viernes, febrero 05, 2010

En Ciudad Juárez




Artistas de la vida, el conocimiento y el deporte. In memoriam


El día Sábado 6 de febrero en punto de las 12 pm, nos concentraremos por el IMSS 66 en el parque del fraccionamiento Villas de Salvarcar, ubicado en la calle villa del Cedro, a dos cuadras de donde nos robaron la vida de nuestros compañeros. Estaremos ahí para reivindicar la imagen de estudiantes y deportistas de los adolescentes masacrados impunemente. No permitiremos que los distintos medios y los que se autonombran “autoridades” los estén vinculando con el narcotráfico, PORQUE NO ES CIERTO. Denunciaremos el fracaso de la mentirosa “guerra contra el crimen”, los abusos de las autoridades y solicitaremos la renuncia de los tres niveles de gobierno, con especial repudio al Sr. Calderón que desde Japón se ha atrevido, cual si fuera un censor NAZI, a vincular MENTIROSAMENTE nuestra tragedia estudiantil a “bandas rivales”. Mientras este fascista continúe al frente de la presidencia, la vida de todos los juarenses corre peligro. Exigimos su renuncia ya!

Señores del gobierno, los artistas asesinos lo serán ustedes. A Juárez le asesinaron 16 artistas de la alegría.

¡NO IMPUNIDAD! ¡NO CHIVOS EXPIATORIOS!

¡JUSTICIA YA!

No elecciones, no impuestos, no clases, no puentes internacionales, hasta QUE SE VAYAN TODOS.

Defendamos a nuestros padres y maestros, PACíFICAMENTE, ORGANIZADAMENTE.

ESTUDIANTES DE CIUDAD JUÁREZ UNÁMONOS TODOS PARA DEFENDER LA VIDA

Solidariamente y sin miedo:

Comité Universitario de Izquierda de la UACJ

www.fncrjuárez.blogspot.com

Asamblea Ciudadana Juarense

Visita: www.elespartaco.com imprime y distribuye este volante



A 8 meses de la tragedia de la guardería ABC


CASA DEL MOVIMIENTO

PUEBLA

¡ 5 DE JUNIO NO SE OLVIDA!


En esta fecha, hace ocho meses, más de 60 familias de Hermosillo fueron heridas de forma irreversible por una negligencia criminal:

la Guardería ABC ardió debido a la falta de seguridad y a sus instalaciones defectuosas. En el incendio perecieron 49 niños y más de una docena quedaron gravemente heridos.

A ocho meses de esta accidente criminal no hay culpables ni responsables. El gobierno protege a los dueños y responsables de la Guardería ABC mientras los padres sufren un calvario por la muerte de sus hijos primero y por la falta de justicia después.

Como sociedad debemos solidarizarnos con estas familias y exigir

¡¡JUSTICIA YA¡¡

Como cada 5 de mes te invitamos a que nos encuentres en el Zócalo de la ciudad de Puebla, a partir de las 13.00 horas hasta el anochecer.

Te esperamos este 5 de febrero.

Trae globos, veladoras y flores.

En esta ocasión, siguiendo las formas de protestas de los padres, además de las fotos de los niños pondremos 49 cruces. NO FALTES

INVITA A TUS AMISTADES, INFORMA Y SOLIDARÍZATE con los padres en: www.movimiento5dejunio.org



Y en Hermosillo:

A ocho meses del 5 de junio, el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio llama a los hermosillenses a marchar una vez más para exigir justicia por los 49 niños que murieron en el incendio de la guardería ABC.

La “Marcha por el Respeto a la Constitución” iniciará a las 17:00 horas en la estancia infantil siniestrada, ubicada en la colonia “Y Griega”, hacia la Plaza Zaragoza, frente a Palacio de Gobierno.

Julio César Márquez Ortiz, vocero del movimiento y papá de “Yeyé”, una de las víctimas, informó que ya en la plaza se realizará un “performance” alusivo al aniversario de la Constitución, y se presentará el trovador Gerardo Peña, quien compuso una canción en memoria de las víctimas.

Posteriormente los padres afectados efectuarán un pronunciamiento a ocho meses de la tragedia, y anunciarán una serie de actividades que planean hacer a partir de marzo.

De La Jornada de hoy


La hiperdescomposición

Luis Javier Garrido

La situación económica y social es cada vez más crítica en Estados Unidos, en donde crece la depresión con todas sus consecuencias, y la clase gobernante de nuestro país, que desde hace tres décadas ha apostado todo a uncir a México al proyecto fallido de la globalización neoliberal, no parece darse cuenta de lo que la misma prensa estadunidense subraya a grandes titulares, advirtiendo que la hegemonía económica y política de Estados Unidos está llegando a su fin, y parece empecinada en gobernar en medio de la mayor barbarie, como lo muestran las ejecuciones que se multiplican y que son responsabilidad directa del gobierno de Felipe Calderón.

1. Los medios mexicanos han tenido particular empeño en lo que va de 2010 por ocultar el clima de desazón e incluso de pánico que prevalece lo mismo en el pueblo estadunidense que en las elites financieras y políticas de ese país sobre la dramática situación que ha de afrontar en lo inmediato la administración Obama para hacer frente al déficit, al creciente desempleo, al fracaso en Afganistán e Irak y a la pérdida de confianza en su gobierno, y pretenden reducirlo todo a una conjura de la extrema derecha contra un presidente que se pretendió reformador y no resultó sino más de lo mismo pero de la peor manera.

2. El desastre que se avizora en el horizonte del proyecto imperial de Estados Unidos tiene sin embargo una particular llamada de atención para aquellos países de América Latina que, como México, no han tenido una capacidad interna para hacer valer su identidad nacional, su potestad soberana para defender sus recursos estratégicos y su derecho a una vía propia de desarrollo, y a los que amenaza a arrastrar a la debacle, en particular al haberse ellos mismos puesto la soga al cuello, como ha sido el caso de México.

3. El proyecto político de la globalización capitalista neoliberal, definido en los últimos decenios, supuso la estructuración de una mecánica de poder supranacional en la que los estados nacionales no tuviesen capacidad soberana de decisión en materia financiera, económica y social, aunque ello hubiese supuesto la necesidad de que estuviesen cada vez más sometidos en los hechos, de ser necesario por la vía militar. De ahí que en este periodo de debacle del poder hegemónico estadunidense, los think tanks del Pentágono y del Departamento de Estado no parezcan tener otra obsesión que la de multiplicar sus bases en el mundo y de impulsar una creciente intervención tanto de la DEA como de la CIA y de otras agencias suyas en el quehacer de los gobiernos de diversos países, y de promover el uso de la fuerza como vía para solucionar los conflictos.

4. En México esto no resultó un problema para Washington tras la alternancia del 2000, porque las resistencias de los panistas a someterse al poder trasnacional han sido inexistentes, pero las reacciones que se han producido desde otros sectores de la sociedad sí son significativas. La realidad de un gobierno entreguista, dedicado a atender los privilegios de los grupos mafiosos que lo encumbraron y del clero católico, y empecinado en su delirio por tratar de mantener su control sobre el aparato estatal después de 2012, al que no le interesan los intereses de la nación ni los derechos del pueblo, ha colmado a los mexicanos.

5. El gobierno espurio de Felipe Calderón ha cumplido cabalmente con el cometido central que contrajo con los poderes trasnacionales al ser impuesto por la vía del fraude en 2006, y que fue el de crear un escenario de violencia criminal y de autoritarismo en el país a fin de acelerar el desmantelamiento del Estado nacional y de favorecer el control estratégico del territorio mexicano por las agencias de Estados Unidos y el apoderamiento de los recursos estratégicos de México por las multinacionales, pero ello ha llegado a su límite.

6. El hecho de que miles de ciudadanos y decenas de organizaciones de Ciudad Juárez, agrupados en la Asamblea Ciudadana Juarense, agraviados por los crímenes sin nombre que se imputan a las políticas de su gobierno, el último de los cuales fue la matanza de decenas de jóvenes el último de enero, exigieran el lunes 2 la renuncia de Felipe Calderón, uniendo su voz a la de miles de mexicanos más (La Jornada del 3 de febrero), es un acontecimiento de gran trascendencia.

7. El aparato de Estado mexicano se halla en una cada vez mayor descomposición pues adquirió bajo los gobiernos del PAN rasgos cada vez más fascistas. La afirmación hecha por expertos tras este último crimen en el sentido de que el Estado impulsa la criminalización de la juventud (La Jornada del 4 de febrero) es por lo mismo incompleta. El Estado, controlado por el PAN, impulsa la criminalización del pueblo pobre y no sólo de los jóvenes, pero también y sobre todo, de los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales como el SME, de todas las formas de disidencia, de los periodistas: de todos aquellos que el gobierno de la ultraderecha busca provocar para justificar la cancelación de sus derechos.

8. Las respuestas del PAN, del Yunque y de su gobierno ante la indignación nacional por sus políticas resultan cada vez más grotescas, y así está siendo en este caso. El mismo día en el que diversas ONG reconocieron que son grupos paramilitares, que se sabe creados y tutelados por el gobierno de Calderón, los responsables de las ejecuciones en Ciudad Juárez (2 de febrero), en una respuesta indignante el titular de Gobernación se refirió a que la matanza fue un asunto de pandillas.

9. Las políticas generales del Estado han tendido a instaurar un poder cada vez más centralizado y represor, que haga posible el proyecto de la derecha. La demagogia seudodemocrática de Calderón con su reforma política no puede ya engañar a nadie, y muchas semanas después de que fuera desenmascarado al recordársele que no se pueden dotar al Ejecutivo de facultades dictatoriales, que las relecciones inmediatas sólo buscan consolidar el poder oligárquico que demandan las trasnacionales, que en las condiciones que se plantean las candidaturas independientes sólo sirven a los candidatos del gran capital y que no hay referendos democráticos posibles con el duopolio televisivo, sigue insistiendo en lo mismo.

10. La salida al deterioro nacional se sigue perfilando desde mucho antes del 2012, y es para muchos muy clara: que Calderón se vaya.



De La Jornada de hoy


Viejas y nuevas
guerras sucias

Gilberto López y Rivas

La guerra sucia del Estado mexicano en la segunda mitad del siglo XX contra las oposiciones gremiales, democráticas y revolucionarias ha pasado relativamente inadvertida en el ámbito latinoamericano frente al carácter masivo del terror en las dictaduras militares del cono sur y Centroamérica. No obstante, la guerra sucia que vivió México desde los años 60, que algunos analistas consideran selectiva, produjo centenares de muertos y desaparecidos, como lo exhibió recientemente a la opinión pública nacional e internacional la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla en 1974. Testimonios de militantes que sobrevivieron, novelas, tesis e impactantes documentales cinematográficos –como Trazando Aleida, de la directora Christiane Bukhard (México, 2008)– dan cuenta del infierno de una generación que pretendía un cambio revolucionario y de la secuela de sufrimiento en sus familias hasta el día de hoy.

