viernes, diciembre 16, 2011

RECONOCE ESTADO CULPABILIDAD EN CASO DE ATAQUE SEXUAL CONTRA VALENTINA ROSENDO


 

A usted y a su hija les extiendo la más sincera disculpa: Poiré
Reconoce Estado culpabilidad en caso de ataque sexual contra Valentina Rosendo

La indígena meph’aa fue violada por militares en 2002; exige que se les castigue
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 16 de diciembre de 2011

 
El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Alejandro Poiré Romero, encabezó ayer la ceremonia de reconocimiento de culpabilidad del Estado mexicano por el ataque sexual sufrido en 2002 a manos de efectivos del Ejército mexicano por la indígena meph’aa Valentina Rosendo Cantú, lo que le significó una sentencia en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Ante un auditorio repleto, en el Museo de la Memoria y la Tolerancia, el encargado de dirigir la política interna del país le dio cumplimiento a uno de los puntos de la citada resolución –que se le dio a conocer al gobierno mexicano desde el 1º de octubre de 2010–, en donde se obliga a las autoridades a admitir su responsabilidad en la falta de atención de la víctima, y ofrecerle una disculpa públicamente.

Esta es la primera ocasión en que un titular de la SG acudió a una ceremonia de esta naturaleza, ya que en la del caso del luchador social Rosendo Radilla –desaparecido por el Ejército en agosto de 1974–, el pasado 17 de noviembre, asistió el entonces subsecretario de Gobernación Juan Marcos Gutiérrez, en sustitución de José Francisco Blake, y la canciller Patricia Espinosa.

En el caso del denominado Campo Algodonero –relacionado con el asesinato en 2001 de ocho mujeres en Ciudad Juárez, cuya muerte no fue debidamente investigada por las autoridades–, al acto no asistieron el presidente Felipe Calderón, Blake, el gobernador chihuahuense César Duarte, ni el edil Héctor Murguía, por lo que los familiares de las víctimas, a manera de protesta, optaron por no acudir.

Una disculpa que tardó 10 años en llegar

Poco después de las 11 horas, Rosendo, su familia y los defensores de derechos humanos que la acompañaron subieron al estrado del auditorio, donde fueron recibidos con un aplauso largo y caluroso, que contrastó con la tibieza apenas audible de los que le dedicaron a Poiré.

El funcionario –quien advirtió previamente a los medios de comunicación que no daría más declaraciones–, reconoció a nombre de las autoridades federales la responsabilidad internacional por la violación de las garantías individuales de la indígena, quien fue agredida sexualmente por soldados, igual que Inés Fernández Ortega, ambas originarias de la zona de la Montaña de Guerrero.

Las autoridades nacionales, admitió, violaron los derechos de Rosendo Cantú a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y el acceso a la justicia, consagrados en diversos tratados internacionales firmados y ratificados por México.
A usted, Valentina, a su hija, les extiendo la más sincera disculpa por los hechos ocurridos. [...] Hace casi una década el Estado mexicano no la protegió, y hoy lo reconoce públicamente. 

Deseamos que este acto simbólico se traduzca en una mínima expresión de justicia. Una vez más, una disculpa, manifestó Poiré, quien no dejó pasar la oportunidad para afirmar que los actos de abuso del Ejército y las policías son excepcionales.

Rosendo, por su parte, hizo un recuento de los casi 10 años que tuvo que luchar para acceder a la justicia, a pesar de los malos tratos de las diversas instituciones del gobierno mexicano, en un proceso en el que sufrió el rechazo y el abandono de su esposo y su comunidad, que se volvió un lugar sin salida.

Su experiencia, dijo, puede servir para que otras mujeres agredidas superen el miedo, la vergüenza o incluso el hecho de no saber hablar español, y denuncien a sus atacantes.

