viernes, febrero 18, 2011

Por fin, la postura de Marcos ante la guerra de Calderòn


La guerra de Calderón contra el narco dejará una nación rota: subcomandante Marcos


MÉXICO, D.F., 14 de febrero (apro).- Después de un largo silencio, el subcomandante Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, habla de la guerra de Felipe Calderón contra el narco a través de una carta pública dirigida al filósofo Luis Villoro.

Y se pregunta: “¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”? De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas. También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.”

En su misiva titulada “Las guerras del México de arriba”, el subcomandante Marcos se pregunta y se contesta: “¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta es: sí.” “¿Felipe Calderón Hinojosa va a cambiar de estrategia? La respuesta es NO.”

A continuación el texto íntegro:

SOBRE LAS GUERRAS
(Fragmento de la carta primera del SupMarcos a Don Luis Villoro, inicio del intercambio epistolar sobre Ética y Política. Enero-Febrero del 2011).

Como pueblos originarios mexicanos y como EZLN algo podemos decir sobre la guerra. Sobre todo si se libra en nuestra geografía y en este calendario: México, inicios del siglo XXI…


II.- LA GUERRA DEL MÉXICO DE ARRIBA.

“Yo daría la bienvenida casi a cualquier guerra
porque creo que este país necesita una”.

Theodore Roosevelt.

Y ahora nuestra realidad nacional es invadida por la guerra. Una guerra que no sólo ya no es lejana para quienes acostumbraban verla en geografías o calendarios distantes, sino que empieza a gobernar las decisiones e indecisiones de quienes pensaron que los conflictos bélicos estaban sólo en noticieros y películas de lugares tan lejanos como… Irak, Afganistán,… Chiapas.

Y en todo México, gracias al patrocinio de Felipe Calderón Hinojosa, no tenemos que recurrir a la geografía del Medio Oriente para reflexionar críticamente sobre la guerra. Ya no es necesario remontar el calendario hasta Vietnam, Playa Girón, siempre Palestina.

Y no menciono a Chiapas y la guerra contra las comunidades indígenas zapatistas, porque ya se sabe que no están de moda, (para eso el gobierno del estado de Chiapas se ha gastado bastante dinero en conseguir que los medios no lo pongan en el horizonte de la guerra, sino de los “avances” en la producción de biodiesel, el “buen” trato a los migrantes, los “éxitos” agrícolas y otros cuentos engañabobos vendidos a consejos de redacción que firman como propios los boletines gubernamentales pobres en redacción y argumentos).

La irrupción de la guerra en la vida cotidiana del México actual no viene de una insurrección, ni de movimientos independentistas o revolucionarios que se disputen su reedición en el calendario 100 o 200 años después. Viene, como todas las guerras de conquista, desde arriba, desde el Poder.

Y esta guerra tiene en Felipe Calderón Hinojosa su iniciador y promotor institucional (y ahora vergonzante).

Quien se posesionó de la titularidad del ejecutivo federal por la vía del facto, no se contentó con el respaldo mediático y tuvo que recurrir a algo más para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad: la guerra.

Cuando Felipe Calderón Hinojosa hizo suya la proclama de Theodore Roosevelt (algunos adjudican la sentencia a Henry Cabot Lodge) de “este país necesita una guerra”, recibió la desconfianza medrosa de los empresarios mexicanos, la entusiasta aprobación de los altos mandos militares y el aplauso nutrido de quien realmente manda: el capital extranjero.

La crítica de esta catástrofe nacional llamada “guerra contra el crimen organizado” debiera completarse con un análisis profundo de sus alentadores económicos. No sólo me refiero al antiguo axioma de que en épocas de crisis y de guerra aumenta el consumo suntuario. Tampoco sólo a los sobresueldos que reciben los militares (en Chiapas, los altos mandos militares recibían, o reciben, un salario extra del 130% por estar en “zona de guerra”). También habría que buscar en las patentes, proveedores y créditos internacionales que no están en la llamada “Iniciativa Mérida”.

Si la guerra de Felipe Calderón Hinojosa (aunque se ha tratado, en vano, de endosársela a todos los mexicanos) es un negocio (que lo es), falta responder a las preguntas de para quién o quiénes es negocio, y qué cifra monetaria alcanza.

Algunas estimaciones económicas.

No es poco lo que está en juego:

(nota: las cantidades detalladas no son exactas debido a que no hay claridad en los datos gubernamentales oficiales. por lo que en algunos casos se recurrió a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación y se completó con datos de las dependencias e información periodística seria).

