martes, mayo 10, 2011

Conferencia en la UANL de Miguel Angel Granados Chapa





Foro Nacional: participación ciudadana en el proyecto de nación. Organiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través de la Dirección de Programas para la Sustentabilidad de la UANL y del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas Conferencia magistral “Medios de comunicación y responsabilidad social frente a la nación”, a cargo del Dr. Miguel Ángel Granados Chapa.

Mayo 11, de 6 a 7 PM

Aula Magna de la Universidad
Plaza Colegio Civil




La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a través del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas y de la Dirección de Programas para la Sustentabilidad de la UANL, organiza el Foro Nacional de participación ciudadana en el proyecto de nación. Un espacio que promueve el debate público, con la participación de prestigiosos especialistas de diferentes disciplinas y visiones culturales y políticas, para analizar los problemas nacionales.

El Foro está dirigido a todos los miembros de la comunidad universitaria, así como de otras instituciones de educación superior, instituciones públicas y privadas y la sociedad en general, y dentro de éste se realizará un ciclo de conferencias magistrales, las cuales se llevan a cabo de septiembre de 2010 a junio de 2011. Con el fin de atender la urgente necesidad de impulsar la reflexión sistemática sobre el proyecto de nación que aspiramos a desarrollar en el siglo XXI, la Universidad Autónoma de Nuevo León, promueve la realización del Foro Nacional: participación ciudadana en el proyecto de nación. El cual constituye el primer gran proyecto del Centro de Reflexión para la Elaboración de Alternativas, cuyo objetivo es convertirse en un ámbito de debate público, a partir de la convocatoria emitida en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.

Dentro del Foro, está considera la participación de prestigiosos especialistas de diferentes disciplinas y visiones culturales y políticas, cuyo fin es recorrer un trayecto que colabore a la formulación democrática de un proyecto nacional, entendido como el trazado de un camino hacia la reconstrucción de un México democrático, productivo, seguro y justo. En el mes de mayo del 2011, el Dr. Miguel Ángel Granados Chapa ofrecerá la conferencia magistral “Medios de comunicación y responsabilidad social frente a la nación”.



Excelente video de la marcha Nacional en Monterrey

EL LENGUAJE DE LA GUERRA Y DE LA PAZ


Reflexión de Raúl Ramírez,
fundador del Centro Ciudadano de derechos humanos de Baja California..



EL LENGUAJE DE LA GUERRA Y DE LA PAZ

Por Raúl Ramírez Baena*

Si los delincuentes están afuera haciendo lo que están haciendo

es porque adentro están podridas las instituciones y los partidos políticos,

hasta el Gobierno Federal pasando por los Poderes de la Unión…

Javier Sicilia, poeta

Mientras las víctimas de la guerra de Felipe Calderón sean gente del pueblo (daños colaterales) inermes, desinformadas y temerosas; agentes del Estado, miembros de la élite en el poder (Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí o Diego Fernández de Ceballos) o de la delincuencia, el control de daños está en manos del gobierno. No pasa nada. Usted conoce las consecuencias del “si no pueden, renuncien”: Nada.

Pero cuando el crimen y los desaciertos oficiales tocan a un humanista ilustrado, sensible y comprometido con las causas de la justicia y la paz con dignidad, como Javier Sicilia, cuyo hijo fue victima de esta guerra, y provoca en aquel un activismo inusitado, entonces sucede lo que está pasando: el gobierno pierde el control de la situación ante la acción de un solo hombre, que no tiene compromisos con nadie, no tiene intereses económicos ni aspiraciones políticas. Habla con sencillez el lenguaje de la verdad, y eso es letal para un sistema político corrupto.

“La palabra” del poeta es un idioma que desconocen los políticos y empresarios en el poder. Y ahora también, los militares. El sencillo pero contundente mensaje de Sicilia da en el blanco y encuentra eco en una sociedad lastimada, hastiada y ofendida.

Existe un amplio sector social que ha sido sensible al mensaje de Sicilia y comienza a convencerse de que es necesario frenar el proceso de militarización que arriesga la institucionalidad, la democracia y la paz. Con ello, se logra un sano equilibrio ante aquellos sectores de la población que, creyendo aún en las bondades del mensaje oficial –fuertemente difundido por los medios electrónicos y comunicadores e intelectuales afines- aún apoyan la intervención militar como solución a la inseguridad y el crimen.

Ante el clamor social y las Recomendaciones sobre el retiro de las fuerzas armadas en tareas de Seguridad Pública, Felipe Calderón se muestra descontrolado, sordo e intolerante, reaccionando más como un gobernante autoritario que como Estadista. En su mensaje del 5 de mayo afirma: “… hay quienes, de buena o mala fe, quisieran ver a nuestras tropas retroceder, a las instituciones bajar la guardia, y darles simple y llanamente el paso a esas gavillas de criminales. Hoy les digo que eso no puede y no va a ocurrir. Porque tenemos la razón, porque tenemos la ley y porque tenemos la fuerza, vamos a ganar” (resaltados nuestros).

Y en su monólogo obsesivo aprovechando todos los foros, esta vez en el Día del Niño, ante un nutrido grupo de infantes les habló no crea usted que de los derechos de la niñez o del mundo del juego y la fantasía infantil, sino del narcotráfico, que su gobierno no cejará en el combate contra las drogas y que seguirá limpiando las calles de “malos” hasta acabar con todos. Que su presidente se ha “fajado” ante los narcos. ¡A las niñas y niños les dijo eso! ¿Quién promueve entonces la Cultura de la Violencia?