Sigo luchando como mujer y él (su esposo) nunca lo valoró. Se fue cobardemente, pero sigo con la frente en alto, saqué a mi hija adelante, y estoy orgullosa de mí, de ser quien soy, dijo la indígena en medio de un fuerte aplauso que le brindaron todos los presentes de pie, mientras era abrazada por su hija Yenis y sus padres.

Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –una de las organizaciones que asumieron la defensa de Rosendo Cantú–, puso de relieve la búsqueda de justicia de la mujer, y la inquebrantable dignidad de la que hizo gala hasta demostrar la culpabilidad del Estado mexicano.

“Hace 10 años empezaste a buscar justicia para sobrevivir a un acto aberrante, que nunca debió haber ocurrido. Alzar la voz contra los abusos militares no ha sido sencillo. Tu palabra fue puesta siempre en entredicho, te llamaron ‘mujer mentirosa’, y siempre corriste peligro. Hoy, ante tí, los más altos funcionarios del Estado mexicano reconocen que siempre hablaste con la verdad”, resaltó el activista, quien urgió a encontrar y castigar a los responsables materiales de la agresión.

En el acto estuvieron presentes también la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales; la directora de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías; el secretario general de gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, y el alcalde de Acatepec, Federico Cantú.

PRESENTA DISCULPAS ESTADO A VALENTINA

PRESENTA DISCULPAS ESTADO A VALENTINA.

EL NORTE.COM, Por Silvia Garduño y Daniela Rea.
 (16-Dic-2011).-

MÉXICO.- Una década después de que la indígena me'phaa Valentina Rosendo Cantú fuera violada y torturada por militares en Guerrero, el Estado mexicano reconoció públicamente su responsabilidad por los abusos.

Obligado por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, pidió disculpas a Valentina, a quien se refirió como una mujer valiente y ejemplar, pues a pesar de las adversas condiciones que enfrentó, dio una lección definitiva para todos los mexicanos.

"Señora Valentina Rosendo Cantú: a usted, a su hija, les extiendo la más sincera de las disculpas por los hechos ocurridos hace casi una década en los que resultaron gravemente lesionadas en sus derechos", indicó Poiré en la ceremonia de reconocimiento de responsabilidad, realizada en el Museo Memoria y Tolerancia.

"El Estado mexicano reconoce en este acto público su responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales, a la protección judicial, a la garantía del acceso a la justicia sin discriminación y a los derechos de las niñas".

Poiré señaló que los desvíos de servidores públicos en cumplimiento de su deber, que derivan en violaciones a los derechos humanos, deben ser investigados, sancionados y reparados integralmente, y enfatizó que los casos "aislados" no representan la política del Estado mexicano.

Informó que en cumplimiento a la sentencia de la CIDH, Rosendo ha recibido las indemnizaciones correspondientes, así como becas educativas para ella y su hija de nueve años para contribuir a remontar las desventajas que agudizaron los daños sufridos.

Destacó que los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Especializada para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Además, apuntó, la Procuraduría de Justicia de Guerrero mantiene abierta una investigación para reunir los elementos necesarios a fin de fincar responsabilidades y sancionar a quienes hayan obstaculizado el acceso a la justicia de Rosendo.

"Esto significa que el caso se desahoga en el fuero ordinario y no en el fuero militar", enfatizó.

El funcionario indicó que el Presidente Felipe Calderón lo ha instruido a poner a disposición del Poder Legislativo los elementos que enriquezcan la dictaminación de la iniciativa de reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar, de manera que se ajuste a los criterios de Suprema Corte y la CIDH, que han indicado que los casos de violaciones a derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas por la jurisdicción ordinaria, no militar.

Por su parte, la titular de la PGR, Marisela Morales, explicó que la CIDH determinó en este caso que México incumplió con garantizar el derecho al acceso a la justicia, y que determinó que el Estado deberá conducir en el fuero ordinario eficazmente y dentro de un plazo razonable la investigación.