A diferencia de países latinoamericanos donde se ha logrado procesar a genocidas connotados, en México impera la impunidad para los altos jefes militares, policiacos, titulares del Poder Ejecutivo federal y sus funcionarios, que dado el régimen vertical y presidencialista son los responsables principales de esas graves transgresiones. Los fracasos de la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y de la Fiscalía para Investigar los Grupos de Civiles Presuntamente Armados (grupos paramilitares) prueban la carencia de voluntad política para llegar a la verdad histórica, y mucho menos para hacer justicia.

También el hecho de que esta sea una historia escondida (pero no olvidada) puede explicarse –en parte– por la política del régimen priísta de mantener la máscara del progresismo en el ámbito internacional. Incluso, una buena parte de la izquierda latinoamericana optó por no analizar la situación interna mexicana y mucho menos pronunciarse al respecto para no dañar sus relaciones con el PRI y las autoridades mexicanas.

Utilizamos el término “guerra sucia” para definir un tipo de crimen de Estado que –al margen de la Constitución y las leyes– tiene como propósito el aniquilamiento de los considerados enemigos internos por medio de su localización, seguimiento, captura, interrogatorio a través de la tortura, mantenimiento en cárceles clandestinas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, todo ello llevado a cabo por integrantes de las fuerzas armadas, agentes policiacos y de inteligencia, o grupos paramilitares que actúan bajo las órdenes –usualmente– de la Sección Segunda del Ejército. Se enfatiza la indefensión total de las víctimas de la guerra sucia, que son sustraídas de todo proceso legal y todos sus derechos conculcados, de tal forma que no hay posibilidad para las mismas y sus familiares de recurrir a la acción de la justicia, ya que el Estado cubre los actos de sus agentes con la impunidad y el secreto, llegando incluso a premiarlos y ascenderlos por los trabajos realizados a su servicio. Recuerdo a un viceministro de defensa de Guatemala en una confrontada reunión con integrantes del Sistema Universitario Mundial (SUM), mostrando sus numerosas condecoraciones que portaba en el uniforme al tiempo que afirmaba, entre orgulloso y amenazante: ¡Esto es por los 30 años de lucha contra la subversión!

El rostro de la guerra sucia no deja de asomar en esta década de gobiernos del Partido Acción Nacional marcados por el continuismo represivo y por no llevar a cabo la esperada transición a la democracia. La práctica de la desaparición forzada, crimen de Estado de lesa humanidad y una de las principales expresiones de la guerra sucia, sigue teniendo lugar actualmente, como lo prueba el caso emblemático de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), detenidos y desaparecidos en mayo de 2007.

Las misiones contrainsurgentes de las fuerzas armadas tanto en Chiapas como en otros estados del país se han prolongado, ahora con la modalidad que abre la llamada guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, que ha incrementado y extendido la militarización y la participación castrense en misiones inconstitucionales. El último reporte anual de Human Rights Watch condenó a las fuerzas armadas mexicanas por serias violaciones a los derechos humanos que han incluido asesinatos, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias.

El Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) señala en noviembre de 2008: “Hoy se siembra un terror de Estado que lleva la consigna de ‘guerra al narco’; en realidad se trata de una estrategia multifacética del régimen calderonista que tiene en la violencia y la impunidad su norma. Ante la poca legitimidad y la falta de credibilidad de que goza, el gobierno panista busca controlar a su favor (no desaparecer) el mercado de las drogas, dentro de un contexto de crisis económica aguda. Para esto criminaliza e intimida a las organizaciones sociales y formaliza las estructuras y prácticas mafiosas (incluso renovando su personal) ya existentes en muchos cuerpos policiacos, y crea códigos judiciales (verdaderos códigos de guerra que consideran enemigo a cualquiera que quiera acusar de delincuente) para imponer su terror” (Centro de Documentación de los Movimientos Armados).

El paramilitarismo no sólo no ha desaparecido sino que ha incrementado y variado sus acciones contrainsurgentes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente, ahora con la utilización de las estructuras del narco y siguiendo la pauta de la política de Álvaro Uribe en Colombia. No hay duda, la guerra sucia sigue.


jueves, febrero 04, 2010

Nuestro apoyo solidario desde Monterrey


¡Vamos todas a defender nuestro derecho a decidir!

¡Gran concentración nacional!

  • Estamos llamando a una concentración nacional el 4 de febrero. Será muy importante la asistencia de todas las mujeres, de todo el país
  • Para tener un distintivo sugerimos llevar un moño, una pañoleta, un vestido o cualquier cosa que se vea color morado claro
  • Agradecemos a todas y todos asistir, si son periodistas cubrir y dar seguimiento

A todas las mujeres mexicanas,

A la población en general,

Convocamos a todas las mujeres mexicanas a la concentración nacional que se realizará el próximo 4 de febrero para exigir nuestro derecho a una maternidad libre y voluntaria.

Exigimos que no se acepte ni se discuta la iniciativa de reformar la Constitución Política Mexicana para proteger “la vida desde el momento de la concepción”, que se encuentra en la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados.

En diciembre del 2009, alrededor de 90 organizaciones de mujeres y feministas de todo el país, firmamos el pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres, en respuesta a las reformas constitucionales en 18 estados.

Esta ofensiva de los partidos políticos, principalmente del PAN y el PRI, aliados con la jerarquía de la Iglesia católica, atenta contra el Estado laico y criminaliza a las mujeres que interrumpen su embarazo, incluso encarcelándolas.

La cita es el 4 de febrero a las 11:00 a.m. frente a la Cámara de Diputados en la entrada de calle Emiliano Zapata, frente a la Tesorería cerca del metro San Lázaro. (Trae una prenda morada)

¡No a la iniciativa de reforma constitucional en contra del derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos!

¡Libertad a las mujeres presas por abortar!

¡Por la defensa del Estado laico y contra la injerencia de cualquier iglesia e imponer sus valores a la ciudadanía!

Atentamente

Pacto por la vida, la libertad y los derechos de las mujeres

miércoles, febrero 03, 2010

Reformas aprobadas que protegen la vida desde la concepción/fecundación


REFORMAS QUE PENALIZAN EL ABORTO

Febrero 4 de 2010

Concentraciòn en la Cámara de Diputados

Reformas aprobadas que protegen la vida desde la concepción/fecundación

Por Estado, texto de la Reforma, Fecha de aprobación, Votación por partido y

Fecha de Publicación:

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Baja California :7o Constitucional:[…] de igual manera, esta norma fundamental tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.

Aprobada en el Congreso 23/10/2008

Impugnada mediante AI promovida por la Procuraduría de DH del estado de Baja California.AI 11/2009 Ponencia Ministro Franco.

De un total de 25 Diputados (PRI, 8; PAN, 12; PRD, 1; Panal, 2; PVEM, 1, PES, 1):

21 votaron a favor de la reforma y 3 en contra.

No se tiene información desagregada por partidos, pues la votación se realizó por cédula. Publicada el 26/12/2008 en el Periódico Oficial del estado.

----------------------------------------

Campeche; 6º Constitucional: […]Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley desde el momento de la fecundación o concepción hasta su muerte natural, con las salvedades ya previstas en las leyes ordinarias.

Aprobada en el Congreso el 23/04/2009; Cómputo realizado (fecha pendiente)

Se aprobó con 28 votos;PAN: 10;PRI:15;Convergencia: 1;PRD: 1;Panal: 1

En contra 2 del PRD. No se presentaron: 5 diputados: Total: 35

Publicada el 01/09/2009 en el Periódico Oficial del estado

--------------------------------------------------------------

Chiapas, 4º Constitucional: (…) El Estado reconoce, protege y tutela, el derecho a la vida que todo ser humano tiene, desde el momento de la concepción, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la legislación penal. Aprobada en el Congreso el 18/12/2009 Aprobada por unanimidad de los diputados presentes PRI: 14,PAN: 7, PRD: 11, PT: 2, PANAL: 2 Conv: 2 ,PVEM: 2, TOTAL: 40

* Datos de prensa y del boletín oficial. Falta cotejar con el Diario Oficial una vez que se haga público. Publicada el 18/12/2009 En el Periódico Oficial del estado.

------------------------------------------------------------------

Chihuahua

Art. 5º.- Todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción. (…) Reformado el 1º de Octubre de 1994

------------------------------------------------------------------------------------------------

Colima: 1o Constitucional: […] Con respecto a la vida, igualdad y seguridad jurídica, se establecen las siguientes declaraciones:

I. La vida es un derecho inherente a todo ser humano. El estado protegerá y garantizará este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la misma razón; el hogar y, particularmente, los niños serán objeto de especial protección por parte de las autoridades. Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de orden público. El niño tiene derecho desde su nacimiento a que se le inscriba en el Registro Civil y a tener un nombre.

Aprobada en el Congreso el 17/02/2009 y cómputo de votos del Constituyente Permanente el 20/03/2009, aprobada por afirmativa ficta.

De los 25 Diputados (PRI, 12; PAN, 8; PRD, 2; PVEM, 1; Ind., 2) votaron a favor 19 y 1 se abstuvo.

La versión estenográfica no desagrega la votación por partido.

Publicada el 21/03/09 en el Periódico Oficial del estado Número 12.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Durango: ARTÍCULO 1- El Estado de Durango reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, salvo las excepciones que establezca la ley. Asimismo, en el Estado de Durango todas las personas gozarán de las garantías y derechos sociales tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los estipulados en los Tratados Internacionales suscritos por el estado mexicano en materia de derechos humanos y que hayan sido ratificados por el Senado, así como los que señala esta Constitución, los que no podrán suspenderse ni restringirse sino en los casos y condiciones que la misma Constitución federal señala.

Aprobada por el Congreso el 07/04/09 Cómputo realizado el 19/05/2009

De los 30 Diputados (PRI, 17; PAN, 8; PRD,1; Panal, 1; Partido Duranguense, 1; PT, 2) 26 votaron a favor. Votaron en contra: 1 (Partido Duranguense).

Total de diputados: 30

La versión estenográfica no desagrega la votación por partido.

Publicación el 30/05/2009 en el Periódico Oficial del estado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guanajuato: 1o Constitucional: […] Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural; y el Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos. Aprobada en el Congreso el 8/05/2009..

