sábado, julio 28, 2007

Fórum consumado

Milenio Diario, 28 julio 2007.
Guillermo Colín.
Con el Fórum ya revelado en su auténtica dimensión: la de negociazo inmobiliario, poco importa que el gobierno federal a través de Conaculta se deslinde de última hora y el banquero nuevoleonés Othón Ruiz -responsable del elusivo evento- difunda, como si nada importante declarara, que ya no hay tiempo para hacerle propaganda mundial al que a fin de cuentas vendrá a ser, según una persistente tradición que no merece Monterrey, un evento que se quedó tan corto de miras realizadas que difícilmente captará la atención internacional pregonada, misma que decían sus impulsores pondría a la ciudad a la altura de las grandes capitales del mundo.
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A Monterrey lo que le urge es una revolución cultural que la saque del estancamiento, en mucho inducido mediáticamente, que ubica a su colectividad enraizada en parámetros de desarrollo social que hace tiempo demuestran su desfase con la realidad. En incontables ocasiones se ha mencionado aquí el no tan oculto malestar social que corroe sus estructuras a menudo bipolares, entre una clase afluente, frívola y materialista y otra desclasada, que vocea el mito de la cultura del esfuerzo, la frugalidad, el ahorro, pero que a la vez es sacudida en cada vez más amplios sectores por tragedias difícilmente concebibles, inscritas en los anales del feminicidio, el parricidio, el fraude o el abuso de menores.
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Como cirugía cosmética que no logra cambios de fondo, las obras de ornato emprendidas al pairo del Fórum (pero que no han podido ocultar las irregularidades de sus licitaciones, o la especulación inmobiliaria para la que el evento desde Barcelona fue diseñado) van a ritmo tan lento que difícilmente se pronostica puedan siquiera ser terminadas a tiempo para la fecha de celebración del evento.
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Por lo que toca a su contenido, el Fórum sigue siendo también un misterio aún no develado a los simples mortales desde las alturas de funcionarios que da la impresión no acaban de tener ni medianamente estructurado un programa que ya debía ser conocido y difundido ampliamente.
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Y las paradojas excruciantes del evento siguen hasta sus últimas consecuencias: el que iba a ser el conciliábulo de los grandes temas mundiales, como la exclusión social por ejemplo, excluye precisamente desde su construcción a la clase cultural regiomontana. Ni con un solo lápiz participa Conarte, el ente oficial del estado para la cultura, en el diseño ni mucho menos en la toma de decisiones del Fórum.
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En el estado cuya propaganda política supone que se funda y desarrolla una Ciudad del Conocimiento, destaca en altísimo grado la desinformación de la población sobre los pormenores del Fórum y hasta sobre su naturaleza, lo que ya es el colmo.
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El trasfondo del asunto, más que cuestiones de corrupción, impericia o estulticia en los organizadores (como quiera presentes e impunes), radica en que el Fórum ya cumplió los objetivos para los que fue pensado y que se ubican en los linderos de la rapacidad de los constructores de las obras aledañas, en la rehabilitación de sectores urbanos decaídos, ex profeso y previamente acaparados en la tenencia de las propiedades por prominentes figuras de las cúpulas políticas y empresariales para recibir los beneficios de la plusvalía generada con dinero público, mismo que debía haber sido mejor empleado para obras más urgentes sin necesidad de la sombrilla de un Fórum que ha consumido dinerales sin que disminuya un ápice la opacidad en la administración de esos fondos.

viernes, julio 27, 2007

PRD colabora por ''error''

→ Astillero.
Julio Hernández López
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Astillas
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¿Qué han dicho Los Chuchos respecto de la colaboración fotográfica de sus aliados, los dirigentes de la Alianza Democrática Nacional, con el calderonismo? ¿Deslinde o apoyo tácito?
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Pero no son los únicos cooperantes para darle cuello a las posturas oficiales del PRD. El diputado Agustín Guerrero, que es uno de los líderes de la bejaranista Izquierda Democrática Nacional, que tiene como coordinadora a Dolores Padierna, cometió lo que luego calificaría generosamente de ''un error''.
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Por una ''confusión a la hora de votar'', aprobó a mano alzada (e hizo que sus compañeros, ''por disciplina partidista'', hicieran lo mismo) una propuesta del PAN para hacer ''un respetuoso exhorto al jefe del gobierno del DF, Marcelo Ebrard, así como al C. Presidente de la República, lic. Felipe Calderón, para que a la brevedad establezcan lazos de coordinación y colaboración que reditúen en la prestación oportuna y eficiente de bienes y servicios públicos para la ciudad de México''.
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El colaboracionista Guerrero, que preside la mesa directiva de la permanente de la ALDF, ofreció disculpas a sus compañeros de bancada, pues ''fue una equivocación, a cualquiera nos puede pasar'' (así también le pasó a Pablo Gómez, que en otro arranque de equivocación sumó el año pasado, en San Lázaro, los votos perredistas a la aprobación arrolladora de la ley Televisa: ahora Gómez paga sus culpas cobrando como senador).
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Con esos perredistas, ¿para qué quieren enemigos el partido del sol azteca y algunos de sus personajes conspicuos, como Ebrard y López Obrador?...
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Por cierto, han llegado muchos correos de ciudadanos sin partido, pero votantes de izquierda, y de militantes perredistas que, desde un abanico que va de la decepción a la irritación, critican el oportunismo y el mercantilismo de la elite del partido de colores cada vez más negros que amarillos...