"La PGR decidió, en plena concordancia con la sentencia de la CIDH, atraer la investigación en el presente caso", señaló.

"He instruido que se lleve a cabo la indagatoria con total exhaustividad y transparencia frente a la víctima, ofendidos del delito y representantes legales con libre acceso al expediente y la conformación de un plan conjunto de trabajo".

En representación del Gobernador Ángel Aguirre, el Secretario General de Gobierno de Guerrero, Humberto Salgado, dijo que Valentina tuvo que luchar contra un sistema institucional de justicia anacrónico y excluyente, que urge reformar y modernizar.

Dio a conocer que el Gobierno estatal ha instalado una agencia del Ministerio Público especializada en delitos sexuales en Ayutla de los Libres, dotada con personal capacitado y recursos humanos y materiales suficientes para su operación.

Ésta es la tercera ceremonia oficial de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en cumplimiento a sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El primer acto de perdón público se realizó el pasado 8 de noviembre en Ciudad Juárez, donde el fallecido subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Segob, Felipe Zamora, reconoció omisiones y actos de negligencia en las investigaciones de los crímenes de tres jóvenes registrados hace casi 10 años en el llamado "campo algodonero".

Una semana después, el día 17, la Canciller Patricia Espinosa y el entonces encargado de la Segob, Juan Marcos Gutiérrez, encabezaron en Atoyac, Guerrero, el acto oficial de reconocimiento de la responsabilidad del Estado mexicano en la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 en el marco de la Guerra Sucia.


EL CAMINO

 
2002 16 de febrero La indígena Valentina Rosendo es violada y torturada por militares en el Estado de Guerrero.


2003 10 de noviembre Ante la negativa de autoridades mexicanas a brindarle justicia, organizaciones civiles llevan el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).


2009 2 de agosto LA CIDH demanda al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


2010 31 de agosto La Corte declara que el Estado mexicano es responsable de violaciones a derechos humanos de Valentina Rosendo y ordena medidas de reparación del daño.

EMERGENCIA NACIONAL

Emergencia nacional
Carmen Aristegui F.
16 Dic. 11

Al Padre Alejandro Solalinde.


Javier Sicilia fue seleccionado como parte de las personas del año en la revista Time. No se eligió a un solo individuo. Se optó por reconocer a los colectivos. La esperada portada de este año fue dedicada a "The Protesters". Aquellos que decidieron salir a las calles y protestar en Túnez, El Cairo, Libia, Siria, España, Londres, Chile, Grecia, Wall Street y México.

Se reconoce a esa fuerza ciudadana que provocó la caída de regímenes autoritarios; que trastocó equilibrios de poder que parecían inamovibles; que tocó fibras y que movió millones de conciencias en el planeta. Se eligieron figuras representativas para ser entrevistadas. Por México, Sicilia.

El poeta narra a Tim Padgett sobre la intuición nacida de su tragedia: "Debíamos poner las muertes y las desapariciones en la conciencia nacional... Las estadísticas de la guerra contra el narco estaban escondiendo esas caras; los poderosos estaban tratando de convencernos de que todos esos que estaban muriendo eran sólo criminales. Cucarachas... Teníamos que cambiar eso y ponerle nombre a las víctimas".

Sicilia ha planteado, desde hace tiempo, que México está sumergido en una emergencia nacional, y no le falta razón. Al usar esta frase, el poeta le da dimensión a una realidad desbordada como la nuestra. Baste ver la cifra actualizada de las ejecuciones en los últimos cinco años, publicadas por el semanario Zeta esta semana, con información del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El número estremece: 60 mil 420 ejecuciones en el País. De ésos, 28 mil 25 son clasificados por el SNSP en el perturbador apartado de "Sin datos". Es decir, "el gobierno federal no sabe quiénes son el 46.38 por ciento de los muertos".

