jueves, marzo 13, 2008

MILENIO CENSURA A SANJUANA MARTINEZ


David Carrizales/corresponsal

Monterrey, NL, 12 de marzo- Periodistas y ciudadanos lectores del periódico "Milenio" de esta ciudad, iniciaron una campaña de envío de correos electrónicos ante la directora editorial de ese medio, Roberto Garza Medina, para protestar por la exclusión de la columna "A bocajarro", de la editorialista, Sanjuana Martínez.

Los inconformes consideran que la desaparición de la citada columna por una supuesta "reestructuración" de diseño de las páginas editoriales, como argumentó Garza Medina, negando cualquier gesto de censura, obedece justamente a dicho propósito "por presiones que el diario no pudo contener".

Cabe mencionar que la aludida es hermana de Dionisio Garza Medina, señalado recientemente de impedir que la estación Radio UDEM, de la Universidad de Monterrey transmitiera una entrevista en vivo con el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, porque lo considera contrario a la corriente católica de los Legionarios de Cristo a los que él apoya.

A través de correos electrónicos inició la recopilación de firmas que están siendo enviadas a la directora de Milenio, con un mensaje donde los quejosos señalan su malestar por la supresión de la columna de la periodista, desde el pasado 28 de febrero, al tiempo que exigen su reinstalación.

En un texto que circula por Internet se asienta que "el 28 de Febrero de 2008 la periodista Sanjuana Martínez fue informada por la directora editorial del
diario Milenio que su columna A bocajarro se suprimiría debido a una reestructuración
de las páginas editoriales del periódico".

Citan Sanjuana Martínez publicó hasta entonces más de 70 artículos de
opinión, "consolidando así una columna que se distinguía tanto por el rigor periodístico como por un análisis agudo e independiente".

"Dirigimos un extrañamiento a la dirección del periódico Milenio, ya que semana a semana Sanjuana alimentaba el espíritu de la ciudad, motivando a la reflexión y a la
participación ciudadana. Nos extraña que el periódico Milenio esté desaprovechando la formación y el prestigio de esta periodista, que durante veinte años trabajó en el Semanario Proceso brindando reportajes de primera calidad y quien fuera la primera reportera que denunciara y diera seguimientos a los casos más emblemáticos de pederastia clerical", asentaron.

Lo mismo, dicen en el texto, "recordamos su valiente trabajo de investigación sobre
el asesinato de la Sra. Ernestina Ascencio Rosario en la Sierra de Zongolica, Veracruz , así como otros importantes trabajos de relevancia local".

Sospechamos, no sin enorme preocupación, que la salida de Sanjuana se debe justamente a presiones que el periódico no pudo contener, ya que de ninguna otra forma se justifica que Milenio deje ir, -y mucho menos argumentando una reestructuración de diseño-, a una de sus mejores plumas, establece la misiva.

Exoneración a pedido

Miguel Ángel Granados Chapa/Reforma
13 Mar. 08

Tras una insólita indagación solicitada por el presunto denunciado, tal vez se concluya que no hay delito que perseguir. Pero que Juan Camilo Mouriño firmaba contratos con Pemex valido de su condición en el poder federal no fue muy ético que digamos

El Ministerio Público federal es lento para iniciar una averiguación previa ante la denuncia de una posible comisión de un delito. No está entre sus encomiendas efectuar una investigación a instancias de una persona que en los medios y en las Cámaras es señalada como posible autora de un ilícito, para que la exonere. Y sin embargo, en una decisión que prefigura el resultado, a unas horas de la recepción de documentos que le hizo el secretario de Gobernación, la Procuraduría General de la República anunció que había abierto la pesquisa ministerial correspondiente.