Felipe Primero (los ricos).

→ Astillero.
Julio Hernández López.
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Mano fiscal blanda.
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Se equivocan quienes tachan a Felipe Calderón de rígido y autoritario, proclive por naturaleza a la mano dura y la imposición. Las mejores prendas de entendimiento y conciliación anidan en el Señor de Los Finos (a Juan Camilo Mouriño le llaman Iván el Fino, según mencionó el diario gallego El faro de Vigo), a grado tal que no duda en corregir y recular cuando la razón y las buenas formas le indican que sus planteamientos han estado equivocados y que sus propuestas son susceptibles de mejoría.
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Así ha sucedido, para dar muestra a todo el reino, con los postulados fiscales que la administración de Felipe Primero (primero los ricos) defendió a capa y espada hasta que los comprensivos empresarios y patrones del país le hicieron ver los problemas que generaría la noble propuesta pergeñada por el marqués Carstens (economista que muy bien sabe mover el abanico en redondo). Sucedió entonces que el buen soberano cedió y concedió: oh, sí, dijo en Apodaca, Nuevo León, frente a una línea de ensamble de chasises Toyota: ya se está trabajando ''intensamente para mejorar, para corregir la propuesta y atender así importantes y valiosas sugerencias del sector productivo del país para evitar impactos tanto en la inversión como en el empleo''. ¿Cuál mano dura? ¿Cuál intransigencia? El Presidente propone y el empresariado dispone. Por el bien del 2 de julio (de 2006), primero los ricos (ah, si Ulises Ruiz fuera una Contribución Empresarial a Tasa Unica, desde cuándo el poder del dinero lo habría tumbado, o ''corregido'').

