La marcha contra la Tarjeta Feria

El viernes 19 de diciembre de 2010 marchó por las calles de Monterrey un contingente exigiendo la cancelación de la tarjeta Feria implementada por el Gobierno del Estado. Apenas una probadita de lo que puede ser un gran movimiento, si la gente afectada (toda la población) decide participar y organizarse para dar marcha atrás a esta política gubernamental.

Lastima, a los bolsillos ya precarios de la gente, el aumento a la tarifa implícito en la implementación de la tarjeta: sin ella, el viaje te costará $10. Diez pesos! La clase política y empresarial viven en un planeta distinto al del resto de los mortales; quien tenga que tomar 2 camiones para desplazarse, gastará nada menos que $20 sólo de ida, para regresar, otros tantos. ¿Quién puede afirmar que no le afecta este aumento? Si usas la tarjeta, (que tiene costo pero luego te lo reponen, que siempre sí, que luego no) la tarifa es $8.50 (aún así, sumamente caro tomando en cuenta el promedio de los salarios).

El gobierno del estado beneficia a las empresas del transporte y a quien se encarga de elaborar las dichosas tarjetas, y el beneficio a los ususarios, ¿cuál es? Como cereza del pastel, el ususario tiene que dar su CURP a la hora de comprar la tarjeta, que dizque para que nadie más que el titular pueda usarla.

Hay molestia en la población; el problema es que a la gente se le ha educado y entrenado para que no proteste, para que no se defienda, para que obedezca. Así, a pesar del golpe que significa, hay quienes dicen que no se puede hacer nada, como si las decisiones de gobierno fueran palabra de dios. Afortunadamente hay impíos que no están dispuestos a acatar los designios que la élite del estado determina para abusar de todos los demás.

NO al aumento de tarifas

- Que la tarjeta Feria sea opcional

- Por un transporte publico y de calidad

- Rechazo a las barras contadoras

Por que estamos hartos de que todo aumente....menos nuestros salarios

Por que queremos un transporte de CALIDAD...

¡Basta de tranzas, Basta de prepotencia, basta de aumentos!

Ponencia del Comité Cerezo. México en camino al terrorismo de Estado

La colombianización en México un proceso que camina hacia el terrorismo de Estado.

Ponencia del Comité Cerezo en la Casa Lamm

Martes 7 de diciembre de 2010
por Comité Cerezo

En Junio de 2007 la organización de derechos humanos Comité Cerezo México publicó un artículo que titulaba: Terrorismo de Estado: “La colombianización”; la criminalización de la lucha social como estrategia represiva.”

En ese entonces planteábamos que el Estado mexicano pretendía equiparar a los defensores de derechos humanos con delincuentes o terroristas; convencer de que la defensa de los derechos humanos impulsada por éstos era la fuente de conflictos sociales y que la “lucha o guerra contra el narcotráfico” era un pretexto para sacar al ejército a las calles.

En mayo de 2008 en un artículo titulado “Paramilitarismo mexicano” el Comité Cerezo planteaba que el Estado mexicano estaba “formalizando“ la creación de grupos paramilitares con el objetivo de: crear un tercer actor, supuestamente independiente para evadir responsabilidades y mostrarse como un país democrático. En ese entonces plantamos que el Estado ante la lucha de las organizaciones y defensores se vería obligado a crear una instancia de protección para los mismos como en Colombia… mecanismo que hoy dice el gobierno creará…

¿Qué ha sucedido en nuestro país en los últimos cuatro años de lo que ya percibíamos desde el 2007 como su “colombianización”? Las cifras y los métodos para causar terror en la población y someterla a un férreo control son impactantes:

30 mil muertos de 2006 a la fecha

Entre mil y 3 mil desaparecidos.

35 luchadores sociales y defensores de derechos humanos ejecutados extrajudicialmente.

Un número indeterminado de desplazados forzados por la violencia, como ejemplo nombraremos lo que sucede en dos distritos de Chihuahua: según el “Censo de Poblacion y Vivienda 2010, revelan que Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G .Guerrero bajaron la cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en promedio.”[1]

Cientos de decapitados, cientos de descuartizados varios dejados frente a escuelas, cientos de quemados en ácido, decenas de fosas comunes, masacres de jóvenes sin ninguna relación con la delincuencia, masacres de migrantes…

Cientos de civiles asesinados en el marco de operativos por parte de las fuerzas armadas contra la llamada delincuencia organizada, nada más como muestra del abuso y la impunidad se contabilizan 6mil 518 quejas por violar derechos humanos contra la Sedena[2] (4 266) y contra la Policía Federal[3] (1 252) desde que inició el presente sexenio hasta septiembre de 2010, de las cuales sólo 212 de las cometidas por la PF han sido investigadas y 64 se han traducido en recomendaciones de la CNDH a la Sedena.

