Desoye a todo el bloque construido en torno al SME que el viernes 4 toma la ciudad de México. Desoye, a la menos visible marcha de varios miles de juarenses el domingo 6 exigiendo a los tres órdenes de gobierno un alto a la masacre, a los secuestros, a las extorsiones, a las violaciones de los derechos humanos, a la inútil militarización, a la violencia multiforme que asuela esta frontera desde hace ya 20 meses.
El de Ciudad Juárez es un movimiento que por el bien del país es necesario difundir por todos los rumbos. Viene gestándose prácticamente desde que el Ejército tomó las calles de esta frontera, a finales de marzo de 2008. Es diverso en su composición, pero están destacando los dirigentes de clases medias, profesionistas tales como los médicos, empresarios, derechohumanistas, universitarios, estudiantes, artistas, algunas organizaciones populares, comunidades eclesiales de base. El domingo pasado se manifestaron para exigir a las autoridades una Solución para Juárez
detallada en un pliego de seis puntos, en el que hacen ver lo miope, lo inútil del Operativo Conjunto Chihuahua, a la vez que demandan un tratamiento integral al problema de la violencia, porque éste nunca se va a resolver con más armas, ni más policías, ni más soldados.
En esta ciudad, en lo que va del Operativo Conjunto, ya ha habido cerca de 2 mil 400 asesinatos, y la cuenta de los secuestros, de las extorsiones y de los robos, nadie se da abasto para llevarla. Las múltiples violaciones a los derechos humanos por las fuerzas armadas han quedado impunes e incluso se ha amenazado de muerte a quienes las denuncian, como es el caso de Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Ante todo esto, los gobiernos municipal y estatal son rebasados y el gobierno de Calderón se porta con la arrogancia de los monarcas metropolitanos sobre sus colonias de ultramar, como Santa Anna con Texas.
Las y los juarenses organizados que protestan superando el terror que se ha adueñado de sus calles no están pidiendo que el gobierno se retire de la lucha antinarco. Lo que exigen es que ésta se conduzca de manera inteligente, eficaz, respetuosa de los derechos humanos; es decir, totalmente en sentido opuesto a lo que hasta ahora se ha hecho. Demandan, por ejemplo, que se combatan las causas sociales del problema con programas extraordinarios de desarrollo social, educación, cultura, apoyo a los jóvenes, atención a las adicciones. Sin embargo, Calderón y su gobierno los desoyen: ni un centavo más en estos rubros para esta sufrida frontera en la piñata partidista del presupuesto federal de 2010. Ni un solo programa especial, extraordinario para reconstruir el muy desgarrado tejido de la sociedad juarense, a resultas de un modelo miope de crecimiento económico, que es el maquilero, y un operativo armado planeado más para buscar admiradores y puntos en las encuestas que para devolver la paz a la ciudadanía.
Juárez y buena parte del estado de Chihuahua están –y esto debe visibilizarse nacional e internacionalmente– en una verdadera situación de emergencia humanitaria. Los casi 4 mil asesinatos ocurridos en el estado en dos años llamarían la atención internacional en cualquier otro país, salvo en este, donde el gobierno sigue haciéndose tonto, sólo pensando que ya está ganando la guerra
que cada vez tiene más características de limpieza social.
Porque se les niega, porque se trata de invisibilizar y minimizar su problemática, por eso las y los juarenses levantaron el domingo pasado la demanda de que Calderón visite Juárez, que pase aquí unos días, que experimente el miedo de sus ciudadanos, la inseguridad en el propio hogar, la angustia que se siente cuando sale sola una hija, el temor al contestar el teléfono, el miedo a que vengan a extorsionarlo a uno a su negocio. Demanda que parece ser mínima, pero con un titular del Ejecutivo federal empeñado en cerrar los oídos y levantar la ceja, se antoja máxima.
Un Estado en la catatonia e ineficacia total por un lado y, por otro, una ciudadanía indignada, que ya no va a dejar la calle, son los datos básicos para terminar el año.
En los párrafos finales de una Reflexión titulada “Las campanas están doblando por el dólar”, elaborada hace dos meses, el 9 de octubre de 2009, hice una referencia al problema del cambio climático adonde el capitalismo imperialista ha conducido a la humanidad.
Este conflicto terminará siendo resuelto hasta la SCJN: abogado de los electricistas.
La Jornada en línea
Publicado: 11/12/2009 14:01
México, DF. Tras conocerse el fallo de la jueza Guillermina Coutiño, quien negó de manera definitiva el amparo que interpuso el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gremio anunció que a la brevedad interpondrá un recurso de revisión ante un tribunal colegiado.
En conferencia de prensa, el dirigente de los electricistas, Martín Esparza, advirtió que el SME continuará con “acciones pacíficas pero con mucha contundencia” con el fin de levantar un movimiento social de resistencia a los actos gubernamentales.
A la par de la movilización en las calles -“cada viernes en la ciudad de México, por ejemplo”-, el sindicato aseguró que mantiene la confianza en la negociación política con el gobierno.
Según reportes radiofónicos, Esparza sostuvo que la resolución de la jueza Coutiño fue tomada “a la ligera”.
El líder sindical añadió que atrás del decreto de extinción de LFC “están los 763 permisos que han otorgado a transnacionales por parte de la comisión reguladora de energía, atrás están los permisos que le dieron a la familia de (Juan Camilo) Mouriño, atrás están los permisos que le han dado a la iniciativa privada nacional y extranjera y atrás está la privatización de la industria eléctrica, el control de las telecomunicaciones, el Impuesto al Valor Agregado que las facturas van a llegar del mes que viene”.
El sindicato advirtió que la juez no definió de fondo el asunto y, en cambio, actuó de manera contradictoria al reconocer la personalidad jurídica del SME pero no la de sus agremiados.
Los electricistas advirtieron que mientras el asunto no se resuelva de fondo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) no puede decretar la terminación de las relaciones laborales entre el SME y LFC.