Las cuentas de la lechera


Editorial de La Jornada.
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No queda clara la razón por la cual el gobierno mexicano anunció con bombo y platillo, ayer, el reparto entre dos dependencias -la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Salud (Ssa)- de los más de 205 millones de dólares hallados en marzo pasado en la residencia del empresario de origen chino Zhenli Ye Gon: pudo ser para ensayar un nuevo golpe de efecto mediático, o bien para tratar de evitar que esos fondos sean reclamados, en todo o en parte, por dependencias estadunidenses, o para terminar de confundir a la opinión pública en torno de la situación jurídica y la ubicación precisa de ese dinero. Como quiera que haya sido, la nueva determinación es un paso adicional en el escandaloso desaseo con el que la actual administración ha manejado el caso del presunto delincuente, hoy detenido en Estados Unidos por un cargo menor de narcotráfico.
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Hay que recordar que, desde un principio, las cifras ofrecidas al público por la PGR no concordaron con la evidencia fotográfica de las pilas de billetes, por lo que esa dependencia hubo de "ajustar", al alza, el monto del dinero decomisado. En días posteriores la misma institución afirmó que el dinero estaba depositado en una cuenta bancaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); de ahí fue movido a Banjército, un buen día se informa que se encuentra depositado en la Reserva Federal de Estados Unidos y unas horas más tarde el gobierno afirma que el conjunto físico de billetes se ha dispersado en el sistema financiero internacional. Tales movimientos despiertan justificadas suspicacias, pues evocan los procedimientos empleados por la delincuencia organizada para lavar el dinero producto de sus fechorías; adicionalmente, resulta por demás cuestionable que la portentosa pila de papel moneda, que constituía una prueba inapreciable para una investigación criminológica, haya sido desperdigada con tal ligereza, en lo que no puede dejar de verse como un afán por borrar las huellas del dinero. Para rematar, ayer, en conferencia de prensa en Los Pinos, los titulares de la PGR, Eduardo Medina Mora, y de la Ssa, José Angel Córdova, junto con el procurador fiscal de la SHCP, Luis Mancera, anunciaron el reparto de los fondos entre las dos primeras dependencias, a sabiendas de que están por desarrollarse prácticamente todos los procedimientos judiciales para legalizar el ingreso de ese dinero en las arcas públicas y que hay reclamos pendientes por parte del sospechoso de narcotráfico y de la agencia antidrogas estadunidense (DEA, por sus siglas en inglés). Ya desde abril el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, anunciaba que los recursos decomisados al empresario serían destinados a programas de tratamiento de adicciones. Tal precipitación podría sentar las bases de un revés amargo para el calderonismo si estas "cuentas de la lechera" son revertidas por un fallo judicial.
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Pero el manejo de los dólares decomisados a Zhenli es sólo uno de los aspectos turbios de la administración pública que han sido puestos al descubierto en el curso de este episodio. Poco ha poco han ido emergiendo, además, indicios de irregularidades graves -por decir lo menos- en la Administración General de Aduanas de la SHCP, por haber permitido el paso de toneladas de seudoefedrina importada por el presunto narcotraficante cuando éste ya se encontraba prófugo; en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual concedió a Zhenli una carta de naturalización que fue entregada en propia mano del interesado por Vicente Fox, y en la Secretaría de Gobernación, que debió aprobar la concesión de la nacionalidad.
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Si a ello se suma el punto de conflicto en la relación con Estados Unidos que ha introducido el caso Zhenli, puede apreciarse el panorama de descomposición súbita y precoz que el episodio ha generado en la presente administración, la cual da la impresión de no tener más consigna que salir del paso y sobrevivir a sus propias incongruencias y contradicciones, en lo que constituye una alarmante exhibición de falta de oficio gubernamental.

Tienen amarrado a Calderón los poderes fácticos: AMLO

La Jornada, 27 julio 2007.
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La reforma fiscal no afectará "a los hijos predilectos del régimen", dijo.
Tetla, Tlaxcala.
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En un recorrido por municipios gobernados por Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador ironizó con el efecto que en el gobierno federal ha causado la acusación de Zhenli Ye Gon, en el sentido de que 150 millones de dólares, de los 205 que le decomisaron, pertenecían al blanquiazul: “Calderón debe estar debajo de la cama nomás con esta denuncia”.
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Previamente en Tlaxco, aseguró que el presidente “espurio” tiene una reducida operación política, debido a los compromisos que obtuvo con los poderes fácticos y con el ex presidente Vicente Fox, quien por ejemplo “tiene amarrado a Calderoncito” para que no se meta con los hijos de su esposa Marta Sahagún, con la amenaza de que puede revelar cómo se dio el fraude en el 2006.
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Afirmó también que la llamada reforma fiscal pretende afectar sólo al sector productivo y no “a los hijos predilectos del régimen” como los bancos y las grandes empresas naciones y trasnacionales.

¿PRESTANOMBRES?

