sábado, marzo 28, 2009

Genaro García Luna

El titular espurio de Seguridad Pública, Genaro García Luna, molesto porque periodistas de televisión realizaban un reportaje sobre una residencia con valor de muchos millones de pesos que le construyen, ordenó a sus escoltas que detengan a los comunicadores / Los remitieron a la PGR y los investigan


* El mismo funcionario fecalista desmintió que se tratara un intento de plagio y confirmó que las dos personas detenidas son de los medios

MEXICO, D.F., 27 de marzo (APRO/AFP/APLA JORNADA/UNIVERSAL).- Una investigación periodística que realizaban reporteros de la televisora privada TVC, relacionada con el titular espurio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSP), Genaro García Luna, provocó hoy un revuelo internacional luego de que un diario subió a su portal electrónico la nota de un “fallido intento de secuestro” en contra de la esposa del funcionario y de su hija.

Además, consignó que los presuntos autores materiales del supuesto atentado habían sido detenidos y consignados. La información fue inmediatamente retomada por diarios y agencias nacionales e internacionales. AP la retomó íntegra y la retransmitió a sus abonados.
Desatado ya el escándalo y ante el hermetismo de las autoridades federales, el secretario de SSP tuvo que dar la cara. En entrevista en un noticiario, García Luna desmintió que se tratara un intento de plagio y confirmó que las dos personas detenidas eran “colegas de los medios” que “filmaban a mi hija”.

Añadió que ambas personas fueron remitidas a la Procuraduría General de la República y que se encontraban sujetas a investigación porque ya había un antecedente sobre un presunto atentado contra su esposa y su hija, en mayo de 2008.

El entrevistador habló luego con el jefe de información de TVC Noticias, Miguel Angel Camino, quien abonó a la confusión al asegurar que Jaime Torres San Lorenzo y Rosendo Alejandro Flores se encontraban incomunicados y un sitio no determinado aún.

Todo el revuelo comenzó pasado el mediodía.

En punto de las 12:35 horas, el diario subió a su página web una nota firmada por el reportero Carlos Avilés, en la que indicaba que escoltas de la familia García Luna frustraron un presunto atentado en contra de la esposa del funcionario y su hija, una menor de 10 años.

Añadió incluso que los escoltas detuvieron a dos personas que a bordo de un taxi seguían a la esposa e hija del funcionario y que traían consigo un croquis con la dirección del secretario.

Y mencionó que los dos sujetos detenidos fueron trasladados a la delegación metropolitana de la Procuraduría General de la República (PGR).

Minutos más tarde, a las 13:16 horas, otro subió a su página electrónica una nota, en la que aclaró que las dos personas detenidas por los escoltas de la esposa de García Luna eran reporteros de la televisora privada TVC que daban seguimiento a la información publicada por el semanario electrónico Reporte Índigo sobre la residencia que el secretario de Seguridad Pública del gobierno federal construye en Jardines de la Montaña, delegación Álvaro Obregón, con valor de 20 millones de pesos.

Decía el texto:
“En entrevista…, el jefe de información de TVC Noticias, Miguel Angel Camino, informó que a propósito de una investigación que llevó a cabo Reporte Indigo, en donde revela que el funcionario federal esta construyendo una casa en Jardines de la Montaña, delegación Tlalpan, con un valor 20 millones de pesos, por lo que instruyó a sus camarógrafos a darle seguimiento a la nota.
“Cuando están en Xochimilco ahí los detienen, ellos son Jaime de la Torre San Lorenzo y el asistente Rosendo Alejandro Flores Hernández, cuando les llamó les pido que me pasen al oficial a cargo, el cual se identifica como Javier González”, explicó.

Miguel Angel Camino aclaró que en ningún momento se trato de un intento de secuestro contra la esposa de García Luna “como dicen algunos medios” sólo se trata, dijo, “de un trabajo periodístico”.

Mauricio García García, coordinador de Noticias de TVC, ofreció más detalles: Dijo que los camarógrafos fueron enviados a realizar tomas de la casa del funcionario y que al llegar a dicho domicilio fueron detenidos.
Agregó que a pesar de que sus compañeros se identificaron e incuso llamaron por teléfono al jefe de Información, Miguel Angel Camino, para dar fe de lo que hacían en ese lugar, fueron trasladados a la delegación metropolitana de la PGR en el norte de la ciudad.

Aclarado el punto el primer diario corrigió la nota inicial y en su lugar subió la aclaración hecha por el directivo de la televisora TVC.

Lo único cierto de todo el escándalo fue el dato que le dio García Luna a su entrevistador en la radio en la entrevista que éste le hizo sobre el intento de secuestro que sufrieron su esposa y su hija, el 29 de mayo del 2008.

Según refirió el funcionario, en ese entonces el equipo de seguridad que acompaña a su esposa se percató de que varios sujetos armados bajaron de un taxi y se introdujeron al gimnasio donde suele acudir su mujer y los detuvieron.

Añadió que el taxi se estacionó en una de las salidas del centro deportivo y que cuando salió su esposa la siguieron, el conductor la siguió, por lo que también fue arrestado.
García Luna aportó otro dato: que uno de las personas detenidas forma parte de una organización dedicada al narcotráfico y que el jefe de esta organización está prófugo.

Lo malo de todo el escándalo, dijo, es que “se hizo pública la dirección de mi domicilio y los narcos deben estar felices”.

Advirtió, sin embargo, que no lo van a intimidar. “Este hecho no va a hacer que me repliegue. Por el contrario, seguiré adelante combatiendo al crimen organizado”, dijo.

Así, dos periodistas fueron detenidos este viernes cuando “filmaban” a una hija del Ministro de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, quien posteriormente reveló que su familia había sido víctima de un intento de atentado en el 2008.

Los detenidos eran camarógrafos de la televisión de pago TVC Noticias que investigaban la construcción de una vivienda de alto costo del secretario ilegítimo, según declaró Miguel Angel Camin, jefe de información de TVC.

García Luna reveló el viernes que a mediados del 2008 sus escoltas frustraron un plan para atentar contra su esposa e hija en la Ciudad de México.

Así, “confundidos” con sicarios, dos camarógrafos de la empresa Televisión por Cable (TVC) y un taxista de la ciudad de México fueron detenidos por agentes federales que servían de escoltas a la esposa e hija del titular espurio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal, Genaro García Luna, y puestos a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).

García Luna aclaró las versiones sobre el supuesto atentado que iban a sufrir su esposa e hija esta mañana al llegar a su domicilio en el fraccionamiento Paseos del Sur, señalando que los dos sujetos detenidos en lo hechos son en realidad camarógrafos de la empresa Televisión por Cable (TVC).
NO IRSE CON LA FINTA, Javier Solórzano

El apagón "La hora del Planeta" arrancó en Australia


Australia abrió el sábado la "hora del Planeta", una campaña que promueve un apagón de una hora a las 20H30 locales de cada país para luchar contra el cambio climático, y que espera el respaldo de 1.000 millones de personas en todo el mundo.


