miércoles, diciembre 01, 2010

Dominemos la tecnología! Alto al abuso y violencia hacia las mujeres

Copala. A un año del inicio de la paramilitarización y agresión continua

Sobre Guanajuato



Sobre Guanajuato

Sergio Aguayo Quezada

saguayo@colmex.mx
Reforma. 01 de diciembre de 2010

A la memoria de Rafael Cordera Campos, mexicano ejemplar.

El domingo 5 de diciembre la ciudad de Guanajuato tendrá un plebiscito sobre un polémico fraccionamiento que condensa la lucha entre el urbanismo salvaje y la defensa del ambiente y el entorno.

Las "plazas" no sólo se disputan a balazos; en ellas se vive un conflicto de baja
intensidad porque uno de los mejores negocios del siglo XXI es "desarrollar" un pedazo de tierra cercano a una ciudad o vía de comunicación. Se compra barato, se aceita la voluntad de los funcionarios, se obtiene el permiso para construir y fluyen los créditos que reparten de manera indiscriminada el Infonavit y el Fovissste, cómplices (¿involuntarios?) de la corrupción. Poco importa si el desarrollo cuenta con agua, drenaje o vialidades o si se destruyen manglares, bosques o campos de cultivo. En una historia común hay especificidades.

La muerte de las ideologías. En julio de 2009 el candidato del PRI y del PRD, Nicéforo
Guerrero, sacó al panismo del gobierno municipal de Guanajuato.

Al año ya se había desplomado la transparencia en 43% (índice del Instituto Mexicano
para la Competitividad) y el cabildo le había concedido a la Constructora Azacan la factibilidad en el cambio en el uso de suelo de 38 hectáreas del cerro de la Bufa y los Picachos, signo de identidad de una ciudad enamorada de su historia. La mitad del terreno servirá para construir 893 viviendas de 160 metros cuadrados; el resto se dedicará a otro tipo de construcciones. Para legitimar un vulgar fraccionamiento los "desarrolladores" lo bautizaron como Parque Cultural San Ignacio.

El guión se ha repetido miles de veces. La constructora propiedad de Alejandro Marcocchio Rodríguez primero compró las hectáreas por donde pasaría una carretera de acceso a la ciudad, la vía Diego Rivera, que ellos mismos construyeran después de recibir una concesión oficial. Un caso típico del "capitalismo de cuates".

La rabia ciudadana. En Guanajuato se vive con intensidad el "amor al terruño" y el fraccionamiento mancilla un paisaje y agita a una sociedad orgullosa de su pasado.

Una
parte del Parque Cultural afectará la celebración del Día de la Cueva que desde 1616 se realiza cada 31 de julio para celebrar a San Ignacio de Loyola, el patrono de la ciudad.

La protesta brotó de diversos frentes y se ha expresado en demandas legales, marchas y
foros aprovechándose, por cierto, de las nuevas tecnologías. Quieren defender las tradiciones pero también evitar que, una vez consumado el primer cambio de uso de suelo, se desate la típica epidemia de urbanizaciones que en este caso devastaría el entorno de una ciudad declarada en 1988 Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

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Las autoridades reaccionaron como siempre: indiferencia, descalificación y asilamiento
de los críticos acompañados de elogios a una obra que traerá progreso, inversiones y
empleos. También recurrieron a un recurso poco común.

Los usos de la democracia participativa. En septiembre, el ayuntamiento priistaperredista solicitó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato la organización de un plebiscito para someter su decisión a la aprobación o el rechazo ciudadano.

Se realizará el próximo domingo, pero lo más probable es que el plebiscito no dirimirá el conflicto porque la Ley de Participación Ciudadana de Guanajuato es muy eficaz en frenar la participación ciudadana. Para que los resultados de un plebiscito sean obligatorios tendría que votar 50% de los inscritos en el padrón y que un 60% de ellos lo hagan en un mismo sentido.

Las moralejas. Me resultó imposible encontrar evidencia de que este cambio de uso de suelo se deba a las corruptelas usuales en la especulación urbana. Es, sin embargo, indudable que la alternancia ha servido en un buen número de casos para afear el paisaje urbano y destrozar el ambiente.

La ciudadanía ha reaccionado, es cierto, y en algunos casos ha podido frenar la depredación. Por lo general adolece de las limitaciones asociadas con un cortoplacismo monotemático que les impide corregir las distorsiones de fondo. En Guanajuato tal vez salven el cerro de la Bufa y los Picachos pero la solución de fondo está en la vigilancia permanente y especializada de los gobiernos locales que, en la mayoría de los casos, sólo piensan en el salario alto y el negocio fácil. En tanto eso no suceda los cambios en el uso de suelo seguirán siendo una de las actividades más rentables y nocivas para el bien común.

La Miscelánea

Murió José Álvarez Icaza, un hombre bueno y eficaz a la hora de hacer el bien. A reserva de una reflexión más amplia tomo prestadas unas líneas publicadas por Francisco Gómez Maza en su blog: "'Pepe' llegó a su meta sin dejar pendientes, sin acumular facturas que pagar, con la plena satisfacción del hombre que a su paso por el mundo material deja huellas, en un camino que conscientemente decidió caminar".

Descanse en paz el amigo y maestro.

Delia Sánchez del Ángel hizo el trabajo de campo y la recopilación de información.
www.sergioaguayo.org

Ante la amenaza de E.U. a Wikileaks

Chomsky: muestran los documentos odio de gobernantes a la democracia

David Brooks
Corresponsal Periódico La Jornada
Miércoles 1º de diciembre de 2010, p. 3

Nueva York, 30 de noviembre. El gobierno de Estados Unidos amenaza fiscalizar judicialmente a Wikileaks mientras intenta superar la crisis diplomática provocada por la divulgación de más de 250 mil cables de sus 274 embajadas y consulados, y se intensifica el debate sobre las implicaciones de la filtración. Noam Chomsky consideró que esto revela el profundo odio de los gobernantes a la democracia.

Mientras la secretaria de Estado, Hillary Clinton, se reunió con contrapartes en Asia central –muchos de ellos mencionados en los cables– para intentar aminorar el golpe y rescatar su prestigio, el procurador general, Eric Holder, y el Pentágono reiteraron que se impulsan investigaciones criminales acerca de las filtraciones de Wikileaks.