Si comparamos esas cifras con las cifras de violaciones de derechos humanos en Colombia o con el número de ejecuciones extrajudiciales, de desapariciones forzadas (38,235 en los últimos tres años y 250mil en 20 años)[4], de desplazados por el conflicto armado interno ( alrededor de 4,5 millones), con las decenas de fosas comunes, una, la más grande de América Latina con más de 2 mil cuerpos; con los métodos para inmovilizar y controlar a la población por medio del terror: descuartizamiento con motosierras, criaderos de cocodrilos para aventar a los luchadores sociales, hornos crematorios, cientos de casos de “falsos positivos”, es decir jóvenes engañados, secuestrados por el ejército y ejecutados extrajudicialmente para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y cobrar por ello…podemos ver a simple vista que lo que nos diferencia de manera evidente es la cantidad de atrocidades cometidas en contra de la población civil y lo que nos asemeja es que allá y aquí una “maquinaria” de muerte funciona y que hay responsables de que ésta funcione así.

Sin embargo, no basta con comparar estas dos realidades en su aspecto cuantitativo es necesario buscar las similitudes de los planteamientos que justifican estos hechos, que los promueven y pretenden ocultarlos.

PLAN COLOMBIA-INICIATIVA MÉRIDA: Dos formas de legalizar y de legitimar la construcción de Estados terroristas.

El Plan Colombia fue suscrito en 1999 la principal justificación de su creación, a decir del Estado colombiano, fue la construcción de una alianza internacional para combatir al narcotráfico, al cual definía como una amenaza trasnacional,[5] pero además porque el Estado colombiano no había sabido consolidar su poder, había falta de confianza en la capacidad de las fuerzas armadas, policía y sistema judicial y porque había una crisis de credibilidad en diversos niveles y varias instancias de gobierno.

La solución que se planeó fue aplicar:

“…reformas en el corazón de nuestras instituciones, especialmente en las fuerzas armadas, con el fin de apoyar la ley y recuperar la confianza y la seguridad para todos los colombianos en todos los rincones del país. Para consolidar y mantener el estado de derecho…”[6]

El Plan Colombia consta de diez “estrategias” fundamentales que abarcan aspectos económicos, militares, sociales y de derechos humanos, por supuesto éstos dos últimos subordinados a los primeros dos aspectos.

De esas diez estrategias, transcribimos dos por su importancia:

“4. Una estrategia para la defensa nacional para reestructurar y modernizar las fuerzas armadas y la Policía, para que estos recuperen el estado de derecho, y proporcionen seguridad en todo el territorio nacional, en contra del delito organizado y los grupos armados y para proteger y promover los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitaria.

5. Una estrategia judicial y de derechos humanos, con el fin de reafirmar el estado de derecho y para asegurar una justicia igualitaria e imparcial para todos, y al mismo tiempo que promueva las reformas ya iniciadas en las fuerzas militares y la Policía para garantizar que éstas cumplan con su papel en la defensa y respeto de los derechos y la dignidad de todos.”[7] (el subrayado es nuestro)

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Unidad patriótica felicita al FTE en su décimo aniversario

Sala de Prensa: EN EL DECIMO ANIVERSARIO DEL FRENTE de TRABAJADORE...: "Nos congratulamos por el decimo aniversario de lucha activa y combativa que ha tenido el Frente de Trabajadores de la Energía. &..."

Desde este espacio, en Monterrey, también mandamos una sincera felicitación al FTE, de claras convicciones, combativo y comprometido con un México diferente. Es para nosotros un placer conocerlos y compartir ideales. Va nuestra admiración y un abrazo cordial y solidario a los miembros de esa organización de trabajadores.

Día de los Derechos Humanos

UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO

BOLETÍN

9 de diciembre de 2010

¡¡DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, SOLO SE CUMPLIRÁN CON UN CAMBIO DE GOBIERNO EN EL PAÍS!!

La sistemática violación de los derechos humanos, la represión, la injusticia social y la violencia son un síntoma actual del sistema de vida y político mexicanos y un rasgo distinto de los gobiernos del PAN y del PRI, por ello, en el marco del 62° Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos que se requiere de un cambio de gobierno para reestablecer la legalidad constitucional, el bienestar social, el respeto a la justicia y la paz. Los derechos humanos solo se cumplirán con un cambio de gobierno en el país.

A 62 años de la “Declaración” y 93 años de la promulgación de la Constitución, en México no se cumplen ni respetan los derechos humanos, por ello y para luchar por su promoción y defensa hemos iniciado la construcción de un amplio y convergente “movimiento por la unidad popular nacional”, el cual se propone organizar y movilizar electoralmente a más de 5 millones de activistas obreros, campesinos, empleados públicos y de la izquierda socialista para contribuir a desplazar a los partidos facciosos del poder y establecer un gobierno democrático que encabece el compañero AMLO, como presidente popular de México.

La “Declaración” y nuestra Constitución establecen derechos económicos, sociales y culturales de las y los mexicanos en: alimentación, empleo, trabajo, vivienda, educación, salud, seguridad social y recreación, sin embargo, no se cumplen o no se hacen cumplir por la situación de ingobernabilidad, corrupción, violencia e impunidad que imperan en el país, fundamentalmente por la acción u omisión del poder público, que tiene una gran deuda ya no únicamente con las y los trabajadores, sino inclusive con las clases medias y millones de pequeños empresarios que están quebrando y empobreciéndose a diario.