En los primeros 4 años de la “guerra contra el crimen organizado” (2007-2010), las principales entidades gubernamentales encargadas (Secretaría de la Defensa Nacional –es decir: ejército y fuerza aérea-, Secretaría de Marina, Procuraduría General de la República y Secretaría de Seguridad Pública) recibieron del Presupuesto de Egresos de la Federación una cantidad superior a los 366 mil millones de pesos (unos 30 mil millones de dólares al tipo de cambio actual). Las 4 dependencias gubernamentales federales recibieron: en 2007 más de 71 mil millones de pesos; en 2008 más de 80 mil millones; en 2009 más de 113 mil millones y en 2010 fueron más de 102 mil millones de pesos. A esto habrá que sumar los más de 121 mil millones de pesos (unos 10 mil millones de dólares) que recibirán en este año del 2011.

Tan sólo la Secretaría de Seguridad Pública pasó de recibir unos 13 mil millones de pesos de presupuesto en el 2007, a manejar uno de más de 35 mil millones de pesos en el 2011 (tal vez es porque las producciones cinematográficas son más costosas).

De acuerdo al Tercer Informe de Gobierno de septiembre del 2009, al mes de junio de ese año, las fuerzas armadas federales contaban con 254, 705 elementos (202, 355 del Ejército y Fuerza Aérea y 52, 350 de la Armada.

En 2009 el presupuesto para la Defensa Nacional fue de 43 mil 623 millones 321 mil 860 pesos, a los que sumaron 8 mil 762 millones 315 mil 960 pesos (el 25.14% más), en total: más de 52 mil millones de pesos para el Ejército y Fuerza Aérea. La Secretaría de Marina: más de 16 mil millones de pesos: Seguridad Pública: casi 33 mil millones de pesos; y Procuraduría General de la República: más de 12 mil millones de pesos.

Total de presupuesto para la “guerra contra el crimen organizado” en 2009: más de 113 mil millones de pesos

En el año del 2010, un soldado federal raso ganaba unos 46, 380 pesos anuales; un general divisionario recibía 1 millón 603 mil 80 pesos al año, y el Secretario de la Defensa Nacional percibía ingresos anuales por 1 millón 859 mil 712 pesos.

Si las matemáticas no me fallan, con el presupuesto bélico total del 2009 (113 mil millones de pesos para las 4 dependencias) se hubieran podido pagar los salarios anuales de 2 millones y medio de soldados rasos; o de 70 mil 500 generales de división; o de 60 mil 700 titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Pero, por supuesto, no todo lo que se presupuesta va a sueldos y prestaciones. Se necesitan armas, equipos, balas… porque las que se tienen ya no sirven o son obsoletas.

“Si el Ejército mexicano entrara en combate con sus poco más de 150 mil armas y sus 331.3 millones de cartuchos contra algún enemigo interno o externo, su poder de fuego sólo alcanzaría en promedio para 12 días de combate continuo, señalan estimaciones del Estado Mayor de la Defensa Nacional (Emaden) elaboradas por cada una de las armas al Ejército y Fuerza Aérea. Según las previsiones, el fuego de artillería de obuseros (cañones) de 105 milímetros alcanzaría, por ejemplo, para combatir sólo por 5.5 días disparando de manera continua las 15 granadas para dicha arma. Las unidades blindadas, según el análisis, tienen 2 mil 662 granadas 75 milímetros.

De entrar en combate, las tropas blindadas gastarían todos sus cartuchos en nueve días. En cuanto a la Fuerza Aérea, se señala que existen poco más de 1.7 millones de cartuchos calibre 7.62 mm que son empleados por los aviones PC-7 y PC-9, y por los helicópteros Bell 212 y MD-530. En una conflagración, esos 1.7 millones de cartuchos se agotarían en cinco días de fuego aéreo, según los cálculos de la Sedena. La dependencia advierte que los 594 equipos de visión nocturna y los 3 mil 95 GPS usados por las Fuerza Especiales para combatir a los cárteles de la droga, “ya cumplieron su tiempo de servicio”.

Las carencias y el desgaste en las filas del Ejército y Fuerza Aérea son patentes y alcanzan niveles inimaginados en prácticamente todas las áreas operativas de la institución. El análisis de la Defensa Nacional señala que los goggles de visión nocturna y los GPS tienen entre cinco y 13 años de antigüedad, y “ya cumplieron su tiempo de servicio”. Lo mismo ocurre con los “150 mil 392 cascos antifragmento” que usan las tropas. El 70% cumplió su vida útil en 2008, y los 41 mil 160 chalecos antibala lo harán en 2009. (…).