El Norte, Irma Martínez, 27 Jul. 07
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La verdad es que nos vimos muy ingenuos al engendrar la idea de que al sacar al PRI de Los Pinos aparecería el gobierno del cambio. ¿Cuál cambio? Precisamente la noticia publicada por Grupo REFORMA este miércoles nos hizo ver, una vez más, que seguimos ligados a los límites estrechos de la farsa, la corrupción y el engaño.
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Son múltiples los enjuagues que se dan en la empresa más grande de la nación y de América Latina. Como ejemplos están los enredos donde hay ex funcionarios como Antonio Juan Marcos Issa, quien era coordinador de proyectos especiales en Pemex (cuando estaba como director Raúl Muñoz Leos). Luego están también Jorge Bribiesca Sahagún y Guillermo Sahagún (hijo y hermano de Marta Sahagún), quienes de alguna forma se hallan involucrados como gestores de la arrendadora Ocean Mexicana.
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¡Claro! Ahora Juan Marcos Issa y Juan Reynoso, socios de la arrendadora Ocean Mexicana, sacan de la jugada los nombres del hijo y el hermano de la señora Sahagún, argumentando que ellos no los conocen, y que la única relación que hay es un ex socio de la empresa Oceanografía, Carlos Yáñez, quien fue supuestamente promovido por los familiares de Marta. ¿Creerán que la inocencia de los mexicanos llega al grado de no intuir que en nuestro país pululan los prestanombres?.
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Además, Marcos Issa rentaba barcos de su propia empresa Ocean Mexicana con precios hasta el 100 por ciento más alto si se les compara con rentas internacionales. Claro, el señor considera que sólo le pagaron lo justo.
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Pemex es la gallina de los huevos de oro, el año pasado reportó ingresos de más de un billón de pesos, y cuenta con más de 150 mil trabajadores. No obstante, muchas veces no es tan transparente con nosotros los mexicanos como lo cacareamos.
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Sin embargo, cuando organismos reguladores de Estados Unidos, como Securities and Exchange Commision, le piden información, las cosas cambian, pues en ese caso da un informe detallado de todas las operaciones que se realizan en México y en el exterior. Es más, gracias a este informe podemos saber de los dólares que gana en la refinería Deer Park, cerca de Houston, donde Pemex tiene el 50 por ciento y la compañía anglo-holandesa Shell el resto.
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Pero volviendo a los abusos que se cometen en Pemex, es importante dejar claro que estamos hartos de que se le eche tierra a las irregularidades y los abusos sigan impunes.
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Va otro ejemplo: ¿no le parecerá suficiente al Gobierno federal que hace apenas unos pocos meses el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) argumentó que miles de casas de interés social se subastaron en precios muy bajos, unas "gangas", siendo adquiridas por la empresa Construcciones Prácticas, cuyo propietario es Miguel Khoury, quien ha sido socio de Miguel Bribiesca Sahagún?
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Lo más extraño es que se detectó que en cuatro subastas resultó como la ganadora Construcciones Prácticas.
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Tales subastas están relacionadas con cientos de casas de interés social, así como con terrenos y 275 departamentos en el estado de Puebla. Hay reportes que indican que los inmuebles tenían un valor de casi 3 mil millones de pesos, pero el socio de Manuel Bribiesca sólo pagó la cantidad de 34.5 millones.
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La defensa de los retoños de Martita argumentó que ninguno de estos bienes fue adquirido a nombre de los hermanos Bribiesca, sino a nombre de Construcciones Prácticas, por lo tanto no hay delito, pues en el acta constitutiva de esta empresa no aparecen ninguno de los hermanos Bibriesca Sahagún.
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Sin embargo, ¿por qué el hecho de que el IPAB haya aceptado un cheque de Jorge Alberto Bribiesca para la adquisición de uno de los paquetes de estas subastas no tuvo ninguna trascendencia?
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Hoy nos preguntamos: ¿la gestoría y la promoción que manejaron para imponer al ex socio Carlos Yáñez en la empresa Oceanografía de Juan Marcos Issa (empresa creada durante el sexenio de Fox) también será calificada como un acto sin consecuencia alguna?

jueves, julio 26, 2007

Denuncia abusos de federales

TORTURA, VIOLENCIA Y ARBITRARIEDAD, CARACTÍSTICAS DE LA ACTUACIÓN POLICÍACA EN ADMINISTRACIONES DEL PRI Y DEL PAN.
El Norte, 25 julio 2007
Por Rodrigo Ramírez
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Un valet parking de un bar en Cadereyta denunció en la CEDH a cinco policías federales que lo desnudaron en el cuarto del negocio y lo torturaron para que confesara la presunta existencia de armas y distribución de droga en el lugar.
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A pesar de que les aseguró de rodillas a los policías que no sabía de ese tipo de actividades en el antro, a Sergio Antonio Valdez Baltazar, según la denuncia, le colocaron una bolsa de plástico en la cabeza, le pegaron con la cacha de una metralleta y a puñetazos lo lesionaron del cuello.
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Cuando se dieron cuenta que el trabajador, de 40 años, originario de Sinaloa, no tenía relación con las acusaciones, lo dejaron tirado en el baño y salieron del bar, no sin antes robar el dinero de la caja, se señaló la queja.
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Mario Alberto Alanís Alcalá, apoderado jurídico del bar, explicó que el jueves pasado a las 4:00 horas la Policía Federal y elementos municipales llegaron al negocio con los números de las patrullas cubiertos con papel.
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Indicó que al entrar el convoy al estacionamiento del antro, en la Carretera Cadereyta-Reynosa, a un lado de la caseta de cobro, en el ejido "El Calvario", lo primero que hicieron fue detener al valet parking.
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Otro grupo se dirigió a revisar al personal y a los pocos clientes que había en ese momento, pero con abuso de autoridad maltrataron a unas mujeres que asisten a bailar.
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Aseguró que el encargado de la barra le comunicó que los policías se habían llevado 3 mil pesos de las ventas del día. Alanís apoyó los operativos policiacos, pero siempre que se hagan con apego a la ley.
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Luego de que levantaron su denuncia en la CEDH, Valdez expresó que se presentó ante las autoridades porque no tiene nada que esconder a la Policía y que podría reconocer a sus agresores si los vuelve a ver.

