Vientos Electorales

por José Antonio Crespo

(publicado en Excélsior el 27 de febrero de 2009)

¿Hacia dónde soplan los vientos electorales? 1) El gobierno nacional duplicará su presupuesto de comunicación con respecto a 2008 (de 800 millones, a mil 800 millones de pesos, aproximadamente), casi lo mismo que se supone se ahorraría el erario con el uso de tiempos oficiales por partidos y organismos electorales. Es una nueva burla a los ciudadanos. Mejor devolver algunos de esos espacios al gobierno, reduciendo los que de sobra tiene el IFE.

2) Las encuestas siguen retratando la intención de voto de los ciudadanos. Una de ellas, recién publicada por Reforma (23/feb/09), confirma lo que otras reflejan: que el PRI se separa del resto de los partidos y se acerca al umbral que podría darle la mayoría absoluta en la Cámara baja (41 %). Sin duda, el PRI es el principal beneficiario del fiasco de los gobiernos panistas, en parte porque el PRD ha desaprovechado la oportunidad de presentarse como una oposición confiable, unida y constructiva (en marzo del año pasado tenía 23% de la intención del voto, para caer ahora a su piso histórico de 17%).

3) También hay datos que permiten inferir que la crisis económica es lo que más está golpeando al blanquiazul, pese al bombardeo mediático del gobierno en el sentido de que la crisis viene de afuera y ahora estamos mejor preparados para resistirla. Y es que, en diciembre de 2008, el PAN estaba empatado con el PRI (en 36%) entre quienes dicen estar pasando una época económicamente difícil (que conforman 62% del total). Ahora, en ese subgrupo, el PAN desciende a 25%, de lo cual el PRI se ha alimentado (y también el PRD, pero en mucho menor medida).

4) Entre los partidos emergentes, el Partido Verde reporta 5% de intención de voto, lo cual sugiere que su oferta de impulsar la pena de muerte está resultando eficaz. Se trata de un hábil partido “engañabobos”, que primero vendió la imagen de ser un partido ecologista y ahora va en sentido contrario, apoyando la pena de muerte. El partido, al parecer, ha captado a un buen número de incautos que sólo contribuirán a que siga en pie ese rentable negocio. El PT también reporta 5% de intención de voto, lo que en su mayoría puede atribuirse a que ha aprovechado el padrinazgo de Andrés López Obrador. El Panal aparece con sólo 2%, suficiente para mantener el registro, pero muy bajo en comparación con su debut en 2006. Sin embargo, esto puede ser engañoso, pues aún cuenta con su poderosa máquina corporativa. Y el PSD, ya sin Patricia Mercado, no enfrenta un panorama alentador.

5) Al preguntar a los entrevistados sobre si los famosos spots de los partidos influirán en su decisión de voto, 55% afirman que no. Pero, para quienes quisiéramos cambiar el modelo de spots por espacios de reflexión, debate y deliberación, hubiera sido mejor que ese porcentaje hubiera sido de 95%, pues basta con que 40 % diga que la propaganda partidista sí le es útil en la decisión de su voto, para que los partidos se sientan proclives a mantener la actual spotización de las campañas.

6) Con respecto a la evaluación del IFE: 52% dice que ve al Instituto muy bien o bien (lo que seguramente corresponde con la mitad de ciudadanos que avalaron el triunfo de Felipe Calderón). Los consejeros electorales quizá se sientan contentos, pues se trata de una mayoría absoluta de los encuestados, pero a estas alturas dicha confianza tendría que ser de cerca de 80 por ciento. Sólo que en 2006 la confianza ciudadana (que en efecto registraba 75%) se cayó dramáticamente. Y aunque los actuales consejeros enmendaron el grave error de haberse querido elevar exponencialmente su salario en plena crisis económica, y en medio del proceso electoral, dejaron en claro que para ellos lo prioritario no es la democracia, la credibilidad electoral o el fortalecimiento del IFE, sino tener sus bolsillos repletos.

Exhibieron su absoluta falta de ética social, pero también su carencia de visión política. ¿No calcularon la reacción de la opinión pública, ante su grosera voracidad? ¿Creyeron que recibirían un sonoro aplauso por su merecido incremento salarial? ¿No se percataron de que daban en charola de plata municiones de sobra a los poderosos enemigos del IFE? ¿No pensaron en el grave daño que le harían al Instituto? ¿Qué confianza puede haber ahora sobre su conducción de los comicios? Mostraron su verdadera estatura moral y política. Si a los consejeros de verdad les preocupaban los bajos salarios de muchos funcionarios del IFE, pudieron elevarlos sin al mismo tiempo incrementar el suyo, pues lo primero pareció más un pretexto para lo segundo. En el mejor de los casos, resulta preocupante tan profunda torpeza política.

7) Y el nivel de participación electoral calculado es de 43%, más o menos el que se registró en 2003. Al clasificar a los votantes probables de acuerdo con su intención de voto, se mantienen los porcentajes en general: PRI, PAN y PRD, en ese orden. Es decir, el nivel de participación electoral no parecería modificar significativamente el marcador entre los partidos (sea cual sea la concurrencia a las urnas, el PRI ocuparía el primer sitio, con gran ventaja). Los encuestadores se las han ingeniado para calcular, a través de una batería de preguntas, cuáles de los entrevistados muestran altas probabilidades de acudir a las urnas.

Pero flota en el ambiente un fuerte rechazo a los partidos, que podría traducirse, no sólo en abstencionismo, sino también en un alto nivel de anulación deliberada del sufragio. Por lo cual los encuestadores, a la hora de preguntar la intención del voto, harían bien en incluir la opción “Ninguno” o “Anularé mi voto”, para ir calculando desde ahora la magnitud de ese fenómeno, que sería un rasgo peculiar de esta elección.

-----------------

¿ITALIA EN MÉXICO?
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 28 de febrero de 2009)

Ahora que el narcotráfico aparece como tema de debate en la precampaña electoral en boca de dirigentes partidistas, recuperaremos algunas reflexiones del sacerdote italiano Luigi Ciotti sobre la mafia en su país, quien asistió al nuestro como invitado a la Conferencia Episcopal Mexicana (La Jornada, 21/II/09).

Ese debate se centra aquí sobre si se debe seguir con la represiva estrategia anticriminal o hay que agregar tácticas (prevención y rehabilitación de adicciones, legalización de la mariguana, golpes sistemáticos a las finanzas y propiedades de narcos) y deslindar responsabilidades añejas, priístas y nuevas, panistas, en un contexto de crisis económica y de seguridad pública que no se reconoce que se retroalimentan.

Ciotti, dirigente de Libera (mil 500 asociaciones diversas en Italia), considera que el combate a las mafias no puede ser sólo responsabilidad de las fuerzas policiales, sino también de lo que llama sociedad responsable, que debe ser vigilante y propositiva frente a las instituciones del Estado.

Libera actúa basada en tres propuestas. Primera, confiscación de los bienes de mafiosos (hay 9 mil propiedades incautadas) para darles uso social vía cooperativas agrícolas para jóvenes y así dar un golpe doble a los mafiosos: reducción patrimonial y de consenso. Segunda, generación de información y conocimiento (60% de las universidades italianas han firmado acuerdos con Libera) para hacer propuestas responsables. Tercera, mantener y multiplicar el recuerdo no sólo de los asesinados famosos sino de todos los fallecidos, mediante una red de familiares y amigos.

Apunta que frente a la actual crisis económica, que es sobre todo política y ética, la mafia se aprovechará “del sufrimiento de muchas familias y pequeñas empresas: prestará dinero, hará favores, penetrará aún más en la sociedad”, de forma tal que la disminución de homicidios mafiosos obedece a su mayor penetración y control social. Resalta que la polémica sobre la seguridad busca consenso electoral dado que en el acceso a este derecho “los últimos en la fila son los más pobres”, seguridad entendida como: salud, educación, casa y trabajo.