En este panorama, la Fuerza Aérea resulta el sector más golpeado por el atraso y dependencia tecnológicos hacia el extranjero, en especial de Estados Unidos e Israel. Según la Sedena, los depósitos de armas de la Fuerza Aérea tienen 753 bombas de 250 a mil libras cada una. Los aviones F-5 y PC-7 Pilatus usan esas armas. Las 753 existentes alcanzan para combatir aire-tierra por un día. Las 87 mil 740 granadas calibre 20 milímetros para jets F-5 alcanzan para combatir a enemigos externos o internos por seis días. Finalmente, la Sedena revela que los misiles aire-aire para los aviones F-5, es de sólo 45 piezas, lo cual representan únicamente un día de fuego aéreo.” Jorge Alejandro Medellín en “El Universal”, México, 02 de enero de 2009.

Esto se conoce en 2009, 2 años después del inicio de la llamada “guerra” del gobierno federal. Dejemos de lado la pregunta obvia de cómo fue posible que el jefe supremo de las fuerzas armadas, Felipe Calderón Hinojosa, se lanzara a una guerra (“de largo aliento” dice él) sin tener las condiciones materiales mínimas para mantenerla, ya no digamos para “ganarla”. Entonces preguntémonos: ¿Qué industrias bélicas se van a beneficiar con las compras de armamento, equipos y parque?

Si el principal promotor de esta guerra es el imperio de las barras y las turbias estrellas (haciendo cuentas, en realidad las únicas felicitaciones que ha recibido Felipe Calderón Hinojosa han venido del gobierno norteamericano), no hay que perder de vista que al norte del Río Bravo no se otorgan ayudas, sino que se hacen inversiones, es decir, negocios.

Victorias y derrotas.

¿Ganan los Estados Unidos con esta guerra “local”? La respuesta es: sí. Dejando de lado las ganancias económicas y la inversión monetaria en armas, parque y equipos (no olvidemos que USA es el principal proveedor de todo esto a los dos bandos contendientes: autoridades y “delincuentes” -la “guerra contra la delincuencia organizada” es un negocio redondo para la industria militar norteamericana-), está, como resultado de esta guerra, una destrucción / despoblamiento y reconstrucción / reordenamiento geopolítico que los favorece.

Esta guerra (que está perdida para el gobierno desde que se concibió, no como una solución a un problema de inseguridad, sino a un problema de legitimidad cuestionada), está destruyendo el último reducto que le queda a una Nación: el tejido social.

¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas “body bags” y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?

Las revelaciones de Wikileaks sobre las opiniones en el alto mando norteamericano acerca de las “deficiencias” del aparato represivo mexicano (su ineficacia y su contubernio con la delincuencia), no son nuevas. No sólo en el común de la gente, sino en altas esferas del gobierno y del Poder en México esto es una certeza. La broma de que es una guerra dispareja porque el crimen organizado sí está organizado y el gobierno mexicano está desorganizado, es una lúgubre verdad.

El 11 de diciembre del 2006, se inició formalmente esta guerra con el entonces llamado “Operativo Conjunto Michoacán”. 7 mil elementos del ejército, la marina y las policías federales lanzaron una ofensiva (conocida popularmente como “el michoacanazo”) que, pasada la euforia mediática de esos días, resultó ser un fracaso. El mando militar fue el general Manuel García Ruiz y el responsable del operativo fue Gerardo Garay Cadena de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy, y desde diciembre del 2008, Gerardo Garay Cadena está preso en el penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, acusado de coludirse con “el Chapo” Guzmán Loera.

Y, a cada paso que se da en esta guerra, para el gobierno federal es más difícil explicar dónde está el enemigo a vencer.

Jorge Alejandro Medellín es un periodista que colabora con varios medios informativos -la revista “Contralínea”, el semanario “Acentoveintiuno”, y el portal de noticias “Eje Central”, entre otros -y se ha especializado en los temas de militarismo, fuerzas armadas, seguridad nacional y narcotráfico. En octubre del 2010 recibió amenazas de muerte por un artículo donde señaló posibles ligas del narcotráfico con el general Felipe de Jesús Espitia, ex comandante de la V Zona Militar y ex jefe de la Sección Séptima -Operaciones Contra el Narcotráfico- en el gobierno de Vicente Fox, y responsable del Museo del Enervante ubicado en las oficinas de la S-7. El general Espitia fue removido como comandante de la V Zona Militar ante el estrepitoso fracaso de los operativos ordenados por él en Ciudad Juárez y por la pobre respuesta que dio a las masacres cometidas en la ciudad fronteriza.

Pero el fracaso de la guerra federal contra la “delincuencia organizada”, la joya de la corona del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, no es un destino a lamentar para el Poder en USA: es la meta a conseguir.

Por más que se esfuercen los medios masivos de comunicación en presentar como rotundas victorias de la legalidad, las escaramuzas que todos los días se dan en el territorio nacional, no logran convencer.

