viernes, abril 15, 2011

Los pueblos en defensa de la tierra y en contra de la minería a cielo abierto

Carta a la procuradora sobre los casos resueltos por la CIDH pero no acatados por el gobierno mexicano


14 de abril de 2011

LIC. MARISELA MORALES IBÁÑEZ

PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Distinguida Procuradora Morales:


En el marco de su reciente nombramiento como titular de la Procuraduría General de la República, las organizaciones firmantes nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en los casos de Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en agosto y noviembre de 2010, respectivamente.

Los tres casos -paradigmáticos de los obstáculos que enfrentan en México las mujeres indígenas y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente para acceder a la justicia- se encuentran hoy en día bajo el conocimiento de autoridades militares, en abierto desacato de las sentencias del tribunal interamericano, sin que su predecesor en el cargo haya tomado medidas para acatar los fallos internacionales. Teniendo en cuenta el rezago imperante, confiamos en que su llegada a la Procuraduría contribuya a que las investigaciones sean inmediatamente asumidas por las instancias civiles; sin duda, ello demostraría el grado de relevancia y prioridad que durante su gestión asignará al cumplimiento de las obligaciones internacionales que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos, dentro del ámbito de la procuración de justicia.

Es preciso recordar, por una parte, que tanto la señora Rosendo Cantú como la señora Fernández Ortega fueron violadas sexualmente y torturadas por elementos del Ejército mexicano en el año 2002, sin que hasta ahora hayan accedido a la justicia. La denuncia de Valentina Rosendo fue remitida al fuero militar desde el 16 de mayo de 2002. Un día después, el 17 de mayo de ese año, ocurrió lo mismo con la denuncia de Inés Fernández. Por otra parte, los señores Montiel Flores y Cabrera García fueron detenidos arbitrariamente y violentados en su integridad personal a manos de militares en el año de 1999.

En los tres casos las investigaciones fueron remitidas a las autoridades militares, quienes, a decir de la propia Corte Interamericana, “no eran competentes para conocer de este caso”. La falta de imparcialidad e independencia del ministerio público militar al investigar delitos cometidos por los propios elementos castrenses, surge de los hechos tenidos como probados por la CoIDH, y se manifiesta en el modo en que la carga de la prueba fue revertida en perjuicio de las víctimas, y en la impunidad que ha beneficiado a los miembros del Ejército responsables desde entonces.

La búsqueda de justicia de las dos mujeres indígenas Me’phaa y de los dos campesinos ecologistas los llevó hasta la CoIDH, la cual al resolver los casos, consideró plenamente probado que Inés y Valentina fueron violadas sexualmente y torturadas por soldados mexicanos, y que Rodolfo y Teodoro fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En consecuencia, ordenó al Estado en los tres casos una investigación efectiva de los hechos en la jurisdicción penal ordinaria.

La remisión de los expedientes de investigación radicados en la jurisdicción penal militar hacia el fuero civil es impostergable. Sólo a partir de ello se podrán generar condiciones para que las instituciones civiles encargadas de la persecución de los delitos efectúen una investigación que cumpla los requerimientos establecidos por la Corte Interamericana.

Por ende, en nuestra calidad de organizaciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, inclusive aquellas representantes de las víctimas de los casos mencionados, respetuosamente la instamos a que de manera inmediata solicite la remisión de las investigaciones al fuero civil federal. Siendo la primera Procuradora General de la República, no dudamos en que sabrá dimensionar la relevancia de esta medida en la construcción de una justicia más eficiente para quienes denuncian los abusos cometidos por el Ejército, así como para aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género en el país. Asimismo confiamos en que valorará la importancia de garantizar el acceso a la justicia a quienes han sufrido profundamente por defender los recursos naturales de México.


Sin más por el momento, quedamos a la espera de su respuesta a esta misiva


A t e n t a m e n t e

Organizaciones Internacionales


Amnistía Internacional; Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights (EE.UU); Latin American Working Group LAWG (EE.UU); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL (EE.UU.) Misereor (Alemania); Fundación del Consejo General de la Abogacía Española (España); Fundación para el Debido Proceso Legal, DPLF (EE.UU).

Organizaciones Mexicanas

Instituto para la seguridad y la democracia, Insyde; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación A.C.; Comité Cerezo México; Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.; Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” conformada por 72 organizaciones: Agenda LGBT, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (PRODH) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC) (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI) (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (PRODESC) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH) (Distrito Federal).

C.c.p. Lic. Felipe de Jesús Zamora Castro. Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Para su conocimiento


Mantengamos nuestro maíz, libre de transgénicos. Apoya con tu firma




M A N D A T O D E L A S O C I E D A D
Mantengamos nuestro maíz, libre de transgénicos
México a 10 de abril de 2011
Para México el maíz es nuestro principal alimento y es el producto agropecuario más importante; la superficie de la patria y nosotros mismos somos de maíz. Actualmente, en el mundo es el grano que más se produce y el que se utiliza en la elaboración de un mayor número de productos, es un cultivo sobresaliente por su capacidad de adaptación al cambio climático.

Por eso las corporaciones biotecnológicas extranjeras intentan expropiarlo y transformarlo en una materia prima estratégica patentada que les asegure ganancias.
Los riesgos de liberar maíz transgénico en su centro de origen y diversidad son enormes; atentan contra el llamado “grano de la humanidad”[1] y en particular, contra la integridad física y cultural de los pueblos que nos alimentamos de maíz. El propio gobierno, a través de CONABIO, realizó un estudio que demuestra la existencia de maíces nativos en todo el territorio nacional y señala los riesgos que representa esta tecnología para los mismos. Por su relevancia señala que son “bienes públicos estratégicos de México”.[2]

Al igual que con otras tecnologías riesgosas, sería mejor prevenir que lamentar. La liberación masiva de transgénicos acelerada por intereses de lucro, puede tener consecuencias irreversibles en el ambiente y negativas para todos y todas. En el caso de los transgénicos debe aplicarse sin reserva el principio precautorio.