Se aprobó con 26 votos: PAN: 23; PRI:2; PT: 1

Salieron del recinto para no votar: 9 (PRD, 3; PRI, 4; PVEM, 2).

No se presentaron: 1 diputada (PRI) Total: 36

Publicada en 26/05/2009 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jalisco: 4o Constitucional: Toda persona, por el sólo hecho de encontrarse en el territorio del estado de Jalisco, gozará de los derechos que establece esta Constitución, siendo obligación fundamental de las autoridades salvaguardar su cumplimiento. Asimismo, el Estado de Jalisco reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

Aprobada en el Congreso el 26/03/2009.

De un total de 40 Diputados (PRI, 13; PAN, 20; PRD, 3; PT, 1; Panal, 2, PVEM, 1):

28 votaron a favor; Abstenciones: 2

No asistieron o abandonaron el recinto al momento de la votación: 10

La versión estenográfica no desagrega la votación por partido.

Publicada el 2/07/2009 en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Morelos: 2o Constitucional: En el Estado de Morelos se reconoce que todo ser humano tiene derecho a la protección jurídica de su vida, desde el momento mismo de la concepción […]; Aprobada el 11/11/2008

Se aprobó con 23 votos: PAN: 14; PRI:3; Convergencia: 2 Panal: 2 PVEM: 2

En contra: 6 del PRD ; No se presentaron: 1 diputado (PRD): Total: 30

Publicada el 11/12/2008 en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” de Morelos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nayarit, 7º Constitucional: El Estado garantiza a sus habitantes sea cual fuere su condición: I. a X… XI.- Los derechos sociales que a continuación se enuncian:

1.- Se reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano desde el momento de la fecundación natural o artificial y se le reputa como nacido para todos

los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural.

2.- Toda mujer y su producto tienen derecho a la atención médica gratuita durante el periodo de embarazo y el parto.(…)

Aprobada en el Congreso el 17/04/2009

Cómputo realizado el 28/05/2009 : Se aprobó con 27 votos: PRI, 16; PAN, 4; PRD, 1;

PANAL, 2 ,PVEM, 2 PT, 1 , Convergencia, 1. En contra: 3 del PRD: Total: 30 Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el 6/06/2009

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oaxaca:12º Constitucional: […] En el Estado de Oaxaca se protege y garantiza el derecho a la vida. Todo ser humano desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales hasta su muerte natural. Los habitantes del Estado tienen todas las garantías y libertades consagradas en esta Constitución, sin distinción alguna de su origen, raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública, condición o actividad social.[…]

Aprobada en el Congreso el 09/09/2009 Aprobada con 30 votos: PRI: 25, PAN:3,

Panal: 1, Convergencia: 1 , PT: 1; En contra: 6 (1 Conv.; 4 PRD, 1 Unidad Popular);No asistieron : 6 (PAN, 1; Conv., 1, PRD, 2, PRI,1): Total: 42

Publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 11/09/2009

-------------------------------------------------------------------------------------

Puebla: 26º Constitucional: …] IV.- La vida humana debe ser protegida desde el momento de la concepción hasta su muerte natural, salvo los casos previstos en las Leyes; […]

Aprobada en el Congreso el 12/03/2009. Cómputo de la votación del Constituyente Permanente 15/05/2009; Aprobada con 29 votos: PAN: 8,PRI: 20, Panal: 1: En contra: 10 (PRI, 5; PRD, 2; 1 Conv.; 2 PT).; Abstenciones: 2 (PRI, 1; Panal, 1). Total: 41

Publicada en el Periódico Oficial del estado el 3/06/2009

---------------------------------------------------------------------------------------

Querétaro: 2º Constitucional: (…) El Estado de Querétaro reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación como un bien jurídico tutelado y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta la muerte. Esta disposición no deroga las excusas absolutorias ya contempladas en la legislación penal. (…)

Aprobada en el Congreso 01/09/09 Cómputo realizado el 17/09/2009: Se aprobó con 21 votos: PAN: 14, PRI: 4, Convergencia: 1, PVEM: 1 ,Panal: 1: No asistieron 4 (PRD, 2; PAN, 2)., Total: 25: Publicada en el Periódico Oficial del estado el 18/09/2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Quintana Roo: 13º Constitucional: El Estado de Quintana Roo reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como sujeto de derechos para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte. Salvo las excepciones que establezca la ley. Aprobada en el Congreso el 21/04/2009

Cómputo realizado el 12/05/2009 Se aprobó con 18 votos: PRI: 13, PAN: 4, PVEM: 1

Votaron en contra 6 (PRI, 1; Conv., 1; PRD, 1; PVEM, 2; Panal, 1); Total: 25

Publicada en el Periódico Oficial del estado el 15/05/2009 .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

San Luís Potosí: 16º Constitucional: El Estado de San Luís Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse en ningún caso. No es punible la muerte dada al producto de la concepción cuando sea consecuencia de una acción culposa de la mujer, el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida, o de no provocarse el aborto la mujer corra peligro de muerte.

Aprobada en el Congreso el 21/05/2009. Cómputo realizado el 31/08/2009; Aprobada con 21 votos: PAN: 14; PRI: 3, PRD: 1 , PT: 2, PCP: 1 Votaron en contra 4 (PVEM, 1; PRD, 1; PRI, 2). No asistieron: 2 (1 PRD; 1 PAN): Total: 27

Publicada en el Periódico Oficial del estado el 03/09/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sonora: 1o Constitucional: […] El Estado de Sonora tutela el derecho a la vida, al sustentar que desde el momento de la fecundación de un individuo, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural. Se exceptúa de este reconocimiento, el aborto causado por culpa de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando, de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de muerte a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora, así como los casos de donación de órganos humanos en los términos de las disposiciones legales aplicables.

Aprobada por el Congreso el 21/10/2008. Cómputo de la votación del Constituyente Permanente el 31/03/2009.; Aprobada con 27 votos: PAN: 13, PRI: 13, PT: 1: Votaron en contra: 5 (PRD, 3; Panal, 2).; No asistieron: 1 (PRI), Total: 33

Publicada en el Periódico Oficial del estado el 6/04/2009.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veracruz: 4º Constitucional: […] El Estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido.[…] Aprobada por el Congreso el 17/11/2009: Turnada a Ayuntamientos para su aprobación Aprobada con 38 votos:

PRI: 27,PAN: 10, Convergencia: 1, En contra votaron: 6 (PRD, 3; PRI, 1; PT, 1; Conv., 1). No asistieron: 6 (PRI, 2; PRV, 1; PAN, 1; PRD, 1; Ind., 1): Total: 50

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Yucatán: 1º Constitucional: (…)El Estado de Yucatán reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, al sustentar expresamente que desde el momento de la fecundación entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal del Estado de Yucatán.

Aprobada por el Congreso local e 15/07/2009 Se aprobó con 24 votos: PRI: 14, PAN: 9, Otro: 1…Votó en contra: 1 (PRD): Total: 25.

Publicada en el periódico oficial del estado el 07/08/2009.

Actualizado el 11/01/2010


decidir no es un delito, decidir es un derecho


4 de Febrero. Por el derecho a una maternidad libre y voluntaria.

maría Elena Padilla

Chiapas ha sido hasta ahora el último estado en donde se penalizó el aborto. El acuerdo se tomó a la calladita durante diciembre y la votación fue unánime. Así, se contabilizan 18 entidades federativas que “protegen la vida desde la concepción” y consideran criminales a las mujeres que abortan, por razones naturales o porque deciden terminar con un embarazo no deseado. La discusión y el debate que los jerarcas de la iglesia y los representantes más conspicuos del conservadurismo señalan que no se dio en el DF al aprobarse el matrimonio entre homosexuales, tampoco se dio en los estados donde con mucho desparpajo representantes de todos los partidos se pronunciaron ante el tema del aborto sin consulta a la ciudadanía, especialmente a las mujeres.

Del mismo modo en que ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, los mismos que le niegan a la mujer su derecho a decidir de manera libre y voluntaria sobre su maternidad, se escandalizan y aseguran que les preocupa el destino de los niños que sean adoptados por una pareja homosexual, porque según creen y afirman, el daño a las criaturas será irreversible. Ya no argumentaremos aquí sobre la hipocresía de la iglesia ante la pederastia de los clérigos, que es cosa ya muy discutida; pero sigue asustando la falta de conocimientos y estudios sobre el tema además de siquiera tacto o civilidad, que inunda las declaraciones y posturas de los susodichos personajes de filiación yunquista.

Lo que vemos es una avanzada de la iglesia, envalentonada por el apoyo que encuentra en el panismo hecho gobierno (y la anuencia explícita o semi encubierta de otros partidos) de tal forma que como grupo de facinerosos del brazo y por la calle van descalabrando y desmantelando la estructura de laicidad que tenía el Estado. Retomamos el día de hoy el tema de la ofensiva de los gobiernos contra la conducta privada de las personas, porque las mujeres del Pacto Nacional por el Derecho y la Libertad están citando a una Magna Concentración Nacional fuera de la Cámara de Diputados el día 4 de Febrero y se requiere de apoyo, si no presencial, del tipo que se note: correos, cartas, protestas, uso de prendas de color morado, violeta o lila (color adoptado por las mujeres en sus luchas), artículos en periódicos, programas de radio, performances, etc. Todo cuenta.

En estas mismas páginas de 15diario, uno de los compañeros preguntaba asombrado cómo se había dejado avanzar esta ofensiva contra las mujeres. Pues así, como todos los días, haciendo nada al respecto. Así como a diario dejamos pasar las cosas y la oportunidad de manifestar de manera pública y organizada nuestra posición acerca de las agresiones de que somos objeto por parte de quienes ejercen algún tipo de poder. El tema del aborto es difícil, y pronunciarse a favor equivale a ser tildad@ de promotor(a) del mismo. No se quiere entender que NADIE aborta por gusto: sufrir o someterse a un aborto es una experiencia traumática, física y psicológicamente hablando, y sin embargo existen mujeres para quienes es una salida válida, quizá la única. Aprobar el aborto tampoco implica volverlo obligatorio, ni se convertirá en fuente de contagio. Que existan mujeres presas por este “delito” es más que un exceso.