La existencia de una minoría privilegiada de ricos al amparo del gobierno neoliberal; la pobreza generalizada de más del 50 por ciento de la población; la sobrevivencia de aproximadamente 16 millones de indigentes; cerca de 12 millones de desempleados, subempleados y jóvenes sin trabajo ni escuela; 12.4 millones de personas que trabajan en las calles y 24.2 millones que laboran sin prestaciones ni seguridad social; además de 6 millones de analfabetas; y, un rezago de más de 7 millones de viviendas de interés social, son datos duros de los hechos que acreditan el incumplimiento de los derechos humanos en el país.

Cabe señalar que el desempleo directo afecta ya a cerca de 3 millones de personas. El subempleo a otros 3.8 millones. De los 44.4 millones de personas que constituyen la PEA ocupada, al III Trimestre de 2010, 3.9 millones no reciben ingresos, trabajan por propinas; 5.7 millones solamente ganan hasta un salario mínimo, es decir viven con 57.46 pesos al día (menos de 5 dólares diarios); y, 19.4 millones perciben entre 1 y hasta 3 salarios mínimos.

Asimismo a la fecha, se contabilizan más de 32 mil ejecutados en este sexenio derivado de la “guerra” en contra de la delincuencia organizada y la batalla territorial al seno de ésta, sin que el gobierno repare en combatir las causas del delito que tienen que ver con la pobreza, el desempleo y la impunidad, pues baste señalar el caso de numerosos líderes campesinos y sociales reprimidos, ultimados o encarcelados en los últimos diez años, como el de los 68 periodistas asesinados, de los cuales 55 se dieron en lo que va del sexenio del presidente Calderón. Por ello, hemos insistido que solo con un cambio de gobierno, de estrategia y con una fuerza social muy potente y organizada se podrán frenar la violencia y la criminalidad en el país, siendo indispensable la independencia de los jueces y la autonomía de los ministerios públicos del poder ejecutivo.

La Constitución establece garantías que se complementan con el orden jurídico internacional, siendo la Corte, el Poder Judicial y las comisiones públicas de derechos humanos, como la CNDH y otras, quienes deberían encargarse de velar por el cumplimiento de los derechos humanos, no obstante, estos organismos han sido ineficaces y en muchos casos cómplices, por acción u omisión, del atropello a los derechos humanos de las y los trabajadores, existiendo numerosos ejemplos de su proceder antisocial, como en el caso de las reformas a la Ley del ISSSTE y del IMSS y las acciones en contra de los electricistas del SME, los mineros, los maestros, los técnicos profesionistas petroleros y los campesinos de la COCyP.

En materia laboral es peor debido a la creciente precarización de las condiciones de vida, trabajo y seguridad social de las y los trabajadores, por los altos índices de desempleo, las formas simuladas de subcontratación a través de los outsourcing que principalmente promueven los gobiernos, los salarios miserables, la falta de cumplimiento al ejercicio de libertad sindical y la ausencia de mecanismos efectivos que aseguren el cumplimiento de la ley laboral, por la existencia de una impartición de justicia por consigna, son otros ejemplos de la realidad mexicana, por ello, condenamos la tentativa de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de otorgar un irrisorio aumento de 2 pesos al salario mínimo.

Finalmente, consideramos que eI sistema actual de protección oficial de los derechos humanos está rebasado por la criminalidad, la impunidad y la ineficacia del sistema de justicia gubernamental, teniendo ahora la acción y la palabra, el pueblo de México.

Fraternalmente.

Por el Comité Ejecutivo Nacional de la Unión de Juristas de México: Eduardo Miranda Esquivel, Jesús Cervantes Esparza, Hilda Venegas Negrete, Cesar de León Guadiana, Pablo Franco Hernández, José Enrique González Ruiz y Atenogenes Pineda Escamilla.

Celular 5537319665 unionjuristas@hotmail.com

No! a la tarjeta Feria.

TRAMITA TU AMPARO
CONTRA LA MISERABLE TARJETA FERIA
ARAMBERRI 913 PTE CON NACHO ZAPATA 11139639

Gran Marcha Popular contra la Tarjeta Feria y el aumento al transporte en Monterrey N. L.

Ante la imposición de la tarjeta feria y el creciente rechazo de la población, diversas organizaciones y grupos de trabajadores, estudiantes, amas de casa, desempleados, comerciantes informales, vecinas y vecinos, etc estamos convocando a una

GRAN MARCHA POPULAR CONTRA LA TARJETA FERIA
Y EL AUMENTO AL TRANSPORTE

Lugar: Mercado Juárez

Día: Viernes 10 de Diciembre

Hora: 6:00 pm

Destino: Palacio de Gobierno

Para EXIGIR A LAS AUTORIDADES:

- Que la tarjeta Feria sea opcional

- Rechazar el aumento al transporte

- Por un transporte público y de calidad

- Rechazo a las barras contadoras

Porque estamos hartos de que todo aumente....

Porque queremos un transporte de CALIDAD...

¡Basta de transas, Basta de prepotencia, basta de aumentos!

*OJO: no nos oponemos a la modernización, al contrario, porque queremos un TRANSPORTE DE CALIDAD, rechazamos esta nueva tranza del gobierno y los empresarios del transporte.

Queremos choferes CAPACITADOS, queremos que el uso de la
tarjeta sea OPCIONAL, y que en lugar de castigar al que no la tiene,
se premie al que si la tiene, como en el METRO.