Los legisladores del Frente Amplio Progresista que desde hace más de dos semanas conocieron parte del expediente presentado por Juan Camilo Mouriño a la PGR, debieron presentar la denuncia correspondiente. Se durmieron, deliberaron con excesiva parsimonia los pasos a dar. O quisieron participar en la gloria de exhibir al favorito del presidente Calderón, y mantuvieron hasta el día de hoy en el ámbito parlamentario la acusación contra el diputado de la LVIII Legislatura que era al mismo tiempo apoderado general de un negocio familiar. La tardanza de quienes recibieron los contratos suscritos por Mouriño y Pemex de manos de Andrés Manuel López Obrador dio lugar a que el ex jefe de la Oficina de la Presidencia tomara la iniciativa ministerial.

Me pregunto si tomó la determinación después de que hace una semana recibió en su despacho de Bucareli al senador Manlio Fabio Beltrones, quien fue a darle seguridades de que en su Cámara no prosperaría ninguna comisión investigadora organizada según el artículo 93 constitucional. Imagino que, en la cordialidad que suscitaba esa noticia, Beltrones aconsejara a Mouriño sobre cómo obtener ventaja de la actuación ministerial, con base en una experiencia propia. Beltrones presentó en 1998 denuncia por difamación contra Sam Dillon en México corresponsal de The New York Times, que había dado espacio a un informe de la DEA en que el entonces gobernador de Sonora aparecía vinculado con el narcotráfico. En rigor estricto, la acusación debió presentarse en tribunales en Nueva York, sede del diario. Pero Beltrones eligió jugar a la segura, y obtener provecho del episodio procesal.

El gobierno de Ernesto Zedillo quedó por esa denuncia preso de un grave dilema. Si la PGR iniciaba acción penal contra el representante del periódico reputado como el de mayor influencia en el mundo, jamás se borraría la imagen de represor de la libertad de expresión y cancelaría la óptima relación que mantenía y conserva con los círculos empresariales y políticos de Estados Unidos. Pero si procedía en sentido contrario, es decir, si únicamente declaraba el no ejercicio de la acción penal contra el periodista, quedaría la impresión de que su información correspondía con la verdad, en perjuicio de un alto miembro de la clase política. La cuestión quedó resuelta a favor de Dillon, a quien no se llevó a juicio, pero también en beneficio de Beltrones a quien la PGR exoneró del señalamiento en su contra, a pesar de que no había realizado investigación alguna sobre el tema. Se produjo así una exoneración a pedido del acusado.

Eso va a ocurrir con Mouriño, aun si los senadores y diputados del FAP salen de su marasmo y acuden al Ministerio Público a presentar su propia denuncia. Hasta ahora sus empeños parlamentarios han sido infructuosos. Ni siquiera en San Lázaro, donde su espacio político es mayor, lograron integrar una comisión investigadora. El asunto se aplazó hasta la semana de Pascua. Hará entonces un mes entero desde que López Obrador les solicitó hacer suya la acusación contra Mouriño.

Como lo sostuvo desde que reconoció la firma de los tres documentos difundidos por López Obrador, Mouriño se atrinchera tras criterios formales (discutibles ante la justicia) de cuya aplicación no le resulta responsabilidad legal ninguna. Supongamos que en efecto no se infringió norma jurídica ninguna. Pero salta a la vista que la dualidad de personalidades con la que actuó en ese caso no es defendible desde el punto de vista ético. El propio Mouriño parece tener conciencia de que así es. Por eso ha transitado desde negar por entero estar involucrado en esos hechos hasta reconocerlos parcial y sucesivamente. Si en su fuero interno tuviera claridad sobre las implicaciones morales de su actuación, habría hecho el 25 de febrero lo que hizo el 11 de marzo. Sólo cuando las circunstancias lo han forzado acudió a una instancia formal, de la que sin duda espera la exoneración respectiva, como corresponde al espíritu de cuerpo que impregna a un equipo de gobierno.

No es exagerado conjeturar que cuando el joven diputado Mouriño acudía a Pemex a firmar los contratos que descubrió López Obrador, no era recibido como uno más de los cientos de contratistas de transporte que trabajan para Pemex. La sola entrega de su tarjeta de presentación sin duda le abría puertas que a otros proveedores se les mantenían cerradas. Por eso, y no sólo por ahorrarse el sueldo de un profesional que representara al grupo Mouriño, siguió siendo apoderado general de uno de los negocios familiares. En un foro sobre la condición ética de los legisladores que litigan, una joven abogada señaló a Fauzi Hamdán la diferente respuesta que obtendría ella misma de un funcionario a quien le solicitara una cita que si el peticionario fuera el senador Hamdán. Así ocurría con Mouriño, presidente de la Comisión de Energía, o asesor del secretario del ramo.