En los temas que de alguna manera se relacionan con la sexualidad, la Iglesia ha decidido erigirse en máxima y única autoridad; nunca como ahora el Estado mexicano ha cedido tanto ante los argumentos de la religión católica. Ya estamos viendo que el rumbo de la vida nacional no puede quedar sólo en manos de políticos, sean ellos parte del poder ejecutivo o sean legisladores; 18 congresos estatales han demostrado qué pasa si les dejamos. Existen al menos 3 iniciativas para que se discuta una reforma similar para todo el país. Invitamos a todos los que nos leen que no dejemos pasar el tema. En la columna de ONGs de esta semana encontraremos las reformas que en cada Estado han penalizado el aborto, los términos en que lo han hecho y cómo han votado los representantes de los partidos. No dejemos solas a las mujeres porque ésta no es sólo SU lucha.

Las mujeres del Pacto por la Libertad, la Vida y los Derechos de las Mujeres, han acordado manifestarse el primer jueves de cada mes. Podríamos intentar sintonizarnos con ellas y mensualmente realizar algún acto que vaya visibilizando la causa. Para empezar, ¡Exijamos la libertad para las mujeres presas por abortar!


vamos todas a defender nuestro derecho a decidir

4 Febrero/11hrs.
MITIN en San Lazaro

A los cientos de mujeres asesinadas y violentadas que hay en México, se suma trágicamente la realidad de 600 mil casos de abortos clandestinos al año en el país, de los cuales, 100 mil de ellos terminan en complicaciones para la salud, que incluso cuestan la vida de muchas de ellas.
Pero el gobierno recorta el presupuesto a la salud, mientras avanza en su privatización, con la farsa de seguro popular, despoja a millones de mujeres y sus familias del acceso a servicios médicos y medicinas gratuitas. Además este clerical gobierno panista, hipócrita y moralista, impulsa en todo el país, en alianza con el PRI, “leyes antiaborto” que evitan la Interrupción legal del embarazo y encarcelen a quienes pretendan ejercerlo, leyes impuestas ya en 18 estados del país, Oaxaca, Yucatán, Querétaro, California, Colima, Jalisco, Veracruz, Sonora, Puebla, Morelos, Campeche, Quintana Roo, Durango, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí, Chiapas y Chihuahua. Como resultado de esta ley en Veracruz hay 12 mujeres procesadas por homicidio calificado, con penas que van de los 12 a los 15 años de cárcel, aún en casos donde la interrupción legal del embarazo no fue voluntaria...

Su verdadera intención es mantener el control de las decisiones de la mujer y que nuestro cuerpo, quede a merced de las leyes del estado y las instituciones y no a nuestra voluntad, para mantener en pie este orden social esclavista, donde la mujer no es dueña ni de sí misma.
Pero el control de nuestro cuerpo y nuestra sexualidad no se limita a las leyes antiaborto.
La iglesia en alianza con el gobierno defiende las nuevas medidas de control y represión de la sexualidad, sembrando la homofobia y lesbofobia en un país donde los crímenes de gays, lesbianas, travestis y transexuales son un hecho alarmante. En Morelos, el obispo Florencio Olvera, ordenó el programa “Coraje”, que dice “ayudará a la “conversión” de homosexuales para evitar que “dañen a terceros”, invitando a los fieles a “terapias de sanación”. Mientras en Morelia, Alberto Suárez Inda, dijo que “ni los perros tienen sexo con los de su mismo sexo”. En tanto, Onésimo Cepeda, ha declarado que los homosexuales no entran al cielo.
En este marco, el PAN junto a sectores del PRI, buscan el veto a la reforma de ley aprobada por la Asamblea Legislativa del DF, que permite en la ciudad los matrimonios entre parejas del mismo sexo y que éstas puedan adoptar. Mostrando con una feroz campaña a un lado de la iglesia, lo reaccionario y oscurantista de un partido y régimen político que reprime a los sectores que sufren la opresión del estado y la iglesia contra su derecho a decidir sobre con quién vivir y cómo hacerlo.
Desde Pan y Rosas luchamos por la libertad sexual y acompañamos al movimiento de gays, lesbianas, travestis y tansexuales en su lucha por plenos derechos civiles y legales.
Alto a la campaña de odio sembrada por el panismo y la iglesia.
Abajo las violentas leyes antiaborto en todo el país.
Y contra el intento de la iglesia y el panismo de revertir la ley por el derecho al aborto hasta las 12 semanas en el DF, luchemos por el derecho a la educación sexual en todos los niveles de la educación pública, por anticonceptivos gratuitos para no abortar y el derecho al aborto libre, seguro y gratuito para no morir

Pan y Rosas junto a nuestras hermanas de Haití
Como hicimos durante el golpe de estado en Honduras, Pan y Rosas levanta hoy una gran campaña unitaria en solidaridad con las mujeres en Haití junto a otras agrupaciones, colectivas y activistas feministas, autonomistas, anticapitalistas de mas de 13 países de América Latina y el Caribe, exigimos el retiro de las tropas imperialistas y de la onu, que la ayuda salga de las ganancias multimillonarias de las empresas capitalistas y que sea distribuida por las organizaciones de mujeres, sindicales y populares.
Enviamos una corresponsal para llevar nuestra solidaridad al campamento feminista que instalaron compañeras dominicanas y costarricenses en la frontera con República Dominicana, y que se convirtió en un centro físico y simbólico del apoyo de todas las mujeres de América Latina y el Caribe con nuestras hermanas haitianas.

El próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer , debemos convertirlo en una gran jornada de lucha por nuestros derechos en México y un día de lucha antiimperialista y de solidaridad internacionalista en todos los países de América Latina y el Caribe, junto a las mujeres de Haití

Pan y Rosas
México


panyrosasmex.blogspot.com









martes, febrero 02, 2010

Los 10 temas de la agenda de Derechos Humanos. Cencos


Durante diciembre de 2009 y enero de 2010, Cencos publicó una serie de entregas bajo el título de "Los 10 temas en la agenda DH en 2009" en un intento por recapitular los casos y temas sobre derechos humanos que, a juicio de Cencos, se encontraron entre los de mayor impacto durante el año.

__________________________________________________________________________________

1. Minera canadiense pone en jaque a movimiento social y al gobierno de Chiapas

México D.F., 21 de diciembre de 2009 (Cencos).- Intereses económicos se contraponen al respeto a los derechos humanos, al cumplimiento de la ley, al cuidado y preservación del medio ambiente y a intereses de las comunidades cuando se aborda el tema de la minería. En Chicomuselo, Chiapas, el ejemplo es preciso. La trasnacional canadiense Blackfire, que explota barita y otros minerales, ha convulsionado la zona contaminando un río, actuando sin permisos gubernamentales y en oposición a activistas y pobladores que exigen su salida y denuncian la apropiación ilegal de tierras.

Datos aportados por Artemio Ávila Cervera, director general de Blackfire, recogidos en el diario Cuarto Poder de Chiapas, señalan que la beta de barita en ese estado podría ser la más grande del mundo y siendo este mineral fundamental en la industria petrolera, dicho yacimiento reconfigura el mapa de las relaciones comerciales. Se dejaría de importar barita de China e India y además la extraída en México se vendería a Estados Unidos, Canadá y Venezuela, principales productores petroleros en la región. La importancia de esta mina es mayúscula a nivel mundial.

Desde julio pasado la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), encabezada en Chiapas por el activista Mariano Abarca Roblero, se apostó a las afueras del complejo minero de Chicomuselo, logrando que la empresa suspendiera sus actividades. En un contexto de tensión social y lucha para cerrar definitivamente este complejo, el 27 de noviembre de 2009 un desconocido disparó contra el defensor de derechos humanos, asesinándolo fuera de su casa. Hasta el momento la Procuraduría General de Justicia Estatal ha detenido a tres presuntos responsables vinculados a Blackfire.

Mariano Abarca ya había sufrido con anterioridad la criminalización de la lucha de la REMA-Chiapas. Luego del plantón de julio, fue acusado por la minera por asociación delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación (todas estas acusaciones son aplicadas a defensores de derechos humanos como una forma de intimidación por sus acciones y causas), entre otros delitos. El 17 de agosto fue detenido con uso de violencia por policías, previo a que se realizara el II Encuentro de la REMA Chiapas en Chicomuselo; debido a la presión de diversas organizaciones nacionales e internacionales, fue liberado.

Paralelamente, desde la Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) del estado de Chiapas, avanzaron acciones legales para clausurar el complejo, dada la falta de cumplimiento de la normatividad en la materia. El 7 de diciembre se clausuro la mina porque la empresa no cumplía con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para la construcción de un camino, ni con un permiso por la emisión de polvos y de fuentes fijas de contaminantes atmosféricos por el uso de maquinaria pesada, que genera dióxido de carbono.

A pesar de esta clausura, se espera que la empresa siga los causes legales que le permitan seguir con sus operaciones. En unos días, se iniciará el procedimiento legal contra la minera por parte de SEMAVI, mientras que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), hace unos días llevo a cabo otra visita de inspección y estableció una clausura total de forma temporal, por motivos similares a los encontrados por la SEMAVI en un inicio. Asimismo, se espera que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) den un seguimiento efectivo a estos procedimientos legales que se han iniciando. A estas instituciones federales corresponde valorar si la empresa puede seguir explotando los recursos naturales del estado del sureste.

Hasta el momento policías municipales se mantienen vigilando las instalaciones para comprobar que los sellos de clausura no sean violados, si esto ocurriese el estado y la federación ahora también, se verían en la obligación de actuar haciendo uso de la fuerza pública y confiscando eventualmente la maquinaria de la minera.

A raíz de las acciones de la Semavi, funcionarios públicos estatales han sido amenazados por personas no identificadas, lo cual se suma al clima de tensión tras el asesinato de Mariano Abarca. La aplicación de la ley y el derecho a la protesta quedan vulnerables ante los intereses de la minera canadiense.

Centro Nacional de Comunicación Social

2. La defensa por la vida de las mujeres, entre victorias y embestidas

México D.F., 22 de diciembre de 2009 (Cencos).-La lucha contra la impunidad y la exigencia de la no repetición en materia de feminicidio y cualquier tipo de violencia contra la mujer, experimentó en el año 2009, un “avance sin precedentes.” El Éxodo por la Vida de las Mujeres, convocado por el colectivo Mujeres de Negro, a la memoria de las mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, fue una caravana que a su paso por ocho estados del país logró el fortalecimiento y la articulación de las organizaciones que impulsan el movimiento por la defensa de los derechos de las mujeres, también generó propuestas concretas y permitió mayor visibilidad para las mujeres que más allá de Ciudad Juárez, sufren violencia de género.

El caso del Campo Algodonero del que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CoDIH, dio un fallo condenatorio al Estado mexicano por su responsabilidad en tres feminicidios, logró desmitificar el fenómeno en el país y marcó un antecedente en Latinoamérica en esta materia. El examen con base en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
Belém Do Pará, permitió concluir que los asesinatos fueron por violencia de género, “equiparable al concepto feminicidio.” Del caso, los abogados de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos ANAD, opinan que marcó el camino de acceso a la justicia para otros casos con los mismos argumentos.