Y no sólo porque los medios masivos de comunicación han sido rebasados por las formas de intercambio de información de gran parte de la población (no sólo, pero también las redes sociales y la telefonía celular), también, y sobre todo, porque el tono de la propaganda gubernamental ha pasado del intento de engaño al intento de burla (desde el “aunque no lo parezca vamos ganando” hasta lo de “una minoría ridícula”, pasando por las bravatas de cantina del funcionario en turno).

Sobre esta otra derrota de la prensa, escrita y de radio y televisión, volveré en otra misiva. Por ahora, y respecto al tema que ahora nos ocupa, basta recordar que el “no pasa nada en Tamaulipas” que era pregonado por las noticias (marcadamente de radio y televisión), fue derrotado por los videos tomados por ciudadanos con celulares y cámaras portátiles y compartidos por internet.

Pero volvamos a la guerra que, según Felipe Calderón Hinojosa, nunca dijo que es una guerra. ¿No lo dijo, no lo es?

“Veamos si es guerra o no es guerra: el 5 de diciembre de 2006, Felipe Calderón dijo: “Trabajamos para ganar la guerra a la delincuencia…”. El 20 de diciembre de 2007, durante un desayuno con personal naval, el señor Calderón utilizó hasta en cuatro ocasiones en un sólo discurso, el término guerra. Dijo: “La sociedad reconoce de manera especial el importante papel de nuestros marinos en la guerra que mi Gobierno encabeza contra la inseguridad…”, “La lealtad y la eficacia de las Fuerzas Armadas, son una de las más poderosas armas en la guerra que libramos contra ella…”, “Al iniciar esta guerra frontal contra la delincuencia señalé que esta sería una lucha de largo aliento”, “…así son, precisamente, las guerras…”.
Pero aún hay más: el 12 de septiembre de 2008, durante la Ceremonia de Clausura y Apertura de Cursos del Sistema Educativo Militar, el autollamado “Presidente del empleo”, se dio vuelo pronunciando hasta en media docena de ocasiones, el término guerra contra el crimen: “Hoy nuestro país libra una guerra muy distinta a la que afrontaron los insurgentes en el 1810, una guerra distinta a la que afrontaron los cadetes del Colegio Militar hace 161 años…” “…todos los mexicanos de nuestra generación tenemos el deber de declarar la guerra a los enemigos de México… Por eso, en esta guerra contra la delincuencia…” “Es imprescindible que todos los que nos sumamos a ese frente común pasemos de la palabra a los hechos y que declaremos, verdaderamente, la guerra a los enemigos de México…” “Estoy convencido que esta guerra la vamos a ganar…”
(Alberto Vieyra Gómez. Agencia Mexicana de Noticias, 27 de enero del 2011).

Al contradecirse, aprovechando el calendario, Felipe Calderón Hinojosa no se enmienda la plana ni se corrige conceptualmente. No, lo que ocurre es que las guerras se ganan o se pierden (en este caso, se pierden) y el gobierno federal no quiere reconocer que el punto principal de su gestión ha fracasado militar y políticamente.

¿Guerra sin fin? La diferencia entre la realidad… y los videojuegos.

Frente al fracaso innegable de su política guerrerista, ¿Felipe Calderón Hinojosa va a cambiar de estrategia?

La respuesta es NO. Y no sólo porque la guerra de arriba es un negocio y, como cualquier negocio, se mantiene mientras siga produciendo ganancias.

Felipe Calderón Hinojosa, el comandante en jefe de las fuerzas armadas; el ferviente admirador de José María Aznar; el autodenominado “hijo desobediente”; el amigo de Antonio Solá; el “ganador” de la presidencia por medio punto porcentual de la votación emitida gracias a la alquimia de Elba Esther Gordillo; el de los desplantes autoritarios más bien cercanos al berrinche (“o bajan o mando por ustedes”); el que quiere tapar con más sangre la de los niños asesinados en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora; el que ha acompañado su guerra militar con una guerra contra el trabajo digno y el salario justo; el del calculado autismo frente a los asesinatos de Marisela Escobedo y Susana Chávez Castillo; el que reparte etiquetas mortuorias de “miembros del crimen organizado” a los niños y niñas, hombres y mujeres que fueron y son asesinados porque sí, porque les tocó estar en el calendario y la geografía equivocados, y no alcanzan siquiera el ser nombrados porque nadie les lleva la cuenta ni en la prensa, ni en las redes sociales.

Él, Felipe Calderón Hinojosa, es también un fan de los videojuegos de estrategia militar.

Felipe Calderón Hinojosa es el “gamer” “que en cuatro años convirtió un país en una versión mundana de The Age of Empire -su videojuego preferido-, (…) un amante -y mal estratega- de la guerra” (Diego Osorno en “Milenio Diario”, 3 de octubre del 2010).