Cajón de Sastre


Las fuerzas vivas se han unido para cohonestar al secretario de Gobernación, puesto en jaque porque se ha exhibido el poder de su firma. Los legisladores miembros de su partido, sus antiguos compañeros de la casa presidencial, el líder priista en el Senado, la mismísima presidenta nacional de ese partido y varios gobernadores miembros del tricolor, todos, se han apersonado ante el ex presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados para mostrarle solidaridad ante el dolo y la malicia de que, dicen, es víctima inocente. Sólo faltaba, quizá porque no hacía falta, la expresión del apoyo de su antiguo compañero y luego jefe. Casi nadie supuso que el presidente Calderón prescindiera en esta circunstancia de su colaborador más cercano. Pero ahora toda duda queda disipada.

AGENDA CIUDADANA

Fuente:Lorenzo Meyer/Reforma
13 Mar. 08

Un Pemex a la altura de la proeza del 38 es posible pero ¿quién asumiría el papel del nuevo Cárdenas?

Aniversario conflictivo

La expropiación y nacionalización de la industria petrolera mexicana fue el punto culminante de un esfuerzo nacionalista cuyo origen es anterior a la Revolución Mexicana. En sus términos, la acción del general Lázaro Cárdenas en 1938 -recuperar el dominio nacional sobre el petróleo- no ha sido igualada, menos superada.

Desde Francisco I. Madero hasta Plutarco Elías Calles, el petróleo había enfrentado al régimen con las empresas petroleras y sus gobiernos sin buenos resultados para México. Finalmente, gracias a la combinación de un gobierno con voluntad política y fuertes bases populares, se logró que cristalizara el sentido mexicano de confianza en la propia capacidad de autonomía. La hazaña del 38 fue la respuesta audaz de un país periférico frente a la acumulación de agravios por parte de las potencias imperiales con las que se había tenido que relacionar a partir de su independencia.

Es por su significado para el presente y el futuro que el sostenimiento o abandono de la industria petrolera como una actividad del sector público mexicano se convierte en un tema que va más allá de lo meramente económico. El petróleo sigue siendo un tema que toca a la imaginación colectiva en su relación con el mundo externo. Un estudio del CIDE, en 2006, encontró que si bien entre las élites formadoras de opinión la idea de abrir al capital externo las áreas que van de la exploración a la distribución del petróleo era mayoritaria (65 por ciento), entre la población en general apenas un 24 por ciento la respaldó. Este año, una encuesta del periódico Reforma (3 de marzo) encontró que el 37 por ciento de los mexicanos aprobó la propuesta de permitir capital privado en Pemex pero el 46 por ciento la rechazó.

Una política que reformara a Pemex pero sin tocarla en tanto organización netamente mexicana y que le dejara los recursos necesarios para llevar por sí misma la exploración y explotación de todos los depósitos en mar y tierra -y en las zonas productoras antaño abandonadas pero que por los precios actuales del petróleo vuelven a ser costeables- revitalizaría su condición de punto de apoyo de la confianza colectiva en la capacidad nacional. Por el contrario, si como desean el actual gobierno y una parte de la élite económica se avanza en la apertura al capital privado y externo con el argumento de que a Pemex le es ya imposible caminar por sí solo, entonces la gesta del 38 pasaría a ser sólo una fecha más en el catálogo de nuestras "heroicas derrotas".



Misterio que no es tal


El barril de petróleo ya pasó la marca de los 100 dólares y la mezcla mexicana la de los 90. Una empresa transnacional representativa del ramo, ExxonMobil, reportó en 2007 ganancias de 40.6 mil millones de dólares ¡77 mil 220 por minuto! ¿Entonces cómo es que Pemex, la joya de nuestra corona nacionalista, resulta ser hoy una empresa quebrada, cuyos pasivos superan a sus activos?

