lunes, diciembre 03, 2007

Carta del presidente legítimo de México

LLAMA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR A LEGISLADORES PERREDISTAS A NO AVALAR EL PROYECTO DE REFORMA ELECTORAL QUE SE PRETENDE APROBAR EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Durante las últimas semanas, las negociaciones sobre la llamada reforma electoral han ocupado la atención de medios informativos y analistas políticos. Después de un golpe mediático al anunciar la restricción a la contratación directa de espacios en medios electrónicos para las campañas electorales —que provocó hipócritas reacciones de los grandes concesionarios de las televisoras y radiodifusoras—, la reforma electoral se ha ido achicando, convirtiéndose en botín de los intereses partidarios y alejándose cada vez más de los intereses ciudadanos y democráticos de la sociedad.

Como aportación al análisis de este tema, publicamos a continuación dos materiales. El primero es la carta que Andrés Manuel López Obrador ha dirigido el día de hoy a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) para exhortarlos a rechazar la antidemocrática reforma electoral que se cocina estos días entre las cúpulas de los principales partidos políticos mexicanos. El segundo son las referencias a la reforma electoral que forman parte de una entrevista más extensa efectuada el pasado 28 de noviembre por Sergio Sarmiento al presidente legítimo de México.

Carta del presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, dirigida a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, Javier González Garza y Carlos Navarrete Ruiz, respectivamente

A los coordinadores de los grupos parlamentarios del

PRD en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República,

Javier González Garza y Carlos Navarrete Ruiz.

P r e s e n t e.

Expreso a ustedes, de manera respetuosa, mi absoluto desacuerdo con la llamada reforma electoral que se pretende aprobar en los próximos días en el Congreso de la Unión.

Considero que este proyecto, en vez de contribuir a que el país retome el camino de la democracia, afianza el predominio ilegítimo del bloque conservador que nos robó la elección presidencial del 2006.

Es entendible que el PRI y el PAN, como representantes de la oligarquía, estén a favor de impedir que el pueblo elija libremente a sus autoridades mediante elecciones limpias, libres y auténticas, pero nada justifica que los legisladores del PRD se presten a esta maniobra antidemocrática y menos la promuevan.

La iniciativa de reforma que se intenta aprobar, entre otras cosas, impide la formación de coaliciones, postura contraria a lo que ha venido defendiendo el PRD desde sus orígenes.

Además, en la integración del Consejo General del IFE persiste el contubernio entre el PRI y el PAN, para mantener la subordinación de ese órgano, tal como lo hicieron cuando recientemente nombraron a los nuevos integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

No está de más precisar que, como a ustedes les consta, me he mantenido al margen de estos acuerdos y, por mi compromiso con la democracia, jamás negociaría el nombramiento de un consejero para justificar cualquier retroceso.

Asimismo, considero que sería un acto de simulación votar a favor en lo general y hacerlo en contra en lo particular, para seguir cubriendo las apariencias.

En consecuencia, les pido que transmitan este punto de vista a los legisladores del PRD, para que cada quien actúe de conformidad con su conciencia, de cara a los militantes y simpatizantes de nuestro partido, y asuman su responsabilidad histórica.

Andrés Manuel López Obrador

Presidente

Ayotzinapa




Protesta de estudiantes de la normal de Ayotzinapa
frente al palacio de gobierno en Chilpancingo.
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La PFP desalojó violentamente a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que tomaron la caseta de cobro de la Autopista del Sol en La Venta, a la entrada de Acapulco, para exigir más plazas de maestros.