Queremos transporte para gente con capacidades distintas. Por esto y más: NO A LA IMPOSICIÖN DE LA TARJETA FERIA!!!!

VEN A LA MARCHA, VAMOS TODOS

POR UN TRANSPORTE

DE CALIDAD AL SERVICIO DEL PUEBLO

Políticos, tomen la decisión correcta. Greenpeace

La guerra perdida de Calderón

La guerra perdida de Calderón

Martí Batres Guadarrama. Proceso

MÉXICO, D.F., 8 de diciembre.- Felipe Calderón libra una guerra que está perdida de antemano: es la guerra por su legitimidad.

En su campaña por la Presidencia de la República puso en el centro de su discurso la economía, incluso habló de las desigualdades, y por ello se propuso ser “el presidente del empleo”. También tocó el tema migratorio, y recogió demandas de los empresarios. Criticó el endeudamiento y enfatizó la conducción responsable de la economía. Pero nunca habló de una guerra contra el narcotráfico.

Esa agenda, que se ha convertido en el discurso monotemático de su administración, nació el 2 de julio del 2006.

Impuesto por un fraude electoral en el gobierno federal, Calderón se dio a la tarea de encontrar un tema que lograra cohesionar a todos a su alrededor, que lograra aislar a sus adversarios, que permitiera colocar las cosas en blanco y negro, en buenos y malos, en héroes y criminales, y que de paso le ayudara a resguardarse detrás del uso de la fuerza y de la intimidación hacia el resto de la sociedad. Por eso apareció de repente la guerra contra el narco. Fue el consejo de sus asesores, no la idea propia. Fue la respuesta de coyuntura, no la estrategia largamente pensada.

Improvisadamente, sin el personal preparado, sin la información adecuada, sin los instrumentos necesarios, se lanzó a una guerra. Lo importante era empezar, aparecer, salir a cuadro, hacer como que hacía. Lo importante no era, y no es, derrotar el narcotráfico y el consumo de drogas. Lo importante era lo político. Lo importante era legitimarse. Encontrar en una gran causa la legitimidad que no obtuvo en las urnas.

En los primeros dos años de guerra contra el narco, sin embargo, las adicciones se dispararon en 120%, de acuerdo con las cifras oficiales de su propio gobierno. Cerca de 30 mil personas han muerto en dicha guerra, sin que sepamos con precisión cuántos han sido narcos, cuántos soldados y policías y cuántos inocentes. Han sido acribilladas por las fuerzas del orden, los “héroes” que nos “protegen”, familias enteras, por rebasar un retén y aun sin rebasarlo. Jóvenes universitarios han muerto por aparecer en fuegos cruzados. Algunos han sido despojados de sus identificaciones para hacerlos parecer narcos. Otros jóvenes han sido acribillados en fiestas o reuniones familiares por sicarios que llegan a realizar masacres como forma de venganza contra actos de las autoridades. En el proceso de militarización se cometen abusos, se violan derechos, se violan personas, mueren mujeres indígenas. Pero los costos se minimizan. Son “daños colaterales”.

La guerra contra el narco desnudó la debilidad del Estado mexicano. El crimen organizado sabe ahora a ciencia cierta cuál es la fuerza y la capacidad real del poder público. Se ha perdido el efecto de disuasión. Le han tomado la medida al gobierno federal, a las policías y al Ejército. Y las mafias se han engallado. En ciudades como Nuevo León, en pleno día se realizan los narcobloqueos en las calles más céntricas. Han dejado de temerle al Estado.

Calderón no puede, pero aprovecha la situación. Sabe que no ganará la guerra contra el narco, pero se refugia en la confusión. Persigue a personajes cercanos de sus opositores. Detiene espectacularmente a alcaldes de su estado natal para generar un efecto electoral, aunque éstos sean liberados después. No importa si eran culpables o no. No importa si había solidez en las acusaciones en su contra. Lo importante era lo político, lo electoral. La guerra contra el narco es ahora el gran discurso para buscar hacer a su hermana gobernadora de su estado natal.

En dicha guerra caen algunos narcos, pero a otros, con todo y sus modernos instrumentos tecnológicos de inteligencia, el gobierno federal no los puede hallar.

Para el año 2011 se prevé un presupuesto de 50 mil millones de pesos para financiar la guerra contra el narco. Para el combate a las adicciones se destinarán 5 millones de pesos. En realidad, se ha perdido el horizonte original. No importa ya disminuir el consumo de drogas. Lo que importa es la guerra; es un fin en sí mismo.

Estamos obligados a preguntarnos: ¿Qué habría pasado si los cuantiosos recursos que se desvían a esa guerra se hubieran utilizado para el desarrollo del país? Es decir, si se hubieran construido las refinerías y las nuevas universidades por cada estado de la república; si se hubieran establecido la beca universal y la pensión universal; si se hubieran financiado el desarrollo comunitario, la empresa pública, la economía social y la pequeña industria; si se hubiera construido el tren bala… Se habría potenciado el desarrollo, la gente sería más feliz, y por supuesto, habría más seguridad.

