sábado, abril 23, 2011

No se olviden, este domingo a las 9 de la noche

Chapo, el ganador


El capo del PAN y de Los Zetas


Jorge Carrasco Araizaga


MÉXICO, D.F.; 23 de abril (Apro).- En la “guerra a las drogas” de Calderón sí hay un claro vencedor: Joaquín El Chapo Guzmán, el jefe del cartel de Sinaloa. Pero la consolidación de esa victoria antes de que sus tácitos aliados panistas dejen el poder depende de lo que suceda con el cartel de Los Zetas.

El pasado jueves 21, la firma texana Stratfor, dedicada al análisis de inteligencia de los conflictos en el mundo, confirmó lo que muchos, de diversas maneras, han dicho en México desde hace tiempo, que El Chapo y el cartel de Sinaloa son los beneficiados de la violenta estrategia de Calderón.

Después de pasar como el narco del sexenio de Vicente Fox, a quien “se les escapó” del penal de Puente Grande en cuanto el primer panista llegó a Los Pinos, El Chapo es a ojos de todo el mundo el ganador hasta ahora de la campaña sangrienta propiciada por Calderón.

Más testarudos que los dichos del ocupante de Los Pinos de que su estrategia está dirigida a todos los carteles de la droga, los hechos revelan cada vez más la apuesta del gobierno panista por el modelo Sinaloa de narcotráfico.

Hay un acuerdo de facto: debilitar a las organizaciones rivales, reducir la violencia y luego entonces estabilizar de nueva cuenta el mercado ilegal de las drogas pero con un grupo hegemónico, el de Sinaloa.

Esa estrategia ha sido explícita por parte del cartel de Sinaloa, que en mantas desplegadas en varias partes del país le ha pedido a Calderón que le ayude a acabar con Los Zetas para acabar con la violencia.

Funcionarios de Calderón han hecho saber más o menos lo mismo al extranjero. En enero del año pasado, un “alto funcionario de seguridad” le dijo a la revista inglesa The Economist: que ni con 100 mil hombres del Ejército se podría detener al Chapo. En otras palabras: mejor ni dar esa pelea. Además, reconoció su capacidad de operación internacional y, cerca del elogio, dijo que se concentraba en el tráfico de drogas, a diferencia de otras organizaciones delictivas que atentan contra la sociedad.

Ahora, los informantes gubernamentales fueron más explícitos. Aunque la firma usó el término “aparentemente”, dice que el gobierno mexicano está dispuesto a continuar la actual guerra de desgaste entre los cárteles y dejar que el de Sinaloa se fortalezca como de hecho ha ocurrido durante el gobierno de Calderón.

Más clara no pudo ser la empresa en la que trabajan exagentes de seguridad e inteligencia estadounidenses: la desestabilización que comenzó en 2006 con la campaña anticárteles de Calderón rompió el equilibrio entre los grupos y creó vacíos de poder.

Añade: Con la posible excepción de Los Zetas, la fragmentación y vacíos de poder han debilitado o destruido algunos cárteles, mientras que el de Sinaloa no ha sido afectado y es el primer beneficiario.

Stratfor sistematiza los avances del Chapo en los pasados cuatro años: Primero, desplazamiento, aun no acabado, del cartel de Juárez para controlar la principal salida de drogas a Estados Unidos en la frontera con Texas.

Segundo, consolidación de su presencia en la costa del Pacífico, con el empequeñecimiento del cartel de Tijuana, una alianza con lo que resulte de la evolución de La Familia Michoacana y según estima una próxima “conquista” del puerto de Acapulco.

En tercer lugar, el reforzamiento de su presencia en el Golfo de México a través de su alianza con el cartel del Golfo al que refuerza en su batalla contra el cartel paramilitar de Los Zetas. Y como coronación, mayor presencia en la ciudad de México; es decir, en el centro político, económico y militar de México.

Es obvio que el gobierno calderonista no pretende acabar con los cárteles de la droga; sencillamente nadie en el mundo puede ni pretende terminar con el tráfico de drogas y el lucrativo mercado que significa.

Lo que queda, por tanto, es reducir lo más pronto posible la violencia. Pero no será fácil, por lo menos en lo que resta del sexenio y tal vez ya entrado el siguiente, pues la última palabra la tienen por ahora Los Zetas, el cartel que por su extracción militar es el más difícil de enfrentar.

jcarrasco@proceso.com.mx



'Siembran' por prisa arma a Jorge Otilio. A ver quién se los cree



EL NORTE/Staff


Monterrey, México (21 abril 2011).- La Procuraduría de Justicia del Estado informó que 12 policías estatales declararon sobre la muerte del joven Jorge Otilio Cantú ocurrida el lunes, tras una persecución en el sector Brisas.