A la crítica situación por el número de muertos se suma otra emergencia en el País, que es cada vez más preocupante. Los ataques directos a defensoras y defensores de derechos humanos. La CNDH ha documentado el asesinato de 27 activistas de 2005 a mayo de 2011 y la detención de por lo menos 60, en esos mismos años. Es ya una espiral.

Hoy se cumple un año del asesinato de Marisela Escobedo, la mujer que buscó justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol y fue también asesinada cuando protestaba frente al Palacio de Gobierno en Chihuahua. El caso de la familia Reyes Salazar, cuya hija Josefina -activista de Ciudad Juárez- fue asesinada por paramilitares en enero de 2010, y sus hermanos Rubén, Elías y Malena junto con Luis Ornelas, familiar también, fueron asesinados en los meses posteriores.

Más recientemente, Nepomuceno Moreno, activista del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, quien denunció el secuestro de su hijo y de otros jóvenes, fue asesinado en Hermosillo, Sonora.

Norma Andrade, fundadora de "Nuestras Hijas de Regreso a Casa" y madre de Lilia Alejandra, víctima de feminicidio, fue herida de gravedad en un ataque directo cometido en Ciudad Juárez.

A Pedro Leyva, líder de la comunidad de Santa María Ostula y parte también del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lo mataron en octubre en Xayakalan, Michoacán.

Trinidad de la Cruz, defensor de tierras comunales y también parte del MPJD -aún con medidas cautelares vigentes-, fue secuestrado, torturado y asesinado hace apenas una semana en Aquila, Michoacán, el mismo día -6 de diciembre- en que fueron secuestrados Marcial Bautista y Eva Alarcón, campesinos ecologistas que forman parte del mismo Movimiento por la Paz. Ellos fueron secuestrados la noche de ese día, por un comando armado que asaltó el autobús en el que venían, mismo que fue revisado momentos antes por elementos uniformados, de apariencia militar.

Es un imperativo que se localicen con vida y se dé una explicación de lo que sucedió.

Rayando ya en el absurdo, se ha abierto una causa penal en contra del Padre Alejandro Solalinde, "promovida" por un migrante guatemalteco que lo acusa "por abandono de persona". Por ridículo que parezca, es el tipo de acciones que se realizan en contra de quien decide participar, ser activista o sumarse a una movilización.

En el caso Solalinde, ¿quién quiere intimidar a quien no sólo ha protegido a los migrantes, sino que ha señalado la inacción gubernamental ante agresiones contra los inmigrantes, denunciado secuestros masivos en Veracruz e incluso retado abiertamente a autoridades para que se definan de qué lado están: si en el lado de los Zetas o en el de los derechos humanos? ¿De quién es la mano que mece esa cuna, en medio de una emergencia nacional?

jueves, diciembre 15, 2011

Ciberacción por el respeto al Estado Laico Mexicano. No a la aprobación del proyecto de reforma al Art. 24

Ciberacción por el respeto al Estado Laico Mexicano. No a la aprobación del proyecto de reforma al Art. 24

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propuesta y procedas, si estas de acuerdo

a mandar tus datos y sumarte a esta

ciberacción con el fin de detener la

ofensiva de la derecha, envalentonada

por los gobiernos y legisladores

prianistas, para ir ganando terreno

las libertades y derechos de un estado

laico. Gracias


Lorenzo Meyer pone al descubierto la fallida estrategia de Calderón en su estado



A confesión de parte...

AGENDA CIUDADANA
A confesión de parte...


Lorenzo Meyer
15 Dic. 11

• Mala noticia

En su discurso del 4 de diciembre y luego al rendir homenaje a miembros de su partido que perdieron la vida en accidentes o atentados recientes, Felipe Calderón -el hombre en posesión de los datos más completos sobre el estado que guarda el Estado- dio información que no puede más que apesadumbrar a los ciudadanos mexicanos: el poder e influencia del narcotráfico es hoy mayor que cuando su administración le declaró informalmente la guerra, hace cinco años. Es verdad que Calderón no dio la información en esos términos, pero se infiere de lo dicho.