Podrán detener a miles de narcos. Pero de las profundidades de la crisis saldrán miles más. Para algunos esta es su fuente de ingreso, su economía. Peor aún, para muchos jóvenes este es su verdadero “primer empleo”, en un país que decreció ocho puntos el año pasado y tiene la tasa más grande de desempleo en su historia. Sin empleo, sin ingresos, sin educación, sin crecimiento económico, sin garantías de existencia material para la población, la guerra contra el narco está condenada al fracaso, aunque dure 100 años. Como está destinada al fracaso la lucha inútil por la legitimidad de Calderón. Asaltó un gobierno, y así pasará a la historia, aunque finja hacerle la guerra a los malos.

De Galeano: Los Nadies

Conferencia de prensa de Observadores independientes acerca de las eleeciones del SME

Cambio Climático. Calderón en "su cumbre": ahora se autonombra "presidente ecológico"

Denuncian países de AL reuniones en lo oscurito promovidas por México

Protesta de activistas durante la participación del director del Banco Mundial en la COP 16Foto Reuters

Luis Hernández Navarro

Enviado Periódico La Jornada
Jueves 9 de diciembre de 2010, p. 47

Cancún, QR, 8 de diciembre. La crispación escaló hoy más en el segmento de alto nivel de la 16 cumbre climática de la ONU. El mandatario mexicano se comportó como si estuviera en campaña electoral y saltó de foro en foro haciendo promesas, demandando recursos económicos y divulgando logros ambientales de su administración.

En cambio, los representantes de tres naciones latinoamericanas pusieron las cartas sobre la mesa, denunciaron la falta de acuerdos y las reuniones en lo oscurito promovidas por México.

Comenzó la ofensiva el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien emplazó a las naciones industrializadas a explicar por qué se niegan a firmar la extensión del Protocolo de Kyoto. “Nos encantaría saber –dijo– por qué ciertos países, que en otras dimensiones se convierten en heraldos de los derechos del hombre, de la democracia, se resisten a un segundo periodo de compromisos bajo el único régimen jurídico vinculante que Ecuador reconoce, y que es, con todos sus defectos e imperfecciones, el Protocolo de Kyoto”.

Le siguió el canciller cubano, Bruno Rodríguez, quien exigió adoptar decisiones concretas sobre un segundo periodo de compromisos. Denunció que hay un grupo de naciones desarrolladas intentando liquidar el Protocolo de Kyoto con el pretexto de que cubre sólo 20 por ciento de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Demandó que los mecanismos de financiamiento para la lucha contra el calentamiento global no involucren al Banco Mundial ni a ninguna otra institución de Bretton Woods, pues son tan responsables históricas del cambio climático como los gobiernos de los países desarrollados.

Finalmente, remató el uno, dos, tres, el embajador de Bolivia, Pablo Solón, en una conferencia de prensa no prevista. Su delegación denunció la casi inexistencia de reuniones oficiales de negociación y la realización de un encuentro en lo oscurito promovido por México, al que asistieron entre 40 y 50 países. Las reuniones informales –dijo– no pueden sustituir la negociación del texto de las partes. Pedimos que se restablezcan los debates formales con los 192 miembros. Anunció la presentación de tres documentos propios. Finalmente, informó que en su intervención de mañana, Evo Morales defenderá la posición acordada en Cochabamba y los derechos de la naturaleza.

Agarrado fuera de base, el gobierno mexicano tuvo que aventarse al ruedo a capotear la tormenta, con una conferencia de prensa de Luis de Alba, su representante especial para Cambio Climático. De Alba aceptó la existencia de ese grupo informal, pero aclaró que siempre los ha habido para buscar destrabar las negociaciones. Dijo que de ninguna manera se iban a presentar textos alternos. Según él, la molestia de Bolivia se debió a que en la redacción se omitieron referencias a los pueblos indígenas, especialmente a su derecho a la información y al consentimiento previo. Añadió que ya se habían incorporado al documento.

Una REDD demasiado enredada

Como parte del maratón político que corrió hoy en Cancún para presentarse como el presidente de la ecología, Felipe Calderón expuso los supuestos beneficios que han permitido a México avanzar hacia la disminución de emisiones contaminantes por medio del Mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación (REDD).

Encarrerado, el mandatario presumió ProÁrbol, informando que se han plantado 650 millones en el país. Curiosamente, ese programa ha sido fuertemente criticado por los expertos forestales. La Auditoría Superior de la Federación confirmó irregularidades, manipulación de cifras y discrecionalidad en su aplicación en 2007. Los técnicos han documentado malas prácticas en el manejo, cuidado y mantenimiento de ProÁrbol, y siembra de especies exóticas. Las organizaciones campesinas han denunciado cómo se destinan cuantiosos subsidios a plantaciones forestales comerciales, en manos de grandes empresarios.

Según la investigadora Silvia Ribeiro, la propuesta REDD parte del supuesto de que, como la deforestación es un factor importante de la crisis climática, hay que compensar económicamente a quienes ya no lo hagan. Lo llaman deforestación evitada: primero hay que deforestar para luego vender el dejar de hacerlo. Un típico escenario ganar-ganar, como dicen los empresarios. Ganan los talamontes al deforestar y ganan por dejar de hacerlo. Quienes más se benefician de estos programas son los que más bosque y selva han destruido, y que podrán seguir haciéndolo, ya que REDD acepta que dejando apenas 10 por ciento del área original se cuente como deforestación evitada.