Concluye destacando una paradoja actual: “Tenemos que liberar a la libertad del mal uso que se hace de ella. Hay demasiadas personas en nuestras sociedades que no son libres”. Pasar del reino de la necesidad al de la libertad, diría Karl Marx.

En México, ¿cómo se usan el dinero y los patrimonios confiscados y cuál es su cuantía? ¿Una táctica de confiscación sistemática podría auxiliar al abandonado campo mediante dotación de tierras, préstamos y asesoría técnica para generar cohesión social? ¿Las universidades podrían asesorar en las campañas de prevención y rehabilitación de drogadictos potenciales y reales, en la evaluación del sistema penitenciario y de la estrategia anticriminal? ¿Si disminuye la violencia obedecerá a que la guerra se va ganando o a más penetración del narco, dado el creciente ejército de desempleados y pobres?

¿La memoria colectiva sobre los 9 mil narcoejectuados sólo en este gobierno debe ser una táctica de generación de voluntad colectiva y de participación social, o se seguirá con la pasiva e individual cultura de la denuncia y de amnesia que pretende que los ejecutados son sólo narcos y no civiles inocentes, policías y militares honestos? ¿Se continuará insistiendo en que seguridad pública es proteger la integridad personal y patrimonial desvinculada de la reducidísima seguridad social y laboral? ¿La jerarquía de la Iglesia católica seguirá repitiendo que la criminalidad obedece a la falta de valores entre los jóvenes?

Las respuestas a estas preguntas no aparecen en la reciente “revaloración” de la estrategia anticriminal del Consejo Nacional de Seguridad, sino que fue una demostración más de fuerza frente al narco y nada más, se repitieron las tácticas de siempre. Faltaron las de confiscación, rehabilitación, prevención y participación amplias y permanentes, combinadas con una estrategia de cambio del excluyente modelo económico neoliberal.

--------------------------

La cantaleta

Por: Luis Javier Garrido

La cantaleta de Felipe Calderón sobre el narco es también, y sobre todo, una forma de encubrir los vínculos del PAN y del gobierno panista con el crimen organizado y con los cárteles, y es por ello que el gobierno de facto la está acentuando con vistas a las elecciones legislativas de este año.

1. México no había tenido a lo largo de su historia un gobierno tan inepto y de espaldas a la realidad como el de Felipe Calderón, que para paliar su ilegitimidad, su falta de respaldo popular y su impotencia frente a los problemas, no deja pasar ocasión para fotografiarse con los militares y preconizar una guerra contra el crimen organizado que no existe, tratando de aparentar una fortaleza de la cual carece, y olvidándose de que los mexicanos saben bien que su gobierno se instaló tras un fraude orquestado precisamente por diversas facciones del crimen organizado: de defraudadores, traficantes de influencia y lavadores de dinero, y que las campañas panistas se han apoyado tanto o más en el dinero sucio que las de sus aliados priístas, de los cuales busca tomar distancias.

2. Las acusaciones en un principio veladas y después abiertas de Calderón y sus amigos, primero al PRI y a los priístas y luego al gobierno de Vicente Fox, de haber favorecido el narcotráfico, dirigidas en lo esencial por motivos electorales, y que han terminado por revertírseles, se originaron por el nerviosismo de los panistas instalados en Los Pinos, que advierten que a pesar de las groseras manipulaciones con las que están organizando el proceso electoral de 2009, éste se va a saldar por un repudio.

3. Resulta evidente, como tantas veces se ha señalado, que de haber una real lucha contra el narcopoder Calderón habría tenido que proceder penalmente, antes que otra cosa, contra una serie de prominentes empresarios protectores suyos y contra muchos responsables de los bancos y de otras instituciones de crédito, por lavado de dinero, como no lo ha hecho tampoco contra prominentes panistas y priístas amigos suyos, ni contra Vicente Fox y los hijos de Marta Sahagún, sobre quienes existen múltiples evidencias de su vinculación con el crimen organizado..

4. El hecho de que el PAN se hundiese el año pasado en las elecciones locales y municipales como tercera fuerza electoral y que todas las encuestas efectuadas hasta ahora le otorguen sólo 30 por ciento del respaldo de los votantes que irían a las urnas, con más de 10 puntos por abajo del PRI, ha llevado al gobernante espurio a una mayor descomposición anímica y a buscar obsesivamente todos los respaldos y arreglos para mejorar el resultado electoral de los panistas (que sería al fin un referendo sobre su gobierno), para lo cual no ha tenido prurito de intentar todo tipo de acuerdos con el nuevo gobierno estadunidense, que no lo está dejando desamparado del todo.

5. Los gobiernos de Estados Unidos, sean republicanos o demócratas, han buscado desde la administración de Ronald Reagan someter por completo a México en función de sus intereses estratégicos, para lo cual han buscado que se consolide en el poder económico y político de nuestro país una mafia entreguista, integrada tanto por salinistas y zedillistas como por panistas, profundamente corrupta y vinculada al narco, lo que le ha permitido a la Casa Blanca tener al sur gobiernos mexicanos cada vez más sumisos y fáciles de manipular, pues su propia corrupción y dependencia ante el crimen organizado, como es el caso de la administración espuria de Calderón, los hace extremadamente débiles, máxime si como éste fue impuesto por un fraude electoral grosero.

Se infringen disposiciones: especialistas

Israel Rodríguez J., La Jornada

La permanencia de Banamex como filial de Citigroup, una vez que el gobierno de Estados Unidos se convirtió en propietario de una tercera parte del capital del consorcio estadunidense, contraviene la Ley de Instituciones de Crédito, aseguró Francisco Suárez Dávila, ex subsecretario de Hacienda. Afirmó que la operación, anunciada este viernes, constituye una oportunidad de oro para que el Ejecutivo mexicano, la Secretaría de Hacienda y el Congreso realicen una cruzada nacional y recuperen Banamex en beneficio de los mexicanos.

Por su parte, Adalberto Palma, ex vocal del Instituto de Protección para el Ahorro Bancario, comentó: El sistema financiero mexicano está urgido de democratización, después que 80 por ciento de la banca tiene gran concentración en manos de extranjeros y ha demostrado ser ineficiente.

Ahora, explicó, se podría democratizar su capital mediante fondos de inversión, Afore u otros, dado que, por ejemplo, en Estados Unidos los bancos no tienen grupos de control. Esto es muy importante, porque Banamex ha demostrado ser una institución rentable.

En tanto, Francisco Suárez, ex representante de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, aseveró: no me cabe la menor duda que eso contraviene el artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito de México.

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito dice: Las acciones representativas de las series O y L serán de libre suscripción. No podrán participar en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

En tanto, el senador Ricardo Monreal consideró que la operación es irregular, y planteó la necesidad de realizar una investigación y que la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entreguen al Congreso información puntual sobre la medida.

Por su lado, el senador perredista Graco Ramírez puntualizó que revisará cómo quedará el capital accionario de Banamex para definir las consecuencias que esto puede tener para México.

El senador priísta Carlos Lozano señaló que hay lagunas en la legislación. Es claro que el gobierno de Estados Unidos no está comprando acciones de Citigroup para ser socio de Banamex. y tampoco para entrar en una colonización financiera. Dado lo anterior, dijo, hay disposición para construir lo que es necesario, a fin de dar certeza, transparencia y legalidad en esos temas.

(Con información de Georgina Saldierna)

Washington adquiere 36% del capital accionario de Citigroup

La institución de crédito y Estados Unidos no violan las leyes mexicanas, sostiene Banamex

La Comisión Bancaria y de Valores anuncia que ya analiza las implicaciones jurídicas

Roberto González Amador

Banamex, filial en México de Citigroup, invocó este viernes una cláusula del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para defender su licencia para operar en el país, después que el gobierno de Estados Unidos decidió aumentar hasta 36 por ciento su participación en el capital del grupo financiero multinacional.