La "hora del Planeta" comenzó oficialmente en Sídney poco después de las 09H30 GMT con un apagón espectacular.


La operación se desarrolla en cada país entre las 20h30 y las 21h30 locales, a iniciativa de la organización ecologista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés).


En 2008, unos 50 millones de personas en más de 35 países se sumaron a la campaña.


"Queremos que la gente se pregunte, aunque sea durante una hora, lo que puede hacer para reducir su emisión de carbono", declaró en Sídney el organizador de la operación, Andy Ridley. (AFP-NA)


La Alhambra se ha sumado a las 20.30 horas de hoy al apagón de una hora convocado en todo el mundo por la organización ecologista WWF/Adena para concienciar a los ciudadanos y gobiernos sobre el cambio climático.
En Granada , la iniciativa ha sido también secundada por el Parque de las Ciencias, único museo interactivo de Andalucía, y por los tres edificios municipales más emblemáticos de la ciudad, el de la plaza del Carmen, los Mondragones y las Hermanitas de los Pobres en Gran Capitán.
En la iniciativa, bautizada como "La hora del Planeta", participan casi 3.000 ciudades de 84 países, que han apagado la iluminación de sus principales monumentos para llamar la atención de los efectos del calentamiento global sobre el planeta.






La Alhambra a oscuras durante una hora, para sumarse a la campaña internacional contra el calentamiento global. /LUCÍA RIVAS




NUESTRO PLANETA REQUIERE DE UN DESCANSO

Y
HOY SE LO DAREMOS...

APAGA LAS LUCES HOY 28 DE MARZO
A LAS 20:30

NO CONSUMAS ENERGÍA

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EL D.F. ENTRE LAS 930 CIUDADES PRINCIPALES DE 80 PAISES DEL MUNDO, QUE PARTICIPARAN.


MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA HORA DEL PLANETA...

Logran el objetivo de acallar las voces de los defensores de derechos humanos. Esto es en Guerrero, donde el gobierno está en manos del PRD.

¿para eso le vamos a dar votos a este partido? para que en la práctica sea igual de antidemocrático y violento contra los desprotegidos que cualquier partido de derecha? No creo.


ONG: EN GUERRERO, NULA SEGURIDAD PARA LOS DEFENSORES DE GARANTÍAS INDIVIDUALES. CIERRA EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA TLACHINOLLAN

Gabriel León Zaragoza

La Jornada , 26 de marzo de 2009

Las agresiones en el país contra los defensores de derechos humanos se han intensificado en la actual administración. Por ejemplo, en lo que va del año en Guerrero dejaron de haber condiciones mínimas necesarias para que los activistas realicen sus labores, denunció más de un centenar de organizaciones nacionales e internacionales.


En conferencia de prensa precisaron que ante la ausencia de garantías mínimas ofrecidas por autoridades del gobierno guerrerense para que los defensores realicen sus actividades sin ser intimidados ni agredidos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan decidió cerrar sus instalaciones. Es la primera vez, afirmaron, que ocurre esta situación en el país.


Informaron que en las semanas recientes han ocurrido amenazas de muerte, persecución y llamadas intimidatorias contra miembros de organizaciones no gubernamentales y familiares de los defensores que fueron ejecutados, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, cuyos asesinatos permanecen en la impunidad.


Precisaron que a partir de esas ejecuciones, los actos de intimidación, persecución y amenazas se han intensificado en la entidad, al grado de que el pasado martes 17 y viernes 20 de este mes la presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), Obtilia Eugenio, recibió mensajes anónimos de amenazas de muerte a causa de su labor como defensora.


“Contundentemente le hacen saber que ella podría ser la siguiente en ser desaparecida, torturada y ejecutada, como sucedió con otros dirigentes”, denunciaron redes, comisiones, institutos, comités, fundaciones y frentes, entre otros organismos defensores de derechos humanos.


Sostuvieron que la situación en Guerrero ha llegado a tal grado que Amnistía Internacional (AI) y Human Rights se sumaron al llamado, además de que AI y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas preparan por separado informes de investigación sobre la situación de los defensores del país.


Precisaron que ayer entregaron a la embajada de Estados Unidos en México un informe de la situación de los derechos humanos en el país, el cual buscan que lo reciba la secretaria de Estado, Hillary Clinton.


Esto, aclaró Darío Ramírez, director de Artículo 19, “en aras de que toda la agenda de seguridad que se va a tocar con el gobierno mexicano se aborde el tema de los defensores”.

El cerco gubernamental contra los defensores de derechos humanos

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

23 de marzo de 2009

En la medida en que los ciudadanos y ciudadanas nos involucramos y comprometemos en la promoción, la defensa y el disfrute de los derechos humanos de la población más desprotegida del estado, en esa medida los defensores y defensoras, empezamos a experimentar la animadversión y el golpeteo de las autoridades que no están dispuestas a cumplir con su responsabilidad primordial de proteger y hacer efectivos los derechos humanos. Esta actitud hostil se expresa en la desatención a nuestros planteamientos, en ignorar nuestro trabajo, descalificarnos y criminalizarnos.

La mayoría de las autoridades estatales y municipales actúan con prepotencia y con un sentimiento revanchista ante los planteamientos que hacemos en torno a casos de violaciones a derechos humanos. Piensan en automático que nuestras intervenciones, están motivadas por intereses partidistas. No conciben que nuestro trabajo esté inspirado en una causa universal que está más allá de interese económicos y políticos, por el contrario se nos denigra y se forjan concepciones erróneas sobre lo que hacemos, como el hecho de catalogarnos como defensores de delincuentes, como lucradores sociales, protectores de la delincuencia organizada y como parapetos de organizaciones guerrilleras. Todos estas visiones se construyen dentro de las esferas de un poder omnímodo e impune, que no tolera el trabajo de los defensores de derechos humanos y mucho menos acepta que las organizaciones civiles hagamos públicas sus actuaciones ilegales y que actúen con transparencia y honestidad.

Este trabajo a pesar des estar respaldado por la ONU, es una actividad de alto riesgo en nuestro país y en nuestro estado. La crispación política que vivimos, el ambiente de inseguridad, la narcoviolencia y la militarización, son indicadores alarmantes de un retorno a la época más oscura y siniestra que se tienen memoria, como la guerra sucia. Más allá de las formalidades y los discursos plagados de verborrea democrática, la realidad es que la alternancia política no ha significado una transformación de las estructuras gansteriles del poder, mucho menos un desmantelamiento del autoritarismo político y de todo su aparato represor.

