Las tres crisis

Ignacio Ramonet
Le Monde Diplomatique

No había ocurrido jamás. Por vez primera en la historia económica moderna, tres crisis de gran amplitud -financiera, energética, alimentaria- están coincidiendo, confluyendo y combinándose. Cada una de ellas interactúa sobre las demás. Agravando así, de modo exponencial, el deterioro de la economía real. Por mucho que las autoridades se esfuercen en minimizar la gravedad del momento, lo cierto es que nos hallamos ante un seísmo económico de inédita magnitud. Cuyos efectos sociales apenas empiezan a hacerse sentir y que detonarán con toda brutalidad en los meses venideros. Lo peor nunca es seguro y la numerología no es una ciencia exacta, pero el año 2009 bien podría parecerse a aquel nefasto 1929...

Como era de temer, la crisis financiera sigue agudizándose. A los descalabros de prestigiosos bancos estadounidenses, como Bear Stearns, Merrill Lynch y el gigante Citigroup, se ha sumado el desastre reciente de Lehman Brothers, cuarta banca de negocios que ha anunciado, el pasado 9 de junio, una pérdida de 1.700 millones de euros. Por ser su primer déficit desde su salida en Bolsa en 1994, esto ha causado el efecto de un terremoto en una América financiera ya violentamente traumatizada.

Cada día se difunden noticias sobre nuevos quebrantos en los bancos. Hasta ahora, las entidades más afectadas han reconocido pérdidas de casi 250.000 millones de euros. Y el Fondo Monetario Internacional estima que, para salir del desastre, el sistema necesitará unos 610.000 millones de euros (o sea, el equivalente de ¡dos veces el presupuesto de Francia!).

La crisis comenzó en Estados Unidos, en agosto de 2007, con la morosidad de las hipotecas de mala calidad (subprime) y se ha extendido por todo el mundo. Su capacidad de transformarse y de extenderse mediante la proliferación de complejos mecanismos financieros hace que esta crisis se asemeje a una epidemia fulminante imposible de atajar.

Las entidades bancarias ya no se prestan dinero. Todas desconfían de la salud financiera de sus rivales. A pesar de las inyecciones masivas de liquidez efectuadas por los grandes bancos centrales, nunca se había visto una sequía tan severa de dinero en los mercados. Y lo que más temen algunos ahora es una crisis sistémica, o sea que el conjunto del sistema económico mundial se colapse.

De la esfera financiera la crisis se ha trasladado al conjunto de la actividad económica. De golpe, las economías de los países desarrollados se han enfriado. Europa (y en particular España) se halla en franca desaceleración, y Estados Unidos se encuentra al borde de la recesión.

Donde más se está notando la dureza de este ajuste es en el sector inmobiliario. Durante el primer trimestre de 2008, el número de ventas de viviendas en España cayó el ¡29%! Cerca de dos millones de pisos y de chalets no encuentran comprador. El precio del suelo sigue desmoronándose. Y el alza de los intereses hipotecarios y los temores de recesión hunden el sector en una espiral infernal. Con feroces efectos en todos los frentes de la enorme industria de la construcción. Todas las empresas de estas ramas se ubican ahora en el ojo del huracán. Y asisten impotentes a la destrucción de decenas de miles de empleos.

De la crisis financiera hemos pasado a la crisis social. Y vuelven a surgir políticas autoritarias. El Parlamento Europeo ha aprobado, el pasado 18 de junio, la infame "directiva retorno". Y las autoridades españolas ya han proclamado su voluntad de favorecer la salida de España de un millón de trabajadores extranjeros. ..

En medio de esta situación de espanto se produce el tercer choque petrolero. Con un precio del barril en torno a los 140 dólares. Un aumento irracional (hace diez años, en 1998, el barril costaba menos de 10 dólares...) debido no sólo a una demanda disparatada sino, sobre todo, a la acción de muchos especuladores que apuestan por el alza continua de un carburante en vías de extinción. Los inversores huyen de la burbuja inmobiliaria y desplazan masas colosales de dinero porque apuestan ahora por un petróleo a 200 dólares el barril. Se está así produciendo una financiarizació n del petróleo.

Con las consecuencias que vemos: formidable subida de los precios en las gasolineras, y estallidos de ira por parte de pescadores, camioneros, agricultores, taxistas y todos los profesionales más afectados. En muchos países, mediante manifestaciones y enfrentamientos, estas profesiones reclaman a sus Gobiernos ayudas, subvenciones o reducciones de la fiscalidad.

Por si todo este contexto no fuese lo bastante sombrío, la crisis alimentaria se ha agravado repentinamente y ha venido a recordarnos que el espectro del hambre sigue amenazando a casi mil millones de personas. En unos cuarenta países, la carestía actual de los alimentos ha provocado levantamientos y revueltas populares. La Cumbre de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) del pasado 5 de junio en Roma sobre la seguridad alimentaria fue incapaz de alcanzar un acuerdo para relanzar la producción alimentaria mundial. También aquí, los especuladores en fuga del desastre financiero tienen una parte de responsabilidad porque apuestan por un precio elevado de las futuras cosechas. De modo que hasta la agricultura se está financiarizando.

Éste es el saldo deplorable que deja un cuarto de siglo de neoliberalismo: tres venenosas crisis entrelazadas. Va siendo hora de que los ciudadanos digan: "¡Basta!".

La cadena de valor de los hidrocarburos.

Tomado de La Jornada, jueves 10 de julio de 2008 → Opinión → México SA

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"Por cada barril de petróleo crudo que se exporta, México gana 100 dólares y se crea un empleo; si se refina aquí gana 20 dólares adicionales y se crean nueve empleos; si se destina a petroquímica básica gana otros 100 dólares y se crean 16 empleos; si se destina a petroquímica secundaria gana 300 dólares adicionales y se crean 22 empleos; si destina en México al producto terminado se ganan 5 mil dólares adicionales y se crean 48 empleos. En resumen: si los hidrocarburos se destinan a los productos terminados de la petroquímica, se incrementa el valor del crudo hasta en 60 veces y se crean 96 empleos por barril. Entonces, ¿por qué transferir los procesos más rentables a las empresas privadas, si Pemex obtendrá mayor ingreso?"
(Ingeniero José Luis Apodaca Villarreal, japodaca@ prodigy.net.mx

La Jornada, 10, 11 y 12 de julio de 2008

Carlos Montemayor

Las mineras canadienses

Canadá es uno de los países notables en los tiempos actuales. Durante cerca de ocho años consecutivos encabezó la lista de las naciones con mayor índice de desarrollo humano, según el informe singular que desde 1990 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo prepara anualmente. Esta proyección de la evaluación del desarrollo parte de ciertas variables propuestas en la década de los años 80 por Mabub Ul Haq y el premio Nobel de Economía Amartya Sen. En estos balances no se refleja tanto el volumen total de riqueza producida en un país, o el movimiento total de capitales en determinada zona, sino el beneficio y desarrollo reflejado en la salud, el promedio de vida, la educación, la vivienda, la alimentación y el ingreso de los habitantes.

Sin estas condiciones de evaluación se entiende que por el volumen económico México haya podido en algunos balances cuantitativos presentarse como la undécima economía del mundo, pero su realidad se revela en el índice de desarrollo humano, donde aparece en el número 54, dentro del grupo de países de mediano desarrollo humano y al mismo nivel de Cuba, que ocupa el número 55.

En términos artísticos Canadá ha impreso un relevante aporte en múltiples campos. Además de la poesía, el teatro, el cine, el ensayo, notables en lengua francesa en el área de Quebec, todos los géneros artísticos se impulsan en un proyecto multilingüe y multidisciplinario que tiene su mejor ejemplo en Banff Center International, donde he tenido oportunidad de colaborar en proyectos de traducción literaria desde hace algunos años.

Algunos proyectos de investigación científica, tecnológica y social de las universidades canadienses son también notables en varios campos del conocimiento y del hacer político, particularmente en el movimiento de multiculturalismo que está surgiendo en Canadá como política de Estado y que parte de dos principios fundamentales: primero, que los movimientos migratorios son una característica básica y un comportamiento natural de la humanidad; segundo, que si puede caracterizarse a la humanidad por el movimiento migratorio de la totalidad de los pueblos en un momento dado, la consecuencia de la naturaleza humana es que estamos obligados a vivir con nuestra diversidad.

Así, “vivir juntos” ya no implica justificar un equilibrio social desde la perspectiva de una mayoría, sino desde la perspectiva de la multiculturalidad. Por tanto, los derechos humanos deben incluir cada vez con mayor claridad la idea de que el individuo no es un ente aislado, sino integrado en un contexto social, político y cultural que existe previamente a su aparición y que permanecerá después de él. Esto le da identidad y le permite reconocerse como ser humano.