Mal hacen gobernadores, alcaldes, legisladores y los líderes de su partido, el PAN, en retroalimentar y aplaudir a Felipe todas sus obsesiones en torno al combate a la inseguridad y a la delincuencia que tanto daño han hecho al país. Y lo que es peor, hay gobernantes que en sus respectivas jurisdicciones dicen y hacen lo mismo que él.

Es imposible hoy que autoridades civiles y castrenses sancionen con todo rigor legal a policías y militares que cometen violaciones graves a los derechos humanos. Hay una impunidad total. No conocemos un solo caso en que se castigue a autoridades por delitos de lesa humanidad (ejecución extrajudicial, desaparición forzada y tortura), que allanan y catean a diario domicilios sin orden judicial, que detienen a personas arbitrariamente, etc., en aras de “ganar” la guerra a la delincuencia organizada.

Algo muy positivo está logrando Javier Sicilia: Está refrescando el lenguaje y la acción Política, que ya le hacía falta al país, y con ello, la respuesta popular. Refrenda la agenda de los sectores progresistas y del campo de los derechos humanos en materia de Seguridad Pública, y con ello mete en un problema a los otros partidos y candidatos para el 2012, sobre todo al puntero, Enrique Peña Nieto, quien ahora tendrá que recomponer sus propuestas y su discurso en torno a la Seguridad.

Es posible que los candidatos del PRI y del PAN sufran para deslindarse de los intereses norteamericanos –que son quienes financian y diseñan las políticas y estrategias de Seguridad y de Justicia en México- y de las maniobras electoreras de Televisa y Cía., porque ahora las cosas ya no van a funcionar igual que antes. La simulación y la demagogia de siempre pueden ser contraproducentes.

De la misma manera, muy difícil va a ser que los priístas y panistas ofrezcan meter en cintura a las fuerzas armadas y prometan el retiro gradual a los cuarteles, a riesgo de provocar la reacción de los Estados Unidos, de los empresarios y del mando militar. En ello va la propia Presidencia. Pero contradictoriamente, el retiro militar va a ser una fuerte demanda social. Ignorar esto también puede costar la Presidencia.

Respecto al comunicado de la Segob del domingo 8 de mayo al término de la marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en la Cd. de México, donde afirma que “los efectivos militares, navales y de la Policía Federal no generan violencia”, categóricamente le respondemos que si, sí generan violencia, y mucha, como consta en múltiples casos documentados por violaciones graves a los derechos humanos en los que, a pesar de las denuncias penales y quejas ante la CNDH, que se sepa, no se ha investigado ni castigado a ningún elemento militar y policial, incluidos agentes de las Policías Estatales Preventivas. A las pruebas nos remitimos…



Los datos de los niños y niñas no son mercancía


Boletin de Prensa CADHAC

  • Los datos privados de niños y niñas de monterrey no deben usarse para campañas comerciales

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) manifiesta su más profunda preocupación por el hecho de que el municipio de Monterrey haya usado datos personales de estudiantes de primaria y secundaria para beneficiar a empresas privadas.

El programa RegioCardes uno de tantos que busca hacer publicidad a ciertas empresas a través de una tarjeta de descuentos; sin embargo, tiene dos diferencias, la primera es que es patrocinado por el gobierno municipal de Monterrey, la segunda, que muchos clientes participantes no aceptaron ser parte del esquema sino que sus datos fueron sacados ilegalmente de la base de datos de los alumnos del municipio.

El Municipio de Monterrey utilizó la base de datos de estudiantes que le fue entregada de forma indebida por la Secretaría de Educación Pública del Estado de Nuevo León para generar sus tarjetas de descuento. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León indica que los datos privados sólo pueden recabarse si son necesarios para la actividad legítima de la autoridad y sólo pueden usarse para dicho fin. Es decir, la Secretaría de Educación puede recabar datos de sus alumnos para poder brindar el servicio educativo, pero tiene que proteger esos datos y no los puede entregar, sin más, a otras autoridades. Por su parte, el Municipio de Monterrey no puede usar una base de datos recabados para el servicio de educación para beneficiar a empresas privadas a través de una tarjeta comercial de descuentos. Por lo tanto, se violan los principios de consentimiento, información previa y finalidad establecidos en el artículo 43 de la Ley de Transparencia.

Cadhac hace un llamado enérgico para que se respeten, en todos los casos, los datos personales de los ciudadanos, en este sentido, es necesario que el Municipio de Monterrey detenga la distribución de tarjetas no solicitadas y destruya las bases de datos que se hayan generado en violación a la Ley de transparencia.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

04 de mayo de 2011

Genaro García Luna


Genaro García Luna

Miguel Ángel Granados Chapa
10 May. 11 El Norte



Al comenzar su discurso ante la multitud reunida en la Plaza de la Constitución al cabo de la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia demandó al Presidente Calderón el despido de Genaro García Luna como señal de que había escuchado el mensaje de los ciudadanos que quieren vivir tranquilos.

No sorprende que se exigiera la renuncia del Secretario de Seguridad Pública. En una larga jornada pletórica de símbolos, la mención a García Luna tuvo esa calidad. Es el prototípico funcionario que por acción y omisión ha contribuido al deterioro de la convivencia social y a la disminución (desaparición plena en no pocas comarcas del País) de una vida segura, es decir, a que falle la estrategia nacional contra el crimen organizado.