domingo, julio 22, 2007

Afirman que a gobernantes les preocupa la autonomía en el INEGI

Por John M. Ackerman - Proceso
22 julio 2007. APRO

MÉXICO.- Pareciera que la autonomía de los órganos públicos no es algo que agrade a la coalición gobernante. No satisfechos con las muestras de lealtad y pleitesía por parte de los titulares del IFE, la CNDH y el IFAI, los diputados panistas y priistas ya se alistan para socavar la independencia de la más reciente entidad autónoma: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
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Hace más de un año, el INEGI fue dotado de plena autonomía con la adición de un apartado B al artículo 26 de la Carta Magna. Hoy le toca al Congreso legislar para darle sentido y realidad a esta reforma con objeto de asegurar que nuestra información estadística y geográfica sea transparente y veraz. Esta misión es de la más alta importancia. Nuestro derecho a la información no concluye con el acceso a documentos públicos por medio de la Ley de Transparencia. Incluye la obligación del Estado de acopiar información demográfica y ofrecer una imagen fiel de lo que somos como nación. Si nuestro espejo estadístico no corresponde a la realidad, estamos destinados a construir castillos en el aire, o peor, a subestimar nuestros verdaderos avances como sociedad.
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Sin embargo, los diputados están a punto de asestar un golpe mortal a la autonomía del INEGI. La Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica aprobada en comisiones el pasado 4 de julio subordina el instituto a la voluntad del Presidente de la República, burocratiza su gestión y envuelve al nuevo organismo en una nube de opacidad.
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Si el pleno de la Cámara de Diputados aprueba la nueva ley, otorgará un cheque en blanco a Felipe Calderón para que escoja de entre sus amigos a los miembros de la Junta de Gobierno del INEGI. El Presidente no tendrá que molestarse con convocatorias públicas complicadas, comparecencias engorrosas o la dictaminación de sus candidatos. Los nuevos titulares del organismo solamente tendrán que saber de matemáticas, tener menos de 70 años y contar con la "aprobación" general por parte de la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente.
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Ante la eventualidad de que algún candidato incómodo llegara a la Junta de Gobierno, la nueva y antidemocrática ley señala que de manera discrecional el Presidente decidirá quién de los cinco miembros fungirá como presidente del Instituto. El mando del organismo seguramente quedará en las manos de aquel que asegure mayor sometimiento al Ejecutivo, marginando cualquier expresión de disidencia o independencia. Como colofón, en cualquier momento Calderón podrá solicitar la remoción de uno o varios de los miembros de la Junta de Gobierno y decidirá, en última instancia, sobre la procedencia de un eventual despido. En suma, los titulares del nuevo INEGI "autónomo" serán meros empleados del presidente de la República.
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El dictamen que pronto será votado por el pleno de la Cámara de Diputados también impone candados peligrosos en materia de acceso a la información pública. Los funcionarios del INEGI únicamente podrán divulgar la información que poseen cuando ello les sea autorizado de manera explícita por la Ley del Sistema Nacional de Información. Aunque ya de por sí la autonomía del INEGI le permitirá evitar la mirada del IFAI, con estas cláusulas se busca darle la vuelta a la Ley Federal de Transparencia en su conjunto. Asimismo, el dictamen no requiere que las sesiones de la Junta de Gobierno sean públicas e impone candados estrictos con respecto a la divulgación de sus contenidos.
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La sociedad civil y el sector académico estarán marginados por completo de la operación del nuevo Sistema Nacional de Información. El "Consejo Consultivo" del sistema estará integrado por el presidente del INEGI, un representante de cada secretaría de Estado de la administración pública federal, uno del Poder Judicial, dos del Congreso, cinco de las entidades federativas y un representante del Banco de México. El Instituto "podrá invitar a las sesiones del Consejo a representantes de (...) instituciones públicas, sociales y privadas", pero a estos actores externos en ningún momento se les asignan roles específicos ni se les dota de poderes vinculatorios.
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Nos encontramos en una situación paralela a la ocurrida con la creación del IFE y la CNDH en 1990 bajo la sombra del autoritarismo del partido del Estado. De nueva cuenta el Poder Ejecutivo simula una autonomía inexistente. En lugar de reglamentar y dar sentido al nuevo apartado de la Constitución, el dictamen de la Cámara borra los avances logrados con la reforma constitucional. Si el pleno aprueba el dictamen, sin duda alguna habría lugar para promover una acción de inconstitucionalidad.
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La autonomía simulada del INEGI es preocupante por el campo de acción que abre para la vieja práctica de manipulación de las cifras económicas y sociales para favorecer al Gobierno en turno. Las deficiencias de la ley demuestran la ausencia de un compromiso sólido con la rendición de cuentas por parte de nuestros gobernantes. Éste es un mal augurio tanto para la reglamentación de los nuevos párrafos del artículo 6º constitucional como para la materialización de la Ley para la Reforma del Estado. Como siempre, únicamente una vigilancia ciudadana crítica asegurará que estas otras grandes iniciativas no terminen también en la simulación y la superficialidad.

