miércoles, diciembre 26, 2007

Ley de la Familia: la marca de la reacción

Editorial

El gobernador de Nuevo León, José Natividad González Parás, vetó el lunes la llamada Ley de la Familia impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local y aprobada la madrugada del sábado. Entre otras cosas, la polémica normativa define al matrimonio como la “unión del hombre y la mujer”, plantea que la familia es una “institución de carácter natural”, establece la responsabilidad del Estado para defender “el matrimonio tradicional y sus valores” y, para tal efecto, promueve la creación de un instituto estatal de la familia. Al respecto, González Parás argumentó que la ley atenta contra la facultad exclusiva del Poder Ejecutivo de crear dependencias y entidades de orden administrativo, como el mencionado instituto, el cual además duplicaría las funciones del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia e invadiría distintas atribuciones de las dependencias ya existentes, como las secretarías de Salud, Educación y Desarrollo Social. Asimismo, el gobernador subrayó la falta de consenso con respecto a la ley dentro y fuera del Congreso, por lo que consideró imprescindible “que se haga una amplia consulta a la población y no se dejen fuera los derechos de nadie”.

Debe reconocerse la pertinencia del veto del mandatario nuevoleonés a una ley que, por decir lo menos, es excluyente y absurda, y que, como lo ha señalado ya la Cámara de Diputados mediante un extrañamiento emitido al Congreso de Nuevo León, es contraria a las garantías individuales establecidas en la Constitución, al discriminar a las personas que no encajan en los patrones de la familia tradicional, especialmente a las madres solteras. Además, al pretender la inclusión de miembros de asociaciones religiosas en el órgano directivo del instituto citado, se estaría consumando un duro golpe en contra el Estado laico. En tal contexto, lo menos que podía esperarse es que el gobernador de Nuevo León hiciera uso de su facultad constitucional y vetara la normativa.

En las últimas décadas, la sociedad mexicana en su conjunto ha experimentado cambios importantes en materia de ejercicio y defensa de las libertades ciudadanas, situación que ha alcanzado una de sus expresiones más acabadas en la capital del país: el reconocimiento y las exigencias de una ciudadanía plural y tolerante como la capitalina ha sido un factor fundamental para consolidar una modernidad social y legislativa en el Distrito Federal, y adecuar el marco jurídico vigente a una realidad social mediante leyes como la de Sociedades en Convivencia, la despenalización del aborto y la recién aprobada Ley de Voluntad Anticipada. En Nuevo León, sin embargo, pareciera que las decisiones del Congreso estatal no sólo no se ajustan a las condiciones que demandan las sociedades en la actualidad, sobre todo en temas como el ejercicio de la sexualidad y la planificación familiar, sino que buscan imponer visiones retrógradas y contrarias al interés común, como ocurre con la Ley de la Familia.

Por cierto, no resulta extraño –aunque sí lamentable– que el partido en el poder reafirme, con posturas como la que subyace a la normativa referida, su carácter moralista, ultraconservador e intolerante: el mismo talante han revestido, por ejemplo, las desafortunadas declaraciones hechas en agosto pasado por el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en el sentido de que proporcionar anticonceptivos a los jóvenes equivale a que el Estado pague “las chelas y el motel”, y los cavernarios argumentos antiabortistas del PAN capitalino.

En suma, cabe esperar que el veto del gobernador nuevoleonés sea atendido por los legisladores panistas, para que éstos revisen y den marcha atrás con ese engendro legislativo aberrante. La población, por su parte, debiera rechazar cualquier tipo ley que, como la que se comenta, implique un retroceso jurídico y el desconocimiento de la soberanía ciudadana en ámbitos que deben ser estrictamente de la libertad individual, al margen de los poderes externos –seculares o religiosos–, en tanto que no se afecten los derechos de terceros.

lunes, diciembre 17, 2007

UNA REFORMA LLEVA A LA OTRA (HELGUERA)

TODOS PARA NI UNO (ROCHA)

La reforma judicial abre la puerta a “prácticas de asalto”, advierte ONG

-Carece de mecanismos para controlar nuevas facultades de policías: IMDHD.

