sábado, abril 04, 2009

RED NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA SOLIDARIDAD

México

Declaración Política

Las organizaciones, colectivos, mujeres y hombres de Puebla, Oaxaca, Tlaxcala, Morelos, Chiapas, Estado de México y Distrito Federal que junto con otros y otras integramos la Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad, reunidos en la Ciudad de Puebla este día 28 de Marzo de 2009 queremos declarar lo siguiente:

1. Denunciamos el hostigamiento y las amenazas por parte del Gobierno Federal Mexicano, el Gobierno del Estado de Oaxaca y las autoridades municipales de Tuxtepec, y caciques de la región en contra de nuestros compañeros de la Organización Fuerza Indígena Chinateca Kia-Nan, y de las comunidades Rosario Ibarra de Piedra, San Agustín y Playa Limón.

2. Nos solidarizamos con los maestros poblanos de las Secciones Democráticas 23 y 51 que están siendo amenazados por el Gobierno del Estado de Puebla y por la dirigencia charra del SNTE con órdenes de aprehensión y con el desalojo de los edificios que han tomado y por lo tanto recuperado.

3. Repudiamos la injusta no liberación de nuestros compañeros Gloria Arenas y Jacobo Silva, quienes permanecen presos en el penal de Chiconautla y en el del Altiplano, con cargos absurdos, a pesar de haber ganado una sentencia de amparo.

4. Expresamos nuestra solidaridad con los colonos de Lomas de Poleo en Ciudad Juárez, Chihuahua, quienes están siendo agredidos sistemáticamente por las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua y municipales de Ciudad Juárez, así como por cholos y porros, la familia Zaragoza, quienes en complicidad con funcionarios y empresarios estadounidenses, quieren desalojarlos de las tierras que han habitado por más de treinta años para construir una ciudad industrial maquiladora.

5. Nos pronunciamos en contra de toda violencia en contra de las mujeres, venga de donde venga, sea del Estado, de otras organizaciones, al interior de la familia o de compañeros de lucha.

6. Manifestamos nuestra solidaridad con las compañeras trabajadoras sexuales del Distrito Federal, quienes han sido y siguen siendo agredidas brutalmente por las autoridades de la Ciudad de México.

7. Exigimos la liberación de Alberto Patishtan preso en Chiapas y Abraham Vázquez preso en Pochutla, la de los 12 presos políticos de Atenco y la de todos los presos políticos de México y del Mundo.

Ante la represión e injusticia generalizada en contra del pueblo de México, hemos decidido promover y realizar un encuentro nacional contra la impunidad y por la justicia autónoma los días 16 y 17 de mayo de 2009 en la Ciudad de México.

Desde este edificio recuperado por el movimiento magisterial poblano, como Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad ratificamos nuestro compromiso a seguir luchando en contra de toda forma de represión, porque si nos tocan a uno nos tocan a todos.

¡Libertad a los presos políticos de Atenco y de todo el país!

Otra Puebla a 28 de marzo de 2009

Red Nacional Contra la Represión y por la Solidaridad

Tercer encuentro de trabajadores de la energía de América del Norte

Declaración final

En su Tercer Encuentro, sindicatos, redes y organizaciones sociales del sector energético de Canadá, Estados Unidos y México se comprometieron a buscar solución a los grandes retos que enfrenta su sector en sus respectivos países y en la región en general.

Los tres países sufren serios problemas en sus esfuerzos de enfrentar los efectos de la actual crisis económica global que afecta América del Norte como a los otros países del mundo: la crisis de sistema bancario, el desempleo, la criminalización de la protesta social, la destrucción de fuerzas productivas, el deterioro del medio ambiente, la explotación irracional de recursos energéticos, la privatización y el desmantelamiento de programas y servicios sociales.

La respuesta de los gobiernos de los tres países ha sido distinta. En Canadá y México, los pueblos no han podido ejercer un control democrático y efectivo sobre sus gobiernos, que están más preocupados de proteger los intereses de la elite transnacional. La llegada de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos mediante un proceso democrático abre camino a una nueva era en las relaciones de los tres países de América del Norte.

Las y los trabajadores del sector energético en los tres países, junto con sus sindicatos, organizaciones y redes sociales, estamos recibiendo los golpes frontales, con la desaparición masiva de empleos, la reducción de derechos laborales y la pérdida de apoyos sociales. Es por eso que buscamos unas estrategias y acciones comunes para enfrentar estos retos.

En esta búsqueda, los principios rectores de nuestra relación trinacional son:

1. La solidaridad dentro y entre sectores y pueblos para la defensa mutua de los derechos humanos, laborales y ambientales, incluyendo los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

2. La sustentabilidad, incluyendo por un lado la generación de empleos “verdes” y de fuentes energéticas renovables, menos contaminantes y de menor emisión de carbono, y por el otro, la transición justa hacia una nueva matriz energética, que implica compensar y apoyar a la gente que ha perdido o que corre el riesgo de perder sus empleos en el sector, así como en las comunidades afectadas, tanto por el abandono de antiguas industrias como por cambios de uso de suelo para producir energías alternativas.

3. La soberanía de los pueblos de ejercer su derecho de acceso y disposición de sus recursos naturales y energéticos, sujeto solamente a la voluntad democrática, y el control ciudadano en la administración y regulación de los recursos; por ejemplo, la remoción de obligaciones relativas al principio de la proporcionalidad en el TLCAN que obliga la exportación de los recursos renovables y no renovables aun cuando causa escasez en el país de origen.

Líneas de acción:

1) Desarrollo de una visión común sobre la energía y reforzamiento de las coordinaciones nacionales.

2) La renegociación del TLCAN para asegurar que el comercio responda a las necesidades de los pueblos y no de las corporaciones, y la reversión del proceso anti-democrático y secreto de la ASPAN.

3) La lucha por las reformas laborales democráticas en los tres países para fomentar la libre asociación, la autonomía sindical, la negociación colectiva y la democracia sindical y en contra de las propuestas de reforma neoliberal (como el proyecto de Lozano de México), y a favor de las propuestas pro-sindicales (como el Employee Free Choice Act de Estados Unidos)

4) Presión internacional para que los gobiernos respeten los derechos laborales, como es el caso de la campaña contra los contratos de protección patronal en México.

5) Campañas de presión contra las empresas transnacionales que violan los derechos humanos y laborales y de medio ambiente, aprovechando la incidencia de los sindicatos en uno de los países en las acciones de sus empleadores en otros.

6) Presión para lograr medidas internacionales de protección del medio ambiente que castiguen a las empresas y no a los pueblos en vías de desarrollo.

7) Campañas para detener los procesos de privatización y desregulación

8) Construcción de alianzas y unidad multisectorial para buscar soluciones integrales.

9) Esfuerzos en defensa del medio ambiente para asegurar un futuro sustentable para las y los trabajadores

Reprobamos la aseveración del proyecto de declaración de la Quinta Cumbre de las Américas que se llevará a cabo los días 17 al 19 de abril del año en curso en Puerto de España (Trinidad y Tobago) en el sentido que “los principios de mercado, el libre comercio, y los sistemas de inversión... son fundamentales para el crecimiento económico, el empleo y la reducción de la pobreza”. Al contrario, insistimos que es el momento de cuestionar estos planteamientos y proponer el rechazo definitivo al modelo neoliberal. Debemos promover las políticas que favorezcan la soberanía energética y alimentaria, los mecanismos de control ciudadano y los programas efectivos de repartición de riquezas en favor de la justicia social.