Los trabajadores tienen diez días para interponer un recurso de revisión del fallo emitido por la jueza Coutiño Mata ante un tribunal colegiado, que en su caso confirmará, modificará o revocará la sentencia y eventualmente podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Carlos de Buen, uno de los abogados del SME, refirió que este conflicto “va a terminar resolviéndose en la SCJN”, y aseguró que “sin duda hubo mano negra: queda claro que la juez se dejó presionar por sus superiores del Consejo de la Judicatura Federal”.
La magistrada primera de distrito de la Primera Región Auxiliar, Guillermina Coutiño, lo consideró improcedente. Los electricistas pueden acudir a un tribunal colegiado a solicitar un recurso de revisión.
La Jornada en línea
Publicado: 11/12/2009 10:39
México, DF. La jueza primera de distrito de la Primera Región Auxiliar, Guillermina Coutiño, negó este viernes de manera definitiva el amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto de extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
La juez resolvió negar, según un despacho de Notimex, la protección de la justicia federal a los ex trabajadores electricistas en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2009, que extinguió el organismo descentralizado.
De igual manera, la jueza negó el amparo contra el artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 1992, en vigor, al cual los trabajadores del SME consideraban inconstitucional.
Guillermina Coutiño puntualizó que el Poder Legislativo, al emitir esta normatividad, "no estaba obligado a establecer un procedimiento en que se escuche en su defensa a los empleados del organismo público que se pretende desincorporar por extinción".
Agregó que la extinción de una entidad "no tiene como finalidad directa e inmediata privarles de su fuente de empleo, sino que se trata de un medio para evitar que siga funcionando una entidad pública que no cumple de manera eficiente con el objetivo de interés público y social para el que fue creada".
Además, recalcó que "los empleados no tienen derecho a que un organismo descentralizado cuya operación no beneficia a la población y perjudica las finanzas públicas siga subsistiendo, con el propósito de que conserven la fuente de su empleo".
Asimismo, la impartidora de justicia expuso que se negó el amparo al SME en contra del decreto que extinguió LFC, debido a que se deben ponderar los derechos colectivos sobre los particulares.
En este sentido, señaló que se debe priorizar la prestación de un servicio público en un área prioritaria para la economía y desarrollo nacional, y concluyó que en su recurso, el SME se refería a derechos individuales que deben ceder frente a los derechos de la Nación en su conjunto.
Coutiño Mata sostuvo que en el propio decreto emitido por el gobierno federal se garantizan los derechos de los trabajadores, derivados del tiempo que prestaron su servicio a dicho organismo.
En otros aspectos, en el juicio de garantías resultó improcedente el reclamo sobre el supuesto despido de facto de los trabajadores de LFC por parte de los secretarios de Gobernación y de Seguridad Pública, así como del comisionado de la Policía Federal.
También del secretario del Trabajo y Previsión Social, del director general del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues no se acreditó que dichas autoridades hubieran despedido a los quejosos.
Asimismo, el amparo también se declaró improcedente en casos en que los quejosos no demostraron ser trabajadores de LFC, el mensaje a la nación, las conferencias de prensa y declaraciones del presidente Felipe Calderón y otros funcionarios, pues se limitaron a informar a la sociedad sobre la extinción del organismo.
Los trabajadores electricistas tienen diez días para interponer un recurso de revisión del fallo emitido por la jueza Coutiño Mata ante un tribunal colegiado, que en su caso confirmará, modificará o revocará la sentencia y eventualmente podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Al pueblo en general.
A los compañeros solidarios con la lucha de los electricistas.
Es importante reforzar los plantones-barricadas de las instalaciones de Turbo gas en Lechería, ya que el día lunes 7 de diciembre a las 21 hrs llegaron policías federales estos custodiaban a los trailers, gruas y camionetas, mientras que el grupo de seguridad privada “Pantera” formaron una valla con el fin de permitir el paso a las instalaciones e impedir que las personas del plantón obstaculizaran la entrada.
Adentro de las instalaciones cargaron 1 turbina y cuatro jets.
Los trabajadores informaron a los representantes sindicales de la división lechería, los cuales comentaron que solo se tomara fotografía y vídeo..
La hermana de un compañero se encontraba en una reunión del Comité Central en Revolucion, a la cual le pidieron que informara lo que acontecía en la planta de Lechería , el comité central dijo que se tomara foto y vídeo, pero el plantón ya había tomado la decisión de armar una barricada, ante lo cual el comité aprobó la acción.
La barricada esta impidiendo la salida de la maquinaria y herramienta.
Los trabajadores presumen que se pretenden llevar la maquinaria a la planta turbo gas de Nonoalco ya que de las 4 turbinas que se tienen, la CFE dejaron inservibles tres ya que desconocen el trabajo de estas maquinas, pues solo LyFC cuenta con el personal calificado para arrancar y componer las plantas turbo gas.
La importancia de la planta de Nonoalco es que es la única, que tiene un mecanismo de aislado preciso, y abastece áreas especificas del Distrito Federal, como el metro, aeropuerto y gobernación. La cual se usa en caso de disturbio eléctrico.
Por eso se les invita apoyar el plantón-barricada, para defender y evitar el saqueo de los lugares de trabajo de los DIGNOS empleados de LyFC.
Recordando que la medida de extinción de LyFC es ilegal, injusta y da una pauta para la privatización.
Atte: Individuos solidarios con los trabajadores de LYFC en el Estado de Mexico.
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Intentos de sacar equipo y maquinaria de Turbo Gas
Miércoles 9 de diciembre de 2009
Tras la Verbena Popular del 5 de diciembre, compas del plantón en la planta Turbogas de Lechería advirtieron que personas dentro de las instalaciones hacían inventario de maquinaria y equipo, preparando su salida. De madrugada, llegaron trailers y personal con el propósito de sacar una turbina y 4 jets. Se permitió la salida del personal que desarmó la turbina pero ante la posibilidad de que sacarán el equipo pesado, los campamentistas instalaron una barricada.