-Legaliza la detención de una persona más allá del término constitucional de 72 horas.

Por Víctor Ballinas

El Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) se sumó al rechazo generalizado de la reforma constitucional en materia penal por considerar que permitirá a agentes policiacos allanar “cualquier domicilio sin que cuenten con una orden judicial”, bajo el supuesto de que existe flagrancia o que la vida de una persona está en peligro.

Debido a las condiciones que imperan en el sistema de justicia mexicano y a la impericia de los cuerpos de policía, esas facultades para allanar domicilios “pueden llegar a conformar prácticas de asalto” y afectar libertades y derechos consagrados en la Constitución, “todo ello sin que exista una orden judicial”.

Rocío Culebro, directora ejecutiva del IMDHD, comentó que la reforma debe centrarse en el combate al delito y en garantizar el respeto de los derechos humanos. Para lograr ese fin es fundamental crear mecanismos de control que permitan generar contrapesos legales a las “amplias facultades” que se otorgaron a policías y Ministerio Público.

Sin embargo, señaló, la reforma aprobada carece de esos controles, lo cual “constitucionaliza” situaciones altamente preocupantes y lesiona principios universales de derechos humanos, como la presunción de inocencia y el debido proceso.

Otra preocupación del organismo es la inclusión del arraigo, “que ya fue declarada inconstitucional” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) porque afecta “gravemente” la libertad individual de las personas. En esencia, añadió, con esa figura se legaliza la detención de una persona por un periodo superior a 72 horas, quedando a cargo del Ministerio Público para “perfeccionar la averiguación previa”.

“Eso no es sólo un contrasentido, sino una práctica violatoria de la presunción de inocencia. Tal como se integró en la reforma aprobada, la figura (de arraigo) no se utiliza como medida cautelar, sino como una decisión anticipada y un presupuesto de culpabilidad”, sostiene Culebro.

“Es evidente que un Estado democrático, respetuoso de los derechos humanos, no puede justificar de ninguna forma una detención con fines exclusivos de investigación y menos por un plazo que puede prolongarse hasta 80 días; esa situación pone en entredicho absoluto la presunción de inocencia.”

Delitos mayores

La representante del IMDHD resalta que el proyecto de reforma contiene una modificación al artículo 19 de la Constitución que faculta a los jueces ordenar “siempre” la prisión preventiva en casos relacionados con la delincuencia organizada, homicidios dolosos, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos (armas y explosivos), así como situaciones que pongan en riesgo la seguridad nacional.

El organismo señala que con esa modificación se contradice el espíritu de los instrumentos internacionales de derechos humanos, “pues al definirse una serie de conductas penales en las que siempre prevalecerá la imposición de la pena preventiva de la libertad se avanza en contravía de la finalidad preventiva de la detención, por lo que puede prolongarse de forma excesiva, configurándose así una condena adelantada”.

La reforma “puede ser el pretexto para continuar con la criminalización de la protesta social, en tanto que define de manera tendenciosa el concepto de delincuencia organizada, amparándose en una interpretación de la Convención de Palermo de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, de la cual México forma parte”, señala Culebro.

Sin embargo, añade, al contrastar la definición prevista en ese instrumento con la redacción final de la reforma se eliminaron aspectos sustanciales de la convención de la ONU.

La reforma judicial fue aprobada por los diputados el pasado 12 de diciembre por 366 votos a favor, 53 en contra y ocho abstenciones. La propuesta incluye también la aplicación de juicios orales.

Lanzan huevos podridos contra la Corte por el fallo en el caso Lydia Cacho



-Alicia Elena Pérez Duarte dimitió por la actuación de los magistrados.

Patricia Muñoz Ríos y Gabriel León Z.

