cepillo dental, detergente, desodorante)

SOLIDARIDAD PARA SU FAMILIA

Debido a que en estos momentos no tienen un apoyo económico, se les pide que donen artículos básicos para armar una despensa

Arroz, frijol, aceite, atún, sal, azúcar, sopa de pasta, leche en polvo, todo tipo de enlatados

Pañales para bebés de un año, biberones nuevos, ropita de bebé, talco, etc.

Así mismo, cualquier donativo en dinero es muy bien recibido.

  • Centro de acopio: Cubículo Estudiantil de Contaduría, Facultad de Contaduría y Administración CU. UNAM
  • Para ponerse de acuerdo para la entrega de artículos para Emmanuel o su familia llamar a los teléfonos 56228361 y/o al celular 0445513668705 con Rosa.
  • Para el apoyo financiero, depositar en la cuenta 43361337639372 de Banco Azteca a nombre de Rosa Elena Osorio Martínez

ATENTAMENTE

Comité por la libertad de Emmanuel

Comité Cerezo México


Solidaridad con el pueblo Saharaui


Mujeres mexicanas y residentes en México solidarias con el pueblo saharaui


mujimg1 mujimg2

Recientemente y por primera vez desde 1975, cuando al abandono de España de su colonia y provincia en el Sáhara Occidental siguió la guerra de Marruecos y Mauritania contra el Frente Polisario, los medios mexicanos dedicaron algunas líneas al pueblo saharaui. Los diarios, la televisión y la radio de nuestro país cubrieron la huelga de hambre de Aminetu Haidar, defensora de los derechos humanos arbitrariamente detenida y despojada de su pasaporte por el gobierno marroquí, potencia ocupante del territorio del Sáhara Occidental. La huelga de hambre de Aminetu se prolongó durante 32 días, hasta que se atendió su legítima demanda de volver a su hogar y su familia en la ciudad de El Aaiún en el Sáhara bajo ocupación militar marroquí. Sin embargo, el sufrimiento del pueblo saharaui continúa, ya sea en los campamentos de población refugiada en el desierto más inhóspito en territorio argelino, en los territorios ocupados por Marruecos o en la soledad del exilio como única opción de vida.

La represión marroquí se ha endurecido a partir del regreso de Aminetu al Sáhara Occidental y se ha cebado con las mujeres saharauis. Aminetu se encuentra prácticamente bajo arresto domiciliario, se prohibieron las manifestaciones de alegría por su retorno y se detiene y tortura a toda persona que desee acercarse a saludarla. Además, siete activistas saharauis de derechos humanos permanecen en la cárcel de Salé, al norte de Rabat, desde el 8 de octubre de 2009 como presos de conciencia: Alí Salem Tamek, Brahim Dahane, Ahmad Anasiri, Dagja Lachgar, Yahdih Ettarrouzi, Saleh Lebayhi y Rachid Sghayar. A esta lista habría que sumar los cientos de nombres de personas detenidas o desaparecidas cuyos casos han sido documentados por la Asociación de Familiares de Presos y Detenidos Saharauis.

Pedimos al periodismo mexicano no hacerse cómplice del olvido al que el bloqueo mediático ha condenado al pueblo saharaui. Invitamos al pueblo de México a conocer la historia del Sáhara Occidental y a manifestar su repudio a la cobarde política española que dejó trunco el último proceso de descolonización en el África, y su repudio a la política genocida y expansionista del reino marroquí contra un pueblo que lleva 34 años confiando inútilmente en el derecho internacional y sus instituciones. Las personas interesadas pueden comunicarse a la Asociación Mexicana de Amistad con la República Árabe Saharaui (http://www.mexicoporelsahara.org).

De La Jornada


Urgencia por frenar a las derechas



Raúl Zibechi

U
na de las mayores dificultades para frenar la ofensiva de las derechas latinoamericanas es la fragilidad política e ideológica del progresismo. En los próximos años podemos asistir a un hecho paradójico: que la retirada del imperio en la región vaya de la mano del ascenso de nuevas derechas, en algunos casos de carácter empresarial y en otros vinculadas al progresismo gobernante.

Estos días se desarrollan debates y batallas políticas en el Cono Sur del continente que ponen de relieve ese crecimiento del derechismo. En Chile este domingo la derecha puede volver a La Moneda, pero si lo hace será porque el progresismo presentó al peor candidato posible, Eduardo Frei, quien para muchos chilenos presenta pocas diferencias con Sebastián Piñera, al punto que no pudo siquiera cosechar la mitad de las simpatías con que cuenta la presidenta Michelle Bachelet.

En Argentina la derecha se enfiló detrás del presidente del Banco Central, Martín Redrado, quien se negó a seguir las órdenes de la Casa Rosada de pagar parte de los vencimientos de la deuda externa con reservas monetarias. Una vez más el gobierno de Cristina Fernández aparece jaqueado desde dentro, como sucedió hace casi dos años cuando el vicepresidente Julio Cobos se pasó a la oposición ante el conflicto entre el gobierno y las gremiales rurales. Por bochornosas que puedan ser estas actitudes, no debe olvidarse que fue el oficialismo quien los colocó en los cargos que ocupan, aun sabiendo que el actual presidente del Banco Central es un hombre cercano al ex ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Cavallo.

