jueves, julio 19, 2007

Santo patrono · Rocha


Enfrentamiento · Ahumada


Experto en la materia · Hernández


Experto en la materia · Hernández

La guerraguetza de Ulises · Rocha


La guerraguetza de Ulises · Rocha

El arzobispo primado "está contra la pared"


La Jornada, martes 17 de julio de 2007
ALMA E. MUÑOZ
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Joaquín Aguilar Méndez, víctima de abuso sexual por el sacerdote mexicano Nicolás Aguilar Rivera, confirmó que forma parte del grupo de 508 personas que serán indemnizadas por la arquidiócesis de Los Angeles, Estados Unidos, como parte de la reparación del daño.
Junto con él recibirá compensación Jon Doe 100, otro demandante del cardenal Norberto Rivera Carrera por encubrir al sacerdote de origen poblano.
Con ello, sostuvo Aguilar Méndez en entrevista, se refuerzan las denuncias civiles que fueron interpuestas contra el prelado mexicano y la diócesis de Tehuacán en septiembre y noviembre del año pasado, porque ya se admitió, subrayó, "la culpabilidad de Nicolás en los hechos cometidos contra nosotros y los 26 estadunidenses que en los años 80 y 90 fueron vejados por el clérigo".
Junto con Erick Barragán, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Sexuales de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés), adelantó que el arzobispo de Los Angeles, cardenal Roger Mahony, podría ser llamado a testificar contra Rivera Carrera, porque los afectados acordaron retirar los cargos contra el prelado de Estados Unidos, pues éste aceptó reparar el daño.
También informaron que con los recursos que les entregue la arquidiócesis de Los Angeles, abrirán en México una oficina de apoyo a personas que hayan sido abusadas sexualmente por sacerdotes.
En el encuentro, en un hotel de la ciudad de México, Aguilar y Barragán manifestaron lo que a su juicio significa que Mahony pidiera perdón y aceptara otorgar una indemnización a las personas que fueron atacadas sexualmente por Aguilar.
Por primera vez, sostuvo el representante de la SNAP, "veremos a un cardenal contrapuesto a otro, porque los abogados de Joaquín y Doe están listos para interrogar y llamar como testigo a Mahony, como parte del juicio contra Norberto Rivera y la diócesis de Tehuacán", a la que está adscrito el sacerdote pederasta.
Consideró que, con el giro que ha dado el caso, "Rivera Carrera se encuentra contra la pared, pues con su actuación la arquidiócesis de Los Angeles aceptó la conspiración internacional a la pederastia, que nosotros acusamos, sin importar que los hechos denunciados hayan ocurrido en México", señaló Aguilar.
-¿Por qué decidieron aceptar la indemnización?
-Porque Mahony puso como condición que todas las víctimas debían aceptar la reparación del daño, y concluí que esa acción ayudaba al juicio contra Norberto Rivera.
Aclaró que su abogado, Jeff Anderson, le pidió solicitar que se le indemnizara con la menor cantidad posible, porque "mi intención no es buscar dinero, sino que se haga justicia y se encarcele a los responsables".
Erick Barragán manifestó al respecto que las víctimas que padecieron menos abusos -como acoso y haber sido tocados una sola vez por religiosos- recibirán en promedio 50 mil dólares, y las que fueron violadas reiteradamente, durante muchos años, hasta 4 millones.
Ambos establecieron que Nicolás Aguilar no es el único sacerdote que aparece en la lista de pederastas. Hay 12 mexicanos más, entre ellos Wilebardo Castro y Fidencio Silva.