Notas sobre la Educación Normal y el Conflicto con Ayotzinapa.
Carlos Reyes Romero.
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1.- El sistema de educación básica y normal se desordenó en todo el país, a partir de la descentralización educativa de 1992, cuando la responsabilidad de su administración pasa a las autoridades educativas locales, con la excepción del Distrito Federal donde todavía esta responsabilidad es de la SEP.
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El desorden educativo imperante es más acusado en cuanto al estado que guarda la educación normal y se expresa en la baja calidad del servicio educativo, el bajo perfil profesiográfico de los maestros de maestros y la mala preparación de los futuros docentes. De esto nos hablan contundentemente los exámenes nacionales de conocimientos en las licenciaturas de educación preescolar y primaria, que se han venido aplicando a partir del ciclo escolar 2003-2004 por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), así como la desproporcionada matrícula escolar con relación a los requerimientos nacionales y estatales de nuevos docentes.
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Es importante destacar que a partir de que se consumó la modernización educativa (mayo de 1992), la matrícula normalista nacional (pública y privada) se disparo en un 94.2 %, al pasar de 110, 975 estudiantes durante el ciclo escolar 1992-1993 a 215, 506 en el ciclo escolar 1999-2000; la educación normal pública creció en un 76.5 %, al pasar de 81, 045 alumnos en 1992-1993 a 143, 050 en 1998-1999 (ciclo en que las autoridades educativas federales empezaron a poner freno a esto), mientras que la educación normal privada creció en un 168.5%, al pasar de 29, 930 alumnos en 1992-1993 a 80, 358 en 2000-2001.[1]
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Guerrero no es la excepción, sino el punto más álgido de este desorden, de ahí que ocupemos los últimos lugares en los indicadores educativos nacionales. No es un problema de cobertura, ya que la entidad ocupa el primer lugar nacional en cuanto a cobertura educativa en educación primaria y en cuanto a la cobertura de educación preescolar estamos en buena posición, según se reporta en los análisis y estudios del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE).
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2.- Guerrero ocupa el primer lugar nacional en cuanto a formación de maestros de educación básica, muy por encima de las once entidades federativas que cuentan con mayor población que la nuestra, a saber: Estado de México (14 millones), Distrito Federal (8.7 millones), Veracruz (7.1 millones), Jalisco (6.7 millones) Puebla (5.3 millones), Guanajuato (4.8 millones), Chiapas (4.2 millones), Nuevo León (4.1 millones), Michoacán (3.9 millones), Oaxaca (3.5 millones) y Chihuahua (3.2 millones).[2]
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En Guerrero con 3.1 millones de habitantes, en los 12 planteles públicos de educación normal, 17 privados y las 5 unidades y 8 subsedes de la Universidad Pedagógica Nacional que operan en la entidad -en total 42 planteles-[3] se forman actualmente 13, 730 docentes -9 % de la matrícula nacional-, sin contar a los que estudian en la UPN; mientras en el Estado de México sólo hay 9, 141 alumnos en 42 normales; en el Distrito Federal, 8, 327 en 25 normales; y en Veracruz, 5, 250 en 21 escuelas normales, por nombrar sólo los tres estados con mayor población del país.[4] Sin embargo, en los exámenes nacionales de conocimientos en las licenciaturas de educación preescolar y primaria, seguimos ocupando los últimos lugares.
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Paradójicamente nos sobran y nos faltan maestros. Tenemos demasiados docentes comisionados en actividades sindicales y políticas, en áreas administrativas y en escuelas urbanas de Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Zihuatanejo y Taxco de Alarcón, por nombrar sólo las cabeceras de los municipios más poblados del estado. Nada más los trabajadores comisionados en las oficinas centrales de la SEG, en las 8 Subcoordinaciones Regionales y en las Jefaturas de Sector y Supervisiones escolares de preescolar, primaria y secundaria, superan en número a los poco más de 5 mil docentes de primaria que laboran en la Región Acapulco-Coyuca de Benítez, donde se concentra el mayor número de maestros de este nivel educativo en el estado.
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3.- Urge la reforma de la educación normal en Guerrero. Pero una reforma de fondo, integral, equitativa y justa, que reordene y reoriente todo el sistema de formación docente. Las escaleras se barren desde arriba y la reforma de la educación normal es la pieza clave de cualquier reforma educativa seria y congruente. Hay que preparar desde ahora a los docentes que van a reformar la educación básica. Sin esto la simulación educativa seguirá imperando.
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Insistir sólo en la reforma de la Escuela Normal Rural "Prof. Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, es un desacierto político que denota una profunda animadversión contra uno de los últimos bastiones de la educación popular en Guerrero. Los zares de la educación normal privada han cometido mayores tropelías contra la educación[5] y nadie los molesta; al contrario se les encubre y protege por el grupo, como ellos se denominan, que dirige actualmente la SEG.
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Preocupa el bajo nivel y rendimiento académico de los maestros y alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, pero no es el único caso. Las normales privadas no andan mejor.[6]