Es él que nos lleva a preguntar: ¿está México siendo gobernado al estilo de un videojuego? (creo que yo sí puedo hacer este tipo de preguntas comprometedoras sin riesgo a que me despidan por faltar a un “código de ética” que se rige por la publicidad pagada).

Felipe Calderón Hinojosa no se detendrá. Y no sólo porque las fuerzas armadas no se lo permitirían (los negocios son negocios), también por la obstinación que ha caracterizado la vida política del “comandante en jefe” de las fuerzas armadas mexicanas.

Hagamos un poco de memoria: En marzo del 2001, cuando Felipe Calderón Hinojosa era el coordinador parlamentario de los diputados federales de Acción Nacional, se dio aquel lamentable espectáculo del Partido Acción Nacional cuando se negó a que una delegación indígena conjunta del Congreso Nacional Indígena y del EZLN hicieran uso de la tribuna del Congreso de la Unión en ocasión de la llamada “marcha del color de la tierra”.

A pesar de que se estaba mostrando al PAN como una organización política racista e intolerante (y lo es) por negar a los indígenas el derecho a ser escuchados, Felipe Calderón Hinojosa se mantuvo en su negativa. Todo le decía que era un error asumir esa posición, pero el entonces coordinador de los diputados panistas no cedió (y terminó escondido, junto con Diego Fernández de Cevallos y otros ilustres panistas, en uno de los salones privados de la cámara, viendo por televisión a los indígenas hacer uso de la palabra en un espacio que la clase política reserva para sus sainetes).

“Sin importar los costos políticos”, habría dicho entonces Felipe Calderón Hinojosa.

Ahora dice lo mismo, aunque hoy no se trata de los costos políticos que asuma un partido político, sino de los costos humanos que paga el país entero por esa tozudez.

Estando ya por terminar esta misiva, encontré las declaraciones de la secretaria de seguridad interior de Estados Unidos, Janet Napolitano, especulando sobre las posibles alianzas entre Al Qaeda y los cárteles mexicanos de la droga. Un día antes, el subsecretario del Ejército de Estados Unidos, Joseph Westphal, declaró que en México hay una forma de insurgencia encabezada por los cárteles de la droga que potencialmente podrían tomar el gobierno, lo cual implicaría una respuesta militar estadunidense. Agregó que no deseaba ver una situación en donde soldados estadunidenses fueran enviados a combatir una insurgencia“sobre nuestra frontera… o tener que enviarlos a cruzar esa frontera hacia México.

Mientras tanto, Felipe Calderón Hinojosa, asistía a un simulacro de rescate en un pueblo de utilería, en Chihuahua, y se subió a un avión de combate F-5, se sentó en el asiento del piloto y bromeó con un “disparen misiles”.

¿De los videojuegos de estrategia a los “simuladores de combate aéreo” y “disparos en primera persona”? ¿Del Age of Empires al HAWX?

El HAWX es un videojuego de combate aéreo donde, en un futuro cercano, las empresas militares privadas (“Private military company”) han reemplazado a los ejércitos gubernamentales en varios países. La primera misión del videojuego consiste en bombardear Ciudad Juárez, Chihuahua, México, porque las “fuerzas rebeldes” se han apoderado de la plaza y amenazan con avanzar a territorio norteamericano-.

No en el videojuego, sino en Irak, una de las empresas militares privadas contratadas por el Departamento de Estado norteamericano y la Agencia Central de Inteligencia fue “Blackwater USA”, que después cambió su nombre a “Blackwater Worldwide”. Su personal cometió serios abusos en Irak, incluyendo el asesinato de civiles. Ahora cambió su nombre a “Xe Services LL” y es el más grande contratista de seguridad privada del Departamento de Estado norteamericano. Al menos el 90% de sus ganancias provienen de contratos con el gobierno de Estados Unidos.

El mismo día en el que Felipe Calderón Hinojosa bromeaba en el avión de combate (10 de febrero de 2011), y en el estado de Chihuahua, una niña de 8 años murió al ser alcanzada por una bala en un tiroteo entre personas armadas y miembros del ejército.

¿Cuándo va a terminar esa guerra?

¿Cuándo aparecerá en la pantalla del gobierno federal el “game over” del fin del juego, seguido de los créditos de los productores y patrocinadores de la guerra?

¿Cuándo va poder decir Felipe Calderón “ganamos la guerra, hemos impuesto nuestra voluntad al enemigo, le hemos destruido su capacidad material y moral de combate, hemos (re) conquistado los territorios que estaban en su poder”?

Desde que fue concebida, esa guerra no tiene final y también está perdida.