De los representantes sindicales se recibieron consignas tibias, como eran dejar el paso y filmar y fotografiar el movimiento. Esto no satisfizo a los campamentistas que armaron una barricada para impedir la salida de los trailers y demás vehículos. Ante ello, el Comité Central del SME asumió la acción y respaldó a la banda de Lechería.
Hay un par de aspectos que queremos destacar de este hecho.
La primera es que los electricistas del SME afirman que el personal a cargo de la planta generadora ha descompuesto tres de las cuatro turbinas de ese sitio. Ello confirma la impericia del personal empleado y el nulo respeto del gobierno federal hacia lo que de todos es.
La segunda es que la turbina que se pretende sacar de Lechería, estaría destinada a la planta de Nonoalco en Ciudad Monstruo. De acuerdo con los smeítas, ese desplazamiento indica que el gobierno espera disturbios eléctricos en próximas fechas, debido a los altos consumos que caracterizan el fin de año, por lo que quiere reforzar la planta de Nonoalco, que es la única, que tiene un mecanismo de aislado preciso, y abastece áreas específicas del Distrito Federal, como el metro, aeropuerto y gobernación.
Sin los plantones y la acción decidida de los trabajadores de base, en pocas semanas serían desmanteladas las intalaciones electricistas que, recordemos, han sido construídas durante largo tiempo con el esfuerzo de los smeítas y con el dinero de nuestros impuestos…
Los campamentistas nos llaman a estar atentos frente a cualquier nuevo intento de saqueo y nos invitan a acompañarlos en el kilómetro 23 y medio de la autopista vieja México-Cuautitlán.
El gobierno federal sigue inamovible respecto al caso Luz y Fuerza del Centro (LFC), aun cuando se declara abierto a conversar con los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la comisión de mediación propuesta por este gremio.
De acuerdo con funcionarios consultados de la Secretaría de Gobernación (SG), hasta anoche no había una cita confirmada o precisa para establecer el diálogo anunciado para mañana por integrantes del SME.
Cinco horas después de que 10 electricistas levantaron la huelga de hambre que realizaron durante dos semanas en demanda de una propuesta concreta, el gobierno mantenía sólo su oferta de que los trabajadores de LFC sigan contando –para ellos y su familia– con la vigencia de derechos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Anoche, los preparativos en Gobernación no eran para el eventual encuentro con el SME, sino para la sesión –la mañana de este jueves– del Consejo de Seguridad Nacional, donde si bien se tratará el caso LFC, también se abordarán otros temas de la agenda de combate al crimen.
Difusión Cencos México D.F., 10 de diciembre de 2009
Pronunciamiento
OSC del estado de Guerrero
A 61 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 11 de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos;
La experiencia más decepcionante que tenemos los ciudadanos de este nuevo milenio es que los gobiernos se han especializado en firmar leyes y declaraciones, como una práctica denigrante porque han aprehendido la diplomacia del engaño y la mera simulación. El Estado mexicano ha firmado la mayoría de las Declaraciones y Tratados en materia de derechos humanos para construirse una imagen falaz frente la comunidad internacional. Pretende erigirse en adalid de los derechos humanos en el plano internacional. En los últimos años aprovechándose de la alternancia política que se vivió en el país, vendió como una mercancía más el tema de los derechos humanos.
A nivel interno el panorama es sombrío, la pobreza extrema en varias regiones del estado de guerrero es escandalosa, al grado que los municipios de la Montaña de Guerrero se encuentran en los niveles más ínfimos de la pobreza en el mundo. La desigualdad es abismal entre el municipio de Cochoapa el Grande y la Delegación Benito Juárez del Distrito Federal y el municipio de San Pedro Garza García de Nuevo León. En estos dos polos el Gobierno mexicano ha sido ineficiente para respetar, proteger, y salvaguardar los derechos de la población. Los pobres mueren de hambre esclavizados por la siembra de enervantes, y los ricos siguen siendo los únicos beneficiarios de una delincuencia organizada galopante. En los hechos vivimos en una democracia fallida a causa de un sistema de gobierno empecinado en privatizar los recursos estratégicos del país y en cancelar las grandes conquistas alcanzadas por las luchas revolucionarias de los pobres de este país. El legado zapatista, está siendo suplantado por el mesianismo de las trasnacionales, que le declara la guerra a los herederos de la lucha de Zapata con el apoyo de gobiernos espurios que utilizan al Ejército y la policía para imponer megaproyectos en las zonas del país donde habitan los pueblos indígenas.
El Ejército mexicano que se forjó con la gesta revolucionaria, ha sido utilizado por los gobiernos anticampesinistas para defender los intereses de las élites políticas y económicas. Lo han entrenado para atacar a su propio pueblo y se han olvidado de los enemigos invasores que atentan contra la soberanía nacional. Hoy el Ejército además de transformarlo en guardián del capital trasnacional lo han volcado para declararles la guerra a los pueblos pobres que se organizan para defender sus derechos. La “guerra” contra el narcotráfico es una nueva coartada diseñada por los países poderosos para imponer el nuevo modelo de seguridad hemisférica, donde los ejércitos de los países pobres son simples súbditos y guardianes del generalato capitalista.