En repudio e indignación por la resolución emitida el mes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al caso Lydia Cacho –detenida en 2005 por denunciar una red de pederastia–, un grupo de 400 manifestantes, acompañados por unos 60 niños, realizó un mitin frente a la sede del máximo tribunal del país, a la cual lanzaron huevos podridos y vertieron el contenido de botellas de coñac.

Convocadas por Internet y mediante llamadas telefónicas, organizaciones defensoras de los derechos de los menores de edad y de las garantías individuales marcharon de la Torre del Caballito a las puertas de la SCJN, donde colocaron las imágenes de los seis ministros que “absolvieron” al gobernador poblano Mario Marín y los niños les arrojaron por lo menos 10 kilos de huevo.

En medio de denuncias por la “impunidad” que persiste en el sistema de justicia del país y las redes de poder que persisten en detrimento de la mayoría, una mujer que llevaba a su hija de dos años aseguró que la menor fue violada por su padre y pidió el apoyo de la gente para hacer que se hiciera justicia. La respuesta de los asistentes fue inmediata y al grito de “no estás sola, no estás sola”, las muestras de solidaridad afloraron.

En la manifestación, la actriz Jesusa Rodríguez señaló que “es muy claro que en el país el abuso sexual contra menores de edad es un delito común y corriente, que tiene lugar todos los días y que la sociedad permite”.

Expuso que la resolución de la Corte fue emitida “en contra de niñas y niños víctimas de la prostitución infantil y de la violación a los derechos humanos de Lydia Cacho. Queda nuevamente demostrado que no les importa hacer cumplir nuestra Constitución”.

Mi renuncia, por la aberración jurídica: ex fiscal

“Mi renuncia a la Fiscalía para la Atención de Delitos contra las Mujeres fue por considerar que en último momento, de manera inexplicable”, la Suprema Corte cometió una aberración jurídica al emitir su fallo en el caso Lydia Cacho, “toda vez que con su decisión se envía una señal de que no podemos confiar en un sistema de justicia para combatir temas tan lacerantes para la sociedad como es la trata de mujeres y niñas, la pederastia y la pornografía infantil”, afirmó la ex titular del organismo, Alicia Elena Pérez Duarte.

En entrevista, la ex fiscal consideró que el pasado 29 de noviembre los ministros del máximo tribunal del país emitieron “un mensaje de impunidad, de tolerancia a la pederastia y a las violaciones de los derechos humanos de parte de las autoridades” impartidoras de justicia, ya que, agregó, con el antecedente de su fallo “no sé en quiénes vamos a confiar” los mexicanos. “Por eso renuncié, para poder, desde la ciudadanía, emprender la defensa directa de las víctimas ante la procuración de justicia del país, a cargo del Ejecutivo, como de la administración, a cargo del Poder Judicial”, apuntó la ex funcionaria de la Procuraduría General de la República.

Aclaró que su “problema” no es con el Ejecutivo federal, sino con el sistema de justicia del país. “Estoy convencida que los programas administrativos que ha propuesto el presidente Felipe Calderón son posibles, el problema está en la justicia”, matizó.

Informó que “desde la calle” retomará la defensa de los derechos humanos, en especial de las niñas y mujeres, regresará a la academia y si el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la llama para realizar tareas de asesoría, aceptará.

Destaca John Berger la “autoridad sin rastro de autoritarismo” en los zapatistas


La Jornada, lunes 17 de diciembre de 2007

-“Esos pasamontañas, lejos de hacerlos menos humanos, los hacía más”, señala.

-Los integrantes de la junta de buen gobierno de Oventic parecen “encarnar la justicia; no como una forma de castigo, que es el sentido que ha adquirido para los pobres, sino de esperanza”

Por Hermann Bellinghausen (Enviado)

San Cristóbal de las Casas, Chis. 16 de diciembre. Con el saludo más militante que se ha escuchado en este coloquio de la izquierda antisistémica, John Berger hechizó al auditorio de sólo transmitir sus propios hechizos, los que siempre encuentra en el mundo de abajo, pues él mira desde abajo: “camaradas presentes y ausentes”, dijo. Y admitió que él y sus acompañantes, procedentes de la Alta Saboya, a 10 mil kilómetros de distancia, saben que llegaron a un lugar donde, también, “hasta la montaña más pequeña tiene nombre”.