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En Guerrero, particularmente en la educación normal, se aplica con creces aquello de que la educación es área de desastre. Ahí están, insistimos, los contundentes resultados de los exámenes nacionales en la materia; no por algo las normales públicas y privadas de Guerrero, han opuesto tanta resistencia a estos exámenes. Ya vamos por el cuarto examen nacional y todavía no participan todas las normales de Guerrero.
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Por otra parte, los promedios que exhiben los egresados de las normales públicas, no reflejan su verdadero aprovechamiento escolar. Esto es así, porque en las escuelas normales públicas de Guerrero no se aplican exámenes de conocimientos, ni existen criterios objetivos para evaluar y asignar calificaciones a los estudiantes. Desde hace muchos años, en ninguna de ellas se hacen evaluaciones de conocimientos, habilidades y valores que correspondan a referentes válidos y pertinentes, cuantificables e iguales para todos. Generalmente se evalúa al alumno mediante la entrega de trabajos encargados por el profesor y la asistencia a las prácticas escolares, lo cual conlleva un alto grado de subjetividad y facilita el favoritismo y la simulación, cuando no el comercio de calificaciones. En esas condiciones, ¿quién garantiza que efectivamente son mayores los promedios de los egresados de las otras normales que los de Ayotzinapa?
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En el ejercicio del gobierno deben prevalecer la justicia y la equidad o se está en riesgo de actuar contra los intereses populares. El proteger y privilegiar sólo a quienes dominan la economía y el poder ya le ha causado muchos daños al país, como para que lo reproduzcamos aquí en Guerrero. ¡¡Aguas!!
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4.- Para cubrir la demanda de contratación de los aproximadamente 700 egresados anuales de las normales públicas, se requieren en promedio de 300 a 350 plazas. Los otros egresados obtienen la plaza de sus familiares, la compran a alguien que se va a jubilar y, en menor proporción, se van a otros estados o simplemente se dedican a otra actividad. En este sentido, es significativo que el año pasado (2006) de la propia normal rural de Ayotzinapa sólo 74 de los 129 egresados, fueron contratados por la SEG; de los otros 55 no se sabe si ingresaron al servicio educativo por otros medios, si se fueron a sus estados o si se dedicaron a otra actividad.
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El 100 % de las plazas demandadas por los egresados de Ayotzinapa el año pasado, en realidad se redujo al 57.4 %. Esta situación se repite en las demás normales. Para una sana y correcta toma de decisiones convendría analizar en qué medida se da esto en cada normal.
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Las autoridades educativas aducen que los egresados de Ayotzinapa, no permanecen en los lugares que les fueron originalmente adscritos. Dan datos: señalan que 20 de ellos han cambiado de región, 20 de centro de trabajo, que otros 29 permanecen en su adscripción, que uno (1) está inactivo y que 4 no están frente a grupo. Nada más informan de Ayotzinapa ¿Y cómo andan al respecto los de otras normales? Convendría para saber con precisión que está pasando, revisar cómo anda al respecto el conjunto de la generación 2002-2006, que ingresaron al servicio educativo durante el ciclo escolar 2006-2007. Se tendría entonces un diagnóstico más objetivo de la situación; pero sobre todo permitiría identificar las subcoordinaciones, las jefaturas de sector y las supervisiones donde es mayor y más grave el cambio de adscripción. Porque se sabe, que el comercio de cambios es más grande y sistemático que el comercio de plazas.
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4.- El sistema de asignación de plazas por "escalafón", es decir, conforme a los promedios descendentes de cada escuela, con los cuales se integra un "escalafón general", no es nuevo. Se ha aplicado en la SEG desde hace muchos años. Solamente una vez, durante la anterior administración de Daniel Pano Cruz, se intento hacerlo mediante concurso de oposición; al final el gobierno desistió de tal empeño y se volvió al viejo sistema.
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Con ese sistema los egresados de Ayotzinapa no tenían, al igual que las otras escuelas, más plazas que las que cada escuela realmente necesita.
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El problema para Guerrero, realmente está en el uso y destino que se les da a las llamadas incidencias, es decir a las plazas vacantes por defunción, jubilación, pensión, incapacidad permanente o renuncia. La inmensa mayoría de ellas quedan en manos del SNTE, en sus distintas expresiones; son ellos y no la autoridad educativa quienes deciden a quienes se otorga esas vacantes. En promedio son más de 800 plazas al año.
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Lo más grave es que este año el grupo que dirige la SEG ha entregado al SNTE el 50% de las plazas que podían ser destinadas a los egresados de las normales y desde el ciclo escolar 2005-2006, han entregado al SNTE y al SUSPEG un porcentaje de las plazas para telesecundarias. Se sabe que cuando menos en el caso del SNTE, al no tener candidatos con el perfil profesional idóneo para cubrir estas plazas, solicitaron y obtuvieron su descompactación, es decir, que se les divida o se les cambie la función generalmente para áreas administrativas. ¿Por qué estas plazas no se destinaron a contratar egresados de las normales públicas? Es conveniente una amplia investigación al respecto.