Por ello en Canadá la integración social es también destacada, si se toma en cuenta el tratamiento legal, cultural y económico dado a los pueblos indígenas, allá denominados first nations, primeras naciones. En abril de 1999, por ejemplo, Canadá reconoció el territorio autónomo de los pueblos inuit, con extensión de un millón 900 mil kilómetros cuadrados, casi la de la República Mexicana, que es de un millón 956 mil kilómetros cuadrados. Este territorio autónomo se llama Nunavut Kamavat, gobierno de Nunavut.

El jurista canadiense James Hopkins explicó en el año 2001 que durante la demarcación territorial de Delgamuukw, el juez Lamer, cabeza de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, reconoció por vez primera que los derechos territoriales de los pueblos nativos son sui generis porque, entre otras cosas, su fuente proviene de un sistema legal aborigen prexistente y porque las poseen comunalmente.

En este caso el juez reconoció que el “especial lazo” entre las comunidades indígenas y su territorio forma parte de la cultura distintiva del grupo aborigen y afirmó que el derecho a usufructuar la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. En otras palabras, el juez Lamer parece reconocer que un uso que interfiera con el empleo o usufructo tradicional de la tierra podría romper el lazo cultural del que surge el derecho territorial mismo del pueblo aborigen.

Pero la perfección, tanto en individuos como en países, es teórica, abstracta, conjetural. Contrastan con esta grandeza humanista, política, social y cultural de Canadá las empresas mineras canadienses, ejemplo de la depredación brutal y de ilegalidad inexcusable. El daño ecológico, económico y social que provocan en varias regiones del mundo y de México es un ejemplo contundente de cómo un país admirable puede producir empresas transnacionales depredadoras y salvajes que pisotean la lucidez con que el juez Lamer determinó que el usufructo de la tierra está limitado a los usos “que no pongan en riesgo la capacidad del territorio para sostener a las futuras generaciones de los mismos pueblos aborígenes”. Las compañías mineras canadienses son la avanzada de la barbarie actual contra pueblos inermes y ecosistemas de países con gobiernos corruptos o vulnerables como el de México, según explicaré en las siguientes entregas.

En el caso de nuestro país, se están afectando tres regiones: San Luis Potosí, con la Minera San Xavier; la región de Huizopa en la sierra de Chihuahua, con la Minefinders y su subsidiaria Compañía Minera Dolores, y 29 municipios de Chiapas con las empresas Fronteer Development Group y Radius Gold.

En todos los casos hay un modus operandi común: la apropiación ilegal de tierras, la complicidad de autoridades federales o estatales, la sobrexplotación y contaminación de recursos acuíferos y el desastre ecológico por el sistema de explotación de tajo a cielo abierto y lixiviación.

El sistema que las compañías mineras canadienses aplican en México para la explotación y beneficio de mineral es el conocido como tajo a cielo abierto y lixiviación a montones, prohibido en muchos países por su gran capacidad contaminante. La Minera San Xavier, que explota el Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, utiliza toneladas diarias de explosivos a base de nitrato de amonio, diesel y detonantes para tumbar el cerro en por lo menos 80 mil toneladas; de este material serán aprovechables aproximadamente 32 mil toneladas, que ya trituradas se depositan en un llano tratado con arcilla. Dieciséis toneladas de cianuro de sodio mez- cladas con 32 millones de litros de agua por el sistema de aspersión bañarán el material triturado provocando así la separación y precipitación de los metales contenidos. Éste es el proceso conocido como de lixiviación.

Las explosiones que ya empezaron a detonar acabarán aproximadamente con un kilómetro de montaña. Luego continuarán hacia el subsuelo para producir un cráter de un kilómetro de diámetro por aproximadamente 250 metros de profundidad. Al cabo de algunos años, en el llano de lixiviación se habrá formado una montaña de material saturado de cianuro de aproximadamente 80 millones de toneladas. Lo más peligroso es que tal montaña de material contaminado se está acumulando a nueve kilómetros de la ciudad capital y muy cercana a otras comunidades. En el ejido Palma de la Cruz quedarán otros 120 millones de toneladas de material con grandes contenidos de sulfuros que no podrían ser lixiviables.

La oposición en varios países al uso de cianuro en el sistema de lixiviación y a la explotación de tajo a cielo abierto es creciente. En Estados Unidos, en 1998, en Montana, se prohibió el uso de cianuro para la minería de oro de y plata después de que las compañías mineras canadienses Placer Dome y Pegasus Gold Corporation ocasionaron un desastre ecológico sin precedentes. En 2003, en California, se prohibió a la compañía minera Glamys Gold Mining Company, hasta febrero de 1993 dueña de 50 por ciento de las acciones de Minera San Xavier, la explotación de una mina de oro a tajo a cielo abierto en una comunidad indígena y con el apoyo del Senado se aprobó una ley que prohíbe cualquier explotación de minas de oro de tajo a cielo abierto a base de cianuro.

En 1995, en Guyana, el dique de contención de la mina Omal, de la compañía minera canadiense Cambior Inc., se quebró y derramó 3.2 mil millones de litros de agua cianurada al río Essiquibo, ocasionando el desastre ecológico más grave e irreparable en la historia de ese país. Cambior Inc. fue hasta hace poco tiempo dueña de parte importante de las acciones de Minera San Xavier y enfrenta una demanda por 69 millones de dólares para restaurar el daño perpetrado contra los habitantes de Guyana.

Un derrame masivo de 100 mil metros cúbicos de cianuro de una compañía minera de oro en Rumania, en el año 2000, contaminó más de 400 kilómetros del río Danubio destruyendo toda especie acuática y fauna silvestre. Por ello, en julio de 2003, el primer ministro rumano, respaldado por grupos ambientalistas, se negó a apoyar a una compañía minera canadiense, Gabriel Resources Ltd., por los graves riesgos ecológicos que conllevaría.

En el interior de Canadá diversas organizaciones han creado conciencia sobre las devastadoras consecuencias sociales y ambientales que para otros países han tenido las compañías mineras canadienses. En junio de 2004, la comisión permanente del parlamento sobre asuntos extranjeros y comercio internacional presentó un informe donde se afirmaba que Canadá todavía no contaba con leyes para asegurar que las actividades de sus compañías de explotación minera en países en vías de desarrollo se conformaran con los estándares necesarios de derechos humanos y mucho menos para asegurar su responsabilidad ecológica.

El 23 de junio de 2004, el noveno tribunal colegiado del noveno circuito en materia administrativa resolvió el amparo D.A. 65/2004-873 y enunció con claridad que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa debía cancelar en forma definitiva la licencia de uso de suelo y funcionamiento que mediante oficio de fecha 26 de febrero de 1999 había otorgado el Instituto Nacional de Ecología, órgano desconcentrado de la Semarnap, hoy Semarnat, a Minera San Xavier. El tribunal determinó que esa autorización se había otorgado contraviniendo, primero, las disposiciones jurídicas federales en materia ambiental, y segundo, el decreto administrativo estatal en que se aprobó el plan de ordenación de San Luis Potosí y su zona conurbada. Después de la resolución del tribunal colegiado, cualquier acción de todo nivel de gobierno implicó una acción de desacato.

Esta resolución no frenó a la compañía y con subsecuentes apoyos federales y estatales inició su expansión territorial. Compró terrenos municipales y fincas abandonadas en la cabecera municipal de Cerro de San Pedro mediante contratos al margen de la ley o mediante la firma de un contrato de arrendamiento de tierras del ejido de Cerro de San Pedro con falsos ejidatarios, el cual fue anulado por resolutivos tanto del tribunal agrario como del segundo tribunal colegiado del noveno circuito.

Con este falso contrato cerró caminos vecinales que durante 400 años fueron utilizados por los pobladores de las comunidades de la Zapatilla, Cuesta de Campa, Portezuelo y Cerro de San Pedro, sin haber tramitado y obtenido los permisos necesarios. También invadió terrenos propiedad de la nación, pertenecientes a la antigua vía del ferrocarril Potosí-Ríoverde, ramal San Pedro. Instaló, igualmente, una cerca ciclónica de varios kilómetros de longitud que envolvió el poblado por el lado norte, oriente y poniente, impidiendo el paso a pobladores, visitantes y ejidatarios a áreas que en verdad siguen siendo municipales.