La explicación no es ningún misterio y se encuentra, básica aunque no exclusivamente, en la política impositiva que desde hace sexenios viene aplicando el gobierno federal a la empresa paraestatal. En efecto, en buena medida la relativa tranquilidad que caracterizó el cambio de guardia en "Los Pinos" -la salida del PRI y la entrada del PAN- se ha pagado quitándole recursos a Pemex y asignándolos no sólo a los programas sociales, sino sobre todo a los gobernadores -nuevos centros de poder- y a los sueldos de la "alta burocracia", empezando por la de la propia empresa -un subdirector del Área de Refinación, por ejemplo, gana 330 mil pesos mensuales más prestaciones- y siguiendo con la federal: desde ministros de la Suprema Corte que reciben 3.9 millones de pesos anuales, hasta remodelaciones de despachos, como el del consejero presidente del IFE, que costó 39 millones de pesos en 2007.

Esta afirmación adquiere mayor concreción si se le incorporan algunas cifras tomadas de un estudio de José Luis Manzo. De 1998 a 2000 Pemex debió padecer una carga fiscal equivalente a tres veces la que soporta el resto de las empresas petroleras. La mexicana ha sido obligada a llegar al extremo de contratar deuda para pagar impuestos. Entre 1998 y 2005, la carga fiscal para Pemex equivalió al 111 por ciento de sus utilidades. De ahí que la deuda de la empresa en el penúltimo año del sexenio foxista superara los 100 mil millones de dólares. En suma, la causa de la catástrofe financiera de la gran empresa paraestatal es, básicamente, resultado de una política no sólo irresponsable en extremo sino corrupta.

Sin embargo, ése no es el único factor. A la responsabilidad del gobierno federal en el desastre de Pemex debe agregarse la carga que significa un sindicato abusivo prácticamente desde el origen -el "Pemexgate" es sólo uno de los últimos escándalos de una gran cadena que hoy incluye el pago de tripulaciones sin barco en la flota de Pemex- lo mismo que la cantidad de contratos con sobreprecio o de plano sin licitación como los ya famosos suscritos entre la empresa petrolera y el Grupo Energético del Sureste, propiedad de la familia del actual secretario de Gobernación, y que cada sexenio han permitido a empresarios y administradores inescrupulosos acumular fortunas sin que se les haya llamado a cuentas salvo para cobrar facturas políticas, como fue el caso del ingeniero Jorge Díaz Serrano durante el gobierno de Miguel de la Madrid.



¿Una agenda?


Quitar a la gran empresa estatal todas sus utilidades e incluso endeudarla para dejarla en números rojos, mantener la impunidad del sindicato y obligarle a firmar contratos con favoritos del gobierno en turno pareciera una locura o una bien calculada estrategia que busca dos objetivos: a) proporcionar al gobierno federal los recursos para comprar la paz social y política sin tener que recurrir a una reforma fiscal y, b) sentar las bases para hacer inviable a Pemex y, en consecuencia, hacer inevitable una "reforma energética" que abra el petróleo mexicano al capital privado nacional y extranjero.

En México, donde el fisco apenas puede captar el 11 por ciento del PIB -la mitad de lo que se capta en otros países con el mismo nivel de desarrollo-, una auténtica reforma fiscal es una necesidad tan evidente como pospuesta. La debilidad política de los gobiernos centrales ha hecho que un necesario cambio de fondo de la estructura impositiva desde los 1960 se haya pospuesto indefinidamente (la actual "reforma fiscal" no es tal sino apenas una adecuación; sólo va a aumentar la captación en alrededor del 2 por ciento del PIB). En esas condiciones, la salida fácil ha sido echar mano de Pemex como fuente de recursos, descuidar su modernización y petrolizar los recursos del gobierno. ¡Y vaya que si éstos se han petrolizado! Hoy casi el 40 por ciento del presupuesto gubernamental proviene de la renta petrolera. Sin esos dineros para su gasto corriente, los gobiernos del PAN no hubieran podido darle contenido a su alianza con los gobernadores priistas.