Nos comprometemos a la coordinación permanente entre los sindicatos del sector junto a las redes y organizaciones sociales y los sindicatos globales en un espíritu de solidaridad hemisférica. Mediante los nuevos mecanismos de coordinación que estamos desarrollando, avanzaremos hacia la unión de los movimientos de cada país para hacerle frente a las consecuencias nefastas de los acuerdos comerciales y políticas de globalización neoliberales y crear condiciones más justas y sustentables para nuestros países.

México, D.F., 16 al 18 de marzo de 2009










Amnistía Internacional-México


Con su incapacidad de llevar ante la justicia por prácticamente cualquiera de los cientos de desapariciones, asesinatos y casos de tortura cometidos durante la guerra sucia en las décadas de los 60, 70 y 80, las autoridades mexicanas están condonando de hecho estos abusos, dijo hoy Amnistía Internacional.

La declaración fue hecha cuando una corte federal mantuvo el dictamen a favor de Luis Echeverría Álvarez, expresidente, que establecía que no había suficiente evidencia en su contra para continuar con su proceso por genocidio con relación a la masacre de estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, Cd. de México, en 1968.

“Los graves abusos a los derechos humanos cometidos en el pasado reciente en México continúan ensombreciendo el presente,” dijo Kerrie Howard, Subdirectora para las Américas de Amnistía Internacional. “La negación de justicia, verdad y reparaciones a las víctimas se repite diariamente al tiempo que la impunidad por estas violaciones sigue siendo el principal obstáculo para el establecimiento de instituciones de justicia confiables y capaces de mantenerlos estándares de derechos humanos y de proteger a los ciudadanos.”

El fracaso de este último caso es un síntoma de la incapacidad de sucesivos gobiernos y legislaturas mexicanas, así como de las cortes y procuradores, de mantener y cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Los graves crímenes del pasado no sólo se evaporan con la incapacidad del Estado de procesarlos, sino que dejan un legado de impunidad e injusticia que florece en el actual clima de violencia e inseguridad. México no podrá avanzar si no resuelve su pasado.

El gobierno del presidente Calderón no ha reconocido ni tratado el legado de violaciones a los derechos humanos. Es tiempo de que esto cambie y haya un esfuerzo concertado por parte de los poderes del Estado para garantizar la verdad, la justicia y las reparaciones a las víctimas y sus familias.

PorEsto!

México SA

Los empresarios de siempre, beneficiarios del blindaje

Todos los mexicanos pagarán la deuda de los amigos

Carlos Fernández-Vega

Por si alguien tuviera dudas sobre el destino que tendrán los dólares del blindaje pomposamente anunciado por la trinca infernal (Calderón, Carstens y Ortiz), el propio gobernador del Banco de México rápidamente se encargó de despejarlas: el propósito es proveer financiamientos a participantes del sector privado que enfrenten presiones para obtener recursos en dólares a plazo, de tal suerte que una vez más los mexicanos deberán pagar la factura por los excesos del gran capital, de los grupos monopólicos y oligopólicos que se han apropiado de las finanzas nacionales, y por el descarado contubernio gubernamental con los barones.

El burro dando vueltas a la noria, porque a partir de ya, aunque formalmente la primera subasta se llevará a cabo el próximo día 21, el Banco de México y el gobierno calderonista pusieron a caminar la nueva época del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios (Ficorca) –con una generosa bolsa de cuando menos 30 mil millones de dólares (los de línea swap de la Reserva Federal de Estados Unidos, más lo que se llegue a necesitar de los 47 mil millones del FMI–, en una versión reeditada, pero ahora disfrazada de blindaje, de aquel voluminoso programa de subsidio cambiario al gran capital –obvio es que a costillas del erario– que armó Miguel de la Madrid, como inquilino de Los Pinos, y operó Ernesto Zedillo, como director de tal fideicomiso, quien a la postre terminó en Los Pinos y armó el Fobaproa.

En ambos casos (Ficorca y Fobaproa) activamente participó Guillermo Ortiz Martínez, el mismo gobernador del Banco de México que hoy despeja dudas, por si las hubiera, sobre cuál es el destino de los dólares del blindaje financiero, y a quienes deben pasar la factura, esto es, a los mexicanos. Ahora queda clarísimo cuál fue el tema principal del encuentro Calderón-Zedillo en Davos, y la razón por la cual ambos no dejaron de reír.

Como es costumbre en esto de los rescates privados con recursos públicos, el nuevo capítulo del Ficorca (versión siglo XXI) se enfocará a los grupos económicos allegados al inquilino de Los Pinos. Por ejemplo, Cemex, con Lorenzo Zambrano a la cabeza, ya resolvió su crisis de deuda externa, producto de la enloquecida práctica de su dueño de comprar, sin dinero, todas las cementeras del mundo. Qué no se preocupe LZ, que mediante puntual blindaje el Felipillo ya le arregló el desperfecto. Lo mismo para Alfa, Vitro, Visa, Cydsa, Corporativo Durango, Comercial Mexicana, Coppel (el de la carta por Felipe en tiempos de campaña electoral), Soriana, Iusacell y demás amigas de la casa.

Se repite el numerito de Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo: en el Ficorca original (1983-1992) alrededor de 30 grupos privados concentraron el 80 por ciento de los recursos y el subsidio cambiario garantizado por el gobierno, algo así como 10 mil millones de dólares de los cerca de 12 mil millones originalmente considerados, monto que fue creciendo al paso de los años. Poco más de cinco lustros después, llega la nueva temporada de dicho fideicomiso, y el gobierno federal ha puesto miles de millones de dólares a disposición de prácticamente los mismos grupos rescatados por MMH.

Desde su puesta en operación, en 1983, el Ficorca ofreció cobertura (subsidio) cambiaria a casi 4 mil empresas privadas, según la versión oficial; sin embargo, 209 de ellas (5 por ciento del universo a subsidiar) pertenecían a 30 poderosos grupos económicos, que con la venia gubernamental se dieron vuelo con los recursos públicos. Pero dentro de la concentración, se dio otra concentración: nueve de esos 30 grupos fueron los que mayor beneficio obtuvieron de este fideicomiso, entre ellos (¡sorpresa!) Alfa, Visa, Cemex y Cydsa, las mismas que hoy de nueva cuenta aparecen, con la mano extendida, en los primeros lugares de la lista para recibir más dólares subsidiados por las arcas nacionales. Este patético cuadro demuestra fehacientemente cómo es que se democratiza el capital en el país.

¿Cómo le hizo Miguel de la Madrid, en medio de la crisis, para echar a caminar un mecanismo tan oneroso como el Ficorca, en 1983? Sencillo: blindó la economía y garantizó un excedente de divisas, por medio de un crédito externo, mismo que íntegramente destinó al rescate del gran capital altamente endeudado en moneda foránea; es decir, los citados 30 grupos empresariales, aunque hay de grupos a grupos. ¿No se oye muy actual?

