sábado, abril 02, 2011

3er FORO NACIONAL - 2 y 3 de Abril 2011





PROPUESTA DE PROGRAMA GENERAL

Sábado 2 de Abril de 2011

9:00 – 9:30 Horas Registro de participantes (Lic. Yelisa, Enf. Blanca, Profra. Lety y PC)

9:30 – 9:40 Horas Instalación del Foro y Aprobación de Reglamento

9:40 – 9:50 Horas Declaratoria Inaugural:

9:50 – 10:00 Horas Bienvenida: Lic. María de la Paz Quintanilla Vargas

10:00 – 12:00 Horas Conferencia Magistral: “La Economía Criminal es parte del

Capitalismo”.- Dr. Enrique González Ruiz.

Conferencia Magistral: “Criminalización de la lucha social y Reforma

Judicial”.- Lic. Juan de Dios Hernández Monje

Conferencia Magistral.-: “Sin movilización social no habrá cambio del

modelo económico que el país requiere”.- Dr. Arturo Huerta González

*Moderador: Lic. Ernesto Villarreal Landeros

Relatores: Dr. David E. González Femat y Lic. Alicia Olivares García

12:00 – 14:30 Horas Paneles de Eje Temático I.- Mesa I

Ponencia “Análisis de la situación nacional e internacional”.-

Representante de Democracia Directa

Ponencia “El Origen de la violencia”.- Francisco Javier López Losa

Moderador: Héctor Rodríguez Valdez

MESA II

Ponencia “La Reforma Laboral y la traición del PRI”.- Lic. Oscar Alzaga

Sánchez

Ponencia “La crisis del sistema judicial en México”.- Lic. Francisco

Salvador Pérez

*Moderador: Lic. Gilberto Hernández Santiago

MESA III

*Moderador: Lic. Ignacio Zapata Narváez

Ponencia: “La Fundación del bien común de la tierra y la humanidad”.-

Lic. Juan Aguado Franco.

Ponencia: “Sobre la defensa medioambiental”.- Lic. Ximena Peredo

Ponencia: “El Derecho a la Ciudad”.- Lic. Teresa Villarreal

Ponencia “El Estado de Derecho”.- Lic. Roberto Benavides González

*Moderador: Lic. Roberto O’Farrill

14:30 – 16:00 Horas Receso para Comida

16:00 – 19:00 Horas Paneles de Eje Temático II

MESA I

Ponencia: “La APPO y sus aportaciones en la lucha nacional”.-

Dr. Martiniano Galván y Lic. Gilberto Hernández Santiago.

Ponencia “La lucha del Municipio Autónomo de San Juan Copala,

Oaxaca” por un representante del mismo.

Ponencia: “La estrategia socialista está vigente”.- Profr. José Luis

Alonso Vargas.

*Moderador: Lic. Pedro Castellanos Rodríguez

MESA II

Ponencia: “La lucha por la defensa de las pensiones y jubilaciones”.-

Sr. Tomás Correa Ayala

Ponencia: “Lucha por servicios públicos justos”.- Lic. Ignacio Zapata

Narváez.

Ponencia: “Las violaciones sistemáticas de los derechos humanos”.-

Jacobo Silva Nogales.

Ponencia: “Experiencias en la lucha por la defensa de los derechos

humanos”.- Hna. Consuelo Morales Elizondo.

*Moderador: Raymundo Romo García

MESA III

Ponencia: “Pasta de Conchos: La decadencia del Sistema”.- Tomasita

Martínez Almaguer.

Ponencia: “Proyecto de Iniciativa de Reforma al Poder Legislativo de la

Constitución de los Estados Unidos Mexicanos”.- Lic. Hexiquio Solís

Garza.

Ponencia: “Reflexiones para un cambio de conciencia en México”.- Lic.

Paulino Sánchez.

*Moderador: Rafael Castañeda Pineda

19:00 – 20:00 Horas Receso

20:00 Horas Evento Cultural y Convivio

Domingo 3 de Abril de 2011

9:30 – 11:00 Horas Panel de Eje Temático III

Ponencia: “La importancia de la participación de las mujeres para la

transformación social”.- Maricruz Flores Martínez

Ponencia: “Educación y lucha de clases”.- Lic. Sonia Fuentevilla López

Ponencia: “La clase obrera, desarrollo y perspectiva”.- Ing. Fernando

Acosta Esquivel.

Ponencia Lic. María de la Paz Quintanilla Vargas: “La necesaria

ofensiva que propone el ALMA”

11:00 – 12:00 Horas Debate sobre Perspectivas del Foro

*Moderador: Lic Salvador Castañeda O’Conors

12:00 – 13:00 Horas Plenaria, Discusión y Aprobación de la Relatoría

13:00 – 13:30 Horas Resolutivos del Foro

13:30 Horas Clausura por un Representante de la APPO

*Moderador: Lic. Agustín Acosta Zavala

14:30 Horas Comida para Delegados foráneos

jueves, marzo 31, 2011

No salen las alegres cuentas de Calderón



¿Clase media?