Los estragos de esta militarización en nuestro estado se remontan a la guerra sucia, donde el clamor de la justicia sigue sin encontrar descanso por la complicidad de los gobiernos de mantener en la impunidad los delitos de lesa humanidad. Gracias al valor y a la lucha generosa de Tita Radilla el Ejército mexicano está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en breve dictará sentencia, sobre el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco. La justicia del pasado es uno de los temas pendientes de este gobierno que tiene la obligación de cumplirle a los centenares de víctimas a quienes se les ha negado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
En Guerrero se sigue reeditando la etapa sombría de la guerra sucia, porque los gobiernos consintieron que el Ejército sentara sus reales en las regiones pobres donde se habían suscitado levantamientos armados. Su misión fue desterrar cualquier vestigio de inconformidad social que interpelara a los gobiernos caciquiles. Hoy la reaparición del Ejército en todo el estado de guerrero sigue siendo para reprimir a los nuevos movimientos insurgentes actuando con brutalidad para masacrar a 11 indígenas mixtecos de la comunidad de El Charco, el 7 de junio de 1998. Esta escalada bélica continuó en la región de Ayutla, con los casos de violaciones sexuales de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú y con el cerco y hostigamiento permanente a la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM). En la lucha contra el narcotráfico, las autoridades civiles han cedido su lugar para que el Ejército se erija como la única fuerza represiva especializada para enfrentar y destruir al enemigo. Estos operativos implementados por los militares han tenido como saldo casos de desaparecidos que ha dado origen a la conformación de un Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero, que se han dado a la tarea de exigir justicia y reparación, a costa de su seguridad y de los altos riesgos que esta lucha implica. Aunado a esto, existe un alto número de violaciones a los derechos humanos que han sido documentados por los organismos públicos y civiles. Todos estos casos permanecen en la impunidad por la existencia del fuero militar, que es expansivo, parcial y violatorio a los estándares internacionales de derechos humanos.
Las organizaciones sociales y civiles que hemos documentado graves violaciones a los derechos fundamentales de la población más vulnerable, enfrentamos, no solamente una campaña de desprestigio sobre nuestro trabajo como defensoras y defensores, sino que padecemos la persecución, el hostigamiento y las amenazas, que tienen como único fin frenar nuestro trabajo, amordazar nuestras denuncias, y violentar el derecho a defender los derechos y a ejercer a plenitud la libertad de expresión.
Ante la falta de garantías por parte del gobierno del estado para ejercer nuestro trabajo, hemos solicitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales que en el mes de mayo otorgó a 107 defensores y defensoras ante los riesgos graves e inminentes que vivimos en nuestra entidad y que trágicamente se materializaron con la muerte de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas; otro delito de lesa humanidad que sigue sin esclarecerse.
En una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en octubre del 2008, se presentaron 201 casos de defensores sujetos a procesos penales a causa de su lucha social. Esta criminalización ha propiciado la fabricación de delitos por parte de los órganos que procuran justicia, como los casos de la OPIM donde fueron detenidos cinco de sus miembros, quedando en prisión Raúl Hernández Abundio, actualmente es el único preso de conciencia declarado por Amnistía Internacional, aunque hay muchos otros no reconocidos, que sigue sin alcanzar su libertad a causa del uso faccioso del sistema de justica que padecemos en Guerrero. Por otra parte, el indígena amuzgo David Valtierra ha sido sujeto a dos procesos penales a causa de su compromiso inclaudicable por la promoción y defensa de los derechos y la cultura de su pueblo. Se le ha criminalizado por ser un promotor incansable en la construcción del proyecto de la Radio Ñomndaa que tiene como único propósito darle voz a los indígenas amuzgos que han sido silenciados por los gobiernos caciquiles.
Los pueblos indígenas no sólo viven en el abandono y enfrentan procesos penales amañados, sino que también los gobiernos los han sumido en una lucha fratricida centrado en la defensa de sus territorios como consecuencia de políticas anticampesinas que siempre los han tratado como clientelas cautivas y como objetos de manipulación política, negándoles el derecho a reconocerlos como sujetos políticos capaces de construir su propio desarrollo. La alta conflictividad agraria que se vive en la Montaña de Guerrero demuestra el fracaso de los programas privatizadores del campo y el mal manejo en el tratamiento apropiado de los conflictos por la tierra. Esta violencia les niega a los pueblos indígenas construir su futuro en paz tejiendo la solidaridad con los demás pueblos que son parte de la gran hermandad étnica de México.
Las organizaciones firmantes exigimos:
• A los gobiernos que cumpla con las obligaciones constitucionales de garantizar el derecho a la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el empleo y a un medio ambiente sano.
• La presentación con vida de los desaparecidos y castigo a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la época de la guerra sucia.
• Que el Estado cumpla con su obligación de garantizar a favor de las víctimas y sus familiares, el derecho a la verdad, justicia y reparación por los crímenes del pasado.
• El cese a la militarización en las regiones indígenas como lo establece la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
• Que el Estado atienda las recomendaciones de los mecanismos de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano sobre la restricción del fuero militar.
• Alto a la criminalización de la lucha social y respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos así como de los periodistas.
• Que el Estado atienda las recomendaciones del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores, en el año 2006.
• Libertad a los presos políticos Raúl Hernández Abundio, Máximo Mojica Delgado, María de los Ángeles Hernández Flores y Santiago Nazario Lezma.
• La salida inmediata del Ejército Mexicano de pueblos y ciudades de Guerrero, el regreso a sus cuarteles, castigo a los militares culpables de violaciones de derechos humanos y reparación de los daños causados a comunidades, organizaciones sociales y familias.
• Cumplimiento del proceso de sentencia que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano, en el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido desde la época de la Guerra Sucia en GuerreroQue se investigue y sanciones a los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas.
• Alto a la privatización del campo y los recursos naturales pues provocan un ecocidio de terribles consecuencias como en el caso del complejo turístico Punta del Mar en Zihuatanejo, retiro del espigón de Puerto Mío, conservación de la Laguna de las Salinas cómo área natural protegida, alto a los asentamientos humanos en la periferia; alto a las concesiones otorgadas con corrupción a muelles de empresas particulares en Playa Icacos en Acapulco.
• A las autoridades una atención integral y responsable para solucionar de fondo la conflictividad agraria que enfrentan por varias décadas los pueblos indígenas y campesinos.
• Una investigación y castigo a los responsables de las desapariciones, secuestros y asesinatos en Guerrero.