A finales de 1982 la deuda externa del sector privada ascendía a cerca de 25 mil millones de dólares. Cuando concluyó el sexenio de Miguel de la Madrid apenas si rebasaba los 3 mil millones de dólares. Al cierre de 1990, ya con Salinas en Los Pinos, el saldo de la deuda privada amparada por el Ficorca, se había reducido a sólo 423.9 millones de dólares, y para mediados de 1992 la Secretaría de Hacienda (con Pedro Aspe a la cabeza) anunció la liquidación del Ficorca, toda vez que este organismo cumplió con el fin para el cual fue creado y ya no se considera necesaria su existencia. Pues resulta que no, porque los de siempre son insaciables.

En los últimos 26 años, por medio del generoso subsidio cambiario y el Ficorca, Miguel de la Madrid los rescató de la crisis de la deuda privada y les regresó 34 por ciento de la banca estatizada, más las empresas en ella involucradas; con la entrega total de la economía y el regalo de las paraestatales, los bancos de forma destacada, Salinas los hinchó de dinero y los elevó a Forbes; con un nuevo subsidio cambiario en la crisis de los Tesobonos, el indiscriminado uso de las arcas nacionales, mediante el Fobaproa, los rescató de la crack bancario, amén del carretero, del azucarero y el de las líneas aéreas, entre otros, e inició la extranjerización del sistema financiero; descaradamente Fox les permitió la evasión fiscal, la especulación abierta, les volvió a rescatar las carreteras y los incorporó al gobierno de empresarios y por empresarios, amén de extranjerizar prácticamente en su totalidad el sistema nacional de pagos; y ahora Calderón los vuelve a rescatar a costillas de la nación, y todavía tiene el cinismo de presumir (ya sacrificados 20 mil millones de dólares en reservas internacionales) que los especuladores ya están perdiendo.

Las rebanadas del pastel

Lo cierto y lamentable es que con un gran capital como el que opera en México (nacional o extranjero, que en cualquiera de los casos son consumidores compulsivos de recursos públicos), más la vergonzosa complicidad del gerente que despache en Los Pinos, ningún país puede salir adelante, por sólido que sea, y el caso mexicano es una muestra exacta de ello.



LA PRIVATIZACIÓN ANUNCIADA

Laura Itzel Castillo

Al iniciar la semana Pemex informó que la empresa estadounidense Weatherford ganó un contrato de más de 646 millones de dólares para perforar 500 pozos petroleros en Chicontepec, zona ubicada entre los estados de Puebla y Veracruz.

A lo largo de 2008, desde el Movimiento en Defensa del Petróleo y la Soberanía Nacional, se denunció el riesgo que se corría de no prohibir expresamente en la ley la entrega de “bloques” completos para la exploración y explotación de nuestros recursos energéticos, por parte de las empresas extranjeras.

Recordemos que debido a las acciones emprendidas desde la resistencia civil pacífica, se pudo impedir la entrega de la refinación, el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos y petroquímicos a empresas extranjeras.

Sin embargo, la puerta para concesionar polígonos enteros de nuestros mares y tierras quedó abierta. En el debate, los diputados y senadores del PRI y del PAN se negaron rotunamente a que la prohibición quedara textualmente en la ley.

El 18 de marzo pasado, en el acto de conmemoración de la expropiación petrolera convocado por Andrés Manuel López Obrador, se denunció que precisamente en Chicontepec se había hecho una subdivisión de “8 bloques” para ser entregados, cada uno de ellos, para su explotación a la industria extranjera. Una vez más quedó demostrado que el Presidente legítimo de México tenía razón.

En nuestro país, la lucha por la defensa de la soberanía ha sido larga y requiere sin duda de permanencia. En estos días se cumplen 12 años del fallecimiento de Heberto Castillo Martínez. En el recinto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se le rinde homenaje a través de una exposición fotográfica y la presentación del libro 80, 40, 20, Heberto por siempre, editado en 2008.

El título hace alusión a los 40 años del movimiento estudiantil de 1968, a los 20 años del fraude electoral de 1988 y a los 80 años del natalicio del ilustre ingeniero.

De los textos de Heberto se rescata, entre otros, el del prólogo del libro Cuando el petróleo se acaba, que en coautoría con el caricaturista Rogelio Naranjo en el lejano 1984 señalaba:

“El gran reto de la humanidad es preservar suficiente petróleo para abrigar esperanzas de supervivencia de la especie. La actual sociedad depende de los energéticos para su subsistencia. Sin ellos desaparecerá. La guerra mundial puede llegar como intento desesperado, irracional, para resolver los problemas energéticos en el mundo. Pero de llegar será la solución de los suicidas; el fin de la especie sobre la Tierra…”


viernes, abril 03, 2009

IFAI. Transparencia inútil

JESúS CANTú. Proceso

La transparencia, el acceso a la información pública, la creación de un órgano de fiscalización con “autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones” y el desarrollo de medios de comunicación más distantes del poder político permiten a la opinión pública conocer con más puntualidad los abusos y excesos de los servidores públicos; lamentablemente, esto no se traduce en un mejor ejercicio ni en el control de la autoridad y el poder.

Según los estudiosos del tema, los tres elementos indispensables de la rendición de cuentas son: información, justificación y sanción. La transparencia sin rendición de cuentas equivale al cinismo, pues simplemente se traduce en el conocimiento público de la corrupción y las arbitrariedades de los funcionarios, pero no permite castigarlas.
Sus consecuencias sobre la vida democrática son funestas, pues provoca que estos actos se extiendan y se reproduzcan ante la permisividad o inoperancia de las instituciones, y con el consecuente desánimo de la ciudadanía ante la ausencia de soluciones.

Eso es precisamente lo que sucede en México, pues únicamente se avanza en la transparencia, pero no en los ámbitos de la justificación y la sanción.

Los casos se repiten: primero fueron los escándalos públicos por la intromisión del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín, en el asunto de Lydia Cacho y la absolución del mandatario por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el argumento de que las violaciones a los derechos humanos no eran lo suficientemente graves; después, el mismo tribunal exoneró al gobernador mexiquense, Enrique Peña Nieto, al procurador general Eduardo Medina Mora y a los altos mandos policiacos federal y estatal, pues aunque admitió que se cometieron graves violaciones a las garantías individuales contra los pobladores de San Salvador Atenco, determinó que los únicos responsables son los policías ejecutores de las órdenes y sus jefes inmediatos.

Por otra parte, son constantes las denuncias de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) sobre la falta de sanciones a los funcionarios que se niegan a acatar las resoluciones de esa instancia. De acuerdo con una información publicada en El Universal, en los primeros cuatro años de vigencia de la Ley de Acceso a la Información (2003-2007) únicamente 14 funcionarios federales enfrentaron las consecuencias de incumplir las resoluciones del IFAI, y la mayor de las sanciones fue la destitución del responsable y su inhabilitación por un año para ocupar un cargo público.

Otro ejemplo. Tras entregar a la Cámara de Diputados el informe de su revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de 2007 –el primer año de ejercicio del gobierno de Felipe Calderón–, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, lamentó que haya tantos obstáculos y limitaciones para la aplicación de sanciones.