Teje chino en 5 años una red de corrupción

Por Daniel Lizárraga - Proceso
22 julio 2007. APRO.

MÉXICO.- Durante más de cinco años, Zhenli Ye Gon forjó su emporio pacientemente y sin que las autoridades federales lo molestaran.
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Durante sus años de estancia en el País (2002-2007), este empresario chino supo tejer una red de corrupción en la que funcionarios del sector Salud del Gobierno foxista y de la nueva administración encabezada por Felipe Calderón le brindaron protección para que importara sin problemas alrededor de 80.5 toneladas de seudoefedrina.
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La mercancía, procedente de Asia, se introdujo legalmente, pues Ye Gon contaba con documentación en regla y con permisos otorgados por autoridades de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), dependiente de la Secretaría de Salud. Y su red de contactos se extendía al sistema aduanal y al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
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Los responsables de la Cofepris durante el sexenio foxista, justo en el auge de las importaciones permitidas a Ye Gon, fueron Ernesto Enríquez Rubio -quien dejó el cargo a principios de 2006 para incorporarse a la campaña presidencial de Roberto Madrazo y ahora funge como secretario de Administración del PRI- y su sucesor, el panista Juan Antonio García Villa, quien fue ratificado por Felipe Calderón. Fue durante sus gestiones que el empresario obtuvo los permisos para importar toneladas del precursor químico para la elaboración de drogas sintéticas.
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Ye Gon se movió siempre en el sigilo, y hasta antes de desaparecer de la escena pública en marzo pasado, él cultivó amistades -y protección- en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón para obtener licencias de importación en un periodo de seis días e introducir legalmente al País toneladas del precursor químico para fabricar metanfetaminas, según consta en 23 autorizaciones obtenidas por Proceso, algunas mediante la Ley Federal de Transparencia; otras provenientes de la auditoría abierta por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
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El 7 de enero de 2004, por ejemplo, Ye Gon solicitó un permiso para importar 11 mil kilogramos de sulfato de seudoefedrina. Cinco días después obtuvo la autorización IPQ004-2004 para recoger sus contenedores en el AICM.
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En 2005, la entrada excesiva de seudoefedrina por el AICM llamó la atención de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que de inmediato advirtió al Gobierno federal sobre la posibilidad de que bandas internacionales del narcotráfico estuvieran operando en México.
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Al año siguiente la JIFE entregó un segundo reporte al entonces Procurador General de la República, Rafael Marcelo de la Concha, y, de acuerdo con información obtenida por este reportero, hubo al menos tres encuentros en Los Pinos para discutir sobre las observaciones del organismo internacional.
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La representante de México ante el JIFE era María Elena Medina Mora, hermana de Eduardo Medina Mora, quien en aquellos años era director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y hoy es titular de la PGR en el Gobierno de Felipe Calderón.
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En 2006, el JIFE, cuyas recomendaciones son obligatorias para el Gobierno federal, estableció un tope máximo de 50 toneladas por año para la importación de seudoefedrina. No obstante, la empresa de Ye Gon, Unimed Pharm Chem México, introdujo al País un promedio de 20 toneladas anuales.