El 2 de junio de este año, el juzgado XI de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal emitió su resolución del amparo 1065/2007, que se promovió contra el tribunal de justicia fiscal y administrativa respecto a la nulidad de un nuevo permiso que la compañía misma recibió de Semarnat en abril del 2006. El juzgado de distrito estableció que se debe nuevamente resolver el recurso de queja y al final de la resolución establece que se debe considerar los amparos directos 65/2004 y D.A. 24/2005, que establecían que ni siquiera en forma condicionada podía darse autorización alguna a la compañía.

A pesar de esto, la minera sigue devastando el área de Cerro de San Pedro.

Desde el año 1994 la empresa canadiense Minefinders, por conducto de su subsidiaria Compañía Minera Dolores, se estableció en territorios ejidales de Huizopa, municipio de Madera, en la sierra de Chihuahua. Se instaló amparada con títulos de concesiones otorgadas por la Secretaría de Economía del gobierno federal, sin que la dependencia consultara a los ejidatarios. Durante más de 14 años la firma se ha dedicado a desarrollar trabajos de exploración, y ahora está a punto de concluir con el establecimiento de su planta principal para iniciar la explotación de mineral con el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.

Para ello firmó en 2006 con los ejidatarios un contrato leonino de usufructo de mil 200 hectáreas, mediante el cual se comprometió a entregar 39 millones de pesos como único pago económico durante los 16 años de explotación. Sin embargo, las ganancias estimadas por la empresa ascienden a más de 3 mil millones de dólares. Además, Minefinders ha invadido ilegalmente más superficie territorial; hoy cuenta con 3 mil 498 hectáreas para el desarrollo de sus operaciones, e intenta mover el centro de población sin contar con la autorización de todos los ejidatarios.

Ante el riesgo inminente de deterioro ambiental, durante dos años los ejidatarios de Huizopa pidieron dialogar con la compañía para alcanzar un trato económico equitativo y asegurar un plan preventivo y seguro de preservación para la zona. Ante la falta de respuesta de la empresa y de las autoridades federales, los ejidatarios cerraron la entrada a las instalaciones en mayo de este año. Por ello la firma accedió a la negociación y, en presencia de autoridades estatales, los días 11 y 18 de junio pasado se establecieron acuerdos que la comunidad ha cumplido y la empresa no. Huizopa retiró el bloqueo, pero la minera se niega cumplir sus compromisos de proponer un programa de desarrollo sustentable para la zona.

Como en esas negociaciones la empresa negó que ocupara tierras en exceso e ilegalmente, el ejido de Huizopa propuso una medición para verificarlo. Ambas partes acordaron que una comisión técnica topográfica, integrada por peritos de la Dirección de Obras Públicas del gobierno del estado, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Madera y la delegación federal de la Secretaría de Economía, determinara si la extensión utilizada por la empresa para sus labores se ajustaba o no a lo especificado en el contrato de usufructo.

Pero el día y la hora previstos para la inspección Minefinders se negó. Únicamente aceptó que se midiera la superficie de sus instalaciones centrales y no las tierras de exploración y explotación. Se acordó una segunda fecha para efectuar dichos trabajos, pero de nuevo la compañía se negó argumentando que no tenía determinado el territorio que ocupaba.

La depredación, la arbitrariedad, es la marca que la compañía canadiense está imponiendo en una de las regiones más puras y dignas de nuestro país. Minefinders está agrediendo la tierra de Arturo Gámiz, de Pablo Gómez, de Ramón Mendoza, de los hermanos Gaytán. También está haciendo pedazos, en el lodo y el cianuro, la grandeza y dignidad de Canadá.

Hace pocos días Hermann Bellinghausen informó en La Jornada que el gobierno de Chiapas concesionó a varias mineras 550 mil hectáreas para extraer minerales en 29 municipios de esa entidad. Otra vez, las empresas son canadienses: Fronteer Development Group, Radius Gold y Linear Gold, que se proponen aplicar el sistema de tajo a cielo abierto y lixiviación.

Las comunidades tardan en comprender el riesgo que este sistema de explotación significa para los mantos acuíferos, las tierras de cultivo y la sobrevivencia de los poblados mismos. Hasta ahora los campesinos de Venustiano Carranza, en particular de Cruztón, son los únicos que han mostrado resistencia. Informa Bellinghausen que una caravana civil de la otra campaña, compuesta por 30 personas, visitó el pasado fin de semana la comunidad para mostrar que los pobladores “no están solos”. Reportó, de igual forma, que el despliegue de la Policía Preventiva del estado en Venustiano Carranza es muy grande en controles, destacamentos y patrullajes, particularmente en el área de Cruztón.

En ninguna de las regiones donde se están estableciendo las mineras canadienses hay o habrá derrama económica que beneficie a las regiones ni a sus habitantes. Por el contrario, a cambio de su beneficio van dejando miseria, humillación, contaminación, desastres ecológicos, tierras yermas, mantos acuíferos envenenados y especies endémicas de fauna y flora exterminadas. ¿Esta es la contribución del gran país que es Canadá al desarrollo de nuestros pueblos? Se trata de un nuevo colonialismo bárbaro y depredador que con el nombre de globalización imponen las compañías en países con gobiernos corruptos o débiles. Ellas prosiguen, se proponen continuar (pues quizás México es el sitio donde la mayoría de las trasnacionales mineras canadienses se han asentado) también en Oaxaca, Guerrero, Durango y Sonora. ¿Señales de desarrollo y progreso? Sí, para Canadá. Para México, en ningún caso.

Boletín del Frente de Trabajadores de la Energía

Organización obrera afiliada a la

FEDERACION SINDICAL MUNDIAL

v8. n168 10 julio 2008

energia@fte-energia.org www.fte-energia.org

La sexta ley privatizadora

El gobierno federal propone crear un nuevo Derecho Especial Sobre Hidrocarburos (DESH) aplicable a los campos en las aguas profundas. Este derecho consiste en una tasa del 71.5%, determinada por el precio del barril de exportación, sobre el valor anual del crudo y gas natural extraídos. El gobierno neoliberal argumenta que se trata de reducir la carga fiscal de Pemex y que éste cuente con mayores recursos para invertir. Se trata de lo contrario. La propuesta está orientada a desalentar las inversiones de Pemex, la tasa propuesta es similar al actual Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (74% en 2008, 71.5% al 2012) lo que evitaría a Pemex disponer de recursos para realizar inversiones propias. La iniciativa está destinada a favorecer la privatización de la paraestatal pues los inversionistas podrían obtener deducciones del 100% del monto de las inversiones realizadas en exploración y producción de hidrocarburos, actividades estratégicas que Constitución del país prohíbe realizar a los particulares.

Inconveniente régimen fiscal

El 6 de mayo de 2008, Felipe Calderón envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos relativa al régimen fiscal de Pemex. Con anterioridad, en 2007, se habían aprobado reformas que entraron en vigor en 2008 para reducir gradualmente la tasa del Derecho Ordinario Sobre Hidrocarburos (DOSH) del 79% al 71.5% alcanzable en 2012, siendo del 74% en 2008.

Ahora, el gobierno federal ha propuesto una 6ª. ley en el contexto de las cinco iniciativas de reformas enviadas al Senado tendientes a la privatización de Pemex. La sexta ley fue enviada “con el propósito de continuar los ajustes que permitan promover mayores niveles de inversión en la industria petrolera”, se indica. ¿Cuáles inversiones? A Pemex, el gobierno le impide realizar inversiones propias habida cuenta que, por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, le sustrae más de lo que obtiene por rendimiento.

Se dice que, a efecto de contrarrestar la caída en la producción de hidrocarburos, “es necesario contar con un régimen fiscal que facilite la exploración y explotación de campos de extracción de petróleo crudo y gas natural en las zonas en que, por sus características geológicas especiales, requieren mayores inversiones, como es el caso de los ubicados en el paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas”. Si Pemex, por la política fiscal actual, está impedido para realizar inversiones ¿cómo podría realizar “mayores inversiones”?

La sexta iniciativa plantea que “la estructura actual del régimen fiscal de Pemex es conveniente (sic) y por ello se debe conservar, pues ha permitido (sic) una recaudación (sic) acorde con las expectativas planteadas en su implantación”. No es así, el actual régimen fiscal de Pemex es INCONVENIENTE y absurdo. Pemex DEBE contribuir al desarrollo económico y social de la nación, ese es uno de sus grandes objetivos estratégicos; pero, los gobiernos en turno han llegado al exceso al sustraerle a la paraestatal todos los ingresos obtenidos, e incluso más. A la empresa petrolera más rentable del mundo, el gobierno la hace operar con pérdidas.