El 16 de enero fue ratificado como embajador en Canadá, Francisco Barrio Terrazas, gobernador de Chihuahua en el periodo 1992-1998, quien durante su mandato hiciera declaraciones que culpabilizaban a las víctimas tales como: “vestían provocativamente, caminaban en la noche y tenían doble vida.” En este tenor, el pasado 24 de septiembre se concede la ratificación a Arturo Chávez Chávez como procurador general de la República, quien durante su gestión como procurador de Chihuahua recibió múltiples recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organismos internacionales de derechos humanos dada la omisión y obstaculización de la justicia ejercida en torno al esclarecimiento de los asesinatos de mujeres en la entidad.

Ante la ratificación de Barrio Terrazas, las organizaciones, Federación de Mujeres y Comité de Solidaridad con las Mujeres de Ciudad Juárez de Québec, enviaron una carta al primer Ministro de su país, Stephen Harper, repudiando el hecho y declarando al embajador como persona non grata en territorio canadiense.

Julia Monárrez Fragoso, investigadora y activista por los derechos de las mujeres, indica que las designaciones son “la afirmación de una política de desaliento para el movimiento nacional e internacional en defensa de las mujeres, conjuntamente con las agresiones y pérdidas como es la sobrina de Alma Gómez”, cofundadora de Justicia para Nuestras Hijas”.

El feminicidio sexual sistémico, es anterior a lo que sucede en Ciudad Juárez y a 1993, -explica la socióloga- “solo que en 1993 los grupos organizados de mujeres y las feministas, pusieron en blanco y negro los nombres de las mujeres, luchando contra la no identificación de víctimas. Cuantificar una problemática que obedece a una cultura patriarcal y misógina, pone la luz pública un quiebre de justicia, lo que habla de un Estado mexicano colapsado en derechos humanos e impunidad en todo el país, evidenciar eso, es un logro. El movimiento por la vida de las mujeres en Ciudad Juárez es un movimiento sin precedente que se forjó ante la pérdida y la impunidad largamente sostenida por el Estado y porque quiere articularse con todas las mujeres del territorio nacional, a lo que se dedicó buena parte del año”.

Tipificar el termino feminicidio como arma jurídica, es un reto a futuro que corresponde, “con la ayuda de todas”, a las abogadas y juristas del feminismo. “El derecho no es inamovible y las palabras cambian de acuerdo a una sociedad que cambia, poder nombrar los crímenes desde la concepción sociológica, criminológica y feminista es muy importante, porque a través del concepto jurídico del feminicidio como una caligrafía que permita inscribirlo como problema social, cultural, político y económico, será más fácil acceder a la justicia y trasladar el concepto a otras partes del mundo como precedente”, afirmó la investigadora.

Para 2010, anunciarán la creación de un Comité de Observación conformado por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos que vigilará al Estado mexicano con respecto al cumplimiento de los mandatos que la CoIDH especificó en la sentencia, de ellas destacan; una disculpa pública, la creación de un monumento en memoria de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, así como modificar marcos regulatorios y protocolos de investigación para que sean profesionales y con perspectiva de género. El próximo año, como iniciativa conjunta de organizaciones, se planea situar en Ciudad Juárez, Chihuahua el Memorial de las Mujeres.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

3. Jacinta, Teresa y Alberta, injusticia prolongada

México D.F., 23 de diciembre de 2009 (Cencos).- La falta de acceso a la justicia es una de las afectaciones más claras a los grupos vulnerables así como la criminalización de la protesta social, los cuales son dos variantes que han marcado hondamente el contexto nacional en 2009. Diversos casos dan cuerpo a éstas formas de violación de derechos humanos, por parte del Estado mexicano pero las injusticias cometidas contra Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, son sin duda paradigma de ambos.

Las tres mujeres ñhä-ñhú (otomíes) de 46, 30 y 25 años respectivamente, fueron acusadas de secuestro, por la supuesta retención de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) de la Procuraduría General de la República (PGR) cuando estos llegaron sin identificarse a un mercado en la comunidad de Mexquititlan, Querétaro para decomisar ilegalmente la mercancía.

Todo sucedió cuando los agentes fracasaron en el decomiso y fueron rodeados por locatarios del mercado y uno de ellos fue retenido en espera de que el resto de los elementos pidieran autorización a su superior para pagar los destrozos que ocasionaron al ingresar al mercado, según les exigieron los comerciantes; así se hizo y el incidente concluyó, hasta que semanas después la PGR acusó de secuestro a las tres comerciantes.

Teresa y Alberta fueron quienes en un primer momento pidieron a los agentes de la AFI que se identificaran, mientras que Jacinta apareció en una fotografía de un diario local que reportó los hechos, mismo que se utilizó como prueba para acusarla.

Este caso ha sido fundamental para visibilizar el camino plagado de injusticias y contrariedades que recorren los grupos vulnerables cuando son criminalizados por ejercer su derecho a la protesta, “es una de las más grandes aberraciones que hemos escuchado en la experiencia del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, pero que sin embargo se sigue dando en el país y en muy grandes porcentajes”, explica Andrés Díaz, abogado encargado de su caso por parte del Centro ProDH.

El derecho al debido proceso, el derecho a la legalidad, a la seguridad jurídica, el derecho a la integridad personal por los daños morales ocasionados, y sus derechos lingüísticos son algunos de los derechos violentados como resultado de la actuación desmedida del Estado. Ellas fueron “detenidas bajo engaños, acusadas con pruebas falsas de delitos que no hicieron, “tenemos un sistema de procuración de justicia (la PGR) que no investiga los delitos de manera honesta y de buena fe y un sistema judicial que no responde a los derechos humanos, es un sistema que avala y solapa todos estos abusos de autoridad” dice Díaz.

Aunque en un primer momento el caso de Jacinta Francisco Marcial se visibilizó en los medios de comunicación a tal grado que la opinión pública presionó y la defensa logró su liberación el 3 de septiembre de 2009 (cuando la PGR presentó conclusiones no acusatorias), la justicia no ha llegado para Teresa y Alberta.

“En el proceso penal instaurado por los hechos del día 26 de marzo de 2006, todavía siguen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio por el delito de la privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro contra servidores públicos federales. Ellas acaban de recibir la notificación de la formulación de las conclusiones acusatorias, es decir, que el Ministerio Público tras analizar todo el expediente pide formular conclusiones acusatorias con una pena de más de 40 años de prisión para ambas”, dice el abogado del Centro ProDH, y se espera que sus casos se definan entre enero y febrero de 2010.

La disparidad en las conclusiones (no acusatorias para Jacinta y acusatorias para Teresa y Alberta), es otra muestra de que la procuraduría no es congruente con sus propios procedimientos. “Con Alberta y Teresa la PGR ya había venido manteniendo la tesis de que ellas sí habían cometido el delito de secuestro. Nosotros sabemos que esto corresponde a una actitud de no respetar los derechos humanos, de seguir vulnerando y discriminando a las mujeres que en su condición de pobreza y de pertenencia a un pueblo originario y que tiene en contra al sistema de justicia, eso es muy grave porque la PGR sabiendo que son inocentes y que no hubo secuestro trata de seguir avalando la actuación de sus funcionarios”, dice Andrés.

Después de que el 25 de noviembre de 2009, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la parte acusatoria (PGR) pidió la condena a 40 años a las dos indígenas ñhä-ñhú, ahora la defensa rendirá sus conclusiones de inculpabilidad para luego esperar la sentencia del Juez Cuarto de Distrito de Querétaro.

Para 2010 se espera que Teresa y Alberta sean absueltas por el Juez Rodolfo Pedraza Longi, aunque dicha posibilidad está en juego ya que en una ocasión anterior él mismo ya les había dictado a las tres sentencias acusatorias (que luego fueron revocadas). Jacinta, luego de más de tres años de cárcel y ahora en libertad continúa apoyando a sus compañeras que el próximo tres de enero cumplirán tres años y cinco meses de reclusión en el Centro de Readaptación Social femenil (CERESO) de San José el Alto, Querétaro.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

4. Agresiones directas a la libertad de expresión

México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).- México destaca a nivel mundial desde hace varios años por aparecer en los primeros lugares de zonas de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, a pesar de ser considerado un país democrático. Las agresiones contra periodistas y medios de comunicación no sólo violan derechos individuales sino que atentan contra el derecho de una sociedad a estar informada de manera veraz, oportuna, objetiva, diversa y clara.

Lamentablemente, en 2009 las cifras de agresiones a la libertad de expresión no han descendido. Diez periodistas han sido asesinados y otra más permanece desaparecida (de 2000 a la fecha se han registrado 9 desapariciones, siendo la última desaparición, la primera de una mujer). Amenazas y diferentes formas de intimidación condicionan la labor periodística y la autocensura se instala como parte del trabajo cotidiano, especialmente en aquellos estados donde son patentes la presencia del crimen organizado y sus posibles vínculos con las estructuras de gobierno. Las instalaciones de los medios son objeto de atentados. Las corporaciones policiales y los miembros del ejército intimidan, agreden y detienen a reporteros y reporteras que cubren sus operativos.

En el ámbito local, los voceadores son agredidos y sus ediciones confiscadas por difundir contenidos que cuestionan las prácticas de funcionarios públicos. La concesión de publicidad oficial es utilizada como medio de presión en contra de los medios que mantienen líneas editoriales más independientes. Además, los aparatos de justicia se utilizan para perseguir a periodistas y a comunicadores y comunicadoras de radios comunitarias.

Brisa Maya Solís, Directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que la postura del gobierno ha sido la de vincular las agresiones a periodistas con el crimen organizado en el contexto de violencia que actualmente se vive por la llamada “guerra contra el narco” emprendida desde inicios del sexenio por el gobierno federal, pero en las investigaciones que Cencos realiza conjuntamente con Article19 se observa que estas agresiones se relacionan a la impunidad y a los vínculos entre autoridades en resguardo de sus propios intereses.

En la amplia forma de agresiones a la libertad de expresión en México, también destacan las agresiones en contra de las radios comunitarias, que además no cuentan con una ley que permita su reconocimiento jurídico pleno, dejando un vacío al no generar las condiciones para la legislación sobre las mismas, y sobre lo cual, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a no criminalizar su labor.