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El caso de las plazas para telesecundarias, es ejemplificativo del proceder del grupo dirigente de la SEG, porque en su inmensa mayoría se dieron a profesionistas egresados de otras instituciones de educación superior, a los cuales se habilita como maestros. Los egresados de las normales también podrían cubrir este tipo de plazas; también acreditan haber obtenido una licenciatura, más aún una licenciatura especializada en educación.
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Volviendo al tema, algunos maestros que se jubilan o renuncian optan por entregar sus plazas a la SEG. No se sabe cuántos porque con la SEG es más burocrático el trámite que con los sindicatos. Muchas de esas plazas son para los compromisos políticos y la cooptación de aliados del grupo que dirige la SEG.
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Sería conveniente revisar el total de la asignación, descompactación y ubicación final de plazas docentes y directivas en la SEG, del 1º de abril de 2005 a la fecha y se verá con claridad cómo sí es posible atender con genuina equidad las demandas de los normalistas y sentar nuevas bases para el ingreso a la función docente.
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También se podrá observar cuál es el volumen de nuevos ingresos asignados a los egresados de las normales privadas, algo acerca de los cual las actuales autoridades educativas mantienen fuerte hermetismo.
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5.- Lo real es que la política implementada por este grupo contra los egresados de la normal de Ayotzinapa, ha tenido altos costos políticos para el gobierno de Zeferino Torreblanca y que mientras más se alarga artificialmente el conflicto más va a crecer la presión de los gobiernos estatales donde hay normales rurales para que se resuelva el "caso Guerrero", hasta lograr que el gobierno federal intervenga, seguramente para que se les otorguen a los egresados las 85 plazas solicitadas.
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El costo social y político del conflicto ya es demasiado alto para lo que realmente está en juego. Máxime que las autoridades educativas carecen de claridad y de estrategia adecuadas para resolver el conflicto, ya no digamos para resolver la desbordada problemática de la educación normal.
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La política de dividir a los egresados y de aislar a los de Ayotzinapa, empieza a volverse en contra de sus autores. Meter a las expresiones sindicales a la carrera de haber quien ofrece más plazas a los egresados, tampoco es buena y los cobros de facturas seguirán elevándose. Conforme avanza el tiempo, se va develando el verdadero trasfondo del asunto: el fracaso del maquiavelismo policiaco con que enfrenta la problemática educativa el grupo que ha hecho de la SEG su botín.
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28 de noviembre de 2007
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[1] Cuadro estadístico. Educación Normal. Total nacional. Evolución de la matrícula de 1990 a 2004. Portal SEP. DGPPP. Estadística histórica del sistema educativo nacional, 1990-2004
[2] Portal SEP. Cuadro Estadístico: Educación normal. Matrícula por licenciatura. Ciclo escolar 2004-2005. SEP. DGN. Cuestionario de información básica de las escuelas normales, 2004-2005; e INEGI. Conteo de Población y Vivienda 2005.
[3] Estos son: 9 normales públicas y 3 Centros de Actualización del Magisterio; 17 normales privadas; las unidades de la UPN en Acapulco de Juárez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez y sus respectivas subsedes: San Jerónimo, Zihuatanejo, Ayutla, Cruz Grande, Ometepec, El Rincón, Teloloapan y Ciudad Altamirano. Se desconoce la cantidad de alumnos que estudian en los planteles de la UPN, pero se estima en alrededor de 2, 000 alumnos.
[4] Portal SEP. Cuadro Estadístico: Escuelas normales por entidad, sostenimiento y licenciatura. Ciclo escolar 2004-2005. SEP. SEByN. DGN. Cuestionario de información básica de las escuelas normales, 2004-2005.
[5] Nada más las tres normales propiedad del profesor del CAM Acapulco, Gerino Astudillo Gallardo, habían acumulado hacia fines de la administración anterior 670 matrículas no autorizadas por la SEG. De igual manera, el Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo AC, el Centro de Desarrollo Educativo "Carlos Marx" de Ayutla de los Libres y la Universidad "Juan Ruíz de Alarcón", de Iguala de la Independencia, acumularon 323 matriculas no autorizadas. El Prof. Napoleón Astudillo propietario, entre otras, de la Normal "Justo Sierra" reporto a la SEP 183 alumnos más de los autorizados para educación secundaria. Sobre esta situación recayó un Acuerdo Parlamentario del H. Congreso del Estado en marzo de 2005, que exhortaba a las autoridades educativas del estado a proceder legalmente contra los transgresores y, en su caso, a la revocación definitiva de su licencia para impartir educación normal, en lo procedente. Hasta la fecha las autoridades educativas no le han dado seguimiento a este acuerdo, ni informado de su cumplimiento. El acuerdo fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, del 15 de abril de 2005, tiene por tanto fuerza legal.
[6] Baste ver los resultados de los exámenes generales que se practican anualmente a los estudiantes de educación normal.