sábado, mayo 26, 2007

Comandante supremo

Carmen Aristegui F.
El Norte
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Las imágenes del Presidente Felipe Calderón vestido con uniforme de campaña, portando una gorra de cinco estrellas y el escudo nacional, esta semana en Apatzingán, no pueden ser ni casuales ni pasar desapercibidas. Son el síntoma de algo grave.
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El debilitamiento de las fuerzas políticas mexicanas a raíz de una disputa desordenada, intervenida y violenta por la Presidencia de México, no sólo ha dejado al País dividido, sino que ha hecho irrumpir a la estructura militar como la única garante visible de la estabilidad nacional.
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La notable mayoría de los actos públicos del gobierno federal ha tenido a las Fuerzas Armadas como protagonistas indiscutibles. Horas antes de que formalmente se realizara la atropellada ceremonia de traspaso de poder en San Lázaro el 1 de diciembre, los mexicanos vimos, en la madrugada de ese día, una escena que hablaba de la gravedad de la crisis política por la que atravesaba nuestro país en esos momentos, producto de la impugnación electoral. Vicente Fox entregaba la banda presidencial no a un civil legislador, como lo indica la ley, sino la entregaba -con un simbolismo mayúsculo- a un joven cadete del Ejército mexicano. La ceremonia no era ante el Congreso, sino ante las cámaras de televisión.
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Horas más tarde, nuevamente el Ejército establecía condiciones de seguridad y de contención dentro y fuera de San Lázaro, que hacían pensar más en un estado de sitio que en una ceremonia republicana. Una vez que Felipe Calderón asumió el mandato como Presidente de México, de la manera en que lo asumió, el Ejército no ha abandonado su visible presencia en todos los actos de gobierno.
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Cuando se informó sobre las primeras acciones que incluían un plan de austeridad para todo el gobierno, tuvo que hacerse un anuncio aparte, horas después, para hablar de la excepción: para el Ejército no habría recortes sino todo lo contrario: se presupuestarían aumentos importantes.
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Cuando se decidió desmovilizar a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, y encarcelar a quienes apenas unos días antes eran considerados interlocutores, el papel del Ejército fue central. Ahí se vio con mucha claridad la frontera rota, desde hace ya varios años, entre la actividad policiaca y la milicia. Memorable es la fotografía de un soldado que se está quitando su uniforme original para ponerse uno de policía, antes de participar en los operativos. Están ahí las múltiples denuncias y señalamientos nacionales e internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos, de las que tendrá que hacerse cargo el gobierno de la República.
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Vino también el anuncio formal de la transferencia de miles de efectivos militares (7 mil 500 militares y 2 mil 500 marinos ya no sólo para incorporarse a distintas unidades policiacas, sino, según se sabe, ahora van agrupaciones navales completas, es decir, mandos incluidos) para fortalecer a los cuerpos policiacos federales y emprender acciones como las vistas en los últimos días en Tijuana y Michoacán. No sólo se han engrosado con militares las corporaciones policiacas, sino que se ha decidido también la concentración de mandos.
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El nombramiento de Ardelio Vargas Fosado como comisionado de la Policía Federal Preventiva, y al mismo tiempo como director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), ha preocupado a varios especialistas. Ayer, el periódico La Jornada publicó las declaraciones que el constitucionalista Miguel Ángel Eraña hizo a Laura Poy Solano, en las que establece sus preocupaciones frente a esta medida que consideró ilegal e inconstitucional: imponer un solo mando a los cuerpos de seguridad con este nombramiento es "alentar un régimen de facto de concentración de poder policiaco que violenta la división de poderes y podría convertirse en un leviatán autocrático".
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Cabe mencionar, también, la intensa campaña de spots difundidos desde la Presidencia, en la que se destaca a las Fuerzas Armadas como garantes de la legalidad, las instituciones y el orden. ¿Cuántos impactos en radio y televisión se han transmitido con la voz de Felipe Calderón diciendo: "es para mí un honor comandar a una organización militar surgida del pueblo, identificada con el pueblo y consagrada al pueblo..." desde la salutación militar en el Campo Marte, apenas unas horas después de la accidentada llegada al poder?
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En su conjunto, las acciones gubernamentales colocan al Ejército y a la Marina, en principio, como el eje de la estrategia anticrimen del gobierno de Calderón; es deseable que -una vez echada a andar- arroje resultados positivos para contener y abatir los índices escandalosos de criminalidad relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
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Sin embargo, es claro que estamos, fundamentalmente, frente a la columna vertebral de una estrategia de comunicación social, basada no sólo en el recordatorio, sino en la ostentación reiterada del principio del monopolio de la violencia como sostén del ejercicio del poder.
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¿Cómo debe entender la sociedad mexicana todos estos mensajes? ¿Qué es exactamente lo que nos quiere decir Felipe Calderón con esta reiterada presencia suya, rodeado permanentemente de militares? ¿Qué le depara a México con un horizonte verde olivo?