Y en una entrevista con el diario Reforma el auditor señaló que, en más de siete años que él lleva al frente de la institución, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha resuelto ninguna de las 24 denuncias penales que la ASF ha interpuesto contra funcionarios que desviaron o aplicaron inadecuadamente los recursos públicos. Mencionó también la falta de firmeza que en ese aspecto ha demostrado la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En la revisión de las cuentas públicas el problema es muy claro. El auditor documenta los hechos, finca las responsabilidades y presenta las denuncias, pero los responsables de las irregularidades (y en ocasiones delitos) no son castigados, ya que la aplicación de la sanción depende del mismo poder en que se cometieron las irregularidades: el Ejecutivo.

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF procederá a determinar los daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o al patrimonio de los entes públicos federales, “fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas”; “promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades”; y “presentar las denuncias y querellas penales a que haya lugar”. Casi en todos los casos, las “autoridades competentes” son la PGR y la SFP.

Así, los obstáculos para hacer efectiva la rendición de cuentas aparecen en todos los ámbitos y tienen distintos grados de complejidad. Sin embargo, las responsabilidades administrativas tienen una solución muy obvia y que permitiría avanzar en la materia: la creación de una instancia independiente del Poder Ejecutivo que sea la responsable de instruir y resolver las quejas que se finquen contra los funcionarios públicos federales. Esta medida beneficiaría directamente al IFAI y a la ASF, además de que puede brindar una opción más confiable para que la ciudadanía interponga sus quejas.

El hecho de que actualmente sean los Órganos Internos de Control (OIC), dependientes de la SFP, los responsables de cumplir esas tareas, impide su adecuado funcionamiento, ya que finalmente todos ellos dependen del presidente de la República y, por lo mismo, se producen las complicidades. Pero si el responsable de atender las quejas administrativas fuese un órgano autónomo, al que pudieran acudir los propios OIC en el caso de que detectaran irregularidades, el asunto cambiaría diametralmente, pues ya no habría esos conflictos y el nuevo órgano tendría esa única responsabilidad.
El problema es dónde colocarlo. En una lógica integral, ese órgano nuevo no debería pertenecer al Poder Judicial, ya que éste puede ser requerido en un litigio como instancia posterior. Así que las únicas opciones son, en primer lugar, adscribirlo a la ASF, otorgándole a ésta autonomía constitucional –como lo demanda González de Aragón– o bien crear otro órgano autónomo.

Cualquier otra opción, incluida la de adscribir ese órgano al Poder Judicial, parece mejor que mantener las condiciones actuales, pues cuando se trata de fincarles responsabilidades administrativas a los servidores públicos, los OIC forman un valladar infranqueable, como lo muestran las estadísticas, así como las críticas de los comisionados del IFAI y del titular de la ASF.

Este domingo, hay dos eventos para participar


de PorEsto!


Rescate sí, proteccionismo no… o sea ¿cómo?

Ricardo Andrade Jardí

No deja de ser curioso el hecho de que frente a los claros signos del derrumbe financiero global, el desgobierno mexicano salga a pedir préstamos para blindar al peso, el cual pese a la subasta de dólares de nuestra reserva sigue la senda de su decadencia. Decadencia que obedece, fundamentalmente, al seguir sosteniendo una política financiera que es ya, para el mundo, completamente insostenible, inviable y además criminal.
Aunque los absurdos mexicanos no dejan de sorprender al mundo. El caballerito usurpador, que es comparado ni más ni menos que con Elliot Ness, berrea un discurso, después, por supuesto, de una serie de reuniones de Estado en la monárquica Inglaterra, contra el proteccionismo, curioso, que el orquestador e impulsor del FOBAPROA, que legalizó el fraude del empresariado mexicano, socializando sus pérdidas pero manteniendo como privadas todas las ganancias. “No al proteccionismo”, pero sí al endeudamiento que nos permita seguir subastando dólares para “defender el peso” y para que siga la dependencia criminal que nos mantiene sometidos a la política especulativa y usurera del libre mercado, que, por cierto, en realidad, tiene muy poco de libre.
Es evidente que nuestra “nueva clase política” se caracteriza por su ceguera, por la incapacidad de ver y comprender la realidad concreta, frente a la estabilidad aparente del pantano nebuloso que su imaginario asume como única verdad. Políticos que son ladrones o ladrones que se hacen políticos se alternan la administración de lo poco que le queda al Estado y se olvidan de que un país es mucho más que un puñado de instituciones corruptas y corruptoras, por la lógica de suponer que se debe elegir entre un ladrón político o un político ladrón, cuando en el fondo son absolutamente la misma cosa, si acaso con matices diferentes: unos se reparten el dinero entre sí y otros acaban con el presupuesto “repartiendo”, entre la inutilidad burocrática que es el arma para que la ineficiencia institucional se convierta en el instrumento de censura más importante del imaginario represivo de nuestros desgobernantes. Basten de ejemplo las instituciones culturales bajo la administración de cualquiera de las alas o corrientes del PRIAN, unas más elitistas y otras más demagógicas, pero en el fondo responden a las mismas intenciones de control social y a la política de que nadie debe hacer nada que el sistema no pueda someter, corromper, comprar y controlar y lo mismo sucede en las instituciones de investigación científica y tecnológica y en las instituciones de salud pública y en las de educación, etc.
Ladrones políticos que en la práctica promueven rescates bancarios, pero que en el discurso rebuznan contra el proteccionismo; políticos ladrones que hacen como que se “indignan” ante la injusticia y sueltan “poéticos” discursos mediáticos al respecto, pero los que, sin actuar contra ella, dan la vuelta a la página para seguir rematando al mejor postor el territorio nacional.
Y mientras nosotros nos “debatimos” en si hay que votar o no, entre si es ético elegir al menos ladrón de los políticos o al más político de los ladrones, entre las derrotas de la selección nacional y las cada día más imposibles posibilidades de que nuestro seleccionado, para bien, llegue a la copa del mundo, los que deciden nuestro destino político y económico sacan sus inversiones del país y la usurpación lacaya limosnea créditos que nos hagan “ver” menos dura la cosa… que se viene. Así como suena, con todas sus consecuencias.
Derecho para matar

Porfirio Muñoz Ledo, El Universal

La intensa semana de declaraciones entre México y Estados Unidos transcurrió bajo el signo del doble lenguaje. Inaugurada por la glamorosa visita de la señora Clinton, en contraste con la contundencia acusatoria de la secretaria de Seguridad Interna, culminó con la entrevista de Obama, fuente adicional para interpretaciones encontradas.

Hillary vino a formalizar la conversación de Washington entre los presidentes, cuando uno no entraba todavía en funciones. Pretendía ampliar los puntos de la agenda, excesivamente concentrada en la seguridad. Pero su tarea primordial era la diplomacia pública: cautivar a la sociedad y decirle al gobierno que ellos no piensan lo que ostensiblemente piensan.

Mientras tanto, la señora Napolitano asentía con el senador McCain que está en peligro la “existencia misma de México”: la acepción de Estado fallido referida al país mismo, no sólo a sus instituciones. Reconoció el “plan de contingencia” destinado a responder “al peor de los casos”; iniciativa del Pentágono ante la posibilidad de un “colapso” de nuestro país que infestaría la Unión Americana.