Vuelve la violencia a Oaxaca; se enfrentan appistas y policías




La Jornada, martes 17 de julio de 2007
La refriega deja 40 personas heridas de ambos bandos; dos fueron reportadas graves.
Se impide a manifestantes realizar la Guelaguetza Popular; varios vehículos fueron incendiados
OCTAVIO VELEZ ASCENCIO


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Oaxaca, Oax., 16 de julio. Durante más de tres horas, miembros y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) se enfrentaron con policías municipales y estatales; el violento choque dejó por lo menos 40 personas heridas de ambos bandos (15 de ellas agentes policiacos), dos de gravedad, y 60 detenidos.
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En la refriega, los appistas secuestraron seis autobuses del servicio urbano de pasaje, para utilizarlos como escudo, y posteriormente les prendieron fuego. Asimismo, cinco vehículos particulares y una pipa también fueron incendiados.
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La trifulca se originó cuando una manifestación de alrededor de 10 mil integrantes y seguidores de la APPO, junto con algunas delegaciones participantes de la Guelaguetza Popular, pretendían llegar al auditorio del cerro del Fortín.
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Los elementos policiacos que se encontraban en las inmediaciones del lugar les impidieron el paso y lanzaron gases lacrimógenos para intentar disolver la protesta. Por su parte, los manifestantes respondieron arrojando piedras y en ese momento dio inicio el enfrentamiento.
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Los simpatizantes de la Asamblea Popular salieron en marcha, tanto del zócalo como de la Plaza de la Danza, rumbo al auditorio del cerro del Fortín para solicitar a las autoridades estatales ingresar y realizar en ese sitio su presentación, ante el insuficiente espacio en la mencionada plaza, donde se había programado.
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Sin embargo, el contingente appista se detuvo a unos dos kilómetros del auditorio, en la calzada Héroes de Chapultepec, al toparse con un retén instalado por cientos de policías preventivos, auxiliares y municipales de Oaxaca de Juárez.
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Los inconformes integraron una comisión en la que se encontraba Alma Delia Santiago, secretaria técnica de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), para solicitar el paso a los policías, pero no hubo contestación de éstos.
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Otros marchistas requirieron lo mismo al coordinador general de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal, Aristeo López Martínez, mientras fotógrafos y camarógrafos de la corporación ''fichaban'' a los manifestantes, quienes reclamaron el hecho y en respuesta fueron golpeados con los escudos y toletes que portaban los demás agentes policiacos.
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Los integrantes y simpatizantes de la APPO respondieron lanzando botellas con agua y piedras, aunque uno de ellos, quien traía una rueda catarina (artefacto explosivo usado en las fiestas populares), la encendió y arrojó a los policías, quienes lanzaron gases lacrimógenos dando inicio a una trifulca que se extendió por varias calles.
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El choque alcanzó a un hotel de cuatro estrellas que recibió gases lacrimógenos y piedras lanzadas por los uniformados, porque supuestamente ahí se encontraban varios de los manifestantes. A unas cuantas calles de la Plaza de la Danza, donde finalmente se presentó la Guelaguetza Popular, también hubo refriega.
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Escudos
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Varios autobuses del servicio urbano de pasaje fueron secuestrados por seguidores de la APPO para utilizarlos como escudo ante la arremetida policial; después fueron incendiados. Además, a vehículos particulares y una pipa cargada con agua también les prendieron fuego.