• Cese a la persecución al defensor de los derechos del pueblo amuzgo David Valtierra.
• Respeto al derecho de los pueblos indígenas a poseer sus propios medios de comunicación como el caso de la Radio Ñomndaa.
• Respeto a la autonomía sindical, cumplimiento de los derechos laborales y solución a la huelga de los mineros de la Sección 17 del Sindicato Minero con sede en Taxco de Alarcón.
• Respeto a las decisiones de los comuneros de Cacahuatepec y reconocimiento de sus autoridades agrarias electas el 15 de marzo del 2009, encabezadas por su Presidente del Consejo de Administración Nemecio Valeriano Moreno.
• Justicia y respeto irrestricto a los derechos humanos en las comunidades de la Sierra, prisión preventiva para los asesinos de los jóvenes del Puerto de las Ollas: Bertín y Alejandro García Cortes y Rogelio García Valdovinos y que se extiendan las medidas cautelares al campesino ecologista Javier Torres Cruz y su familia de la comunidad de la Morena, municipio de Petatlán, así como que se de cauce a la denuncia presentada por él, en contra de Rogaciano Alva Alvarez como autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa.
• Cumplimiento a los acuerdos pactados con el magisterio y la aplicación de una propuesta alternativa de educación diferente a la ACE.
• Respeto a la autonomía de los pueblos Indígenas y campesinos, facilitando: el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales, la preservación de sus tradiciones culturales, la aplicación de los usos y costumbres en el nombramiento de sus autoridades, y los mecanismos propios de seguridad pública y procuración de justicia.
Fraternalmente
Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos AC., Taller de Desarrollo Comunitario (TADECO), Radio Comunitaria Ñomndaa, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan", Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Concejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), Movimiento Popular Vicente Guerrero, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos (AFADEM), Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón" a.c. Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, Consejo Ciudadano del Municipio de Chilapa, Organización de Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), Organización Para el Futuro del Pueblo Mixteco (OPFPM), Asociación Civil "La Esperanza" de Iguala, Organización de Pueblos Originarios Para el Desarrollo Social, Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (ROGAZ), Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero; Sección 17 del Sindicato Minero de Taxco; Mujeres Activas A.C. de Taxco, Colectivo Libertario Aka También Resistimos Acapulco-Atoyac, Corriente Crítica de México, Red Manglar Internacional Sección Guerrero, Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata”.
Luis Arriaga Valenzuela
El 10 de diciembre de 2009 se cumple un nuevo aniversario —el 61º— de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, sin embargo, el documento que expresa los más altos anhelos humanos de justicia, igualdad y libertad, continúa siendo promesa incumplida.
Lo vemos cotidianamente: en la pobreza que excluye a millones de mexicanos y mexicanas de la vida digna que postulan los derechos sociales y económicos; en el incumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas; en la endeble democracia que escamotea nuestros derechos políticos; y en las reiteradas prácticas que, en los ámbitos de la justicia y la seguridad, atentan contra los más elementales derechos civiles y políticos. En México, resulta en ocasiones absurdo enunciar derechos ante la falta de mecanismos eficientes para garantizarlos.
Sin que la vigencia de los derechos humanos se constriña a estos ámbitos, la justicia y la seguridad constituyen referentes muy inmediatos en el imaginario cuando se alude a la situación de los derechos. No es para menos: la labor de las autoridades supone poner en juego la fuerza pública y, con demasiada frecuencia todavía, esto conlleva en nuestro país abusos de poder y arbitrariedades.
Así lo constatamos en el Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) al acompañar a víctimas que buscan acceder a la justicia o que, injustamente, viven la negación de sus derechos. El caso de Jacinta Francisco Marcial lo ejemplifica. Mujer indígena del pueblo hñäñho de Santiago Mexquititlán, Querétaro, fue injustamente acusada de haber secuestrado a seis agentes federales. El juicio que se le siguió hizo patente que en México las instituciones penales pueden usarse con un ánimo de venganza más que de justicia y que dichas instituciones suelen ensañarse con quienes por su identidad étnica, de género o su procedencia social enfrentan procesos inequitativos de marginación y discriminación. El caso de Jacinta nos mostró que en México, los derechos humanos no son todavía una realidad para los más pobres; de ahí que haya suscitado una enorme solidaridad nacional e internacional que, a la postre, contribuyó a que fuera excarcelada.
Sin embargo, contra lo que podría pensarse, la liberación no saldó la injusticia. Y no sólo porque ella sigue esperando que se reconozca su inocencia y se le repare el daño, sino porque hoy permanecen en prisión Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, mujeres de Santiago Mexquititlán que también fueron acusadas del absurdo secuestro de los prepotentes agentes de la PGR. Ambas mujeres, y la hija de Teresa, permanecen en la cárcel por haberse atrevido a reaccionar a la arbitrariedad de los AFI´s que quisieron despojarles de la mercancía en que habían invertido su patrimonio, como lo hacen millones de compatriotas que sobreviven gracias al comercio informal. Y es que aunque la PGR reconoció que la acusación contra Jacinta estaba viciada, persistió contra Teresa y Alberta al punto de exigir más de 35 años de prisión para cada una. Su caso ejemplifica la falta de equidad procesal y la ausencia del principio de presunción de inocencia contenido en artículo 11º de la Declaración Universal.
En el Centro Prodh sabemos que Teresa y Alberta no secuestraron a nadie. Por eso coadyuvamos en su defensa hoy que se cumple un nuevo aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos recordamos su caso. Porque es incompatible con esa Declaración que la institución a cargo del recién designado procurador Chávez Chávez insista en mantener en prisión a dos mujeres inocentes, acusándolas de un crimen deleznable, sólo para encubrir los abusos de sus agentes; porque atentaría contra el proceso que el juez Rodolfo Pedraza Longhi usó para declarar culpables a Teresa y Alberta con pruebas endebles y viciadas. Por eso y porque anhelamos que algún día la Declaración Universal deje de ser una promesa, Teresa y Alberta deben, como Jacinta, recuperar su libertad.