Existen claros argumentos para afirmar que la operación anunciada (entre el gobierno de Estados Unidos y Citigroup) no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México, explicó ayer Banamex.

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que regula las operaciones de la banca en México, prohíbe expresamente que en el capital de los bancos que operan en el país participen autoridades extranjeras. El supuesto se cumple ahora que Citigroup, controlador de Banamex, tendrá como accionistas relevantes a dos gobiernos, el de Estados Unidos y el de Singapur.

Este viernes el gobierno de Estados Unidos y Citigroup alcanzaron un acuerdo para convertir en acciones comunes –de control– hasta 25 mil millones de dólares en acciones preferenciales que Washington tiene en el banco. Citi no recibirá nuevos fondos públicos, como las inyecciones por 45 mil millones de dólares de los últimos tres meses para evitar su bancarrota en medio de la crisis financiera, pero el gobierno estadunidense puede aumentar su participación en el capital del consorcio financiero a 36 por ciento del total.

En un movimiento similar, la Corporación de Inversiones del Gobierno de Singapur (GIC) anunció ayer que convertirá las acciones preferenciales que posee en Citigroup en acciones ordinarias, lo cual le otorgará una participación de 11.1 por ciento en el grupo bancario estadunidense.

Banamex emitió este viernes un comunicado de prensa en el que, sin aludir al contenido de la Ley de Instituciones de Crédito, aseguró que el aumento de la participación del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citigroup y, por tanto, en el de Banamex es legal. Por tanto, no encuentra razón para que su licencia sea revocada, como ocurriría si la autoridad financiera mexicana decidiera aplicar dicha norma al pie de la letra.

Ayer en la noche, 12 horas después del anuncio sobre el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Citi, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), regulador del sistema financiero en México, emitió un comunicado, en el cual aseguró que las autoridades financieras mexicanas analizan las implicaciones jurídicas derivadas de los apoyos que gobiernos extranjeros han otorgado a bancos que tienen filiales en el país.

La CNBV, indicó el comunicado, solicitó a Banamex la información correspondiente sobre el apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a Citigroup. Las autoridades financieras mexicanas en su conjunto analizarán la información que al efecto se proporcione y la adecuación de las nuevas condiciones que deriven del apoyo a la legislación financiera e informarán en breve acerca del resultado de dicho análisis.

Inversión temporal

La participación del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citigroup, aseguró Banamex, se da en condiciones extraordinarias y tiene carácter temporal. Esta participación no modifica la estrategia de negocios de Citi, su operación ni su administración, y por supuesto tampoco las de Banamex.

Añadió: respecto de la participación del gobierno de Estados Unidos en el capital accionario de Citi, si bien la interpretación de las disposiciones de la legislación financiera corresponde a las autoridades competentes, existen claros argumentos para afirmar que la operación anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.

El gobierno estadunidense se convirtió en propietario de más de un tercio de las acciones de Citigroup. En la imagen, oficinas del corporativo en la ciudad de Nueva YorkFoto AP

El artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito señala: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad.

En el comunicado emitido ayer, Banamex aseguró que en el TLCAN, vigente desde 1994 y que involucra a México, Estados Unidos y Canadá, los tres países acordaron darse la facultad irrestricta de adoptar las medidas necesarias para proteger a sus ahorradores y sus sistemas financieros. “En este acuerdo se señala que ninguna disposición del tratado puede interpretarse como un impedimento para que un Estado ‘adopte o mantenga medidas razonables por motivos prudenciales, tales como: a) proteger a inversionistas, depositantes, participantes en el mercado financiero; b) mantener la seguridad, solidez, integridad o responsabilidad financiera de instituciones financieras; o, c) asegurar la integridad y estabilidad del sistema financiero de una parte’”.

Según la interpretación de Banamex, una de las medidas prudenciales que adoptan los gobiernos durante las crisis financieras sistémicas es aportar capital a los bancos, como –afirmó– ocurre en esta crisis internacional con varias instituciones financieras y como sucedió con algunos bancos en México en 1995.

Es importante destacar que la intervención del gobierno de Estados Unidos tiene carácter temporal, no para mantener el control de Citi en el largo plazo, comentó ayer Paulo Carreño, vocero de Banamex. Estamos en un diálogo permanente con las autoridades financieras y con legisladores de todos los partidos políticos en el Congreso para exponer nuestro punto de vista sobre la legalidad de la operación, añadió. Sin embargo, aseguró que sólo corresponde a las autoridades hacendarias hacer un pronunciamiento sobre la legalidad de la operación.

Para el portavoz de Banamex, la intervención del gobierno de Estados Unidos en el capital de Citi obedece claramente a una situación extrema y temporal, en la que apoya a su propio sistema de pagos porque no hacerlo tendría altos costos. Pero el gobierno estadunidense no tiene la intención de quedarse como propietario del grupo.

Una interpretación a rajatabla del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito tendría una afectación mayor, porque en el caso de México, asegura, se tendría entonces que quitar la licencia a varios bancos extranjeros que operan en el país y que, de algún modo, han recibido apoyo de sus gobiernos en esta situación extraordinaria. Entre ellos, citó, están Inbursa, de Carlos Slim, asociado con La Caixa, de España; Santander, que es accionista de Bank of America, institución también apoyada en esta crisis por Washington, y HSBC, también receptor de apoyos del gobierno británico.

Por eso encontramos en los ordenamientos del TLCAN una interpretación jurídica que sitúa con mayor precisión lo que ocurre en una situación de crisis como la actual, que es una realidad que no se puede ocultar, declaró Carreño.

El gobierno de EU se convierte en principal accionista de la multinacional bancaria

Las autoridades se preparan para apoyar a otros 100 bancos que podrían fallar este año

David Brooks,Corresponsal

Nueva York, 27 de febrero. Las oficinas ejecutivas de Citigroup en Park Avenue temblaron hoy, cuando este icono del libre mercado a escala mundial tiene ahora como dueño de más de un tercio de sus acciones al gobierno de Estados Unidos.

El gobierno federal se está preparando ante la posibilidad de que otros 100 bancos estadunidenses pudieran fallar durante 2009.

La administración de Barack Obama anunció este viernes que incrementará su participación de ocho a 36 por ciento en Citigroup, convirtiéndose por mucho en el dueño individual más grande del banco. Esto representa una de las acciones más audaces del gobierno federal hasta la fecha para intentar rescatar lo que se considera una empresa financiera demasiado grande para dejarla fracasar.

Es la tercera intervención del gobierno en Citigroup en los últimos tres meses, y analistas consideran que probablemente no será la última.

Como parte del acuerdo, el actual ejecutivo en jefe de Citigroup permanecerá en su puesto, pero habrá nuevos directores independientes en su junta ejecutiva. El banco acaba de informar que sus pérdidas en 2008 ascendieron a casi 28 mil millones de dólares, lo que representa una de las más grandes en la historia de la empresa.

La transacción implica que el Departamento del Tesoro convertirá su inversión de 25 mil millones de acciones preferentes en comunes.

Después de inyectar 45 mil millones de dólares en total al banco, el gobierno federal se convierte así en el principal accionista, pero tanto el gobierno de Barack Obama como los banqueros han buscado a toda costa evitar mencionar la palabra nacionalización. Sin embargo, aunque el acuerdo de hoy no implica una inversión federal adicional en la institución de crédito, muchos analistas advierten que es casi seguro que se tendrán que emplear más fondos para estabilizar éste y otros bancos en medio de una de las crisis más severas en décadas.

Este modelo podría ser aplicado a otros grandes grupos financieros, como Bank of America, que también está en apuros, señalaron expertos, pero el problema es que al evitar la nacionalización completa de estas instituciones los apoyos no resuelven problemas fundamentales, como los instrumentos financieros tóxicos que están paralizando a las firmas financieras.