Juntos en su persona el crítico de la visualidad, el narrador y el camarada, Berger relató su encuentro con la junta de buen gobierno (JBG) de Oventic el pasado día 14. Adelantó que su pretensión aquí era limitada. “Todos ustedes saben mucho más de la lucha en Chiapas”. Tan sólo se refirió a esas “cosas que aparecen en el ojo del viajero”, y ofreció un retrato impecable, sobrecogedor, de los cuatro indígenas tzotziles encapuchados, dos mujeres y dos hombres, que lo recibieron en la oficina de la JBG durante una hora. Y describió cuatro cosas que capturaron su atención:

“Tenían autoridad sin ningún rastro de autoritarismo. Y créanme que el autoritarismo, una vez adquirido, esclerosa toda la vida de las personas. Esos pasamontañas, lejos de hacerlos menos humanos, los hacía más. Bien sé aquello de ‘usaron las máscaras para hacerse visibles’. Mas ¿por qué es así? Lo puedes leer en sus ojos. Y los mensajes de los ojos son la menos controlable de las expresiones faciales, y en consecuencia la más sincera”.

En segundo lugar, los indígenas “sabían que decían la verdad, porque no hay una sola verdad. Nada afecta más la calma que decir mentiras, o verdades a medias. Las mentiras producen miedo en quien las dice. En este sentido, ningún miembro de la junta tenía miedo (eran fearless). Y ser así significa que estás muy familiarizado con el dolor”.

“Fatiga que devora el alma”

Tercero, “la resistencia prolongada y el buen gobierno pueden producir fatiga, y la fatiga devora poco a poco el alma como un herrumbre, por lo que hay que admitirla y consolarla. Cuando alguno de la junta no hablaba, pues lo hacía otro de ellos, cerraba sus ojos en un pestañazo de gato, un acto de consuelo sin pretensiones, en respeto a la fatiga”.

Y cuarto: “Para nosotros, confrontándolos sobre su mesa, al exponer la visión política de su situación aquí, y en el mundo, en ese momento representaban la antítesis de todos los discursos políticos de los líderes de derecha e izquierda que vemos día y noche. Esta oposición estaba en sus cuerpos, sus voces, sus ritmos, sus mentes, sus dedos, sus almas. Parecían encarnar la justicia. No como una forma de castigo, que es el sentido que ha adquirido para los pobres en todo el mundo. No castigo, sino esperanza. También se debe considerar que la esperanza no es una promesa, sino energía para la interminable y cotidiana lucha para vivir con un cierto sentido de la dignidad”.

En este punto, anunció que contaría una historia. “¿De dónde vienen las historias?”, se preguntó. Y como mago que lleva una pequeña caja y la abre para sacar otra más pequeña, y así sucesivamente, y de cada una extrae tesoros, relatos, iluminaciones, primero entregó un mensaje desde África, un dicho: “Mientras los leones no tengan historiadores, las historias de caza glorificarán a los cazadores”. Luego, un regalo para el subcomandante Marcos, por hablar de los siete colores y los siete sentidos, recurriendo a un número por el cual muestra predilección: el poema El séptimo hombre (1917), del proletario y poeta húngaro Atila Josef, que ya antes dio a Berger el origen de una de sus obras más notables, Séptimo hombre, sobre los trabajadores migrantes en Europa:

“Cuando debas luchar para sobrevivir/haz que tu enemigo vea siete./Uno lejos del trabajo en domingo/uno empezando a trabajar el lunes/uno que enseña sin que le paguen/uno que aprendió a nadar ahogándose/uno que es la semilla del bosque/y uno a quien protege un salvaje olvido./Pero todas estas astucias no bastan./Tú mismo debes ser el séptimo”.