Precisamente por dedicar las utilidades de Pemex a financiar el precario equilibrio político de los últimos años es que esa empresa no ha contado con los recursos para acelerar la exploración, aumentar sus menguadas reservas lo mismo que su capacidad de refinación y de dominio de la tecnología de punta.



¿Nos dirigimos al punto de donde se partió o una nueva meta?


La industria petrolera mexicana nació al despuntar el siglo pasado y su crecimiento fue espectacular: de 10 mil barriles anuales en 1901 la producción pasó a 3.6 millones en 1910, para llegar a 193 millones en 1921. A partir de ahí declinó y en vísperas de su expropiación era de sólo 47 millones. De ser el pequeño mercado interno su primer objetivo pasó a exportar el 99 por ciento de la producción para quedar en 61 por ciento antes de la expropiación. En su mejor momento como enclave extranjero, el petróleo aportó el 33.6 por ciento del presupuesto federal aunque en vísperas de la expropiación ya sólo fue el 12 por ciento. Setenta años más tarde, casi la mitad de los ingresos de Pemex provienen de la exportación de un recurso natural no renovable y la dependencia del gobierno de esa producción es mayor que nunca. Si a esto agregamos la apertura al capital privado y externo casi se podría decir que nos encaminamos a recrear el modelo anterior a la expropiación cuyo objetivo era exportar en función de los intereses externos.

Nadie puede legítimamente apoyar la preservación del Pemex actual. Sin embargo, la mejor alternativa no está en desmontar la obra nacionalista de Cárdenas, sino en mejorarla, aprovechando los altos precios del petróleo, enfrentando la corrupción tanto del sindicato como de la administración y manteniéndola como gran empresa pública y bajo control nacional. Ése debería ser parte del proyecto nacional del siglo XXI.

miércoles, marzo 12, 2008

¿Una más?



Denise Dresser
El Norte, 10 Mar. 08


Así es México. La carta de un lector sobre Juan Camilo Mouriño, publicada en REFORMA la semana pasada, lo dice todo: "Qué tiene de extraño que alguien que esté en la política, como los senadores o diputados, busque beneficios para sus empresas, familiares o conocidos, si para eso buscan esos puestos (...). Hay que estar conscientes de que siempre ha sido y será así".

Allí está, destilado en un solo párrafo, el problema que aqueja al país: el conformismo cómplice, la anuencia anunciada, la anormalidad percibida como normal, el estado "natural" de las cosas justificado por quienes ni siquiera logran imaginarlas de otra manera. México acostumbrado a la expoliación por parte de la clase política. México acostumbrado a los conflictos de interés causados por quienes ocupan puestos públicos y continúan haciendo negocios desde allí. México acostumbrado al gobierno como botín repartido.

Por ello, el debate público y político sobre el Secretario de Gobernación no se centra en lo que debería. El PAN defiende su honor mientras que el PRD insiste que no lo tiene. Los panistas hablan de cuán orgullosos están de su joven promesa mientras que los perredistas buscan cortarle la cabeza. Unos quieren evitar la creación de comisiones investigadoras mientras otros intentan lucrar políticamente con su instalación o su postergamiento. Unos quieren evadir mientras otros quieren reventar.

Así, el caso de Juan Camilo Mouriño se vuelve otro pretexto para pelear; otro motivo para confrontar; otra bandera que Andrés Manuel López Obrador usará para frenar la reforma energética y Felipe Calderón intentará enterrar con tal de obtenerla. Y lo que desató el último escándalo quedará en el olvido. Será una anécdota más. Otro botón de muestra. Otro ejemplo de cómo se ataca o se defiende a un político, pero no se cuestiona la práctica en la que incurrió.