Orlando Delgado Selley


Hace apenas unas semanas el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo en una muy desafortunada conferencia de prensa que México era un país de clase media, que los hogares con ingresos de 15 mil pesos estaban en el 10 por ciento rico de la población, y remató con su célebre recuento de lo que podía pagar una familia con ingresos de 6 mil pesos. Al dar a conocer los resultados definitivos del Censo de 2010 Calderón ha planteado que somos un país de clase media y ha retado a que se discuta el tema.

Hay muchas formas de discutir este asunto. Hagámoslo con datos ofrecidos por Calderón, extraídos del propio censo, relativos a las remuneraciones en términos de salarios mínimos. Con esta información es posible construir una imagen nacional simple: en 2010 el 31 por ciento de las familias mexicanas ganaron menos de dos salarios mínimos; 36 por ciento obtuvieron entre dos y tres salarios mínimos, y 33 por ciento más de tres salarios mínimos. En pesos y centavos esto quiere decir que 67 por ciento de la población ganó en 2010 menos de 5 mil pesos, mientras solamente 33 por ciento ganó más de esos 5 mil pesos.

Tener un ingreso mensual de 5 mil pesos no permite adquirir los bienes y servicios necesarios para que una familia de cuatro miembros tenga una vida mínimamente cómoda. Dos terceras partes de la población tienen este magro ingreso que, por supuesto, los ubica como una población con carencias económicas significativas, a los que difícilmente podría llamárseles clase media. Sólo con este dato es posible desechar la hipótesis de la conversión a un país de clase media. Por el contrario, lo que se pone de relieve es que seguimos siendo un país en el que la pobreza es el dato dominante.

El asunto es más claro al desagregar a la tercera parte que percibe más de tres salarios mínimos. Los que ganan entre tres y cinco salarios mínimos son el 15 por ciento, los que reciben más de cinco representan el 18 por ciento. En pesos significa que reciben un ingreso de entre 5 mil y 8.3 mil pesos mensuales. Alguien puede sostener con argumentos serios que una familia con este rango de ingresos podría considerarse capaz de tener un patrón de consumo, que incluya satisfactores por encima de los de subsistencia

Solamente 18 por ciento de la población tiene ingresos mensuales superiores a 8.3 mil pesos. Según la información de la última Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares, el ingreso promedio del decil diez, el de los más ricos, fue de 15 mil pesos, lo que indica que la concentración en la cúspide de la estructura distributiva es extraordinaria. Este es otro de los rasgos sobresalientes de la realidad mexicana, que debiera conducir a políticas públicas que se propusieran corregirlo.

Otro dato importante es el relativo a la supuesta mejora en las remuneraciones reales. Según Calderón el censo da cuenta de que por primera vez en varias décadas hubo mejoras en los salarios mínimos reales. La información que proporciona la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos refuta esta afirmación. El índice del salario mínimo real con base en 1994 = 100 era para 2000 a la llegada de Fox de 75.85, y cuando se fue lo dejó en 75.01, con una pequeña reducción. En 2010 Calderón lo tenía en 72.81, lo que significa una caída de 27 por ciento respecto a 1994, y de 3 por ciento respecto a 2006.

La conclusión más significativa que puede extraerse de estos datos es que nuestro país no ha logrado superar las características típicas del atraso: aguda concentración del ingreso que se mantiene prácticamente inalterada con el cambio a un régimen político de competencia electoral normalizada, junto con niveles de remuneración que no le permiten a una amplia mayoría lograr una vida confortable. En otros países, como España, la llegada de la democracia trajo consigo una reducción consistente de la concentración del ingreso, gracias a que gobiernos de signo ideológico distinto mantuvieron esa política.

Por eso efectivamente aún no estamos donde queremos, porque no hemos avanzado. Perdimos el paso hace tiempo. Estamos lejos de donde México debe estar. Para lograrlo habrá que cambiar muchas cosas, entre ellas al gobierno.

odselley@gmail.com.mx

miércoles, marzo 30, 2011

El dinero, principal insumo de la industri nuclear



Subsidios, el principal combustible nuclear

Alejandro Nadal

P
ara esconder su desvergüenza, los voceros de la industria nuclear ahora afirman que todas las fuentes de energía tienen sus propios riesgos. Señalar los defectos ajenos para esconder las fallas propias es un viejo recurso retórico. Se emplea cuando uno está arrinconado y es especialmente útil cuando se han agotado los argumentos. Pero es particularmente estúpido cuando las faltas propias son señaladamente ofensivas y están a la vista de todos.

Las noticias desde Fukushima siguen siendo alarmantes. Ayer se descubrió la presencia de plutonio en las instalaciones dañadas, lo que indica que el reactor 3 (el único en Fukushima que utiliza una mezcla de uranio y plutonio) probablemente ha sufrido daños importantes. Eso no sorprende si se toma en cuenta la violencia de la explosión de hidrógeno el 14 de marzo en ese reactor.