En Brasil, Lula está dando marcha atrás en su Programa Nacional de Derechos Humanos ante la andanada de críticas de los medios, los militares, la Iglesia y la oposición. La tercera edición de este programa contempla la creación de una comisión de la verdad para desvelar los crímenes de la dictadura militar (1964-1985), revisar la Ley de Amnistía de 1979, promover la despenalización del aborto y dar carácter legal a la unión civil entre personas del mismo sexo, así como varias iniciativas de carácter social. Aunque los movimientos sociales y sindicales apoyan el programa, el presidente se mostró dispuesto a congelarlo para no perjudicar a la candidata del PT y actual ministra de la Casa Civil, Dilma Rousseff, en las elecciones presidenciales de octubre.

En los tres casos mencionados las ofensivas de las respectivas derechas, siempre apoyadas por los grandes medios, pueden prosperar solamente por las tibias y frágiles respuestas del progresismo. Sin embargo la ofensiva derechista menos conocida es la que estos días tiene lugar en Uruguay, en Punta del Este, en plena temporada turística. Una juez de Maldonado, capital del departamento donde está el balneario, decidió aplicar el polémico Código de Procedimiento Policial para expulsar del balneario a inminentes delincuentes, o sea personas con antecedentes penales o sospechosas, aunque no estuvieran cometiendo ningún delito. En pocos días fueron expulsadas 28 personas.

Como señaló el semanario Brecha, la derecha y los empresarios de Punta del Este vienen exigiendo que se establezca algo así como una zona libre de sucios, pobres y feos, que en los hechos es un castigo a los trabajadores pobres que acuden a esos sitios en busca de empleos temporales. Aunque algunos magistrados condenaron la decisión de la justicia por considerarla inconstitucional, mientras los empresarios y los policías la aplauden, lo sorprendente es la reacción de una parte de la izquierda. Eduardo Bonomi, tupamaro y futuro ministro del Interior cuando asuma la presidencia José Mujica el 1º de marzo, se mostró partidario de la mano dura y aseguró que en la propia izquierda hay un proceso de aprendizaje en temas como seguridad y delincuencia.

Un hombre como Bonomi, que estuvo años preso por haber tomado las armas en nombre de la revolución, dijo a un semanario de la derecha justo lo que ese sector quiere escuchar: llegó a justificar que se proceda contra los chicos que limpian los parabrisas en los semáforos o piden dinero en la calle. En su opinión, la finalidad de la policía es detectar a los eventuales delincuentes antes de que cometan el delito. Esta actitud preventiva implica una suerte de criminalización de la pobreza y va de la mano de la militarización de los barrios periféricos y otras zonas calientes. Ha sido, siempre, el discurso de la derecha que apela a la seguridad ciudadana como forma de control de los de abajo.

El caso uruguayo es grave porque en este país nunca se había llegado tan lejos en el combate a la delincuencia. Pero, sobre todo, porque la izquierda acaba de ganar las elecciones con holgura y no hay ningún riesgo de que la derecha desplace del poder al Frente Amplio. Las opiniones del futuro ministro del Interior revelan un viraje de largo aliento que es similar al que se está produciendo en otros progresismos del continente. Quiero decir que no estamos ante un repliegue táctico sino ante la adopción de aspectos centrales de la ideología de la derecha.

Mucho más allá de lo que suceda este domingo en Chile, y del modo como se resuelva la crisis argentina, es cada vez más evidente que el progresismo, o sea una cierta izquierda de clases medias y profesionales, ha tocado techo y ya no es capaz de producir algo que la diferencie verdaderamente de las derechas. Estamos ante una fractura social sin paliativos, provocada por el neoliberalismo pero que el modelo extractivista en curso sigue profundizando, donde las clases medias y los trabajadores con empleo formal están cada vez más alejados –cultural y socialmente– de los pobres de las periferias urbanas. En la medida que los pobres salen de sus guetos son visualizados como peligrosos y se los acusa de delincuentes o de narcos. Sólo en la Bolivia de Evo Morales el gobierno acepta que los de más abajo puedan ser sujetos políticos. En el resto del continente, aun cuando se organizan en movimientos, se los busca distraer con programas sociales o se les envía la policía.


jueves, enero 14, 2010

PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL DE RESISTENCIA POPULAR DEL SME 2010


PRIMERA ASAMBLEA NACIONAL
DE RESISTENCIA POPULAR DEL SME 2010.

11 ENERO 2010. CONCIENCIA TV
A raíz del conocido 'sabadazo' en el cual el pseudo-gobierno de Felipe Calderón dejó sin trabajo a 44 mil trabajadores de este histórico sindicato, dicho gremio no se quedó de brazos cruzados ni tampoco se dobló a los deseos del sistema al no aceptar, cerca del 50% de sus agremiados, la liquidación que se les ofrecía, pues haberla aceptado hubiera significado haber avalado la toma clandestina e ilegal de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro.