Las recomendaciones de organismos internacionales han generado nuevos compromisos para el estado mexicano en 2009, como las ocho recomendaciones en materia de libertad de expresión del Examen Periódico Universaldel Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya visita oficial está pendiente desde junio de 2007, ha emitido diferentes comunicados instando a investigar y sancionar a los responsables de las graves agresiones que se han dado este año. En el plano nacional, la CNDH ha realizado diversas recomendaciones: una general que trata el tema de la impunidad que prevalece en los casos de agresiones a periodistas y medios de comunicación y otras más específicas sobre la necesidad de regular la publicidad oficial y de frenar los acosos judiciales como una forma indirecta de coartar la libertad de expresión.

Ante todo esto, la respuesta del estado mexicano ha sido insuficiente y adolece de falta de voluntad política para detener este problema. Darío Ramírez, Director de la Oficina de México y Centroamerica de Article19 sostiene: “Seguimos contando víctimas. Seguimos recibiendo un mensaje de indolencia por parte de las autoridades encargadas de procurar y administrar la justicia. Seguimos viendo cómo la impunidad alimenta e incita futuros actos de violencia. Seguimos preocupados por simular un México democrático que no existe. Porque en toda democracia, ejercer la libertad de prensa en un contexto de seguridad es un elemento indispensable.”

El balance del año 2009 es negativo. Sobre la mesa permanecen una serie de pendientes a los que el estado no ha dado la atención adecuada, tanto en materia de legislación, de políticas públicas y de lucha contra laimpunidad. Pero, ante todo, está la necesidad urgente de generar mecanismos para proteger el desempeño periodístico y la libertad de expresión, en los que deben participar el gobierno, los y las periodistas, las empresas de comunicación y la sociedad civil.

Centro Nacional de Comunicación Social

5. Situación de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en 2009


México D.F., 28 de diciembre de 2009 (Cencos).- En un contexto de degradación de la situación de los derechos humanos, las personas y organizaciones que defienden y promueven los derechos humanos hemos observado el incremento de las amenazas y agresiones en contra. Con la publicación del informe Defender los derechos humanos: entre el compromiso y el riesgo, la Oficina en México de la Alta Comisionada por los Derechos Humanos de Naciones Unidas (OACNUDH) se ha hecho eco de esta situación, recogiendo las preocupaciones de la sociedad civil mexicana. El informe es sin duda un indicador importante que recuerda, además, que las agresiones no sólo atentan contra la integridad de quienes defienden derechos sino que envían un mensaje hacia la sociedad en su conjunto, inhibiendo la organización y participación ciudadana.


Esta situación de vulnerabilidad se debe, según el reporte, al incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado, la militarización del país, la desigualdad social y la permanencia de prácticas no democráticas, entre otros factores. La falta de mecanismos de rendición de cuentas y de acceso a la información son también un obstáculo más al trabajo de las y los defensores. Los casos de asesinatos en 2009 y el incremento de las detenciones y la judicialización este 2009 dan cuenta del riesgo que supone defender los derechos humanos.


En el panorama del problema observamos que en Guerrero fueron ejecutados de manera extrajudicial Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, Presidente y Secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM). Sus cuerpos aparecieron el 20 de febrero tras una semana desaparecidos. Ambos eran reconocidos como defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el municipio de Ayutla de los Libres. Desde 2008 se viene dando una fuerte persecución en contra de otras organizaciones de Ayutla como la Organización del Pueblo Indígena Me phaa (OPIM), algunos de cuyos miembros han sido amenazados, detenidos o procesados por crímenes que no cometieron, en un contexto de militarización de la región. A pesar de la atención internacional, a raíz de estas ejecuciones se incrementaron las amenazas en su contra y los integrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” se vieron forzados a suspender sus actividades debido a que no existían las condiciones mínimas de seguridad para realizar su trabajo y a pesar de existir medidas de protección otorgadas por tanto por la Comisión como por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Asimismo, en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ha denunciado la criminalización de la que han sido víctimas las defensoras y defensores al considerarlos como parte de la delincuencia organizada o como parte de una supuesta red de subversión que busca desestabilizar el Estado en 2010. El recuento de agresiones no sólo incluye a integrantes de esta reconocida institución, que ha denunciado la militarización del estado y los abusos de poder, sino también a otras como la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) con la detención en septiembre de su dirigente José Manuel Hernández Martínez y de otros dos integrantes, estos dos de manera arbitraria, a través de operativos policiales que de manera arbitraria allanaron casas en comunidades del municipio de Venustiano Carranza. Hernandez Martínez, acusado de un delito de despojo, fue liberado posteriormente. Destacan también los casos de la organización de mujeres K’inal Antsetik o integrantes de Enlace, Comunicación y Capacitación, víctimas de vigilancia policial, allanamientos de casas y oficinas e, incluso, de recientes amenazas de muerte. Todo esto en un ambiente de campañas de difamación pública a través de medios de comunicación y de agresiones y cateos por parte de policías y militares en comunidades del estado.


La situación en Oaxaca fue recogida en un diagnóstico elaborado por diversas organizaciones locales. En 2009 destaca el caso de Marcelino Coache Verano, activista sindical y destacado miembro de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO), quien fue secuestrado y torturado durante varias horas el 4 de marzo y puesto en libertad a la mañana siguiente. Él mismo, su familia y las abogadas que llevan el caso han sido víctimas posteriormente de reiteradas amenazas.


Los defensores de la tierra, el territorio y los recursos naturales son particularmente vulnerables, destacando los casos en que organizaciones y comunidades se oponen a la industria minera. Comuneros del núcleo agrario de Huizopa, municipio de Maderas, Chihuahua, fueron reprimidos y detenidos en mayo por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva, tras una manifestación pacífica ante las instalaciones de la empresa minera Minefinders Inc. En Chiapas de nuevo, Mariano Abarca Roblero líder opositor contra la minera canadiense Black Fire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), fue asesinado en el municipio de Chicomuselo el 27 de noviembre. Y en Morelos el 31 de octubre fue asesinado Miguel Ángel Pérez Casales quien formaba parte de la Comisión Ejecutiva del Consejo de Pueblos de Morelos y reconocido defensor del Área Natural Protegida del Texcal, frente a un proyecto de urbanización. Pérez Casales se disponía a asistir a un encuentro para recibir a una delegación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra-Atenco.


En el norte del país destacan el asesinato de Paz Rodríguez Ortiz, el 15 de octubre y el de familiares de integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa y Justicia para Nuestras Hijas, en Chihuahua. Paz Rodriguez, de la Asociación de Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes, intervino ante las decenas de “levantones” y desapariciones perpetrados en 2008 y denunció las detenciones ilegales efectuadas por corporaciones de seguridad. Además, ya había sido amenazado y el 31 de diciembre de 2008 sujetos armados dispararon a su casa. Este contexto de inseguridad ligado al crimen organizado está afectando de manera especial a los defensores de las personas migrantes que operan a través de albergues a lo largo del país. Las agresiones y campañas que buscan deslegitimar su trabajo los convierten en uno de los sectores más vulnerables en estos momentos.


Otros ejemplos de este 2009 son el encarcelamiento en julio de cinco activistas del Movimiento en Contra de las Altas Tarifas Eléctricas en Campeche o las detenciones de integrantes del Movimiento Democrático Magisterial de Puebla en junio, agresiones con las que se busca desarticular a organizaciones y sindicatos que se manifiestan por el respeto a sus derechos económicos y laborales.

Ante este panorama, Liliana Valiña, Representante adjunta en México de la OACNUDH, sostiene: “Si bien es cierto que el Estado mexicano ha dado pasos importantes (...), es preciso reconocer que aún no se termina de articular una política pública integral que sea capaz de abrir espacios de interlocución efectivos, que pueda adoptar las medidas de prevención necesarias, reducir y eliminar los factores de riesgo, responder en tiempo a las situaciones de agresión en contra de las y los defensores e implementar medidas urgentes de protección”.


Para las organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, se enfrentan nuevos retos para las acciones que desarrollan cotidianamente, por un lado por la complejidad del contexto de violencia en el país; por otro, por los actores que interactual más allá del propio Estado y por la falta de voluntad política de las autoridades para ubicar la problemática.


Centro Nacional de Comunicación Social..

6. Con base en derechos humanos, Movimiento por el Derecho a Decidir

México D.F., 29 de diciembre de 2009 (Cencos).- En México, los derechos reproductivos están consagrados en el Artículo 4º constitucional: "Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos", sin embargo, sólo el Distrito Federal permite la interrupción legal del embarazo (ILE).

Durante 2009 destaca que legisladores de 17 estados de la República impulsaron reformas constitucionales “a favor de la vida desde el momento de la concepción”, mismas que penalizan con cárcel la interrupción del embarazo o como en el estado de Veracruz, únicamente a aquellas personas que ayuden a practicar el procedimiento.

En el país cada año más de un millón 600 mil embarazos terminan en abortos realizados en la clandestinidad, –registran organizaciones- muchos de ellos con el resultado de la muerte o en daños permanentes a la salud. Cabe resaltar que en el país, las complicaciones por abortos ilegales son la quinta causa de muerte materna.

El caso Yasuri Zac-Nicté joven maya de 22 años, que en octubre pasado esperaba una sentencia de 12 a 30 años de prisión acusada de homicidio doloso tras sufrir un aborto involuntario de 24 semanas, volvió a poner a la luz violaciones a derechos humanos. La joven aún no se encontraba bien físicamente cuando ya esperaba sentencia en el Centro de Readaptación Social de Chetumal, Quintana Roo, de modo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Quintana Roo intervino en el caso. Yasuri fue liberada después de que la abogada defensora Gloria Rojas promoviera 72 amparos.

Por la necesidad de una reflexión colectiva, alrededor de 40 organizaciones inscritas en un movimiento amplio por los derechos humanos, al que se sumaron líderes de opinión y ciudadanía, comenzaron a trabajar bajo una perspectiva de género por el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) a nivel nacional, en este año, enfocadas a la derogación de las reformas de los estados.

Durante la marcha Por el derecho a decidir, en septiembre pasado, las organizaciones plantearon la necesidad de debatir el aborto como un tema de salud pública y derechos humanos, no filosóficamente. Promovieron elmanifiesto Por el derecho a decidir y la defensa del Estado laico que contiene: el rechazo a las reformas 17 reformas legales por ser restrictivas de los derechos de la mujer; el rechazo a la injerencia de la jerarquía católica; la exigencia al secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont de sancionar acciones en contra del Estado laico, así como el rechazo a la persecución de mujeres, aún cuando el embarazo es producto de una violación y exigieron al Estado los medios para ejercer la autonomía sexual sin riesgos.