Régimen fiscal para transnacionales

Las nuevas modificaciones fiscales están orientadas para los casos del paleocanal de Chicontepec pero, esencialmente, a los campos en las aguas profundas del Golfo de México. Se dice que el régimen fiscal propuesto es diferenciado con base en “los mayores costos asociados a las diversas tecnologías que deben emplearse”. Así, se plantea que “en lugar de aplicar el derecho ordinario sobre hidrocarburos y el derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización … se aplique un régimen especial a través de los siguientes derechos:

• El derecho sobre extracción de hidrocarburos aplicable a los campos del paleocanal de Chicontepec así como a los campos en aguas profundas … cuyo nivel dependerá de los precios del petróleo crudo
• Un derecho especial sobre hidrocarburos que establecerá “incentivos a la inversión para la exploración y explotación de nuevos yacimientos”.

Como lo que interesa al gobierno es la exploración y explotación en las aguas profundas, se proponen “variaciones” respecto de Chicontepec. Para las aguas profundas, el gobierno dice que el desarrollo de éstos “es más complejo y costoso” ya que “su exploración y producción conllevan la adquisición (sic) de tecnología de punta, que eleva (sic) los costos de producción (sic) de manera significativa”. Entonces, se considera “necesario elevar los límites permitidos de deducciones autorizadas en relación con otros tipos de yacimientos petrolíferos (sic) en operación”.

Para apoyar sus propuestas de reforma a la legislación petrolera secundaria, el gobierno federal ha repetido hasta la saciedad que Pemex NO dispone de la tecnología para explorar y explotar campos e las aguas profundas. Entonces, ¿A quien se aplicaría este régimen “especial”?, ¿Quiénes realizarían esas funciones? ¿A quién o quiénes se harían las atractivas deducciones?

El gobierno ha reiterado en su campaña mediática y en sus propias iniciativas que es necesario “acompañarse” de las transnacionales “poseedoras” de la tecnología. Entonces, serían éstas las beneficiarias del nuevo régimen fiscal de Pemex.

Los promotores de la sexta ley privatizadora señalan que “el esquema planteado permitirá reducir la carga fiscal de los proyectos por desarrollar … respecto del régimen vigente”. ¿Reducir la “carga” para quién? ¿Quién va a desarrollar esos proyectos?

Derecho Especial Sobre Hidrocarburos, DESH

Para el caso de Chicontepec se propone incorporar un derecho anual aplicando la tasa del 71.5% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año, previa reducción de las deducciones permitidas que serían varias, incluyendo, “los costos, gastos e inversiones … que, de conformidad con las disposiciones aplicables, efectúen terceros en nombre de Pemex Exploración y Producción”.

¿Cuáles son esas “disposiciones aplicables” a los terceros (contratistas)? Las que el gobierno propone en el paquete de cinco iniciativas privatizadoras ya que, actualmente, la Constitución prohíbe la participación de particulares en las actividades estratégicas de exploración y producción, mientras que, las iniciativas la permiten. Las deducciones que ahora se proponen podrían ser del “100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas”.

Según la sexta iniciativa, “el derecho que se propone se aplicaría sobre una base neta y sería similar al derecho ordinario sobre hidrocarburos vigente” (sic). En el caso que Pemex realizara esas inversiones, ¿dónde estaría la reducción en la carga fiscal?

Pero lo que importa más al gobierno es el DESH aplicable para campos en aguas profundas. La iniciativa indica que, debido a los “retos tecnológicos especiales”, “en lugar de una tasa del 71.5%, en los campos en aguas profundas se aplicaría una tasa de entre 60 y 71.5 por ciento –que se determinaría de acuerdo con el rango de precio promedio ponderado anual de barril de petróleo crudo exportado en dólares de Estados Unidos de América- sobre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año de cada campo”.

Pero, además, “El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la explotación sería deducible hasta el ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la producción (sic) reportada por Pemex Exploración y Explotación” (PEP).

100% de deducciones a inversionistas

El pago anual del “derecho sobre extracción de hidrocarburos” se propone en el artículo 257 Bis de la sexta iniciativa. Allí se indica una tabla basada en el rango promedio del barril de petróleo y la tasa para el cálculo del derecho sobre extracción de hidrocarburos. Si el precio estuviera entre 0.01 y 40 dólares por barril, la tasa sería del 10% pero, si el precio estuviera de 60 la tasa sería del 20%. La recaudación de este derecho “se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros”.

En el artículo 257 Quáter se indica que PEP “estará obligado al pago anual” del DESH para campos en aguas profundas, que se calculará de acuerdo a una tabla. Si el precio del barril estuviera entre 0.01 y 60 dólares, la tasa aplicable sería del 60% y, de 90 dólares en adelante, sería del 71.5%.

Actualmente, el precio del barril de exportación de la mezcla mexicana está en más de 130 dólares. Es evidente que se aplicaría, entonces, la tasa del 71.5%. ¿Dónde está la “reducción” en la carga fiscal de Pemex? Se trata de continuar con la MISMA política fiscal depredadora vigente lo cual, lejos de alentar a Pemex desalentaría las posibles inversiones porque, simplemente, Pemex NO tendría recursos suficientes ya que estaría entregando sus rendimientos a la secretaría de hacienda (SHCP).

El plan está destinado a favorecer a las transnacionales y NO está orientado a que Pemex haga inversiones en actividades en las que “no tiene tecnología”, según el gobierno. Lo que está planteado, entonces, es la contratación con las transnacionales para compartir los recursos naturales de hidrocarburos y la renta petrolera.

En las declaraciones a los medios el gobierno afirma que no habría tal. Sin embargo, en la sexta iniciativa se indica que “para la determinación de la base del derecho especial sobre hidrocarburos para campos en aguas profundas, serán deducibles los siguientes conceptos para cada campo:”

“1- El 100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración. Esta deducción se aplicará a partir del ejercicio en que los hidrocarburos extraídos del campo de que se trate formen parte de la producción reportada por Pemex Exploración y Producción”.

Se agrega que las inversiones realizadas serían aquellas del “campo productor o permiso (sic) de exploración correspondiente”. ¿Permisos (privados) de exploración?

Esto es, si Pemex realizara esas funciones le sería retenido un elevado derecho que neutralizaría las inversiones pero, si las realizan las transnacionales el incentivo si sería “alentador” porque podrían ser eximidos del 100% de las inversiones realizadas vía las deducciones. Las actividades no serían solamente de exploración, prohibidas por la Constitución, sino de producción, también prohibidas, ya que las deducciones se aplicarían hasta que los hidrocarburos sean extraídos. Eso es obvio porque, la simple exploración no indica que los recursos estén descubiertos y, perforar NO es sinónimo de producir. Es evidente que si no se encuentra nada, sino hoyos secos, no habría producción. Sin embargo, las propuestas del gobierno están orientadas a la producción, de manera que, no solamente habría exploración sino explotación de los hidrocarburos. La participación de transnacionales en estos rubros está expresamente prohibida constitucionalmente.

También serán deducibles “Los costos, gastos e inversiones … que efectúen terceros (sic) a nombre de Pemex Exploración y Explotación de conformidad con las disposiciones aplicables (sic)”. Otra vez, esas “disposiciones aplicables” para la participación de terceros serían las propuestas en el paquete de las cinco iniciativas de reforma a la legislación petrolera secundaria, las que indican que se otorgarían concesiones, contratos y permisos a los particulares contraviniendo la Constitución.

La sexta ley complementa a las anteriores

En un anexo a la sexta iniciativa, la SHCP presentó una “Evaluación del impacto presupuestario”. Según esta dependencia, misma que seguramente elaboró la iniciativa, ésta “plantea un régimen fiscal que pretende reducir la carga fiscal de Pemex Exploración y Producción a los campos de extracción de petróleo crudo y gas natural” en Chicontepec y en aguas profundas “a efecto de facilitar e incentivar la exploración en dichas zonas”. Esto, desde luego, no es cierto a menos que se trate de las transnacionales.

También se indica que “De acuerdo a lo anterior, Pemex Exploración y Producción contaría con mayores recursos para invertir (sic) en la exploración y explotación de nuevos campos … lo que redundará en mayores ingresos para el gobierno federal y para el propio organismo descentralizado”.

No hay tal. En la medida en que la tasa impuesta sería del 71.5% Pemex no “contaría” con mayores recursos. Si es cierto que el gobierno federal seguiría recibiendo “mayores ingresos” pero no así Pemex. Actualmente, la tasa del DOSH es del 74% y se reducirá al 71.5% hasta el año 2012. Esto quiere decir, que durante la presente gestión, el gobierno seguirá obteniendo de Pemex cuantiosos recursos. Si, ahora se propone una tasa similar para el caso de las aguas profundas, recibiría similares cantidades en el caso que Pemex realizara esas funciones pero, si las realizan las transnacionales, el gobierno federal no recibiría nada, al contrario los beneficios obtenidos los reintegraría por la vía de las deducciones. Eso significa entregar gran parte de la renta petrolera.