Ahora, además de violar la ley, el gobierno mexicano se hace eco de las falacias de los monopolios biotecnológicos y de un puñado de grandes agricultores rentistas del norte al argumentar a favor de los transgénicos como si fueran verdaderos “productos milagro” capaces de “resolver la crisis alimentaria, el hambre y la adaptación al cambio climático”.

El gobierno debe asumir una postura a favor de la mayoría de los mexicanos y de la humanidad; la verdadera protección del maíz nativo en México no es posible si se permite la siembra de maíz transgénico en el territorio nacional.

Es urgente un Decreto Presidencial que prohíba la liberación al ambiente en nuestro país de líneas transgénicas de maíz y de cualquier otro cultivo para el cual México es Centro de Origen y Diversidad.

Además, es indispensable que el gobierno apoye el desarrollo de las ciencias agrícolas desde nuestras instituciones científicas públicas, porque en éstas se entiende y se obedece a los intereses de un país soberano y con seguridad alimentaria. Desde éstas se da la bienvenida a la colaboración con instituciones internacionales, bajo la rectoría del Estado mexicano. Es preocupante que el Programa “Modernización sustentable para la agricultura tradicional de México” que implica el acceso a los recursos genéticos del maíz de las comunidades se dirija por un centro internacional como es el caso del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt).

Más que transgénicos, más que “productos milagro”, el país requiere otro modelo agroalimentario y una política de Estado de largo plazo con base en la soberanía alimentaria, la preservación de nuestra diversidad biocultural, la revalorización de la agricultura campesina, la agroecología y un papel gubernamental renovado de rectoría y fomento.
¡Antes de que sea demasiado tarde:
No a la siembra de maíz transgénico en México!

Envía tu firma de apoyo a: adelita@semillasdevida.org.mx


Adelita San Vicente Tello –Semillas de Vida.
Antonio Turrent Fernández - Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Alejandro Espinosa Calderón - Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Areli Carreón Garcia - Semillas de Vida.

Catherine Marielle – Grupo de Estudios Ambientales.
Elena Álvarez-Buylla Roces - Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad.
Elena Kahn – Asociación Guerreros Verdes.
Liza Covantes - ciudadana.
María Fernanda Cobo - Semillas de Vida.

Víctor Suárez Carrera – Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo (ANEC).
Cientificos del Programa de Agricultura y Alimentacion, de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS).



[1] Galinat WC, 1995, 'El origen del maíz: el grano de la humanidad' en Economic Botany 49(1) University of Massachusetts, Waltham, MA 3-12 p.
[2] Elementos para la determinación de centros de origen y centros de diversidad genética para el caso de los maíces de México a partir de los resultados del proyecto “Recopilación, generación, actualización y análisis de información acerca de la diversidad genética de maíces nativos y sus parientes silvestres en México” (2006-2011).


Gobiernos incapaces e insensibles


Ya van 145 cadáveres encontrados en fosas clandestinas en San Fernando Tamaulipas.



Y todavía Calderón tiene el cinismo de reconvenirnos -con golpes de atril incluidos- por no dirigir nuestro ¡Ya basta! a los criminales en lugar de al gobierno. Si en agosto del año pasado en ese mismo lugar se encontraron los cuerpos de 72 inmigrantes ejecutados, presuntamente luego de haber sido secuestrados por el cártel de los Zetas, era de suponerse que el gobierno federal se habría aplicado en blindar el estado de Tamaulipas, dada la gravedad de la tragedia y los reclamos entendibles de los gobiernos de origen de los jóvenes masacrados. No sabemos si se mandaron refuerzos policiales y militares, es de suponerse que sí. ¿Y? ¿Cómo hemos de entender que se siguieran cometiendo crímenes colectivos de tal trascendencia? ¿Ineptitud, complicidad, indiferencia?

No es posible concebir que el gobierno mexicano ignore cuáles son sus obligaciones. Es decir, ¿no es el Estado quien debe garantizar la seguridad de la población? Si no lo hace ¿no tenemos derecho a exigirle que cumpla con su trabajo?

Si no es ignorancia, que no puede serlo, entonces es perversidad. ¿Cómo intenta el gobierno calderonista empujar a la población a cuestionar a la delincuencia? A la ciudadanía inerme exigirle al crimen organizado que le pare a la violencia, ¿entonces el Estado para qué está? Las afirmaciones tautológicas de Calderón sobre que son los delincuentes quienes delinquen no explica ni ayuda gran cosa y sí insiste con brío en sembrarnos la aceptación de la ineludible cuota de sangre a pagar.

Como señalaban en alguna de las marchas realizadas en respuesta al grito y llamado ¡ya estamos hasta la madre! de Javier Sicilia: "el gobierno les llama daños colaterales, nosotros les llamábamos amigos". Buenos, malos o regulares, inocentes o culpables, todos los muertos eran hijos, hermanos, familiares de alguien; generalmente jóvenes, casi siempre pobres, anónimos gran parte de ellos; juzgados a ojos vistas en su calidad de cadáveres, sin investigación, juicio ni condena legal, sólo la palabra de policías, militares, armada o autoridades varias.