La libertad económica promovida por el neoliberalismo, es la libertad que restringe los derechos y las libertades ciudadanas. La libertad económica requiere leyes que protejan los grandes intereses financieros y de una clase política dócil y alineada al paradigma del libre mercado. Lo más importante para este modelo político es contar con un aparato represivo que contenga el malestar de la sociedad.

La falta de legitimidad de las autoridades y sobretodo la implantación de políticas públicas contrarias a los intereses de la población mayoritariamente pobre, nos ha colocado en una situación de confrontación permanente, por la lucha de intereses de clase antagónicos, que hacen imposible la solución pacifica de los conflictos, debido a que las ambicione del gran capital nunca van a coincidir con las aspiraciones legitimas de la clase trabajadora. En este contexto donde la tendencia unipolar del sistema neoliberal quiere seguir dominando y sometiendo a las mayorías empobrecidas, hacen inviables los principios democráticos de justicia, igualdad, equidad, libertad y solidaridad entre todos los pueblos.

Ante la imposibilidad de cumplir con estas demandas, los gobiernos han recurrido al uso del ejército mexicano para que puedan suplantarlos ante la debilidad política de las autoridades civiles. Esta situación permite que tanto el ejército como las fuerzas policiacas vuelvan por sus fueros para imponer la ley del terror, como sucedió en la guerra sucia, una época que muchos creíamos difícil de reeditar en tiempos de la derecha empresarial.

Los autores de la represión al quedar impunes vuelven a recobrar fuerza y a levantar vuelo para continuar con sus tareas clandestinas de hacer el trabajo sucio contra los que luchan por la transformación de las instituciones.

A Los ciudadanos nos toca padecer las formas de cómo ejercen el poder las autoridades y soportar a una burocracia que se ha enquistado dentro de instituciones obsoletas. ¿Qué institución pública se hace eco del sentir ciudadano y es capaz de atender y resolver sus demandas legitimas? ¿Hay alguna institución gubernamental que experimente que la ciudadanía esté dispuesta a defenderla porque sabe que vela por sus intereses? ¿Qué dependencia pública puede ufanarse de que cuenta con el respaldo y la confianza de la población?

El desencanto ciudadano radica en la traición que la clase gobernante le propinó al movimiento social que lo cooptó, lo dividió y lo intenta someter y desmantelar. La nueva muralla de la nueva clase política en estos tiempos de crisis, también le ha sabido abrir las puertas a la delincuencia de cuello blanco y a todas las manifestaciones del crimen organizado, que alimenta los negocios de la economía criminal. Estas fuerzas oscuras son parte orgánica de un sistema político que lucra con el tema de la transición política y vive de las rentas que le deja la corrupción y la impunidad. En esta telaraña de intereses inconfesables donde se desdibujan los grandes anhelos de la sociedad que se organiza desde abajo, los luchadores sociales o los defensores y defensoras de derechos humanos, apareceremos como disruptores del status quo y como actores incómodos para los mercenarios de la política.

En la región de Ayutla se expresa con mayor nitidez la estrategia gubernamental de amenazar, perseguir, torturar, detener, desaparecer y ejecutar a defensores indígenas, que en medio de su pobreza han sabido organizarse para defender sus derechos. Son ellos los que aparecen en la línea de fuego, los que han sufrido torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales como las de El Charco y las de Raúl Lucas y Manuel Ponce, violaciones sexuales como las de Inés y Valentina; esterilizaciones forzadas; también sufren amenazas de muerte como las que enfrenta desde hace seis años Obtilia Eugenio Manuel y Cuauhtémoc Ramírez; son víctimas de la fabricación de delitos, como los casos de Orlando Manzanares, Natalio Ortega, Romualdo Santiago, Manuel Cruz y Raúl Hernández, los cinco presos de conciencia de la OPIM, que el pasado 19 de marzo, 4 de ellos alcanzaron su libertad.

La libertad de los 4 Me phaa es una conquista más del movimiento de los derechos humanos en Guerrero, pero por desgracia esto ha generado reacciones contrarias en el mismo gobierno del estado a través de la Procuraduría de Justica, al seguir enviando mensajes amenazantes de que no cejará en su intención de criminalizar a los indígenas que fueron declarados inocentes. Coincidentemente los grupos de poder en la región de Ayutla que se encargaron de fabricar estos delitos, volvieron a reactivar sus métodos delincuenciales, difundiendo en la comunidad de El Camalote, que la libertad de los cuatro compañeros la pagaran con su vida. A la compañera Obtilia le volvieron a enviar varios mensajes a su celular para recordarle que en cualquier momento le va a pasar algo, como sucedió con Raúl y Manuel.

Este ambiente hostil contra los defensores y defensoras de derechos humanos es propiciado por las mismas autoridades estatales y municipales que no reconocen y más bien criminalizan y atacan todos nuestros esfuerzos para que la justicia sea una realidad en la Montaña de los olvidados. Las visiones reduccionistas y cargadas de animadversión de la clase política y los cuerpos de seguridad, así como la indiferencia, la falta investigaciones sobre las amenazas a defensores son mensajes claros desde las altas esferas del poder de no reconocer y respetar nuestro trabajo como defensores.

En Guerrero vemos cómo las autoridades se colocan en la trinchera contraria de los defensores de derechos humanos y se empeñan en denostarnos desde diferentes frentes para acallar nuestras voces, para contener por la fuerza nuestras luchas y por ende, para que claudiquemos por la causa de los derechos de los indígenas y campesinos. En estas circunstancias difíciles vemos muy lejos a las autoridades para que asuman con gran responsabilidad su compromiso de garantizar la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos. Falta voluntad política para desmantelar todo el tinglado de intereses políticos y económicos oscuros que prefieren hacer la guerra los indígenas en lugar de que llegue la justicie y la paz donde reina la muerte, la violencia, la pobreza y la impunidad.
Nueva casa de Genaro García Luna, de Reporte Índigo

Policía municipal desaloja predio en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas


Testimonios indican que la policía municipal actuó coordinadamente con civiles agresores


El día de hoy, 26 de marzo de 2009, alrededor de las 9:30 horas, se realizó un desalojo violento en las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a un costado del mercado municipal José Castillo Tiellmans, en la zona norte de San Cristóbal de Las Casas.

El lunes 9 de marzo, aproximadamente 6 hectáreas de las instalaciones de la CDI, fueron tomadas por integrantes del Consejo de Representantes Indígenas de los Altos de Chiapas (CRIACH). El pasado 24 de este mes fue detenido Domingo López Ángel, quien es miembro histórico de esta organización y que ha sido perseguido por la actual administración municipal. Quien el año pasado había sido detenido y liberado posteriormente.

Según versión oficial, Mariano Díaz Ochoa, Presidente Municipal de esta localidad, el día de ayer dio la orden para que 80 elementos de la policía municipal y trabajadores de obras públicas realizaran el desalojo ya que era una “petición de los ciudadanos sancristobalenses”.