Algunas versiones periodísticas señalaron que las autoridades consideran aplicar la Ley de Espionaje contra Julian Assange, el fundador y director de Wikileaks. El vocero de la Casa Blanca, Robert Gibbs, declaró que, obviamente, hay una investigación criminal sobre el robo y difusión de información sensible y clasificada. Explicó que se evalúa toda una gama de opciones para castigar a los responsables.

Minimizan la filtración

Otros funcionarios del gobierno de Barack Obama continuaron minimizando el asunto. El secretario de Defensa, Robert Gates, declaró hoy a reporteros en el Pentágono que la divulgación ha sido un asunto embarazoso, pero que las consecuencias para la política exterior estadunidense son limitadas. El hecho es que los gobiernos establecen relaciones con Estados Unidos porque está en su interés, no porque les gustamos, no porque confían en nosotros y no porque creen que podemos mantener secretos.

Hillary Clinton reiteró en Kazajstán que fue un acto muy irresponsable que puso en riesgo las vidas de personas inocentes en todo el mundo, sin tener consideración para los más vulnerables, incluyendo periodistas.

Insistió en defender la libertad de expresión y criticó a los gobiernos que reprimen a los periodistas. En la era del Internet, sostuvo, es difícil balancear la libertad y la responsabilidad. Tenemos que apoyar y proteger la libertad de expresión, sea de un individuo o de un periodista. Pero también tiene que haber algunas reglas o algún sentido de responsabilidad que debe ser inculcado.

En tanto, el Departamento de Estado desconectó el acceso a los archivos de la red cibernética clasificada del gobierno y redujo el número de empleados que pueden ver mensajes diplomáticos. La medida es temporal, indicó el vocero P. J. Crowley, mientras se reparan debilidades en el sistema que se han evidenciado por esta filtración.

A la vez, el Departamento de Estado intentó desmentir que los diplomáticos estadunidenses son espías. El cable divulgado por Wikileaks firmado por Clinton, que incluye instrucciones a funcionarios estadunidenses a buscar información hasta de ADN, escaneos oculares y biométricos de representantes de otros gobiernos y de los más altos funcionarios de la Organización de Naciones Unidas, provocó críticas en varias partes sobre si los diplomáticos estaban espiando.

Un alto funcionario del Departamento de Estado –no identificado– declaró que las solicitudes para obtener esa información personal fueon enviadas por administradores de la comunidad de inteligencia, y que los diplomáticos estadunidenses no tenían obligación de cumplir con esos pedidos, reportó la agencia Ap. El vocero Crowley subrayó que nuestros diplomáticos son diplomáticos, no bienes de inteligencia.

El caso detonó un creciente debate aquí sobre el impacto y el significado de la filtración masiva de documentos clasificados –la más grande en la historia. “Tal vez la revelación más dramática (…) es el amargo odio a la democracia que es revelado por el gobierno de Estados Unidos –Hillary Clinton y otros– y también por el servicio diplomático”, consideró hoy Noam Chomsky, en entrevista con Amy Goodman en el noticiero Democracy Now. “Debemos entender (…) que una de las razones principales de los secretos gubernamentales es para proteger al gobierno de su propia población”, agregó.

Tomó como ejemplo lo dicho ayer por Clinton acerca de que los cables confirman el hecho de que Irán representa una amenaza muy seria ante los ojos de muchos de sus vecinos, ya que los documentos revelan que líderes árabes instaron a Washington a atacar Irán. Chomsky señaló que las encuestas más recientes (realizadas por Brookings Institution) reportan que 80 por ciento de la opinión pública árabe ve a Israel como la principal amenaza en la región; la segunda es Estados Unidos, con 77, e Irán con 10 por ciento. Eso no se reporta en los periódicos, pero seguro es muy familiar para los gobiernos de Israel y Estados Unidos y sus embajadores y, por tanto, lo que revelan los cables no es la posición de los pueblos de la región, sino de los dictadores árabes y de los gobiernos occidentales.

Así, el significado principal de los cables divulgados hasta ahora es lo que nos dicen del liderazgo occidental, señaló Chomsky. Al omitirse la opinión pública del mundo árabe, como en otros aspectos que abordan esos cables, reiteró, eso revela el odio profundo a la democracia por parte de nuestro liderazgo político y (en este caso) el liderazgo político israelí.

Esto apenas comienza

Los cuatro diarios y la revista que han difundido el vasto acervo de cables diplomáticos informan que continuarán publicando más durante al menos una semana. Algunos editores afirmaron que esto apenas comienza.

Todo empezó, al parecer, con un analista de inteligencia militar estadunidense de 22 años de edad, quien aparentando que escuchaba a Lady Gaga –cantando y moviéndose–, estaba bajando más de un cuarto de millón de documentos diplomáticos que, después de entregarlos en una minimemoria portátil a Wikileaks, sacudieron a varios gobiernos del mundo.



martes, noviembre 30, 2010

Castigo para asesinos de nuestras hijas, más que indemnización: Irma Monreal


Madre de víctima, a un año de sentencia de Campo Algodonero

Castigo para asesinos de nuestras hijas, más que indemnización: Irma Monreal


Por Guadalupe Cruz Jaimes, enviada

Ciudad Juárez, Chih, 29 nov 10 (CIMAC).- Más que una indemnización económica, las madres y familiares de las víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez, halladas en el predio Campo Algodonero, exigen justicia, “que los asesinos y las autoridades omisas reciban una sanción”.

A nombre de las madres y familias de Claudia Ivete González y Laura Berenice Ramos, quienes como su hija, Esmeralda Herrera Monreal, fueron asesinadas en esta localidad, Irma Monreal puntualizó que “lo que queremos es castigo para quienes mataron a nuestras hijas y para quienes no hicieron lo que debieron para encontrarlas cuando desaparecieron”.

En el Foro Justiciabilidad de los Derechos Humanos de las Mujeres: a un Año de la Sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en contra del Estado mexicano, subrayó que la sentencia señala que deberá dar una indemnización económica a las tres familias.

También establece atención médica y psicológica para las familias, que a la fecha no han recibido, pero también indica la investigación y sanción para los servidores públicos que negaron el acceso a la justicia para las víctimas, desde el momento en que no iniciaron la indagación cuando fueron reportadas como desaparecidas.