El Movimiento Feminista, que en México tiene más de treinta años trabajando el tema del (ILE), “se ha visto reforzado a raíz del enfoque de las políticas impulsadas por grupos de línea conservadora, lo que pone a prueba la laicidad del Estado mexicano, estos grupos han expresado actitudes machistas y misóginas, impiden el avance de la participación democrática y la incidencia en políticas públicas por parte de las organizaciones”, afirma Aidé García, integrante de la organización Católicas por el derecho a decidir.

El Movimiento también experimentó la participación de la organización masculina, Cómplices por la equidad, organización que trabaja conjuntamente con grupos feministas contra este tipo de reformas “es tiempo de que los hombres nos liberemos de los mandatos hegemónicos de género, -nuestras compañeras, madres, hermanas, e hijas- que deciden interrumpir su embarazo son personas con dignidad y derechos humanos, no criminales y tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas”, declararon en septiembre pasado durante un acto público.

Aidé García expuso que durante el año, el trabajo de las organizaciones, ha estado encaminada a reforzar el diseño de una estrategia integral para generar opinión pública favorable, además de información para la población, teniendo como línea la no promoción del aborto sino la sensibilización sobre los derechos humanos de las mujeres, lo que incluye el logro del ILE.

Para 2010, el movimiento seguirá encaminado a vigilar el cumplimiento de la norma oficial (NOM) 046 que especifica la atención a víctimas de violencia sexual, y que fue un compromiso adquirido por el Estado mexicano, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego del caso Paulina, niña de 13 años que quedó embarazada consecuencia de una violación en 1999, las autoridades de Baja California le negaron la interrupción legal del embarazo.

El pasado 16 de diciembre fue lanzada la campaña de recolección de firmas- a través de la red social facebook para impulsar una acción de inconstitucionalidad a las 17 reformas que esperan promueva Raúl Plascencia Villanueva presidente de la CNDH, atendiendo una posición de visión de Estado. La carta plantea “Como mexicanas y mexicanos, preocupados por el acontecer nacional, hemos tenido noticia de que al menos 16 entidades federativas han aprobado reformas a sus Constituciones Locales con el fin de “proteger el derecho a la vida desde la concepción”. Consideramos que tales reformas entran en conflicto con criterios previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y contradicen y vulneran lo estipulado en diversos Tratados Internacionales ratificados por México. Existen, además, diversos antecedentes internacionales al respecto”, indica la carta.

Sin duda, una verdadera democracia necesita condiciones para que ciudadanos y ciudadanas elijan y ello, se construye desde el estado laico, que respeta los derechos de las mujeres a decidir y genera condiciones para ello. Lo que ha pasado este 2009 en los estados de la república es una muestra de lo mucho que falta en nuestro país.

Centro Nacional de Comunicación Social

7. Ejército en las calles

“Un compromiso ineludible que contribuye el fortalecimiento del Estado de Derecho por parte de los
servidores públicos encargados de la seguridad pública, es el respeto irrestricto a los derechos humanos.
La seguridad es un derecho humano fundamental. Garantizarla es una de las tareas prioritarias del Estado y su
cumplimiento es un indicador clave de su eficacia”. (Programa Nacional de Seguridad Pública 2008-2012)

México D.F., 30 de diciembre de 2009 (Cencos).- Ante la creciente inseguridad por el avance del crimen organizado, la militarización de la seguridad pública es la apuesta del Ejecutivo federal para proteger a las personas en México. Sin embargo, la estrategia aunque menciona en el discurso el “respeto irrestricto a los derechos humanos”, en los hechos van en ascenso las violaciones a los derechos fundamentales cometidas por elementos del Ejército.

El presidente Calderón afirmó en agosto pasado en Guadalajara, Jalisco, que en su gobierno no se violan los derechos humanos, “y quienes señalen lo contrario, están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos humanos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado de sus competencias legales: sean policías, sean soldados o cualquier otra autoridad.”

Actualmente el Ejército tiene autoridad legal para detener a personas señaladas de cometer algún delito cuando auxilia al Ministerio Fiscal y a la policía en la ejecución de una orden judicial o, al igual que todos los ciudadanos, si sorprende a un sospechoso en el momento en que comete un delito. En ese contexto resaltan diversas preocupaciones en torno al Ejercito involucrado en las tareas de seguridad pública.

Las organizaciones civiles: Amnistía Internacional/Sección México, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar, Centro de Análisis e Investigación impulsaron el proyecto No Más Abusos, en el que han realizado un monitoreo sistemático de los abusos militares contra civiles, iniciativa civil independiente queregistró entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2009 un total de 82 casos de abusos militares documentados por medios de comunicación tanto nacionales como estatales y en los que se vieron afectadas 387 personas.

De acuerdo a información solicitada por el Centro Prodh, el Ejército abrió 110 investigaciones que desembocaron en sólo 6 casos en los que se formularon acusaciones (acceso a petición de información por Centro Prodh a través de IFAI/Infomex a SEDENA, [folio 0000700175808, 0000700176108, 0000700176308, 16 de diciembre de 2008]).

En tanto que en el primer semestre del año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 559 quejas de abusos cometidos por el ejército, mil 230 en todo el año 2008, frente a sólo 367 en 2007 y 182 en 2006; en 2006 no hubo ninguna recomendación, en 2007 se emitieron siete, 14 en 2008 y 25 hasta octubre de 2009.

Otro ejemplo de la problemática a nivel estatal en las que el Ejército ha tomado “plazas” como parte de las acciones contra el crimen organizado es que, entre marzo de 2008 y septiembre de 2009, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua (CEDH) y una oficina municipal de presentación de quejas en Ciudad Juárez recibieron más de mil 300 quejas de abusos por parte de integrantes del Ejército (Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua, 2009).

Otro de los aspectos cruciales del respeto de los derechos humanos vinculados al Ejército y la impartición de justicia es la jurisdicción militar. En agosto pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los elementos de las Fuerzas Armadas que cometan delitos que afecten a la población, como los relacionados con violaciones de derechos humanos, seguirán siendo juzgados por los tribunales militares, con lo que evadió los argumentos en el sentido de que el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares sean juzgados por militares cuando hayan cometido delitos federales o locales que involucren a la población, viola lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Pero el 15 de diciembre pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Radilla Pacheco Vs México ordena al Estado mexicano reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que contempla la jurisdicción militar en casos de delitos cometidos por militares en servicio en contra de civiles.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos reiteró que la jurisdicción militar debe tener un alcance mínimo en tiempos de paz, de carácter restrictivo y excepcional vinculado únicamente a las funciones propias de las fuerzas militares. En este sentido, la jurisdicción militar no es el fuero competente para conocer de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, las cuales deben ser investigadas por la justicia ordinaria, lo que abre la puerta a que las violaciones a los derechos humanos por parte de elementos militares encuentren justicia.

El Ejécito mexicano es una de las instituciones nacionales con mayor prestigio, pero involucrarlo en tareas para las que no está calificado merma ese prestigio que tiene entre la población. La participación del Ejército en seguridad pública debe ser con medidas de control y asegurando el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Centro Nacional de Comunicación Social

8. Atenco: Ejemplo del uso político de la justicia

México D.F., 30 diciembre de 2009 (Cencos).- Los días 3 y 4 de mayo de 2006 un operativo policiaco en el Estado de México contra el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que apoyaban la defensa al derecho al trabajo de floristas locales, provocó uno de los episodios represivos más violentos en la historia reciente de México.

La detención de los pobladores de San Salvador Atenco en el Estado de México integrados en el FPDT, se ubica como caso emblemático del uso de la fuerza pública para “resolver” conflictos, en un claro desprecio del Estado por el respeto a los derechos humanos en el marco de la criminalización de los movimientos sociales.

El operativo en el que participaron fuerzas federales y estatales dejó un saldo de 207 personas detenidas, dos jóvenes asesinados, medio centenar de mujeres abusadas sexualmente, torturas y cateos ilegales.

Desde entonces, la impunidad rodea los abusos cometidos por elementos de las fuerzas policiacas así como el político de los procedimientos legales y la falta de acceso a la justicia de los detenidos de 2006. En 2009. la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó un dictamen en el que admite las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en mayo de 2006 en Atenco, sin embargo omitió los nombres de las personas que los cometieron, lo que contribuye a que se mantenga la ausencia de impartición de justicia.

Asimismo este año, aquellos que tomaron decisiones sobre esta forma de como “hacer justicia y el respeto del estado de derecho”, como Wilfrido Robledo Lamadrid, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (PFP), uno de los responsables del diseño y la ejecución de los operativos policiales en San Salvador Atenco y Texcoco mientras se desempeñaba como responsable de la Agencia de Seguridad Estatal mexiquense en mayo de 2006, fue nombrado titular, de la Policía Federal Ministerial perteneciente a la Procuraduría General de la República, con lo que queda patente la impunidad en relación a las responsabilidades de este funcionario.

En el caso Atenco, desde 2006 a la fecha se han acumulado irregularidades jurídicas escandalosas que mantienen en la cárcel a 12 presos políticos con condenas tan injustas como la impuesta a Ignacio Del Valle por 112 años de prisión, a Felipe Álvarez y Héctor Galindo por 67 años y a otras 9 personas (Oscar Hernández Pacheco, Alejandro Pilón, Julio Espinosa, Juan Carlos Estrada, Jorge Ordóñez, Adán Ordóñez, Narciso Arellano, Inés Rodolfo Cuellar y Eduardo Morales) con sentencias a 31 años 11 meses y 15 días de cárcel. Cabe mencionar que América Del Valle (hija de Igancio del Valle) y Adán Espinosa Rojas, se encuentran en condición de perseguidos y que 52 personas siguen en proceso legal en libertad.

En este contexto, alrededor del FPDT se han sumado voces de la sociedad civil, que denuncian la violación de derechos humanos a las víctimas de la represión en 2006. De esta forma en febrero de este año surgió la Campaña Nacional e Internacional Libertad y Justicia para Atenco en la que participan defensores y defensoras de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, actores, actrices, músicos y personas, que ha realizado diversas acciones para demandar la liberación de las personas que se encuentran en prisión injustamente.

La acción más reciente de dicha Campaña se dio en la SCJN, donde acudieron integrantes del FPDT para entrevistarse con el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo.

En entrevista para Cencos, el abogado Leonel Rivero Rodríguez a nombre de la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, recluidos en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, sostuvo que el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo “refrendó ante los familiares y abogados de los 12 presos el compromiso que ante ellos había asumido en el mes de enero de 2009, en el sentido de que tan pronto se promovieran las demandas de amparo en contra de las sentencias condenatorias, el ministro haría la propuesta a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, para que ejercitara la facultad de atracción y fuera esa instancia la que resolviera los juicios de amparo. El Ministro Gudiño Pelayo se comprometió a que en la primera (13-enero-2010) o segunda sesión (20-enero-2010) de la Primera Sala llevaría la propuesta de atracción.”