Como se ha venido comentando ya en diversas ocasiones, el SME está siendo cabeza de una gesta en donde la voz se está volviendo una sola: ¡Fuera Felipe Calderón de la presidencia que nunca le perteneció! y en esta lucha están cerrando filas instituciones educativas públicas, movimientos sociales, sindicatos diversos y hasta agrupaciones campesinas.




Hoy se llevó a cabo la primer Asamblea General de Resistencia Popular de este 2010 en las oficinas del sindicato de los electricistas y lo primero que me encontré fue un punto que nos une a muchos en una pregunta que es un clamor al unísono: ¿qué acciones vamos a llevar a cabo para sacar a Calderón de la presidencia? Pues bien, es en asambleas como ésta en donde no solo se hace el concenso de movilizaciones y acciones anteriores para analizar qué avances se tuvieron, sino que también se detectan fallas, errores u omisiones para proponer nuevas acciones más contundentes y con más impacto.


Como siempre, varios compañeros de diversas agrupaciones tomaron la palabra (estudiantes, ex-miembros militares, sindicato de tranviarios y sindicato de telefonistas, secciones disidentes del magisterio [SNTE Oaxaca], etc.) para generar ideas y así lograr plantear nuevos puntos para caminar en próximas movilizaciones diversas.
Dentro de los puntos que se trataron en esta ocasión, se encuentran:

* La lucha debe regionalizarse, es decir: que en todos los estados se organicen las agrupaciones, ya sea el SME, ya sea agrupaciones campesinas, ya sea organizaciones de mujeres, ya sean movimientos sociales, ya sea ciudadanos libres, para que las movilizaciones y acciones de información no se queden solo en el DF. Aquí radica la importancia de que todas las luchas se sumen y además contacten entre ellas, de acuerdo a su región y/o estado y así empezar a lograr puntos de acuerdo para trabajar en conjunto en esas acciones.



* Propuesta de diversas acciones de desobediencia civil, esto es: no paguen luz (en las oficinas del SME los compañeros están atendiendo a los ciudadanos para que se amparen legalmente de este ilegal cobro), no al pago de tenencia y otros impuestos y algo también interesante: la propuesta de que seamos nosotros quienes organicemos los festejos de los dos centenarios, pues más allá del circo teatral que seguramente televisa patrocinará, estos eventos nos deben llevar a una profunda reflexión de lo que han sido estas luchas armadas, qué logros se consiguieron y qué aspectos todavía siguen pendientes de que sean cumplidos.



*Propuesta de cuatro acciones a corto plazo:


1) Llevar a cabo un gran congreso para la caída de Felipe Calderón (revocación de mandato).
2) Establecer el 5 de febrero para el arranque de los diversos festejos de los dos centenarios, NUESTROS festejos, no los que la televisión nos imponga.


3) Propuesta de plan de acción para una Huelga Nacional (fecha tentativa: entre marzo y abril de 2010).


4) Invitación a toda agrupación, sindicato y ciudadano libre a la gran marcha el próximo 29 de enero de 2010.



Otro de los puntos importantes que vale la pena mencionar fue el hecho de que Martín Esparza, Secretario Gral. del SME, hizo hincapié en cómo los mismos personajes que orquestaron la guerra sucia en contra de AMLO en 2006, fueron los mismos que, obvio, terminarían orquestando el fraude electoral y a su vez, serían los mismos que recientemente les quitaron su empleo a los electricistas, pero no contentos con ello, también han orquestado una guerra similar a la sucia del 2006 en spots en donde al obrero electricista lo pintan como un privilegiado y un corrupto. Es un hecho entonces que todos los eventos tienen un punto de origen en común: mediante la mentira, el miedo y el odio transmitidos en la mayoría de los medios, se confronta a la sociedad civil entre sí, se le confunde y se le tergiversa la información para así lograr ellos su cometido. Si la guerra sucia del 2006 con su respectivo fraude sirven de lección, pues que sea esta: no permitamos que los juegos de percepción mediática que nos maneja la televisión nos hagan caer, nuevamente, en ese tipo de confrontaciones, pues si lo hizo en 2006 y lo volvió a hacer con el SME, así lo seguirán haciendo con todo individuo, sindicato o agrupación que les implique un obstáculo para su negocios corruptos, así que la pregunta que nos queda es: ¿nos tragaremos esos juegos una y otra vez o trataremos de ver los trasfondos? Esto es importante no pasarlo por alto, sino todo lo contrario: analicémoslo, pues hoy en día en todos lados nos vamos encontrando a compatriotas que están tremendamente desencantados con un Calderón que poco o nada ha cumplido lo que prometió y ahora no son pocos los que se dan sus topes en la pared, metafóricamente hablando. Luego entonces: no permitamos que nos quieran engañar otra vez con lo mismo, al menos hasta el día de hoy se puede decir que México todavía no se derrumba del todo, no aún, así que esa es mayor razón para no caer en juegos mediáticos, no sea que el día de mañana nos estemos arrepintiendo cuando de verdad ya sea muy tarde.