La sexta iniciativa también es privatizadora y complementa a las cinco anteriores. Se trata de un solo paquete con el mismo objetivo: privatizar a Pemex.

Aprobar la sexta iniciativa sería incorrecto

El 8 abril, Carlos Navarrete, coordinador del PRD en el Senado, dijo que “hemos alejado el fantasma del fast-track para la aprobación de la reforma petrolera. Con los foros que ha organizado el Senado se han evidenciado las carencias de la propuesta presidencial y han salido muchas coincidencias (sic) de todos (sic) los ponentes para mejorar la reforma para Petróleos Mexicanos (Pemex)”.

¿Se puede mejorar esa reforma? El FTE considera que no, lo único que procede es DESECHAR semejantes propuesta privatizadoras.

Navarrete indicó que “ahora hay que construir una propuesta de reforma con todos los partidos, ya que el proyecto gubernamental no pasará. Entonces, si hay coincidencias de que la reforma para Pemex es necesaria, hay que buscar el consenso en los puntos en donde haya convergencia”. ¿Es posible construir una propuesta “con todos los partidos”?

El FTE considera que esto no es posible ni conveniente. Se está jugando con una “propuesta” ajena donde podría indicarse que no habrá privatización pero podría aprobarse lo contrario. Las “coincidencias” no son tales, en los aspectos centrales las propuestas son contrapuestas y, en otros aspectos, ni siquiera ha habido propuestas (de nadie de los invitados al convite).

Navarrete dijo que producto de los foros, que concluirán el próximo 22 de julio, “vendrá el trabajo de compilación de lo dicho por los especialistas, expertos, académicos, funcionarios, trabajadores y otros, en cada uno de los temas”. Hay que evaluar y ordenar las propuestas recibidas sesión tras sesión, dijo, porque sería una falta de respeto y un desperdicio, un sinsentido del Senado que después de tantos debates esto se hubiera quedado en un ejercicio hueco.

Por supuesto que el ejercicio es hueco. El Debate en el Senado no es representativo y, reiteramos, en aspectos importantes ni siquiera ha habido propuestas. Por lo demás, “los trabajadores” NO fuimos consultados sino expresamente EXCLUIDOS.

Un día antes, Graco Ramírez (PRD), secretario de la comisión de energía del Senado declaró que en agosto se puede discutir y dictaminar las reformas a la Ley Federal de Derechos”. Según Graco “hay coincidencias con el PRI y el PAN en la necesidad de discutir esas reformas que tienen que ver con el régimen fiscal para Pemex, “y esto sí se puede discutir y aprobar (sic) en las comisiones”, pero pasaría al pleno en el periodo ordinario, que se inicia en septiembre. “En los primeros ocho días de ese mes se puede aprobar para cumplir con los tiempos del paquete presupuestal”, dijo. Más aún, señaló que la propuesta sobre el régimen fiscal de Pemex “es correcta (sic), porque se trata de hacerlo más competitivo (sic). El problema es para qué, si es para que lo aplique la iniciativa privada, como ellos quisieran, pues es una pena que el gobierno y el PAN le den mejores condiciones fiscales a ese grupo que a la paraestatal”. Efectivamente, de eso se trata.

Graco matizó señalando que “El PRD puede sostener el criterio de apoyar (sic) esa propuesta, siempre y cuando vaya encaminada a beneficiar a Pemex y no a los inversionistas, que quieren hacer negocios”. Se trata de una declaración innecesaria por ingenua. La sexta iniciativa está orientada a las transnacionales en el marco de la privatización propuesta para Pemex en las otras cinco iniciativas.

Necesario otro régimen fiscal SIN privatización

Se necesita de un régimen fiscal para Pemex diferente al actual y al propuesto por el gobierno en la sexta iniciativa privatizadora. El nuevo régimen debe tener como objetivo permitir que la paraestatal realice inversiones PROPIAS por ADMINISTRACION DIRECTA. Para ello, requiere disponer de recursos obtenidos de la misma fuente que los genera: ¡Pemex!

Esto puede lograrse modificando la legislación vigente en la materia. Por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos, Pemex entrega a la SHCP más del 100% de sus rendimientos y, a cambio, el gobierno le otorga presupuestos insuficientes para realizar inversiones e incluso operar adecuadamente. Sin embargo, en los Debates oficiales nadie de los invitados y/o asistentes ha propuesto nada concreto al respecto. Los legisladores, por su parte, solamente piensan en “acuerdos” entre sí para “aprobar” las iniciativas privatizadoras. Eso es incorrecto.

El FTE de México propone modificar el régimen fiscal aplicable a Pemex, de manera que, la paraestatal entregue a la SHCP una cantidad MENOR a lo que obtiene por rendimientos, p.e., un máximo del 75% de los mismos por concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. El DOSH debe ser reducido, p.e., al 60%, aplicable desde ahora e incluyendo las aguas profundas SIEMPRE y CUANDO la exploración y producción de los hidrocarburos las realice Pemex, de manera exclusiva, tal y como indica la Constitución política vigente. ¡El DESH aplicable a terceros debe ser rechazado; la sexta iniciativa de ley privatizadora debe ser rechazada! ¡Todas las demás iniciativas privatizadoras deben ser rechazadas! ¡La Constitución NO se negocia!

Frente de Trabajadores de la Energía,de México

A los militares mexicanos se les va la mano

Un informe denuncia los abusos del Ejercito en la lucha contra el crimen y aconseja una mejor preparación

ANTONIO O. ÁVILA - México - 12/07/2008

Las tropas del Ejército mexicano, colocadas en el primer frente de la guerra contra el tráfico de drogas han cometido graves violaciones a los derechos humanos, según denunció la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Un informe deja ver la urgente necesidad de que los soldados sean capacitados para realizar una tarea que no les corresponde, esto sin dejar de lado que los militares deben ser relevados en el futuro por policías formados especialmente para la lucha contra el narcotráfico.

Según el informe dirigido a la Secretaría de la Defensa Nacional, la CNDH documentó que elementos de las Fuerzas Armadas de México han cometido homicidios, tortura, tratos crueles, vejaciones, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y de las armas de fuego, atentados a la propiedad, incomunicación, ejercicio indebido de la función pública y violaciones a la legalidad y a la seguridad jurídica.

Desde diciembre de 2006, cuando el presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la guerra al narco en México, las tropas reforzaron su protagonismo en el campo de acción. La Comisión ha indagado sobre su actuación al margen de la ley en los Estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas, plazas en las cuales el crimen organizado ha sentado sus bases y en las que las bandas de sicarios han sembrado muerte y terror.

La Comisión hace varias recomendaciones sobre la actuación de los militares, sobre todo recomienda dar mayor capacitación a los soldados para que cumplan su misión. Pidió a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que mejoren sus sistemas de contratación y selección de hombres, ya que se convertirán en personal militar y participarán en operaciones de seguridad pública.

El saldo de la investigación de la CNDH es negativo para los militares. Entre otras cosas, señala que en las quejas presentadas por ciudadanos maltratados entre 2006 a 2008, destacan los casos de 14 personas que murieron cuando los soldados accionaron sus armas de manera indebida.

El 11 de enero de 2008 en Huetamo (Michoacán) varios soldados dispararon sin motivo aparente en un reten contra los tripulantes de una camioneta. Dos jóvenes de 17 y 19 años murieron.

En otra ocasión, el 16 de febrero de 2008, militares que hacían guardia en Reynosa (Tamaulipas) intentaron detener un vehículo disparando sus armas de fuego. Uno de los tripulantes murió.

Nota: ¿Esas son las recomendaciones de la CNDH, darle mayor capacitación a los soldados? No, pues ya con eso. Gracias, CNDH. La humanidad completa debe estar agradecida por la luz que acaba de proporcionar, la sugerencia seguramente podrá ser aplicada por todos los ejércitos del orbe (cómo no se le habrá ocurrido a nadie antes?).
Como dicen los que saben: un soldado está entrenado para obedecer, así las órdenes sean ilógicas, injustas o aberrantes; en el rango de jerarquías debe obedecer a sus superiores y ser obedecido por sus inferiores, con la novedad que al ser sacado de sus cuarteles y entremezclarse con la sociedad civil, se consideran de rango superior a ésta y de ahí que dispararle a quien no acata su orden de alto! sea lo más natural del mundo, para ellos claro, para el resto, ¡lástima! Cuando leí el encabezado de esta nota pensé que la CNDH estaría tratando de reivindicar su papel, sobre todo después del ejemplo dado por la respectiva comisión del DF, pero después de ver el contenido, tratar de lavar su imagen con esta payasada pues apenas le servirá frente a los panistas.