En el otro extremo: la conciencia crítica estadounidense y la racionalidad del discurso demócrata. “Oscilan entre la histeria y el mea culpa”. Descubren, antes que nuestro gobierno, las falacias de la apertura neoliberal y de una estrategia catastrófica, fundada en la presión política contra el productor y el rescate de las divisas. Admiten, en fin, que es “un camino de dos sentidos”.

La confesión de la DEA, “el combate al narcotráfico en EU ha sido un fracaso”, abre puertas insospechadas. Tanto como el aserto de la secretaria de Estado sobre la incapacidad de su país para “evitar el contrabando de armas” y frenar “la insaciable demanda de drogas”, que “entrega cada año al crimen organizado un arma de 25 mil millones de dólares”.

De ahí a proponer un cambio de modelo dista un abismo. Se encuentran atrapados a un tiempo por la exigencia de seguridad de sus compatriotas y el llamado al rescate del agónico gobierno mexicano. Si optaran por la línea dura, no se limitarían a aportar el equivalente de un día de la guerra de Irak. Si decidieran cambiar radicalmente la tonada, no tendrían la cooperación de un vecino enconchado que rechaza la revisión del TLC.

En la circunstancia, imponen la creación de una sospechosa “oficina bilateral”, cuya naturaleza jurídica resulta indefinida. Más que expresión de responsabilidad compartida, se antoja un paso hacia la dilución de soberanía. Una medida en apariencia inocente pero cargada de sentido pragmático, como la pregunta de Hillary ante la espléndida imagen de la Guadalupana: ¿y quién la pintó?

La cereza sobre la confusión fue la comparación de Calderón con el legendario Eliot Ness. Si el ánimo de Obama hubiese sido exaltar a su homólogo, el símil hubiera sido con un estadista como Jefferson, un mariscal como MacArthur o un héroe de la justicia blanca, como John Wayne. Enfundarlo en las cartucheras de un agente policiaco no parece encomio sino emanación del subconsciente.

La entrevista tiene dos vertientes. Una, difundida de inmediato por las agencias internacionales, acentúa afirmaciones enormes: que “la violencia en México está fuera de control” y que, si bien “no es una amenaza existencial para las comunidades de la frontera”, es evidente que “se ha salido de las manos”. Otra —alentada por Notimex— destaca la infortunada comparación, con el propósito de servir al patrón. Llovido sobre regado.

La reacción doméstica fue errática. Desde quienes agreden: “No queremos un policía de presidente”, hasta quienes se indignan: “Obama está perdido en series de televisión” y piden una nota diplomática de protesta. La verdadera cuestión reside en el mensaje subliminal.

El declarante sabe que el arresto de Capone no terminó con el crimen, sino lo multiplicó. En sus palabras: “Enfrentamientos que frecuentemente generan más violencia... estamos viendo que eso estalla”. Sabe también que fue Roosevelt quien encontró años más tarde la solución por la legalización del alcohol y el combate a la corrupción.

Debiera recordar que el lema de los intocables era “permiso para matar”, esto es, autorización ilimitada para violentar los derechos humanos. ¿En dónde quedó la denuncia de las atrocidades de guerra y el cierre de Guantánamo?

¿Cuál congruencia entre la exculpación verbal del Estado fallido y el envío como embajador de un experto en ingobernabilidad? La aceptación de la mentira ajena es el comienzo de la propia.

La aquiescencia

Luis Javier Garrido, La Jornada

La soberanía e independencia de México están amenazadas como nunca en nuestra historia reciente, y las últimas iniciativas de la administración de Obama lo siguen poniendo de relieve.

1. El beneplácito dado por Los Pinos al ideólogo de origen cubano Carlos E. Pascual, experto en desmantelar estados nacionales, como embajador del gobierno de Barack Obama en México, según anuncio hecho por la Casa Blanca el 25 de marzo, marca un paso determinante en el rápido proceso de claudicación que han tenido los gobiernos panistas al abdicar ya abiertamente de sus responsabilidades nacionales y abrirle a Washington la vía para una intervención cada vez más abierta y directa en la toma de decisiones.

2. El perfil político del que está a punto de convertirse en nuevo embajador de Estados Unidos en México trastoca por completo las prácticas diplomáticas usuales, pues no es sólo un funcionario con un perfil intervencionista, como pudieron tener otros embajadores estadunidenses recientes en México –Joseph John Jova (1974-1977) o John Dimitri Negroponte (1989-1993)–, o carente de experiencia diplomática –como Julian Nava (1980-1981) o el actor John A. Gavin (1981-1986)–, sino que se trata de un teórico ideologizante del modelo político neoliberal, que se ha ido edificando como un corolario del económico, y que ha preconizado y puesto en práctica la deconstrucción de los estados nacionales, calificándolos de inviables o fallidos, para dar paso a un control de los países clave para Washington, que a su juicio no pueden ni deben tener una capacidad soberana para definir sus políticas.

3. El simple currículum del que está siendo llamado a ser el embajador de Obama en México habría bastado para que en términos de los usos y costumbres diplomáticos actuales el gobierno mexicano se negase a aceptar este embajador de perfil intervencionista, pero al parecer la decisión que aceptaron los dos funcionarios que deciden estos asuntos, el embajador del gobierno de facto en Washington, Arturo Sarukhán, y el asesor de Los Pinos en Política Exterior, Rafael Fernández de Castro –que parecen responder más a los intereses de Estados Unidos frente a México que a la inversa, como sería de esperarse–, fue determinante, dado por sentado el entreguismo de Calderón y el papel inútil que desempeñan la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, y el Senado de la República.

4. Pascual –quien nunca ha ocupado un cargo relacionado con América Latina, y que para imponer el modelo neoliberal del cual es fanático ha preconizado, según la nota de La Jornada del 27 de marzo, la necesidad de cambiar el tejido social de las naciones y crear estados orientados hacia el mercado, ufanándose de haber contribuido a desmantelar la Unión Soviética– tiene como su más preciado galardón haber intervenido de manera determinante como embajador de Estados Unidos en Ucrania, entre 2000 y 2003, en el proceso interno de ese país que condujo al poder a la Revolución Naranja, que propició la ruptura con Rusia y la entrega de los recursos estratégicos ucranianos a Estados Unidos.

5. El proyecto político que el doctor Pascual ha ido definiendo desde entonces, y que ha supuesto integrar una lista de países de alto riesgo con la misión de impulsar en ellos una deconstrucción preventiva, supone crear equipos para abocarse a estas tareas, que deben estar a cargo de empresas privadas y al mismo tiempo multiplicar los grupos de ideólogos para controlar a la opinión nacional: lo que ya se ha venido haciendo en México bajo la administración espuria de Calderón. Todos los estados nacionales son en su lógica fallidos y, por consiguiente, hay que desmantelarlos para entregar sus funciones a los organismos financieros internacionales (controlados por Washington) a las propias agencias del gobierno estadunidenses y a corporaciones privadas de cada país.