Los testigos dicen que los policías municipales acordonaron el lugar, mientras que civiles, sacaron a las personas de las casas improvisadas y comenzaron la destrucción de las viviendas. Según testimonios entre los civiles se encontraban personas integrantes de las RAP: “llevaban gasolina, echaron fuego a las casas, a las chozas, los de la RAP venían armados con machete y palo,nosotros nada”. Durante el intento de desalojo, hubo varias personas lesionadas a causa de piedras, palos y gases lacrimógenos. “En el operativo los elementos de la policía municipal estaban revueltos con gente que andaba vestida de civiles (...) cargaban machete... Los gases lacrimógenos afectaron a las mujeres, niñas y niños que se encontraban en el lugar. No solamente quemaron las casas también, robaron las cosas, grabadora, televisor, dinero? Según testimonios refieren que se tenía una mesa de diálogo con funcionarios del gobierno de estado y este fue vulnerado a partir del operativo policiaco. Con este tipo de actos las autoridades municipales están provocando mayor conflictividad social y encono entre organizaciones sociales. Es importante que los ciudadanos de San Cristóbal de Las Casas estén atentos y exijan al Presidente Municipal, en qué sustentó el desalojo, siendo que no tiene competencia para hacerlo, ya que no es una autoridad jurisdiccional.

El Ayuntamiento Municipal, presidido por Mariano Díaz Ochoa, se ha caracterizado por no buscar el dialogo con los grupos y organizaciones sociales en el municipio, provocando confrontación en la sociedad, criminalizando la acción social y realizando actos de discriminación.

Pedimos que las autoridades competentes, en particular el Congreso del Estado, investiguen eficaz e imparcialmente los hechos arriba mencionados, para que se deslinden las responsabilidades correspondientes y en todo caso se sancionen a los funcionarios municipales que ordenaron e intervinieron en este desalojo, particularmente la responsabilidad de Mariano Díaz Ochoa, Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas.

Para este Centro de Derechos Humanos, el uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, así como la participación de civiles en el operativo municipal, son violatorios a los derechos humanos.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México A 26 de Marzo de 2009

Área de Comunicación y Visibilidad de Cencos

EL TIMORATO SEÑOR CALDERÓN

Luis Linares Zapata, secretario de Desarrollo Económico y Ecología del gobierno legítimo de México

La Jornada, 25 de marzo de 2009

Desde el mero inicio del proceso entreguista de la banca mexicana, la decisión cupular de los fundamentalistas neoliberales fue cuestionada en dos de sus vertientes básicas. Una, la principal, porque era incongruente con la independencia y soberanía nacionales, ya que ponía al crucial sistema de pagos en manos foráneas. Las matrices tendrían la última palabra en el diseño de las políticas sin ocuparse de su encaje con las prioridades o la estrategia general del país (de haberla, claro está). La segunda razón apuntaba, sin duda, al ineficiente juego que la banca podría jugar respecto del financiamiento del desarrollo. La experiencia ha confirmado ambos supuestos en sus ángulos más negativos. Hoy se cuenta con una banca extranjera voraz y parasitaria protegida por los hacendistas que son, para estos fines expoliadores, sus mejores abogados. La regulación sólo es formulada en la forma de tibias plegarias para que moderen sus utilidades y cumplan sus compromisos con los usuarios y el país.

La crisis actual, y sus secuelas, han puesto de manifiesto la debilidad gubernamental para llevar a cabo sus tareas básicas. Son varios los sectores de la actividad económica que reflejan la incapacidad del señor Calderón y sus auxiliares para responder a los intereses generales. Él, y sus ayudantes, sólo atienden los de sus protectores y mandantes que son, para estos cruciales motivos, los integrantes de la elite decisoria: esa plutocracia que ha incautado, para su deleite, la mayoría de los recursos nacionales. A esta circunstancia, por demás penosa, el señor Calderón añade sus timoratas respuestas a ciertos desplantes del imperio. La decisión del Congreso estadunidense de cerrar las fronteras al tránsito de los camiones de carga de origen mexicano es un ejemplo señero de la incapacidad oficial para salir, con la energía requerida, en defensa de esas empresas transportadoras locales que han sido afectadas por años.

La elevación de los aranceles decretada desde la insignificante oficina del secretario de Economía no es el antídoto que puede doblegar al infractor. Trabajo les ha debido tomar seleccionar aquellos productos de importación que pueden ser castigados sin afectar seriamente al consumidor interno, ante la imposibilidad de ser sustituidos por los productos o servicios propios. Largos años empleados en desmantelar, con persistente coherencia, la fábrica nacional, da sus frutos ineludibles. Mientras, y después de los tímidos pasos ensayados con los aranceles, los camiones estadunidenses siguen, tan campantes, pasando la frontera y subcontratando a los locales. Han relegado a las compañías mexicanas al papel, poco digno, de segundones alquilados. Idéntica situación se observa con las empresas constructoras locales respecto de las extranjeras que ganan los grandes concursos de obras públicas. Los nativos terminan, en numerosos casos, de capataces para el control del personal ocupado o para tramitar los pequeños detalles de las normas que han sido contrariadas.

La intervención de las autoridades hacendarias, ahora en su triste papel de oráculos de la ley que regula el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la actividad bancaria, ha sido de una pobreza jurídica que raya en la complicidad más abyecta con el infractor, en este caso con el gobierno estadunidense por su intervención en el capital de Citicorp, la matriz de Banamex. El malabarismo discursivo del secretario Carstens ha sido torpe y vergonzoso. En lugar de aprovechar la ocasión para empezar a corregir el error de la interesada entrega ejecutada por su antecesor, despliega sus pocas dotes de jurista para acomodarse con los poderosos en turno. Según su postura, se permitirá a Washington incumplir la ley por unos tres o seis años y, de persistir la transgresión, pues que alguien más la corrija porque él ya estará instalado en alguna oficina del exterior donde recibirá el pago correspondiente por servicios prestados. Las controversias que se han anunciado por parte de PRD, Convergencia y PRI terminarán en las manos de una serie de ministros que, para estos menesteres del tráfico de influencias y la cortesanía con sus mentores, son tan hábiles como despreocupados del bienestar colectivo.

En el fondo de todos estos follones se halla la irreductible postura de la plutocracia que padece México por sostener el modelo de conducción económica seguido. Se rehúsa a moderar sus privilegios, aunque sea un tanto. No quiere retocar sus aristas más cortantes, menos aún su injusticia intrínseca. Se muestra insensible a los fenómenos inducidos por su aplicación, muchos de ellos intolerables para la sanidad y continuidad pacífica de la vida nacional. La caída esperada de la actividad económica será mucho más drástica que la reconocida por el oficialismo. Los agujeros que la ejecución del modelo ha ido dejando en el aparato productivo y en el cuerpo social de la República se hacen más notables a medida que se avanza en la parálisis mundial del crédito y el consumo. Además, la administración del señor Calderón todavía no ajusta o aclara sus disonancias ideológicas y programáticas con las políticas y acciones introducidas por el señor Obama.