Germán Martínez, el presidente del PAN, dice que "el tema a discusión no son las influencias del señor Juan Camilo Mouriño"; dice que "el asunto no es la participación del Secretario de Gobernación en un contrato con Pemex". Pero se equivoca: ése es precisamente el tema, ése es el meollo del asunto, al margen de quién lo aireó e independientemente de la reforma que ponga en jaque. México tiene un problema y el escándalo más reciente tan sólo constata su profundidad. La decisión que Mouriño tomó de firmar contratos privados cuando ya era funcionario público. El simple hecho de hacerlo, sin comprender el conflicto de interés que eso entrañaba. La percepción equívoca sobre su propio papel que eso reveló. La conducta común y cotidiana que su desempeño dual evidenció. Aquello que en democracias funcionales está prohibido, pero aquí es aceptado. Es tolerado. Es ignorado. Es normal.

La ausencia de barreras explícitas entre lo público y lo privado; entre lo gubernamental y lo empresarial; entre las funciones legislativas y quienes se benefician con ellas. Día tras día tras día tras día: primeras planas repletas de notas sobre licitaciones cuestionables, adjudicaciones irregulares, contratos turbios. Costumbres vivas en todos los partidos, en múltiples niveles del gobierno, en todas las entidades públicas. Costumbres compartidas en Pemex, en la Lotería Nacional, en el ISSSTE, en la SEP, por mencionar tan sólo algunas instituciones involucradas en este tipo de prácticas durante la última semana. Costumbres cristalizadas en la frase "un político pobre es un pobre político", con la cual los mexicanos se ríen cuando en realidad deberían llorar.

En el affaire Mouriño se ha denunciado el tráfico de influencias cuando se trata de algo más elemental y más comprobable. Aquello denominado "conflicto de interés". Aquello que ocurre cuando alguien en una posición de autoridad -como un político- enfrenta intereses en contienda. Cuando esos intereses dificultan su capacidad para llevar a cabo sus labores con imparcialidad. Cuando esos intereses confrontados crean la apariencia de falta de probidad, aunque no hayan producido actos ilícitos. Cuando esos intereses encontrados puedan minar la confianza pública en las instituciones y generar dudas sobre su comportamiento.

Todas las condiciones con las que el caso de Juan Camilo cumple y él mismo debió haberlo sabido. Debió -como supuesto "miembro de una nueva clase política que está construyendo al país"- haberlo entendido y cortado toda relación con las empresas de su familia. Pero ni siquiera lo pensó. Ni siquiera le pasó por la cabeza, por más "decente" y "capaz" y "profesional" que sea. Y esa ausencia es parte del código genético de una clase política acostumbrada a actuar así. Es el legado de un priismo patrimonialista, extendido y presente en otros partidos.

Es el ADN de muchos que no perciben un conflicto entre su puesto oficial y el beneficio personal que pueden derivar de él. Es el código genético de demasiadas personas que conciben a la función pública como un sitio en el que todo se vale. Como afirma Juan Bueno Torio -actual Senador del PAN y ex director de Pemex Refinación-, si Mouriño firmó algún contrato como apoderado legal de una empresa familiar, aún siendo diputado o asesor del Secretario de Energía, "no existe ningún impedimento legal". No es así. Allí está, con todas sus letras en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en vigor desde el 2002. En las fracciones XI, XII, y XIV del artículo 8. Allí donde dice que cualquier funcionario público habrá de excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos en los que pueda resultar algún beneficio para él o sus parientes consanguíneos. Juan Camilo Mouriño no se excusó y por ello es probable que haya violado la ley.

El dilema entonces se vuelve cómo, cuándo y de qué manera sancionarlo. El Gobierno de Felipe Calderón seguramente rechazará actuar en este sentido, argumentando que ello implicaría perder políticamente ante AMLO. Pero ojalá que el Presidente y quienes lo rodean entendieran lo que está en juego. El mantenimiento de un aliado personal "vis ˆ vis" la posibilidad de encarar un problema fundamental. La defensa irrestricta de un colaborador "vis ˆ vis" la promoción irrestricta de la legalidad. La cerrazón de filas partidistas "vis ˆ vis" la oportunidad para establecer estándares más altos de comportamiento en la vida pública. En un país que respetara a sus ciudadanos, la renuncia o el castigo a quienes incurren en un conflicto de interés sería ineludible. Impostergable. Indispensable. Nadie permitiría que se volviera sólo una anécdota más.