Según un informante cercano al caso, de esas versiones se desprende que el arma que hallaron en la camioneta del joven fue dejada por uno de ellos al no saber qué hacer ante diferentes órdenes que recibió.

Trascendió que dos unidades y 12 elementos a bordo interceptaron la camioneta de Cantú, de 29 años, por lo que una de las patrullas se colocó atrás y otra adelante del vehículo RAM manejado por el occiso.

Presuntamente el joven fue agredido y detuvo su vehículo repentinamente por lo que la patrulla que iba atrás se impactó, resultando dos uniformados lesionados, por lo que se pidió auxilio.

Después, señaló el informante, uno de los policías de la patrulla que estaba adelante descendió, tras la agresión al joven, y observó que en el pavimento, frente a la camioneta, había una pistola calibre 9 milímetros tirada y unos casquillos.

El policía la recogió y se la entregó a un mando, quien a su vez se la dio a otro elemento al que le dijo: "Ten, resguárdala mientras llegan más compañeros en apoyo para cuidar la escena".

El oficial que recibió el arma encontrada en el piso, también recibió la orden de su jefe de que debían acompañar a los heridos hasta el hospital para que no se fueran solos.

Por lo repentino de la orden, el policía lo único que hizo fue aventar la pistola al asiento de la camioneta, donde yacía sin vida Cantú.

Por ello, señala el informante, al acudir los peritos fue lo primero que observaron y procedieron a su fijación y análisis.

La fuente agregó que los elementos estatales no están detenidos, sino acuartelados en las instalaciones de Seguridad Pública del Estado, en la Avenida Félix U. Gómez.

jueves, abril 21, 2011

La versión oficial, casi calca del caso Tec



Dolor y rabia

Rosaura Barahona
21 Abr. 11


Vivimos muy cerca de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UANL. La ventana de nuestra recámara da al sur. El lunes me despertaron unos balazos. Me los imaginé en Lázaro Cárdenas, la avenida por la cual debemos entrar a y salir de la colonia. Entre el silencio a esas horas y la cercanía, los balazos parecían estar bajo mi ventana.

Más tarde encendí la tele para ver las noticias; ahí estaba la dolorosa información: un joven falleció cuando la Policía Estatal repelió los disparos hechos por él desde su camioneta. Después sabríamos que el asesinado se llamaba Jorge Otilio Cantú Cantú e iba hacia su trabajo, a donde entraba a las 6 de la mañana.

La televisión siguió repitiendo la información y cada vez había una novedad. Apareció el rostro del padre de Jorge Otilio, Otilio Cantú González, angustiado e incrédulo reclamando, desesperado, a través de dos preguntas: "¿Cómo le dieron 45 balazos? ¿Cómo iba a disparar una pistola, si nunca había tocado una?". En medio del llanto exigió limpiar el nombre de su hijo, un joven casado apenas el 2 de abril, ordenado, bueno, trabajador y honesto.

Día y noche nos persigue la imagen de ese padre, al lado de los rostros desgarrados de Alejandro Martí, Javier Sicilia, Isabel Miranda de Wallace y cientos de padres y madres no famosos, pero igual de humanos que, torturados, peregrinan por cada fosa descubierta en busca de sus seres queridos.

Escuchar al Gobernador Medina decir que la mayoría de las personas asesinadas están de algún modo vinculadas al crimen organizado o al narcotráfico nos llena de rabia y de dolor. Alguien cercano a él debería explicarle la naturaleza escéptica del mexicano y decirle que, por declaraciones como ésas, su gobierno, cuyas acciones deberían acabar con nuestra incredulidad, contribuye a aumentarla día a día.

Es terrible ya no creer ninguna de las explicaciones dadas por los soldados, la Policía Estatal, la Municipal, el Procurador, el jefe de Seguridad o el Gobernador. ¿Y Larrazabal que se vendió con un "Monterrey, te quiero seguro"? Bien, gracias.

Si todavía no se aclara el asesinato de los dos alumnos del Tec a quienes la autoridad les montó una escenografía para convertirlos en delincuentes, ¿usted cree que nos tragamos la versión de que Jorge Otilio disparó? Nunca lo creímos.