Ben Bernanke, jefe de la Reserva Federal, entre otros altos funcionarios del gobierno, descarta la nacionalización como opción, pero otros indican que eso ya se hace con bancos medianos y pequeños que han fracasado en tiempos recientes.

De hecho, la Corporación de Seguro Federal de Depósito (FDIC, por sus siglas en inglés), agencia gubernamental que garantiza depósitos en bancos, anunció que cobrará más para recaudar los 27 mil millones de dólares para su fondo de seguro, ante la creciente ola de fracasos de las instituciones financieras.

La FDIC asegura depósitos en 8 mil 300 bancos del país, y ahora calcula que perderá 80 mil millones entre 2008 y 2013 como resultado de fracasos bancarios –el doble que pronosticaba hace sólo unos pocos meses. Esta semana la FDIC anunció que hay 252 bancos en su lista de vigilancia de instituciones en apuros, y por tanto analistas del la industria pronostican que habrá al menos 100 bancos en quiebra en 2009, reportó el New York Times. Unos 14 ya han fracasado este año, mientras un total de 25 quebraron en 2008, comparado con sólo tres en 2007.

¿Todo esto implica que el pueblo ahora es el principal dueño de uno de los bancos más grandes del planeta y de cientos de banquitos?

México SA

Obamamex

Traje a la medida

Los consejeros, otra vez

Carlos Fernández-Vega

Banamex, el otrora prestigiado Banco Nacional de México antes de la reprivatización salinista, cambia de nombre. A partir de ayer se le conoce internacionalmente como Obamamex, único banco extranjero que opera en el país propiedad mayoritaria de un gobierno foráneo, el gringo, encabezado por el joven Barack, hecho que tajantemente prohíbe la mexicanísima Ley de Instituciones de Crédito.

De nueva cuenta el inquilino de Los Pinos está metido en un berenjenal, y la banca foránea una vez más pone a parir a las autoridades financieras del país, porque para efectos mexicanos la citada ley prohíbe explícitamente el acuerdo concretado ayer entre Citigroup y la Casa Blanca, de tal suerte que el gobierno mexicano no sólo debe prohibir que se concrete, sino que está obligado a reaccionar ante una operación de esa naturaleza. ¿Cómo? La propia Ley de Instituciones de Crédito ofrece la salida en su artículo siete: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, podrá declarar la revocación de las autorizaciones correspondientes cuando las referidas oficinas (de representación de la banca extranjera) no se ajusten a las disposiciones legales.

¿Qué violación legal es atribuible al acuerdo Citigroup-Casa Blanca? La del artículo 13 de la multicitada ley, que a la letra establece: No podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple, personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad (léase, por ejemplo, gobierno de Estados Unidos de América). Y Banamex es filial de Citigroup.

¿Es interpretable lo que a la letra establece la Ley de Instituciones de Crédito? Todo indica que no, por ser más claro que el agua, pero Citigroup dice que sí, porque (nótese la solidez del argumento) el acuerdo con el gobierno estadunidense tiene carácter temporal, deriva de una emergencia económica y no modifica la estrategia de negocios de la trasnacional financiera. Así, con la mano en la cintura, el consorcio sostiene que existen claros argumentos para afirmar que la operación hoy anunciada no entra en conflicto con ninguna norma del marco jurídico en México.

En ninguna parte de la citada ley se establecen salvedades para casos temporales, de emergencia económica y/o relacionados con estrategias de negocios, como las citadas por Citigroup. Eso sí, simple y llanamente fija la postura del Legislativo: no podrán participar en forma alguna en el capital social de las instituciones de banca múltiple personas morales extranjeras que ejerzan funciones de autoridad, y hasta donde se sabe el gobierno estadunidense (que ahora es dueño de 36 por ciento de las acciones de Citigroup) es una persona moral extranjera que ejerce funciones de autoridad; ergo, está legalmente impedido para participar en Banamex.

En tiempos de Vicente Fox el gobierno del cambio se dijo al borde del orgasmo por la llamada venta del siglo (Banamex a Citigroup, por la friolera de 12 mil 500 millones de dólares), al tiempo que ovacionaba a Roberto Hernández, Alfredo Harp y demás integrantes de la pandilla, hasta ese momento dueños de Banamex, por evadir legalmente el pago de los impuestos respectivos, algo así como 3 mil 750 millones de dólares.

Cuando el 17 de mayo de 2001 se conoció la venta de Banamex a Citigroup, de inmediato brincó a la palestra el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, con el fin de excusarse ante el presidente Fox de tener que tomar decisiones que competen a la dependencia bajo mi responsabilidad sobre la citada operación de compraventa. Eso sí, participó activamente para garantizar a Roberto Hernández y pandilla el cero pago de impuestos.

Pues bien, ahora que Citigroup ha metido al gobierno calderonista en un nuevo berenjenal y que de plano no sabe cómo salir de la bronca, el inquilino de Los Pinos podría argüir las mismas razones que Gil Díaz en 2001, toda vez que el michoacano alguna vez se empleó en Banamex (ahora podrá demostrar si fue o sigue siendo) y así tira el arpa y cede los trastes a terceros. Hasta donde se sabe no lo ha hecho, pero más rápidos que una saeta ejercieron esa posibilidad el partido tricolor, la Secretaría de Hacienda y el propio Citigroup, por medio de su filial en México, tercia de ases que “analizan el rescate de Citi… Senadores del PRI, la Secretaría de Hacienda y Banamex instalaron una mesa para analizar las implicaciones para el banco del rescate por parte del gobierno de Estados Unidos de Citigroup, informó el senador Carlos Lozano, (quien dijo) que el objetivo es dotar de certeza jurídica al proceso de rescate bancario estadunidense, porque la ley mexicana establece prohibiciones para los asociados de la banca. El PRI pospuso la discusión de una iniciativa de reforma del artículo 13 de la Ley de Instituciones de Crédito, que busca dar una salida al tema. Lo bajamos porque hemos tenido comentarios tanto de la Secretaría de Hacienda como de las instituciones bancarias. Nos vamos a sentar, no queremos crear ningún conflicto. Lo que queremos es que haya transparencia en el tema y veamos cómo lo resolvemos para que no quede una laguna legal”, explicó Lozano (El Universal).

¡Maravilloso! Como la Ley de Instituciones de Crédito no cuadra con el rescate que de Citigroup ha hecho el gobierno de Obama, entonces los ágiles legisladores mexicanos, el doctor catarrito y el propio Banamex analizan la posibilidad de modificar la citada legislación, en la vieja práctica política de hacer trajes a la medida. Vamos a darle certeza jurídica a la trasnacional financiera, presume un senador de la República, cuando su chamba debe ser defender la legislación nacional y los intereses del país. ¡Y quiere ser gobernador!, mientras Calderón mantiene el discurso sobre el respeto al estado de derecho.

Qué espectáculo.

Las rebanadas del pastel

Los consejeros electorales están igual que el tipo de cambio: no salen de una cuando rápidamente ya se metieron en otra. Tras el papelón que hicieron con lo del megaumento de sueldos y conexos, ayer se apuraron a posponer la reciente sanción que, se supone, ya habían impuesto a Tv Azteca. Pues resulta que no, y ahora posponen el debate por nuevos criterios y la revisión de pruebas. Y lo posponen tanto, que no fijaron nueva fecha para pronunciarse.

De 15 diairo

• Mujer indígena otomí, más fuerte que seis policías
• Acusada y sentenciada por haberlos “secuestrado”

Si no fuera porque doña Jacinta Francisco Marcial está padeciendo injustamente la privación de su libertad, acusada de haber participado en un presunto secuestro de seis policías, en Querétaro, este caso sería una comedia, no de equivocaciones, sino de perversidad judicial. Además fue juzgada en español, lengua que ella no habla porque es otomí, y el juez no hizo absolutamente nada para que en el juicio hubiera un traductor, hecho que prueba que persisten graves deficiencias del sistema de justicia queretano.