Una historia llevaba a otra hasta llegar al punto en que, igual que los ancestrales contadores en la tribu humana, Berger anunció finalmente, con malicia: “Okay, storytime”. Entonces leyó una “carta” de un libro inédito donde una mujer le cuenta a su marido, preso político, diversos episodios de la resistencia en un lugar que podría ser Palestina, pero también Atenco o Chiapas. En este episodio, las mujeres enfrentan una columna de tanques de un ejército invasor y descubren cómo, al estar juntas y ofrecer un blanco más grande, son más fuertes. Indestructibles.

Días atrás, durante su visita al caracol zapatista de Oventic, acompañado por Beverly, su compañera, y su amigo Lorenzo, John Berger topó con la serie de fotografías que decenas de fotorreporteros armaron en 2004 y hoy adornan permanentemente la cafetería “Comandante Che Guevara”. Ante una de ellas, donde aparece un compacto muro de mujeres zapatistas, descalzas y con el rostro cubierto, empuñando palos para impedir el paso a una columna del Ejército federal (imagen de Pedro Valtierra en el ejido Morelia), decidió cambiar de planes.

En el coloquio, este mediodía, pudo haber hablado sobre la situación del mundo, el capitalismo, los movimientos, las luchas por la tierra. A la vista de esa foto determinó que leería la carta ficcional de su personaje Aída, bajo el aserto de que “la valentía es hacer un agujero a través del tiempo impuesto sobre nosotros”. ¿Adónde van las historias?, había cuestionado al iniciar su lectura. “Sin ellas no sabríamos cuán ampliamente nuestro gozo y nuestro dolor son compartidos”.

En Oventic, Berger había mostrado un decidido interés en visitar la clínica del caracol: laboratorios, farmacia, consultorio de ginecología, dormitorios. La encontró limpia, sencilla, modestamente equipada, en servicio. “Nada es más conmovedor que esto”, alcanzó a expresar, recordando quizá el hechizo de una de sus primeras obras, la crónica periodística de un médico en las montañas, muy apropiadamernte titulada “Un hombre afortunado”.

Quejas contra legisladores por reforma judicial

El Correo Ilustrado.
La Jornada, 17 diciembre 2007.

Invitamos a la ciudadanía a firmar quejas contra diputados y senadores por la reforma constitucional que permite a la policía entrar a domicilios particulares sin la orden de un juez, y se incomuniquen a las personas detenidas, lo que constituye un golpe artero y mortal a los derechos humanos.

La cita es este lunes a 17 horas en el Hemiciclo a Juárez, Alameda Central. Se continuarán presentando las denuncias el martes a las 14 horas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en Periférico y Luis Cabrera.

Convocan: la Plataforma Constitucionalista y la Coordinación Nacional Pro Derechos Humanos de la APIMAC y el Consejo Nacional de Organizaciones. Mayores informes, con María Teresa Guzzy, Roberto Villaseñor, y Román Díaz Vázquez en los teléfonos 044 55 39 34 45 97 y 044 55 34 77 67 82.

La democracia en pie de guerra de Calderón

Por Carlos Fazio

Bajo la batuta del presidente de Estados Unidos, George W. Bush, el régimen derechista de Felipe Calderón viene impulsando una serie de cambios en la normatividad constitucional sobre seguridad interna, que se encaminan hacia la conformación de un Estado cliente autoritario de nuevo tipo. La más reciente acción es la contrarreforma en materia de justicia y seguridad pública, actualmente en fase parlamentaria, cuya finalidad es construir una legalidad que justifique el accionar represivo del Estado contra la disidencia política y social, acorde con los lineamientos de Washington en la materia.