Con el paso de los días su desgobierno se torna, además, incómodo y poco funcional para sus mismos patrones internos que le lanzan reclamos y desprecios por doquier. Una posición de suma debilidad que la batalla contra el narco poco puede paliar. La falta de una visión de futuro que guíe las actividades gubernamentales agrava la situación imperante y rebela la pequeñez de miras y equipamiento conceptual del ensamble panista que se encaramó, ilegalmente, en el Ejecutivo federal.

viernes, marzo 27, 2009


Programa radio Carmen Aristegui 26 marzo


Preparan controversia constitucional contra Hacienda.

Por Jessika Becerra.

El Norte, 26-Mar-2009

MÉXICO.- Mientras la Secretaría de Hacienda presentará la iniciativa para "reafirmar" la rectoría del Estado en el caso del rescate de Citi y el impacto en su filial Banamex, los diputados presentarán una controversia constitucional porque sostienen que el salvamento viola la Ley de Instituciones de Crédito.

Los diputados de la Comisión de Hacienda insistieron en que existe una violación a la ley al permitir que Banamex siga como filial de Citi, luego de que el procurador fiscal Javier Lainez, expuso las razones de Hacienda sobre el caso.

"Ignoran lo que ocurre; lo que plantean va más allá de lo absurdo, quieren buscarles las 'chichis' a las culebras", acusó el diputado del Partido Revolucionario Demócrata (PRD), Juan Guerra en una Reunión de Trabajo de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con autoridades financieras.

La acusación que fue respaldada por el diputado priista José Murat, surgió luego de que el procurador fiscal reconoció que las normas actuales de las instituciones financieras no prevén casos concretos ni particularidades de las matrices de banco que impactan de manera indirecta a las filiales.

"No está prevista esta situación para el régimen de filiales, por lo tanto no hay sanción y las leyes actuales aplican para situaciones en las que hay una participación directa y no indirecta", sostuvo.

"El problema es concreto; hay una crisis financiera; hay instituciones que tienen un problema y los gobiernos deciden rescatarlas. Por eso la Secretaría de Hacienda ha establecido un periodo para revisar la situación de Banamex", dijo.

Defendió que hasta ahora la filial de Citi en México no presenta cambios accionarios ni en su estructura de capital.

Sin embargo, el diputado Murat expuso que hay una violación al artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Por su parte, Antonio Soto, diputado del PRD, agregó que es muy claro que se está violando la Ley, ya que la misma propuesta de Hacienda intenta reafirmar la rectoría del Estado.

La delación

Luis Javier Garrido

El proyecto de Washington de controlar de manera cada vez más abierta el territorio mexicano ha dado un paso adelante tras la visita de la secretaria de Estado Hillary Clinton (25-26 de marzo), y el anuncio de la apertura en México de una oficina mixta de agentes estadunidenses y mexicanos en el marco de la supuesta “guerra contra el narco”.

1. La Constitución mexicana no autoriza al Ejecutivo federal, aun sea de facto, a ceder facultades del gobierno federal a los particulares, ni mucho menos a gobiernos extranjeros, y eso es precisamente lo que Felipe Calderón está haciendo desde la silla presidencial en la que se encumbró ilegalmente: entregar facultades del gobierno mexicano al de Estados Unidos, al aceptar que Washington investigue, ahora ya de manera abierta, los delitos cometidos por mexicanos en territorio mexicano, y no sólo eso, sino que aplique la supuesta legalidad estadunidense.

2. La situación escandalosa que está viviendo el país con un gobierno fallido, que se halla en un absoluto plan entreguista con tal de sobrevivir, y que para ello ha aceptado crear artificialmente un escenario de violencia generalizada para justificar la intervención extranjera, a cambio de que Washington lo mantenga en el poder, ha suscitado un repudio de los más diversos sectores que señalan lo burdo de la estratagema, harto conocida en América Latina. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, de visita en Jalapa, recordaba antier cómo la lucha contra los enervantes ha sido un ardid histórico de Washington para someter y controlar países (La Jornada, 26 de marzo).

3. El actual gobierno de Estados Unidos tiene el mismo doble discurso de siempre, pues mientras la señora Clinton prodigó durante dos días sonrisas a México, desde las diversas instancias del poder estadunidense se siguió descalificando a Calderón buscando someterlo cada vez más. La última partida de casi 13 millones de dólares a las fuerzas armadas mexicanas fue, según el Departamento de Defensa, a fin de mejorar su capacidad para liberar territorios (El Universal del 25 de marzo), ya que el narco mexicano no sólo amenaza la seguridad de Estados Unidos sino que pone en riesgo al propio gobierno de Calderón, como advirtió Janet Napolitano (secretaria de Seguridad Interior) al Congreso de su país (La Jornada, 26 de marzo). Y para subrayar la inseguridad de México se prohibió a funcionarios estadunidenses viajar ayer a una reunión en Tamaulipas.

4. La realidad de las cosas es que el gobierno de Barack Obama no tiene interés alguno en combatir al narcotráfico, como no lo tenían tampoco sus predecesores, pues mientras en México con el pretexto de combatir a los cárteles del transporte se ha instaurado en muchas regiones un escenario de violencia y de terror que ahonda la crisis nacional, en Estados Unidos el escenario es muy distinto: los cárteles estadunidenses continúan siendo intocables, las estructuras financieras del narco no han sido ni siquiera cuestionadas, los negocios de la familia Bush siguen florecientes y, como muchos lo han señalado, Washington sigue auspiciando la siembra de enervantes en el territorio de Afganistán –que los talibanes habían prohibido– y en otras regiones del planeta bajo su control.

5. La escalada entreguista de Felipe Calderón ha ido a trompicones y se ha centrado en un intento de dotar al gobierno de facto que él pretende encabezar de instrumentos jurídicos cada vez más despóticos, como se lo exigen. Y así, tras buscar la posibilidad de allanamientos de domicilio sin mandamiento judicial, ahora quiere legalizar la entrega de reos mexicanos a Estados Unidos y dar al gobierno federal la facultad de confiscar arbitrariamente los bienes de los particulares sospechosos de ser malhabidos con la aberrante Ley de Extinción de Dominio, que está discutiendo el Legislativo, pretendiendo culminar estas políticas de abandono de la defensa de los intereses de la nación y de complicidad con una potencia extranjera al instalar una oficina compartida con agentes estadunidenses que fortalece la intervención.