Aún así, los voceros de la industria nuclear siguen insistiendo en que esta tecnología es segura, eficiente y competitiva desde el punto de vista económico. Lo cierto es que se trata de la tecnología más peligrosa que ha inventado el ser humano. Y si hoy existen 442 reactores en operación en el mundo, eso no se debe a su aceptación, sino a la imposición de estos artefactos sobre la población. En este proceso participaron las grandes corporaciones, gobiernos y el establishment militar. Un ingrediente importante en esta maniobra fue, desde luego, la falta de información. La opacidad se convirtió en costumbre y la mentira en rutina.

El engaño sobre la supuesta eficiencia económica de la industria nuclear es quizás tan perverso como el ocultamiento de información sobre los daños a la salud y la peligrosidad de esta tecnología. La realidad es que la industria nuclear mundial no podría funcionar si no fuera por los astronómicos subsidios que ha recibido a lo largo de su historia.

Los subsidios y ayudas económicas han impactado todas y cada una de las fases de cualquier proyecto nuclear, desde las garantías para obtener el financiamiento, la investigación científica y tecnológica para desarrollar los componentes medulares de esta tecnología, la construcción y arranque de las plantas, el enriquecimiento del combustible y desembocan en el manejo de los desechos. Por si eso no fuera suficiente, el subsidio más importante proviene de una régimen de responsabilidad civil y reparación de daños que básicamente consiste en limitar o eliminar dicha responsabilidad. El objetivo de estos subsidios fue quitarle o reducir la carga de riesgos a los inversionistas y trasladarla a los contribuyentes.

Todas las plantas nucleares en operación en el mundo (incluyendo por supuesto a Estados Unidos, Francia, Japón, Rusia y China) se construyeron y entraron en funcionamiento gracias a subsidios importantes. Claro, en países como Francia y China, donde la industria nuclear ha estado pegosteada con un proyecto militar, es casi imposible acceder a la información sobre subsidios. En México tampoco se han dado a conocer datos creíbles sobre el costo del proyecto de Laguna Verde.

En Estados Unidos, con 104 reactores en operación, el monto total de subsidios para la industria ha sido calculado en unos 150 mil millones de dólares. La intensidad del subsidio (equivalente al apoyo gubernamental por kilowatt hora producido) llega a exceder el valor comercial del producto en 30 por ciento (datos de la organización Global Subsidies Initiative). En su estudio sobre subsidios para la industria nuclear la Union of Concerned Scientistswww.ucsusa.org) calcula que esos apoyos equivalen o superan ciento ciento del valor de la producción. Vale la pena recordar que la UCS no es ni pro, ni anti ( nuclear.

Un ejemplo de subsidios opacos detrás de estas cifras es el subsidio a través de garantías para obtener financiamiento. En diciembre 2007 el Congreso autorizó apoyos hasta 38 mil millones de dólares para este renglón y el Departamento de Energía comenzó a canalizar fondos a mediados de 2008. Para tener una idea de las magnitudes involucradas, vale la pena recordar que en 1995 el Departamento del Tesoro comprometió unos 20 mil millones de dólares para el rescate de la economía mexicana (en realidad los rescatados fueron los acreedores estadunidenses que habían invertido en tesobonos mexicanos).

¿Por qué no entra el sector privado de lleno a financiar totalmente los costos asociados con esta industria? Porque los riesgos son tan importantes que simplemente no podrían ser asumidos por ningún plan financiero. En los mercados financieros los swaps de incumplimiento crediticio (CDS) sobre la industria nuclear probablemente estarían en el segmento superior de cargas financieras.

La conclusión es inmediata. La eficiencia económica de las plantas nucleares es inexistente. El corolario de esto es que el principal combustible en los cilindros de zircalloy en un reactor nuclear no es ni el uranio enriquecido, ni la peligrosa mezcla denominada MOX. No, el combustible más importante es el dinero que proviene de los contribuyentes.


martes, marzo 29, 2011

Miembros de Radio Ñomndaa absueltos



Absuelven a defensores de derechos humanos de Xochistlahuaca

Difusión Cencos México D.F., 29 de marzo de 2011

Boletín de prensa
Tlachinollan / Radio Ñomndaa
  • Se declara infundada la sentencia en contra de miembros de Radio Ñomndaa
  • Ante absolución de David, Silverio y Genaro, la justicia aún sigue pendiente
  • A 10 años de la agresión a Don Silverio existe aún la posibilidad de brindar justicia
El pasado viernes 25 de marzo de 2011, en cumplimiento a la resolución del 22 de marzo del presente año dictada por la primera sala penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero (TSJ.Gro.) en el Toca Penal Número I-88/2011, el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, Alfredo Sánchez Sánchez, notificó a los defensores de derechos humanos David Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol su auto de libertad luego de haber sido acusados por el delito de privación de la libertad personal cometido en agravio de Narciso García Valtierra.