Con la excusa de la “guerra” al crimen organizado y el narcotráfico, y en abierta complicidad con Estados Unidos, el calderonismo y la “clase política” conservadora están conduciendo al país hacia un Estado de excepción permanente. La imposición de leyes con implicaciones supranacionales al gusto de Washington, que suprimen de facto las distinciones entre los métodos de presión no violentos y los violentos y entre la violencia preventiva y la represiva, e identifica a priori a todos los ciudadanos como “enemigos” o “sospechosos” (ley antiterrorista, arraigos, cateos y allanamientos sin orden judicial, incomunicación de detenidos, intervención de teléfonos y correos electrónicos y otras medidas en camino), está contenida de manera subrepticia en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y sigue los lineamientos de la Ley Patriótica que llevó a una concentración extraordinaria de poderes en el Ejecutivo estadunidense, con impactos en los fundamentos constitucionales de las ramas judicial y legislativa y en relación con las garantías y libertades individuales.

Como parte de un proceso gradual pero persistente, la democracia en pie de guerra de Calderón no significa solamente una fachada de democracia que hace la guerra contra el pueblo (ya que la delincuencia organizada, sea lo que eso signifique, tiene lazos orgánicos con el actual sistema de dominación en México), sino una democracia concebida en función de la guerra de contrainsurgencia. Si la guerra no es actual o no se manifiesta de esa forma en todo el territorio nacional es por lo menos virtual o potencial. De allí la creciente militarización del régimen y el carácter extralegal del nuevo Estado en gestación.

En ese esquema en ciernes –y más allá de las formas seudo o extralegales que adopta el régimen con el apoyo de las elites políticas reaccionarias–, la seguridad no conoce barreras: es constitucional o anticonstitucional. Y como en la vieja doctrina de seguridad nacional, el enemigo es el enemigo interno. O de otra manera: todos aquellos que no pueden demostrar positivamente que son amigos son enemigos posibles. La finalidad primordial de la nueva constitucionalidad es muy clara: colocar la soberanía del pueblo en manos de un Poder Ejecutivo fuerte, respaldado en las fuerzas coercitivas del Estado y amparado por leyes de excepción. Con un agregado: se trata, en realidad, de un régimen surgido de un nuevo fraude de Estado, por lo tanto ilegítimo y débil, que busca legitimarse a la sombra de Washington y de la ASPAN. Es decir, subordinándose a la “dominación de espectro completo” del Pentágono y asumiendo de hecho la extraterritorialidad de Estados Unidos hasta las propias fronteras de México con Belice y Guatemala, y dejando las políticas y acciones de seguridad interna bajo los criterios del Comando Conjunto de Estados Unidos.

En ese contexto, no resulta casual que 61 por ciento de los 500 millones de dólares de “asistencia militar” estadunidense previstos para el ejercicio fiscal 2008 esté destinado a las fuerzas armadas y que en todos sus rubros –incluida la “ayuda” programada para la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, el Cisen, Aduanas y Migración– las asignaciones prioricen los sistemas y equipos de inteligencia, comunicaciones y contrainsurgencia.

Según confirmó aquí en México, en octubre pasado, el ex zar de la inteligencia estadunidense y actual subsecretario de Estado, John Dimitri Negroponte, en el marco de la ASPAN, Estados Unidos y México “compartirán” información de inteligencia en tiempo real. A todo ello se suma, ahora, la instrumentación de las contrarreformas judicial, penal y de procuración de justicia –que homologan las normas vigentes en Estados Unidos– y la reorganización de los cuerpos de inteligencia y las policías de México bajo los esquemas, directrices y supervisión de Washington. Incluida, además, la virtual equiparación de los términos terrorista, narcotraficante y extranjero indocumentado, por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. De tal forma, la regresión autoritaria sienta las bases para un Estado de tipo policial-militar y allana el camino hacia la guerra sucia.

ASPAN: EL VERDADERO PELIGRO PARA LOS MEXICANOS

México, D.F. 15 diciembre 2007.

Atenta invitacion a la Sociedad Civil Mexicana para que asista a la Conferencia que impartira el General FRANCISCO GALLARDO el proximo martes 18 de Diciembre a las 10:45 de la mañana en el CLUB DE PERIODISTAS Calle Filomeno Masta Nª. 8 (Metro Allende 3 cuadras) SALON RENATO LEDUC.