6. La semana de entreguismo se había iniciado con el ofrecimiento de hasta 30 millones (de pesos devaluados), hecho el lunes 23 por el gobierno espurio, para quienes delaten a los líderes del narco, el cual supone de entrada que el gobierno panista es incapaz de cumplir con la función constitucional que tiene de investigar los delitos federales, y pretende que ésta la lleva a cabo la sociedad y se la comunique por la vía de la delación.

7. La invitación a la delación, cualesquiera que sean sus razones, es no sólo en el plano político una evidencia de la ineptitud de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades, sino que desde el punto de vista ético constituye una invitación a cometer uno de los actos más bajos que se pueda imaginar, por lo que el gobierno corrupto de Calderón al estar pidiendo a los mexicanos que se envilezcan denunciándose los unos a los otros, recurre a una práctica indigna –y ajena a nuestro sistema jurídico–, la que además ya ha fracasado en el pasado por la sencilla razón de que los posibles delatores de estos hechos ilícitos, por mucha protección que les ofrezca el gobierno, saben que podrían terminar también por ser ejecutados en represalia por su felonía.

8. El fracaso histórico en México de esta medida existente en el sistema estadunidense se debe no sólo a su carácter inmoral, descrito admirablemente en la novela de Liam O’Flaherty El Delator, llevada al cine por John Ford, con Victor McLaglen, en 1935, sino a su inviabilidad en el contexto de violencia generalizada impuesto por la absurda guerra gubernamental.

9. El actual desastre nacional se agrava sin embargo por un hecho. La venalidad del gobierno panista al ir entregando facultades que no ha sabido ejercer a poderes extranacionales, en una política de abierta traición a México, está siendo posible por la complicidad de la llamada clase política en su conjunto, y en particular de los integrantes del Senado de la República, que tiene la misión superior de fungir como un contrapeso al Ejecutivo en materia de política exterior, y que no está cumpliendo sus funciones.

10. Las políticas entreguistas actuales están en todo caso destinadas al fracaso, pero el daño que se ha hecho a la nación es ya irreparable.



Inés, violentada sexualmente por militares en Guerrero

No sé que más quiere el gobierno, solo pedimos justicia

Por Sandra Torres Pastrana/enviada

Ayutla de los Libres, Gro. (CIMAC).- A mí me violaron militares, el año pasado me mataron a mi hermano Lorenzo, integrante de la Organización de Pueblos indígenas Me´phaa (OPIM) y quién me apoyó en todo momento para hacer mi denuncia.

Además, el hermano que me queda, Ocotlán, está amenazado de muerte junto con mi esposo, dos de mis sobrinos miembros de la OPIM estuvieron en la cárcel injustamente. Vivo con miedo por mi hijos y por mí, no sé que más quiere el gobierno, nosotros lo único que hemos pedido es justicia.

Así resume Inés lo que ha sido su vida desde el 22 de marzo de 2002, cuando fue atacada sexualmente por militares en su casa, en Barranca Tecuani, comunidad en Ayutla de los libres, Guerrero. Su relato es conocido por Cimacnoticias a través de su traductora y presidenta de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, pues Inés solo habla Me´phaa.

Dice Inés que la impunidad que hay alrededor de cada una de las injusticias a las que han sometido a su familia y a otros miembros de la OPIM es porque al gobierno le enoja que ellos se organicen y porque su caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), porque las autoridades del país no me pudieron arreglar su problema.

El caso de Inés fue presentado ante la CIDH en junio de 2004, después de agotar las instancias de justicia nacionales, lo que se tradujo en un evidente estado de impunidad y falta de acceso a la justicia que prevalece en México. El 12 de octubre de 2007, compareció a una audiencia pública, junto con Valentina, otra indígena tlapaneca violada también por militares ese mismo año.

Inés asegura: “la justicia no existe para nosotros, nadie ha hecho algo para esclarecer el caso de mi hermano al que mataron el 10 de febrero del 2008, a pesar de tener huellas de tortura y ser hallado en la cabecera municipal de Ayutla, no hay seguridad para la gente que se organiza, no hay gobierno que pueda solucionar los problemas, por eso mejor deciden meter a la cárcel a la gente de la OPIM, solo por organizarse.

Inés dice “yo sé que el gobierno tiene que ver todo lo que pasa en el país, pero también tiene que mirar la discriminación e injusticia a las que estamos sometidas los pueblos indígenas”.

Inés, que acudió a la entrevista en las oficinas de la OPIM, en Ayutla de Los Libres, se ve cansada, preocupada y un poco enferma. Está en Ayutla porque el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, tuvo que ir por ella a su casa, en Barranca Tecuani, porque el Ejército se presentó en el lugar desde el pasado 2 de febrero.

ME MATARON EN VIDA

Cuando los soldados llegaron, Inés se encerró en su casa, con dolores de cabeza, calenturas y temblores, sus hijos, una niña de 9 años y dos varones de 11 y 5 años, dejaron de ir a la escuela, “Tengo mucho miedo –dice Inés—de que mi hija pueda ser agredida sexualmente por los “guachos”, (así es como la gente de esta región les dice a los miembros del Ejército), como me pasó a mí, o que agredan a mis hijos”.

A pesar de ese miedo, nos sonríe y nos pregunta sobre el trabajo que realiza Cimacnoticias, toma café que nos han preparado otras mujeres miembros de la OPIM que observan a lo lejos.

--¿Qué pasó ahora que los militares entraron de nuevo a tu comunidad?

-- Al ver a los guachos, recuerdo lo que viví y tengo miedo. Desde que fui violada vivo junto al miedo, mi vida es triste, peleo mucho con mi marido.

“Los guachos me robaron la tranquilidad y la de mi familia, como mujer me queda claro que el Gobierno no respeta mis derechos y garantías, como los militares que me violaron; me mataron en vida, ya no soy la Inés feliz que era antes, ahora soy diferente, vivo con miedo”.

--¿Haz tenido algún tipo de acercamiento por parte de alguna autoridad?

-- “A pesar de haber denunciado y pedir justicia, no hay respuesta del Gobierno mexicano, de ninguna autoridad. Ninguna funcionaria, ni diputada, ha intentado ayudarme para que se investigue mi caso”.

“Para mi es claro que ninguna funcionaria o funcionario tiene el interés de solidarizarse con los problemas que tienen las mujeres indígenas y la justicia para sus pueblos”.

“Yo necesitaba apoyo al momento y nadie me lo brindó, ahora que mi caso está en instancias internacionales, que otros países piden justicia, intentan acercarse, pero aún así no hacen nada”.

LA OPIM Y SU FAMILIA

-- ¿Por qué decides incursionar en la OPIM a lado de tu familia?

-- He participado en la OPIM con mi esposo para organizarnos, pedir las necesidades de nuestras comunidades, necesidades que son básicas como tener maestro, médicos, buenos caminos y obras, además porque muchas mujeres se mueren por enfermedad así como muchas niñas y niños.