Malú García Andrade, de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, solicitó a las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios que “impulse y verifique la sanción a los servidores públicos”, que violentaron los derechos humanos de las víctimas y de sus familias.

De lo contrario, el mensaje que se sigue enviando es de impunidad para México y también para América Latina, aseveró María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), durante su participación en el Foro convocado en esta ciudad.

La sentencia de la CoIDH detalla la reparación del daño enfocada a la vocación transformadora, de pleno goce de derechos humanos, así como a la atención, prevención y sanción para garantías de no repetición.

Sin embargo, no ha habido voluntad política para cumplirla y persiste el feminicidio en el país y en Chihuahua, en esta entidad de enero de 2009 a junio de 2010, se registraron 271 homicidios dolosos, en los que no pudo determinarse si fue feminicidio, debido a que las autoridades se negaron a dar información acerca de las características de los crímenes.

La realidad nacional es semejante, ya que las autoridades de los tres órdenes de gobierno permanecen en la simulación “se hace, pero no se hace”.

De acuerdo con la investigación y análisis del Observatorio, con base en información dada a conocer por 11 procuradurías estatales, de las 18 a las que se les solicitó información, de enero de 2009 a junio de 2010 se registraron 890 casos de feminicidio contra mujeres, de los cuales 309 se cometieron en el Estado de México.

Además de Chihuahua, los estados que no brindaron información acerca de las características de los homicidios son Chiapas, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca.

Luego de 17 años de haberse conocido esta problemática, el Estado mexicano no cuenta con información precisa, cuando desde 2007, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, estableció la necesidad de tener un banco nacional de datos, que permita un diagnóstico de la problemática.

Según la indagación del OCNF, del total de casos de feminicidio, 40 por ciento tenía entre 10 y 30 años de edad. Más de la tercera parte desarrollaba actividades económicas fuera del hogar.

El 58 por ciento de los casos, las mujeres murieron por acciones que implicaron un alto grado de violencia. 5 de cada 10 de las mujeres asesinadas fueron halladas en la vía pública, mientras que al 20 por ciento las encontraron en sus casas.

De los 890 casos de feminicidio, sólo 3.4 por ciento recibieron una sentencia, aunque se desconoce si éstas fueron absolutorias o condenatorias.

Lo anterior, permite concluir que la prevalencia del feminicidio en el país se debe, entre otras causas, a una limitada o ausente impartición de justicia, así como a la discriminación de género “que se exacerba debido a la permisividad del Estado mexicano”.

Roxana Arroyo, directora de la Fundación Género y Justicia del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito, en Costa Rica, refirió que mientras no haya sanción “el camino a la justicia queda truncado”.

Este hecho, impide “la no repetición en México, pero también tiene dimensión en Latinoamérica”. Por lo que es “imperativo” que el Estado mexicano, atienda la sentencia, cuya importancia radica en señalar la transversalidad de la perspectiva de género en la impartición de justicia.

La sentencia refiere una “nueva cultura jurídica, que debe tener transversalización de género, ya que si esto no se logra no se va a reparar a las víctimas y no se garantiza que no se vuelva a repetir.

Además, es un “aporte positivo a la protección de los derechos humanos de las mujeres”, ya que se convierte en la medida “estándar” de cómo se deben cumplir los derechos establecidos en la Convención de la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer (Belém do Pará).

La sentencia de la CoIDH plantea que sin acceso a la justicia sin discriminación y sin igualdad sustantiva en la sociedad, el feminicidio se seguirá repitiendo.


La muerte de José Álvarez Icaza



José Álvarez Icaza Manero

Miguel Ángel Granados Chapa
29 Nov. 10


En la primera hora del viernes pasado se extinguió la fructífera vida de José Álvarez Icaza Manero, protagonista de movilizaciones y experiencias pioneras en la sociedad civil mexicana. Desde el Centro Nacional de Comunicación Social, que fue su creatura, promovió los derechos humanos en una época en que aún la denominación de esas prerrogativas de las personas sonaba sólo a remota referencia a las declaraciones universales de la revolución francesa y de la ONU. Fue un activista social y político, impulsado por su fe cristiana, de la que nunca abjuró y a la que, en cambio, inyectó vivencias nuevas en su contacto con las necesidades del México profundo.

Nacido en la Ciudad de México en 1921, se formó en escuelas católicas y en la Nacional de Ingenieros de la UNAM. En los años 50 participó en la cimentación de varias edificaciones de la Ciudad Universitaria, como el Estadio Olímpico y la Facultad de Medicina. Al casarse con Luz María Longoria Gama, fundó una familia típica de la clase media acomodada, con un proyecto de vida en donde la consolidación de un patrimonio familiar era imperativa. Pero en el caso de esa joven pareja una combinación de espiritualidad y sociabilidad cristiana los condujo a participar en el naciente Movimiento Familiar Cristiano, una de las organizaciones del apostolado seglar con que la Iglesia católica buscaba revitalizarse. Se les eligió para presidir esa agrupación y años más tarde su federación latinoamericana.

Su liderazgo adquirió otra dimensión cuando el ingeniero Álvarez Icaza fue invitado como "auditor laico" al Concilio Vaticano II que, convocado por el Papa Juan XXIII y concluido por su sucesor Paulo VI, reunió en Roma a los 2 mil 500 obispos de entonces, en un ensayo de colegialidad y renovación que no maduró en las décadas siguientes, menos aún cuando en 1978 fue elegido el Papa Juan Pablo II, el obispo de Cracovia con el que Álvarez Icaza departía en los recesos de las sesiones conciliares. La magna asamblea episcopal, sin embargo, no fue estéril. Entre sus frutos emitió un Decreto sobre los medios de comunicación social, de donde derivó la instalación en cada país de un Centro Nacional de Comunicación Social que fue confiado en México a Álvarez Icaza.

Aunque el objetivo de dicho centro (Cencos) era abrir la comunicación eclesiástica a los medios informativos, inevitablemente se convirtió en foco de reverberación de inquietudes sociales que caracterizaron a los años 60 mexicanos. Cuando surgió la movilización universitaria en 1968, Cencos empezó a cumplir una nueva misión, abierta a la sociedad, que el Episcopado no compartió, por lo que dispuso su clausura. Álvarez Icaza consiguió darle vida propia, a partir de 1969. Y desde entonces todo aquel que tenía una protesta que formular, una denuncia que hacer, una necesidad de organización, o requería defensa frente al abuso, encontró un lugar, a menudo hasta como hospedería en el domicilio de Medellín 33, en la colonia Roma, donde hasta la fecha, con diversas modalidades se defienden y promueven derechos humanos, especialmente los vinculados con las libertades de información y de expresión.