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Un autotanque del Cuerpo de Bomberos que llegó a apagar las llamas en autobuses y demás vehículos también fue retenido por los manifestantes. Los seguidores de la APPO prendieron fuego a la bomba del vehículo y repelieron con chorros de agua el avance de los agentes de la policía.
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Durante el enfrentamiento, los uniformados agredieron a los fotógrafos Luis Cruz y Jorge Luis Plata, de los diarios Milenio y Reforma, respectivamente, así como a Carlos Román Velasco, del diario local Noticias.
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Asimismo fueron agredidos Humberto Cruz, conductor de un noticiero de radio local, y el reportero y el camarógrafo de Canal 9, propiedad del gobierno de Oaxaca, Roberto Velásquez y Abelardo García.
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Después de más de tres horas, los elementos policiacos avanzaron hacia los manifestantes dispersándolos por varias calles, aunque detuvieron a muchos, entre éstos profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Hombres vestidos de civil a bordo de camionetas sin placas y motocicletas participaron también en las aprehensiones.
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Los detenidos fueron golpeados, vendados de los ojos, se les cortó el cabello y después fueron trasladados a diferentes penales. Al menos dos personas resultaron heridas de gravedad y debieron ser internadas en hospitales: Emeterio Merino Cruz y Raymundo Torres Velasco, simpatizantes de la Asamblea Popular; el segundo presenta estallamiento de vísceras y fracturas múltiples en el cráneo.
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En un comunicado, el gobierno estatal informó que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público del fuero común, acusados de daños, lesiones, robo específico y ataques a las vías generales de comunicación, ''más los que resulten''.
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El portavoz de la APPO, Florentino López Martínez, culpó de la violencia al gobernador Ulises Ruiz Ortiz, porque, dijo, la manifestación ''fue totalmente pacífica''.
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También responsabilizó al presidente Felipe Calderón por la participación del Ejército, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación en el llamado operativo Guelaguetza 2007.
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Dijo que la marcha hacia el auditorio del cerro del Fortín se realizó sólo ''para evidenciar el estado de sitio y de represión'' en Oaxaca, ''no para tomar'' el mencionado espacio.
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Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Sergio Segreste Ríos, atribuyó el inicio del enfrentamiento a la APPO. ''Estábamos conteniéndolos (a los manifestantes) cuando hubo una agresión directa hacia nosotros y tuvimos que repelerla'', señaló.
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Mencionó que la policía no permitió el paso a los appistas al Fortín para presentar la Guelaguetza Popular, ''por no estar autorizado el uso a ningún grupo''.
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A su vez, el secretario de Organización de la sección 22 del SNTE, Ezequiel Rosales, condenó lo sucedido y se deslindó de los ''actos porriles de provocadores para generar corrientes adversas al movimiento''.
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A pesar de ello, el dirigente subrayó que el movimiento magisterial y popular realizará concentraciones masivas los próximos 21, 22 y 23 de julio, así como los días 28, 29 y 30, para boicotear la Guelaguetza organizada por la administración estatal. Por la noche, elementos del Ejército y policías federales y estatales comenzaron un patrullaje por las calles de la capital oaxaqueña.
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Empresarios del sector turístico de Oaxaca pidieron a las autoridades la aplicación de la ley en contra de quienes intentaron ingresar al Auditorio Guelaguetza. En conferencia de prensa, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Sergio Bello, dijo que el enfrentamiento significa ''un tiro de gracia" en contra del sector turístico de la entidad.

