Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.
Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.
Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.
En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.
En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.
Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.
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