Tan preocupante era el activismo de Cencos que el brutal jefe de la policía metropolitana, Arturo Durazo, ordenó en 1977 un asalto a su domicilio. Se pretendió que privándolo de su infraestructura y sus archivos cesara su fecunda intervención en la vida sindical y en las luchas campesinas. Como se comprueba hasta la fecha, aquel designio resultó frustrado.

Al mismo tiempo, Álvarez Icaza se percató de que la defensa y promoción de los derechos civiles tenía una dimensión política que no era dable desatender. Se unió al Partido Mexicano de los Trabajadores, encabezado por el también ingeniero Heberto Castillo, con quien formó una dupla eficaz en la dirección del agrupamiento y en la única bancada que formó en la Cámara de Diputados, entre 1985 y 1988.

Previamente, en el ámbito del catolicismo social Álvarez Icaza había convocado en México a los Cristianos por el Socialismo, un movimiento de comunidades y clérigos que, lejos de practicar el anticomunismo que la Guerra Fría impuso a la Iglesia, supieron que era posible y aun necesario propugnar el socialismo con rostro humano, una corriente de pensamiento y acción que desde la vertiente eclesiástica se expresaba en la opción preferencial por los pobres.

Álvarez Icaza acompañó a Castillo en sus decisiones cruciales: la de fundir el PMT con el Partido Socialista Unificado de México, del que nació el Partido Mexicano Socialista, y la de de declinar su candidatura presidencial en 1988 y sumarse a la de Cuauhtémoc Cárdenas, ingeniero también. Asumió, por consecuencia la conversión del PMS en el PRD, con cuya membresía cerró su ciclo de militancia política.

En cada etapa de su vida, se diría que en cada momento, Álvarez Icaza superó la tara que suele frenar el vuelo del espíritu en una iglesia mayoritaria situada por lo mismo en situación cómoda, más inclinada a compartir el poder o a ser bien tratada por él, que a cuestionarlo por su distancia con las exigencias populares. Podría decirse que experimentó una conversión hacia el cristianismo como fe encarnada en la esencial igualdad de las personas, a partir de un catolicismo rutinario, más de ritos externos que de convicción profunda, si es que así hubiera vivido su juventud y sus primeros años. Pero el modo en que él y Luz María formaron a sus hijos da fe de la honda y larga autenticidad de su credo.


Cajón de Sastre

El miércoles 24 murió el lingüista y filósofo Carlos Lenkersdorf, uno de los muchos mexicanos que nos ha traído el mundo, esa feliz fórmula utilizada en Radio UNAM. Con su esposa Gudrun, historiadora, que lo sobrevive, llegó en 1972 a San Cristóbal de las Casas, donde con el impulso del obispo don Samuel Ruiz se insertó en la vida de los pueblos indígenas, en especial los tojolabales. Aprendió de ellos e hizo conocerlos a la sociedad mestiza. Pasó por alto el torpe desdén de quienes consideraban que el tojolabal era "sólo" un dialecto, ignorantes de que el dialecto no es un idioma incompleto ni menor, sino la modalidad regional de una lengua. Produjo el primer diccionario tojolabal-español y entre el resto de sus obras descuella "Filosofar en clave tojolabal", donde enseña que la democracia implica no sólo pluralidad sino también diversidad.


Votación del SME

Boletín de CADHAC . Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas


25 de noviembre de 2010

BP 10211/017

Resumen:

CADHAC se congratula por la inminente entrada en vigor de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y llama al Estado mexicano a reconocer, sin restricciones, las facultades del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada.


Texto principal:

CADHAC se congratula profundamente por el hecho de que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas entrará en vigor el próximo 23 de diciembre de 2010, cuando se cumplan treinta días de la vigésima firma de tan importante instrumento a favor de la dignidad humana. En efecto, el pasado 23 de noviembre la República de Iraq depositó el instrumento de accesión respectivo, con lo que se inició la cuenta regresiva para que el tratado se vuelva ley internacional aplicable.

La desaparición forzada de personas es la reprobable práctica de funcionarios públicos o de personas actuando bajo su autoridad, tolerancia o aquiescencia, de detener, secuestrar o de cualquier otra forma privar de la libertad a alguien, para después negar dicha detención y retención, privar a la familia del conocimiento sobre el destino de la persona desaparecida y sustraer a la víctima de la protección de la ley. La Convención es un esfuerzo internacional por codificar la prohibición universal de esta violación a los derechos humanos y por establecer una serie de garantías y medidas tendentes a que los Estados persigan la desaparición con miras a disminuir su incidencia.

México depositó su instrumento de ratificación de este tratado el 18 de marzo de 2008, y el próximo 23 de diciembre nacerán para nuestro país las obligaciones internacionales contenidas en dicho tratado. Adicionalmente, debido a que dicho instrumento fue aprobado por el Senado de la República, forma parte de la Ley Suprema de la Unión y es aplicable en todo el país, de conformidad con el artículo 133 Constitucional.

Un aspecto esencial del tratado es que crea un órgano internacional denominado Comité contra la Desaparición Forzada que tendrá la obligación de vigilar el debido cumplimiento del tratado. El Comité podrá conocer de casos individuales de desapariciones forzadas cometidos en los países firmantes de la Convención. Sin embargo, para que pueda ejercer esta facultad, el artículo 31 del tratado dispone que el país respectivo debe hacer una declaración aceptando la competencia del Comité. Desgraciadamente México no ha realizada tal declaración.

En México las desapariciones forzadas de personas son una realidad casi cotidiana que es terriblemente negada por las autoridades, y que es desconocida por la mayoría de la comunidad. En estos casos las autoridades son renuentes a investigar los hechos y las familias enfrentan un

largo camino en busca de la verdad y de la justicia. Ante esta realidad es necesario que México reconozca en toda su amplitud las facultades y competencias del Comité contra la Desaparición Forzada. Hasta ahora el Estado mexicano no ha logrado —ni intentado— eliminar esta práctica, una efectiva vigilancia internacional serviría para visibilizar la problemática y facilitaría la exigencia de soluciones reales a la misma.