Nota: Bueno, hemos escuchado hasta a Hector Aguilar Camín y Enrique Krauze (en Punto de Partida), o leído a Jesús Silva-Herzog Márquez y ahora a Denise Dresser (en el Norte), todos ellos fuera de cualquier sospecha de ser simpatizantes de López Obrador, cuestionar (y dolerse, por qué no?) el comportamiento tan poco ético del titular de la PGR, él que se veía tan decente, tan prometedor para ellos por provenir de la clase de políticos de que ellos gustan. Lo bueno es que sólo los más descarados, cínicos y cómplices se atreven a esgrimir palabras en defensa del protegido de Calderón. Por cierto, nos acordamos de que cuando aparecieron los videoescándalos con Bejarano y Ponce como protagonistas, los panistas y sus voceros de los medios se desgañitaban tratando de demostrar que AMLO no podía ser ajeno a estos actos de corrupción puesto que era el jefe inmediato de Ponce. Si fueran consecuentes con esta lógica, pues entonces el jefe inmediato de Juan Camilo, es decir Calderón, debe haber estado al tanto de los tejemanejes de su subordinado, ¿por qué ahora no se le ha molestado ni con la sombra de una sospecha al usurpador que es inquilino de losPinos? Ah sí, es que la vara que usan para medir a la gente bonita es distinta a la usada para con los loosers nacos que le apuestan al fracaso del país (Mouriño dixit)

Digna expropiación





Ricardo Javier García Martínez
El Norte, 12 Mar. 08


Cuando los políticos usan el término "reforma" para ayudar a que empresas extranjeras exploren y extraigan petróleo del subsuelo en aguas profundas del Golfo de México, saben que la palabra prestigia a quienes la utilicen.

Niega la burocracia federal que se hable de privatizar Pemex y con doble lenguaje trata de convencer de que la empresa necesita reformas al artículo 27 constitucional. El actual director de la paraestatal, Jesús Reyes Heroles, en doble discurso, sin experiencia suficiente en el tema energético, comienza a hablar de "alianzas" poco transparentes sin exponer abiertamente las intenciones ocultas de privatización paulatina del bastión más importante de los recursos naturales mexicanos.

Después de la depredación insustentable del subsuelo en las dos últimas décadas hasta casi agotar Cantarell, de desalentar, jubilar y despedir a cuadros técnicos y gerenciales de alto nivel, dejar obsoleta maquinaria e industria petroquímica que hasta mediados de los 80 se renovó, y de no sustituir los yacimientos encontrados entre 1903 y 1982, el Gobierno federal no ve más solución que las empresas privadas nos saquen de la indolencia federal en inversiones para Pemex.

No se puede parangonar la reforma en la Constitución de 1857, donde las Leyes Lerdo y Juárez eliminaron el monopolio que por siglos mantuvo el alto clero católico con la urgente asignación de recursos para exploración y extracción obstruida por la ordeña de petróleo, bajo presión de la Secretaría de Hacienda, cuyos recursos darían continuidad a programas detenidos hace 25 años por gobiernos neoliberales aviesos, sobre todo el de Vicente Fox en complicidad con el líder sindicalista Carlos Romero.

No es mentira lo indicado por López Obrador de que la inversión a Pemex se redujo de 2.9 por ciento en 1982 a 0.57 por ciento en 2007, esto es indicador de que el Gobierno federal oculta al superhéroe privatizador para el rescate de la apatía torcida de no modernizar la industria petrolera y eléctrica.

En los años 70, el director de Pemex, Antonio Dovalí Jaime, un hombre patriota y directo, un técnico mexicano previsor, verdadero administrador, no político improvisado en el tema, informaba a periodistas que desde 1938 el aprovechamiento de los yacimientos petroleros se había incrementado de 39 a 178 millones de barriles anuales.