6. La creación de una oficina conjunta de Estados Unidos y México en territorio mexicano en el contexto de la supuesta guerra contra el narco, que es constitucionalmente una función del Estado mexicano, la cual hasta ahora no tiene más función que ser una amenaza intervencionista, anunciada durante la visita de la secretaria de Estado de Clinton a fines de marzo, aparece, por consiguiente, como una pieza más de las nuevas políticas del gobierno de Obama hacia México y no pueden confundir ya a nadie: un aparente nuevo estilo de los diplomáticos con un doble discurso que no logra ocultar una mayor dureza intervencionista en los hechos.

7. El nuevo gobierno de Barack Obama pretende tener un nuevo estilo personal de presentarse en el mundo, pero sus políticas no difieren mucho de las de Bush. En menos de una semana, Obama anunció una escalada militar descomunal y de larga duración en Afganistán y Pakistán (24 de marzo), países a los que por la vía de la invasión Washington ha convertido en Estados fallidos, e hizo saber que Estados Unidos no levantará el embargo a Cuba (29 de marzo) –que han exigido múltiples voces dentro y fuera de Estados Unidos–, reiteró su descalificación al gobierno del presidente venezolano Chávez, ordenó fortalecer el control militar de la frontera con México, y sostuvo, no obstante las zalameras palabras de algunos de sus colaboradores, que el narco mexicano es una amenaza para Estados Unidos y que la situación en México está fuera de control.

8. En la entrevista que dio a la cadena televisiva CBS el domingo 29, Obama insistió, al igual que Bush, en magnificar la situación de violencia que ha creado en México Calderón bajo la tutela de la DEA, y por consiguiente el papel de los cárteles mexicanos, aunque tuvo un desliz: aceptó que las acciones oficiales han sido en buena medida las generadoras de esa violencia.

9. La comparación que hizo entonces del gobernante ilegítimo de México con el agente estadunidense de los años de la prohibición, Eliot Ness, muerto prematuramente por el alcoholismo (1903-1957), no se sabe, sin embargo, si fue por la obsesión de éste sólo por algunos capos o por magnificar los rasgos policiales del Ejecutivo de facto mexicano.

10. El contexto internacional derivado de la crisis del modelo neoliberal de 2008-2009 ha acelerado la pérdida de la hegemonía de Estados Unidos y la consolidación de nuevos bloques de influencia, lo que ha fortalecido la obsesión de los halcones del Pentágono por los recursos no renovables y el papel estratégico del que había sido sólo su patio trasero, pero el diseño de estas nuevas políticas de intervención y de control en México con el pretexto de la supuesta guerra contra el narco tienen una falla fundamental: no parece tomar en cuenta la realidad.

11. El proyecto de deconstrucción del Estado nacional mexicano ideado por los neoliberales estadunidenses parece haberse olvidado del pueblo de México, y es por ello, y sólo por ello, que está destinado al fracaso, aunque su impacto hasta ahora haya sido devastador.

Dinamitando la democracia

Denise Maerker, El Universal

“Haiga sido como haiga sido”, dirán satisfechos los panistas el 6 de julio cuando en los números vean que su derrota el día anterior no fue tan apabullante como la anticipaban las encuestas y que el PRI no tiene la mayoría absoluta. ¡Uf, qué victoria! Los priístas no podrán gobernar desde la cámara. Que Calderón tampoco vaya a poder gobernar desde Los Pinos y que sólo pueda contar con el PRD de Ortega para pasar alguna iniciativa es lo de menos. No se trata de ganar y de poder gobernar, se trata de que el otro no lo pueda hacer bajo ninguna circunstancia. Y es que los otros, según los panistas, son intrínsecamente malos. Así lo demuestran sus campañas en las últimas dos elecciones. En 2006, cuando vieron a López Obrador muy por delante en las encuestas, decidieron prevenirnos: ese señor es un peligro para México. No es que Calderón fuera mejor, es que había que evitar, a toda costa, la catástrofe de quedar en esas manos. Y surtió efecto, por un pelo, pero Calderón ganó.

Es lo que mismo que están haciendo ahora. No es que ellos sean mejores, es que el PRI es un asco. Es un partido narco, nos dicen con horror. ¿Y por qué si ellos están en el poder y tienen el control de la PGR no hay ya varios gobernadores y ex gobernadores priístas en las cárceles? ¿Cómo es que han estado cogobernando con ellos tan amablemente en los últimos tres años? Hay dos posibilidades: que de verdad los panistas se sientan los únicos decentes de nuestra clase política o que se trate sólo de una estrategia electoral. En el primer caso estamos frente a una actitud muy poco democrática porque niegan la posibilidad de que otros quieran el bien de México y estén facultados para gobernarlo, y en el segundo es cinismo puro.

Porque una cosa es la pluralidad y el debate y otra muy distinta la difamación y la actitud reventadora y polarizante. En el PAN dicen que no vivimos en un país homogéneo y que hay que ventilar abiertamente las diferencias. Tienen razón. Durante décadas el régimen del PRI negó las diferencias y acalló el debate. Pero lo que hace el PAN no es constructivo.

A la mejor les vuelve a funcionar. Pero como en 2006 la política habrá perdido. Menos mexicanos creerán que es a través de nuestro método de representación que se deben buscar los cambios en el país, el sistema perderá legitimidad y la gobernabilidad a futuro quedara comprometida. ¿O qué a caso imaginan que si le pegan con esta campaña al PRI el 6 de julio ese partido estará dispuesto a los acuerdos legislativos? Claro que no.

Pasaron dos años antes de que una fracción del PRD suavizara su rechazo a Calderón. ¿Cuántos tendremos ahora que perder para que se restablezca cierta civilidad entre PRI y PAN? No sé, pero al PAN no le importa.

Incursión militar en Ocotepec, Morelos

Gilberto López y Rivas, La Jornada

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos denunció la incursión militar al pueblo indígena de Ocotepec, Morelos, ubicado en el nororiente de la ciudad de Cuernavaca y regido por usos y costumbres como ayudantía municipal.

El domingo 22 de marzo, cerca de media noche, tres tanquetas artilladas y dos vehículos más del Ejército Mexicano de la 24 Zona Militar tomaron por asalto el centro del pueblo. Alrededor de 40 soldados –fuertemente armados y algunos de ellos encapuchados– detuvieron y sometieron a 15 elementos de la ronda de vigilancia, ocupando las instalaciones de la ayudantía, donde rompieron los candados de las puertas de la cárcel y pusieron en libertad a dos personas que habían sido detenidas por encontrarse ebrias en una calle donde se han cometido diversos robos. De manera prepotente, se negaron a identificarse y amenazaron a los policías comunitarios con que se los iba a llevar la fregada si se atrevían a detenerlos, ya que eran muy influyentes. No obstante, fueron conducidos a los separos, donde se les decomisaron cinturones, agujetas, un celular y un arma blanca.

Media hora después fueron liberados por la intervención castrense, según trascendió, porque uno de ellos es militar y el otro hijo de un alto oficial del Ejército. Las camionetas de los elementos de la ronda de vigilancia fueron rodeadas por militares, quienes con palabras altisonantes les decomisaron toletes, los encañonaron y catearon, los voltearon contra la pared, con las piernas separadas y los brazos abiertos, mientras el oficial al mando, encapuchado y sin mostrar las insignias de su grado, les dijo:a ustedes les gusta pegarle a los soldados, ¿qué, se creen muy cabrones, indios ojetes?” Los tiraron al suelo, boca abajo y les dieron 10 segundos para entregar las pertenencias de los detenidos.