La resolución del TSJ Gro. que absuelve a David, Silverio y Genaro, ratifica que, el proceso penal iniciado desde 2004 en su contra, evidencia que el Lic. Derly Arnado Alderete Cruz, Juez de Primera Instancia del Ramo de lo Penal con sede en Ometepec, Guerrero, había dictado una sentencia con una pena de 3 años y 2 meses de cárcel y una multa de mil 753 pesos, sin que hubiera prueba de que los acusados participaron en los hechos; que las afirmaciones en su fallo, en las que señalaba que los amuzgos son personas “por lo general desconfiadas, agresivas y vengativas”, son sólo reflejo de la profunda discriminación en contra del pueblo indígena amuzgo y de cómo los impartidores de justica pueden convertirse en un mecanismo funcional para obstaculizar los esfuerzos de organización comunitaria.

Por ello, saludamos que el TSJ Gro. haya resuelto el recurso de apelación interpuesto de forma imparcial y apegado conforme a derecho, lo que debe ser entendido como un claro mensaje de garantizar el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia.

Finalmente, no queremos dejar de señalar que la justicia continúa pendiente, pues es importante subrayar, que el mismo Juez que decidió en contra de los defensores, exoneró casi simultáneamente a José Luis Rocha Ramírez, miembro del grupo de poder caciquil de la región contra el que se han organizado las Autoridades Tradicionales de Xochistlahuaca y la Radio Ñomndaa, responsable de lesionar al mismo Silverio Matías y provocar la pérdida de su ojo. Lo que es una prueba más de que en el fallo del Juez Derly Arnado Alderete Cruz, existen circunstancias en torno suyo que denotan falta de imparcialidad por parte del juzgador.
Por lo anterior, la sentencia fue apelada por el Ministerio Público adscrito al Distrito Judicial de Ometepec y se está a la espera de que nuevamente el TSJ Gro, pueda resolver conforme a derecho. Es por ello que pedimos al TSJ Gro. que al momento de resolver la apelación interpuesta revoque la sentencia emitida por Derly Arnaldo Alderete Cruz, en la que se establezca la culpabilidad de José Luis Rocha Ramírez, Armando López Ramírez y Yesenia Crispín de Jesús.

Confirmada la inocencia de David Valtierra Arango, Silverio Matías Domínguez y Genaro Cruz Apóstol y evidenciados los obstáculos que como defensores de derechos humanos enfrentan para continuar trabajando en su comunidad para impulsar fortalecimiento de las autoridades tradicionales de Xochistlahuaca, así como de la Radio Ñomndaa, reivindicando el ejercicio del derecho colectivo de los pueblos indígenas a la autodeterminación, a partir tanto de su oposición al autoritarismo de los caciques locales amparados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como de la reivindicación de su etnicidad, ratificamos que la labor en la defensa y promoción de los derechos humanos y los derechos colectivos de nuestros pueblos, continuará hasta que exista justicia para Don Silverio Matías Domínguez y hasta que los pueblos encontremos justicia ante el despojo, desprecio, discriminación y persecución del que hemos sido objeto.

Tlapa-Suljaa’,Gro.-Ciudad de México, 29 de marzo de 2011

lunes, marzo 28, 2011

Otro modelo de carta dirigida a diputados en rechazo a la propuesta de Reforma Laboral del PRI