ENTREVISTA A UN REGIO.

26 de mayo de 2007.
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¿Puedo hacerte unas preguntas?
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R-Adelante.
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¿Eres estudiante?

R-Sí, estudiante y a veces empleado. Estudio computación por las tardes, pues en el día, por ahora, trabajo en una tienda de ropa.
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Acerca de la violencia que se vive en la localidad, ¿Sientes temor?
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R-Verdaderamente no. Me siento como espectador y, el espectáculo me entretiene. Los bandos se entremezclan, uno no puede diferenciar quienes son los buenos y quienes los malos. Por lo que, no condeno ni aplaudo. Lo que si que ahora leo más los periódicos, para ver la novedad del día. No los compro, pero si los leo, aunque sea al día siguiente.
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¿Si te vieras involucrado en un hecho de esos que suceden, un secuestro, levantón o balacera?
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R-Pienso que es cuestión de suerte, si te toca, pues ni modo. Mientras hay que llevarla con tranquilidad. Aunque hay veces que el hambre aprieta en serio, uno no participa de esos negocios, ni desea involucrarse, así que calma. Si me llegaran a afectar a mi o a alguno de mis familiares, pues claro que se sufre, pero no se acaba el mundo, así que si sucede, pues a sufrir en serio y después a seguir la vida.
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Parece que el gobierno ahora si la agarró en serio.
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R-(Risas) Ahora si deja que me ría a gusto. Claro que es uno de los actores de esta película pero, otra vez ¿son los buenos o los malos?
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¿Y los soldados?
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-Uh, ya me tocó un reten, esta semana, el jueves allá en Lincoln. Hasta al camión se subieron, fueron muy amables disculpándose por las molestias, mientras te apuntaban con el arma. Mientras se acababa la revisada, pensaba, nomás que no se le vaya un tiro, o mejor dicho, una ráfaga...
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¿Querías agregar algo?
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-Que se notaban nerviosos, incómodos. Y nosotros los veíamos como muy lejanos, como que no somos los mismos. A esos cuates deberían regresarlos a sus cuarteles, a cuidar en serio los mares o el espacio aéreo. A prepararse para los próximos huracanes que pronto llegarán. A ayudar a la población de veras. Creo que el presupuesto que consumen es de lo más altos así pues que lo desquiten.
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¿Y que se olviden de los narcos?
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-Cómo los van a olvidar, si están metidos en todos lados, no solo en la policía y en el ejército. Que le busquen donde no quieren buscarle, en los negocios, toda la gente comenta que hay mucho dinero sucio circulando en el sistema bancario, y también asociado a empresarios pequeños, medianos y hasta los más prestigiados, que le busquen en los nuevos desarrollos inmobiliarios y turísticos de los últimos 20 años o más. ¿Cómo los van a olvidar si los tienen metidos hasta la médula
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Redefinir la estrategia