La eficacia del programa es cuestionada por especialistas. De acuerdo con la red Carbon Trade Watch, socava severamente las políticas de mitigación climática y exacerba los problemas ambientales y sociales. REDD está financiado por los grandes contaminadores, intrínsecamente vinculados al mercado de carbono y podría resultar en el despojo de tierras más grande de todos los tiempos.

De la misma manera piensan dirigentes campesinos e indígenas. Para el líder de Vía Campesina, Paul Nicholson, nuestra demanda es no a la REDD y no a las falsas soluciones; queremos la aplicación de medidas de cambio sistémico que vayan a la raíz de la crisis climática.

Tom Goldtooth, de la Red Indígena Ambiental, a la que los organizadores de la cumbre le retiraron su acreditación por participar ayer en una conferencia de prensa crítica y manifestarse contra REDD, denunció cómo en el contexto de este programa, Shell cometió genocidio contra el pueblo Ogoni, en Nigeria, y ecocidio de la cuenca del Níger. Según él, el programa facilita y avala que esta y otras compañías continúen extrayendo combustibles fósiles, al tiempo que destruyen el clima y a los pueblos indígenas. La mayoría de los bosques del mundo están en territorios nativos. Los proyectos tipo REDD han resultado en despojos de tierras, violaciones de derechos humanos, amenazas a la sobrevivencia de nuestras culturas, militarización, engaños y servidumbre, señaló.

Para las organizaciones campesinas e indígenas, REDD es un mecanismo que beneficia a los que más contaminan y amenaza con extender a todo el planeta los desiertos verdes de las plantaciones forestales.

No podemos vivir bajo el agua. Greenpeace

Inunda Greenpeace íconos de regiones clave para discusiones climáticas

Cancún, Quintana Roo.- En una actividad simbólica, para ilustrar cómo amenaza el cambio climático a diversas regiones del mundo, Greenpeace sumergió en el mar de Cancún reproducciones de los monumentos más emblemáticos de los países que destacan en las negociaciones climáticas de la COP 16.

Activistas de la organización ambientalista acudieron a la playa Gaviota Azul, en la zona hotelera de Cancún y ahí colocaron, dentro del mar, reproducciones de la Torre Eiffel de París, Francia, el Big Ben en Londres, Reino Unido; el Taj Mahal en Agra, India; la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos; el Angel de la Independencia de la Ciudad de México; el Cristo Redentor, en Río de Janeiro, Brasil; la gran pirámide de Giza en Egipto; el Templo del cielo en Beijin, China y la Casa de la Ópera de Sydney, Australia, para mandar un mensaje a los ministros que participan en las pláticas climáticas auspiciadas por Naciones Unidas: todo el mundo es vulnerable al cambio climático.

“Greenpeace está hoy aquí para ilustrar que el cambio climático no discrimina. Todos vamos en el mismo barco y la tormenta se aproxima. Necesitamos navegar juntos y en la misma dirección”, afirmó Kumi Naidoo, director ejecutivo de Greenpeace Internacional.

“La creciente marea de impactos climáticos, sean éstos económicos, ambientales o humanitarios nos afectarán a todos –ricos y pobres. Aquí en Cancún, los ministros deben elegir el navegar hacia un futuro seguro, que no dependa de los combustibles fósiles que están alterando el clima del planeta”, agregó Naidoo.

Estado de las conversaciones climáticas

En finanzas, Greenpeace está alarmado de que el establecimiento de un fondo financiero climático, una de las decisiones fundamentales para esta reunión, sea pospuesto hasta el año que entra.

“Estados Unidos está bloqueando la toma de decisiones en torno al fondo climático utilizando falaces argumentos legales -a pesar de ser un país que no ha ofrecido nada en estas negociaciones-. Los demás países deben moverse y continuar avanzando. En Copenhague, estos países prometieron que en Cancún se tomarían decisiones en torno al fondo climático, sin embargo, parece que van a romper su promesa”, afirmó Gustavo Ampugnani, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace México.

Igualmente complejas son las discusiones sobre cómo incrementar las muy pobres promesas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero hechas en Copenhague. Evaluación tras evaluación han mostrado que los compromisos de Copenhague son completamente inadecuados para mantener el incremento de la temperatura global del planeta por debajo de los 2 grados. Estados Unidos, Canadá y Rusia tienen los targets más pobres, pero no tienen ni siquiera la voluntad de reconocer esta brecha.

Hay una masiva contradicción en la Unión Europea porque mientras se dice feliz al reconocer la existencia de una brecha entre las gigatoneladas de GEI que se prometen reducir y las que los países están dispuestos a lograr-, es incapaz de incrementar su compromiso de reducción de emisiones al 30 por ciento para 2020 con respecto a los niveles de 1990. Australia se encuentra en una posición similar, rechazando incrementar su target.

“Los países industrializados tienen la responsibilidad histórica de reducir sus emisiones – y sin embargo, Estados Unidos, Rusia, Japón y Canadá rechzan hacer progresos. Le recordamos a este “club del carbón” que ellos deben, al menos oficialmente, admitir que hay una brecha en el tema de las gigatoneladas” agregó Ampugnani.