El General José Francisco Gallardo, Doctor en Administración cayó preso en noviembre de 1993, a raíz de la publicación -en la revista Forum- de un extracto de su tesis de maestría que se titulaba Las necesidades de un ombudsman militar en México.
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Por un delito de CONCIENCIA Y OPINION pasó ocho años en la cárcel.
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A sus 60 años de edad, el general disidente se mantiene firme en su demanda de ser reintegrado a las fuerzas armadas y de que el Ejército Mexicano le restituya todos sus derechos conforme a su rango.
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Ninguna disposición del alto mando lo ha hecho desistir de sentirse General, ni de persistir en su objetivo último: abrir brecha para que, algún día, el Ejército sea sometido a Reformas de fondo que lo conviertan en una Institución propia de un Estado moderno y democrático.
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La ASPAN (Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte) es el verdadero peligro para Mexico y l@s Mexican@s, debemos tomar conciencia de lo que esto significa verdaderamente y que ya estamos viendo llegar con estas reformas judiciales, no solo significa la violacion a nuestra intimidad del hogar sino ademas la intervencion de nuestra privacidad de telefonos, correos electronicos, etc, etc, etc. y ademas la presencia permanente de policias extranjeros como si no fuera suficiente con los militares que ya estamos padeciendo.
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Es urgente analizar las estrategias para hacer frente a esta abominable situacion a nosotros y a nuestro querido Pais.
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TU PARTICIPACION ES IMPORTANTE PARA RECUPERAR NUESTRO MEXICO, POR TUS HIJOS, POR TUS NIETOS, POR NOSOTROS.
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Saludos afectuosos
Red de Redes y firmas adherentes
PASA LA VOZ

domingo, diciembre 16, 2007

Jóvenes en Resistencia por la Democracia, realizan brigada de atención médica gratuita en Salinas Victoria.










Jóvenes en Resistencia por la Democracia, realizan brigada de atención médica gratuita en Salinas Victoria.

Monterrey, Nuevo León, México, a 16 de diciembre de 2007.

El Comité de Base del PRD Jóvenes en Resistencia por la Democracia efectuaron hoy una brigada política, complementada con servicios de asistencia médica, reparto de ropa a precio simbólico, haciendo llegar a los habitantes del populoso barrio conocido como El Hormiguero en el Municipio de Salinas Victoria, el mensaje del Presidente Legítimo de México Andrés Manuel López Obrador.

Fueron apoyados por el Presidente del Comité Municipal Aniceto Flores y por los miembros de la Comisión de Resistencia Civil Pacífica en N.L.

Los jóvenes médicos del Comité de Base brindaron consultas, orientación sobre higiene y salud, entregando, cuando fue posible el medicamento necesario para los niños, jóvenes y adultos que aprovecharon la oportunidad de recibir este servicio.

Desde aquí manifestamos nuestro reconocimiento a los jóvenes que integran este Comité de Base deseando que su ejemplo se generalice a fin de que el PRD se convierta en real instrumento al servicio de la Sociedad y logremos que la población del Estado se incorpore y asuma las tareas de defensa a la economía popular y al patrimonio nacional que promueven e impulsan la CND y el Gobierno Legítimo que encabeza Andrés Manuel López Obrador.


viernes, diciembre 14, 2007

Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos

Calderón vuelve a dar a los migrantes categoría de presos.

Critican que ignore propuestas de civiles sobre normas para estaciones de retención

Hay un claro retroceso; con Fox por lo menos había mesas de consulta.

Por: Edgar Cortez y Fabiola Martínez

Organizaciones defensoras de los derechos humanos no han recibido respuesta de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) para revisar el proyecto de normas de las estaciones migratorias que la Secretaría de Gobernación (SG) pretende poner en marcha.

Representantes de organismos no gubernamentales lamentan que el gobierno calderonista no dé pasos para incorporar propuestas de la ciudadanía en el diseño de proyectos.