¡NO a la iniciativa de Reforma Laboral!
Fecha: 24/03/2011
El 10 de marzo del presente año, el PRI presentó una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, a través de una serie de violaciones a los procedimientos legislativos. Esta propuesta representa un atentado directo al carácter tutelar de la ley, donde los derechos de las y los trabajadores son vulnerados y extinguidos.
La razón principal de dicha iniciativa es privilegiar “la productividad”, como la única posibilidad de generar empleos y atraer la inversión privada. Y la consecuencia principal de una contrarreforma como la que presenta el PRI-PAN será más trabajo precario, indecente e indigno.
Los principios de derechos humanos laborales que atenta esta iniciativa son los siguientes:
a) Empleo estable – Al eliminar del texto la garantía de estabilidad, mientras exista la materia de trabajo, la Iniciativa abre la puerta para que el despido del trabajador y/o la trabajadora pueda ser arbitrario, eliminando la posibilidad de acceder a algún tipo de indemnización. Esto, además, libra a los patrones de sus obligaciones laborales, y asumiéndolas los contratistas, los cuales vulneran el derecho a la estabilidad del empleo.
b) Salario suficiente – Al establecer un salario proporcional al tiempo laborado, el trabajador o trabajadora a quien se contrate por horas, no podrá obtener una remuneración equitativa, que le garantice la satisfacción de sus necesidades básicas y las de su familia.
c) Condiciones Satisfactorias de trabajo – Al suprimir los principios de horario de trabajo y descanso suficiente, introduce la posibilidad de ajustar las jornadas laborales de acuerdo a las necesidades de la producción.
d) Derechos colectivos – La propuesta del PRI hace caso omiso a las críticas planteadas por organizaciones sociales y sindicatos democráticos en cuanto a la existencia de contratos colectivos de trabajo de protección patronal y al control sindical corporativo.
e) No discriminación – Al suprimirse el principio de equidad de salario, respecto al trabajo, diferentes compañías, a través de subcontratación, pueden pagar a sus empleados de forma diferenciada, dependiendo de la productividad de sus capacidades físicas.
f) Igualdad de género – No se desarrolla un mecanismo eficaz para sancionar el hostigamiento sexual, dejándolo en un sentido meramente enunciativo.
g) Justicia laboral – Retrocede el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia al ampliar las etapas del proceso laboral, con la intención de dilatar los juicios orales.
De aprobarse la iniciativa, en los términos en los que está propuesta, veremos en un futuro inmediato la presentación de nuevas denuncias ante los organismos internacionales de Derechos Humanos.
Esta propuesta tiene un carácter regresivo en materia de Derechos Humanos Laborales y significa una violación a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos firmados y/o ratificados por el Gobierno Mexicano. Sobre este último punto, el Estado Mexicano es el principal obligado a respetar, proteger, garantizar y promover la vigencia de los derechos humanos laborales dentro de nuestro territorio.

Nombre:
Email:
Para:
frnrojas@congreso.gob.mx, josefina.vazquez@congreso.gob.mx, alejandro.encinas@congreso.gob.mx, pedro.vazquez@congreso.gob.mx, pedro.jimenez@congreso.gob.mx. jcarlos.ramirez@congreso.gob.mx, tereso.medina@congreso.gob.mx
Tema:
¡NO a la iniciativa de Reforma Laboral!
 
Directorio de Destinatarios:
Francisco Rojas Gutiérrez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Cámara de Diputados
Josefina Vázquez Mota
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN
Cámara de Diputados
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Cámara de Diputados
Pedro Vázquez González
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Cámara de Diputados
Pedro Jiménez León
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Cámara de Diputados
Jorge Carlos Ramírez Marín
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
Tereso Medina Ramírez
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Cámara de Diputados

Dresser, Meyer y Aguayo con Aristegui


Escucha y descarga las mejores entrevistas de Carmen Aristegui en Noticias MVS



Sobre la encuesta de la alianza en Edomex, hablan Sergio Aguayo, Denise Dresser y Lorenzo Meyer. Por supuesto que Aguayo y Dresser le aplauden a su promoción, Lorenzo logra equilibrar con su posición crítica. Denise cierra mencionando a Vargas Llosa (eso simplemente sería razón para desconfiar de su juicio) que opina que si los mexicanos dejan que regrese el PRI es que son masoquistas. Pregunta a Dreser y Vargas: ¿que representa que se quede el PAN????????????? Nos ha ido tan bien en estos últimos 10 años como para darles la oportunidad de permanecer? Masoquistas e imbéciles en ese caso.


Carta a los diputados rechazando la reforma laboral presentada por el PRI



Se está pidiendo que todos participen enviando una carta como la presente dirigida a los diputados, para manifestar nuestro rechazo a la propuesta del PRI en torno a una Reforma Laboral que es lesiva a los intereses de la clase trabajadora



México, D.F. 22 de Marzo del 2011

Diputado Francisco Rojas Gutiérrez,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI
Cámara de Diputados
frnrojas@congreso.gob.mx

Diputada Josefina Vázquez Mota,
Coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN
Cámara de Diputados
josefina.vazquez@congreso.gob.mx

Diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD
Cámara de Diputados
alejandro.encinas@congreso.gob.mx

Diputado Pedro Vázquez González,
Coordinador del Grupo Parlamentario del PT
Cámara de Diputados
pedro.vazquez@congreso.gob.mx

Diputado Pedro Jiménez León,
Coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia
Cámara de Diputados
pedro.jimenez@congreso.gob.mx

Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín,
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
jcarlos.ramirez@congreso.gob.mx

Diputado Tereso Medina Ramírez,
Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social
Cámara de Diputados
tereso.medina@congreso.gob.mx


Distinguidos Diputados/as:

Desde el año 2006, la explosión y siniestro en la Mina 8, Unidad Pasta de Conchos, municipio de san Juan de Sabinas, Coahuila, se volvió un caso paradigmático de violación de derechos humanos, porque entre otras violaciones graves a los derechos de los trabajadores y sus familias, se violó el derecho a la vida, a la seguridad, a condiciones satisfactorias de trabajo, a la libre asociación, al salario y demás prestaciones laborales, al debido proceso, etc. Situación que devino en una serie de Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y en la petición de juicio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado Mexicano por parte de las familias y sus defensores/as.