Ahora hay una nueva propuesta de Felipe Calderón, enviada al Congreso de la Unión: reclasificar las prisiones y crear una nueva categoría: la “súper máxima seguridad”. Cuando ésta no dé resultados se le ocurrirá la creación de una "ultra super máxima seguridad" y así al infinito. El gobernador priísta de Nuevo León -ahora con el respaldo del alcalde panista de Monterrey- también tiene una propuesta: reducir la edad penal en vista de que muchos delincuentes son menores de edad. Otra vez tiene razón Javier Sicilia: no tienen imaginación más que para la violencia. El alcalde panista de San Pedro -el municipio más rico del país- "preocupado" por la inseguridad de su entidad (especialmente robos) ha decidido levantar un censo de trabajadores domésticos y vendedores ambulantes en lo que seguramente considera, y con él quizá la mayoría de sanpetrinos, la manera de controlar - cerrar la entrada a personas ajenas al municipio: San Pedro, no pasar, propiedad privada. Agresión, violencia pura. El cerebro no les da para más.

Los gobiernos, panistas particular pero no únicamente, son proclives a desentenderse de sus responsabilidades sociales (para los grupos de poder económico sí encuentran siempre modo y tiempo de apuntalarlos); recordemos el "yo no soy bombero" del local Fernando Canales, el "yo por qué?" de Fox y el ahora "ya basta" que Calderón quiere que los ciudadanos dirijamos a la delincuencia. Sí les gusta ser el centro de atención y ejercer el poder -con las consiguientes prerrogativas - pero no las obligaciones para con el populacho (así han de considerarnos pues no nos repetan).

Ya es hora de despabilarnos y poner las cosas al derecho. Ellos deben hacer su trabajo, y bien. Si no lo hacen los podemos mandar mucho a... su casa. Si además violentan nuestros derechos, deben ser juzgados , condenados y el daño resarcido. Aunque en el caso actual, ni 40 mil condenas a Calderón podrán reparar el dolor, la tristeza ni la descomposición del tejido social provocados.

Alondra
RCP en NL





jueves, abril 14, 2011

Esto es el odio


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Esto es el odio

Pedro Miguel
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A
sí que esto es el odio. Las expresiones de hartazgo que en Egipto o Siria se llaman espíritu ciudadano y primavera democrática en México son odio ciego, insondable, irracional, insaciable, transferencia equívoca de repudios, búsqueda iracunda de un responsable o tono fusilatorio, ya sea en las palabras originales de Enrique Krauze o en la glosa de Héctor Aguilar Camín. Está bien; no nos distraigamos de lo esencial, hagamos como si Felipe Calderón fuera la flor más bella del ejido democrático y dirijamos los reclamos y el odio contra los auténticos e inconfundibles hijos de puta (la categoría sociológica es del segundo de los personajes mencionados por su nombre). Y para que no quedara duda, el propio Calderón remachó antier con una pretensión de que los reclamos públicos por esta pesadilla (¡Ni un muerto más! ¡No más sangre! ¡Estamos hasta la madre!) se turnen a la oficialía de partes de los malhechores.

El problema es que este régimen se presenta a sí mismo (y es presentado por sus intelectuales orgánicos) como una acabada democracia representativa y como un estado de derecho, y que tanto en una como en el otro los responsables por la inseguridad son los gobernantes, no los delincuentes.

Estado de derecho: ni en la Constitución, ni en el Código Penal, ni en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, ni en ninguna otra parte de la legislación mexicana encontrarán una sola mención a las facultades de la criminalidad para combatirse a sí misma. Las leyes no lo dicen, pero puede darse por sentado sin temor de meter a la lógica en los tambos del Pozolero: la delincuencia existe para delinquir y las autoridades existen, entre otras cosas, para evitarla o para identificar, perseguir y capturar a sus protagonistas, fincarles cargos y presentarlos ante los tribunales (sin descuartizarlos con disparos de bazuca, sin torturarlos, sin secuestrarles a los familiares, sin fabricarlos como delincuentes); ah, y también existen para garantizar la seguridad pública y la paz interna, y para ver que se cumpla con esa tontera populista llamada derecho a la vida que, según parece, nos corresponde a todos.

Democracia representativa: a ver, lleven sus razonamientos a fondo y explíquennos en razón de qué la sociedad puede y debe exigir a los criminales que rindan cuentas, como no sean las que deban o quieran exponer ante un juez. Dígannos cómo hacerle para manifestarnos en las sedes oficiales de los capos. Cuéntennos cómo demandarles el incumplimiento de un mandato que ni les hemos dado y que ni siquiera ostentan aunque sea robado. Platíquennos cómo organizar un diálogo entre pancartas y narcomantas, entre consignas y ráfagas de cuerno de chivo, entre expresiones de repudio y misiles antitanque.

Lo que un buen pedazo de la ciudadanía sí sabe, aunque no tenga doctorado ni haya leído a Max Weber, es que uno paga impuestos aunque sean desmesurados, se somete a la policía, si los abusos no son excesivos, está dispuesto a tolerar las frivolidades derrochadoras de los gobernantes e incluso puede llegar a perdonar fraudes electorales, con tal de que los monitos del poder hagan la parte más básica de su chamba, que consiste en darnos protección frente a la delincuencia: que no nos maten, y si nos matan, que el asesino no se quede tan campante; que no nos quiten nuestras viviendas, de nuestros barrios y de nuestras poblaciones, y si lo hacen, que haya una oficina de policía abierta para ir a denunciar el despojo sin temor a que el cuate de la ventanilla, o el que contesta el teléfono, vaya a resultar socio furtivo de los delincuentes que nos ofendieron.