Esta organización hace votos porque las instituciones del Estado mexicano acepten la competencia del Comité para conocer comunicaciones individuales en casos de desapariciones forzadas y para que asuman un compromiso auténtico para erradicar en nuestro país esta gravísima violación de los derechos humanos.


El eterno despojo a los rarámuris



El eterno despojo a los rarámuris

Francisco López Bárcenas

Mientras el gobierno celebra cien años del inicio de la Revolución Mexicana, los pueblos indígenas, que fueron a la guerra para recuperar sus tierras o deshacerse de los malos gobierno, siguen luchando por las mismas causas que los llevaron a levantarse en armas.

El caso de los rarámuris de la comunidad de Coloradas de la Virgen, en el estado de Chihuahua, ilustra esta situación que padecen la mayoría de los pueblos indígenas de México. Ubicada dentro del municipio de Guadalupe y Calvo, la comunidad se integra por más de 30 ranchos, rancherías y parajes, que entre todos ocupan un área aproximada de 50 mil hectáreas de tierra, donde viven alrededor de 600 personas.

El despojo de su territorio les llegó en forma de reconocimiento de derechos agrarios. En 1969, un poco más de la mitad de su tierra fue titulada como ejido a una parte del pueblo. Ese reconocimiento fue la condición para negarles sus derechos. En marzo de 1992, dos meses después de aprobadas las reformas salinistas al artículo 27 constitucional y la nueva Ley Agraria, es decir, cuando ya no tenía facultad para ello, la Comisión Agraria Mixta inició un juicio de privación de derechos agrarios sobre ejidatarios ya fallecidos, al tiempo que reconocía como ejidatarios a otros mestizos. La acción fue completada por la Procuraduría Agraria en el año 2000, cuando ejecutó el Programa de Reconocimiento y Certificación de Derechos Agrarios (Procede).

Ya como ejidatarios, los mestizos se hicieron del control del ejido y en 2007 solicitaron a la Secretaria del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnat) un permiso de aprovechamiento forestal, misma que se los otorgó sin consultar a todos los titulares del derecho de la tierra donde los recursos se encuentran, y no obstante que la ley la obliga a hacerlo.

Con toda la maquinaria burocrática en contra, a los rarámuris no les quedó más remedio que movilizarse para defender su patrimonio. Con el apoyo de la Alianza Sierra Madre –asociación civil que ha decidido acompañarlos en su lucha– armaron una estrategia jurídica para litigar en tribunales, al mismo tiempo que se manifestaban en los espacios públicos para denunciar el despojo, conscientes de que el derecho solo no funciona si no existe una fuerza política que lo mueva.

El problema se ha entrampado en los tribunales agrarios y administrativos. Algunos sucesores de los ejidatarios excluidos demandaron como tales la nulidad del proceso, obteniendo la nulidad parcial; en vista de que los demandantes estuvieron inconformes se ampararon contra esta resolución, pero la representación agraria también lo hizo y el tribunal agrario dio la razón a ésta, por lo que los demandantes volvieron a ampararse en juicio pendiente de resolución. Mientras esto sucedía, el gobernador rarámuri demandó ante el tribunal agrario la nulidad del permiso de explotación forestal y obtuvo una suspensión provisional que tendría vigencia hasta que se resolviera el fondo del asunto; otro tanto hizo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al resolver una denuncia de los afectados.

Parecía que finalmente, después de años de lucha, la justicia daba la razón a los rarámuris. Parecía, porque a principios de noviembre del presente año la Profepa levantó la suspensión del permiso de explotación forestal para que los beneficiarios del permiso pudieran seguir aprovechando la madera.

Hasta ahora nadie ha explicado a los indígenas la razón o causa por la cual la autoridad ambiental modificó su propia resolución sin que haya cambiado la situación jurídica que la motivó. Si a este hecho se suman otros de despojo de tierras, como el de Choreachi, o los programas gubernamentales de desarrollo turístico, o las concesiones mineras en la sierra Tarahumara, no queda más remedio que dar la razón a los rarámuris, quienes piensan que la justicia sólo sirve a los que pueden pagar por ella y los derechos; aunque esté en los tratados internacionales y las leyes mexicanas, no sirven si carecen de dinero para comprarlos.

La pregunta que cada día cobra más notoriedad entre los rarámuris y todos los pueblos que sufren el despojo de su patrimonio es: ¿qué camino nos dejan? Es la misma pregunta de hace 100 años. Antes de la Revolución Mexicana.




El SME y otros errores de cálculo


El SME y otros errores de cálculo

Miguel Ángel Granados Chapa
28 Nov. 10. El Norte



El gobierno decidió el año pasado liquidar el organismo público Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio


Certero, certero, lo que se dice certero, no es el Gobierno federal. Su falta de puntería y de tino es parte de su carácter, de su modo de ser. De la lectura de la primera plana de REFORMA de ayer brotan los yerros, que van de la gravedad a la ridiculez: el presupuesto de operación del ISSSTE se agotó en septiembre, tres meses antes de que concluya el año, "debido a un error de cálculo en el nuevo régimen de pensiones de los empleados públicos".


La construcción del Emisor oriente del sistema de drenaje de la Ciudad de México, que se previó concluir en 2012, será terminada dos años después, porque "las perforadoras toparon con una obstrucción geológica que no se había detectado".

En Guadalajara, la celebración federal del centenario de la Revolución no pudo ser compartida por los tapatíos que, frente al Teatro Degollado, esperaban ver a las marionetas gigantes: las calles "resultaron ser muy angostas" para el espectáculo pagado a la empresa francesa Royal de Luxe.

A partir de mañana se repondrá el proceso electoral en el Sindicato Mexicano de Electricistas, cuyo exterminio fue previsto por la Secretaría del Trabajo y Previsión. Un colosal error de cálculo político (y técnico y económico) ha dejado en la calle, en el doble sentido de la expresión, a decenas de miles de miembros de esa agrupación, pero no la destruyó, lo que se manifiesta en la resistencia que cobrará nueva forma legal la próxima semana.