García Luna no ha servido a la sociedad, antes al contrario la agrede. La colosal fuerza armada que se le ha permitido reclutar -35 mil agentes-, la Policía Federal, es en la mayor parte de los lugares donde actúa parte del problema y no de la solución. Y el propio Secretario García Luna, lejos de garantizar con su desempeño el alcance de metas necesarias para la nación, mantiene bajo amenaza a una periodista que ha reunido vasta información sobre su conducta y su patrimonio, difícilmente conciliable con sus ingresos como servidor público.

Apenas el martes pasado Anabel Hernández, la periodista autora de los libros "Los cómplices del Presidente" y "Los señores del narco" -donde García Luna figura en forma prominente- reiteró una denuncia que había hecho pública en diciembre pasado, en la presentación de "Los señores..." en la feria del libro de Guadalajara. Esta vez lo hizo en el patio del ex domicilio principal del Senado, durante un foro en que se habló de la impunidad como aliciente de la delincuencia en perjuicio de la libertad de expresión.

Puesto que ha presentado quejas ante las comisiones de derechos humanos nacional y del Distrito Federal, cuenta con resguardo ofrecido por el Gobierno capitalino, pues la CNDH incurrió en la ingenuidad de demandar medidas cautelares a la autoridad federal, que sólo podría aplicarlas desde la Secretaría de Seguridad Pública. Haber aceptado esa aberración hubiera significado poner a la periodista a merced de su enemigo -García Luna la considera una suerte de vocera del crimen organizado. Con el mismo tino y la misma diligencia que ha obtenido información sobre el dinero de García Luna y sus vinculaciones con delincuentes, Hernández ha logrado saber que el Secretario urde cómo dañarla e impedir que siga trabajando en torno de ese tema. Se ha llegado a ese extremo una vez que fallaron las insinuaciones de que la periodista eligiera un exilio dorado.

Expresiones recientes de la actuación de la Policía Federal ocurrieron también la semana pasada. Por un lado, un comando de esa corporación entró en conflicto con la guardia del Alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, en que éste tuvo que intervenir en un áspero diálogo con el jefe de los agentes federales, que desdeñaba la autoridad del Edil. Ya antes, en enero, un suceso con los mismos protagonistas había tenido un grave desenlace: un miembro de la escolta de Murguía fue asesinado por un agente de la Policía Federal.

En Cuernavaca, esa corporación detuvo a varios presuntos responsables del asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más. No son tan sólidos los indicios que aportó esa policía, que el Ministerio Público pudiera consignarlos ante un juez, para que se les procese. A lo más que llegó con los elementos aportados por la PF fue a solicitar el arraigo. Y lo hizo sin reparar que ya se han girado otras órdenes de aprehensión por el mismo delito contra otras personas.

Por su parte, y a fin de asegurar su preponderancia en ese caso de trascendencia nacional e internacional, la Secretaría de Seguridad Pública actuó como supervisora del Ejército y calificó de maniobra de contrainformación de la delincuencia el haber puesto en manos de militares a otro presunto responsable de aquel crimen colectivo, capturado a su vez por delincuentes. Es decir, el Ejército quedó en ridículo para privilegiar una versión que nadie garantiza corresponda con la verdad. Y todavía hay quien acusa de ingratitud a Sicilia al demandar la renuncia de García Luna, no obstante que su gente avanza en el esclarecimiento del crimen que más le importa ahora. No puede haber ingratitud donde no hay favores, y menos cuando puede tratarse de encubrir a los verdaderos autores del homicidio múltiple.

Los motivos para demandar la separación de García Luna de su cargo llenarían un volumen completo. Desde antes de ser miembro del gabinete de Calderón fue señalado por cometer o encubrir actos delictuosos. Como funcionario medio de la Policía Federal Preventiva fue objeto de un señalamiento formal por gastos indebidos, y al convertirse en director de la Agencia Federal de Investigación se multiplicaron los casos en que solapó a agentes bajo su mando metidos en problemas serios, como el asesinato de Enrique Salinas de Gortari.

Ya como Secretario de Seguridad Pública, rodeado de un círculo de antiguos compañeros, ha sido errático en la organización de las oficinas a su cargo. Una razón de ese descontrol es el amiguismo, que ha derivado en mal fario en la jefatura de la Policía Federal, pues sus comisionados han sido asesinados o están presos. También lo está el comandante Javier Herrera Valles, que cometió el grave delito de denunciar a García Luna ante su jefe Calderón y por eso se le procesa.


Cajón de Sastre

Antes de emprender un nuevo viaje internacional, esta vez a Estados Unidos, en que no se encontrará con el reciclado Presidente Obama, Felipe Calderón se refirió personalmente, no a través de un seco boletín de prensa, a la Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad que culminó el domingo con una magna concentración en la Plaza de la Constitución. Dijo estar en posición de dialogar con los organizadores de la caminata, para escuchar sus razones y para que juzguen las suyas. En un giro de su exposición, sin embargo, pareció indicar que el diálogo que imagina y al que convoca sería con sus colaboradores y no directamente con él. Sea lo que sea, es improbable que Javier Sicilia, que ya se encontró antes con Calderón, aceptara una nueva cita con el Presidente si antes no responde a su pedido inequívoco sobre Genaro García Luna.


miguelangel@granadoschapa.com


¿Debe irse Calderón?



¿Debe irse Calderón?

Eduardo R. Huchim
10 May. 11 El Norte


La sangre derramada, la desestabilización social, la corrupción, la impunidad, la pobreza extrema, el empecinamiento en una guerra imposible de ganar... claman por un cambio inmediato, urgente. Por eso es relevante el documento de seis rubros presentado el domingo en el Zócalo capitalino al culminar la marcha por la paz.