La idea estúpida de que la sociedad debe defender al gobierno de los criminales (cuando es el gobierno el que tendría que defender a los ciudadanos de los criminales, y no faltan, por desgracia, quienes empiezan a pensar que tal vez los delincuentes no sean del todo inútiles para defendernos de los desmandes de un poder público en plena disolución) se complementa muy bien con una consigna puesta en boga por el calderonato y sus corifeos: la de la corresponsabilidad ciudadana para la seguridad. Con la pena, pero la fracción VI del 89 constitucional es meridianamente clara sobre el individuo en el que recae esa responsabilidad que, por cierto, no está siendo cumplida por Calderón y por lo cual una parte creciente de la nación se lo está demandando. O sea que, dicho sea de paso, esta exasperación que empieza a tomar cauce masivo en calles y plazas no es odio, sino mera observancia constitucional.

Además, está el punto de que si las fuerzas armadas no quieren o no pueden entrar a ciertas zonas bajo control del narco, pues imagínense qué pueden hacer los ciudadanos, autorizados sólo a poseer armas de calibres menudos. ¿Qué sigue, entonces? ¿Promover una reforma legal que permita a la gente común hacerse de munición de guerra, como en Estados Unidos? ¿Invitar a la gente a formar cuerpos armados de autodefensa para que vaya a partirse la madre con los Zetas o La Familia, mientras Calderón formula bromitas del tipo ¡quiero todos los juguetes! (en referencia a armas de última tecnología) o se trepa a un caza de la Fuerza Aérea Mexicana y exclama ¡Disparen misiles!?

Buenos están el calderonato y sus intelectuales para eludir responsabilidades y culpar por el odio rampante a los marchistas de siempre. No. Estos marchistas de siempre no enlodaron las elecciones, como sí lo hicieron Solá, Krauze y Televisa, entre otros, con sus campañas de odio (¿o mejor ya no nos acordamos del peligro para México, del mesías tropical, y antes, de la calumnia insidiosa contra el difunto Samuel Ruiz, etcétera?) No fueron ellos quienes decidieron emprender una guerra que, en el mejor de los casos, era estúpida (porque la mera persecución policial y militar no acaba con el narco: simplemente, le da portunidades de negocio) y, en el peor, perversa (porque era un intento de esta administración por conseguir, en la televisión, y al precio de muchas muertes, la legitimidad que no sacó de las urnas). Tampoco son los inconformes quienes lanzan sobre todos los treinta o cuarenta mil muertos de esta guerra la calumnia póstuma (eran pandilleros, son delincuentes matándose entre ellos) que desconoce el principio de presunción de inocencia. Y no han sido los ciudadanos que gritan ¡estamos hasta la madre! los que han sacrificado al país en aras del negocio fabuloso de las guerras del opio, en las que la potencia extranjera lava el grueso de los dividendos, vende armas como si fueran golosinas en una feria y se hace, además, de abundantes pretextos para la injerencia. Mucha de la gente que ahora exige que no haya ni un muerto más formuló al calderonato, hace cuatro años o más, una advertencia inequívoca: no te metas en esa guerra porque vas a ensangrentar al país a lo tonto, vas a descomponer las instituciones y, a la larga, la vas a perder. Esto no se resuelve con muertos ni con violencia, sino con empleos, educación, crecimiento y combate a la corrupción. Y ahora resulta que esto es el odio.


Se equivoca Calderón cuando nos conmina a dirigir el reclamo a los delincuentes


¡Ya basta!

José Gil Olmos


MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- En su discurso ante empresarios en Torreón, Coahuila, el pasado martes 12, Felipe Calderón dijo que las manifestaciones populares en contra de la violencia no deberían de ir en contra de su gobierno o del Ejército, sino contra la delincuencia organizada, porque son ellos los que asesinan, secuestran, extorsionan y los que tienen asolada a gran parte de la sociedad y del territorio nacional.

A sólo unas horas de que Javier Sicilia convocó a una movilización nacional de protesta para el próximo 8 de mayo, contra la violencia generada por la guerra que el gobierno federal declaró a los narcotraficantes, Calderón quiere enmendar la plana y desviar la atención, pero nuevamente se equivoca y se confunde.

Se equivoca porque si el crimen organizado mata a jóvenes directamente y a través de las drogas, es porque el Estado y el gobierno que encabeza lo han permitido, dejando que los grupos tengan más poder corrompiendo a las instituciones policiacas, judiciales y militares.

Se equivoca porque si el narcotráfico ha crecido en México, es porque les han dejado las manos libres para que laven el dinero en los centros financieros, y no se castiga a ninguno de estos delincuentes de cuello blanco.

Se equivoca porque no cumplió su palabra de crear empleos, provocando que los jóvenes vean en la delincuencia la única salida para ganar dinero y tener éxito en la vida.

Se equivoca porque, creyendo que en dos años resolvería el problema del narcotráfico, sacando al Ejército a las calles, tendría el suficiente tiempo para cumplir su promesa de campaña de ser el “presidente del empleo”.

Calderón se equivoca porque si los grupos del crimen organizado como Los Zetas secuestran y asesinan a migrantes mexicanos y centroamericanos, es porque hay una participación de policías federales, aduanales, migratorios y hasta soldados, quienes son los primeros que violan y roban a esta gente, dejándolos a merced de los demás delincuentes que los extorsionan o matan, como ha sucedido en Tamaulipas, donde se han descubierto las fosas clandestinas más grandes y terribles hasta el momento.

Se equivoca en decir que no debemos confundirnos en identificar a los delincuentes que roban, pero si así sucede es porque hay una falta de eficiencia de los cuerpos policiacos, que no son capaces de detener esta oleada de atracos, ejecuciones y violaciones realizadas a plena luz del día.