El Gobierno decidió el año pasado liquidar el organismo público Luz y Fuerza del Centro, para remediar ciertamente las deficiencias del suministro eléctrico en el Valle de México y en entidades vecinas a la capital, pero también para privatizar el servicio y sobre todo entregar a la operación privada la red de fibra óptica tendida por esa empresa, que es un suculento insumo de las telecomunicaciones. Una porción de la red semejante en la Comisión Federal de Electricidad ha sido ya concedida para su explotación a particulares y se esperaba hacer lo mismo con la de LyFC.

Pero el sindicato que ha sido durante casi un siglo la contraparte laboral de la Mexican Light and Power y las empresas sucesoras se manifestó claramente en contra de tal privatización y, al contrario, propuso que la explotación de ese recurso técnico se convirtiera en la piedra de toque del rescate de la compañía de energía eléctrica más antigua del país, afectada de esa cara negativa de la antigüedad que es la obsolescencia.

Decretar la extinción de LyFC suponía, en consecuencia, superar esa actitud del sindicato y, en el extremo, suprimirlo. Para la primera posibilidad era preciso evitar la reelección de Martín Esparza, apoyado por la corriente política mayoritaria en el gremio en el último lustro. Esparza ha denunciado que Alejandro Muñoz, tesorero del comité central y su adversario en la contienda por la secretaría general (dicho comité se renueva por mitades), fue financiado desde el Gobierno federal. Lo cierto es que Muñoz era la alternativa gubernamental para contar con el SME en la ejecución de sus planes. Sin embargo, y aunque fuera por un breve número de votos (menos de 400 en un total de 55 mil emitidos en julio del año pasado), Esparza fue reelegido y con eso ratificada su actitud ante el manejo de la empresa paraestatal.

En un primer momento, Muñoz mismo y sus partidarios se avinieron a la decisión de la mayoría, pero después la impugnaron. Consiguieron que el 5 de octubre la Secretaría del Trabajo negara al secretario general la toma de nota de su elección. Como bien se sabe, la toma de nota es un arbitrario, inconstitucional recurso que deja en manos de la alta burocracia el manejo de los sindicatos, sin importar cuál sea la voluntad de los trabajadores. Colocar a Esparza en la ilegalidad fue el paso previo al decreto de extinción de LyFC, que se publicó seis días después, el domingo 11 de octubre, si bien desde la tarde y noche del sábado las instalaciones de la empresa empezaron a ser tomadas por la fuerza pública.

No podía el Gobierno, en un decreto que sólo tenía alcances administrativos, incluir cláusulas contrarias al sindicato, pero desbrozó el terreno en que entrara la maquinaria que destruiría al SME. Para acallar la crítica suscitada por una medida que abruptamente dejó desempleados a 44 mil trabajadores en activo y en situación precaria la jubilación de 22 mil personas, el Gobierno federal prometió una liquidación suculenta a los electricistas que se avinieran al autoritario dictamen. Sin base legal, y con recursos procedentes de quién sabe dónde, ofreció una indemnización cuyo monto excedía el resultante de aplicar la Ley Federal del Trabajo y el contrato colectivo, ese documento tan vilipendiado por quienes no lo conocen y que resulta de casi una centuria de negociaciones y logros acumulados.

Era claro el cálculo: se trataba de desfondar el sindicato sonsacando de ese modo a sus miembros, y de desmovilizarlos mediante una paga que comprara sus derechos. El resultado satisfizo la expectativa gubernamental en amplia medida, pero no en la necesaria. Veintiocho mil trabajadores aceptaron ser liquidados según la expresión en uso en ese procedimiento, que revela el fin último de la indemnización: liquidar con dinero a los trabajadores, como a balazos liquidan los delincuentes a sus víctimas. Pero 16 mil trabajadores rechazaron ser comprados y se han mantenido, durante ya casi 14 meses, en resistencia, en defensa de sus derechos, considerando que el gobierno obró ilegalmente al cerrar su fuente empleo, al dejarlos sin trabajo y lastimando el interés general por el deficiente servicio que en reemplazo a la empresa liquidada están ofreciendo la CFE y los contratistas improvisados que son la avanzada de la gestión privada del suministro eléctrico.

Desde los años 90, en el sexenio de Carlos Salinas se diseñó el plan para, sigilosa, ilegalmente, cancelar la prestación estatal del servicio eléctrico. Mediante reformas a la ley respectiva, que son contrarias a la Constitución, desde hace cerca de 20 años se ha formado un sector privado de la electricidad. Se autorizó la generación de energía eléctrica para autoconsumo y se permitió vender el excedente, a la CFE. Entre el 30 y el 40 por ciento de "la luz", como solemos llamar a este servicio, es generado por particulares y revendida a los usuarios por la CFE, obviamente con el recargo en los precios que implica la obtención de una ganancia en el comienzo del ciclo. Un mecanismo semejante se empleó para debilitar financieramente a LyFC: la CFE se hacía pagar caro el fluido que la ahora extinta empresa ya no producía en la medida en que su clientela lo requería.

A casi 14 meses del decreto de liquidación las operaciones de la CFE y sus asociados son desastrosas, como lo evidencian las interrupciones del suministro en casi todo el territorio en que ahora operan, los accidentes debidos a la vejez de las instalaciones y a su deficiente manejo, y sobre todo el exceso en los cobros, que serían risibles si no afectaran tan gravemente a personas o empresas a las que se centuplica o más, sin justificación ni explicación, el monto que deben pagar.

Ante la persistencia de 16 mil personas que demandan de distintas maneras el respeto a sus derechos se ha ofrecido por fin un camino que al menos evite la supresión autoritaria de una organización sindical. El Secretario de Gobernación, Francisco Blake, que entendió que un funcionario debe resolver un conflicto, no generarlo ni azuzarlo -un credo contrario al practicado por su colega Javier Lozano-, ha negociado con el sindicato, una de cuyas necesidades básicas es la regularización de su vida interna. Se acordó reponer el procedimiento electoral considerado ilegal por la STPyS a fin de dotar al gremio de una representación incuestionable.

Votarán, como siempre, únicamente los miembros del sindicato, es decir los 16 mil 400 que no han aceptado su liquidación, y a los cuales se ofende si se les supone marionetas manejadas por Esparza y no personas dignas dispuestas a sufrir penurias a cambio de no dejarse aplastar por el autoritarismo. También votarán los 22 mil jubilados.