No habrá un vencedor mexicano en estas tierras (a diferencia del gobierno, el Poder extranjero sí tiene un plan para reconstruir – reordenar el territorio), y el derrotado será el último rincón del agónico Estado Nacional en México: las relaciones sociales que, dando identidad común, son la base de una Nación.

Aún antes del supuesto final, el tejido social estará roto por completo.

Resultados: la Guerra arriba y la muerte abajo.

Veamos que informa el Secretario de Gobernación federal sobre la “no guerra” de Felipe Calderón Hinojosa:

“El 2010 fue el año más violento del sexenio al acumularse 15 mil 273 homicidios vinculados al crimen organizado, 58% más que los 9 mil 614 registrados durante el 2009, de acuerdo con la estadística difundida este miércoles por el Gobierno Federal. De diciembre de 2006 al final de 2010 se contabilizaron 34 mil 612 crímenes, de las cuales 30 mil 913 son casos señalados como “ejecuciones”; tres mil 153 son denominados como “enfrentamientos” y 544 están en el apartado “homicidios-agresiones”. Alejandro Poiré, secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, presentó una base de datos oficial elaborada por expertos que mostrará a partir de ahora “información desagregada mensual, a nivel estatal y municipal” sobre la violencia en todo el país.” (Periódico “Vanguardia”, Coahuila, México, 13 de enero del 2011)

Preguntemos: De esos 34 mil 612 asesinados, ¿cuántos eran delincuentes? Y los más de mil niños y niñas asesinados (que el Secretario de Gobernación “olvidó” desglosar en su cuenta), ¿también eran “sicarios” del crimen organizado? Cuando en el gobierno federal se proclama que “vamos ganando”, ¿a qué cartel de la droga se refieren? ¿Cuántas decenas de miles más forman parte de esa “ridícula minoría” que es el enemigo a vencer?

Mientras allá arriba tratan inútilmente de desdramatizar en estadísticas los crímenes que su guerra ha provocado, es preciso señalar que también se está destruyendo el tejido social en casi todo el territorio nacional.

La identidad colectiva de la Nación está siendo destruida y está siendo suplantada por otra.

Porque “una identidad colectiva no es más que una imagen que un pueblo se forja de sí mismo para reconocerse como perteneciente a ese pueblo. Identidad colectiva es aquellos rasgos en que un individuo se reconoce como perteneciente a una comunidad. Y la comunidad acepta este individuo como parte de ella. Esta imagen que el pueblo se forja no es necesariamente la perduración de una imagen tradicional heredada, sino que generalmente se la forja el individuo en tanto pertenece a una cultura, para hacer consistente su pasado y su vida actual con los proyectos que tiene para esa comunidad.

Entonces, la identidad no es un simple legado que se hereda, sino que es una imagen que se construye, que cada pueblo se crea, y por lo tanto es variable y cambiante según las circunstancias históricas”. (Luis Villoro, noviembre de 1999, entrevista con Bertold Bernreuter, Aachen, Alemania).

En la identidad colectiva de buena parte del territorio nacional no está, como se nos quiere hacer creer, la disputa entre el lábaro patrio y el narco-corrido (si no se apoya al gobierno entonces se apoya a la delincuencia, y viceversa).

No.

Lo que hay es una imposición, por la fuerza de las armas, del miedo como imagen colectiva, de la incertidumbre y la vulnerabilidad como espejos en los que esos colectivos se reflejan.

¿Qué relaciones sociales se pueden mantener o tejer si el miedo es la imagen dominante con la cual se puede identificar un grupo social, si el sentido de comunidad se rompe al grito de “sálvese quien pueda”?

De esta guerra no sólo van a resultar miles de muertos… y jugosas ganancias económicas.

También, y sobre todo, va a resultar una nación destruida, despoblada, rota irremediablemente.

(…)

Vale, Don Luis. Salud y que la reflexión crítica anime nuevos pasos.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

Subcomandante Insurgente Marcos.
México, Enero-Febrero del 2011




No es lugar para los héroes, sin embargo...


No es país para los héroes

Víctor M. Quintana S.

No hay más remedio que volver a parafrasear a Cormac McCarthy, el excelente narrador de la frontera. Lo que pasa es que al menos en Chihuahua, y buena parte del norte, este no es un país para héroes… ni mucho menos para heroínas.