Desde el aciago 2006, a fecha, han muerto 43 mineros más en minas de carbón de Coahuila (dos en lo que va del presente año; además, y debemos dolernos de dos más, uno en una mina de fierro, y otro, en una de plata, también en este año). Hay un número imposible de cuantificar de trabajadores sobrevivientes a siniestros fatales, cientos de huérfanos y viudas, que como las familias de Pasta de Conchos, sobreviven con pensiones que van de 2,600 a 3,200 pesos mensuales, para familias de hasta 4 y 5 miembros que las condenan al hambre. Estas víctimas y este dolor, deberían ser el interlocutor privilegiado de la tarea legislativa de dar más vida y proteger la misma, a través de la labor de legislar. Y es la situación desde la cual les emitimos nuestra opinión.

Así que tenemos el honor de dirigirnos a Ustedes para expresar nuestra profunda preocupación y tajante rechazo por la reciente propuesta de reforma de la Ley Federal del Trabajo, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó el 10 de marzo pasado, y la cual se encuentra para su análisis en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, en tanto que representa, como la del Partido Acción Nacional (18 de marzo del 2010), un franco y grave retroceso para los derechos humanos laborales de las mayorías trabajadoras de nuestro país.

Somos una expresión ciudadana de distintas organizaciones de trabajadores/as, religiosos/as, organismo civiles de derechos humanos y organizaciones sociales de la sociedad civil, atentas al acontecer nacional y, sobre todo, a la defensa y vigencia de los derechos humanos de todos/as los mexicanos/as en el país.

Nos hemos percatado por los medios de comunicación (marzo, 17), de las irregularidades experimentadas en dicha Comisión de cara al tema que nos preocupa, con el presunto afán de dictaminarlo, sin mayor discusión o escrutinio, para luego ser votado en sesión plenaria, aprovechando las mayorías parlamentarias de PRI (1) y PAN, por lo que nos oponemos a su votación y aprobación, dadas las violaciones y regresiones que encierra, y lo que representa en términos de incrementar la violencia estructural contra quienes viven de manera honesta y sacrificada en toda la patria. Hacemos un llamado a quienes integran la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados a rechazar una regresión así, tan alejada y contrapuesta a los respectivos principios históricos que dicen normar tanto al PRI como al PAN, al mismo tiempo que alentamos a la elaboración de un nuevo proyecto, que tenga como objetivo la homologación con los mayores estándares internacionales de protección y vigencia de los derechos laborales, y no la primacía del mercado, la flexibilización del neoliberalismo de fábrica o la competencia globalizada, todos criterios de la hegemonía empresarial dominante.


El Proyecto del PRI, como el del PAN del año pasado, como el Proyecto Abascal, del primer quinquenio de este milenio, no sólo dejan sin solución deficiencias particulares de la actual legislación laboral y de su instrumentación y vigilancia (el corporativismo sindical, el alto porcentaje de existencia de contratos de protección, la dependencia de la justicia laboral del poder ejecutivo federal y estatal), sino que además, asume premisas falsas de la teoría económica neoliberal, hoy tan impertinente como cuestionada en todo el planeta, como criterio para debilitar derechos que representan bienestar y la búsqueda de una vida digna; y además, son iniciativas que violan las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano, relativas a la protección y promoción de los derechos humanos laborales de los trabajadores y trabajadoras mexicanos/as, como a continuación detallamos.

El Proyecto del PRI (al igual que el de Acción Nacional), ignora las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, hechas a los representantes de México en 2006(2):

a) Referidas al derecho a la estabilidad en el empleo (art. 6 del PIDESC) “36. El Comité insta al Estado Parte a que amplíe el alcance de los criterios de admisibilidad para que todos los desempleados tengan acceso a las prestaciones del seguro de desempleo”.

b) Referidas al derecho a condiciones satisfactorias de empleo (art. 7 del PIDESC): “32. El Comité insta al Estado Parte a que tome medidas eficaces para mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores indígenas, en particular, adoptando y/o aplicando la legislación pertinente, aplicando la Ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y la correspondiente legislación de los Estados, efectuando con eficacia un número mayor de inspecciones de trabajo en las comunidades indígenas y sancionando a los empleadores que violan las normas laborales mínimas”.

c) Y en relación a la justicia laboral y libertad sindical (art. 8 del PIDESC): “34. El Comité recomienda al Estado Parte que examine su legislación laboral con vistas a suprimir cualesquiera restricciones de los derechos sindicales, que no sean las necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para protección de los derechos y libertades ajenos. Reitera su petición al Estado Parte de que considere la posibilidad de retirar su declaración interpretativa del artículo 8 del Pacto y de que ratifique el Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949)… Recomienda asimismo al Estado Parte que extienda la competencia de las comisiones de derechos humanos, nacional y de los Estados, a las presuntas violaciones de los derechos humanos laborales, y que apliquen las recomendaciones relativas a la libertad sindical contenidas en el Diagnóstico nacional sobre la situación