Felipe Calderón olvida que si hay un crecimiento de la violencia y del poder de la delincuencia organizada es porque el gobierno que encabeza ha fallado no sólo en el tema de la seguridad pública, sino en empleos, salud, educación y bienestar social. Y que si los narcotraficantes gozan de poder en varias zonas del territorio nacional, es porque no han podido combatirlos desde su raíz y gozan de una total impunidad.

Se equivoca en pensar que movimientos como el que, por circunstancias dolorosas, encabeza el poeta Javier Sicilia, convocando a una movilización nacional el 5 de mayo, para luego concentrarse en el Zócalo capitalino el 8, tiene una “intención política” de golpear a su gobierno o a las fuerzas armadas.

Nuevamente se confunde, pues la convocatoria es para que se haga un alto a la estrategia militar y policiaca, porque no ha logrado disminuir el poder del crimen organizado, ni los niveles de consumo, ni la producción y comercialización de las drogas.

La convocatoria es para que se escuche a la sociedad y a los miles de deudos y se replantee el combate al narcotráfico, tomando en cuenta acciones de fondo, como la creación de empleos, la atención a las adicciones, la limpia en los cuerpos policiacos y militares corrompidos por la delincuencia organizada, así como pensar en el retiro paulatino del Ejército en las calles e invertir más en educación, salud y cultura.

La convocatoria de Sicilia y de muchos más que lo acompañan es para que Calderón, como jefe del Ejecutivo federal y de las fuerzas armadas, abra sus oídos y escuche las miles de voces que ya están hartas de tanta violencia y que demandan paz y tranquilidad.

En un truco discursivo sofista, Calderón ha pretendido apropiarse del lema que hizo famoso el EZLN en 1994: ¡Ya Basta!, y lo quiere utilizar para su fin propio fin, corrompiendo el sentido original de este grito que se lanzó contra el mal gobierno de entonces y de hoy.

Pero, como ha ocurrido en otras ocasiones, antes de escuchar, Calderón cierra no sólo sus oídos, sino el entendimiento y la razón. No ve ni escucha. Prefiere el aplauso fácil de quienes están de acuerdo con él antes de escuchar a un amplio sector de la sociedad. Opta por la sinrazón y la intolerancia y cree que sus enemigos son los que piensan diferente a él.




Para empezar, ¿es una guerra nuestra o de Estados Unidos?




¿Lo equivocado es la guerra, el frente
o ambos?


Lorenzo Meyer
14 Abr. 11



Crimen verdaderamente organizado

Si se quiere un ejemplo de crimen realmente organizado, hay que examinar el lavado de dinero que hacen en Estados Unidos bancos como Wachovia (fundado en 1879), cuyos ejecutivos, sin correr mayores riesgos, blanquearon millones de dólares para los narcos mexicanos. Es ahí, mejor que en ciudades, carreteras o brechas al sur del Bravo, donde los gobiernos de México y Estados Unidos podrían, si realmente quisieran, librar una guerra con poca sangre y mucha efectividad contra los traficantes de drogas (véase http://bloom.bg/bqGMmf).


Reflexión obligada

Javier Sicilia ha transformado una tragedia personal –el asesinato de su hijo Juan Francisco a manos del crimen organizado– en una movilización social con al menos tres objetivos: el diagnóstico de la situación de violencia y crueldad extrema que se vive en el país –el corazón podrido de México, en palabras de Sicilia–, reconsiderar el sentido de la guerra del gobierno contra los grandes cárteles y que ha cobrado 35 mil vidas en el sexenio. Y, al final, como resultado de combinar reflexión y movilización, demandar un cambio de política.

Evaluar el conflicto gobierno-narcotraficantes requiere examinar los métodos, los logros, el precio que se ha pagado y lo que se calcula que aún habrá que pagar: siete años más de gran violencia, según lo dicho por el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Para una parte de la sociedad mexicana, el llamado de Sicilia tiene todo el sentido del mundo, pues hace tiempo que las campanas que acaban de doblar por el joven Juan Francisco, y que antes ya lo han hecho por decenas de miles más, también están y seguirán doblando por todos y cada uno de los mexicanos que viven bajo asedio sin saber exactamente el porqué.


La guerra la declararon hace mucho y fueron otros

Fue el gobierno norteamericano quien, a principios del siglo 20, propuso y definió la ya centenaria guerra global contra las drogas. Ese punto de partida condicionó su desarrollo posterior. Y el inicio consistió en definir como ilícita la producción y consumo de ciertas substancias –de entrada, el opio, narcótico con el que hasta entonces habían traficado en Asia, y en grande, ingleses, franceses y norteamericanos– y proponer como objetivo fundamental acabar con el cultivo de "las flores del mal", dejando como secundario el tema de su consumo, de manera que el gran teatro de las operaciones antidrogas se tenía que localizar en tierras lejanas, fuera de Estados Unidos. Ese origen de la política mundial hacia las drogas ha marcado la esencia de ésta.

Para México, la decisión norteamericana de criminalizar el opio, la cocaína, la mariguana o las metanfetaminas, y montar todo un régimen internacional en su contra, tuvo consecuencias muy negativas, aunque no de inmediato. Hasta 1969 el tema de las drogas fue un asunto secundario para México, pero adquirió relevancia a partir de la sorpresiva Operación Intercepción decretada ese año por Washington y que por unos días paralizó la frontera mexicana y humilló a su gobierno. Esa presión desembocó en la Operación Cóndor, cuyo objetivo central fue destruir los plantíos de amapola y mariguana que habían proliferado en México a consecuencia de un aumento de la demanda en Estados Unidos. La Cóndor fue un éxito, pero finalmente temporal. Hechos como la disminución de la producción de drogas en Turquía o el cierre de la ruta de Florida para la cocaína colombiana hicieron de México lo que hasta entonces no había sido: un gran productor y ruta importante para el paso de drogas a Estados Unidos.