“Junto con mis hermanos nos fuimos organizando para que los militares no nos robaran nuestras siembras, porque hace varios años los militares se metían a nuestras parcelas y roban lo que sembramos como maíz, calabaza y plátanos, esto fue otra circunstancia que nos obligo a organizarnos”.

--¿Tú mamá y papá pertenecen a la OPIM?

-- “Mi mamá es parte de la OPIM y mi padre nunca conoció esta forma de organizarnos. Lo que le pasó a él fue otra de las circunstancias que nos hizo ser integrantes de la OPIM: yo lucho por él, porque lo asesinaron quemándolo en 1999 en la comunidad y nunca supimos quién lo hizo”.

“Aunque ese día mi papá estaba borracho, solo un cobarde pudo quemarlo, a partir de ahí eso fue lo que nos hizo estar en la OPIM, porque yo y mis hermanos queríamos investigar por qué le hicieron eso a nuestro padre y quién lo hizo”.

Inés es la única mujer en su familia y tenía dos hermanos varones: el más pequeño, Ocotlán, vive amenazado de muerte y el mayor Lorenzo Fernández Ortega, fue asesinado hace un año. “Él era quien más me apoyó cuando fui violada por los militares, siempre me iba ha ver y estaba al pendiente de mí”.
DENUNCIA CONTRA LOS MILITARES

-- ¿Cómo decides denunciar el abuso de los militares?

-- “Es muy difícil lo que me pasó, aún no lo puedo contar con detalle y no lo puedo repetir, pero yo quise ser ejemplo para las mujeres de la zona que sufren violación por los militares, para que vayan y denuncien, pero como les tienen miedo no solo a los militares sino también a sus maridos, esto las hace callar”.

“Yo denuncie por la fuerza y el apoyo que me brindó mi familia y en especial mi hermano Lorenzo, porque además yo sé que hay muchas mujeres que son violadas y no denuncian por miedo, porque dicen “ellos traen armas”, “a ellos los mando el gobierno”, “ellos fácil te matan”, eso piensan las mujeres y hombres de la comunidad y quiero que cambien, que denuncien cuando se violen sus derechos”.

-- ¿Recibiste algún apoyo después de que te atacaron sexualmente?

-- Cuando me violaron los militares no recibí ningún apoyo, ni la del comisario de mi comunidad porque pertenece a otro grupo, que está en contra de la OPIM. En la comunidad. al momento de ser violada me decían, “hay viene mujer de guacho, quién sabe cuánto aguantó”. Pero ya después de que se dieron cuenta de cómo se sufre, ya te respetan y te dan apoyo, pero sobre todo de la gente que pertenece a la OPIM”.

-- ¿Cuándo es que te sientes más segura y se te quita el miedo?

-- Cuando estoy con las mujeres de la OPIM y me dicen que no estoy sola, que están conmigo.

--¿Has pensado en salirte de tu comunidad?

-- No lo he pensado, porque soy de una comunidad y no tengo dinero, si salgo a otra comunidad tengo que comprar terreno para sembrar, por eso no me salgo, mi parcela no la puedo dejar sola. Aunque a veces pienso que en algún momento voy a tener que salir, si acaso el gobierno se enoja mucho más y mande más militares, porque parece que quieren llenar de militares.

La casa de Inés en Barranca Tecuani es pobre, de difícil acceso porque, efectivamente, está entre barrancas. En las escarpadas laderas siembran maíz, calabaza, chile, frijol y cada siembra y cosecha constituye una verdadera proeza, por eso el robo de sus productos por parte de militares es aún más oprobioso. De esas cosechas tienen que comer todo el año.

--¿Qué pasó en tu parcela, Inés?

-- Los guachos entraron a mi parcela, yo no tengo sembrado otra cosa, no pueden decir que tenemos droga, por eso pido que suban los periodistas y vean lo que sembramos.

Maíz, calabaza y chile es lo que se ve en la milpa de Inés, que evidencia también la destrucción y el saqueo que, explica ella, hicieron los militares.

Bajamos a las barrancas con Fortunado, el esposo de Inés; con Obtilia, con una abogada, dos abogados y otros miembros del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quienes fueron a levantar la queja y a documentar el robo.

Fortunato les dice a los abogados, a través de Obtilia, que él solo vio a los guachos de lejos y no había bajado a su parcela. Reitera que lo hay en su parcela es lo que su familia tiene para comer todo el año.

--¿Cuál es tu mayor sueño, Inés?

-- Mi sueño es vivir tranquila con mis hijos, con mi esposo y toda mi familia. A pesar de todo lo que me pasó, quiero tratar de hacerlo, pero cuando lo intento ahí están de nuevo los guachos otra vez en mi comunidad y me reviven lo que me ha pasado no me dejan vivir en paz.

Mientras, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, está en espera de que el Estado mexicano atienda la recomendación que le hizo la CIDH en noviembre pasado, que se repare el daño y se castigue a los responsables.

Pero si el Estado no las acepta, la CIDH emitirá un Informe final o el caso se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), como lo pidió en diciembre pasado.

Nota: para que el Sr. Martí siga diciendo que el héroe es el ejército. Desgraciadamente no aprenden por más dura que sea la lección: en lugar de mirar a los de abajo, su sufrimiento y carencias ancestrales, prefieren seguir moviéndose entre sus pares, ignorando concientemente que en gran parte ellos son responsables por lo que pasa en el país.

LA HORA DEL PLANETA

LA HORA DEL PLANETA

http://www.youtube.com/watch?v=s7jXmi9ugR4



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El próximo 28 de marzo, a las 20:30, tienes una cita con el Planeta para demostrar que la lucha contra el Cambio Climático es posible. Por supuesto, se trata de la hora local, pues no tendría caso apagar luces en el día.

Esta iniciativa de WWF (el Fondo Mundial de la Naturaleza) es la mayor campaña en defensa del medio ambiente de la historia, en la que participarán 1000 millones de personas. La Hora del Planeta 2009 involucrará a los gobiernos, ciudadanos y empresas en una acción conjunta para llamar la atención sobre los efectos del calentamiento global y exigir a los líderes políticos que actúen para controlar las emisiones de CO2 antes de que sea demasiado tarde. Hasta ahora, más de 1700 ciudades de 80 países (la Cd. De México entre ellas) se han comprometido a apagar las luces de sus edificios más emblemáticos, como gesto simbólico de apoyo a La Hora del Planeta. Algunas de las actividades que se podrían realizar en esa hora sin luces: desconectarse y relajarse, apagar todas las pantallas, dejar todos los controles y tomarse un tiempo para reflexionar, leer o conversar con la familia y amigos.


jueves, marzo 26, 2009

AMLO EN EL CONGRESO 25 MARZO

UN LLAMADO URGENTE: GUERRA EN MÉXICO



Ciudadanas y ciudadanos libres de Chihuahua le hablan a su pueblo

1,- Nuestro amada tierra vive la peor situación de inseguridad de hace casi un siglo. En catorce meses, ha habido más de dos mil setecientas cincuenta ejecuciones. Se han incrementado las violaciones a mujeres por hombres armados, los secuestros, extorsiones, asaltos a mano armada, robos de autos. No hay familia en el estado que no haya sido victima -directa o indirecta- de estos hechos delictivos.