Jacinta Francisco Marcial es defendida por un centro defensor del respeto a los derechos humanos de probada honorabilidad y profesionalismo, el Centro Pro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), que es auspiciado por la Compañía de Jesús, el cual demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.

Cuenta un reporte del Centro Prodh que el 19 de diciembre de 2008, doña Jacinta fue sentenciada injustamente en la ciudad de Querétaro, acusada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, de haber secuestrado a seis agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI), durante hechos ocurridos el 26 de marzo de 2006, en la comunidad indígena Santiago Mexquititlán, del municipio de Amealco, Querétaro. Las pruebas empleadas para acusarla son insuficientes. Por lo contrario, su inocencia se encuentra plenamente probada y sustentada.

El 26 de marzo de 2006, seis elementos de la AFI, sin identificarse como tales y sin portar uniforme, reporta el Centro Prodh, llegaron al tianguis de la plaza central de Santiago Mexquititlán; despojaron a varios comerciantes de sus mercancías con lujo de violencia, alegando que se trataba de "piratería". Los tianguistas afectados exigieron a los agentes su identificación y la exhibición de la orden que avalara su proceder; éstos se negaron. La tensión aumentó y varios comerciantes afectados comenzaron a protestar. El jefe regional de la AFI y el agente del Ministerio Público de la Federación en San Juan del Río, que acudieron al pueblo para dialogar con la gente afectada, ofrecieron pagar en efectivo los daños ocasionados por los elementos de la AFI.

Para esto argumentaron que debían trasladarse a la ciudad de San Juan del Río para conseguir el pago, por lo que ordenaron a uno de los agentes que permaneciera en el pueblo, como "garantía" de que regresarían. Éste, según testimonios, durante el tiempo que se quedó en el pueblo estuvo comunicado y jamás fue violentado en su integridad física. El incidente terminó cuando, el mismo día alrededor de las siete de la tarde, todos los elementos de la PGR que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente a los daños causados.

Fue hasta el 3 de agosto de 2006, cuando la señora Jacinta Francisco Marcial fue llevada, con engaños, a la ciudad de Querétaro. Allí, al ser presentada ante los medios de comunicación, se enteró de que la acusaban, con otras dos mujeres, de haber secuestrado a los agentes de la AFI durante los hechos ocurridos en marzo del mismo año. A la fecha, dentro del proceso se le condenó a 21 años de prisión y dos mil días de multa. Tras un minucioso proceso de documentación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) asume su defensa integral.

El caso de Jacinta Francisco Marcial muestra una vez más –es la posición del Centro Prodh- las deficiencias del sistema de justicia, las cuales tienen efectos que son sufridos con mayor intensidad por las mujeres indígenas debido a la triple discriminación de que son objeto: por ser indígenas, por ser mujeres y por ser pobres. Doña Jacinta ha sido víctima de violaciones a sus derechos humanos debido a que los órganos encargados de impartir justicia han vulnerado sus garantías procesales. Jacinta Francisco Marcial nunca tuvo acceso a un intérprete o traductor y se le negó el derecho de presunción de inocencia.

En su caso, salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos, como la preponderancia de las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público, que generan desigualdad procesal.

Su caso pone también de relieve la aplicación de tipos penales como el secuestro para procesar a quienes tienen alguna participación en manifestaciones en la vía pública. La señora Jacinta no participó en las acciones de los comerciantes; sin embargo es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes, como ha sucedido en casos similares de protesta.

En el actual contexto de temor e inseguridad, dominado por las voces que exigen endurecer las sanciones para disminuir la delincuencia, el caso de doña Jacinta muestra la proclividad del sistema de justicia a imputar a personas inocentes, cuya situación es agravada por su condición étnica o de género, delitos que despiertan el mayor repudio social. Frente a la vulneración de los derechos humanos de Jacinta Francisco Marcial, el Centro Prodh considera que el magistrado que resolverá sobre la apelación presentada el 22 de diciembre de 2008 tiene en sus manos la posibilidad de revertir las irregularidades existentes en el proceso y ordenar la inmediata excarcelación de Jacinta Francisco Marcial.

En este sentido, el Centro Prodh demanda una actuación guiada por el más estricto respeto a los derechos humanos que restituya a doña Jacinta su libertad y reconozca su inocencia.

http://analisisafondo.blogspot.com
analisisafondo@gmail.com

Nota: ya habíamos publicado una nota sobre esta injusticia, que toda proporción guardada, nos recuerda el caso Ernestina Ascencio, las comunicadoras oaxacañeas, los defensores de derechos humanos guerrerenses y tantos otros.

Historia de las Normales Rurales: un documental de Contralínea Partes 1 y 2

CIDH condena asesinato de líderes indígenas en México

---

Comunicado de Prensa No. 07/09
Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, defensores de los derechos de los pueblos indígenas en el Estado de Guerrero, México, y urge a las autoridades a investigar y sancionar a los responsables.

Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas eran presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y miembros activos de la organización del Pueblo Indígena Me’phaa. Según la información recibida por la CIDH, el 13 de febrero de 2009, cuando asistían a un acto de inauguración de obras en una escuela, fueron abordados por personas que se identificaron como policías y que, amenazándolos con armas de fuego, los obligaron a subir a un automóvil negro de vidrios polarizados y sin placas. El 19 de febrero la CIDH solicitó al Estado de México información urgente sobre el paradero de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en base a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Organizaciones de la sociedad civil informaron a la CIDH que los cuerpos de ambos fueron encontrados el 21 de febrero con huellas de tortura. La CIDH urge al Estado de México a realizar una exhaustiva investigación y sancionar a los responsables de estos asesinatos. Asimismo, la CIDH insta al Estado a adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad de los defensores y las defensoras de los derechos de los pueblos indígenas en Guerrero.

Como ha manifestado la CIDH en su Informe sobre la Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en las Américas, la labor de defensores y defensoras es esencial para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y tienen un papel protagónico en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

Washington, D.C., 24 de febrero de 2009

PRONOSTICA LÓPEZ OBRADOR QUE CALDERÓN ANUNCIARÁ, DOS MESES ANTES DE LOS COMICIOS FEDERALES Y CON FINES ELECTORALES, LA DECISIÓN DE CONGELAR LOS PRECIOS DEL DIESEL

“En plena efervescencia electoral y con un gran despliegue publicitario, Felipe Calderón saldrá a decir a la opinión pública que ha tomado la decisión de congelar los precios del diesel en beneficio de la economía familiar”, declaró ayer, en el segundo día de recorrido por 23 municipios de Tamaulipas y San Luis Potosí, el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador.

“De manera demagógica, el presidente espurio hará el anuncio unos dos meses antes de los comicios federales del primer domingo de julio, pero por el momento desoye e ignora los reclamos de miles de transportistas, pescadores y agricultores que demandan hasta con movilizaciones que bajen la tarifa del mencionado combustible, que es uno de los principales insumos en la actividad productiva”, detalló.

Desde el municipio de Padilla, en Tamaulipas, López Obrador demandó que Carlos Salinas, Roberto Hernández, Vicente Fox y Claudio X. González ofrezcan una disculpa al pueblo de México por haber impuesto en la Presidencia de la República a Felipe Calderón y que hagan el compromiso público de que ya no van a “mangonear la política nacional ni intentarán imponer a un pelele y títere carente de capacidad, para enfrentar los grandes y graves problemas del país”.

“Deben dar la cara y asumir su responsabilidad Salinas, Fox –ex presidentes—y Roberto Hernández —banquero—; los que impusieron a Calderón deberán ahora disculparse, cuando menos, con el pueblo de México”, subrayó.