Greenpeace también llamó a los gobiernos a acordar una forma legal para obtener un acuerdo final.

“Los comentarios de Japón son totalmente inaceptables y no ayudan al proceso negociador. Igualmente, llamamos a Canadá y Russia a promover la continuación del Protocolo de Kyoto como una extensión de un acuerdo legalmente vinculante y justo”, concluyó Ampugnani.

Más información con Raúl Estrada, tel. 5687 9595 ext.120 y 044 55 4084 5326 y correo raul.estrada@greenpeace.org) Greenpeace México:

Página web: www.greenpeace.org.mx /
Facebook: www.facebook.com/greenpeacemexico

Hackers "atacan" Mastercard en apoyo a Wikileaks

Hackers 'atacan' Mastercard en apoyo a WikiLeaks

Su página se encuentra fuera de servicio por un ataque de Denegación de Servicio (DDOs) después de que la empresa rompiera sus relaciones con el sitio de filtraciones en Internet

El sitio electrónico de la firma emisora de tarjetas de crédito y débito Mastercard era objeto hoy de un ataque por piratas informáticos, por lo que su portal no se encontraba disponible, afirmó el británico The Guardian.

Se trataría de uno de los llamados "ataques de denegación de servicio" (DDOs) , provocado por la saturación de solicitudes de acceso que acaban por colapsar las páginas electrónicas.

De acuerdo a la página electrónica del rotativo, el ataque fue reivindicado por "Anonymous" , un grupo de presuntos cibernautas que ha puesto en su mira a empresas que han roto sus relaciones con WikiLeaks.

La víspera Mastercard y Visa cortaron su servicio de procesamiento de contribuciones monetarias a la organización, cuyo financiamiento pasa por ese tipo de plataformas.

La víspera Julian Assange, fundador de la organización que recabó cables diplomáticos estadunidenses, fue detenido por la policía británica acusado por presuntos delitos sexuales cometidos en Suecia, y una decisión sobre su situación será tomada la próxima semana.

jfra

Detención bajo sospecha. Editorial de La Jornada

Detención bajo sospecha

Ayer, nueve días después de que Wikileaks comenzó la filtración masiva de documentos del Departamento de Estado, el fundador y director de ese sitio de Internet, Julian Assange, se presentó ante las autoridades británicas en Londres, donde fue detenido a consecuencia de una orden de captura emitida por el gobierno sueco, por sospechas de coerción ilegal, acoso sexual y violación. Horas más tarde, un juez de primera instancia en el tribunal de Westminster, en el centro de la capital británica, rechazó la solicitud de libertad bajo fianza presentada por el acusado, y determinó que éste deberá permanecer en custodia hasta el 14 de diciembre, en espera de su posible extradición a territorio sueco.

Sin prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia del periodista australiano en los delitos que se le imputan, es ineludible que el proceso en su contra ocurre en el contexto del escándalo mundial por las pruebas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas invasoras en Irak y Afganistán, y por la difusión de los papeles del Departamento de Estado y la manifiesta irritación que la labor de Wikileaks ha generado a máximos poderes mundiales. En ese sentido, y aunque las órdenes de captura contra Assange han sido calificadas por la justicia sueca de acciones totalmente independientes y ajenas a presión política alguna, difícilmente se les puede desvincular de las destempladas y equívocas reacciones de Washington y sus aliados ante la divulgación de los documentos referidos; del cerco político, cibernético y financiero que ha padecido el sitio en días recientes, e incluso de los llamados de miembros prominentes de la clase política estadunidense y canadiense a asesinar al director de Wikileaks. El contexto pone en duda el afán legalista de las acusaciones comentadas, y hace que sean percibidas como parte de una campaña dirigida a acallar, por medios distorsionados –así se ciñan a la letra legal o resulten manifiestamente delictivos–, un ejercicio de transparencia y libertad informativa.

En forma paradójica, la opacidad y la virulencia con que los integrantes del establishment mundial han reaccionado ante las filtraciones de Wikileaks han tenido el efecto contrario al que habrían esperado: lejos de desacreditar la labor de Assange y sus colaboradores, la han realzado como un elemento invaluable de control social y de escrutinio público frente a una institucionalidad internacional de etiquetas democráticas que oculta la verdad sobre prácticas inconfesables y hasta abiertamente ilegales: crímenes de guerra, conspiraciones, incitaciones a la corrupción, actos de espionaje, allanamiento de soberanías, hostilidad diplomática contra gobiernos críticos, encubrimiento de regímenes impresentables.

Al margen de los intereses que pudieran estar detrás de las tareas de Wikileaks, es innegable que el sitio ha realizado un aporte invaluable a la causa de la libertad de expresión, la transparencia y el derecho a la información, elementos imprescindibles del desarrollo democrático y civilizatorio. Corresponderá a los sectores lúcidos y comprometidos de la opinión pública internacional hacer buen uso de estos recursos y ejercerlos como forma de control social ante las pulsiones oscurantistas y antidemocráticas de los gobernantes.

Matar al mensajero

Matar al mensajero.