NUEVOS INFORMES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS A MANOS DEL EJÉRCITO
AI México
Un informe de Amnistía Internacional que se ha hecho público hoy (8 de diciembre de 2009) revela nuevos datos sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas durante operaciones militares para combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga en México.
“Existe un preocupante patrón de crímenes cometidos por el ejército en sus operaciones de seguridad, abusos que tanto las autoridades civiles como las militares de México niegan e ignoran”, ha declarado Kerrie Howard, directora adjunta del programa de América de Amnistía Internacional.
En su informe titulado México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército, Amnistía Internacional acusa a las autoridades de no investigar exhaustivamente las denuncias de abusos cometidos por el ejército, que incluyen desapariciones forzadas, homicidios extrajudiciales e ilegítimos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
A finales de junio de 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México había recibido casi 2.000 quejas de abusos a manos del ejército desde comienzos de 2008. En 2007 sólo se recibieron 367, 182 en 2006.
Amnistía Internacional cree que estos datos no reflejan en toda su extensión los abusos que se cometen, aunque indican la tendencia al aumento de los abusos.
Una organización de derechos humanos de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, informó a Amnistía Internacional que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos por personal de ejército entre enero de 2008 y septiembre de 2009. No obstante, sólo 21 particulares denunciaron oficialmente los casos, ya que el resto temía que se cumplieran las amenazas vertidas contra ellos.
“Los casos que hemos podido investigar son realmente escandalosos. Pero más escandaloso aún es que sabemos que esto es sólo la punta del iceberg. Pudimos averiguar detalles concretos de varios casos mientras el gobierno sigue negando que existan casos de abusos contra los derechos humanos que hay que investigar”, afirma Kerrie Howard.
El informe de Amnistía Internacional expone detalles de cinco casos de violaciones graves de derechos humanos cometidos por el ejército contra 35 personas entre octubre de 2008 y agosto de 2009 en los estados de Chihuahua, Tamaulipas y Baja California.
El 21 de octubre de 2008, unos testigos vieron cómo unos soldados arrestaban a Saúl Becerra Reyes, de 31 años, y a otros cinco hombres en un lavado de automóviles de Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua.
Tras permanecer cinco días en un cuartel militar, los cinco hombres arrestados junto con Saúl fueron puestos bajo custodia de la Procuraduría General de la República y acusados de delitos relacionados con drogas y armas de fuego. Las autoridades nunca reconocieron haber detenido a Saúl, a quien no se volvió a ver con vida.
Aunque se formularon varias quejas oficiales sobre la desaparición de Saúl, ninguna de ellas desembocó en una investigación efectiva de las autoridades. A pesar de la orden de un juez federal, las autoridades civiles y militares negaron en todas las ocasiones conocer el paradero de Saúl.
El cadáver de Saúl Becerra fue hallado en marzo de 2009. El certificado de defunción señala que murió al día siguiente de su detención a causa de una hemorragia cerebral por traumatismo craneoencefálico. Las autoridades no realizaron otra autopsia.
El juez federal sobreseyó el caso y lo trasladó a la Procuradoría General de Justicia del Estado de Chihuahua para que fuera investigado como un asesinato común, sin hacer referencia alguna a los datos que indicaban la participación del ejército.
“México afronta una importante crisis de seguridad pública y el gobierno tiene claramente responsabilidad de combatir la delincuencia organizada y los cárteles de la droga con todos los medios legales a su alcance”, prosigue Kerrie Howard.
“Esta es una tarea difícil y peligrosa, pero no se debe usar la gravedad de una crisis como pretexto para no ver cuando se cometen abusos.”
Amnistía Internacional también se queja de que los pocos casos de abusos a manos del ejército en los que se ha adoptado alguna medida, son juzgados por tribunales militares prácticamente cerrados donde las víctimas y sus familiares no tienen acceso a la información ni una condición jurídica que les permita recurrir contra las actuaciones judiciales o las del tribunal.
La falta de independencia e imparcialidad de los procuradores y tribunales militares ha desembocado en reiteradas ocasiones en la denegación de justicia a las víctimas y la impunidad para los perpetradores.
“Los abusos que hemos visto contribuyen al deterioro de la situación de la seguridad en México”, declara Kerrie Howard.
“Al no adoptar medidas para prevenir y castigar las violaciones graves de derechos humanos, el gobierno mexicano podría ser considerado cómplice de estos crímenes.”
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que reconozcan la gravedad y escala de las denuncias de abusos contra los derechos humanos cometidos por miembros del ejército, así como el grado de complicidad de las autoridades civiles en el encubrimiento de estos abusos, y que conviertan esta cuestión en una prioridad del gobierno.
El gobierno debe adoptar medidas de inmediato para garantizar investigaciones rápidas e imparciales a cargo de las autoridades civiles a fin de que los responsables comparezcan ante los tribunales civiles y las víctimas reciban una reparación.
Si desean más información, pónganse en contacto con:
En México: Arturo Ávila, tel.: +52(55)5687.6010x106; móvil: +52(55) 5180.9918 comunica@amnistia.org.mx
En Londres: Josefina Salomon, tel.: +44 207 413 5562, móvil: +44 7778 472 166, jsalomon@amnesty.org
A partir de las 17:00 horas GMT del 8 de diciembre pueden consultar el informe de Amnistía Internacional México: Nuevos informes de violaciones de derechos humanos a manos del ejército en www.amnesty.org
Para acceder al reporte completo: Mexico Military - Report SPA.pdf 394.39 KB
El aborto inseguro, una pandemia prevenible
Por: Asa Cristina Laurell
El avance en la penalización del aborto en las entidades federativas –hasta ahora 17–, requiere del análisis de su impacto sobre la salud pública. Penalizar el aborto tendrá muchas consecuencias que van más allá del caso individual, de por sí grave.