• El proyecto

Simplificando, se puede decir que desde el inicio el combate armado a las organizaciones de narcotraficantes fue el corazón del proyecto político de "Los Pinos". Posiblemente se le concibió tras la elección de julio del 2006 y se anunció apenas 10 días después de la peculiar toma de posesión. La prensa reportó entonces: "El gobierno se declara en “guerra” contra el hampa; inicia acciones en Michoacán" (La Jornada, 12, diciembre, 2006). Se trataba de la "Operación Conjunta Michoacán", un ofensiva sin fecha de término y para la cual se movilizaron 6 mil 714 efectivos del Ejército, la Armada y la policía (AFI y PFP) apoyados con aviones, helicópteros, barcos, vehículos y hasta perros, pues se proponía sellar las costas y las carreteras del estado, construir puestos de control, ejecutar órdenes de aprehensión (300), acabar con los plantíos de enervantes y con los puntos de venta de las drogas. No se dijo que Michoacán había sido elegido para este espectacular inicio de sexenio por estar gobernado por el PRD, sino por lo violento: 543 ejecuciones en un año. Al dar a conocer la operación, el secretario de Gobernación reveló que las primeras acciones se habían iniciado el 1o. de diciembre mismo, que la nueva administración no había perdido ni un día en ponerse a limpiar de narcotraficantes no sólo el estado natal de Calderón sino al país. Y prueba de ello era que con apenas 11 días de existencia, el nuevo gobierno ya había decomisado un cargamento de pseudoefedrina -el mayor en la historia-, desmantelado un laboratorio para metanfetaminas (ambos en Michoacán) y capturado un barco con 2.3 toneladas de cocaína en Chiapas.


• El informe

"Llegando y haciendo lumbre" parecía ser la consigna calderonista. La idea era empezar el ataque para mostrar decisión, liderazgo y ganar así un apoyo más amplio que el 35.89% que había votado por el PAN. El poner antes a punto los instrumentos para llevar con éxito esta política -las fuerzas armadas, las policías, las estructuras judiciales, los servicios de inteligencia- no se consideró necesario; eso se haría sobre la marcha lo mismo que el diseño de la parte económica, elemento central de este conflicto, cuyas causas primeras y últimas siempre han sido económicas: un negocio donde las cantidades obtenidas llegan a sumar entre 19 mil y 29 mil millones de dólares anuales.


• Cinco años más tarde

El secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo entonces que lo que se había iniciado "será una batalla que nos llevará tiempo". Sin embargo, cinco años después la batalla ya ha consumido más tiempo que la Primera Guerra Mundial y no ve el final del túnel.

El reciente discurso donde Calderón da cuenta del quinto año de su gobierno puede verse como un parte de guerra: tantos delincuentes "inhabilitados" o extraditados, tantos operativos, decomisos, erradicaciones de plantíos de marihuana y amapola y aseguramientos de armas y dinero, etcétera. Sin embargo, está el otro lado de la moneda que no apareció en ese informe: el crecimiento sistemático de muertes provocadas por la lucha entre y contra los narcotraficantes o el hecho de que, pese a todo, el mercado nacional e internacional de drogas no registra falta de suministro. Sin embargo, lo más significativo de lo dicho en estos días por Calderón sobre el tema es la admisión de que el narcotráfico ya es capaz de intervenir en los procesos políticos, en las elecciones, y el caso más claro, según el discurso oficial, es Michoacán, justamente el estado donde se puso en marcha la acción armada contra los cárteles de la droga hace cinco años.

Al recordar el 6 de diciembre al alcalde asesinado de La Piedad, Calderón aceptó como algo inédito en México "y probablemente en el mundo" que los narcotraficantes obligaran a un periódico local a publicar un desplegado donde pedían no votar por el PAN bajo pena de muerte. Antes, dijo el jefe del Ejecutivo, en los procesos electorales se había llegado a amenazar al votante con quitarle apoyos si no sufragaba de tal o cual manera, pero ahora había un salto cualitativo: se amenazaba con quitarle la vida si votaba de manera contraria a lo ordenado por el narcotráfico.