El Universal, 26 de mayo de 2007.
Rosa Albina Garavito.
El presidente Felipe Calderón está en todo su derecho de pedir a la sociedad y a las fuerzas políticas cerrar filas en torno al gobierno en la lucha contra el narcotráfico. En términos generales, es poco probable que alguien pueda argumentar su negativa de apoyo al combate contra la delincuencia organizada. Pero sólo en términos generales, porque dada la manera en que se está desarrollando esa lucha, es indispensable la crítica constructiva.
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Los apoyos acríticos se fundamentan en la tesis de que frente al cáncer del narcotráfico, el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados, "algo se tiene que hacer". Sin embargo, es irresponsable apoyar la estrategia que parte de una visión parcial del problema, la del control territorial, cuando la delincuencia organizada ya ha controlado otros espacios menos tangibles pero igualmente contundentes, como diversas instituciones del Estado, la economía y la cultura. De esa visión parcial se deriva el uso del Ejército como eje de una guerra sin cuartel. También se aduce que la lucha contra el narcotráfico es cuestión de especialistas, así que la sociedad no debe reclamar injerencia en la discusión sobre el tema; le queda entonces el pasivo papel de observar impávida cómo se libra esa guerra.
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Amnistía Internacional, la Comisión Permanente, la CNDH y diversos sectores y voces de la sociedad demandan al gobierno que saque al Ejército del combate contra la delincuencia organizada. Esa exigencia, a la que me sumo, no implica claudicar frente al avance del hampa; significa reconsiderar la estrategia; una estrategia que además se ha definido unilateralmente, sin antes consensar con las fuerzas políticas y con la sociedad el camino a seguir. Si a esa ausencia de acuerdo previo sumamos los desastrosos resultados conseguidos hasta ahora, no tendría por qué satanizarse la demanda de redefinirla. Esos desastrosos resultados están a la vista en el incremento de la beligerancia de los cárteles de la droga, en las bajas en el Ejército, en las violaciones a los derechos humanos, en la desbandada y protestas de policías ante la indefensión en que se encuentran, sin que ninguno de esos costos se vea compensado por el desmantelamiento de los grupos de la delincuencia organizada.
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No es extraño que frente a la delicada y estratégica decisión de combatir a la delincuencia organizada, el gobierno no convocara a la sociedad y a las fuerzas políticas a la construcción de un pacto para combatirla. Y sin embargo, como en otros ámbitos de la vida política, ese pacto es necesario. No se puede pretender acabar con ese monstruo de mil cabezas sin el compromiso previo de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes de la República de cerrar todas las grietas por donde la delincuencia ha penetrado al Estado; es decir, sin hacer una realidad la vigencia del estado de derecho.
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Tampoco puede lograrse erradicar las diversas redes delincuenciales sin un trabajo de inteligencia altamente calificado. Y menos podrá lograrse sin considerar que antes de la descomposición social producida por la delincuencia primero se hizo presente la generada por el desempleo y los miserables salarios. El tráfico de personas no sería la realidad lacerante que es si esas personas no estuvieran dispuestas a correr todos los riesgos con tal de lograr el exilio económico; los ejércitos de sicarios no habrían proliferado si esos jóvenes hubiesen encontrado alternativas dignas de vida. Sin duda, competir ahora con la alta rentabilidad que deriva de la delincuencia organizada como opción de vida es muy difícil, pero más difícil será si continúan cerrándose las alternativas para los jóvenes que intentan entrar al mercado de trabajo legal y formal.
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Es momento no de desplegar una guerra contra la delincuencia organizada en los términos que se está haciendo, sino de definir una política de Estado para erradicarla. Y en ella lo fundamental no son las armas. Para que el país salga bien librado de este trance es indispensable que las fuerzas políticas y la sociedad apoyen al gobierno, pero para que ello suceda se requiere primero que el gobierno convoque a lograr los acuerdos necesarios para que el país deje de ser el terreno fértil en que se convirtió para el auge de la delincuencia organizada.

martes, mayo 22, 2007


Indispensable, mejorar la distribución del ingreso, reconoce Agustín Carstens

ANTONIO CASTELLANOS
La Jornada, 22 mayo 2007

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, afirmó ayer que un requisito indispensable para mejorar la distribución del ingreso es extender a toda la población el acceso a instrumentos de ahorro, de crédito, inversión y aseguramiento.

Dijo que para acelerar el crecimiento e incrementar la competitividad del sector financiero es necesario mantener la estabilidad macroeconómica, garantizar el estado de derecho y la seguridad de los inversionistas.

Al inaugurar la 17 convención nacional de aseguradores, el funcionario manifestó que también es preciso promover la competencia entre los intermediarios, desarrollar nuevos instrumentos de inversión productiva, reducir los costos de transacción y hacer más eficiente la regulación, así como promover la confianza de los usuarios.

Expresó que los desafíos para el sector asegurador son enormes, porque en el país el gasto per cápita en seguros es inferior al de muchos países. En 2005 fue en promedio de 121 dólares, mientras un ciudadano de cualquier país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico invirtió en ese concepto 2 mil 600 dólares; en Estados Unidos se gastó 3 mil 900 dólares, y en Chile, 280 dólares.