¿Qué sugieren los promotores de la penalización para estos casos frecuentes? ¿Quieren castigar a las mujeres por el funcionamiento de su cuerpo; quieren castigar penalmente la enfermedad? ¿Se hará una investigación judicial para establecer la causa del aborto?
Es previsible que la criminalizació
Se cierra el cerco sobre las mujeres porque las mismas fuerzas que promueven la penalización del aborto están en campaña contra los anticonceptivos de todo tipo y de la educación sexual. Están creando el peor escenario para prevenir el aborto, ya que el efecto es reforzar conductas de alto riesgo no sólo para el embarazo no deseado, sino también para contraer infecciones de transmisión sexual, por ejemplo el VIH/sida. No hay ninguna evidencia robusta de que la ignorancia o amenaza de un castigo cambie la conducta sexual de mujeres y hombres.
Los embarazos en mujeres menores de 18 años representan el 20 por ciento de todos los embarazos en México y este grupo requiere de información sexual y sobre cómo protegerse. Las adolescentes tienen, según datos de la Secretaría de Salud (Ssa), un riesgo 1.2 veces mayor de morir por su gravidez que el resto de las mujeres. Nuestro país suscribió los Compromisos del Milenio de la ONU en 2000, cuyo objetivo cinco es mejorar la salud materna. Entre los indicadores están precisamente la tasa de natalidad entre las adolescentes y la de uso de anticonceptivos, ambos factores de riesgo de muerte materna.
Otro indicador es la mortalidad materna (MM), cuyo objetivo es laograr una disminución de 75 por ciento entre 1990 y 2015. Esto quiere decir que en México debiera bajar de 57.2 por 100 mil nacidos en 2008 a 22 en 2015, lo que requeriría la reducción de 6.9 por ciento al año. México estaba lejos de cumplir las metas anuales de disminución de la mortalidad materna antes de la campaña contra los anticonceptivos y la penalización del aborto. Es de esperar que con estas acciones el problema tenga peor tendencia. Esta es una de las razones de la preocupación de la ONU, expresada hace unas semanas, por la penalización del aborto en los 17 estados que la legislaron.
El aborto es una práctica común en México y el Consejo Nacional de Población (Conapo) estima unos 100 mil al año y el Instituto Guttmacher alrededor de medio millón. Este dato debe ser confrontado con el hecho de que un aborto clandestino es nueve veces más peligroso que uno inducido por un médico en condiciones seguras antes de las 18 semanas de gestación.
Los derechos sexuales y reproductivos son garantías fundamentales de la mujer. Suprimirlos tiene impacto en la salud pública. “El aborto inseguro. La pandemia prevenible”
, publicado en Lancet, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 2006, concluye: “Su historial de salud pública es preciso e incontrovertible: el acceso a un aborto solicitado, seguro y legal mejora la salud”
. La comparación con los datos muy publicitados de las defunciones a consecuencia de la influenza A/H1N1 es contundente. Para el cierre de 2009 habrá alrededor de 950 muertes por esa causa, mientras las muertes maternas estarán entre mil 50 y mil 150, y una proporción importante de ellas se deben al embarazo en adolescentes o a los abortos mal practicados. ¿Por qué estos datos no causan la misma preocupación que los de la influenza?
Hoy podría realizarse el encuentro con Narro, Villa y líderes senatoriales
Luego de 17 días en ayuno, en los que ingirieron sólo agua, suero y miel, 10 mujeres y cinco hombres del Sindicato Mexicano de Electricista (SME) levantaron ayer su huelga de hambre con la condición de que la Secretaría de Gobernación (SG) cumpla su palabra
e instale de manera inmediata una mesa de negociación real
con este gremio. Incluso plantearon que el diálogo empiece este mismo viernes.
Nosotras estamos dando un primer paso, estamos dispuestas a levantar esta huelga de hambre esperando que Gobernación sea congruente y no maneje un doble discurso. Fuimos un medio para abrir un camino de solución, ahora hay que concretarlo
, dijo Mónica Jiménez, vocera de las mujeres del SME en ayuno.
Todavía con ánimo, a pesar de que en el último análisis que les practicaron –el pasado lunes– algunos presentaban condiciones de riesgo para su salud, estos trabajadores, que cumplieron más de 400 horas sin ingerir alimentos sólidos, advirtieron que van a continuar en la lucha hasta que les regresen su empleo, y pidieron que “el próximo despedido del país sea el titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano.
No queremos ningún trato con Lozano
, señalaron, mientras al campamento en que vivieron 17 días –ubicado en el cruce de Insurgentes y Reforma–, lleno de flores, pancartas, cartulinas con consignas y una gran Virgen de Guadalupe, llegaron a atestiguar el levantamiento de la huelga cientos de electricistas; líderes de sindicatos agrupados en la Unión Nacional de Trabajadores, como el de telefonistas, el de la UNAM, de la industria nuclear y de pilotos de aviación, además de legisladores.
El dirigente del SME, Martín Esparza, apuntó que con el levantamiento de esta huelga estamos dando una muestra de voluntad para llegar a esa mesa de diálogo y construir una alternativa para resolver el conflicto, porque lo que queremos es nuestro empleo
.
–¿Cuándo empieza la mesa de diálogo?
–Al término de este acto vamos a comunicarnos con Gobernación para ponernos de acuerdo. Voy a hablar directamente con el secretario Gómez Mont para fijar fechas, dijo Esparza.
No obstante, los trabajadores le urgieron que se busque que las negociaciones se inicien este mismo viernes.
Dijo que lo que motivó que se levantara el ayuno fue, primero, el deterioro de salud de varias trabajadoras, y segundo, la convocatoria de Gobernación a continuar con el diálogo y la muestra que dio al avanzar a un acuerdo para que los trabajadores –aun los no liquidados y sus familias– tengan seguro social por un año.