Videos sobre el Petróleo.

Una entrevista a los ingenieros Decelis y Garaicochea, interesante, no dejen de verla.

http://jorgesantacruz.radiotrece.com.mx/2008/06/23/entrevista-con-ing-rafael-decilis-y-el-ing-francisco-garaicochea/

SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE MÉXICO

EN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO DE MÉXICO EN SU LUCHA POR LA DEFENSA DEL PETRÓLEO Y OTROS RECURSOS NATURALES

por Cynthia McKinney

La autora de este artículo es ex miembro del Congreso estadunidense por el estado de Georgia, ex diputada federal y candidata presidencial independiente por la coalición electoral Power to the People (Poder para el Pueblo); es también promotora del Partido de la Reconstrucción en Estados Unidos. El texto que aquí publicamos nos fue proporcionado en su versión en inglés por la Secretaría de Relaciones Internacionales del gobierno legítimo de México como parte de una serie de expresiones de la solidaridad internacionalista con la lucha del pueblo mexicano en defensa del petróleo; la traducción al castellano es responsabilidad del servicio de noticias ISA.

En abril de 2008 participé en el Segundo Encuentro Continental por la soberanía de los pueblos y contra los tratados de libre comercio, organizado en la Ciudad de México con el apoyo del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y los Pueblos. Tuve el honor de ser la primera en tomar la palabra al iniciar este encuentro en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas (Antonio Caso, col. Tabacalera).

Mi experiencia en México me abrió los ojos sobre la nueva situación política que enfrenta el pueblo de México y los pueblos del continente.

Aprendí que ahora en México existe un poderoso frente unido en contra del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el cual ha motivado privatizaciones que equivaldrían al robo del patrimonio de México y de sus recursos naturales.

El Congreso mexicano fue cerrado por una verdadera oposición que existe hoy en México. Bush ha observado esto impotente mientras se encontraba en Nueva Orleans con Calderón (el espurio o ilegítimo) el así llamado “presidente” de México, quien no ha cumplido con las expectativas. El proyecto de privatización de Pemex se supone que no ha pasado por el momento. El Congreso mexicano ha suspendido sus sesiones sin aprobarlo. Un punto para el pueblo, pues cuando el pueblo se pone de pie, el pueblo puede ganar. Sólo cuando fallamos o tenemos miedo de ponernos de pie, estamos destinados a perder.

Uno de los principales periódicos en la Ciudad de México publicó una foto de la Cámara de Diputados del Congreso mexicano en la que se muestra una manta, cubriendo la tribuna, y proclamando dicho recinto “Clausurado”. La manta fue colocada por miembros electos del Congreso mexicano que forman parte del Frente Amplio Progresista, quienes se han atrevido a trazar una línea en contra de los proyectos de Estados Unidos, que aspiran a cambiar la legislación para permitir a empresas extranjeras apropiarse de Pemex, la empresa nacional (administrada por el Estado) de petróleo en México.

Las mujeres mexicanas han revitalizado la idea de nación, la idea de la patria. Escribí mi tesis de posgrado sobre la “idea de nación”. Pude ver a las mujeres con sus playeras y sus pañoletas, tan comprometidas con su país, su nación, su identidad. Para ellas esto es el petróleo mexicano, el gas natural, la electricidad, la tierra, el agua, y todo debe ser usado primero y principalmente por el pueblo de México, para su propio desarrollo. Pero, tristemente, la política pública emanada de Washington D.C. es la que amenaza que esto sea posible.

Aunque para contar esta historia de forma más precisa se necesitaría que el conjunto de la prensa estadunidense explicara, en primer lugar, por qué hay indignación entre los ciudadanos, y para decirnos esto tendría que explicar el hecho de una elección presidencial robada, donde una empresa privada estadunidense, en Georgia, probablemente jugó un importante papel al despojar a los ciudadanos de su derecho a votar, y así poder “contar” con estos votos. Bien, aunque esto podría sonar muy parecido a algo que ocurrió en Estados Unidos, particularmente en Florida, en la elección presidencial de 2000; en realidad estoy hablando de la elección presidencial de 2006 en México, en la cual el candidato popular no ganó porque no se contaron todos los votos.

De acuerdo con Greg Palast, la empresa estadunidense involucrada en el proceso mexicano no fue otra que la ahora desprestigiada compañía, con sede en Georgia, Choicepoint. Sabemos que en Florida, Choicepoint, en ese entonces operando como DataBase Technologies, creo una base de datos con aproximadamente 94 000 nombres de “delincuentes convictos” ilegales, muchos de los cuales no eran ni convictos ni delincuentes. Pero si su nombre aparecía en esa lista, no les permitían votar. Greg Palast nos dijo que para la mayoría de los que aparecían en la lista, su único crimen fue “Voting While Black” (no ejercer el voto por “errores” en las listas de votación o en la información que se da a los votantes; esto se debe a manipulación de los datos y a discriminación racial, para influir en los resultados finales. N. de la T.).

Bajo la denominación de un convenio de “contraterrorismo”, el FBI obtuvo expedientes de votantes mexicanos y venezolanos. Palast descubrió, más tarde, en su investigación, que el gobierno estadunidense había obtenido, a través de Choicepoint, los expedientes de los votantes de todos los países que tenían presidentes con ideas progresistas. Muchos mexicanos que acudieron a votar por su candidato presidencial sólo encontraron que sus nombres habían sido borrados de la lista oficial y no les fue permitido votar. Pedro esto no sólo ocurrió en Estados Unidos, en México también, uno podía ir a votar y no estar seguro de que este voto se iba a contar o, aún peor, uno podía demostrar estar debidamente registrado en el padrón, y de igual manera no le era permitido votar.

Creo que ésta es la manera en la que permitimos que nuestro país “exporte” la democracia actualmente.

A diferencia de Estados Unidos en 2000, en Ciudad de México se realizó un plantón de cinco meses, cuando López Obrador, el Al Gore mexicano, se rehusó a claudicar y, en cambio, conformó un gobierno alternativo.

El tema en la elección de México del 2006 fue la privatización del petróleo; y éste es el tema constante que aparece en la política de México actualmente. Al mismo tiempo de las elecciones presidenciales en 2006, maestros de Oaxaca, uno de los estados más pobres de México, comenzaron un movimiento de huelga para solicitar un incremento salarial y manifestarse en contra de la privatización de escuelas. A consecuencia de la mano dura que el gobierno usó en contra de los maestros, cientos de ciudadanos se solidarizaron con ellos y ocuparon el centro de la capital de este estado. Hoy día, después de que México se sumó al movimiento de los maestros y apoyó su causa, lo que aumento la cantidad de presos políticos, los maestros continúan protestando porque no han mejorado sus condiciones y por las represalias que se tomaron contra ellos durante la huelga, y ahora también, los maestros han formado un comité que forma parte de la movilización nacional en contra de la privatización de Pemex.

Fui invitada a participar en esta Segunda Conferencia Continental. La primera Conferencia tuvo lugar en La Paz, Bolivia. En ese encuentro, gente proveniente de toda la República Mexicana y de ocho diferentes países hablaron acerca de sus luchas, sus esperanzas, sus ideales, sus valores, su patriotismo, su deseo de paz y de no más guerra.

Representantes de Chiapas, otro de los estados más pobres de México, nos hablaron de la lucha de los indígenas por su tierra y su derecho a la autodeterminación, de las operaciones militares de “baja intensidad” iniciadas en su contra, y de cómo ahora ellos mismos cuentan como parte de la movilización nacional contra la privatización de Pemex. En tanto me encontraba ahí, los mineros habían tomado el control de las minas, y por esto sólo habían enviado a algunos de sus representantes. Ellos están siendo presionados por el gobierno, quien les niega su derecho a sindicalizarse. Y los mineros son parte de un sólido frente formado en México para proteger esta poderosa idea de nación.

He participado en una de las muchas reuniones organizadas por oponentes al plan de gobierno que pretende ofrecer el patrimonio de México, para responder a la insaciable y multiplicada adicción de Estados Unidos.

Una mujer brigadista se quitó su playera y me la dio, orgullosa de que una ciudadana de Estados Unidos estuviera con ellas. La página principal de La Jornada de hoy dice que las mujeres, 10 000 de las cuales marcharon firmemente el día que estuve ahí, habían reforzado sus protestas y su resistencia pacífica. Pues la amenaza de violencia y de que se derrame sangre es realmente seria. Ahora debemos preguntarnos ¿por qué esta agitación social, política y económica en México, además de sus implicaciones en los derechos humanos, debería ser importante para nosotros aquí en Estados Unidos?