2.- Chihuahua es territorio de impunidad. La violación al estado de derecho constituye una larga cadena de agravios en la que destacan los eslabones del feminicidio, la corrupción política, la falta de rendición de cuentas de los funcionarios públicos de alto nivel y, en el momento actual, la cancelación de facto de las garantías individuales y los derechos humanos producto de la invasión militar al estado.

La oportunidad para resolver estos complejos problemas se dejó pasar: no se hizo nada a tiempo para resolverlos de fondo y, ahora, vivimos en medio de la violencia, la ineptitud e ineficacia de los gobiernos Federal y Estatal.

La militarización ha sido la única estrategia que los gobiernos federal y estatal han puesto en marcha para resolver la angustiosa situación de inseguridad, y el llamado Operativo Conjunto Chihuahua ha fracasado, pues lejos de reducir las ejecuciones y los delitos federales o del fuero común, parece haberlos acrecentado.

La subordinación de las autoridades civiles a las militares —protegidas por el inadmisible privilegio del fuero castrense— es la evidencia mayor de la cancelación de la división de poderes sin la cual los derechos humanos y las garantías individuales han sido suspendidas contraviniendo la Constitución general de la República. La militarización —no hay duda alguna— pone en grave riesgo la viabilidad de nuestra incipiente democracia.

3.-La crisis económica y social sorprendió a los gobiernos sin capacidad real para encararla porque se han mantenido fieles a los esquemas neoliberales depredadores, generadores de pobreza y atraso. Chihuahua vive una contradicción que denota la existencia de privilegios: en un polo están los dueños del estado, la vieja oligarquía que domina con un discurso empresarial carente de responsabilidad y monopolizadora del poder y la riqueza. En el otro, amplios espacios territoriales que padecen estancamiento que se muestra en cifras de pobreza patrimonial reconocida en el mundo y aquí ocultadas dolosamente.

La economía del campo esta en crisis, el desempleo y la precarización del trabajo son galopantes, los servicios educativos y de salud son de mala calidad y cerrados. Se construyen cifras récord de viviendas para satisfacer el afán de lucro, no para crear espacios dignos que favorezcan la convivencia armónica de las familias.

4.- En este marco, se deja sentir un creciente desinterés por las elecciones para renovar la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se les ve como ajustes mediante los cuales las altas burocracias de los partidos políticos se dan la oportunidad para repartirse espacios de poder. Buscan auto-representarse, postergando los mas altos y urgentes intereses de la población.

La derecha pretende convertir las elecciones en un plebiscito sancionador de la militarización creciente, excluida de la agenda de los candidatos. Los partidos políticos han dado la espalda al problema, traicionando a las corrientes ciudadanas que los apoyan y no están de acuerdo con el quebranto de la Constitución.

5.- Convencidos de lo anterior, manifestamos que la militarización en curso aprovecha el combate al crimen organizado para cimentar la criminalización de la protesta social. Y, si bien, puede durante un tiempo muy corto, cambiar la percepción de inseguridad de la población, no es eficaz para construir las bases de la paz duradera y de la seguridad a la que aspiramos todos los que vivimos en Chihuahua.

Convencidos de que los derechos humanos son una prerrogativa que eleva la dignidad de las personas y responsabilizando a todos los niveles de gobierno, por el riesgo que padecen los derecho-humanistas, exigimos:

a) El restablecimiento de la plena vigencia de la Constitución de la República y del Estado de Derecho y el respeto irrestricto a la división de poderes que asegura y garantiza los derechos humanos.

b) Alto inmediato a la militarización —en los hechos es un Estado de sitio— que ha destruido la institucionalidad constitucional, transfiriendo facultades del Congreso de la Unión y de los poderes locales a las fuerzas castrenses, que se escudan en sus fueros y fuerzas para vejar y torturar.

c) Como los soldados ya están en nuestras comunidades, exigimos de los poderes civiles el establecimiento de una hoja de ruta que registre —día a día— la desmilitarización, estableciendo plazos y formas para que el Ejercito regrese a sus cuarteles y se ponga la seguridad en manos de civiles y se creen cuerpos de policía eficientes, profesionales, honrados y confiables. O sea que se cumpla el artículo 21 de la Constitución General, solo que ahora bajo un esquema diseñado y controlado por la sociedad civil a la que convocamos para la generación de alternativas de rescate del estado de derecho.

d) Política de Estado para el combate al crimen organizado y al narcotráfico que contemple todas sus aristas: financieras, lavado de dinero, fiscales, internacionales, tráfico de armas, trata de personas, colusión del poder con la delincuencia, corrupción política, salud y, en fin, diseños de inteligencia que nos demuestren que no tan solo se pretende gobernar al crimen, sino combatirlo de fondo: conteniéndolo, por una parte; y, excluyéndolo drásticamente de todas las esferas de gobierno, por la otra, lo que hoy esta lejos de ser la regla.

e) Aplicación de una política anticrisis para remediar las grandes necesidades sociales que atraviesan al estado de Chihuahua. En particular el establecimiento de la escala móvil de horas de trabajo para combatir el desempleo operado con paros técnicos unilaterales y de un programa emergente de desarrollo social que ha faltado a Chihuahua todos estos años y cuya ausencia ha permitido que se propicien la degradación, drogadicción, la agresión a la cultura y la delincuencia.

Nos comprometemos a iniciar una nueva lucha y crearemos un Observatorio Ciudadano para la Seguridad y la Legalidad que dé cuenta de manera objetiva e independiente de la situación que predomina en nuestro estado en este aspecto, la conteste y la resista con el apoyo social de los ciudadanos.

Abriremos espacios y canales de información para que la sociedad chihuahuense esté al tanto de lo que sucede en este ámbito y pueda presentar sus denuncias y sus opiniones.

Nuestra lucha llegará a todos los rincones del Estado, la capital de la República y las principales metrópolis del mundo a donde llevaremos la noticia de lo que pasa en México y en Chihuahua.

programa de radio de Carmen Aristegui




Título: Intermedios
Fecha: jueves 26 marzo 2009

Hora: 8:00 PM - 9:00 PM

Repeticiones: Este evento se repite todas las semanas.


Ubicación: Radio UNAM, 860 Khz, en AM
Notas: ***Para romper el cerco informativo***

Programa de análisis noticioso conducido por Juan Manuel Valero.

55368989 con 4 Lineas
01 800 505 2688 desde el interior del país sin costo

Correo de Voz 562 33281