Son muchas las voces las que están avisando todavía a tiempo que a México no le queda mucho, así que no tenemos de otra: tenemos que sumarnos y unificarnos todos por igual. No creo que sea tan complicado si todos ponemos buena voluntad de nuestra parte, basta con ver las similitudes de nuestros reclamos, pues mientras veo a un grupo que en un medio virtual crece día a día en sus miembros bajo la premisa 'A que en 30 días juntamos 1,000,000,000 que quiere que renuncie Calderón', así también suena fuerte la consigna del SME: 'El SME se queda, Calderón se va' y más allá de estas consignas, por ahí está un lider social que lo ha venido reiterando con otras palabras desde hace ya bastante tiempo atrás, pero el fin es el mismo: 'el pelele no es nada sin la tele'. ¿No estamos entonces todos por igual, finalmente y de alguna manera, mandando al diablo a las instituciones?
Solidaricemos, pues, las luchas. El tiempo nos está alcanzando. No es solo que tengamos una cita con la historia, tenemos una cita para hacer historia. De cada uno de nosotros depende.

* El colofón: Y vayámonos preparando, gente, pues viene otra asamblea con el SME el 25 de enero, días previos para afinar detalles no solo para la gran marcha del 29 del mismo mes, sino para arrancar diversas acciones de insurgencia bajo lo que el SME ya propuso que se llame PLAN DE LOS INSURGENTES. Vamos así a construir entonces esa IV República.
MinekoKia, de CONCIENCIA TV



 Plan de los Insurgentes


Se propone denominar “Plan de los Insurgentes” (o Plan de la Nueva Insurgencia), a la Estrategia de lucha que los movimientos sociales desarrollaríamos a lo largo de 2010. 


El Plan de los Insurgentes se sustenta en tres vertientes: 


1. Impulsar una ruta popular independiente para festejar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
 

2. Iniciar un proceso de construcción de una instancia de autentica Representación Social de Base y de masas, a la que hemos dado en llamar Congreso Social o Congreso Constituyente.
 

3. Proponer un Plan de Acción que impulse las demandas más sentidas de los movimientos sociales.

Ruta Popular de los Centenarios
 

Para rescatar de las sucias manos de los herederos del colonialismo español y del porfiriato, la celebración de tan magnas conmemoraciones, se propone:
 

a) Que la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular convoque a la conformación de un Comité Organizador de los Centenarios (con carácter autónomo, plural e incluyente, integrado con diversas personalidades del mundo intelectual, artístico, sindical y social), que elabore una propuesta alternativa de eventos y celebraciones.
 

b) Que este Comité Organizador de los Centenarios, presente su programa de actividades en la próxima Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, para su discusión y acuerdos, del Lunes 25 de enero, a las 17:00 Hrs., (lugar por definirse).

La Representación Social de Base y de Masas (Congreso Social o Congreso Constituyente)
 

Se propone a esta magna reunión de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, la conformación de una Comisión que elabore una propuesta de la Convocatoria y defina los contenidos de la Instancia Nacional de Representación Social y de Masas (Congreso Social o Congreso Constituyente), a realizarse los días 5, 6 y 7 de febrero en Querétaro y México, para que ahí se discuta y se acuerde lo conducente. (Comisión que se conforme con cuando menos un representante del SME, del Diálogo Nacional, de la CNTE, del Pacto Político (MNSAEDTLD), del Mov. AMLO, Asamblea Nal. Izq., de Organizaciones Sociales de Derechos Humanos, de Campesinos, de Indígenas, de Estudiantes).
 

Plan de Acción
 

Se propone a esta magna reunión de la Asamblea Nacional de la Resistencia Popular, la aprobación de las siguientes tareas:
 

a) La realización de la Huelga Política Nacional para mediados de febrero o principios de marzo. Convocar a la reactivación del Consejo Nacional de Huelga y de sus consejos estatales.
 

b) Organizar la Huelga General de Pagos del Servicio Eléctrico, en todo el territorio nacional.
 

c) Levantar la demanda por un Aumento Salarial de Emergencia y por Empleo Digno y Remunerador.
 

d) Organizar e impulsar el Recorrido Nacional, para visitar todos los estados de la República, a fin de difundir y concretar estos acuerdos.
 

e) Realizar una Jornada Nacional de Propaganda, con brigadas informativas casa por casa en colonias populares y unidades habitacionales así como en zonas fabriles, a fin de contrarrestar la ofensiva mediática y ganar a todos los sectores populares a nuestra causa.
 

f) Levantar una campaña exigiendo la revocación de mandato del usurpador Felipe Calderón.

Primer calendario de movilizaciones
 

Se propone que esta Asamblea Nacional de la Resistencia Nacional. Apruebe:

a) La realización de una manifestación para el día 29 de enero de 2010, a las 17 Hrs., en defensa de la Soberanía Alimentaria y Energética, por los Derechos de los Trabajadores y la Libertades Democráticas.
 

b) Arranque de la Conmemoración de los Centenarios el día 5 de febrero de 2010, en Querétaro y en todas las capitales de la República.