Calderón hizo referencia a esa amenaza insólita para exigir su condena enérgica por parte de toda la sociedad, demanda absolutamente justa. Sin embargo, en ese discurso desde la cúspide de la estructura formal del poder político está implícita la admisión de que a pesar de que la Federación ha intervenido militar y políticamente en Michoacán -recuérdese la redada de políticos perredistas locales a los que vanamente se intentó procesar por supuestas ligas con el narcotráfico- la situación está peor. Es la admisión sobreentendida de que pese a la eliminación o arresto de capos y sicarios y decomisos de droga y dinero, los señores de la droga pueden incrementar su grado de desafío. Entonces, tras una gran inversión de energía política, de recursos materiales y humanos y de vidas perdidas, ¿estamos mejor o peor que al inicio?


• Otro crimen, otro indicador

El asesinato en Michoacán de Trinidad de la Cruz Crisóstomo, miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y defensor de los derechos de la comunidad de Xayakalan en Santa María Ostula, puede verse como otro indicador tan puntual como trágico del terreno ganado por el crimen organizado, de la impotencia de la autoridad y del reto criminal a la sociedad mexicana. El homicidio del líder campesino a manos de cuatro sicarios ocurrió el mismo día en que Felipe Calderón dio el discurso en "la casa del PAN" admitiendo lo inédito del reto de la criminalidad organizada. Las circunstancias en que ocurrió el sacrificio de don Trinidad subrayan la magnitud creciente del terreno perdido por el gobierno federal y por los mexicanos pacíficos en su afán por llegar a vivir en un Estado de derecho.

Para poder reintegrarse a su comunidad, de donde había tenido que salir por amenazas y agresión directa de paramilitares, De la Cruz Crisóstomo se hizo acompañar desde la Ciudad de México por varios miembros del MPJD, todos supuestamente escoltados por la Policía Federal. El líder defensor de los derechos de su comunidad se creyó protegido por la fuerza del Estado pero no fue así. La Policía Federal, esa en la que se han invertido cuantiosos recursos públicos para su capacitación y armamento, decidió ser muy prudente y retirarse a un sitio seguro justo cuando su presencia era más necesaria: cuando el grupo de activistas estaba por arribar a Santa María Ostula. Y es que, según lo afirman los acompañantes de don Trinidad, en esa zona de Michoacán ni el Ejército ni la Marina tienen ya presencia y, por lo visto, la Policía Federal tampoco consideró sensato intentar tenerla y dejó sin protección al amenazado y a sus acompañantes civiles, una decisión totalmente impropia de una autoridad responsable, máxime cuando desde julio de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado mexicano que protegiera a todos los miembros de la comunidad por estar bajo asedio de paramilitares (La Jornada, 12 de diciembre). El atentado de naturaleza política que Calderón justamente lamenta y del que fue víctima el alcalde de La Piedad fue inesperado, pero el atentado también político en contra del líder comunitario de Santa María Ostula no lo fue y en ese sentido es peor, pues mostró que la autoridad federal es negligente cuando debe defender a ciudadanos de a pie o que tras varias matanzas de federales en Michoacán, éstos, entre cumplir a cabalidad o pecar de prudentes, optaron por lo segundo. Obviamente, el instrumento contra los narcos no es el adecuado.


• Finalmente

El gobierno de Calderón va a concluir sin haber cerrado el capítulo que abrió hace un lustro a tambor batiente y banderas desplegadas. Quien tenga que guiar a México en su siguiente etapa política va a heredar la batalla contra una criminalidad engallada y, a la vez, deberá enfrentar una compleja problemática económica y social cuya solución ni siquiera se ha empezado a intentar.