Ayer EL NORTE trajo la explicación del Procurador Adrián de la Garza sobre esto. Entre otras cosas, aclaró que Jorge Otilio había quedado entre dos fuegos (¿a dónde se fueron los sicarios o por qué la Policía no los persiguió y se quedó rodeando la camioneta?). Aclaró que Cantú Cantú no había disparado. La pistola encontrada fue movida indebidamente en el procedimiento y eso provocó la confusión.

Se investigará hasta las últimas consecuencias. Ajá. En México eso significa: se apostará al tiempo para que el asunto, nada novedoso por desgracia, se reduzca a otra memoria dolorosa.

Eso para nosotros, ¿pero para la esposa de 17 días de Jorge Otilio? ¿Para sus padres y hermanos? Si no fuera crueldad, preguntaríamos a Martí, Wallace o Sicilia, seres visibles por las razones que sean y luchadores arriesgados y honestos, si ya se acostumbraron a la ausencia de sus hijos.

Ni ellos, ni ninguno de los padres de los "enfosados" olvidarán jamás la injusticia enorme no de la vida, sino de unas autoridades carentes de interés por resolver los crímenes, aclarar las cosas y dar seguridad a la población trabajadora y honesta que sigue, rebosante de miedo, haciendo lo suyo por su familia, por ellos mismos y por este País.

Tampoco podemos olvidar a los padres de los sicarios. A ellos también les duele la muerte de sus hijos, aunque muchos mexicanos la aplaudan y repitan que merecida se la tienen porque se la buscaron. Será, pero un hijo es un hijo y el dolor de los padres es el mismo.

Y si todo eso fuera poco, el martes un matrimonio de dentistas fue baleado en Linares porque los sicarios los confundieron. Ella, de 33 años, murió de un tiro en la cabeza; él, de 36, recibió dos balazos y quedó grave (ayer se reportaba estable y fuera de peligro). Su pecado fue manejar una camioneta blanca y toparse con los sicarios.

Eludo estos temas intencionalmente para ofrecer al lector otras opciones de lectura. Hoy no pude hacerlo.


rosaurabster@gmail.com

Asesinan en la Sierra de Petatlán al campesino ecologista Javier Torres Cruz y hieren a su hermano Felipe


Link para Acción Urgente y Carta Modelo


HOMICIDIO DE JAVIER TORRES CRUZ, CAMPESINO ECOLOGÍSTA EN PETATLAN GUERRERO


Asesinan en la Sierra de Petatlán al campesino ecologista Javier Torres Cruz y hieren a su hermano Felipe


Difusión Cencos México D.F., 19 de abril de 2011

Boletín de prensa
Tadeco / CCTI

Después de dos años y medio de feroz hostigamiento y persecución, finalmente el día de ayer lunes 18 de abril del 2011 a las 5:30 de la tarde, fue asesinado por sicarios al servicio de Rogaciano Alba Álvarez, el campesino ecologista Javier Torres Cruz, de 30 años de edad.

La noticia nos fue inicialmente dada a conocer por la Sra. Marcelina Torres Cruz, hermana del ahora occiso, mediante una llamada telefónica, donde nos informó que su hermano Javier había sido emboscado cerca de La Morena.

Esta información nos fue confirmada el día de hoy, vía telefónica también, por su hermano Alejandro Torres Cruz, quien reafirmó que Javier, de manera extraña, se trasladaba por el lugar conocido como “Puerto de la Mosca”, entre las comunidades de La Morena y La Barranca, en la Sierra del municipio de Petatlán, cuando fue recibido a balazos por un grupo de hombres de apellido Arreola, entre otros, que fueron identificados como sicarios al servicio de Rogaciano Alba Alvarez (actualmente preso en el Penal de la Palma acusado de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército).

Agregó que al ser informados vía radio de lo que estaba sucediendo, los hermanos Torres acudieron en auxilio de Javier, siendo recibidos también a tiros, resultando herido Felipe de los mismos apellidos. De inmediato, en Petatlán, parte de la familia Torres pidió auxilio a la Policía Estatal y al Cuartel Militar del 19 Batallón, pero les fue negada la petición con el argumento de que “no querían meterse en problemas”, sin explicar con quien.

Cómo fue de conocimiento público en su oportunidad, Javier Torres Cruz, agobiado por las constantes amenazas, agresiones y el asesinato de algunos de sus familiares por despojarlos de su tierra, decidió interponer una demanda penal contra Rogaciano Alba Alvarez, por el asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y Plácido. Desde entonces, la seguridad de él mismo y su familia había venido siendo amenazada y cada vez era más frágil, especialmente después de su secuestro e intento de desaparición en diciembre del 2008.