Nos advertía Dovalí que era explicable el marcado interés de Estados Unidos en propiciar el crecimiento de las actividades exploratorias de la paraestatal con asesoría tecnológica, y agregaba que como director confiaba en la capacidad del trabajador petrolero mexicano y los recursos de la nación. Lo mismo que ahora sugiere López Obrador.

Técnicos petroleros, insistía Dovalí, tenían confianza en nuevos mantos localizados especialmente en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas,Morelos, Puebla, Chiapas y Oaxaca, aunque se exploraba en toda la República, a excepción del DF.

Contra la política petrolera de desmantelamiento de Pemex es doblemente esencial aumentar la producción en pozos continentales y de aguas someras, ya descubiertos, protegiendo la Constitución y la operatividad del organismo, amenazados por manos inexpertas e improvisadas.

En 1903 se perforó el primer pozo exitoso en Ébano, San Luis Potosí. Ahora Pemex, modernizado, está obligado a continuar la política exploratoria en puntos potenciales de la República anteriormente localizados, antes del riesgo de coinvertir con tecnología extranjera en aguas ultraprofundas.

Destinemos recursos económicos, que los hay, con un nuevo régimen fiscal en un Pemex esquilmado por la alta burocracia, exigiendo que disminuya el excesivo gasto corriente federal incrementado al doble desde el año 2000. En esa gordura está el capital operativo futuro de la empresa petrolera.

Los abundantes activos de Pemex usados indebidamente para paliar ajustes económicos de políticos que sí requieren reformas en sus excesos deben, para celebrar una digna expropiación petrolera, destinarse al bienestar social de México.

PRÓXIMA ASAMBLEA DE LA CND

lunes, marzo 10, 2008

INVITACIÓN TALLER: “La ASPAN: Significado, Implicaciones y Riesgos”

°
El Centro de Estudios y Taller Laboral, AC y
La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio

I N V I T A N
al Taller:

“La ASPAN: Significado, Implicaciones y Riesgos”

Con la participación del Mtro. Alberto Arroyo Picard
Investigador de la UAM-I

F E C H A: sábado 15 de marzo de 2008.
H O R A: de 9:30 a 15:00 hrs.
L U G A R: Ramón Treviño # 1309, Col. Terminal
(Entre Platón Sánchez y Álvaro Obregón, a una cuadra de Colón) ,
Monterrey, N.L.
TEL: 83 74 24 28 E-mail:
cetlacnl@hotmail.com

“La construcción del nuevo espacio norteamericano ya comenzó y se realiza velozmente, sin consulta popular e inclusive sin pasar por ninguna cámara legislativa.”

PROGRAMA:

Objetivos:

-Reflexionar sobre el impacto que la globalización ha tenido en la problemática de Nuevo León.

-Informarnos sobre las principales estrategias de las corporaciones trasnacionales, especialmente lo referente al ASPAN.

-Reflexionar sobre las propuestas ciudadanas y estrategias de resistencia frente a la globalización neoliberal.

Contenidos:

Los impactos del TLC en la realidad local

Implicaciones, riesgos y amenazas del ASPAN (RMALC)

Movimientos de resistencia y propuestas ciudadanas

domingo, marzo 09, 2008

EL GENERAL GALLARDO EN MONTERREY, INVITACIÓN

EL DERECHO AL LIBRE TRÁNSITO Y LA MILITARIZACIÓN EN MÉXICO

CONFERENCIA IMPARTIDA POR

EL GRAL. Y DR. EN DERECHO JOSÉ FRANCISCO GALLARDO Y,

EL DR. EN DERECHO RAÚL JIMENEZ VÁZQUEZ


DÍA: JUEVES 13 DE MARZO
HORA: 19:00 HORAS 7:00 PM
LUGAR: AUDITORIO DE SINDICATO DE TELEFONISTAS
DIRECCIÓN: M. M. DEL LLANO #424 OTE. ENTRE ESCOBEDO Y EMILIO CARRANZA. CENTRO DE MONTEREY, N.L.

INVITAN:

ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS

COMITÉ CIUDADANO DE APOYO AL GOBIERNO LEGÍTIMO GUADALUPE, N. L.