Señaló que estos indicadores hacen evidente el enorme potencial de este sector. Por ello es necesario reconocer los retos y que no se pueden eludir, dado el papel clave que desempeña un sólido sector asegurador para la consecución del bienestar de familias y personas.

Destacó que la estrategia del gobierno federal respecto al sector asegurador consiste en promover el desarrollo, penetración y competencia de ese mercado, tarea para la cual se debe conservar escrupulosamente la solvencia del sistema.

Indicó el ssecretario de Hacienda que esta estrategia está soportada por iniciativas que tratarán de incrementar la participación en los mercados de los seguros de vida, de pensiones, de salud, de automóviles y generales de daños.

Nota: Cuando leí lo de mejorar la distribución del ingreso ingenua de mí, pensé que se trataba de una más equitativa distribución de la riqueza, esto es, mejorar los salarios de los trabajadores, pero no, ¡cómo un neoliberal a ultranza como Carstens que sigue los lineamientos del FMI y del Banco Mundial podría siquiera pensar en una medida de tal índole! En cuanto a mantener la estabilidad macroeconómica es lo que se ha hecho en todos los gobiernos neoliberales y eso no ha traído como consecuencia ni crecimiento ni mejoría para millones de mexicanos.

Pemex pagará de aquí a 2010 la mayor carga impositiva del mundo

La Jornada, 22 mayo 2007

Hasta 2010 Petróleos Mexicanos (Pemex) continuará como la empresa a la que mayor carga impositiva se le aplica en el mundo, con una proporción que alcanza 90 por ciento de su flujo de efectivo neto, pese a que en la paraestatal se aplica un nuevo régimen fiscal desde el primero de enero de 2006.

De acuerdo con un amplio diagnóstico elaborado por Pemex, y entregado recientemente a la Comisión de Energía del Senado de la República, titulado Situación actual y perspectivas, se reconoce que durante el periodo 1995-2004 la carga fiscal como porcentaje del flujo de efectivo neto fue de 105 por ciento y en 2004 alcanzó hasta 106 por ciento.

Actualmente la aportación de Pemex al erario representa 40 por ciento del total del presupuesto anual, y la paradoja que enfrenta la compañía es que a pesar de que obtiene ventas por más de 900 mil millones de pesos, registra pérdidas acumuladas.

Su volumen de ventas asciende a lo que prácticamente en conjunto obtienen anualmente empresas como la Comisión Federal de Electricidad, Walt Mart de México, Telmex, Cemex, América Móvil y FEMSA.

Aunque no se tiene información precisa sobre las tasas impositivas que se aplican a estas empresas, solamente en 2005 América Móvil obtuvo una utilidad neta de 31 mil millones de pesos; Telmex, de 28 mil millones; Cemex, 23 mil millones; Wal Mart de México, 10 mil millones, y FEMSA, 8 mil millones de pesos, contra pérdidas de Pemex, en ese mismo año, por 76 mil millones de pesos.

El pesado régimen fiscal que prevalece sobre la petrolera propició que en el primer trimestre de 2007 continuara registrando pérdidas, ahora de 10 mil 100 millones de pesos, equivalente a unos 900 millones de dólares.

Aunado a lo anterior, para 2007 se le estableció la obligación de obtener un superávit de 155 mil 981 millones de pesos, con la finalidad de sustentar el ''equilibrio presupuestal'' de la actual administración.

De acuerdo con el amplio documento de Pemex, se observa que las empresas petroleras del Reino Unido tributan con una tasa de 30 por ciento sobre su flujo de efectivo; las de Libia, con 38; Nigeria, bajo régimen especial, con 40; Brasil, 47; Argentina, 48; el estándar en Estados Unidos es de 50; Alberta, Canadá, 51; Colombia, 57; en Alaska, Estados Unidos, 58; Egipto con régimen especial, 61; Abu Dhabi, 66; India, 71; Malasia, régimen especial, con 72; Katar, 74; Noruega, 76; Rusia, 77; Venezuela, Siria y Egipto, con 78 por ciento anual, respectivamente; Omán, 83; Malasia, 85, y Nigeria, con 87 por ciento.

Sin embargo, en México con la aplicación del nuevo régimen fiscal, Pemex disminuiría paulatinamente su aportación de 90 a 79 por ciento, entre 2006 y 2010.