Un negocio pujante

A raíz de la primera alerta de la JIFE, la Cofepris emitió una circular sin fecha en la que explicaba: "La seudoefedrina entra en la composición de diversos medicamentos que se venden sin receta. En fechas recientes ha habido un notable desvío de la seudoefedrina para elaborar drogas, sobre todo pastillas, mejor conocidas como tachas", indicaron para luego imponer una serie de requisitos a fin de controlar el uso de esa sustancia.
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Pero Ye Gon seguía introduciendo seudoefedrina al País. Desde 2004 comenzó a triangular con varios laboratorios la importación de este precursor químico en pequeñas cantidades, según consta en dos autorizaciones de Cofepris obtenidas por Proceso.
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Durante el auge de las importaciones de seudoefedrina en México, Ye Gon nunca fue detenido ni investigado. La Cofepris realizó por lo menos tres revisiones a la empresa Unimed Pharm Chem -de las que este reportero también obtuvo copias- en las que no detectó ninguna irregularidad.
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Según los reportes de la Cofepris, de 2002 a 2006, la entrada y salida de las toneladas de las sustancias químicas para la elaboración de drogas sintéticas provenientes de China estuvieron perfectamente justificadas.
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Sin embargo, la pujanza empresarial de Ye Gong se desmadejó en unos cuantos meses. Apenas arrancado el Gobierno calderonista, agentes de la PGR interceptaron un cargamento ilegal con 19 toneladas de seudoefedrina en un barco atracado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Luego, el 15 de marzo pasado, elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) localizaron 205 millones de dólares en efectivo en una residencia de Ye Gon en la Ciudad de México.
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Descubierto el entramado de este empresario, tanto la PGR como la Secretaría de la Función Pública realizan indagatorias y auditorías para conocer cómo tejió su red Ye Gon, quien se encuentra prófugo desde el decomiso de los 205 millones de dólares.
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La semana pasada, El Noticiero de Televisa difundió escenas en las que se observa cuando, el 3 de febrero de 2003, el entonces Presidente Vicente Fox entregó personalmente a Ye Gon su carta de nacionalización en un evento público organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno federal no ha explicado sobre este hecho. Sólo el ex Canciller Jorge Castañeda, en entrevistas radiofónicas, declaró que es responsabilidad del Gobierno federal investigar a quienes solicitan la nacionalidad mexicana.

Permisos apócrifos


El descubrimiento de que Ye Gon obtenía permisos de importación apócrifos en la Cofepris es apenas la punta de un hilo que permite entrever una compleja red de corrupción al interior de esta dependencia.
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Hace tres semanas, mientras personal de la SFP realizaba una auditoría en las oficinas de la Comisión de Autorización Sanitaria (CAS), perteneciente a la Cofepris, detectó, al tomar por sorpresa las computadoras de algunos empleados, decenas de autorizaciones falsas. Hasta el vienes 20, el personal de la Función Pública, encabezada por Germán Martínez, uno de los colaboradores cercanos al Presidente Felipe Calderón, mantiene bajo custodia las computadoras.
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Estos permisos fueron entregados a diversas compañías entre 2003 y 2005, según las primeras revisiones. Hasta el momento, se sabe que al menos seis fueron expedidos a nombre de Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V., cuyo dueño es Ye Gon.
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Lo curioso en este caso es que entre las irregularidades detectadas destacan la omisión de siglas de la Cofepris, así como la falsificación de la firma de la gerente de área de esta Comisión, Laura González.
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De acuerdo con las pesquisas oficiales, plasmadas en el memorando interno 480/2005, uno de estos permisos, el I-81167, cuya solicitud data del 18 de abril de 2005 y fue autorizado el 3 de mayo de ese mismo año, en realidad fue entregado a Productos Roche, no a la firma de Ye Gon.
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Este permiso apócrifo presuntamente facilitó la entrada ilegal al País de 25 toneladas de Naproxen -un desinflamatorio- y de 20 toneladas de Enrofloxacina base, sustancia utilizada para combatir infecciones respiratorias y digestivas. Y Ye Gon continuó pidiendo permisos.
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El 12 de octubre de 2005, Unimed Pharm Chem México, S.A. de C.V. envió una carta a Silvia Hernández Rivera, directora general de Medicamentos y Tecnología para la Salud, en la que le solicitaba una "prórroga" para la importación de Dihidro estreptomicina, usada en medicamentos contra la diarrea; Enrofloxacina, sustancia empleada para atacar enfermedades respiratorias en cerdos y aves; Naproxen y Penicilina G.