El oficial procedió a someter a interrogatorio a cada uno de los elementos de la ronda de vigilancia. Ahí separaron al que traía botas militares adquiridas en un tianguis, a quien se las decomisaron luego de golpearlo dos veces con la culata del rifle, porque nadie debe usar artículos del Ejército porque es un delito.

Detuvieron al comandante de la ronda, Gerardo Estrada Rosas, y a su cabo de cuarto, Francisco Javier Ragil Rangel, a quienes trataron de fotografiar, inútilmente, con un paquete que al parecer contenía mariguana y cocaína que los propios militares traían, por lo que procedieron a llevárselos.

El oficial del Ejército amenazó al resto de los policías comunitarios, diciéndoles que era la primera y única vez que se metían con militares, ya que se debe respetar el uniforme; les indicaron que no se levantaran hasta después de cinco minutos, partiendo el convoy con rumbo desconocido. Con todo, familiares de los detenidos siguieron a los militares, pero fueron intimidados con armas largas.

El convoy se dirigió hacia las instalaciones de la delegación Morelos de la Procuraduría General de la República, donde se negaron a recibir a los secuestrados porque las acusaciones fabricadas de robo y lesiones no son de índole federal, por lo que los militares se dirigieron a las instalaciones de la Procuraduría General Judicial del estado, resguardando sus instalaciones decenas de soldados armados y encapuchados hasta las cuatro y media de la tarde del 23 de marzo, cuando se retiraron, llevándose a los dos supuestos militares, y ahora tratando de fincar la acusación contra los policías comunitarios por el delito de privación ilegal de la libertad.

Con estas acciones, los militares violentan las garantías individuales amparadas en la Constitución y, en particular, el artículo 129 constitucional, el cual estipula que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

La agresión a Ocotepec violenta también el Reglamento General de Deberes Militares en su artículo 4, que prohíbe a los militares, cualquiera que sea su jerarquía, dar órdenes que sean contrarias a las leyes y reglamentos que lastimen la dignidad o decoro de sus inferiores, o que constituyan un delito; el 23, que exhorta a no cometer acción alguna que pueda traducirse en desprestigio del Ejército; el 28, que prohíbe a todo militar desempeñar funciones de policía urbana, o invadir las funciones de ésta. Inclusive, cuando intervenga en casos flagrantes de acuerdo con el artículo 16 constitucional, dicha intervención terminará desde el momento en que un miembro de la policía u otra autoridad se presente. Tampoco deberá, de modo alguno, impedir que la policía ejerza su autoridad, funciones y consignas.

Asimismo, se violenta el artículo 29 del mismo reglamento, que señala que los militares no intervendrán jamás en asuntos de la incumbencia de las autoridades civiles, cuyas funciones no les es permitido entorpecer, antes bien, respetarán sus determinaciones y les prestarán el auxilio necesario cuando sean requeridos. El artículo 45 prohíbe a los miembros del Ejército ayudar a otros militares en el caso que se trate de fomentar alguna falta o delito, como ocurrió en Ocotepec.

Estos hechos violentan también el artículo 2 constitucional, que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y la autonomía y constituyen una transgresión al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por México, que obliga a los estados a garantizar el respeto a la integridad, identidad social y cultural, costumbres, tradiciones e instituciones de los pueblos indígenas, así como prohíbe el uso de la fuerza y la coerción que viole los derechos humanos y los que como pueblos les corresponden.

Señor general secretario: ¿Usted aprueba estas conductas de sus subordinados? ¿Pueden actuar con tal nivel de impunidad y deterioro de la disciplina?

G-20: fracaso histórico

Alejandro Nadal, La Jornada

H
ay conferencias internacionales triunfales. Otras son un fiasco. Por los desafíos que plantea la crisis mundial, la reunión del G-20 se presentaba como oportunidad legendaria para sentar las bases de una nueva economía, fuerte y sustentable. Lo que ha hecho es fracasar estrepitosamente. Las dramáticas convulsiones de las próximas décadas serán el legado de esta oportunidad perdida.

Pero los grandes fracasos se disfrazan mejor con pitos y flautas. Sin duda eso pensaba Gordon Brown, primer ministro inglés, cuando anunció las medidas adoptadas por el G-20 y afirmó que estaba emergiendo un nuevo orden internacional. Obama, para no quedarse atrás, declaró que se trata de un viraje en la evolución de la crisis. ¿De veras?

El G-20 reconoce la necesidad de restablecer la confianza, el crecimiento y el empleo. Por eso aprueba una expansión fiscal concertada entre 2009-2010 por 5 billones de dólares para lograr un incremento en la producción de 4 por ciento. Tomando en cuenta la magnitud del apalancamiento que conduce a esta crisis y la profundidad de su impacto en el sector real, ese monto (en dos años y entre los 20 países responsables de 85 por ciento del producto mundial) es realmente insuficiente.

Para apoyarse, el G-20 dice que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica la recuperación en 2010 y un crecimiento mundial de 2 por ciento. Pero citar al FMI en estos tiempos es como aferrarse a una vara llena de espinas. ¿Por qué no citan los informes del FMI de hace un año en los que el organismo afirmaba que la recesión sería leve y breve? El G-20 hace el ridículo: la verdad es que la crisis agarró dormido al FMI.

Dice el G-20 que hay que reparar el sector financiero para que vuelva a fluir el crédito. De acuerdo, pero los montos anunciados no son novedad y provienen de planes de rescate ya aprobados. En el caso de Estados Unidos, los montos comprometidos en los planes Paulson-Geithner son insuficientes. La injusticia e improvisación de esos planes son mal presagio.

El G-20 también quiere una nueva regulación bancaria, lo que es positivo. Pero un nuevo régimen regulatorio tardará por lo menos un par de años en edificarse. Y para que surta efectos se necesitará más tiempo, sobre todo en un sector tan inclinado a la falta de transparencia.

Una de las lagunas más importantes del comunicado del G-20 está en el tema del sistema monetario internacional. Ni una palabra sobre este asunto clave que preocupa sobremanera a China, principal tenedor de reservas denominadas en dólares. De hecho, casi todos los bancos centrales del grupo tienen reservas astronómicas en dólares. Así que varios deben haber pensado lo mismo: con la creación monetaria desenfrenada de la Reserva Federal, ¿qué va a pasar con el valor del dólar? Con razón se dice que la diplomacia y la hipocresía son hermanitos gemelos. No hay que engañarse: el silencio significa que cada jefe de Estado regresará a su país con su propia lista de prioridades políticas. Y cuidado, las listas no necesariamente son compatibles.

Declarar que hay que fortalecer al FMI y a la Organización Mundial de Comercio (OMC) es mala señal. Para comenzar se anuncia el establecimiento del Consejo de Estabilidad Financiera, pero esa fue siempre una misión del FMI. ¿Ahora sí la va a cumplir? El G-20 dice que el FMI ayudará a los llamados mercados emergentes y a los países subdesarrollados. Pero el Fondo fue arquitecto de múltiples crisis y rescates fallidos. Hoy, como ayer, impide tener una política macroeconómica autónoma. Por eso los países que pudieron, como Argentina y Brasil, prefirieron salirse de su órbita. ¿Qué habrán pensado Lula y la señora Kirchner cuando se habló del tema?