Sólo se inscribió una planilla, encabezada por Esparza, con más de 6 mil firmas de apoyo, muchas más que las 500 requeridas en el estatuto, y la elección concluirá el próximo viernes.


miguelangel@granadoschapa.com


Votaciones en el SME



Largas filas al comenzar las votaciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas

Ahora cualquier grupo de trabajadores podrá exigir la reposición de elecciones internas: SME

Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 30 de noviembre de 2010, p. 13

Este lunes, en el comienzo de las votaciones en el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se observaron largas filas de trabajadores que acudieron a la sede del gremio para emitir su voto; participaron además numerosos observadores de organismos sindicales, sociales e integrantes de la comisión civil de seguimiento, como Rosario Ibarra de Piedra, y 14 notarios públicos realizaron una inédita revisión del proceso.

Una enorme urna de acrílico transparente se colocó en la antigua sede del SME, en Antonio Caso 45, la cual fue puesta a la vista de todos los trabajadores que desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas de ayer no dejaron de llegar. Incluso llegaron en camiones rentados desde diferentes secciones de los estados circunvecinos para participar en la reposición de las elecciones de 2009, en las que votarán por la mitad de su comité ejecutivo, incluido el secretario general.

La identidad de los electricistas que pretendían sufragar fue verificada varias veces en las listas que entregó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), de tal manera que sólo participaran trabajadores no liquidados y los jubilados. La comisión civil de seguimiento de los acuerdos entre el SME y el gobierno federal señaló que el inicio del proceso para elegir a la dirigencia de esta organización se dio con normalidad y apego a los estatutos, y afirmó que esta jornada se llevó a cabo con tranquilidad.

Por parte de esta comisión estuvieron presentes el presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Manuel Fuentes; el director de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Miguel Álvarez; del Grupo Paz con Democracia, Magdalena Gómez, y el coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Héctor de la Cueva, quien dijo que es lamentable la campaña desatada en contra de este proceso, cuando en realidad enmienda las arbitrariedades de las autoridades laborales mexicanas.

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Trabajadores jubilados y quienes no han aceptado la liquidación asistieron de forma masiva a emitir su votoFoto María Meléndrez Parada

Por su parte, el SME indicó que estas elecciones han sentado un precedente fundamental para el resto del movimiento obrero, porque ahora cualquier grupo de trabajadores podrá solicitar y obtener la reposición de los procesos electivos de las directivas sindicales y tendrán que tener como referencia obligada al realizado por el SME. Nada ni nadie tendrá derecho legal a negárselos, y ello saneará sin duda alguna al movimiento sindical mexicano. Han abierto la caja de Pandora sin proponérselo, debido a su necedad e intransigencia para con nuestro movimiento.

En un comunicado este gremio planteó que enfrenta un proceso electoral inédito, en condiciones por demás críticas y complicadas, por lo que llamó a todas las fuerzas progresistas y democráticas del país para estar alertas ante cualquier intento de nuestros enemigos de violentar este nuevo procedimiento del SME, para detener cualquier intentona de las autoridades laborales y de sus marionetas para burlar la auténtica decisión de los trabajadores electricistas.

Pidió a las comisiones de Trabajo de las cámaras de Diputados y Senadores que den seguimiento a este proceso electoral y coadyuven a restablecer el respeto a la autonomía e independencia de esta organización sindical.

Entre los notarios públicos que participarán están José Ignacio Sentíes, de la notaría 104; Carlos Cataño, de la 51; José Luis Villavicencio, de la 218; Carlos Ricardo Viñas, de la 72; Francisco Solórzano, de la 126; José Antonio Sosa, de la 163; Víctor Rafael Aguilar, de la 174; Fernando Cataño, de la 17; Víctor Rafael Aguilar Molina, de la 174; José Ángel Villalobos, de la 9, y cuatro más.




lunes, noviembre 29, 2010

La policía comuntaria de Guerrero denuncia los planes de emoresas mineras para explotar territorio comunitario




Traducción del video La Diana de Camsim minas

Uno de los proyectos de Camsim, el proyecto Diana, localizado en una parte única del estado y del país: sierra madre del sur renombrada sierra madre occidental, la cual es nombrada una de las primeros en desarrollo mundial de plata y estamos en el corazón de ella, es una área relativamente no explorada porque no ha habido mucha infraestructura hasta hace casi 5 años que el acceso a la región fue difícil. Sin embargo actualmente las cosas han cambiado dramáticamente.

La propiedad consiste en 15 000 hectáreas decidimos agarrar un área grande porque pensamos que creemos que al final tendremos altas probabilidades de descubrir algo. Ahora tenemos mucho inversión y la región tiene la inversión que nunca han tenido y todos estamos entusiasmados, el gobierno esta entusiasmados de lo que estamos preparando.

Lo que es interesante en este proyecto es la geología que es relativamente esta inexplorada y la región misma representa y es una oportunidad única porque es sobre lo que pisamos 400 años atrás en México al mismo tiempo en el que los españoles vinieron y es una muestra de sistemas muy ricos y sobre todo en la superficie(se refiere a lo que se puede ver o sea me imagino que la naturaleza y eso).

Otra propiedad del proyecto de Camsim es la proximidad 4 km desde La Diana: es la mina san Javier que representa su actividad, estamos identificando actividades mineras… actividad y la presencia de metales preciosos tratamos de encontrar la vista mas grande determinante en México…que productores pequeños cientos no tendrían necesidad de hacer otro descubrimiento, porque esto podría ser un sistema grande en mentes pequeñas y eso es lo que creemos que es lo que pasa en estas dos propiedades y particularmente en diana ,ahora así que pondremos dólares para explorar el área.

Creemos que hay algo especial, una nueva frontera de mente en México y esperamos un gran éxito y es lo que lograremos al final estamos esperando hacer una nueva área.

Porque México? Porque es considerado en la industria el mas minero en el mundo es el 2 productor mas grande de plata y 4 en oro y hay algunos cientos compañías trabajando en esto,

Algunos de los beneficios de México es que tienes trabajadores experimentados, tienes costos bajos, bajos precios en materiales, modernas infraestructuras, telecomunicación, infraestructura en transporte, es muy importante vs otros países porque siempre ves los beneficios, tenemos acceso a todo .