Miguel Ángel Granados Chapa. Periodista

Distrito Federal– Julian Assanges, el joven director de WikieLeaks (o jefe de redacción, como el se presenta, en un intento de disminuir su presencia personal en un proyecto colectivo) amaneció esta mañana en una prisión londinense.

El gobierno sueco solicita su extradición y le fue negada la libertad provisional hasta que se resuelva el pedido de Estocolmo. Los delitos de que se le acusa conciernen a su vida personalísima: violación, acoso sexual y coerción, y el periodista australiano debe encarar su responsabilidad.

Pero el que las conductas que se le achacan hubieran ocurrido en agosto y se le requiera en diciembre, cuando se halla en el centro de una tormenta de alcance mundial obligan a pensar que una motivación política induce su captura. En otra circunstancia sería exigible que una figura pública como él volviera a Suecia y resolviera de frente sus diferencias con las personas que lo acusan, con las que Assanges asegura haber tenido una relación adulta, convenida, es decir con el consentimiento de ellas, que también admiten el consenso salvo en lo que hace a sus reticencias cuando Assanges quiso continuar el trato sexual sin contar con la protección debida.

El protagonista del más vasto escándalo político mundial teme que de Estocolmo, si la justicia británica acepta extraditarlo, se le conduzca a los Estados Unidos, donde se ha creado un ambiente extremadamente hostil en contra suya.

La más rabiosa derecha norteamericana lo detesta en mayor medida aun que el gobierno de Washington, y con la irracionalidad que es propia de esa posición ideológica propone que se le asesine: no que se le aplique la pena de muerte, después de un proceso, sino simple y llanamente que se le arrebate la vida, que un sicario o un desquiciado movido por la idea patriótica que anima a Sara Paley, la fundadora de ese Yunque norteamericano que es el Tea Party, lo balee en las calles como hizo Mark David Chapman a John Lennon hoy hace exactamente treinta años.

Arrestado como está en Londres y eventualmente sujeto a proceso, Assanges resulta un triunfador, porque al atraer sobre su persona las inquinas de los orígenes más diversos permite que la divulgación de documentos reservados continúe su curso.

El papel de WikiLeaks se cumple así cabalmente. Su fundador atrae los rayos de la justicia y de las buenas conciencias, sin que se repare en que él no es la fuente de los documentos que ahora incomodan o inquietan a tantos, y tampoco es el eslabón final de la cadena para hacer conocer esos papeles.

En buena hora, nadie ha movido un dedo para pretender que los periódicos donde desembocan las filtraciones dejen de hacerlo.

Sería de ver que la justicia británica intente censurar a The Guardian, o la española a El País, o la de Alemania a Der Spiegel, o la francesa a Le Monde, o la de Estados Unidos a The New York Times.

En 1971, Daniel Ellsberg un funcionario del Departamento de Defensa norteamericano, percatado de las mentiras monumentales del gobierno de Nixon para justificar su creciente participación en la guerra de Vietnam, se jugó el todo por el todo y de manera anónima (sólo al cabo del tiempo sería descubierto) envió copia de un archivo completo sobre el tema a The Washington Post.

Cuando este diario inició la publicación de “los papeles del Pentágono”, el gobierno buscó impedir judicialmente que lo hiciera.

Para evitar el silenciamiento otros diarios retomaron la publicación de esos documentos, que fue legitimada a la postre por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia donde se lee esta frase que podría inscribirse en las salas de redacción (o lo que reste de ellas) de todo el mundo: “sólo una prensa libre y sin restricciones puede exponer efectivamente los engaños del gobierno”.

Un moderno Ellsberg, o varios émulos de ese personaje reunieron y copiaron la documentación gubernamental que tanto ha dado que decir, y la remitieron a WikieLeaks.

Y los cuatro diarios y la revista mencionados la pusieron a disposición de los lectores, en una nueva demostración, digámoslo de refilón, de la potencia que conservan y mantendrán por mucho tiempo los medios impresos.

Se cumplió así, en esos extremos, el propósito del australiano al fundar su sitio en la red: “proteger a denunciantes, periodistas y activistas que cuenten con información relevante y quieran comunicarla al público”.

WikiLeaks está lejos de ser un mero intermediario, indolente e ingenuo, que simplemente corre traslado de sus mensajes. Verifica su origen, pasa por un apretado cedazo la información contenida en los documentos y luego los da a conocer íntegramente.

No lo dice de modo explícito pero es indudable que se abstiene de divulgar información confidencial, secreta, que pudiera poner en riesgo a una nación o a individuos en particular.

Cuando más, lo que hace es desenmascararlos, cuando se revela el trasfondo de las relaciones diplomáticas, que suelen estar envueltas en el papel de seda del doble lenguaje.

La prisión (en Londres, Estocolmo o Washington) no acallará a Assanges.

Se le ha cercado obturando sus fuentes de financiamiento y aun sus depósitos bancarios, y negándole acceso al servidor que ha utilizado.

Pero ya se aprestan otros muchos centros de difusión, que cuentan con copia de los documentos de marras, a propagar el contenido de esos papeles.

Su diseminación no afecta tanto al gobierno de Washington (al que sí exhibió la difusión en julio de la cifra de bajas civiles en Afganistán) como a los gobiernos antes los cuales actúan los diplomáticos desenmascarados.