Precisamente, en relación a este último documento, la propuesta del PRI (y la del PAN), ignoran también las recomendaciones conclusivas del Diagnóstico sobre derechos humanos en México, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH, 2003): “Diseñar y ejecutar un programa nacional de empleo digno, cuyo objetivo sea garantizar plena vigencia a los derechos humanos laborales” (recomendación 24) o las más específicas relativas a: “desmantelar el sistema regulatorio que inhibe la libertad de asociación en el ámbito laboral” y a “garantizar los siguientes derechos: libertad de sindicación, voto libre y secreto de las y los trabajadores y derecho de huelga” (así como principios básicos del Programa de Derechos Humanos (2004), emanado de dicho diagnóstico). De igual manera, se pasan por alto compromisos contraídos en el acuerdo ministerial entre México y los Estados Unidos de Norteamérica (mayo, 2000), en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral para América del Norte (ACLAN), acuerdo paralelo en materia laboral al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

México está obligado por instrumentos internacionales que protegen y promueven los derechos humanos laborales, entre los que se encuentran el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Protocolo de San Salvador”), que contienen la obligación de cumplimiento progresivo. Es decir, la progresividad reconoce que el pleno cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales están los derechos laborales, es un proceso gradual, al cual está obligado el Estado, tomando, consintiendo o evitando, las medidas necesarias para un constante avance en el goce efectivo de los derechos humanos laborales. Este compromiso va de la mano de otra obligación, la de la no regresividad. Es decir, las acciones y omisiones del Estado no deberán producir un retroceso en el nivel de cumplimiento de los derechos humanos laborales que se haya alcanzado durante el proceso progresivo de implementación. Es decir, serían improcedentes procesos administrativos, legislativos, presupuestarios, judiciales u otros que implicasen pérdida de derechos para los trabajadores/as.

De los 42 Convenios de la OIT que México no ha ratificado (además de 5 protocolos), la mayoría contienen estándares más altos que la actual Ley Federal del Trabajo (incluyendo aquellos que protegerían de mejor manera la vida de los mineros del carbón y sus familias). Especialmente observamos que facilitado el despido, se dificulta hasta anularlo, el principio de complementariedad entre el derecho individual y el colectivo. Es decir ¿cómo se disfrutarán derechos colectivos como poder sindicalizarse o tener un contrato colectivo si, mediante fáciles y abaratados despidos, no podrán ni mantener el empleo?

Empleo que ha sido reconceptualizado y enriquecido por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo decente. El concepto de Trabajo Decente fue formulado por los mandantes de la OIT – gobiernos y organizaciones de empleadores y trabajadores – como una manera de identificar las prioridades de la Organización. Se basa en el reconocimiento de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad, democracias que actúan en beneficio de todos, y crecimiento económico.

Al calificativo “decente”, en la OIT se le han atribuido las siguientes características: trabajo productivo y seguro, con respeto a los derechos laborales, con ingresos adecuados, con protección social, con diálogo social, libertad sindical, negociación colectiva y participación de los trabajadores/as. La seguridad en el empleo es destacada por muchos documentos y declaraciones del Director General de la OIT, en los que se sostiene que "el trabajo decente necesita seguridad". Es claro para este organismo internacional, la máxima instancia para asuntos laborales dentro de Naciones Unidas, que la seguridad en el trabajo, forma parte de la calidad del empleo y, por ende, exige cierta continuidad o estabilidad de la relación de trabajo. En otros documentos, el Director General de la OIT propuso nuevas definiciones análogas a las antes referidas, que ratifican algunos elementos, subrayan otros y añaden otros más. Así, por ejemplo, la que dice que "por trabajo decente se entiende el trabajo que se realiza en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana".

Así que no vemos cómo la propuesta del PRI, al suprimir la responsabilidad solidaria de los patrones en el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, pueda significar trabajo decente cuando los contratistas y el outsourcing, hoy por hoy, han evadido el pago de prestaciones e impuestos y, más bien, han representado indefensión e inseguridad trágicas como en el caso de los 65 mineros fallecidos en el siniestro de Pasta de Conchos (35 de los cuales trabajaban para la contratista General de Hulla, incurriendo en la violación al principio laboral de, a trabajo igual, salario igual).

Así que estamos ante rasgos que, de aprobarse, constituyen medidas regresivas que resultan incompatibles con obligaciones jurídicas internacionales del Estado mexicano, relacionadas con el derecho al trabajo.