Fue así, por razones fundamentalmente externas, que México se convirtió en la zona de guerra y en el desastre en materia de seguridad y justicia que es hoy. No es ésta la primera vez que México se ve envuelto en una guerra internacional que no es estrictamente suya –ya lo había hecho durante la Segunda Guerra Mundial y luego con la Guerra Fría–, pero nunca como actor central. Es verdad que Estados Unidos tiene a 2 millones de sus ciudadanos en prisión y 5 millones más están en libertad condicional y que la mitad de estos 7 millones se encuentran en esa situación como resultado de las drogas, pero eso no se compara con lo que sucede en México donde, como señala Sicilia, se vive un estado de emergencia nacional porque aquí las instituciones estatales son muy débiles y los siete cárteles de la droga cuentan con recursos externos extraordinarios que les han permitido infiltrar y corromper a las estructuras de autoridad y dar forma a auténticos ejércitos que han hecho jirones el supuesto monopolio estatal de los medios de la violencia.

La última gran guerra interna mexicana anterior a la actual fue la cristera -tan brutal como la de hoy y con un número mayor de víctimas, pero geográficamente más localizada y más corta-, que concluyó con una negociación. La "guerra sucia" de los 1970 también fue brutal aunque la violencia la sufrió básicamente el México rural de Guerrero y una izquierda revolucionaria pequeña y sin recursos. En contraste, la actual contienda abarca a casi todo el país, su violencia perversa toca a inocentes, su intensidad no amaina y no se le ve fin (en lo que apenas va de este año, las muertes atribuidas a la lucha entre y contra los narcotraficantes superan ya los 3 mil 400, EL NORTE, 13 de abril).


Un frente de guerra equivocado

La lógica histórica de la guerra contra el narcotráfico la han determinado los norteamericanos. Sin embargo, aquí y en su etapa actual aparece como una decisión del Gobierno de Felipe Calderón. La llamada Iniciativa Mérida -un esquema que introduce directamente a los norteamericanos en la conducción interna de la guerra con el argumento de la corresponsabilidad y de una ridícula contribución de mil 500 millones de dólares- es una propuesta política que formalmente surgió del Gobierno actual.

Así que, en principio, y si efectivamente el diseño de esta lucha es mexicano y si la soberanía aún tiene algún valor, entonces México pudiera decidir empezar a cambiar la naturaleza del conflicto. Eso pretende y demanda la movilización encabezada por Javier Sicilia. Si bien ya no se puede detener de manera inmediata la acción armada contra los cárteles de la droga, sí se puede empezar a cambiar el énfasis redefiniendo la prioridad de los frentes del combate. En función del interés nacional mexicano, no del norteamericano, se puede dar prioridad no a la lucha armada en ciudades, caminos y brechas sino a la lucha legal en contra de los bancos, las casas de cambio, los casinos y el resto de los negocios que sirven para transformar el dinero ilícito recolectado por los "dealers" en dinero limpio.

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Los otros



Los otros
Rosaura Barahona
14 Abr. 11


La otredad ha sido estudiada por filósofos, escritores y sociólogos. Es un tema que implica muchas cosas: la herencia cultural y personal, el sistema social en que se vive, los prejuicios del sistema y los propios, el momento histórico y la disponibilidad o interés para tratar ese asunto tan espinoso de manera abierta o para dejarlo como algo tácito que se conoce, pero no se discute.

EL NORTE trajo ayer algunos resultados de la encuesta nacional del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El reportaje podría ser motivo de lectura y discusión en muchas aulas; la reflexión a que nos lleva contribuye a conocernos mejor o, por lo menos, a conocer mejor algo sobre nuestro País.

Discriminar significa separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. El concepto no es negativo en sí mismo; lo negativo viene cuando al aplicarlo a los otros, es decir, a un grupo distinto al nuestro, los excluimos de nuestro grupo social y les damos un trato de inferioridad, con todo lo que eso implica.

Los mexicanos somos muy discriminadores, pero no lo aceptamos. Vea si no, el número de señoras de la clase media y alta que se pintan el cabello de rubio porque lo rubio, en su concepción del mundo, es mejor que lo castaño o negro. Eso, que parece un acto de mera frivolidad, no lo es tanto. A menudo esa actitud se refleja en el trato discriminatorio que dan a quienes pertenecen a una clase socioeconómica inferior a la de ellas y que, casi siempre, están a su servicio.

La encuesta señala las respuestas a la pregunta: "¿Estaría dispuesto o no a que en su casa vivieran personas...?", y luego viene una lista no exhaustiva: lesbianas, homosexuales, con vih/sida, extranjeras, con ideas políticas diferentes, de otra religión, con una cultura distinta, de otra raza, con discapacidad. Puros otros.

En el último punto, bajo discapacidad, entran muchas cosas: los ciegos, sordos, mudos, parapléjicos, jorobados, cojos, mancos, obesos, con parálisis cerebral, autistas, con síndrome Down... Los integrantes de nuestra sociedad ni siquiera les dan trabajo (salvo excepciones), ¿cree usted que les permitirá vivir en su casa, si son ajenos a su familia?

Me impresiona la certeza con la que los discriminadores emiten juicios como "Los negros y los indígenas son menos inteligentes que los blancos" y sólo sonríen cuando se les trata de explicar cómo, por siglos, los prejuicios y la discriminación aislaron a los otros, los excluyeron de la educación de calidad y los mal alimentaron y, por lo mismo, no se vale juzgarlos con los parámetros y las reglas de la sociedad dominante.

Quienes discriminan con frecuencia dividen el mundo en buenos y malos porque lo blanco y lo negro son más fáciles de ver que los grises. Del mismo modo, lo dividen en inteligentes y tontos. Ellos hacen la división y ellos son los inteligentes.