Para competir con la economía global, las compañías ahora consideran el medio ambiente y sus impactos sociales para poder intervenir sea grande o pequeño, Camsim ha empezado a investigar sobre el desarrollo de energías tecnológicas como la energía por viento así como geo thermo plants (industrias térmicas y geológicas), estaciones reciclables en orden de ayudar las tecnologías emergentes y para que las fuentes sean viables en guerrero México

Camsim trabaja con un equipo de 2 niveles de gobierno : privado , publico, esto incluyen proyectos adicionales como escavar a mas profundidades , producción y distribución de energía, y ver los beneficios de incrementar la educación así como aumentar el empleo, .Basándose en la nueva industria México el gobierno tiene planes de formar instituciones publico-privadas para incrementar la versatilidad de las regiones para tecnologías emergentes, estas .. están diseñadas para mejorar la calidad de vida de los habitantes dándoles beneficios de salud y económicos .

Camsim tuvo buenas relaciones los indígenas de la sierra madre del sur que nos dieron la oportunidad de conocer mejor el area. Camsim se da cuenta que las relaciones sociales conscientes es la única solución para beneficios del mañana , juntos con el doble gobierno y la gente mexicana Camsim podrá ser líder global de la industria en innovación y exitosas estrategias

Camsim Minas se especializa en metales terrestres raros, preciosos y semi preciosos,



!TODO LO QUE AFECTA A LA TIERRA AFECTA A LOS HIJOS DE LA TIERRA!

!CONTRA LA EXPLOTACIÓN MINERA DEFENDAMOS EL TERRITORIO COMUNITARIO!


Las empresas Hochschild y Camsim están preparando la explotación minera de diferentes lugares del Territorio Comunitario.


Minera Hochschild: Corazón de Tinieblas
(Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán)
La principal sede de la empresa es en Londres, tiene oficinas en los lugares donde opera: Perú, Argentina, México. Nace en Bolivia a principio del siglo XX, y actualmente es una de las más importantes empresas mineras a nivel mundial.

Hochschild Mining opera tres minas en Perú: Ares y Arcata en Arequipa, y Pallancata en Ayacucho; la mina San José en Argentina; y la mina Moris en Chihuahua, México. También tiene participación en las operaciones de las empresas Lake Shore Gold en Canadá (38%) y en Gold Resources Corporation (29%) en México. Conjuntamente, estas empresas explotan varias minas ubicadas en el estado de Oaxaca: El Aguila, El Rey, Solaga, Las Margaritas y Altagracia.

A parte de las minas que ya están operando, Hochschild tiene muchos proyectos en fase de apertura y excavación preliminar; en México, es el caso de la mina Mercurio, ubicada en el estado de Sonora.

Asimismo, está practicando la exploración de algunos sitios para conocer el tipo y la calidad de minerales presentes en la zona, y después iniciar la explotación. En Guerrero, la empresa Hochschild inició actividades de exploración en el mes de noviembre, con vuelos rasantes en helicóptero en la región de la Costa-Montaña.

Según el balance de la empresa relativo al primer semestre del 2010 (pág. 7), la exploración es relativa al sitio denominado Corazón de Tinieblas, que aparentemente tiene un gran potencial; según el documento la empresa se está dedicando a conseguir todos los permisos para poder iniciar las actividades de exploración cuanto antes. Los sobrevuelos son la primera fase, a la que sigue la exploración en el terreno por parte de dependientes de la empresa, geólogos, ingenieros, etc.

Según el documento expedido por la Dirección General de Minas (Secretaría de Economía), el sitio Corazón de Tinieblas está ubicado entre los entre los municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y San Luis Acatlán. Este sitio está dividido en tres partes: Corazón de Tinieblas, ubicado por la mayor parte en Zapotitlan, concesionado desde 2005 hasta 2011 para exploración, con una extensión de 43.700 hectaréas; Corazón de Tinieblas Reducción Sur y Reducción Norte, con una extensión de 2800 y 3300 hectareas respectivamente, concesionados para reducción desde 2009 hasta 2059.
Las tres concesiones de Corazón de Tinieblas están a nombre de la Minera Zalamera S.A. de C.V., que opera muchos proyectos mineros en los estados de Chiapas y Oaxaca. Se puede entender que dicha empresa funciona como aliado local de la más poderosa empresa extranjera.


CamSim Minas: La Diana/Mina San Javier
(Xochiatenco, Iliatenco)
La empresa CamSim Minas S.A. de C.V., con sede legal en Acapulco, es sin duda la dependencia de alguna grande empresa minera, que creó otra nueva empresa cuya misión declarada es operar exclusivamente en la Sierra Madre del Sur, estado de Guerrero.
CamSim está por iniciar la explotación de la Mina San Javier, ubicada pocos kilomertros al norte de Xochiatenco, municipio de Iliatenco. La concesión otorgada por la Dirección General de Minas, válida desde 2009 hasta 2059, hace referencia a un sitio denominado La Diana. Los videos de la empresa misma, disponibles en You Tube (traducción), muestran que La Diana Project y la Mina San Javier hacen referencia al mismo lugar, una propiedad de 15.000 hectáreas, extraordinariamente rica en plata de primera calidad y de fácil extracción. Ya han sido identificadas 30 vetas superficiales de este metal; asimismo, se ha detectado la presencia de plomo, zinc y hierro.
Según la página web de la empresa la Mina San Javier tiene una gran ventaja, ya que se implantó en el lugar donde anteriormente ya había operado una mina, pues ya existe infraestructura carretera, eléctrica e hídrica. Dos ríos corren cerca del sitio que se explotará, ya existe un circuito de flotación donde el polvo de roca será tratado con químicos y sustancias venenosas cuales cianuro y arsénico para separar los minerales preciosos. La mina ya cuenta con una trituradora, un molino y un laboratorio, listos para iniciar a operar.

Frente a todos estos proyectos de saqueo, los pueblos organizados en el Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia decimos que es necesario dejar de ver la tierra como algo que se puede explotar y envenenar para satisfacer una necesidad, mientras debemos fortalecer la conciencia colectiva de que la tierra es la parte esencial de la vida.



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Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Policia Comunitaria " EL RESPETO A NUESTROS DERECHOS SERA JUSTICIA"

www.policiacomunitaria.org