Además del escrito, el Gobierno debe tomar nota de una exigencia clamorosa de muchos de los marchistas. No se trata de la renuncia de Genaro García Luna planteada por Javier Sicilia -quien con ello restó visibilidad al pliego petitorio- sino la de Felipe Calderón, exigida con indignación por el gentío e incluso frenada por el propio poeta: "No queremos más odio". Sería insensato no darle importancia a tal demanda, porque es previsible su intensificación si no hay un replanteamiento de la lucha contra la delincuencia organizada que devuelva al Ejército a sus cuarteles y cambie la estrategia de sangre y fuego.

Resulta evidente que no es sensato, sino muy riesgoso, mantener a México en la situación actual que el Presidente se empeña en continuar. Es claro que Felipe Calderón debiera dejar la Presidencia, pero es claro también que, como solución, tal cosa no sería suficiente y, por ahora, tampoco viable. Si se fuera el Presidente, ¿debería permanecer un Congreso secuestrado por un grupo de legisladores priistas que siguen directrices del Gobernador mexiquense? ¿Debería permanecer intocado el Poder Judicial donde se ubica un Tribunal Electoral sumido en la parcialidad y la frivolidad? ¿Debe olvidarse a los Gobernadores que han convertido en tierra feudal a sus entidades y en subordinados a sus aparatos legislativo y judicial?

¿Quién podría operar un dramático descabezamiento de los poderes federales y estatales? ¿Un mesías iluminado con látigo en mano? ¿Un líder revolucionario con credo socialista? ¿Un dirigente de "El Yunque"? ¿Y quién encauzaría el caos político que necesariamente se generaría, aun si el único dimitente fuera Calderón?

Si no estamos ya inmersos en ella, sí nos hallamos cerca de una situación límite que exige soluciones radicales. ¿Qué hacer entonces? No puedo sino recordar una vez más la sabia máxima campirana: "con estos bueyes hay que arar... aunque el barzón esté roto". Expresado menos coloquialmente, puede no irse nadie de inmediato para evitar una crisis constitucional e institucional, pero sí se precisa que todas las fuerzas políticas se reúnan en breve plazo para diseñar un verdadero pacto nacional incluyente con una agenda encaminada a:

1) Emprender un combate real anticorrupción en los altos niveles de los sectores público y privado, no contra policías de campo sino primero contra los altos jefes; no contra narcomenudistas sino contra banqueros y financieros dondequiera que estén si se asocian con delincuentes; no contra los policías municipales sino contra los Gobernadores, a quienes se les probara complicidad con la delincuencia organizada.

2) Aplicar la Convención de Palermo (formalmente Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Transnacional Organizada), suscrita por más de 120 países, México incluido.

3) Estudiar la posibilidad de legalizar la producción, transporte, comercio y consumo de las drogas hoy prohibidas, comenzando por la mariguana.

Por supuesto, un programa así no figura en la agenda de nadie en el sector público. Más aún, pese a la marcha y sus demandas, lo más probable es que todo siga igual. Pero suponiendo que se fueran Ejecutivo, Legislativo y una parte del Judicial y de los poderes estatales, ¿quién se quedaría -insisto- a encauzar la crisis?

Por ello la nación está entrampada. Por ello se precisa una fuerte reacción de la clase política encabezada por el Presidente. Se necesitan golpes de timón efectivos y no efectistas ni gatopardistas. Si no se producen, es posible el aceleramiento de la insurgencia civil que ya se asomó a las calles capitalinas y que puede agudizar el repudio centrado en la figura presidencial.


Omnia

A pesar del enorme costo en vidas, dinero y estabilidad para impedir que las drogas fluyan a Estados Unidos, los estadounidenses tienen una imagen negativa de México. De acuerdo con la encuesta anual Gallup World Affairs, México se ubica en la media de la tabla que incluye 21 países, con un 45 por ciento de aprobación positiva, muy por debajo del 74 por ciento que obtuvo en 2005. ¿Razones?: migración ilegal y "quizá" violencia asociada al narco.


omnia08@gmail.com


Anabel Hernández y Genaro García Luna


Anabel Hernández y Genaro García Luna

Miguel Ángel Granados Chapa

MÉXICO, D.F., 9 de mayo.- Valiente en vivo como por escrito, la periodista Anabel Hernández clamó el miércoles pasado por la seguridad necesaria para ejercer su oficio, y por la solidaridad de sus compañeros. Está amenazada de muerte. Ella, y su familia. Y dispone de información puntual de cómo el secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, a quien citó por su nombre, ha dispuesto eliminarla, harto de la información sobre sus nexos con la delincuencia organizada y la actividad ilícita de la plana mayor que lo acompaña desde sus días en la Policía Federal Preventiva.

La periodista hablaba en el foro Impunidad como Limitante de la Libertad de Prensa…, organizado por la representación de la ONU en México y por el Senado de la República. El espacio en que hacía la denuncia, el patio de la ya exsede de esa cámara, se hallaba muy poco poblado en ese momento. Tras el acto inaugural, se habían retirado los representantes de los organizadores. La voz de Anabel Hernández parecía no tener eco. No lo tuvo allí, ante el monumento a Belisario Domínguez, y no lo tuvo en los medios, ni ese día en los electrónicos, ni al día siguiente en los impresos. Ningún órgano de difusión, entre los muchos que signaron el Acuerdo para la Cobertura Informativa de la Violencia, recogió la denuncia de la periodista. Nadie tuvo presente que el noveno de los criterios editoriales de ese acuerdo dispone “solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros o medios”. Aun los que tomaran demasiado al pie de la letra el que la solidaridad debe producirse cuando los amagos provengan de la delincuencia organizada podrían negar que el talante de García Luna para ese y otros efectos se asemeja a los de esa fuente de peligro.