A partir del primero de enero de 2006, Petróleos Mexicanos está sujeto a un nuevo régimen fiscal, bajo el cual el esquema de contribuciones de Pemex Exploración y Producción quedaría establecido en la Ley Federal de Derechos, y el esquema fiscal del resto de los organismos subsidiarios continuaría establecido en la Ley de Ingresos de la Federación.

El nuevo esquema fiscal para Pemex Exploración y Producción considera los derechos ordinarios sobre hidrocarburos, lo cual implica que de 2006 a 2009 se le aplicará una tasa variable en función del precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación y del año que corresponda. En 2006 la tasa osciló entre un rango de 78.68 a 87.81 por ciento (dependiendo del precio de la mezcla mexicana de crudo), y se convertirá en una tasa única de 79 por ciento de 2010 en adelante.

La base para el cálculo de este derecho es el valor de la producción total extraída, menos las deducciones permitidas (parte de las inversiones, algunos costos, gastos y derechos).
Además, se le aplica un derecho sobre hidrocarburos para el fondo de estabilización de los ingresos petroleros, con una tasa de entre uno y 10 por ciento sobre el valor de la producción de crudo extraída en función del precio de la mezcla mexicana de exportación, siempre y cuando éste exceda los 22 dólares por barril.

Adicionalmente, el gobierno federal le aplica una tasa de 13.1 por ciento sobre la diferencia entre el valor realizado de las exportaciones y el valor presupuestado de las exportaciones, entre otros gravámenes.

Nota: Pero el rollo de los neoliberales, el espurio y su gabinete incluidos, es que cualquier empresa estatal que arroja pérdidas hay que privatizarla. Pero es que de eso se trata: descuidar, ahogar a las instituciones (sean de seguridad social, educación pública, o en este caso energéticos) para que funcionen mal y así justificar su privatización. Nomás pensemos en todo el superávit petrolero en tiempos de Fox y esos cargos fiscales criminales que van del 106% hasta el 90% del flujo efectivo neto en la actualidad. ¿Qué empresa resiste esto? Realmente se trata de una perversidad que raya en la traición al país sangrar a PEMEX de este modo en lugar de destinar parte de las ganancias a la modernización tecnológica de la empresa, conservando así su potencial en manos de la nación (que aunque ésta se encuentre ahora secuestrada por la mafia de neoliberales nacionales y transnacionales, no siempre será así: un día el pueblo de México será el dueño de su destino).

Necesarias, reformas profundas; el tiempo se acabó, dice Calderón

La Jornada, 22 Mayo 2007

El mandatario presenta un catálogo de metas a cumplirse dentro de 23 años
Plantea abatir la pobreza, reducción de asesinatos, PIB per cápita de 29 mil dólares y mayor escolaridad


Al presentar su proyecto de país para 2030, el presidente Felipe Calderón convocó a los políticos y a la sociedad a establecer diálogo y acuerdos para impulsar reformas ''profundas'' en la estructura de México, dado que el tiempo ''se acabó''.

El llamado proyecto Visión 2030: el México que queremos, propone una serie de metas a cumplirse dentro de 23 años, entre las que destacan que no haya mexicanos en pobreza alimentaria, la reducción del número de asesinatos (cinco por cada cien mil habitantes), que el producto interno bruto (PIB) per cápita pase de 8 mil a 29 mil dólares y que la población tenga un promedio de escolaridad de 15 años, y no el actual, que es de 8.8 años.

En el alcázar de Chapultepec fueron reunidos integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como líderes empresariales y políticos, con excepción de los que integran el Frente Amplio Progresista (integrado por PRD, PT y Convergencia).

Frente a ellos, Calderón advirtió que estos cambios deberán procesarse en un debate respetuoso y sólo en el contexto de las instituciones democráticas.

Yucatán puede esperar
La presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dio un trato deferente al jefe del Ejecutivo, al asistir a la ceremonia, no obstante que su partido y Acción Nacional (PAN) estaban concentrados en las elecciones de Yucatán, ganadas horas antes por el tricolor. Inclusive, el dirigente del blanquiazul, Manuel Espino, envió en su representación a Carlos Abascal, secretario general adjunto.