“La mafia de la política, también debe hacer el compromiso de que ya no va a seguir mangoneando en el país ni tratando de imponer peleles, títeres, que no tienen capacidad para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales”, urgió.

El dirigente de la izquierda mexicana declaró que el país está hecho un desastre, debido a la política económica neoliberal que está vigente desde hace 26 años. “A dos años de que Calderón usurpó el cargo, ahí están los resultados: una mayor pobreza, un mayor desempleo, una mayor violencia e inseguridad”, puntualizó al afirmar que “el presidente pelele “calderoncito, no estaba ni para ministerio público”.

López Obrador alertó al pueblo de Tamaulipas sobre el pronóstico de cero crecimiento económico para este año y de una mayor pérdida de fuentes de empleo, así como sobre una monstruosa desigualdad social, como consecuencia de la crisis. Por esa razón, destacó la necesidad de acelerar el proceso de transformación de México y sus instituciones. “La esperanza es el movimiento ciudadano, que la propia gente se organice y los cambios tendrán que darse de abajo hacia arriba”, aclaró.

Subrayó que el cambio real y verdadero se concretará por la vía pacífica, por el camino de las urnas, por la ruta electoral, con la participación de millones de hombres y mujeres libres y conscientes.

En Jiménez, Corpus Christi y Jaumave, López Obrador se refirió al hecho de que los consejeros del Instituto Federal Electoral desistieron de aplicarse un jugoso incremento salarial. “Hubo todo un alboroto y escándalo, pero finalmente los consejeros recularon”, señaló al pedir que los legisladores y los medios de comunicación también aborden y ventilen ante la opinión pública el insultante salario que tienen los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de casi 600 mil pesos mensuales.

En materia de seguridad pública, el presidente legítimo de los mexicanos aseguró que no habrá tranquilidad ni paz social, mientras persista el actual régimen económico. Sin temor a equivocarse, dijo que la descomposición social es fruto podrido del modelo económico, social y político, así como de una política antipopular. “¿Qué ejemplo puede dar Calderón, si es un verdadero ladrón. Cómo va a combatir la delincuencia, si él es un verdadero ladrón?”, se preguntó.

“La seguridad estará garantizada cuando haya mínimos de bienestar para la mayoría de los mexicanos, oportunidades de estudio para los jóvenes y apoyo a los productores nacionales”, resaltó al insistir en que la creciente ola de violencia y de inseguridad no se resolverá con más policías, soldados, ni con la construcción de nuevos espacios carcelarios, tampoco con leyes más severas ni con penas más largas”, aseveró.

En el aniversario del Chamuco, la presencia de Carmen Aristegui

El pastel consensuado

Manuel Bartlett,
El Universal, 26 febrero

La lista de consejeros profesionales propuestos por el Ejecutivo al Senado, con un mes de retraso, es el inicio de la transformación de Pemex de acuerdo con el modelo privatizador aprobado por el Congreso.

Uno de los cambios que presumen los promotores de la reforma energética es el supuesto fortalecimiento del Consejo de Administración, al que se le faculta en la nueva legislación para conducir a Pemex conforme a las “mejores prácticas corporativas”, o sea, prácticas de las empresas privadas petroleras; con objetivos explícitos de operar un laxo sistema de contratación —prohibido por el artículo 27 constitucional— con empresas extranjeras para localizar y extraer lo más rápido posible las mayores cantidades de petróleo para la seguridad energética extranjera.

O sea, Pemex, empresa nacional garante del aprovechamiento nacional y salvaguardia de nuestro patrimonio energético, transformada en una empresa extractiva y enajenadora de hidrocarburos homologada a las empresas petroleras privadas.

Para conferirle el carácter de “gobierno corporativo”, concepto correspondiente a empresas comerciales, se decreta una nueva composición del consejo con un papel preponderante de cuatro consejeros profesionales, que se suman a otros seis nombrados por el Ejecutivo. No podrá sesionar el consejo sin al menos dos de estos consejeros profesionales y sus decisiones tendrán que contar con el voto aprobatorio de dos de ellos.

Estos consejeros durarán seis años con derecho a reelección hasta 12, no podrán ser removidos sino por una decisión del propio consejo y, de acuerdo con la nueva ley, no la que se aplica a todos los funcionarios, serán prácticamente inamovibles. Los consejeros todos actuarán “de acuerdo a su leal saber y entender”, así nada más, y Pemex pagará seguros y fianzas para protegerlos, a costa de la empresa, por si incurren en responsabilidades.

La Secretaría de la Función Pública mantiene sus funciones pero no podrá evaluar el desempeño del consejo; para eso se crea un Comité de Auditoría, Evaluación y Desempeño, integrado en su totalidad por tres consejeros profesionales, o sea, se cuidarán ellos mismos, autorregulables, amparados en una legislación especial; tendrán autonomía de gestión para evitar “interferencias políticas”, una inverosímil privatización de la operación de nuestra empresa nacional. El Consejo de Administración y sus derivaciones podrán contratar todo, desde la explotación hasta la distribución, pasando por la industria petrolera.

El consejo definirá los tipos de contratos, los pagos y sus numerosos mecanismos de incrementos y bonificaciones, contratos de riesgo disfrazados; tendría incluso facultad de adjudicación directa sin licitación.

Obviamente, el feliz cuarteto propuesto al Senado para estas funciones exorbitantes es una consensuada distribución del pastel: los nombres son lo de menos, lo importante son los compromisos. Calderón se reserva formalmente dos, panistas, ex funcionarios foxistas-calderonistas que permanecerán más allá de Calderón; el PRI obtiene uno, ya desde antes un convencido de las privatizaciones energéticas; y a la “izquierda”, la que validó finalmente el modelo desnacionalizador, se le retribuye con uno. Alegre y prometedora privatización; apenas empiezan.

mbartlett_diaz@hotmail.com

Portal da lista negra de trabajadores

Por: Angélica de la Vega

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión.com) — Existe un portal que ofrece a las empresas, información de personas con malas referencias laborales a cambio de una membresía anual.

A pesar de que la Ley Federal del Trabajo prohíbe expresamente las llamadas listas negras de trabajadores (artículo 133, fr. IX), actualmente el sitio Buró Nacional de Empleados ofrece información de empleados con malas referencias laborales.

Según se define en la página, se trata de un "portal creado por y para las empresas en el cual encontrará información de aquellas personas que cuentan con malas referencias laborales por falta de honradez, honestidad o ética profesional, personas que no han tenido buena relación en su trabajo y que incluso han llegado a demandar a sus ex empresas, ocasionando a las empresas pérdidas de dinero y horas laborales".

Además de investigar las referencias de los candidatos, las organizaciones pueden reportar a aquellos elementos que no respondieron a sus expectativas. Todo esto a cambio de una membresía anual que vale 10,000 pesos.

El servicio está disponible las 24 horas del día y el aviso legal aclara que: "La información contenida en este sitio es sólo para fines informativos, no tiene ninguna validez para juicios laborales o civiles, su acceso es bajo la completa responsabilidad de quien navega por este dominio, no crea derechos ni establece obligaciones para ninguna de las partes involucradas y está sujeta a cambios sin previo aviso."

Aunque la existencia de las listas negras es un secreto a voces, llama la atención que ahora se ofrezcan en su modalidad electrónica.

Otro ejemplo es el Buró del Trabajador, portal que permite consultar el historial de un trabajador y el registro es gratuito. Irónicamente, en la misma página se pueden consultar también los derechos del trabajador.

Cabría preguntarse si existirá algún portal en el que se pueda reportar a las empresas que discriminan o dan un mal trato a su personal.

http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2009/02/25/conoce-la-lista-negra-de-trabajadores

Nota: Existe un sitio de quejas reclamos, etc. contra empresas que dan mal servicio o simplemente estafan, la dirección es: http://www.apestan.com/.