Los defensores legales de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez, Leonel Rivero Rodríguez, Sandino Rivero Espinosa y Luisa A. Rivero Espinosa “prospectivamente consideramos que tenemos altas posibilidades de que la Primera Sala de la SCJN conceda el amparo a nuestros representados, y por ende, revoque las sentencias condenatorias que les fueron impuestas.

“Esa situación puede materializarse tal vez entre los meses de junio a septiembre de 2010”, enfatiza la defensa legal de Ignacio del Valle y Felipe Álvarez.

Centro Nacional de Comunicación Social

9. Criminalización de la migración

México D.F., 8 de enero de 2010 (Cencos).- El crecimiento del número de personas migrantes en México en los últimos 30 años tiene origen en la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales de las mexicanas y mexicanos. En gran medida resulta en la expulsión de fuerza de trabajo tanto nacional como de otros países, y que han dirigido a su población en nuestra región hacia Estados Unidos principalmente. México además de ser un país con población migrante, también es un territorio por el que deben cruzar personas hacía Estados Unidos y con ello, enfrentar los riesgos de su travesía sin protección alguna.

Vulnerabidad de personas que atraviesan el territorio mexicano

La vulneración de los derechos humanos de las personas migrantes fue expuesta por Jorge Bustamante, Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de la Organzación de las Naciones Unidas, (ONU), en suinforme de agosto de 2009 en el que enfatiza que la criminalización de los migrantes por el “delito” de encontrarse en un país sin los documentos adecuados: esto los hace vulnerables a posibles actos de racismo o xenofobia en las sociedades de los países en cuestión.

“La sociedad distorsiona su situación, los considera 'delincuentes' y rápidamente los relaciona con la delincuencia organizada, incluidos el tráfico de drogas y el robo. La condición de indocumentados hace vulnerables a muchos migrantes al punto que son presa fácil de las redes delictivas.”

Aunado a lo anterior, en 2009 las personas migrantes y sus familiares enfrentan en su travesía al crimen organizado, que ha extendido su campo delictivo al secuestro de personas migrantes en tránsito por México. En el Informe Especial sobre Secuestro a Transmigrantes presentado en junio por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con información de las comisiones estatales de derechos humanos, ubicó en 10 mil las personas migrantes víctimas de secuestros en el primer semestre del año, lo que dejó ganancias por 25 millones de dólares al crimen organizado.

Al respecto María Canchola, coordinadora de Incidencia y Enlace del Servicio Jesuita a Migrantes en México destacó que “ha sido muy difícil documentar las violaciones a los derechos de las personas; la mayoría de los migrantes secuestrados no están dispuestos a denunciar y en gran medida se debe a que la Ley General de Población impide a personas de manera irregular en México hacer algún tipo de denuncia.”

La Pastoral de Movilidad Humana que congrega un gran numero de casas albergue para personas migrantes en el país, ha aumentado su relación en materia de seguridad con autoridades como el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Gobernación así como con congresos estatales locales debido a las agresiones por parte del crimen organizado. Esto a partir de la xenofobia que se desató en el caso de un migrante señalado de asesinar a una persona, y en el que se vio involucrada la Casa Belén Posada del Migrante en Saltillo, Coahuila.

María Canchola enfatizó que el tema de seguridad “es difícil de abordar porque las autoridades asumen que lo que tiene que hacer es regular el trabajo que hacen las casas de migrantes, justamente eso sucedió después del incidente en la Casa Belén Posada del Migrante, cuando el Congreso local lanzó una llamada y una iniciativa para regular el trabajo del albergue porque entienden que podrán tener el control de los migrantes.”

Por tal motivo la Pastoral de Movilidad Humana entregó una serie de recomendaciones al Senado como la reforma del articulo 67 de la Ley Federal de Población que actualmente impide a las personas que están de manera irregular en el país presentar denuncias y se les dé seguimiento sin ser deportadas, esta ley fue aprobada por unanimidad en el Senado y esta detenida en la Cámara de Diputados, además de la iniciativa que esta en el Senado de incluir en la Ley General de Población el procedimiento de trabajadores migratorios de países como Guatemala y Belice con respecto al convenio existente con México.

Connacionales en EU

México se ha convertido en el país con mayor emigración del mundo, “perdemos cada año mas de medio millón de mexicanos; hoy, México tiene 12 millones de emigrantes o personas nacidas en México residiendo en Estados Unidos y 30 millones de origen mexicano que viven en Estados Unidos contribuyendo a la economía de ese país con mas de 650 mil millones de dólares”, afirmó el Dr. Raúl Delgado Wise presidente de la Red Internacional de Migración y Desarrollo en entrevista para Cencos.

La caída de las remesas que los emigrantes enviaron al país en 2009 se han visto mermadas no por el regreso de los mexicanos al país, si no por la falta de empleo en Estados Unidos, sin embargo el volver para las personas migrantes no es su primera opción, ya que en México no existe certeza de fuentes de trabajo. Delgado Wise destacó que “muchas veces las familias mexicanas envían dinero en sentido inverso para que se puedan mantener aquellos migrantes que han perdido sus empleos y esperen mejores tiempos valorando que tienen mejores oportunidades allá; la caída de las remesas tiene que ver con el desempleo que están sufriendo los mexicanos derivado de la crisis profunda que sufre Estados Unidos.”

Tanto María Canchola como Delgado Wise coinciden en que se necesita continuar en la búsqueda de interlocución con las autoridades, y que los espacios de discusión como el Foro Global sobre Migración y Desarrollo que México presidirá en 2010, no sirva como un espacio de legitimación del Estado. Los organismos civiles deberán conjuntar esfuerzos para cubrir la mayor parte de espacios con propuestas concretas sin duplicar esfuerzos para combatir la difícil situación que viven los migrantes y sus defensores.

Sin duda uno de los temas en materia de los derechos humanos en México se ubica en las personas migrantes y que día con día enfrentan más condiciones de vulnerabilidad.

Centro Nacional de Comunicación Social

10. Minera San Xavier pasa de facto por encima del orden jurídico mexicano

México D.F., 12 de enero de 2009 (Cencos).- Las actividades minero-metalúrgicas en el cerro de San Pedro, San Luis Potosí, son ejemplo de cómo las industrias mineras han violado el derecho humano a la salud, a un medio ambiente sano, al agua, a la consulta de la población y en general han pasado por encima del estado de derecho en nuestro país.

Durante 2009, tras diez años de litigios y lucha del Frente Amplio Opositor (FAO), se dieron importantes pasos para la expulsión de la Minera San Xavier, subsidiaria de la trasnacional canadiense, New Gold, aunque ésta, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (5 de octubre de 2005) confirmada en su contra el 14 de octubre de 2009, que le impide continuar con cualquier actividad, ha conseguido la suspensión de la clausura otorgada por un juzgado de circuito en San Luis Potosí el pasado 14 de diciembre.

Esto significó que el 16 de diciembre la minera reiniciará la explotación de oro y plata con el método de lixiviación con cianuro a cielo abierto, por lo que los sellos de clausura de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) duraron menos de un mes.

Martín Faz Mora, integrante del FAO, declaró en entrevista para el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), que “el día de la clausura las autoridades de la Profepa estuvieron cerca de 9 horas en las instalaciones de la empresa reunidos con los abogados de la empresa con los que hay una larga trayectoria de complicidad”, de lo cual se concluye que esta clausura fue “a modo” dejando espacio para el amparo otorgado por el Juez Primero de Distrito de SLP y para la continua violación de derechos humanos por parte de Minera San Xavier.“El día que vino a hacer la clausura lo hizo porque realmente no tenía de otra. Ha sido una persona totalmente cargada hacia los intereses de la empresa”, agrega el activista.

Ante la situación San Luis Pro Ecológico, organización de la sociedad civil integrante del FAO que lleva el litigio estratégico contra la empresa de capital canadiense, interpuso un juicio de garantías y un incidente de suspención ya que ni siquiera se les aviso del amparo.

27 millones de litro de agua son contaminados cada día en el proceso de lixiviación con cianuro, dejando como resultado la contaminación general en toda la zona y la sobreexplotación del acuífero. Además las constantes detonaciones simbran el suelo de San Pedro y llenan de polvo el ambiente de la comunidad. El cerro de San Pedro, que ilustra el escudo de San Luis Potosí, se encuentra próximo a desaparecer, sin importar que esta zona este protegida por ley.

La resolución judicial es muy clara en cuanto a que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no debió haberles dado el permiso ambiental por dos elementos básicos: uno que es una zona protegida por un decreto de 1993 que declara toda la zona conurbada de la ciudad de San Luis Potosí como zona de protección de reserva ecológica y; dos, que en esos casos cuando se quiere hacer un proyecto de esta naturaleza hay que presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) específica y la empresa nunca lo hizo, sino que presentó una MIA general.

Minera San Xavier no se ha apegado a las leyes mexicanas, pero tiene a su favor el concentimiento de las autoridades en los tres niveles de gobierno y “lleva al país a una situación de ingobernabilidad por su desacato a los fallos judiciales”, explicó Juan Carlos Ruíz Guadalajara, historiador e integrante del FAO.

Además de la vía jurídica existen otros frentes de lucha donde los opositores a la minera (ejidatarios, pobladores y organizaciones), han visto en riesgo su integridad. La más reciente de estas agresiones ocurrió el viernes 11 de diciembre, cuando una comitiva de la Cámara del Diputados iba a ser recibida fuera de las instalaciones de la minera por el FAO, pero antes de que la comisión llegara, trabajadores de MSX provocaron y agredieron a los opositores.

La decisión de la trasnacional de pasar por encima de la ley en México, encuentra explicación en el plano internacional. La actual estrategia de desacato se montó con altos niveles de operación política y empresarial, ante la posibilidad de enormes pérdidas económicas en la bolsa de Toronto y de cara a la imparable subida del oro en los mercados internacionales. Se trata de aprovechar la euforia mundial por el precio del oro mientras el dólar se mantiene débil, se lee en un comunicado del Frente.

“Las mineras canadienses -dice Martín- tienen sus ojos puestos en América latina y también en México. Sabemos que hay muchos proyectos en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. De alguna manera la lucha que el FAO ha hecho muestra que existen caminos para combatir estas empresas aunque desde luego son muy complicados”.

Centro Nacional de Comunicación Social