Anabel Hernández hizo ya la denuncia en diciembre pasado, al presentar en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara su obra Los señores del narco. También presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que concedió crédito a sus temores y gestionó medidas cautelares. Pero la amenaza no cesa. Y ya ha tenido, aunque en forma indirecta, expresiones concretas de lo que puede ocurrirle.

El 28 de noviembre pasado este semanario presentó un adelanto de Los señores del narco. El primero de diciembre siguiente, en vísperas de la presentación del libro en la FIL tapatía, Televisa fue el canal escogido por el gobierno para castigar ese atrevimiento de la periodista, de editorial Grijalbo y de Proceso. Un delincuente convertido en testigo protegido, que sirve lo mismo para un barrido que para un fregado, apareció en la pantalla señalando al reportero Ricardo Ravelo y a la revista misma de recibir dinero del narcotráfico. Es parte de una estrategia vengativa. Se comienza por debilitar el prestigio de un medio o de una o un reportero para dar paso después a acciones directas, las que teme caigan sobre ella Anabel Hernández.

La reportera ha fijado largamente su atención en García Luna, desde que era director de la Agencia Federal de Investigación y para congraciarse con la primera dama Marta Sahagún llegaba a Los Pinos con portafolios repletos de regalos que no osan decir su nombre (Fin de fiesta en Los Pinos.) Su mirada sobre el ahora secretario de Seguridad Pública se afinó al escribir Los cómplices del presidente. La portada del libro, aparecido en 2008, los mostraba sin embozo: flanqueando a Calderón aparecen Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación a la hora de su muerte, y García Luna, cuya permanencia resulta inexplicable, salvo para quienes en esas páginas han leído las motivaciones que da la periodista a la complicidad entre el secretario y el presidente.

En sus trabajos para Reporte Índigo, la revista electrónica que dirige Ramón Alberto Garza, Anabel Hernández ha descrito el enriquecimiento de García Luna, inexplicable a la luz de sus ingresos regulares en el cuarto de siglo en que ha sido servidor público. La capacidad de ahorro de un funcionario excepcionalmente bien pagado no es suficiente para consolidar una fortuna inmobiliaria como la del antiguo director de la AFI.

Los señores del narco, como se aprecia desde la portada, está dedicado sobre todo a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, pero en el libro abundan las referencias puntuales a García Luna. Le corresponde una parte de responsabilidad en la huida del ahora primer capitán del narcotráfico en México, porque en su área cuando era alto funcionario de la PFP, con funciones de vigilancia penitenciario, estaban las cámaras que no fueron capaces de registrar los movimientos del sinaloense en su camino hacia la calle, de que goza desde hace ya más de 10 años. El director del penal de alta seguridad del que se fugó El Chapo, Leonardo Beltrán Santana, a quien se imputó responsabilidad en la escapatoria, está igualmente libre desde junio pasado, por decisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, que depende de García Luna.

Éste “ha tratado a toda costa –escribe la periodista en Los señores del narco– de que los casos contra su grupo no trasciendan. En la SIEDO hay una pila de expedientes que duermen el sueño de los justos con imputaciones directas contra él y su equipo por sus presuntos nexos con la delincuencia organizada; la PGR se ha negado a entregarlos; ni siquiera permitió que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública les echaran un vistazo. Se entiende por qué”.

También se rehúsa a informar sobre el número de averiguaciones previas abiertas contra García Luna entre 1999 y 2008. “En enero de 2009 –dice Anabel Hernández– el IFAI resolvió un recurso de inconformidad interpuesto porque la PGR se había negado a dar la información. El instituto ordenó a la procuraduría que entregara el expediente, pero hasta el cierre de la edición de este libro la procuraduría no había cumplido con la orden”.

La tenacidad inteligente de la periodista incomoda y, más aún, irrita al secretario García Luna. Frente a sus amenazas, ella requiere solidaridad del gremio y seguridad para el ejercicio de su oficio. En el antiguo Senado reprochó a las agrupaciones de periodistas, y a todos quienes a ese oficio se dedican, el limitarse a contar periodistas muertos. Es preciso evitar que mueran. Tiene razón Anabel Hernández, quien debe saber que no está sola.



Enseñó el cobre. Un medio del Estado para Calderón



Enseñó el cobre

Felipe Díaz Garza
9 May. 11 El Norte


Hace un año, el Presidente Calderón dio madruguete con un decreto de su invención, el de la creación del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales (OPMA). Digo madruguete porque el decretazo salió al aire el 31 de marzo del año pasado, justo al arrancar la temporada vacacional de Semana Santa, por lo que tuvo muy poco impacto ante la opinión pública.

El nuevo órgano tendría como objetivo generar, producir y distribuir contenidos audiovisuales, prestar servicios de radiodifusión y colaborar con canales y frecuencias de la Administración Pública Federal a través del suministro de contenidos educativos, deportivos, culturales, de recreación y entretenimiento que puedan ser difundidos entre la población. También se decretó que el Secretario de Gobernación presidiría la Junta de Gobierno del OPMA y que dicho organismo tendría la obligación de "fomentar los valores y creatividad artísticos nacionales".