CONSENSADO POR VOTO UNÁNIME
ASAMBLEA NACIONAL DE LA RESISTENCIA POPULAR

lunes, enero 11, 2010

EDITORIAL DE LA JORNADA

Lunes 11 de enero de 2010

Civiles, en medio de la narcoguerra

La incierta confrontación entre las autoridades y diversas organizaciones delictivas arroja, desde el inicio de lo que la actual administración llamó una guerra frontal contra la delincuencia, un creciente saldo diario de muertes que parece volverse habitual. 

El pasado fin de semana se llegó a una nueva y trágica cuota en las decenas de bajas diarias. Ante una estrategia tan mortífera pierden credibilidad e impacto los alegatos oficiales que interpretan la carnicería como síntoma de éxito y la atribuyen a la desesperación de los delincuentes. 

Frente a esa clase de discursos, es inevitable preguntarse cuántos muertos faltan de aquí al triunfo total del gobierno sobre los cárteles, o bien si el primero considera sacrificables a cientos de miles de mexicanos que, de acuerdo con diversos análisis nacionales y extranjeros, han encontrado en el narcotráfico –por poner sólo ese ejemplo de actividad delictiva– la fuente de empleo que el manejo económico oficial les ha negado.

Sean cuales fueren las perspectivas, es claro que el elevadísimo costo en vidas de la guerra contra el narcotráfico distorsiona y pervierte varios de los fundamentos del marco legal mexicano. 

No se trata únicamente de la sospecha, cada vez más insistente, de que el país asiste, bajo la cobertura del fortalecimiento del estado de derecho, a una suerte de limpieza social de infractores de toda clase, lo que implicaría que buena parte de las bajas son producto de ejecuciones extrajudiciales o de acciones de aniquilamiento deliberado. 

Además, los principios de presunción de inocencia, de separación de poderes y de atribuciones constitucionales se desdibujan ante el accionar cada vez más discrecional y arbitrario de las corporaciones civiles y militares, ante un aparato que parece presentar más cadáveres acribillados que sospechosos vivos y ante los procedimientos ya habituales que prescinden de órdenes de captura y de allanamiento.

A estas tendencias inaceptables y peligrosas se ha ido agregando, en forma discreta pero ya inocultable, un incremento en el número de personas incuestionablemente inocentes que perecen en el fuego cruzado entre efectivos gubernamentales y pistoleros de las organizaciones delictivas –sería el caso de las bajas civiles en el combate que tuvo lugar el mes pasado en Cuernavaca entre elementos de la Armada de México y sicarios del narcotráfico, en el cual murió el presunto capo Arturo Beltrán Leyva–, en retenes militares que responden con poder de fuego a conductores incautos o en simples equivocaciones y confusiones.

Si lo que hay en curso en el país se denomina guerra, como la bautizó desde un inicio el Ejecutivo federal, resulta obligado, entonces, reconocer que la sociedad padece bajas colaterales, que éstas son cada vez más elevadas y que son, independientemente del número y como en cualquier otro conflicto armado, absolutamente injustificables.

A la violación inadmisible del derecho a la vida de quienes han perecido en enfrentamientos con los que no tenían ninguna relación debe añadirse, como agravante, la impunidad que suele otorgarse a los servidores públicos –policías o soldados– cuando las bajas civiles les son atribuibles.


En suma, las estrategias oficiales que buscaban –se dijo– el fortalecimiento de la seguridad pública y del estado de derecho han logrado los resultados exactamente adversos: zozobra generalizada en extensas regiones del país y suspensión de facto de postulados fundamentales de la legalidad. 

El hecho es que tales estrategias tienen un costo inaceptablemente alto en vidas, ya sean de delincuentes reales y presuntos, de efectivos policiales y castrenses e incluso de niños, adultos y ancianos que no tienen nada que ver en el asunto. 

Es tarea irrenunciable del Estado combatir a la delincuencia organizada, pero las muertes referidas constituyen una razón adicional para demandar una reformulación radical en las estrategias y tácticas de ese combate.

Estamos listos

Estamos listos
.
Gustavo Esteva, Periódico La Jornada, lunes 11 de enero de 2010,
.
¿Será? ¿Estamos realmente listos? Mucha gente se resigna pasivamente a las alzas, al desempleo, a la falta de opciones, aunque afectan directamente su supervivencia. Se reducen a apretarse el cinturón. Otros muchos canalizan su enojo a diversas ilusiones: que las cosas mejorarán pronto, que las próximas elecciones permitirán que los nuevos dirigentes pongan todo en orden, que 2010 será el año de la recuperación y podremos escribir nuevas páginas de gloria
 
Quienes reconocen la gravedad de la crisis económica y la profundidad de la crisis política se encierran a menudo en el marco dominante de ideas e instituciones, se aferran a ellas. Aunque adviertan que el país se cae a pedazos y que la destrucción natural y social resulta cada vez más insoportable, se afanan en imaginar alguna solución sin salirse del marco conceptual e institucional establecido. Lo hacen con creciente desesperación e impotencia, porque lo que así logran concebir parece enteramente insuficiente ante la magnitud de las dificultades actuales.