El lunes 7 de febrero, cuando apenas se recuperaba Chihuahua de la emergencia por el frío, fueron levantados por un comando cerca del poblado El Millón, municipio de Guadalupe, en el valle de Juárez, Elías Reyes Salazar, su esposa Luisa Ornelas y la hermana de aquél, Malena Reyes Salazar. Son hermano y hermana de Josefina Reyes Salazar, valerosa mujer, activista social, defensora de los derechos humanos en aquella aterrorizada región. Además de su militancia añeja de izquierda, Josefina dedicó sus últimos años a denunciar los atropellos de las fuerzas federales contra los habitantes de su comunidad y contra sus propios hijos. En 2009 le mataron a uno de ellos, Julio Reyes. Ella misma fue asesinada a principios de enero de 2010. Parecía que ahí terminaría la saña de los asesinos, pero no, pues en agosto del año pasado ultimaron a su hermano Rubén Reyes Salazar. Y ahora viene la desaparición forzada de Elías, quien padece hemiplejia, de su esposa Luisa, con graves problemas de movilidad en sus piernas, y su hermana Malena, con artritis reumatoide avanzada. Alguien ha decidido exterminar a la familia Reyes, por el hecho de alzar la voz para defender los derechos de la gente. Un ataque más: la noche del martes 15 incendiaron la casa de la mamá de los Reyes, doña Sara Salazar, mujer de lucha, quien en 1998 caminó de El Paso a Sierra Blanca, Texas, con la caravana que logró evitar la instalación del basurero nuclear junto a este poblado.

El martes 8 fue el turno del héroe de Chihuahua, Álvaro Sandoval Díaz. Allá en su perdido Palomas, puerto fronterizo con Columbus, el 23 de enero se enfrentó a varios sicarios que venían por él y su familia por no pagarles la cuota. Los repelió y ultimó a tres de ellos. Pero el 8 de febrero volvieron por él y lo asesinaron a tiros junto con su esposa Griselda Pedroza Rocha, pese a la vigilancia de elementos de la policía estatal.

Así se han ido repitiendo los casos de los verdaderos héroes y heroínas de una guerra que ellos no declararon pero que sufrieron en carne de los suyos y terminaron pagando con su vida. Apenas anteayer se cumplieron dos meses del feminicidio, frente al palacio de gobierno de Chihuahua, de Marisela Escobedo, quien reclamaba el fin de la impunidad para Sergio Barraza, pareja y feminicida de su hija, Ruby Frayre.

Así fueron asesinados el 7 de julio de 2009 Benjamín Le Baron y su cuñado Luis Widmar en Galeana. Benjie condujo la gallarda movilización de su comunidad hasta lograr la liberación de su hermano Eric, secuestrado en mayo de ese año, y luego se convirtió en el dirigente de la organización de su pueblo para autodefenderse y organizar otros poblados.

Por eso cada vez son menos quienes tienen la valentía de denunciar o defenderse. No es fácil ser héroe o heroína cuando se tienen bocas que alimentar, familia que educar. Cuando se pone en riesgo la propia vida pero también la de los seres queridos. Los sicarios podrán ser repelidos, pero sus refuerzos o sus sustitutos siempre vuelven, más crueles, más letales. Los policías o los militares que abusan podrán ser denunciados, pero nunca falta una misteriosa llamada por teléfono pidiendo a quien denuncia “… que ya no le mueva”, que dejen de buscar al desaparecido, que dejen de acusar al que trajo la muerte con uniforme.

La guerra que se nos está imponiendo mata mucha gente, pero también quiere matar actitudes y disposiciones. Quiere suplir la confianza y la mutua ayuda como criterios básicos de la relación con los otros para suplirlos por el aislamiento y el miedo. Quiere apagar todo asomo de valor civil y altruismo. Intenta suprimir la capacidad de indignación, por una abdicación total al poder de las armas ilegítimas o legitimadas. Quiere castrar el origen síquico y social de la capacidad de rebelarse.

En una cosa coinciden el Estado que se eclipsa cuando de defender a la ciudadanía se trata y los criminales que dice combatir: uno y otros buscan imponer a la población el silencio. El silencio de los inocentes, el silencio de los corderos que se dejan matar sin chistar, para seguir con las paráfrasis.

Sin embargo, las heroínas, los héroes, estarán fatigados, diezmados, pero no aniquilados. Hoy mismo, Marisela, otra de las Reyes, cumple 9 días de huelga de hambre en Juárez. Hoy mismo activistas y defensoras y defensores de derechos humanos se reúnen, trabajan, se manifiestan, se rebelan, para que en este país siga habiendo lugar para héroes y heroínas.