La discriminación arrebata "el derecho a tener derechos", como dice Alain Touraine en su libro "El Mundo de las Mujeres". Nosotros, que no somos los otros, nacemos con derechos que conocemos y ejercemos.

Los otros no saben que tienen derechos y, menos, que pueden ejercerlos. Cuando la sociedad que los discrimina los acepta como sus integrantes es sólo para que cumplan con su función social (sirvientes, obreros, trabajadores explotados en el comercio formal e informal, prostitutas...), siempre en beneficio del grupo con la voz y el poder.

"México no ha dado la importancia debida a luchar en contra de la discriminación, una de las principales raíces de la violencia actual en el País", dice el Conapred, y es que quienes discriminan no ven la discriminación como violencia (lo es).

Algunos municipios quieren empadronar a los prietos que trabajan ahí. Eso es violencia discriminatoria: los blancos son todos buenos, pero los prietos son sospechosos de ser potenciales delincuentes, de modo que les sellan un papel (en lugar del brazo), para ser aceptados. Qué vergüenza escuchar esas propuestas en esta ciudad "de avanzada".

Y aquellos creyentes que faltan a la dignidad de esas personas, van al templo los domingos y repiten: "Todos somos hijos de Dios e iguales ante su mirada". Pero como ellos no son Dios, dicen una cosa y hacen otra.


Carta de una smeíta a Julio Hernández, de La Jornada

Astillas

Cecilia Figueroa Rodríguez llevaba diecinueve años trabajando en Luz y Fuerza del Centro y es hija, hermana y esposa de trabajadores electricistas. En un correo electrónico enviado a esta columna señala que hay medios que están

“sembrando entre los mexicanos el odio que ellos nos tienen. Yo no puedo llamar de otra manera, sino odio, la manera en que ‘informan’ de lo sucedido. Nosotros no hemos matado a nadie. Sobre nuestras espaldas no está ningún cadáver hallado clandestinamente. Por el contrario, los muertos los hemos puesto nosotros. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué les hemos hecho?”

Luego plantea:

“Desde el 10 de octubre de 2009 los verdaderos estorbos del país se han empeñado en considerar al SME como el responsable de todos los males que aquejan al país. Por nosotros México no crecía, por nosotros no se generaban empleos, por nosotros se cobraba cara la luz, por nosotros había privilegios, por nosotros hay violencia, por nosotros no había presupuesto para la universidad, por nosotros el país no era productivo. A 18 meses, cuando las cosas no han cambiado, y no sabemos en dónde han quedado ahora 50 mil millones que han dejado de transferirle a Luz y Fuerza, nos siguen catalogando como los responsables de la desgracia nacional. (…) y cuando en los análisis nos dicen que nuestra dirección ha tenido zigzagueos o titubeos, yo me pregunto, como trabajadora de base, ¿quién tiene la fórmula para derrotar a nuestros verdugos?, ¿cuál es la fórmula?, yo y miles de mis compañeros nos levantamos todas las mañanas deseando que alguno de nosotros pueda hallarla, pero también todos los días tratamos de construir la victoria que nos lleve a recuperar el empleo. Dígame cómo podemos vencerlos en las situaciones en las que nos encontramos. Nadie habla del drama, de los dramas que en nuestros hogares estamos viviendo (…)

Tantos males y los que faltan. La muerte de Don Ramón Durán, Ensenada BC



LA MUERTE DE DON RAMON DURAN GARCIA
Por Raúl Ramírez Baena*
Vamos a continuar de la mano del Ejército combatiendo firmemente
al crimen organizado hasta restablecer la tranquilidad que merecen
los bajacalifornianos. Por ello, el honorable
Ejercito Mexicano seguirá trabajando de manera comprometida y de la mano
con los tres órdenes de gobierno con el fin de tener mayor seguridad en todo el país.

José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador Constitucional de Baja California
En ocasión de la toma de protesta de la Canaco-Tijuana, 7 de abril de 2011


Don Ramón Durán García, empresario ganadero ensenadense de 84 años de edad, vivía gravemente enfermo en el poblado de Maneadero, Mpio. de Ensenada, con su hija María Guadalupe Durán Durán, su yerno Javier Delgado Luna, comerciante de verduras, y su nieto Javier Delgado Durán, de 12 años, estos dos últimos, ciudadanos estadunidenses.
El 7 de marzo de 2011, sin proponérselo, su destino y el de su familia cambió trágicamente al irrumpir de manera violenta en su domicilio, durante la noche, un comando no identificado de 6 hombres fuertemente armados, encapuchados, vestidos de negro y sin identificación, que entraron disparando, según los peritajes ministeriales.

Javier Delgado vio amenazada a su familia, su patrimonio y su vida, y en legítima defensa abrió fuego con un arma propiedad de Don Ramón, hiriendo a dos de los intrusos. Eso bastó para que se desatara el infierno: era un comando de Inteligencia Militar que acudía sin orden judicial en busca de drogas y de armas, después de irrumpir violentamente en otros domicilios, respondiendo a una “denuncia anónima”. Los militares trataron de abatir a los miembros de la familia desconectando el gas LP de la casa, provocando una explosión. Además, “sembraron” en el domicilio drogas y armas que extrajeron de los vehículos militares, según versiones de testigos a la prensa local.