En este auditorio variopinto se podía encontrar tanto al premio Nobel de Química Mario Molina como a la actriz Ana Luisa Peluffo o a Armando Paredes, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Antes del discurso del Presidente de la República se exhibió un video con imágenes de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi y otras que ilustraban los sueños de Felipe Calderón. Además, la niña Fernanda Morales pronunció unas palabras con frases similares a las del mandatario, planteando que no quiere ser espectadora de este ''sueño'', sino contribuir a su cumplimiento.
Para justificar este plan para 2030, no obstante que su gobierno concluye en 2012, Calderón señaló que no hay cabida para la improvisación, pero tampoco pretende ignorar la historia del país ni reinventar la nación.

En su listado de deseos hizo velada referencia a las polémicas elecciones de 2006, y planteó que le gustaría que en 2030 hubiera una democracia donde la diferencia en las ideas se resuelva en las urnas y donde el veredicto de los ciudadanos, emitido mediante el voto, se respete por todos y por el gobierno.

Y advirtió: ''Hoy no tenemos margen para eludir nuestra responsabilidad, hay asuntos que exigen una respuesta firme y contundente y el tiempo se acabó; no podemos ni debemos agachar la cabeza frente a los retos que se presentan''.

Se refirió a problemas como la miseria, la desigualdad, el analfabetismo, la falta de oportunidades de empleo, la competitividad, el calentamiento global y el crimen organizado.

Para convencer sobre la urgencia de las reformas, dijo que si México sigue con el mismo ritmo no alcanzará sus metas. No basta el impulso inercial, se requieren cambios profundos en la estructura del país, afirmó. No se trata, dijo, de alcanzar un México para unos que excluyen a los demás, sino uno para todos.

De acuerdo con el jefe del Ejecutivo, este documento representa un consenso elemental que plantea los qués, pero falta establecer los cómos. El objetivo del gobierno, según explicó, es que el Plan Nacional de Desarrollo que presentará en mayo, así como los programas sectoriales, tomen como punto de partida este texto que representará el ''primer paso'' para que haya otro México.
El documento está dividido en cinco rubros, los mismos del Plan Nacional de Desarrollo: Estado de derecho y seguridad; Economía competitiva y generadora de empleos; Igualdad de oportunidades; Sustentabilidad ambiental, así como Democracia efectiva y política exterior responsable.

En cuanto a estado de derecho, plantea convertir a México en uno de los cinco países con mejor índice institucional, porque actualmente ocupa el sitio 69 de 125 enlistados. También, que 70 por ciento de las resoluciones sean favorables a la víctima y que el número de robos con violencia pase de 187 a 40 por cada cien mil habitantes.

Destaca la promesa de acabar con la desigualdad entre regiones, hacer que 100 por ciento de la población tenga agua potable, que los estudiantes obtengan 500 puntos y no 392 en el examen internacional PISA. Otra meta es que los mexicanos tengan una esperanza de vida de 80 años y no de 74.8; que 80 por ciento de las mujeres obtengan la misma remuneración que los hombres, y que el país se ubique en los primeros lugares en los índices de gobernabilidad.


Nota: La lista de "sueños" calderónicos es larga, como largo es también el período propuesto: nomás 23 años! Más o menos los que tenemos sufriendo las políticas de los gobiernos neoliberales. Porque para este sexenio ya está claro que no va a ser: se proclamaba el "presidente del empleo" y no bien cumplidos alrededor de 2 meses y nos salió con que la generación de empleos no era cuestión del gobierno sino de la sociedad. Luego afirmaba que era la dizque seguridad la prioridad de su gobierno; hace apenas unos días nos salió con la novedad de que él sólo no puede, que necesita la ayuda de todos (la sociedad, pues). Ahora nos receta otra perla: "que le gustaría que en 2030 hubiera una democracia donde la diferencia en las ideas se resuelva en las urnas y donde el veredicto de los ciudadanos, emitido mediante el voto, se respete por todos y por el gobierno", que es una confesión de que tal cosa no sucedió en las elecciones que se agandalló. No pos sí, si los dejamos ahí le van a seguir, y cuando se acerque el 2030 (si los pobres y amolados trabajadores aún sobreviven, y si el país aún existe) nos van a salir con que siempre no se pudo que les demos otra chancita, que ya merito. Por eso digo, si los dejamos...

Por cierto, ¿de dónde habrá inventado las cifras sobre el estado de derecho con el que sueña: "que 70 por ciento de las resoluciones sean favorables a la víctima... "? ¿qué aún en esa ficción del 2030 habrá 30% de casos como el de doña Ernestina, de la sierra de Zongolica, o los vejados de Atenco, o los encarcelados de la APPO?