A raíz de lo anterior, el 21 de diciembre del 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordó el otorgamiento de medidas cautelares para Javier Torres Cruz, las cuales fueron reclamadas por él mismo el 7 de agosto del 2009 ante el Titular del Ministerio Público de Azueta de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero quien se presentó en la comunidad de La Morena para tomarle su declaración ministerial sobre la Averiguación Previa AZUE/PETA/111/2008, las cuales nunca le fueron otorgadas de manera dolosa.

Recientemente, la familia Torres había descubierto que atrás de un alarmante deterioro del estado de salud de Javier, había un intento de envenenamiento por parte de su esposa Adela Mojica Villa, quien a su vez, antes de huir de la comunidad, les manifestó que recibía órdenes de “los Arreola”, quienes al parecer tienen amenazada a su familia. Alejandro Torres manifestó que el día de ayer es probable que Javier haya sido citado por su esposa en el lugar a donde se dirigía para ver a sus hijos y aclarar su situación conyugal.

El asesinato de Javier Torres Cruz es resultado de la estrategia de despojo y explotación de los grupos de poder económico y político, que en contubernio con los malos gobiernos, es decir, la verdadera delincuencia organizada, mantienen una guerra de exterminio de pueblos y comunidades en distintos lugares del país y en particular en la Sierra de Guerrero.

Mientras el Ejército Mexicano ha mantenido una presencia intimidante y violatoria de los derechos de las comunidades mediante incursiones y persecuciones constantes, los gobiernos municipales, estatal y federal se mantienen al margen y deliberadamente desatienden su obligación de garantizar la seguridad pública y el ejercicio de los derechos humanos, así como las demandas y necesidades de los pueblos, dejando a la población a merced de la violencia que los despoja de sus tierras y recursos naturales, les impone el cultivo y consumo de enervantes y no les deja otra opción de vida más que la de ponerse al servicio de las mafias de la delincuencia para sobrevivir y no ser asesinados.

Javier Torres se resistió hasta donde pudo, pero finalmente sucumbió a la represión de sus enemigos dirigidos por Rogaciano Alba Alvarez, encubiertos por el Estado; a la traición de su propia esposa víctima del chantaje y el terror de las amenazas contra su familia; al desprecio e indiferencia cómplice del Estado que nunca le otorgó las medidas cautelares solicitadas ni los servicios que su comunidad reclama para romper el cerco de la marginación.

Javier Torres es una víctima más de la criminalización de la lucha social y de la llamada guerra del narco, de esa guerra de capitales oscuros donde el Estado ha tomado partido y el Gobierno de Calderón es parte de los contendientes, coludido con los grupos de poder político y económico integrados en las cúpulas de los partidos y en los grupos empresariales.

Javier Torres Cruz ha sido liquidado, asesinado, pero la lucha contra el despojo, la explotación, la represión y el desprecio se mantiene viva en La Sierra de Guerrero.
Por lo anterior, demandamos:

- Alto al hostigamiento a la familia Torres de La Morena, protección y otorgamiento inmediato de medidas cautelares a los sobrevivientes.
- Que se castigue a los asesinos de Javier Torres Cruz.
- Que se investigue debidamente y se aclaren los hechos del 16 de febrero del 2010, se deslinden responsabilidades, se aclare la situación jurídica de los presos Anselmo Torres Quiróz y Huber Vega Correa y se castigue a los agresores y asesinos de Adolfo Torres Rosas.
- Que no se utilice el discurso de la lucha contra el narcotráfico para encubrir actos de hostigamiento e intimidación en contra de las comunidades de la Sierra de Guerrero, se transparente la presencia militar en la región y se esclarezca la presencia de paramilitares con informes fidedignos de sus acciones y resultados.

- La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de la Sierra de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.

Llamamos a las organizaciones sociales y organismos civiles y de defensa de derechos humanos a solidarizarse e integrarse a las acciones de denuncia y solidaridad.

TALLER DE DESARROLLO COMUNITARIO
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Chilpancingo, Gro. a 19 de abril del 2011

SINOPSIS DE LOS ANTECEDENTES DEL ASESINATO DE JAVIER TORRES CRUZ

El 19 de septiembre del 2007 Javier Torres Cruz y su tío Isaías Torres denunciaron ante la PGJDF, a Rogaciano Alba Álvarez como presunto autor intelectual del asesinato de la abogada Digna Ochoa y Plácido el día 19 de octubre del 2001.