Por último, la propuesta de los diputados del PRI, anunciada como un “consenso social”, sean conscientes o no de ello, contradice sus propios principios, tal como son (3) anunciados en su Declaración de Principios, por ejemplo el 33 (“El PRI asume las causas de los trabajadores. Los derechos consagrados en el artículo 123 de nuestra Constitución, particularmente los de huelga, asociación, autonomía sindical, contratación colectiva, salario remunerador, reparto de utilidades, seguridad social y vivienda para los trabajadores de los sectores público y privado, deben salvaguardarse íntegramente”), el 29 (“Asumimos la responsabilidad de fomentar y ampliar en las leyes y, en la realidad, la protección de los derechos humanos”) o el 8 (“La justicia social parte de la noción integral de democracia y por ello se opone a la acumulación de la riqueza en pocas manos, a los monopolios y a la tiranía insensible del mercado”).

En síntesis, no vemos indicadores de que dicha propuesta intente parar la siniestralidad laboral (antes bien, han retirado facultades para la inspección del trabajo) o impedir que vuelvan a acontecer siniestros que resultan mortales o fortalecer los derechos de las viudas o los huérfanos. Definitivamente, nos desconcierta e indigna cómo cambió la propuesta del PRI sólo en tres meses, pues hemos hecho el comparativo entre la de diciembre del 2010 y la de marzo del 2011, dando paso, en síntesis, al proyecto empresarial que por 22 años han pretendido (Consejo Coordinador Empresarial, Grupo Monterrey, Coparmex, y Concanaco), de una flexibilización precarizante de los derechos laborales que sólo pretende la vía de la reducción de costos laborales (ya de por sí con una tendencia decreciente: el costo laboral/costos totales en las empresas mexicanas de manufactura representó en 1989 24.7%, y en 1994, 16.9%), so pretexto de incrementos, no comprobados, en la competitividad o productividad nacionales. Creemos que ninguno de los viejos cetemistas ya fallecidos, votaría una iniciativa que deja en la indefensión a los trabajadores/as y da la espalda a la lucha histórica de obreros y campesinos por dotarse de mejores condiciones de vida, tal como reza su desiderata.

Conclusión.

Por todos los motivos arriba expuestos, les urgimos a rechazar en el dictamen de la Comisión de Trabajo o en el pleno de la Cámara, el Proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo del Partido Revolucionario Institucional.




1 Chávez, Víctor. Rompe PRI inercias y propone una reforma laboral. “El líder del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas Gutiérrez, anticipó que su partido “hará valer su mayoría”, por lo que garantizó que la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo se dictaminará y aprobará en las próximas dos semanas, debido al consenso alcanzado previamente con los sectores empresarial, laboral, legislativo y académico. Explicó a su grupo parlamentario que la propuesta del PAN, presentada desde el año pasado, permanece en la “congeladora” por haberse presentado de manera precipitada, sin los acuerdos mínimos necesarios ni el consenso social correspondiente”. El Financiero, 11.03.11, p. 39.

2 Dicho Comité examinó el cuarto informe periódico de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.12/4/Add.16) en sus sesiones del 9 al 10 de mayo de 2006 (E/C.12/2006/SR. 13 a 15), y en su 29ª. sesión, celebrada el 19 de mayo de 2006, aprobó, sus observaciones finales. Entre ellas las que se citan en este documento.
de los derechos humanos en México, elaborado por la oficina local del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”.


3 De igual forma ocurre con Acción Nacional: Proyección de los principios de doctrina, 2002: 7. Humanismo económico: “Una política económica humanista subordina sus decisiones a la ética y parte del hombre, su dignidad y sus derechos. En consecuencia, afirma la prioridad del trabajo sobre el capital y busca el acceso del mayor número posible de personas a la propiedad de los medios de producción; 8. Trabajo: “El Estado debe: asegurar que el sistema educativo prepare a todas las personas, particularmente a los jóvenes, para su realización en la vida laboral; forjar condiciones económicas y sociales propicias para la generación suficiente de empleo estable; determinar un marco institucional y legal que ampare las prestaciones que hombres y mujeres requieren para desempeñarse con dignidad”; Proyección de los principios de doctrina, 1965: 10 Trabajo: “Es derecho del trabajador la estabilidad en su trabajo, mientras lo desempeñe con lealtad y eficacia”; Declaración de principios, 1939: 2 (“La persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino”); 3 (“Es antisocial y monstruosamente injusta la concepción del Estado como instrumento de lucha al servicio de una clase social cualquiera que sea, para destrucción o dominación de las demás”); 8 (“La consideración del trabajo humano como mercancía, como simple elemento material en la producción, es atentatoria contra la dignidad de la persona, y contra el interés de la Nación”.


ORGANIZACIÓN FAMILIA PASTA DE CONCHOS,
PASTORAL LABORAL NACIONAL,
CENTRO DE REFLEXION Y ACCIÓN LABORAL (CEREAL),
CENTRO DE DERECHOS HUMANOS MIGUEL AGUSTIN PRO JUAREZ (PRODH),
ASOCIACION NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRATICOS (ANAD),
FOMENTO CULTURAL Y EDUCATIVO (FCyE).
CENTRO DE ESTUDIO SOCIALES Y CULTURALES ANTONIO DE MONTESINOS (CAM)