Porque la triste verdad del problema es que, en muchos sentidos, nuestra política militar y económica es la causa de esto. Por supuesto, reconozco que todo viene de tiempo atrás con la puesta en práctica del Destino Manifiesto y la declaración de la Doctrina Monroe, las decisiones políticas de Estados Unidos han sido, a veces, ondas expansivas hacia distintos lugares fuera de nuestras fronteras. Podemos decir que la versión moderna de esto es el TLCAN.

En 1993, la mayoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos apoyó la iniciativa del entonces presidente Bill Clinton para que se aprobara el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. La propuesta del Estado para la legislación fue que no se cambiaran las barreras comerciales ni las inversiones que ya existían en Norteamérica. La propaganda señalaba que el objetivo era que “todos tuvieran beneficios” en Canadá, Estados Unidos y México a través del comercio y la inversiones. El resultado es el saqueo y la transferencia del patrimonio de México en términos de sus recursos naturales y humanos. Y el pueblo de México se está levantando en contra de esto. Se ha levantado al igual que mucha gente en Haití, Venezuela, Brasil, Chile, Bolivia, Nicaragua, Ecuador y Argentina lo ha hecho. Con el poder de su voto, la gente de estos países se atrevió a pensar que podía vencer pacíficamente al coloso del Norte. Y lo hicieron.

En este sentido, de alguna manera, creo entender ahora por qué el conjunto de la prensa no puede decirnos a ustedes y a mí la verdad acerca de la valiente postura y el sentido de dignidad que invade al pueblo de México, porque para realmente dar cabida a esta historia, tendrían que revelar, o señalar, algunas verdades incómodas.

Una de estas verdades incómodas es particularmente significativa para mí: se origina cuando el silencio se vuelve una injusticia.

Nosotros, la gente común, y aún así poderosa, de este país hemos transitado por un camino muy largo y muy silencioso en todos aquellos asuntos que tienen gran relevancia.

Martin Luther King decía que nuestras vidas se acercan a su fin cuando guardamos silencio ante aquellas cosas que importan.

En uno de mis primeros días en el Congreso, llegué tarde para emitir mi voto. Miré el tablero electrónico y observé que todos los votos estaban en verde; supuse que la votación era sobre un asunto no controversial del calendario. Y dado que yo había sido casi la última en votar, no hubo mucho tiempo para investigar. Presioné el botón verde. Posteriormente, aprendí que mi voto entonces podría haber sido lo que otros llaman un “fácil” voto de aprobación, pero para mi conciencia eso no significaba “no votar”. Más tarde, esa misma noche, mi corazón dio un vuelco mientras veía las noticias: un hombre de 78 años se había enojado tanto por la votación que se puso a arrojar piedras. Sólo una cosa, él tuvo un ataque al corazón mientras arrojaba las piedras y murió.

Mi corazón dio un vuelco, me sentí personalmente responsable por la muerte de aquel hombre y me prometí nunca más emitir un voto al que se pudiera calificar de “fácil” nuevamente. Mi voto único no habría cambiado el resultado total para tomar la resolución, pero mi voto habría sido verdadero en el sentido de mis valores y mis ideales, en el sentido de que todo mundo merece que sus derechos humanos sean respetados.

Me he sentido frecuentemente preocupada después de esto, porque reconocí que tenía la responsabilidad de leer la legislación, pensar analíticamente, cuestionar seriamente y votar de forma independiente.

Esto sucedió mientras estuve en el Congreso, pero ahora que no es así, ¿esto significa que la responsabilidad ha desaparecido? No es así.

Sucedió que voté en contra del TLCAN, y estoy contenta por eso. Pero imaginen que todos los votantes de Estados Unidos entendieran que algo tan simple como un voto en una elección federal puede determinar quién vive y quién muere en otro país. Imaginen, si nosotros en Estados Unidos estuviéramos seguros de la posibilidad de un cambio pacífico, a través del voto, como lo está la gente de Haití, de México (a pesar del robo de la elección presidencial), de Venezuela y de otros países. Entonces nosotros, miembros del Congreso, votaríamos independientemente de la oficina que apoya el Plan Colombia. Nosotros, miembros del Congreso, votaríamos independientemente de la oficina que apoya el Plan México (Plan Mérida. N. de la T.), que es el equivalente al de Colombia: es la respuesta militar ante el reclamo de los pueblos por su dignidad, su autodeterminación y su idea de patria. Nosotros no votaríamos por ningún partido político que no tuviera como un propósito general el mismo respeto y amor por la vida de todos los demás que aquellos que nos reservamos para nosotros mismos.

Conocí a gente en la Ciudad de México que está dispuesta a morir por esta lucha. Pero no deberían pasar por esto, sólo porque Estados Unidos quiere su petróleo. Nosotros los votantes de Estados Unidos tenemos mucho poder igual que los votantes de otros países. Todo lo que tenemos que hacer es creer en nosotros mismos y usar este poder.

http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com

Funda Flavio Sosa nueva organización

Milenio, viernes 11 de julio de 2008

Asevera que aún teme por su vida, ya que continúa recibiendo amenazas. Flavio Sosa Villavicencio, principal líder de la APPO, fundó una nueva organización a la que denominó Comuna de Oaxaca, y que busca fungir como corriente interna dentro del partido de la Revolución Democrática.

El appista admitió que antes que todo sigue militando en el PRD, donde ha permanecido por mucho años. Comuna de Oaxaca busca sustituir a la corriente perredista Nueva Izquierda Oaxaqueña, donde militaba hasta antes de sumarse a la lucha de la APPO como consejero estatal. Adelantó que busca incidir en la política estatal, pues afirma que busca grandes trasformaciones, “queremos impulsar una auténtica revolución pacifista para restituir la democracia y las libertades ciudadanas perdidas en Oaxaca”.

Durante su encuentro con los medios de comunicación, el ex preso político admitió temer por su vida, reconociendo que ha recibido amenazas de muerte continuas. “Ya me detuvieron, ya me torturaron, lo que sigue ahora es que me maten”, por lo que demandó la intervención del gobierno federal, “requiero que se vele por mi integridad, la mía y la de toda mi familia”.

Sosa Villavicencio dijo que ha recorrido los pueblos y comunidades de Oaxaca donde ha percibido una gran inconformidad popular por la falta de atención a muchos rezagos sociales. “Hay que gente que se muere de hambre, y sobrevive en la miseria, mientras otros ven crecer sus riquezas en opulencia.”

Urgió el surgimiento de nuevos líderes que enarbolen las esperanzas de estos pueblos, guías que tengan la sabiduría suficiente para recuperar el terreno perdido. “Crear una nueva conciencia ideológica para impulsar el inicio de una gran lucha, una revolución pacifista por la búsqueda de un nuevo régimen de libertades en Oaxaca.”

Nota: Lo que no entiendo es que pida la intervención del gobierno federal para que vele por su integridad y la de su familia, ¿pues no fue el gobierno federal quien lo encarceló? ¿que no es como poner la iglesia en manos de Lutero? Digo, otra cosa sería hacer responsable a las diferentes instancias de gobierno, estatal y federal, pero no pedir su intervención; digo.

Dos sobre Ingrid Betancourt, dos

El montaje imecable de Uribe.
Gilberto López y Rivas

Todo fue cuidado hasta en los ínfimos detalles y los actores desempeñaron su papel a la perfección. La obra Una operación impecable, estrenada en Bogotá y producida por Uribe y Asociados, trata del golpe oligárquico-castrense-mediático más contundente contra los narco Terroristas (con T mayúscula, como reiteran ahora los también liberados agentes del FBI).

El script desarrolla la lucha eterna del bien de los poderosos contra el mal de los guerrilleros que sufren del agravante de ser pueblo. La escenografía, magnífica: una base militar, al fondo un avión de la heroica fuerza aérea colombiana, los personajes castrenses de la más alta oficialidad de toda las armas mostrando sus distinciones ganadas a pulso en su lucha contra los subversivos, con la ayuda, claro, de sus mentores estadunidenses que los entrenaron bien en la contrainsurgencia y los interrogatorios profundos.

Todos con sonrisas desplegadas, eufóricos, regocijados, congratulándose, y entre ellos, a un lado del ministro de Defensa, la actriz principal, que aun en su debut artístico mostró un extraordinario manejo del escenario, seguida por la cámara de CNN hasta en sus menores movimientos, ataviada con chaleco y gorra militares, cuidadosamente peinada y sorprendentemente repuesta (lo cual muestra su versatilidad histriónica), consciente del impacto de sus palabras en las derechas del mundo entero y en las víctimas de la credulidad que otorgan los medios; abrazando y besando efusiva y familiarmente al jefe del Ejército, general Mario Montoya (de abultado currículum represivo), saludando marcialmente a otros mandos castrenses de alta graduación. La madre compungida, como tratando de olvidar sus declaraciones en Caracas sobre su oposición a un rescate militar, que finalmente se realizó. Un sacerdote o capellán no podía faltar a la cita, quien a indicación del apuntador bendijo la misión del ejército ciento por ciento colombiana.