El día 13 de noviembre de 2008 en la madrugada las familias de la comunidad de La Morena fueron sujetas a un operativo militar al mando del mayor Rojas Arizmendi o Rojas Méndez, con unos 100 elementos del batallón 19 de infantería en el que entraron y catearon casas en busca de Javier, Felipe y Alejandro Torres Cruz y amenazaron a las mujeres. Les sustraen documentos personales y roban algunas pertenencias Según los testimonios los militares llegaron en 8 vehículos y colocaron 3 vehículos armados apuntando a las casas. Iban acompañados por civiles armados del grupo de Rogaciano Alba Álvarez.


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Desaparecidos y muertos en el sexenio, cuenta sin fin



Narcofosas y Calderón, mensajes frente al horror


Jenaro Villamil



MÉXICO, DF, 19 de abril (apro).- El mismo día que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un duro comunicado de condena al Estado mexicano por el hallazgo de 145 cadáveres en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, el presidente Felipe Calderón hacía uso de su nueva estrategia de comunicación (o incomunicación) en su cuenta de Twitter y escribió el siguiente mensaje:

“Muchas felicidades a las Fuerzas Armadas por la captura de El Kilo y toda su banda de Zetas, autores de la masacre de migrantes ahí”.

A las 11:17 horas del lunes 18 de abril, el mandatario mexicano insistió en la alabanza:

“La detención de El Kilo y Los Zetas de San Fernando, fue el resultado de una gran coordinación de fuerzas federales”.

Ni una sola palabra presidencial de apoyo a los cientos de personas que han acudido a la morgue para saber si entre esos cadáveres se encuentra algún familiar. Tampoco ningún compromiso por investigar si existen otros cuerpos hallados en fosas similares. Mucho menos referencia alguna a lo expresado por la CIDH.

La Comisión Interamericana instó al Estado mexicano “a esclarecer lo ocurrido, identificar a las víctimas y sancionar a los responsables, así como a adoptar en forma urgente las medidas necesarias a fin de evitar que estos hechos sigan repitiéndose”. El Estado mexicano no ha respondido formalmente a este llamado.

La pesadilla de las narcofosas apenas empieza a desentrañarse y el gobierno federal insiste en asumir como “logros” lo que es una demostración de la impunidad generalizada, con un alto grado de responsabilidad de los tres niveles gubernamentales (estado, municipios y Federación).

El incómodo blog del narco publicó el mismo día que la Secretaría de Marina presumió ante los medios la detención de Martín Estrada Luna, El Kilo, que “fuentes anónimas y confiables” indicaron que se encontraron 55 cuerpos más en una nueva narcofosa, donde existen cuerpos de bebés, niños y jóvenes “quienes fueron ejecutados con brutalidad extrema”.

En su edición de este martes 19, el periódico Reforma realizó un recuento para señalar que en cinco años se han hallado 156 fosas en todo el país, con un total de 645 cadáveres, diseminados en 22 entidades de la República y el Distrito Federal. En Tamaulipas, Guerrero y Chihuahua se ha encontrado más de 60% de estos cuerpos. Lo peor de estos hallazgos es que la gran mayoría de los restos humanos no han sido plenamente identificados.

En otras palabras, apenas estamos en el umbral de un escándalo internacional que ya comenzó a generar notas muy duras en las cadenas televisivas internacionales como Telesur, CNN o las agencias informativas europeas y estadunidenses.

El sicario y sus víctimas

“No puedo decir con precisión cuánta gente fue ejecutada... Es imposible saberlo. Yo estuve una vez en la ejecución de cien personas. Todas fueron enterradas en un lugar específico; pudieron ser miles de ejecuciones”.

Este es el testimonio de El sicario, libro y documental del mismo título realizados por los periodistas Charles Bowden y Molly Molloy, cuyo adelanto se publica en la edición de Proceso de esta semana.

Las palabras de este asesino a sueldo, de Ciudad Juárez, Chihuahua, sólo confirman el horror que está por venir. El protagonista del documental insiste: “Bueno, digamos que hay por lo menos cien narcofosas, de las cuales posiblemente sólo cinco o seis han sido descubiertas”.

El menciona tan sólo las fosas existentes en la frontera de Ciudad Juárez y Estados Unidos. Además de estos cementerios clandestinos, en Tamaulipas, en Nuevo León, en Durango y en Coahuila se calcula que pueden existir decenas o cientos de estos sitios.