El G-20 afirma que la línea de crédito flexible del FMI servirá para estimular el crecimiento y aplaude a México por recurrir a ella. Pero en nuestro país sólo servirá para mantener el tipo de cambio y consolidar el modelo de sometimiento al capital financiero. Gracias. No cabe duda, Calderón no fue en calidad de bulto, sino de títere.

Robustecer a la OMC es echarle gasolina al fuego. De todos modos, el paquete de estímulo fiscal de Estados Unidos contiene cláusulas proteccionistas como no se habían visto en décadas. ¿Nadie cuestionó esto delante de Obama?

Al final el G-20 habla de crear empleos verdes. Pero eso demanda un trabajo preparatorio. No reconocerlo es caer en la demagogia. Además, se necesita una redefinición de prioridades y estrategias a nivel macroeconómico, algo que por lo visto el grupo no está dispuesto a reconocer.

El fiasco del G-20 hace recordar la Conferencia Económica Mundial de 1933. Ese cónclave se llevó a cabo en Londres para enfrentar la depresión y lo inauguró el rey Jorge V. A pesar de que la conferencia terminó en medio de amargas recriminaciones, transmitió la falsa sensación de que por lo menos la diplomacia seguía trabajando. Seis años después el mundo estaba envuelto en la peor conflagración del siglo XX. No cabe duda, arreglar las sillitas de cubierta nunca ha sido buena idea en caso de naufragio.


COMITÉ CONCIUDADANO RECHAZA PROPUESTA  DE TELEVISA PARA INTERCAMBIAR TIEMPOS DEL ESTADO

31 DE MARZO DE 2009


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El Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y empresas mercantiles que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.

- Rechaza la propuesta de Televisa para intercambiar tiempos del Estado en los que se deben transmitir *spots *tanto de los partidos políticos como de la autoridad electoral.

- El IFE es autoridad en materia de radiodifusión durante el proceso
electoral, y su función irrenunciable es hacer cumplir las leyes

- Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial

- Los consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público

El Comité Conciudadano, formado por una red de 21 organizaciones civiles y diversos académicos, analistas y expertos en asuntos electorales de varios estados del país, inició ya sus trabajos de observación del proceso electoral en curso.

Como parte de este esfuerzo, el Comité Conciudadano se manifiesta en contra de cualquier negociación entre el IFE y organismos privados que busque pasar por encima de la Constitución y la Ley.

Recientemente, la revista Proceso publicó una nota en la que se denuncia que la empresa Televisa ha propuesto al IFE intercambiar 30 minutos, de los 48 que se consideran ?tiempos del estado?, a cambio de que en los programas y noticieros que transmite dicha empresa, aparezcan cintillos, menciones, cortinillas, textos y gráficos a través de los cuales se haga propaganda a partidos y candidatos. La justificación recae en criterios comerciales, pues la empresa considera que los “spots” de los partidos que está obligada a transmitir, perjudican los niveles de audiencia de los programas. La nota señala que el IFE ha accedido a negociar la propuesta, mediante la integración de un grupo asesor.


El Comité Conciudadano pudo confirmar la veracidad de la propuesta, por lo que reitera que tanto el artículo 41 constitucional, como el artículo 55 del Código Electoral establecen que a partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral quedarán a disposición del IFE 48 minutos diarios, que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión, entre las 6 y las 24 horas.

Los tiempos del Estado no son patrimonio de las televisoras; por lo que no deben estar sujetos a la especulación comercial; y los Consejeros del IFE no deben prestarse a este tipo de negociaciones, pues están obligados a velar por el interés público en esta materia.

La legislación electoral establece que el IFE es autoridad en materia de
radiodifusión durante el proceso electoral, por lo que es su función
irrenunciable hacer cumplir las leyes.

El Comité está convencido que la Ley no puede estar sujeta a negociación alguna y que mal harían los integrantes del Consejo General del IFE en colocar las consideraciones de carácter comercial por encima de la vigencia del estado de derecho en el que debe prevalecer el interés general y no los intereses de grupo.

Los argumentos relacionados con la saturación de la audiencia deberán ser analizados, en todo caso, por un grupo especializado del Congreso de la Unión, única instancia con facultades para reformar la norma. Un ?grupo asesor? integrado por las televisoras y el IFE no tiene facultades para hacer planteamientos que busquen evitar la vigencia de las disposiciones legales.

Las menciones, cortinillas, textos y gráficos que pudieran aparecer en las transmisiones televisivas a cambio de 30 minutos menos de “spots” son cuestiones que se encuentran al margen de la ley. Se trata de elementos difíciles de medir por lo que se corre el riesgo de romper la equidad y que se favorezca a candidatos de un partido por encima y en detrimento de los candidatos de otros partidos. Además, se alimentaría una práctica inadmisible: la de presentar propaganda como si fuera contenido noticioso o de entretenimiento. El Comité estará pendiente de la atención y solución que den las autoridades electorales al presente asunto y exhorta a los consejeros del IFE a honrar la protesta que hicieron al asumir su encargo.

John Ackerman, Sergio Aguayo Quezada, Hugo Almada, Jorge Alonso Sánchez, Silvia Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Basáñez, José Bautista, Miguel Ángel Bazdresch, Patricia Bedolla, Laura Berruecos, Leticia Blanco Cardona, Roy Campos, Jesús Cantú, Miguel Concha Malo, Oscar de los Reyes, Denise Dresser, Yolanda Elías Calles, Rogelio Gómez Hermosillo, Ana Vanessa González, Daniela Griego, Octavio Hernández Lara, Eduardo Huchim, Ernesto Isunza, Francisca Jiménez, Clara Jusidman, Flavio Lazos, Marcos Leyva, Juan José López, María Isabel Martínez Rocha, Irma Rosa Martínez, Mauricio Merino, Lourdes Morales, Alberto Olvera, Joaquín Osorio, Carlos Pérez, Rosa María Rubalcava, Ana Mercedes Saiz, Gabriel Sánchez Díaz, Isabel Sepúlveda, Alberto Serdán, Brisa Solís, Claudia Valdez, Enrique Valencia y Elio Villaseñor.


Academia Morelense de Derechos Humanos, A.C., Alianza Cívica, A.C.,
Asociación Sinaloense de Universitarias, Quím. Veneranda Bátiz Paredes, A.C., CENCOS, A.C. , Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, A.C., Centro de Encuentros y Diálogos A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, A.C., Consorcio por el Diálogo Parlamentario
y la Equidad, A.C., Educación y Ciudadanía, A.C. , Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas, A.C., INCIDE Social, A.C., Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, A.C., Presencia Ciudadana Mexicana, A.C., Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Red por la Participación Ciudadana, A.C., Servicios para una Educación Alternativa, A.C., Sinergia para el Desarrollo Integral Sustentable, A.C., Sonora Ciudadana, Vía Vinculación de Iniciativas Ciudadanas, A.C.

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Teléfono: 55 33 64 75 y 76