Pues ahora resulta que el subrepticiamente decretado OPMA ha sido subrepticiamente redesignado, ahora en medio de la temporada pascual vacacional de 2011, como cabeza de playa en una nueva guerra del Presidente Calderón, la que libra por la conquista del mercado televisivo.

Esta campaña la inició Calderón el 26 de este abril con un proyecto de inversión que envió a la Secretaría de Hacienda, para dotar al Canal 11, alguna vez el canal del Poli, pero hoy operado por OPMA, con más de 528 millones de pesos para ampliar su cobertura a 76 por ciento de la población del País, a partir de un supuesto, quizás muy menor, 50.7 por ciento de cobertura actual. La inversión estará dirigida a construir desde 19 estaciones repetidoras y complementar tres en construcción desde el 2010, que se sumarían a 28 que ya transmiten la señal de Canal Once.

El tal proyecto de inversión apunta que "una mayor competencia en el mercado de televisión abierta, por ejemplo mediante una tercera cadena con cobertura nacional, como la que intenta desarrollar OPMA al acrecentar sus repetidoras, reduciría las externalidades negativas". Las "externalidades negativas" a que se refiere incluyen "freno al desarrollo democrático" y "obstáculos a la fidelidad y veracidad de la información transmitida", y derivan de la concentración del mercado en sólo dos cadenas, las de Televisa y TV Azteca.

Es transparente la intención de Calderón de pelear en 2012 la madre de todas las batallas por la Presidencia de la República. Para eso quiere un Canal Once de hipotética proyección y penetración nacionales, para competir por la Presidencia contra el duopolio, virtualmente convertido en monopolio, que forman Televisa y TV Azteca, ése sí una televisora, aunque nos duela, de verdadera proyección y penetración nacionales.

Mas hay una segunda lectura de la intención presidencial. Si Calderón se apodera del 11 para convertirlo en una versión libre de Televisa-Azteca, si logra sacar a éstas del juego y si su monopolio televisivo logra ganarle las elecciones al duopolio devenido en monopolio, entonces tenemos dictadura para rato. Esto vale también si Calderón pierde las elecciones, pues Peña Nieto dispondrá así de su asociada Televisa-Azteca y su propio monopolio televisivo de Estado, que le habrá regalado el PAN.

Al reconcentrar el mercado nuevamente en una sola cadena, la del decreto de Calderón, que tendría poder legal gracioso sobre las otras dos, tanto como para estatizarlas o simplemente desconcesionarlas, la nueva cadena permitiría al todavía Presidente y a sus sucesores, si los hay, ejercer la vocación autoritarista del Gobierno, para poner o volver a poner "freno al desarrollo democrático" y "obstáculos a la fidelidad y veracidad de la información transmitida", que es lo mismo, pero peor, que donde estamos ahora.

La televisión manipula, dicta conductas, impone cartabones y normas, establece parámetros e idiotiza, usted lo sabe muy bien pues tiene sobrados ejemplos en casa de ese poder, tan irresponsablemente usado por Televisa, por TV Azteca y por todos sus colegas del espectro televisivo y radiofónico. Hay que quitarles ese poder a los duopólicos devenidos en monopólicos. Pero no podemos entregárselo a otro enemigo declarado de la inteligencia, la libertad y la democracia, que eso es vocacionalmente el Gobierno, el Gobierno de aquí, de allá y de donde sea.


diazgarza@gmail.com


lunes, mayo 09, 2011

La Marcha en Monterrey

Una convocatoria mayor a la usual por estos lares; así estuvo la explanada , no llena, todavía no, ojalá algún día. Nos preguntábamos cuántos éramos: algunos dijeron 500, otros 700 (las dos cifras que manejaron al día siguiente los diarios de la localidad), algún optimista habló de más de mil. No tanto, pero ¿importa? En esta ciudad tan hostil a casi cualquier movimiento, tan acostumbrada a que no la molestes de esa modorra tan crónica (será por ese sol que agobia y debilita? ), será que el adoctrinamiento resultado de la dominación ideológica-económica de los grupos capitalistas locales permanece tatuada en las conciencias de la población? aceptaremos que es por el miedo a protestar para ya no tener miedo?


Ninguna de esas razones o todas ellas, lo cierto es que en una ciudad lastimada por gobernantes y delincuentes, se ha ido generando -como lo previó el gobierno federal- la aceptación a la presencia del ejército como el salvador de la nación. Si lo dudan, basta ver una encuesta de Milenio sobre si debían volver a sus cuarteles los militares; a mediodía los resultados eran 16% que sí, 84% que no. También está lo que los noticieros difunden sobre la exposición montada por la Sedena y los pequeñines que quieren ser soldados.

Dentro de la misma marcha y concentración, se notaba quien ponía cara de azoro ante algunas consignas, gritadas o en pancartas, sobre el ejército. Incluso acerca de cualquier consigan, los nuevos, los primerizos en estas lides, sopesando si no eran desaforadas las exigencias. La insistencia de algunos en autoresponsabilizarse del estado actual de cosas y generalizar, igual que el gobierno, que la responsabilidad es de todos. Sí y no. Hay de grados de responsabilidad a grados de culpabilidad.

En fin, heterogénea, plural, emotiva por la presencia y participación de los familiares de Gaby Pineda, la estudiante de Psicología arrollada por la patrulla de un policía ejecutado, de madres o hermanas de desaparecidos a quienes las autoridades no buscan, porque para esas autoridades los desaparecidos son seres anónimos, deshechables.