La maldiciòn minera



La lucha de la CRAC contra la maldición minera

Gilberto López y Rivas

L
a peor tragedia que pueda ocurrir para un pueblo indígena, mayor incluso que un desastre natural o la presencia de la delincuencia organizada, es que una corporación minera adquiera una concesión para explotar una mina en su territorio. Esta es precisamente la amenaza que se cierne sobre los pueblos indígenas del estado de Guerrero que forman parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

No han sido suficientes los esfuerzos de la CRAC por mantener en la Montaña y regiones de la Costa Chica un eficiente, reducativo y no corrupto sistema de administración de justicia, así como una de las incidencias de delito más bajas del país mediante una Policía Comunitaria que obedece el mandato de los pueblos de donde son originarios sus integrantes, a la par que ha salvaguardado su autonomía frente a intentos por cooptar y/o criminalizar a la organización. Ahora tiene que enfrentar una difícil lucha que se inició en noviembre pasado, cuando en sus oficinas de San Luis Acatlán, de la Costa Chica guerrerense, se presentaron tres personeros de la minera Hochschild, de capital británico, para notificarles que durante los días subsecuentes un helicóptero al servicio de la empresa estaría realizando vuelos exploratorios por toda la zona a no más de 35 metros de altura.

Estos tres emisarios del apocalipsis se ampararon con la copia fotostática de un documento donde se afirma que esta corporación cuenta, desde el 21 de octubre 2010, con el permiso de las autoridades mexicanas para realizar esas operaciones, avalado por una obsecuente y desconocida Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Carlos A. Rodríguez Wallenius, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, sustenta que las prácticas y marcos de actuación de las empresas mineras son fundamentales para entender el modelo de acumulación por desposesión, como un mecanismo de explotación del capital que se basa en la privatización de los bienes públicos y el despojo de recursos comunitariosEmpresas mineras, apropiación territorial y resistencia campesina en México, octavo Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, Brasil, 2010). Este investigador sostiene que la contrarreforma salinista al artículo 27 constitucional y la Ley Agraria en 1992, los cambios sustanciales a la Ley Minera en 1993, así como la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, permitieron abrir discrecionalmente el sector minero a las empresas extranjeras, otorgar preferencia a sus exploraciones, explotaciones y beneficios (¡que de manera inaudita se consideran de utilidad pública!) sobre cualquier otro uso del suelo, incrementar la duración de las concesiones a 50 años y prestar todo tipo de facilidades en tiempo y forma para adueñarse de grandes cantidades de hectáreas de territorio, literalmente robadas a las comunidades indígenas y campesinas del país, ¡en una superficie que constituye, además, 12 por ciento del territorio nacional!

En el ámbito mundial, los datos empíricos demuestran que las compañías mineras –como las que buscan apoderarse de más tierras indígenas en Guerrero– dejan una secuela de millones de toneladas de tierra y rocas removidas en extensas áreas de operación, con la consecuente destrucción del hábitat y deterioro del entorno social: contaminan ríos, presas y drenajes con sustancias venenosas o sumamente tóxicas; acaparan el agua; explotan a sus trabajadores y los exponen a condiciones de riesgo extremo; apoyan a regímenes antidemocráticos o gobiernos colaboracionistas –como el de México–, contratan incluso matones y grupos paramilitares para enfrentar a sus opositores y organizan poderosos grupos de presión (llamados con el eufemismo anglicista de lobbies) que actúan en los parlamentos sobornando, comprando conciencias, hasta de congresistas de la izquierda institucionalizada, para que apoyen sus negocios en el país o proyectos que los benefician, como el del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en Brasil.

Todo ello, a cambio de los escasísimos ingresos que reciben los pobladores de los territorios explotados (1.3 a 2.9 por ciento, entre rentas y apoyos, cuando los reciben), que llegan a ser convencidos para otorgar los permisos con engaños, por la necesidad imperante y la corrupción de líderes o caciques que se prestan para servir de amanuenses nativos de las corporaciones, en su mayoría canadienses (77 por ciento del total en México). Este factor es importante: la CRAC debe lograr la unidad de todos los pueblos, pues las mineras son expertas en provocar divisiones comunitarias y agravar conflictos agrarios para vencer voluntades y abrir los territorios a su acción destructiva. La única defensa frente a la amenaza minera es la organización, movilización y fortalecimiento de la autonomía de las comunidades indígenas-campesinas afectadas. No hay que esperar algún tipo de defensa o protección del gobierno mexicano en los diversos ámbitos de autoridad. Rompiendo récords en cuanto a apertura a la inversión extranjera, México es tal vez el país en el mundo en donde es más fácil obtener una concesión minera. Es más, si en 90 días el Instituto Nacional de Ecología no responde a la solicitud de concesión con su informe de impacto ambiental, se da por otorgada la licencia. En comparación, en Estados Unidos y Canadá, los trámites de concesión tardan entre cinco y ocho años.

A 15 años de los acuerdos de San Andrés, la sociedad civil debe apoyar a los pueblos de la Montaña-Costa Chica de Guerrero y a la CRAC en su lucha contra la pretensión minera de apropiarse de su territorio, base material de las resistencias que debe ser defendida, reflejo de las aspiraciones de futuro de quienes viven con la naturaleza, y no a costa de ella.