Los huelguistas Tersa Figueroa, Evelyn Muñoz, Diana Sánchez, Karla Ledezma, Elena Colín, Judith García, Alejandra Rojas, Cielo Fuentes, Iris Olvera, Mónica Jiménez, Pedro Lino, Juan José Lino Luna, José Lino, Sergio Vallejo y Rolando Cordero fueron trasladados en ambulancias a un hospital público para su atención.
Esparza planteó que se espera que hoy tenga lugar la reunión con el rector de la UNAM, José Narro; el director del IPN, Enrique Villa, y los senadores Manlio Fabio Beltrones (PRI), Carlos Navarrete (PRD) y Gustavo Madero (PAN), a fin de que conformen una comisión de intermediación entre el SME y el gobierno federal.
Este 10 de diciembre es muy importante para el futuro de la lucha del sindicato –dijo–, porque la juez Guillermina Coutiño tendrá que llevar a cabo la audiencia constitucional para resolver de fondo la demanda de amparo interpuesta contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Asimismo, sostuvo que hay todo un plan de actividades para el fin de año, porque en primer término el campamento no se levantará, será punto de encuentro para preparar amparos de los usuarios.
Compartimos la desconfianza de la pretendida mesa de negociación, en donde si acaso podríamos depositar cierta esperanza es en Narro, el rector de la UNAM, porque sabemos de la filiación y cercanía de Villa con Calderón, así como su sucesor(a) al frente del Poli, luego Manlio Fabio del PRI, Madero del PAN y Navarrete del PRD ¿podríamos esperar algo más que la defensa de los propios intereses? Sin embargo, no somos nosotros quienes estuvimos en huelga de hambre ni quienes estamos sin recibir salario o servicios médicos, así que a los trabajadores sí debe urgirles una solución, no cualquiera, ojalá sepan ser lo suficientemente cautos e inteligentes, y nosotros sigamos cubriéndolos cada vez con más fuerte y amplia solidaridad y apoyo, para que por la urgencia no se equivoquen. Además, como suelen hacerlo, toda decisión debe ser emanada de la Asamblea del SME y no dejarlo en manos de la dirección sindical
“Cuídate Martin Esparza, el director del IPN no representa a la comunidad”
Sobre la filiación Política de la nueva dirección del IPN, los politécnicos
y uno de los 5 notables en la mesa de negociación del SME.
Por Ing. Ernesto M. Pereira Cámara
Egresado de la ESIME Generación 87 – 92
He querido iniciar mi intervención con la siguientes observaciones, al leer algunos artículos sobre el reciente nombramiento del Director del IPN, sobre la filiación política de esta y la solicitud de Martin Esparza, para que entre cuatro distinguidos miembros de la academia y la sociedad incluyera a un quinto malo: Enrique Villa Rivera, quien en principio dijo que no aceptaba ya que era un asunto concluido, como lo fue aquella reforma académica que impulso durante su gestión y que abortó debido a la presión estudiantil ante la eminente huelga estudiantil.
Aunque como ciudadanos tenemos el derecho de tener cualquier filiación política, sin embargo por nuestra herencia histórica que debemos tener quienes hemos estudiado en escuelas públicas o específicamente en el IPN, nuestra filiación política no debe ser orientada al PAN o a pertenecer a grupos clericales como ya se ha dado en antiguos nombramientos de la época del PRI. Creo que más preocupación nos debe ocupar el pensar que hay jóvenes estudiantes en nuestras escuelas, e incluso maestros, aunque sean los menos o profesionistas panistas que presumen su origen politécnico.
El PAN nace el 15 de septiembre de 1939, con la idea de contrarrestar los "excesos" del gobierno Cardenistas, y la creación de nuestro instituto fue uno de esos excesos que, según la derecha, había y hay que combatir junto con cualquier forma de educación publica, laica y gratuita.
Olvidar los orígenes de nuestras escuelas es defecar sobre la sangre del pueblo de México muerto en la lucha armada de la revolución.
El reciente nombramiento, con fundamento en el Articulo 12 de la ley orgánica del IPN, la Sra. Bustamante fue designada por un presidente falto de legitimidad, que aunque dice que aprendió política con ética de su padre esta clase de ética queda evidenciada al haber sido autodenominado presidente "haiga sido como haiga sido".
La Sra. Bustamante señala que es parte de un proyecto, que entre otras cosas promueve el modelo educativo basado en competencias, contrario a la esencia de nuestro articulo tercero constitucional y que fue instituido e impulsado por la peor gestión del politécnico la del guadalupano, entusiasta promotor del modelo educativo: la letra con sangre entra, el coleccionista de doctorados Honoris Causa. Enrique Villa Rivera, quien Adhirió al IPN a Sociedad en Movimiento, que es un grupo ultraderechista de apoyo a las medidas neoliberales ejecutadas por FECAL.
Maestros e Investigadores han sido puestos a disponibilidad por el guadalupano Sr. Villa y 2 Estudiantes Politécnicos han sido expulsados por llevar a trabajadores del SME a explicar la situación que viven con el decreto de extinción de la CLyFC. Y aun así el Secretario General del Sindicato mexicano de electricistas Martin Esparza, solicita la participación de la dirección del IPN en la comisión negociadora. Cuidado, esto es como dormir con el enemigo, mientras la UNAM tiene un representante de su comunidad con altura Moral y crítico del modelo neoliberal el Dr. José Narro Robles, los politécnicos tenemos un enano: el Guadalupano, coleccionista de doctorados y educador de la era de las cavernas el Sr. Villa.
Compañeros del SME y sobre todo Compañero Martin Esparza, hay que tener mucho cuidado, la lucha del SME es la de todos los ciudadanos conscientes y hagamos la protesta de los huelguistas de hambre la protesta de todos ya que cuando el Sr. Salinas el usurpador, se puso en huelga de hambre solo necesito 10 horas y ahora las compañeras llevan ya varios días y no indigna lo suficiente a nuestro pueblo.
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