Rica y esperanzadora marcha por tener en su seno a muchos jóvenes, no los suficientes aún, pero ojalá sea sólo por ser el inicio. Aún cuando algunos quieran guardar la compostura en tiempos en donde toda compostura se ha perdido y no tiene sentido aparentar, mientras que otros proclamen el derecho a marchar libres, sin cordones, sin reglas fijadas para no molestar. Pero si los molestos somos nosotros, la población! Ojalá vaya no importando quien vaya delante, si todos vamos al mismo lado. Hay mucho camino, en distancia, compromiso, aprendizaje, experiencia.

Sigamos teniendo esperanza, aunque a veces sea difícil sustentarla. Trabajo sobra.


Para las fotos, los remitimos al siguiente link:

http://www.15diario.com.mx/15diario/11/05/110509/9marcha.html

Carta Abierta del Comité 68 a Javier Sicilia






De Guerra contra las Drogas a Guerra contra los Jóvenes


C. Javier Sicilia

Compañero:


El propósito de esta Carta Abierta es refrendar nuestro compromiso solidario con la iniciativa de movilización social para reclamar el cese de la violencia de la manera en que la estás conduciendo, y también para considerar y potenciar tu participación y buenos oficios para avanzar en un reclamo político generalizado respecto a la necesidad de unificar las estrategias y acciones de la sociedad en los asuntos de Seguridad y Justicia. En otras palabras, te solicitamos incluir en tus iniciativas y propuestas, al menos en calidad de alternativas, las propuestas que aquí esbozamos, que no son las únicas, pero sí las que en estas circunstancias consideramos las más pertinentes. Para estos efectos adelantamos las siguientes consideraciones:


A pesar de haber sido desatada desde hace seis años la Guerra contra las drogas, a pesar de miles de muertos registrados y de decenas de miles de presos y detenidos acusados de delitos contra la salud, a pesar de decenas de operativos políticos contra autoridades municipales y estatales en entidades del país, contra instancias gubernamentales y de acciones de violencia contra funcionarios en lo individual, de incidentes fronterizos, de ataques a oficinas consulares, y agentes extranjeros; la guerra no sólo no termina, no cesa, sino que se está extendiendo y transformando peligrosamente en una guerra contra los jóvenes en general.

Observamos cada vez con mayores evidencias que se han estado encubriendo como problemas de seguridad pública, (secuestros, robos, asesinatos) políticas y acciones relativas a la seguridad nacional de Estados Unidos con el eufemismo de la seguridad conjunta de ambos países. Los instrumentos y compromisos del maridaje entre ambos gobiernos son exactamente la Iniciativa Mérida, el ASPAN, y la re funcionalización y reconceptualización de la Policía Federal según el modelo de la Ley Patriótica de los Estados Unidos, implementada en México por el secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.


Para decirlo crudamente, el problema principal de la violencia ha sido que los diferentes partícipes y actores nacionales de esta problemática hemos sido involucrados, arrastrados, y en varios casos manipulados, en mayor o menor grado, en una serie de acciones de violencia, en una guerra, cuyos propósitos no son los que se han declarado y reconocido, sino otros distintos, que corresponden a los intereses de Estados Unidos. En efecto, México no es, como se ha pretendido, un Estado fallido, sino un Estado intervenido a tal grado que está perdiendo aceleradamente su condición de independencia y verdadera soberanía. De lo señalado abundan evidencias en los casos del operativo “Rápido y Furioso”, de la renuncia del embajador norteamericano Carlos Pascual, y hasta de las semejanzas de operaciones encubiertas norteamericanas en Libia y en el asesinato cínicamente admitido de Osama Bin Laden.


Los “diagnósticos” oficiales (Alejandro Poiré y analistas diversos), no explican de manera convincente lo que está sucediendo y en cambio apuntan a involucrar en más acciones de violencia a nuevos sectores y segmentos de la juventud.


Las masacres de migrantes no tienen explicación en la teoría de las “bandas de narcos” enfrentados por el control de plazas y rutas de tráfico de drogas.


Los feminicidios en la frontera y en el resto del país, tampoco se han podido explicar de esa manera.


Los sangrientos ataques a grupos de jóvenes en sus propias escuelas, espacios domiciliarios o de recreación, fiestas o campos deportivos, no se pueden explicar por pugnas entre “narcomenudistas”.


Los discursos de falsa preocupación por la situación de los “Ninis”, en cambio, más parecen justificaciones sociológicas o adelantadas de más violencia anti juvenil.


Los problemas de la juventud y la política del gobierno


Desde otro punto de vista, todos sabemos y estamos de acuerdo en que para millones de jóvenes mexicanos, para todos ellos, sus problemas verdaderamente sustanciales presentes y futuros son:

Las carencias de Educación (adecuada y oportuna), las mínimas o nulas posibilidades de Empleo (digno, seguro y bien remunerado, presentes y futuras) y el deterioro de condiciones e instituciones capaces de brindar un mínimo requerido de seguridad integral (fundamentales para sustentar una realista confianza en el futuro).


Ante este panorama es urgente la movilización de la sociedad entera para impulsar y establecer acciones y políticas que reviertan el proceso de violencia y degradación social que se está viviendo. Sabemos que la reconstrucción de un ambiente político, económico y social positivo puede llevarse varios años de esfuerzos sostenidos, y que las medidas conducentes a ese objetivo, vistas de manera aislada pueden ser notoriamente insuficientes, pero todas las propuestas de medidas para arribar a ese fin, deben de implementarse de inmediato.