Incluso aquellos que reconocen que sólo una sacudida profunda, una especie de sociomoto, podría propiciar los cambios que hacen falta, prefieren el estado de cosas, con toda su violencia y deterioro, a la destrucción que parece ser compañera inevitable de tales conmociones. El valor simbólico de 1810 y 1910 se emplea como recordatorio del enorme precio que fue preciso pagar por esas revoluciones y es también ocasión de infundir miedo a las propuestas de cambio.

No pueden o no quieren darse cuenta de que vivimos en otra época. La revolución que necesitamos no será como las que se produjeron después de 1789. El derrumbe de los paradigmas de revolución hasta ahora dominantes ha abierto nuevos caminos emancipatorios, como el de los zapatistas. En estos términos se expresó Javier Sicilia en el seminario internacional que tuvo lugar en Unitierra Chiapas, del 30 de diciembre al 2 de enero. Personas de muy diversas edades y regiones de México y de una docena de países escucharon con atención las intervenciones de un grupo destacado de ponentes de Argentina, Estados Unidos, Francia, India y México. Se demostró, una vez más, la vitalidad del imán zapatista, que los medios persisten en ignorar. (Pueden escucharse todas las intervenciones del seminario en www.radiozapatista.org)

Fue evidente la convergencia de los participantes. Desde muy diversos puntos de vista y con esquemas analíticos muy diferentes hubo consenso en cuanto a la gravedad de la catástrofe: no es algo que se nos viene encima; ya estamos en ella, no tiene precedente y pone en entredicho hasta nuestra supervivencia. Hubo también consenso en cuanto a la necesidad de actuar. Un cambio social y político es inevitable en México y en el mundo, subrayó don Pablo González Casanova. Expresaba así una convicción general de los participantes, que coincidieron igualmente en la necesidad de impulsar las formas pacíficas del cambio. Hace falta, subrayó don Pablo, profundizar en una política revolucionaria que asegure el éxito de otros modos de producción y acumulación que se vinculen en una nueva relación con la naturaleza y la vida.

John Berger, por su parte, hizo ver que para actuar necesitamos reconocer la historia que estamos viviendo y lo que le pasa al mundo. A fin de resistir la prisión-mundo en que nos encontramos, es preciso considerar “lo que veo cuando cierro los ojos, para pensar en lo que he visto, y después, con los ojos bien abiertos… actuar y ser persistentes”.

Para todo eso, señaló Sergio Rodríguez Lazcano, estamos listos. Se ha estado formando un nuevo nosotros, el sujeto histórico de la transformación, el de todos aquellos, en México y en el mundo, que están decididos a asumir desde abajo sus responsabilidades en la circunstancia actual y luchar, al lado de los zapatistas, por las transformaciones que hacen falta.

No bastan las buenas intenciones, apuntó Luis Villoro: contra los males del capitalismo mundial sólo cabría una resistencia organizada que abriera el camino a un mundo diferente.

Tampoco es hora de parches o ajustes marginales. Asistimos a la insurrección de los saberes sometidos y de las imaginaciones reprimidas. Mientras todo lo que es sólido se disuelve en el aire y las ideas y obras de la modernidad entran en su crisis terminal, amanecen ya y empiezan a adquirir visibilidad nuevas formas de ser y estar en el mundo, nuevas formas de pensarlo y nuevas formas de lucha.

Nuestro nosotros, desde abajo y a la izquierda, se amplía y fortalece continuamente. A pesar de las cegueras dominantes y en parte por ellas, estamos listos.

De Proceso

Las mujeres en 2010

Sara Lovera


MÉXICO, D.F., 7 de enero (apro).- 2010 es un año mítico. Los análisis van de la objetividad a la ficción. Es, de todas maneras, un año cabalístico por el bicentenario.

Me pregunto si se consolidará, en el voto popular, la política conservadora y contra las mujeres.

Me pregunto si en las elecciones en 13 entidades del país, el tema de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres será un factor de debate y de premio o castigo a los partidos que han mutilado garantías; y si habrá algún entusiasmo para presentar candidaturas femeninas y feministas en las 10 gubernaturas que estarán en disputa, las 451 diputaciones locales y los mil 481 ayuntamientos.

Lo cierto es que el entusiasmo por el avance de las mujeres está de color gris. Y el entorno de miedo, acoso, pérdida de capacidad adquisitiva y de desempleo, pudieran disminuir las expectativas políticas para las mujeres, no para los partidos.

En 2010, no esperamos una revuelta, para nada, a pesar de las predicciones. Continuará la violencia y nos llenaremos de discursos vacíos, usando sin entender ni reconocer la historia, esa que nos heredó el liberalismo y la política social.