Sin embargo no es equitativo el asunto ya que las empresas cuentan con un mercado extenso en donde encontrar nuevos consumidores y seguir estafando, mientras que los trabajadores boletinados difícilmente encontrarán, y con la situación actual de desempleo menos, un lugar donde laborar y conseguir apenas su manutención.

El bofetón de Calderón a... Carstens

• En el ife no tienen madre
• El desafío en Ciudad Juárez

La mentira, mi estimado, es para resistir el pasado, mientras la verdad es para enfrentar el futuro. Nada como amanecer con la cínica novedad de que en tiempos de volatilidad económica y de una peligrosa crisis, cuyas secuelas aún distan de tocar fondo, los pasados de lanza de los consejeros del ife (con minúsculas) se aumenten en un 100% el sueldo (pagado con nuestros impuestos), documentando la puntualidad de la célebre frase… no tienen madre, los que se dicen árbitros del proceso electoral. Leonardo y sus lacras vividoras agravian a millones de familias con sus actos justificando, quizá, que su aumento salarial era el punto final dentro de las acciones anticrisis de este (des)gobierno.

Es imperdonable e inaceptable que esto suceda. ¿Quién les informó que los ciudadanos queremos pagarles más por su excelso trabajo en donde brilla la opacidad, las sospechosistas licitaciones, la corrupción y las conductas típicas de una bola de inútiles y personajes rastreros comprometidos con lo$ intereses de los poderes fácticos…?

El tacto para anunciar sus descaros, my friend, no puede ser más desafortunado, lamentable y grotesco. México, aunque no lo parezca, es botón internacional de contradicciones, inconsistencias e incongruencias en medio de un tsunami financiero en el que además se está ocultando la severidad de la crisis, se está jugando a la simulación avalada y peor aún, ordenada por un cada vez más enojado, irritado e irascible Felipe Calderón… quien no sólo está evadiendo la realidad sino que ha perdido totalmente el equilibrio (y la bici no tuvo la culpa) y la mesura en la toma de decisiones sobre las políticas de Estado.

¿Listo para la historia del peligroso catastrofismo? Ahí le va.

El estupendo desmadre en el interior del gabinete de seguridad desarticulado, disfuncional y atomizado frente al poder real de una bastante bien organizada delincuencia parece juego de estimulación temprana frente a la otra crisis, que fragmenta aún más al tan presumido equipo económico. La crisis de las sátrapas del Gymboree, dentro de la crisis económica… dentro de las crisis política, social y de seguridad.

Y está enclavada en el pleito por el poder (de no poder). Turns out que en una de las sugestivas reuniones para conocer el tamaño del hoyo negro de la situación económica nacional, Agustín Carstens se atrevió (holy shit!) a poner los puntos sobre las íes cuando la agenda de preocupación de estos tapados (se entiende que del cerebro) estaba concentrada en la política cambiaria, léase en cómo controlar el tipo de cambio… coqueteando con peligrosas ideas de (no se me vaya a la lámpara) fijarlo por decreto y al diablo con la autonomía del Banco Central.

Es evidente que este camino está atiborrado de monumentales obstáculos y minas jurídicas… pero la sola posibilidad de que el escenario se analice con seriedad en Los Pinos es catastrófica. Luego entonces Agustín, con cara de what?! y una taquicardia marca ACME, comenzó a delinear el contexto sobre el tamaño del déficit cuando expire la simpática cobertura del petróleo en el último trimestre de este año, la caída en las remesas y el PIB, el desempleo, la reducción en el precio del barril, de las exportaciones, de las remesas, la nula posibilidad de que la chequera alcance para estabilizar el peso frente al dólar, etcétera... o sea, my friend, el manual del catastrofismo puro cuando Felipe, con su colérico estilo le espetó… ¡¡ya cállate Agustín!!

Desde entonces el secretario de Hacienda está en la congeladora mediática, obligado a evitar informar la complejidad de la situación, los posibles planteamientos, algunas soluciones y la gravedad del contexto… que de lo contrario, lo hará cómplice de la peligrosa debacle nacional.

Eso sin agregarle al volátil calderón en materia de economía, el jaloneo por la posición de Guillermo Ortiz, la muerte en vida de Luis Téllez —cuyo nombre para sucederlo es el de Alonso García Tamés— que, coincidencias, aspiraba a la SHyCP, el (literal) affaire Carpinteyro, el master mind detrás del balconeo telefónico íntimo, porque falta el de lo$ negocio$ y el político, los desacuerdos en la política cambiaria y las diferencias entre Hacienda y BdM… que, coincidencias que no existen, salió ayer a poner algunos de esos puntos sobre las íes.

El resultado, my friend, es predecible. La catástrofe económica está anunciada y el organizado crimen envía señales en Ciudad Juárez, con todo y operativos militares de que el que se ríe se lleva, y el que se lleva… se aguanta.

¡¡Así o más claro?!

gomezalce@aol.com

Detrás de la Noticia. Ricardo Rocha

Demandan científicos proteger el maíz y declararlo patrimonio de la humanidad

La Jornada

Debe garantizarse la bioseguridad de especies de las que México es centro de origen, señalan

El Protocolo de Cartagena ordena restablecer moratoria para la siembra de transgénicos a campo abierto

El maíz debe ser declarado patrimonio de la humanidad y tiene que garantizarse su inocuidad sanitaria y diversidad, demandó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en el contexto de las negociaciones que continúan en México sobre responsabilidad y compensación del Protocolo de Cartagena sobre bioseguridad.

Señaló que se debe instaurar cuanto antes el régimen especial de protección para el maíz y especies de las cuales México es centro de origen, para garantizar la bioseguridad de estos cultivos.

En un comunicado, indicó que tomando en cuenta el principio precautorio que estatuye el Protocolo de Cartagena, se debe restablecer una moratoria para la siembra a campo abierto de maíz transgénico, tomando en cuenta los riesgos que implican los actuales desarrollos, para fortalecer la bioseguridad de este grano básico en el contexto de una política pública integral de monitoreo.

Asimismo, consideró que "es urgente fincar responsabilidades por la contaminación transgénica del centro de origen del maíz en México y sus consecuencias, a las personas e instituciones que, con conocimiento de causa, permiten, estimulan o generan la contaminación transgénica de las plantas nativas de México, así como de las instancias de gobierno y sus funcionarios que son responsables de la bioseguridad en el país".

Recordó que "ya se ha demostrado científicamente que hasta ahora no ha podido evitarse el flujo génico de los maíces transgénicos a los nativos. Los estudios muestran que en México no es posible la coexistencia de ambos".

Además –precisó–, no existen en el país mecanismos eficientes de biomonitoreo y bioseguridad, los cuales deberían ser más restrictivos que los imperantes hasta ahora, y tendrían que ser de carácter preventivo.

Sostuvo que la contaminación del grano detectada en Oaxaca y Chihuahua aún es reversible, por lo que es urgente localizar las fuentes de donde proviene.

Hasta ahora –indicó–, los estudios sugieren que los transgenes que han contaminado las razas nativas de maíz mexicano pueden provenir de los híbridos comerciales, de los programas gubernamentales de promoción de los mismos o del grano contaminado que se importa de Estados Unidos.

Feliz 2o. aniversario del Chamuco

Un abrazo a los chamucos. Síganle compas con el espíritu y el humor resistente

Capta el gobierno por el IETU sólo un cuarto de lo previsto, señalan contadores

Se quejan del anexo que los obliga a dar aviso de inscripción y domicilio de contribuyentes

Susana González G.