miércoles, julio 18, 2007

Oaxaca, conflicto vivo


La Jornada,martes 17 de julio de 2007
Editorial.
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Los enfrentamientos que tuvieron lugar ayer en la capital oaxaqueña entre elementos de la policía estatal y simpatizantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que pretendían ingresar al Auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín, son prueba fehaciente de que el conflicto político-social de la entidad está vigente y dista mucho de haber sido "resuelto", como ha afirmado en numerosas ocasiones el gobernador Ulises Ruiz Ortiz y como pretende aparentar, por omisión y con su silencio, el gobierno federal.
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Desde hace más de un año, las autoridades estatales y federales apostaron al desgaste de los inconformes, primero, y a la represión violenta, después, para acabar con la inconformidad en Oaxaca. El gobierno de la entidad ensayó incluso tácticas cercanas a la guerra sucia, como el asesinato de más de una decena de militantes y simpatizantes de la APPO.
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La presidencia foxista hizo otro tanto y llenó las cárceles con presos que bien pueden ser calificados de políticos, y las fuerzas federales enviadas a sofocar el descontento incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de los detenidos.
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El calderonismo se estrenó enviando a prisiones de máxima seguridad a dirigentes de la organización popular. Tras esas "soluciones" a sangre y fuego las protestas amainaron y los gobernantes dieron por concluido el episodio.
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Sin embargo, Oaxaca sigue recorrida por la exasperación, y las medidas represivas no han cesado. Por el contrario, en semanas recientes se ha llegado al extremo de las desapariciones forzosas, práctica que representa una regresión de tres décadas y que introduce un factor que pone la legalidad entre paréntesis y que descompone severamente la relación entre gobernantes y gobernados.
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En tanto, las causas del conflicto oaxaqueño siguen intactas: marginación, pobreza, falta de democracia política y sindical, corrupción y cacicazgos. Lejos de afrontar estos problemas, los gobernantes persisten en agraviar a un amplio sector de la sociedad oaxaqueña haciendo como si no hubiera pasado nada, como si la insurrección civil de la APPO no hubiese ocurrido nunca, como si no hubiera homicidios y otros delitos graves pendientes de investigar y sancionar, como si los problemas de fondo hubiesen sido atendidos.
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Gobernar significa atender y resolver problemas, no aplastarlos con la fuerza del Estado para aparentar que han desaparecido. Si los gobiernos local y federal continúan actuando de esa manera, ahondarán irreparablemente la ruptura entre el México cupular y el real, en el que proliferan los descontentos políticos, sociales y económicos. Oaxaca es un ejemplo incontestable de esa ruptura: mientras que el discurso oficial habla de una entidad en armonía, paz y prosperidad, los sucesos de ayer refieren, en cambio, una sociedad polarizada y la persistencia de una situación explosiva.
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A raíz de la crisis de legitimidad que arrastra de origen, el calderonismo ha refrendado alianzas con personajes que han tenido un papel preponderante en la gestación del conflicto oaxaqueño, como Elba Esther Gordillo, recientemente consagrada como dirigente vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y el propio Ruiz Ortiz, con quien el Ejecutivo federal parece haber intercambiado respaldos: impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en la entidad y permanencia del gobernador en el cargo a cambio de reconocimiento político a una Presidencia impugnada.
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Por último, la participación del Ejército en el cerco al Auditorio Guelaguetza es por demás preocupante, en la medida en que indica una utilización de las fuerzas armadas ya no sólo en funciones de policía, sino también en tareas propias de cuerpos antimotines, es decir, para reprimir movimientos sociales. Resulta imperativo que el gobierno federal cambie de táctica, deje de criminalizar la protesta política y social, libere a los detenidos de la APPO, aplique sus promesas -hasta ahora cuestionables- de compromiso con la legalidad y empiece por sancionar a los funcionarios públicos que han cometido atropellos contra los opositores oaxaqueños.

martes, julio 17, 2007

Represión y hostigamiento

El Correo Ilustrado.
La Jornada, 16 julio 2007.
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La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y Eureka recibimos una denuncia en la cual los maestros del Frente Popular Revolucionario (FPR) muestran su preocupación por los secuestros del maestro Roberto Aparicio Romero, Faustino Hernández Meza, y las presuntas ordenes de aprehensión sobre Bertin Reyes Ramos, y Germán Mendoza Nube, compañeros a los cuales en los interrogatorios los agentes insistían en vincularlos con EPR; los dos primeros fueron recientemente liberados y nos manifestaron su temor de ser nuevamente secuestrados. Por esta razón trascribimos una parte textual del informe que nos enviaron los maestros, porque nos parece que es importante que la ciudadanía lo conozca: "Se les practicó a ambos examen químico sin información y sin su consentimiento, y salieron limpios, lo cual no se asentó en el lugar que se firmó. El 11 de julio se llevó a acabo un cateo en sus domicilios, llevándose fotografías, materiales de la Ley del ISSSTE, cedés y videos, los cuales fueron seleccionados por los miembros de la AFI.
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"En el domicilio del compañero Aparicio, se encontraba su familia: su esposa les dio acceso a su hogar en el cual estando sus hijos, amenazaron diciendo: si encontramos pólvora nos los llevamos a todos."
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Por ello, Eureka denunciará en organismos nacionales e internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos etcétera, los casos de persecución, secuestro, tortura y desaparición forzada, como lo hemos hecho a lo largo de 30 años, y responsabilizamos al actual gobierno de las violaciones a la Constitución que sufran los mencionados compañeros y las organizaciones sociales en lucha.
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Eureka: Rosario Ibarra, Claudia, Rosario y Carlos Piedra, Celia Piedra, Leticia Tecla, Jennifer Sánchez, David Sánchez, Matilde González, Daniel Rodríguez, Inti Martínez, Laura Gaytán, Sara Hernández, Tania Ramírez y Pavel Ramírez, Luz Henestrosa, Luz Morales, Concepción Avila, Priscila Chávez, Juan Macías, Mario Cartagena, Acela Ocaña, Hilda Soyano, Ofelia Maldonado, Elisa Gutiérrez, Georgina Tecla, Anabel Mañón.