Lo interesante es que sí habrá debate, amplia difusión y respuesta a lo acontecido en torno al derecho a interrumpir un embarazo, colocado en la agenda legislativa federal y que podría influir en los resultados electorales.

Las elecciones de 2010, signadas por el poder y su distribución entre la clase política de características masculinas, aunque haya mujeres en el entorno, son, sin embargo, paradigmáticas. No por lo que consideran como asunto principal “analistas” de diversos niveles, con pantallas televisivas lamentables, me refiero al peso que dan para las elecciones como factor que calificará al gobierno bajo sospecha de Felipe Calderón. Por el contrario, estos procesos en prácticamente la mitad del país, mostrarán el poder priista y el espacio conservador en la sociedad.

Lo cierto es que terminamos 2009 con 18 entidades en retrocesos respecto de la interrupción legal del embarazo, la amenaza de cercenar este derecho en el Distrito Federal parece creciente, los responsables son directamente los diputados locales y gobernadores al estilo del veracruzano Fidel Herrera, perdidos, jugando a fondo con la derecha en su expectativa hacia 2012, fecha de cambio presidencial.

En 13 entidades del país se renovarán congresos y, por tanto, existe la oportunidad de castigar a los que han actuado en contra de las mujeres o “premiarlos” con la fuerza de la Iglesia católica, el control del PRI y el conservadurismo que, tal vez, no podemos aceptar como el resultado funesto de nuestras luchas libertarias que se celebran desde este 1 de enero.

En 6 de esas 13 entidades se elegirán gobernadores, algunos de los cuales consintieron el cambio constitucional como los de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Durango, Sinaloa y Chihuahua, ahora sabremos si habrá premio o castigo. Si hay conciencia social sobre los derechos de las mujeres.

En Baja California, Yucatán y Chiapas habrá renovación de diputados y ayuntamientos exclusivamente. La señora gobernadora de Yucatán, Yvonne Ortega, el 16 de mayo se pondrá a prueba, con toda la maquinaria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En pleno bicentenario, en el sitio donde se inauguró el feminismo organizado y potente en 1916.

Ahí, en Yucatán, se legisló en 1922 el aborto legal por razones económicas; en esa entidad se distribuyó por primera vez información detallada sobre la anticoncepción; donde fue electa la primera diputada local y se consideró el bastión del feminismo de la Revolución Mexicana; es el mismo Yucatán donde se ha prohibido el aborto en todas sus formas, y se amenaza y hostiga a las luchadoras por esas libertades.

También habrá oportunidad de hacer cuentas con los gobiernos de Oaxaca, golpeada tan duramente por las decisiones gubernamentales; Zacatecas, donde no hay cambio constitucional, pero en el que una mujer gobernadora y de izquierda –Amalia García-- se puso a prueba constantemente y tuvo que sacrificar temas feministas de cara al golpeteo de la familia del senador

Ricardo Monreal, otrora fundador de la idea de que las mujeres dejen los lugares a los hombres en las listas electorales.

La mayor parte de las jornadas electorales serán el 4 de julio, pero antes de que termine el primer mes del 2010 ya habrá convocatorias, precampañas intensas, promesas y programas de gobierno esquemáticos.

Chiapas y Tamaulipas celebran elecciones al final del año (octubre y noviembre), en el primero se podrían hacer cuentas sobre la violencia contra las mujeres, la forma tan grosera del cambio legal contra los derechos de las mujeres; y en Tamaulipas el feminicidio y la pérdida de los empleos son grandes asuntos para las mujeres.

La renovación de poderes en mil 481 ayuntamientos, más de la mitad del país, sería una oportunidad para las mujeres, el poder local es muy atractivo. Lo grave es que es ahí donde se anida el tema del atraso, donde no ha habido representación femenina más allá del 3%, donde las iglesias experimentan sus mejores artes de control y sus mejores oficios para obstaculizar el progreso, en los 570 ayuntamientos de Oaxaca o los más de 200 de Puebla, los muchísimos de Veracruz, adicionalmente, campea la pobreza y el abandono en todo sentido.

La posibilidad de avance parece pequeña. No obstante si las mujeres consiguieran movilizarse en todos estos espacios de oportunidad, no para candidaturas, sino con una estrategia de denuncia, de presión, de propaganda contra esos políticos que hay que señalar, si se hiciera una inmensa campaña de información, casa por casa, explicando al mal gobierno. Las mujeres en 2010 podríamos dar un buen susto a los dueños de la vida y dineros de México, para hacer honor a las celebraciones centenarias de la Independencia y la Revolución.

Veremos.

saralovera@yahoo.com.mx

De La Jornada


Sobre la guerra

Carlos Fazio

La así llamada pacificación del país –eufemismo orwelliano para la realización de lo contrario–, aunque más letal que en Irak o Afganistán, es algo distinto de una guerra. Se trata de una violencia reguladora de la economía criminal (término técnico tomado del léxico de la contabilidad ajuste de cuentas), que en la actual ofensiva policiaco-militar del Estado mexicano incorpora algunos elementos de la lucha antisubversiva.