Con esos propósitos, proponemos al Estado Mexicano, en todos sus poderes y niveles, y a los poderes fácticos, económicos, de medios de comunicación, de iglesias y de organizaciones políticas y sociales, impulsar de inmediato las siguientes medidas que vienen a constituir un programa de acciones de la sociedad:


Apertura total a la matrícula demandada en todas las escuelas de enseñanza media y superior (Programa Nacional de Rechazados Cero), utilización intensiva de las instalaciones, restablecimiento de turnos vespertinos y nocturnos, programas de financiamiento al gasto corriente de los establecimientos educativos, reconocimiento oficial a los estudios realizados.


Programas nacionales con el objetivo de alcanzar el pleno empleo. Reducción de la jornada legal de trabajo, con aplicaciones inmediatas en sectores sujetos a sobreexplotación laboral, mineros, conductores y choferes de medios automotores, cancelación de los programas de doble jornada (Carrera magisterial de doble turno) y desdoblamiento de plazas. Obligatoriedad de seguridad social y prestaciones en todas las empresas, en particular aquellas que trabajan bajo el esquema de subcontrataciones.


Medidas legales para disponer y dar utilización productiva a bienes inmuebles desocupados, intestados y/o subutilizados al extremo como son las residencias vacacionales de súper lujo, que rara vez se utilizan más de dos semanas al año, para destinarlos a empresas cooperativas, como clínicas, laboratorios, institutos, escuelas, cocinas o restaurantes populares, etc. Las rentas estratosféricas de locales son el principal obstáculo para la viabilidad de miles de actividades económicas posibles y una fuente de inflación.


Amnistía y liberación inmediata de todos los presos procesados por delitos contra la salud, que no estén acusados de delitos graves, mediante un procedimiento de aval social consistente en un cierto número de firmas de vecinos declarando simplemente que se conoce a la persona que reclama ser amnistiada. (Se estima que pueden ser liberados más de cien mil presos por responsabilidades menores con este procedimiento).


Debate nacional, en el espacio del Congreso, de los temas de seguridad y justicia para documentar inequívocamente la autoría de los diagnósticos, las propuestas y posibles implicaciones que los diferentes analistas y fuerzas políticas del país, determinantes de las políticas públicas aplicadas, están considerando para el efecto. Nada de acuerdos ocultos en temas y políticas de seguridad y justicia. Información completa, objetiva e irrestricta de todo lo relacionado con estos temas.

Como no es previsible llegar a acuerdos consensuados con todas las fuerzas involucradas en los temas de seguridad y justicia, al menos debe explicitarse públicamente el diagnóstico, las posiciones y la intención de cada una de ellas en esos temas.


Reactivación de procesos penales y de de procuración de justicia, reclamados incluso por tribunales e instancias internacionales como los correspondientes al caso del 10 de junio de 1971.


Por último queremos resaltar que dentro de pocas semanas se cumplirá el 40 Aniversario de la brutal agresión genocida perpetrada por el gobierno y el Estado el 10 de junio de 1971 en el barrio de San Cosme en contra de los estudiantes movilizados por demandas y reclamaciones democráticas.


Como se sabe, la reclamación de justicia, denegada en México ha sido llevada a instancias y tribunales de justicia internacional, en donde se han emitido pronunciamientos y resoluciones condenatorias al Estado Mexicano. El plazo de gracia de un año concedido al Estado mexicano para

informar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las medidas tomadas o en curso para cumplir con los puntos de la sentencia se ha agotado sin que se registre ninguna acción relevante.


Exigimos a la PGR la inmediata reapertura de juicios en los que está involucrado el ex presidente Luis Echeverría a quien consideramos responsable de delitos de genocidio, contra la salud, por su participación en el llamado Festival de Avándaro, su reconocida participación como agente de la CIA y prófugo de la justicia mediante la complicidad de jueces corruptos que han dictado cínicamente resoluciones y recursos a modo de beneficiarlo.


Todas estas medidas, de instrumentación inmediata por los diferentes actores, buscan sentar las bases de una recomposición profunda del tejido social, mediante la movilización y la concertación democrática y participativa de toda la sociedad mexicana, sacando al país de la deriva militarizadora de la vida nacional que hoy nos sume en la violencia, la impunidad, la denegación de justicia y la devastación de lo más preciado que tiene México: su juventud.


¡2 de Octubre, 10 de Junio y Guerra Sucia, No se Olvidan!

Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles

Todos a la marcha conmemorativa del

40 aniversario del 10 de junio de 1971


Comité 68, Raúl Álvarez Garín Félix Hernández Gamundi, Jesús Martín del Campo, Carlota Botey, Carolina Verduzco, Ana Ignacia Rodríguez, Humberto Campos, Pastora del Moral, Enrique Cortés, Leopoldo Ayala, Francisco Huerta, José Luis Cerrada Myrtokleya González, Adriana Luna Parra, Alejandro Álvarez , Margarita Castillo, Oscar Menéndez, Roberto Sánchez, Arnulfo Aquino, Jorge Pérez Vega, Luis Tuñón, Lucy Castillo.


Se adhieren solidariamente a este documento: Nacidos en la Tempestad, Afadem, Limmedh, Fundación Diego Lucero, Coordinadora Metropolitana contra la Militarización del País (COMECOM), CEM, Dip. Gerardo Fernández Noroña, Dip. Jaime Cárdenas, Gral. José Francisco Gallardo, ANAD, SME.

México, D.F. a 8 de mayo de 2011.