Las alertas de la JIFE

En su informe de 2005, la JIFE incluyó la siguiente advertencia: "La incautación en Bélgica de 300 kilogramos de seudoefedrina en una remesa enviada desde la República Democrática del Congo, con destino a México, corrobora las sospechas de que redes internacionales de traficantes hayan estado operando en países de África, usándolos para la desviación de efedrina con miras a utilizarla para la fabricación ilícita de anfetamina en México".
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En esa época Ye Gon introdujo a México alrededor de 37.5 toneladas de seudoefedrina en siete cargamentos por dos rutas: una directa, con cuatro permisos de importación otorgados a su empresa instalada en el Estado de México desde 2001, y otra triangulada, pues compró el producto químico -en tres ocasiones consecutivas- a las compañías Degort's Chemical y Laboratorios Liomont.
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Hasta el momento sólo se sabe que Ye Gon utilizó la siguiente estrategia: primero obtuvo varios permisos legales a nombre de su compañía -Proceso tiene copias de nueve de ellos-, luego introdujo la seudoefedrina a México, pero a las autoridades reportó que nunca usó tales permisos.

Ligan a COFEPRIS con fármacos de Zhenli


Declaran empleados que intermediarios le pedían dinero al empresario.
EL NORTE / Staff
Cd. de México (21 julio 2007).- La Cofepris y la Sagarpa tenían conocimiento de que en las bodegas de Zhenli Ye Gon se guardaba pseudoefedrina, e incluso presuntos intermediarios de la primera dependencia son señalados de pedirle dinero al empresario para resolver sus problemas en los trámites de salubridad.
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Estela Ramírez Flores, quien laboró para Ye Gon, relató como testigo ante la PGR que desde el 11 de julio de 2005 -cuando entró a trabajar- nunca vio que Ye Gon importara derivados de pseudoefedrina; sin embargo, descubrió que en las bodegas había casi 9 toneladas y que la Secretaría de Salud lo sabía.
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"Nunca tuve conocimiento de que se importara, pero sí me di cuenta que en el almacén de la empresa había pseudoefedrina, tanto clorhidrato de pseudoefedrina en una cantidad de 8 toneladas y sulfato de pseudoefedrina en una cantidad de 860 kilos.
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"La Ssa tenía conocimiento, porque recuerdo que hubo una visita para hacer un balance, concluido éste el verificador indicó que la empresa Unimed Pharm Chem... tenía que solicitar una cita a la Cofepris, para que les dijeran qué tenían que hacer para poder vender este producto", indicó.
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Ramírez declaró, según la indagatoria PGR/SIEDO/UEIDCS/191/2006, que en 2005 la Sagarpa también envió un verificador a la bodega para inspeccionar las instalaciones y la documentación. Esa vez, añadió, el inspector inventarió la mercancía y levantó un acta de visita.
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Recordó que con su químico Bernardo Mercado acudieron a la Torre Monterrey para reunirse con Víctor Manuel Luna Villarreal, director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Cofepris. "Cuestionaban de una manera atenta al ingeniero Bernardo Mercado el por qué no se había hecho la venta de este producto o por qué no se reportó a la Ssa con anterioridad y esperó hasta que un verificador lo visitara", declaró.
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Mercado se justificó diciendo que Greta Spota Diericx, quien había sido subdirectora de esa misma área de Cofepris, antes le había asegurado que no podía vender esa pseudoefedrina, declaró Ramírez ante la PGR.
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Al final, Cofepris le remitió a Ye Gon dos clientes que le comprarían la mercancía: Laboratorios Unifarm, de Veracruz, y Offen Bach, en Naucalpan.
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Ramírez también declaró ante la PGR que Ye Gon era asesorado por una veracruzana de nombre Hortensia Arriaga, la doctora Patricia Gurrola y un doctor de apellido Domínguez, a quienes identifica como empleados de la Cofepris. Sin embargo, en los directorios del organismo no aparecen los nombres antes mencionados."Por lo general llegaban con Zhenli Ye Gon y pasaban a la sala de juntas sin que nadie más entrara a esa reunión, salvo que lo requirieran", testificó.
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En agosto de 2006, contó Ramírez, Arriaga visitó las oficinas de Ye Gon en el Centro Histórico y le exhibió un catálogo de productos para importar con el aval de Cofepris. Allí, es donde Ramírez recordó que le pidieron dinero a Ye Gon y ella se opuso, porque argumentó que iban a adquirir sustancias cuando estaba inconclusa la fábrica de Toluca y no sabían cuál maquinaria iban a usar para elaborar los fármacos.
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"Le comenté al señor Ye Gon que era preferible que esperara. Enseguida, la química Hortensia dijo que éstos -los requisitos-, no eran necesarios y, haciendo una seña con la mano en forma de dinero, dijo que se soluciona."
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Le advertí a Ye Gon que si daba dinero una vez, lo iba a tener que dar siempre y que si él quería llevar en orden su empresa, no debía aceptar", declaró ante la PGR.