LA REPRESIÓN COMO POLÍTICA.

El Norte, 16 julio 2007.
Ximena Peredo.
Aunque la lógica neoliberal indique lo contrario, hay cosas que no son negociables. Los gobiernos holgazanes tocan a nuestra puerta con sonrisa de vendedor ofreciendo seguridad pública a cambio de que cedamos en las garantías individuales.
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Lo peor es que ya han caído varios en sus redes que aplauden la propuesta, depositan en ellos los derechos que han costado sangre conquistar y los despiden como héroes. La pregunta más difícil no es qué les pasa a los gobiernos, sino qué les pasa a los ciudadanos.
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De las autoridades no me extraña nada el abuso, la mayoría de ellas están paradas ahí por un juego de grillas injustificables. Son "animales políticos", algunos de ellos depredadores políticos. Hacen mal su trabajo desde siempre, por eso ya no distinguen entre nobleza y bajeza.
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Del lado de la ciudadanía, se extraña la dignidad de quien no permite que se le confisquen sus derechos. Duele la ingenuidad y el pragmatismo con el que tantos ciudadanos han caído creyendo que es la única manera de eliminar la inseguridad de nuestros barrios y ciudades.
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No es así. Los gobiernos nos están chantajeando, ellos dicen que necesitan "el toque de queda", "la operación mochila" y "el antidoping en escuelas" para que puedan protegernos. Justifican el abuso sobre niñas, niños y jóvenes so pretexto de seguridad.
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El argumento es aberrante. ¿Cómo puede el propio Gobierno trasgredir la Constitución y varios acuerdos internacionales? Los derechos humanos no son materia que se negocie. El Gobierno que así lo entienda es represor y la sociedad que así lo acepte es una sociedad, finalmente, reprimida.
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Es un asunto de primera importancia combatir al crimen organizado, sin duda; pero, ¿por qué, si el objetivo son los criminales, se castiga a los niños y a los adolescentes, las víctimas más evidentes del narcotráfico?, ¿por qué los niños tienen que sentirse en sus escuelas sitiados y bajo investigación policiaca?, ¿no deberían sentirse así los traficantes ilegales?, ¿por qué los chavos son aprehendidos si se les encuentra caminando por su ciudad en la noche sin cometer delito alguno?, ¿no deberían de ser aprehendidos los delincuentes?
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El Gobierno castiga a los ciudadanos porque no tiene a quién más castigar, ya sea por ineficiencia o por confabulación con los delincuentes. Ha sido superado por las mafias y no tiene suficientes policías que apuesten su vida al combate con el salario que ganan y viendo, en algunos casos, que sus propios jefes son mafiosos.
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En lugar de purificarse al interior y estudiar estrategias legales, decide posar su dedo acusador sobre los jóvenes pobres que no tienen dinero para entrar a un establecimiento en el Barrio Antiguo o en el "Centrito".
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Criminalizar a la pobreza es el típico síntoma del Gobierno que, en materia de seguridad, cree que rendir cuentas a la ciudadanía es aprehender a la gente que le parece delincuente. Lo que hacen en los barrios marginales al detener a personas inocentes es una doble injusticia. El Estado, en lugar de responder a las necesidades de los jóvenes en zonas marginales, los sorprende con un chicotazo. Muchos ciudadanos gritan hurras a la "heroica" policía municipal que, paradójicamente, está invitando a los chavos a no obedecer la Ley.
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El ciudadano que permite que se le arrebaten sus derechos, o que pasen por encima de los de alguien más sin alzar la voz, está procurando un Gobierno más inepto e ilegal. En cambio, la ciudadanía que reclame el respeto irrestricto a sus derechos, promueve mejores prácticas gubernamentales.
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Es mentira que al ceder en nuestros derechos o en los de nuestros hijos obtendremos paz social porque ésta emana, principalmente, del respeto irrestricto de los gobiernos a las garantías individuales.