Los actores menores, soldados y policías prisioneros de los insurgentes, declamaron sus parlamentos con cierta convicción, aunque con libreto limitado. Dieron gracias al gran presidente Uribe, al supremo Ejército, a la gloriosa policía nacional, algunos al punto de las lágrimas para mayor dramatismo de la trama. Llegó el turno en el uso de los micrófonos a Ingrid de Arco: en su largo monologo agradeció a Dios, a la Virgen, mostrando su fervor profundo, a sus fuerzas armadas, a su presidente Uribe, bendiciendo su relección, a su “familia” que la cuidó durante el cautiverio, es decir, a los soldados y policías que la protegieron de los otros soldados, los maléficos de la insurgencia.

Habla con convicción, con buena dicción en español y francés, claro está, pues fue bien educadita en el Liceo. Reparte y comparte saludos, se posesiona del estrado. Deja abierta la posibilidad –discretamente– de ser nuevamente candidata a la presidencia, mientras los milicos se regodean con sus elogios sobre lo inteligente de su inteligencia. Dicta cátedra sobre relaciones internacionales y advierte a Chávez y Correa que sus esfuerzos por la liberación de otros rehenes (los cuales no menciona ni mucho menos les agradece) son bienvenidos, eso sí, siempre y cuando “respeten la democracia colombiana”, que es como su rescate, “impecable”. Nada sobre el estorboso acuerdo humanitario. Nada sobre los centenares de invisibles prisioneros de las FARC y el ELN torturados y vejados en las mazmorras de Uribe, al cabo ellos no son “secuestrados”, son sólo “presos” del orden constituido, acusados de delitos comunes y narcotráfico; esto es, son nadie…, bueno, algunos, quizás los dirigentes, extraditables a Estados Unidos, donde se pudrirán felizmente hasta el fin de sus días.

La obra merece el aplauso casi unánime del respetable, aun de algunos espectadores de la izquierda políticamente correcta. Bachelet, “la de Chile”, también muy cercana a los militares, distinguida en el ejercicio de su presidencia por la persecución merecida contra los revoltosos estudiantes de secundaria y contra los siempre rebeldes mapuches, recomendará a Ingrid para el Nobel de la Paz. En Francia es recibida como jefa de Estado y su segundo presidente le impone la Orden de la Legión de Honor. Su rostro aparece en todos los periódicos y revistas del mundo y no hay día, desde el operativo liberador, que no haga una declaración –cada vez más decantada y cuidadosa– con fines de autopromoción y acumulación de capital político para lo que venga, ¡que vendrá!

La moraleja de la obra es clara: la solución militar es el único camino viable y efectivo para tratar a los Terroristas; a las FARC sólo les queda su rendición incondicional. Álvaro Uribe garantiza la vida, la integridad física y la reinserción adecuada de todos los integrantes de la guerrilla a la vida civil, como ocurrió, recordemos, con los miembros de la Unión Patriótica, que en su vocación al martirologio sólo tuvieron poco más cuatro mil bajas cuando intentaron hacer política sin armas en ese ejemplo de juego democrático que es Colombia.

Por lo pronto, la tercera relección de Uribe está garantizada con un envidiable porcentaje de aceptación de 91 por ciento después del histórico rescate. Ingrid, por su parte, no regresará pronto a su segunda patria colombiana: teme por su vida en ese oasis de libertad que afortunadamente no es Cuba ni Venezuela, ni mucho menos Ecuador o Bolivia. Ella, como “un soldado más” (frase que repite sin cesar), esperará para una segunda parte de la obra, cuyo título La paz impecable está en proceso de producción en los estudios Uribe y Asociados y que, de acuerdo con una filtración de fuente anónima, por ello confiable, versará sobre la propuesta de desarme de las propias FARC y la entrega voluntaria en masa de su secretariado y, en todo caso, el exterminio de quienes atenten contra el estado de derecho en versión Uribe. No se pierda el siguiente episodio.

La traición de Ingrid

Pascual Serrano
http://www.pascualserrano.net

Leo un clamor de indignación entre los sectores progresistas venezolanos por la reacción de desprecio de Ingrid Betancourt y su familia hacia personas que tanto interés tuvieron en su liberación, en especial el presidente de Venezuela Hugo Chávez y la senadora Piedad Córdoba. Hablan de traición indignados por lo que, a todas las luces, es una prueba de ingratitud.

Betancourt y familia no han traicionado a nadie, han vuelto a la clase social, política y económica a la que siempre pertenecieron: la burguesía neoliberal adinerada de Colombia. Ingrid es hija de Gabriel Betancourt, ministro de Educación durante el gobierno del dictador Gustavo Rojas Pinilla, y de Yolanda Pulecio, quien fue reina de belleza que llegó a Miss Colombia y Representante a la Cámara por Bogotá. Betancourt, como buena hija de la oligarquía, cursó sus estudios de secundaria en el Liceo Francés de Bogotá y más tarde ciencias políticas en Francia en el Instituto de Estudios Políticos de París; se especializó en comercio exterior y relaciones internacionales. Vivió varios años en París, donde su padre ejerció como embajador ante la UNESCO; allí conoció a su primer marido, el diplomático francés Fabrice Delloye, con quien se casó en 1981.

Se divorció en 1990 y se afilió al Partido Liberal, donde trabajó como asesora del Ministro de Hacienda Rudolf Hommes, y de Comercio Exterior, Juan Manuel Santos, durante el gobierno de César Gaviria. Ingrid se casó por segunda vez con el publicista colombiano Juan Carlos Lecompte. Durante este período escribe el libro La Rage au cœur [La rabia en el corazón], publicado originalmente en francés, sobre su visión del gobierno de Ernesto Samper.

Su apoyo popular como candidata a la presidencia, ya fuera del Partido Liberal, era tan solo de un 0,8% de intención de voto cuando fue secuestrada.

Mientras había cientos de sencillos soldados rasos y civiles anónimos en poder de las FARC y muchos más campesinos y pequeños colaboradores de la guerrilla sin delitos de sangre pudriéndose en las cárceles colombianas, Hugo Chávez y Piedad Córdoba eligieron a la hija del ministro de la dictadura y la miss Colombia como emblema de su lucha por el canje humanitario. Los medios internacionales, con Francia a la cabeza, se incorporaron a la cruzada hasta elevar a Ingrid Betancourt al rango de heroína nacional. Evidentemente la familia de la retenida, que nunca se hubiera acercado a un presidente surgido de los cerros, no hacía ascos a cualquier líder social que pidiera la libertad de Ingrid. Si había que criticar a Uribe para poder estar ante las cámaras junto a un jefe de Estado que pidiera la libertad para su hija, pues se criticaba.

Creyendo estar presionando para un acuerdo humanitario, Chávez y Piedad convirtieron a Ingrid en ejemplo de resistencia y lucha y a la guerrilla en un monstruo que retenía a una bondadosa hija, esposa y madre.

Mientras Piedad Córdoba arriesgaba su vida y Hugo Chávez su referéndum para la reforma constitucional, el mito crecía ante los ingenuos ojos de quienes creían que su buena intención estaba siendo reconocida por familiares, medios de comunicación y hasta por el gobierno francés. No comprendieron que sólo estaban siendo utilizados.

Ingrid se convierte en un símbolo internacional de la crueldad de las FARC mientras los anónimos soldados y guerrilleros seguían pudriéndose en la selva o en la cárcel. Sus madres no acudían invitadas al Aló Presidente ni nadie las entrevistaba en Telesur.

El codiciado trofeo logra la libertad de la mano de Uribe y vuelve junto a los de su clase, ideología y condición llena de odio, como es lógico, contra quienes le robaron seis años de vida. Se fotografía junto al ministro de la guerra de Colombia, pide la reelección de Uribe y dice que será un soldado contra las FARC. Viaja a Francia y se besa ante las cámaras por uno de los presidentes europeos que lidera el encarcelamiento durante año y medio de todos los colombianos que lleguen a Europa sin papeles. Ni Chávez ni Piedad le interesan ya. Se ensuciaría con el barro de los cerros y las manos callosas de los pobres si los acompañase, ya no los necesita para llamar la atención de la opinión pública internacional.