El país apenas entrará a las compuertas de este horror, uno de los verdaderos rostros de la espiral de brutalidad, violencia, impunidad y miedo que ha acarreado la guerra entre los cárteles, la persecución contra migrantes y contra la gente humilde, sin rostro, sin nombre.

Más de 3 mil desaparecidos

En la misma edición de la revista Proceso, la reportera Gloria Leticia Díaz cita el cálculo del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzosa o Involuntaria (GTDFI) de las Naciones Unidas en México. En su informe preliminar del 31 de marzo pasado, este organismo advierte que “más de 3 mil personas habrían desaparecido desde 2006” en todo el país.

El recuento hemerográfico realizado por Proceso señala que se han descubierto 718 cadáveres en 47 fosas clandestinas en Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca, Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Baja California, Campeche, Quintana Roo, Jalisco e Hidalgo.

La reportera Marcela Turati, en su recorrido por la morgue de Matamoros, Tamaulipas, relata en la misma edición de Proceso que el Servicio Médico Forense (Semefo) está desbordado y más de 400 personas han acudido a este sitio –provenientes del mismo estado y de otros como Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Jalisco-- en busca de sus familiares desaparecidos.

Un investigador, entrevistado por Turati, describe así el perfil de las víctimas:

“Algunos de los muertos tienen ropa de invierno. Casi todos eran pobres (‘no tenían para pagar casetas, para vías más rápidas y nadie quiso enterarse porque no eran hijos de ningún famoso’, dice la fuente).

“--¿Por qué los habrían matado? –se pregunta al investigador.

“--A todos los hombres, jóvenes, en edad de enrolarse, los ven como potenciales enemigos. Podría ser que están tan desesperados que los matan previniendo que se hagan sicarios del Golfo. Además, así les impiden llegar a Matamoros y Reynosa, que controlan los sicarios”.

Esos son los muertos sin nombre. Sus cuerpos apenas comienzan a descubrirse.

Sin embargo, para ellos no hay palabras de consuelo ni de compromiso contra la impunidad del presidente de la República.

Comentarios: www.homozapping.com.mx

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Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial



Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

Editorial de La Jornada


Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, con cualquier herramienta que resulte necesaria, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso de cualquier método de recolección de información.

La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar.

En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.


Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.



La muerte de civiles a manos de autoridades no debe quedar en la impunidad




Jorge Otilio Cantú Cantú
Foto elnorte.com

Monterrey, N.L. a 19 de abril de 2011
Comunicado Nº 1104/08/BP

La muerte de civiles a manos de autoridades no debe quedar en la impunidad.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. manifiesta su más seria preocupación por la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú, asesinado el pasado 18 de abril por elementos del ejército mexicano en funciones de policía estatal.

La muerte del señor Cantú Cantú, cuyos detalles no han sido plenamente aclarados mediante una investigación imparcial y profesional, incrementa dolorosamente el número de víctimas civiles a manos de efectivos militares en activo y de cuerpos policiacos supuestamente civiles dirigidos por militares.

Esta es una muestra más de que los militares no están capacitados para llevar a cabo actividades policiacas ni para dirigir la política pública de seguridad.

Los más altos órganos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como el Comité de Derechos Humanos de la misma organización, han pedido reiteradamente a México que revise su política de utilizar a las fuerzas armadas en el combate al narcotráfico.

Ahora, vestidos como integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de Nuevo León, estos cuerpos demuestran nuevamente las nefastas consecuencias de su ineficiencia.

Esta organización ha observado reiteradamente que las muertes de civiles a manos de militares no son investigadas adecuadamente, los responsables no son procesados ante jueces ordinarios y la impunidad prevalece.

Es imperativo que haya un viraje en esta dinámica y que la impunidad se rompa.

Esta organización demanda una adecuada investigación de la muerte de Jorge Otilio Cantú Cantú; esto significa llevar a los responsables ante tribunales ordinarios, no ante tribunales militares.

Con esto, esperamos, se inicien todas las acciones necesarias para reparar, en la mayor medida posible, el daño a los familiares, para emitir un reconocimiento público acerca de la violación de derechos humanos que ocurrió en este caso, y para evitar la repetición de este tipo de violencia en contra de los ciudadanos y ciudadanas.

Ante estos casos, reiteramos nuestra exigencia de que se delimiten explícitamente las responsabilidades de servidores públicos que hasta el momento permanecen en una ambigüedad jurídica pues no se ha definido si permanecen adscritos al fuero militar o si son funcionarios públicos del Estado de Nuevo León.