En las postrimerías del foxismo, los operativos en Atenco y Oaxaca fueron sendos laboratorios de una guerra sicológica contra masivas protestas sociales organizadas, que vinieron a sumarse al cerco de aniquilamiento vigente en Chiapas en el área de influencia del EZLN. A partir de diciembre de 2006, con Felipe Calderón en Los Pinos, la presencia masiva de militares y fuerzas paramilitares del Estado en vastas extensiones del país, respondió al ABC de la contrainsurgencia clásica, experimentada parcialmente en el sur-sureste mexicano tras la insurrección zapatista.

Junto con prácticas propias de un Estado de excepción y bajo el argumento de la recuperación del territorio (ergo, retomar la plaza en poder de otro cártel criminal), se ha venido llevando a cabo una diseminación geográfica de las fuerzas armadas y una cuadriculación contrainsurgente del territorio nacional, aplicándose detenciones, arraigos y allanamientos sin orden judicial y estableciendo retenes con varios casos de víctimas mortales, con el objetivo encubierto de imponer un control de población de facto, así como la destrucción preventiva de organizaciones definidas desde la óptica castrense como herramientas del enemigo interno. Cabe recordar que un informe de la Sedena (La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico, 2008), proyectaba una simbiosis entre cárteles criminales y grupos armados desafectos al gobierno, a los que había que aniquilar.

Sujetos a una legalidad aparente, merced a un Congreso y un Poder Judicial cómplices y obsecuentes, en el marco de esa guerra difusa e indefinida, el Ejército y la Marina han renovado funciones similares a las de los años del plomo del diazordacismo y el echeverriísmo. Entre ellas, la inteligencia política y la acción policial, que en tiempos normales incumben a las autoridades civiles. Y es bien sabido que quien dice información dice interrogatorio y entonces tortura, lo que lleva a hacer saltar por los aires la picota de la legalidad.

Un resultado concreto de ese trabajo de limpiador de cloacas –como lo llamaba el general Massu en Argelia– es la multiplicación de denuncias por violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas. No obstante, de manera subrepticia, los militares se han venido arrogando competencias policiales y terminaron reclamando, en particular, una legislación de excepción hecha a su medida.

En nombre de hacer más eficaz la lucha contra el crimen y la subversión, el Ejecutivo federal ha elevado al Congreso iniciativas de ley que buscan eliminar las restricciones políticas de tiempo de paz y limitar las garantías de los derechos humanos universales, que (en principio) hacen ilegítimas la práctica rutinaria de la tortura, las ejecuciones sumarias extrajudiciales y la desaparición forzosa de personas, así como la existencia de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social, elementos, todos, propios de la guerra sucia. Un modelo político-militar que no es ni más ni menos que la matriz del terrorismo de Estado.

Cabe advertir que la guerra sucia, tal como la practicaron los franceses en Argelia, Estados Unidos en el sureste asiático y los regímenes de seguridad nacional en Centro y Sudamérica, entraña la emergencia de una ideología reaccionaria y antirrepublicana, incluso una deriva fascista, en el seno de la institución militar, que la impulsa a reivindicar el ejercicio directo del poder según un programa en el que la dictadura es erigida a rango de arma de guerra. Según la experiencia, en esos regímenes el enemigo subversivo y la población que le da apoyo constituyen los objetivos que se deben intoxicar propagandísticamente, persuadir o aniquilar por todos los medios.

En ese contexto, el asesinato de la luchadora social Josefina Reyes en Ciudad Juárez; los homicidios de testigos protegidos, como el ex agente federal Édgar Bayardo (¿fuego amigo?); el suicidio inducido (o la eliminación) de Jesús Zambada, quien apareció ahorcado en un recinto de la PGR, así como el medio centenar de balas que terminaron con Arturo Beltrán Leyva, permiten constatar la presencia de algunos rasgos típicos del terrorismo de Estado. Verbigracia, en el caso de la exposición pública del cadáver de Beltrán, exhibido como trofeo y con mensajes en código entre pares, todo indica que se trató de una ejecución con valor ejemplarizante que sigue los cánones de la guerra sucia, según los cuales se debe terminar con los heridos y asesinar vencidos o sospechosos en represalia por la muerte de soldados o para vengar camaradas. No se trata de una falla del sistema, sino de una ejemplaridad al margen de la ley, que desnuda a los ejecutores y al Estado mafioso.

Así como la tortura y la desaparición forzosa (hoy levantones) son factores esenciales de la lucha contrainsurgente, la exposición pública de cadáveres de enemigos –o narcos, da igual– es una técnica de la guerra sicológica. A lo que se suman el helicóptero como instrumento de combate, el espionaje masivo, los autoatentados y sabotajes, los vehículos sin placa, las cárceles clandestinas. Muchos de esos elementos reaparecen en México, incluida la importación, ahora, de los falsos positivos (en Colombia: civiles detenidos y asesinados por el Ejército, que se hacen pasar por guerrilleros muertos en combate) y la cédula de identidad biométrica de impronta estadunidense.