El resultado final fue que las cuatro personas, incluido el menor, fueron trasladados al cuartel militar El Ciprés, donde continuó la tortura para Javier Durán y su esposa María Guadalupe. Después, los trasladaron a las instalaciones de la PGR en Ensenada, y de ahí, al Cereso de La Mesa en Tijuana. El menor finalmente fue entregado a los familiares no sin antes amenazar con entregarlo al DIF. El saqueo por los militares fue inclemente, dejando en la ruina total a la familia. Simplemente se llevaron todo: muebles, aparatos eléctricos, valores, dinero, escrituras, documentos personales y hasta la comida.

Ante la gravedad de la salud de Don Ramón Durán, que se agudizó después de la amarga experiencia y de casi un mes detenido en La Mesa en Tijuana (dormía en una silla y sin cobijas), la familia logró la autorización del Juzgado de Distrito para su traslado al Cereso de Ensenada con el objeto de estar cerca de él y cuidar su salud, al igual que a la pareja. El 4 de abril de 2011 la policía federal realizó el traslado a Ensenada, sin embargo, por las complicaciones de salud de Don Ramón, éste falleció durante el viaje en ambulancia del Cereso al Hospital General del Puerto. Su corazón no pudo más.

¿Qué autoridad se hará responsable ahora por su muerte? ¿El ejército, la PGR, el poder judicial federal, la SSP estatal encargada de su custodia e integridad? ¿Nadie? ¿Por qué no se aplicó a Don Ramón la previsión de ley que establece la custodia domiciliaria de los detenidos mayores de 70 años? ¿Don Ramón se agregará a la estadística de “daños colaterales” provocados por la guerra de Calderón, o ni eso?

Varios sectores exigen a los legisladores que endurezcan las penas a los delitos de secuestro, robo con violencia y otros; que se implementen los “toques de queda” contra menores, la cadena perpetua, la pena de muerte y se reduzca la edad penal. Pero nadie ha exigido que se endurezcan las penas por las violaciones graves a los derechos humanos que cometen los agentes del Estado, policías y soldados, como la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos y cateos ilegales, la detención arbitraria, el arraigo, la incomunicación y la tortura.

No escuchamos a una clase empresarial del tipo Mario Escobedo, ex dirigente de la Canaco en Tijuana; al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de José Carlos Vizcarra, a los Madrugadores, Leones, Rotarios, los Colegios de Abogados, los académicos, la jerarquía católica, los gremios de periodistas y los partidos políticos exigir “todo el peso de la ley”, “castigar hasta sus últimas consecuencias” e incrementar las penas a los violadores de los derechos humanos. Tampoco hay iniciativas de los legisladores al respecto.

En cambio, hace unos días y con gran despliegue mediático, se anunció la detención en Mexicali de 9 agentes ministeriales estatales acusados de delitos contra la salud y de delincuencia organizada; y así, a diario, en todo el país, la difusión de grandes aseguramientos de drogas, capos, policías, dinero y armas… y todo sigue igual, o peor.

¿Supo alguien de la detención y presentación de los militares que provocaron la muerte de Ramón Durán y allanaron su domicilio, y que detuvieron de manera arbitraria y torturaron a su hija y su yerno, que continúan presos en el Cereso de Ensenada?

¿Esa es la “tranquilidad” que merecemos los bajacalifornianos? ¿Con esos métodos tendremos “mayor seguridad en todo el país”? Ahora los ciudadanos nos tendremos que cuidar y defender no sólo de los delincuentes y criminales, sino también de las autoridades civiles y militares supuestamente encargadas de nuestra protección y seguridad. A la violencia criminal se agrega la violencia institucional.

En justa medida, el gobernador Osuna Millán no sólo debería apoyar incondicionalmente las estrategias de Felipe Calderón para el combate al crimen, que han sido sancionadas incluso por los organismos internacionales, sino también escuchar a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y el dolor de sus familiares, sobre abusos que suceden a diario en el estado a manos de las fuerzas armadas, la Policía Federal y la Policía Estatal. Tantas denuncias y tantas quejas no podrían ser casualidad. Y lo que falta.


*Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, AC


martes, abril 12, 2011

La "estrategia" que se le ocurrió a Mauricio Fernández, Violatoria de Derechos Humanos



12 de abril de 2011

Boletín No. 1104/07BP


El censo de trabajadores en el Municipio de San Pedro viola los derechos humanos


Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su profunda preocupación por el programa de credencialización de trabajadoras y trabajadores domésticos y ambulantes en el municipio de San Pedro Garza García.

La credencialización, el censo, el registro o cualquier otra medida similar es violatoria de derechos humanos. Todas las personas tienen derecho a transitar por el territorio nacional y a trabajar sin necesidad de contar con permisos especiales o salvoconductos. Un gobierno municipal no puede exigirle a nadie que porte una credencial para trabajar en casas o en negocios. La medida es, además, discriminatoria, porque no se aplicará a todos los ciudadanos ni a todos los trabajadores, sino sólo a trabajadores domésticos y ambulantes, es decir, que sin justificación alguna, se da un trato distinto a cierto colectivo.

El alcalde de San Pedro ha expresado que muchos robos a casa habitación son llevados a cabo por trabajadores domésticos. Sin embargo, debido a que existe en este país el principio de presunción de inocencia ese argumento es inadmisible. Adicionalmente, el munícipe no ha señalado la fuente de tal afirmación.

El alcalde de San Pedro ha dicho que no se permitirá a las personas afectadas por la medida usar teléfonos celulares. Esta medida es violatoria del derecho a la libertad de expresión y, debido a que no se aplicará a todas las personas sino sólo a ciertos trabajadores, también es discriminatoria.

Esta organización reitera que la auténtica seguridad ciudadana no se puede lograr sin un respeto irrestricto a los derechos humanos de todos y todas, y exige que el municipio de San Pedro Garza García adecue todos sus programas y políticas públicas a los más altos estándares de derechos humanos.


Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.