A un año de entrar en vigor el impuesto empresarial a tasa única (IETU), el gobierno federal sólo captó la sexta parte de lo planeado, es decir 0.5 en lugar del 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aseguró el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

El impuesto debe desaparecer porque fue diseñado para épocas de bonanza ya que una de las bondades que más publicitaron las autoridades para su aprobación, fue que los empresarios podían hacer deducciones de hasta el cien por ciento en las inversiones que realizaran.

El problema es que en con la actual recesión económica los contribuyentes cautivos no cuentan con recursos para comprar maquinaria o computadoras, por ejemplo y, en consecuencia, no pueden realizar dichas deducciones así que esa bondad o ventaja ahora juega contra los contribuyentes, explicó Carlos Cárdenas Guzmán, vicepresidente de asuntos fiscales del IMCP.

El IETU debe desaparecer porque no soluciona los problemas de recaudación del país, reiteró el instituto, además de que genera diversas inequidades a los contribuyentes, contiene una serie de imprecisiones que los colocan en situaciones de inseguridad jurídica y los hace enfrentarse a una carga administrativa adicional al tener que calcular dos impuestos sobre la renta.

Cárdenas Guzmán refirió que el PRD y el PRI se han dado cuenta de la inviabilidad de dicho impuesto, toda vez que cada uno por su cuenta impulsan iniciativas para eliminarlo ante el Congreso de la Unión. Insistió en que el país requiere lograr una recaudación de entre 18 y 20 por ciento del PIB –es decir el doble de lo registrado actualmente– para que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones y planteó que la única manera de hacerlo es a través de los impuestos indirectos, como los que se aplican al consumo y que no necesariamente implica gravar únicamente alimentos y medicinas.

Por otra parte, Eduardo Ojeda López Aguado, presidente del IMCP lamentó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) haya emitido de manera unilateral y sin consultar con los especialistas del ramo un nuevo anexo para cuestiones fiscales, mediante el cual obliga a contadores y auditores a recolectar información sobre los contribuyentes, como el aviso de inscripción o los cambios de domicilio, cuando ello no forma parte de sus responsabilidades originales.

---

Fiscalía Especial para esclarecer el asesinato de los dos líderes mixtecos

La Jornada, Guerrero

Más de 140 organizaciones no gubernamentales exigen castigar a los responsables

La Unión Europea condena los crímenes y pide proteger a los defensores de los derechos humanos

Chilpancingo, Gro., 25 de febrero. El gobernador Zeferino Torreblanca Galindo anunció la creación de una fiscalía especial para investigar los secuestros y asesinatos de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, desaparecidos el pasado viernes 13 de febrero y hallados sin vida el sábado 21.

En conferencia de prensa, Torreblanca Galindo reiteró que su administración no tiene responsabilidad en el caso, y adelantó que la nueva fiscalía especial no sólo se ocuparía del caso de los indígenas mixtecos, sino de cualquier otro "hecho lamentable de carácter político y social" que se atribuya al gobierno estatal.

Sobre los anuncios de varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y defensoras de los derechos humanos, de que romperían toda relación con su administración, dijo que respeta esa postura, pero "la separación no es una vía para solucionar el problema".

En tanto, más de 140 ONG nacionales e internacionales, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y Human Rights Watch, exigieron al gobierno mexicano en un escrito que se esclarezcan los homicidios de Raúl Lucas y Manuel Ponce, según dio a conocer el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.

El activista ratificó su exigencia a los gobiernos estatal y federal de que se resuelva el doble crimen, y enfatizó: "queremos que la Procuraduría General de la República atraiga el caso".

De su lado, el presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso estatal, el diputado perredista Armando Chavarría Barrera, ex secretario general de Gobierno, exigió en la sesión de este miércoles al gobernador que se aclaren los asesinatos de los dirigentes mixtecos y se revisen los casos de cinco indígenas tlapanecos presos en el penal de Ayutla de los Libres.

Mientras, decenas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero se manifestaron en esta capital para exigir castigo a los homicidas de Lucas Lucía y Ponce Rosas. Los universitarios tomaron durante cuatro horas las instalaciones de Radio Guerrero y rompieron cristales de la puerta del Palacio de la Cultura, donde se ubica la radiodifusora del gobierno.

Reacción internacional

La presidencia de la Unión Europea, en manos de la República Checa, manifestó ayer su más enérgica condena al secuestro, tortura y asesinato de Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, dirigentes de la organización para el Futuro del Pueblo Mixteco.

Luego de externar su pésame a los familiares y miembros de la agrupación a la que pertenecían los dos defensores de derechos humanos, la presidencia de la UE hizo un llamado al gobierno de México para que investigue de manera pronta y precisa la desaparición y posterior asesinato de Lucas Lucía y Ponce Rosas.

En un comunicado de prensa de la embajada de la República Checa en México, pidió que se sancione estrictamente a los responsables de estos hechos y exhortó a que se brinde una debida protección a los defensores de derechos humanos de la población indígena y se impidan ataques semejantes.

La condena de la Unión Europea se suma a que hicieron el martes el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Dinero

Devaluación del 50%: el dólar llega a $15.35

Los omisos del panismo

Boletazo, el fraude

Enrique Galván Ochoa

Banco Ixe vendió dólares ayer a $15.34, Bancomer a $15.10 y Banamex a $15.03. A la imparable fuga de capitales se añadió la alarma de las cifras del comercio exterior: en enero el saldo de la balanza comercial fue negativo en $1,558 millones de dólares. Las exportaciones sumaron $15,232 millones, un desplome de 31.5% a tasa anual, y quedaron cortas para compensar las importaciones: cayeron las ventas petroleras 54.2% y las no petroleras 26.4%.

En este último renglón destaca el derrumbe del 50% del sector automotriz. Dicho con palabras sencillas: estamos importando más de lo que exportamos, consumimos más dólares de los que entran al país, lo que podría ser manejable mientras amaina la crisis, si no fuera que, por otro lado, el gobierno sigue subastando la minada reserva internacional, con ventas directas –¿a grandes empresarios consentidos del panismo?– y a la banca comercial, ocultando sus nombres. Crece el número de opiniones, de expertos y otras que simplemente tienen sentido común, en dirección a que debe cesar el saqueo. La crisis va para largo, más adelante se necesitarán billetes verdes para importar lo verdaderamente indispensable: alimentos y medicinas.

Los omisos

Como abogado experimentado que es, Fernando Gómez Mont sabe que un delito puede cometerse por omisión o comisión. Hace un par de días habló de que en el sexenio de Fox se incurrió en omisiones en el combate al narcotráfico. La respuesta no tardó, pero no la dio don Burrén, sino Santiago Creel, secretario de Gobernación del foxismo, candidato de la parejita de San Cristóbal a la presidencia y, más recientemente, líder desbancado de la fracción azul del Senado y hasta borrado de la cámara de Televisa. Su respuesta se centra en dos puntos: 1) Los encargados de combatir al hampa en el gobierno actual son los mismos que estaban a cargo en el anterior: Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. 2) ¿Para qué los contrató Calderón, y los mantiene en sus puestos, si eran omisos? ¿O es que hasta ahora se vino a dar cuenta el tercer secretario de Gobernación del calderonismo? Aparentemente este round lo ganó el foxismo. Habrá que ver si en Los Pinos se deciden a usar los expedientes todavía abiertos contra la señora Marta y los muchachos Bribiesca, porque si se quedan con el ojo morado ¿de qué sirve que tengan a un hombre de puño firme como Gómez Mont en Bucareli? Sería el omiso del siguiente sexenio.

e@Vox Populi

Asunto: anuncio terrorista

No sé si se han fijado en algunos anuncios políticos que pasan en la radio. Hablando del emisor oriente: El gobierno federal busca con esa obra hidráulica EVITAR que NO se inunde la ciudad de México. Éste me parece no sólo catastrofista, sino terrorista.

Juan Bolter/Distrito Federal

R: ¿Y si no fuera un error? Por las dudas hay que tener a la mano una canoa.