“El gobierno (actual) está retrocediendo. Incluso, con Vicente Fox había mesas de consulta, pero eso no lo tenemos hoy (…) Nos están tratando como un obstáculo”, señaló Edgar Cortez, coordinador de la Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas.

Once agrupaciones buscan un encuentro con el titular de la Cofemer, Carlos García Hernández, para señalar los aspectos que, a juicio de la sociedad civil, representan un grave retroceso en la operación de las 48 estaciones migratorias que operan en el país.

Este jueves, la representante de Sin Fronteras, Fabianne Vennet, se reunirá con el subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Florencio Salazar, para exponer los puntos de vista de ese organismo internacional.

Sin embargo, comentó Edgar Cortez, desde el pasado 7 de junio hay promesas de encuentros conjuntos, aunque al final del camino las propuestas de los organismos civiles no son tomadas en cuenta, afirmó.

La insistencia en la situación que priva en las estaciones migratorias responde a que con las nuevas normas sólo continuará la violación a las garantías básicas de los indocumentados, pero ahora “ocurrirá al amparo de la ley”.

La SG retiró de su página de Internet el anteproyecto respectivo, al que había ubicado ya como “última propuesta”, hecho que aún no ha explicado ni ha informado acerca del visto bueno de la Cofemer.

Los grupos civiles insisten en que sólo fueron escuchados por el equipo del Instituto Nacional de Migración (INM), pero sus propuestas no fueron realmente incorporadas al proyecto.

“Es necesario que haya relación directa entre la consulta a las organizaciones defensoras de derechos y la resolución final”, agregó Cortez. Es el caso –dijo– que en el proyecto de normas no está plasmado el sustento para ampliar los requisitos de ingreso a las estaciones.

El INM tampoco ha explicado por qué las clasificó en “A”, “B” y “C” ni el uso que dará a la información que recabe de los indocumentados. “(El gobierno calderonista) vuelve a colocar a los migrantes como si fueran presos”, reiteró.

CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

México, D. F., a 12 de diciembre de 2007

Integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiestan su preocupación por algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un retroceso en la tutela de los derechos fundamentales de todas las personas en nuestro país. Por ello hicieron un llamado a los legisladores, con el fin de lograr acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a los derechos humanos.

Se pronunciaron en favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en la persecución de la criminalidad con la debida protección de los derechos de todas las personas. Estas garantías y la seguridad pública, aseguraron, son dos objetivos del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Las iniciativas señaladas pretenden modificar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de, entre otras cuestiones, constitucionalizar el arraigo –lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país— y poner en peligro la inviolabilidad del domicilio, al permitir la entrada de la policía sin orden judicial.

También permitirían rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes, así como ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delincuencia organizada.

Integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH consideraron que la sociedad mexicana ha expresado en los últimos años un sentido reclamo a sus autoridades por la inseguridad pública que viven los ciudadanos. Señalaron que comparten plenamente esa preocupación y señalaron que el primero de los deberes del Estado es proteger la integridad física de las personas, bienes y familias que están en el territorio nacional.

Reiteraron que el cumplimiento de dicho deber no puede realizarse a costa de los derechos humanos.

CONTRA EL RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.

México, D.F. 13 diciembre 2007.

Los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, abajo firmantes, manifestamos lo siguiente:

La sociedad mexicana ha expresado en los útimos años un sentido reclamo a sus autoridades por el clima de inseguridad pública en la que se vive en todo el territorio nacional. Como ciudadanos compartimos plenamente esa preocupación y creemos que el Estado mexicano tiene como el primero de sus deberes proteger la integridad física de las personas y de sus bienes.

Estamos convencidos, sin embargo, de que el cumplimiento de dicho deber no puede ni debe realizarse a costa de los derechos humanos. Nos preocupan profundamente algunas propuestas de reforma constitucional que podrían significar un grave retroceso en la vigencia y la tutela de los derechos de las personas. Particularmente, nos preocupa que algunas iniciativas pretendan modificar nuestra Carta Magna para, entre otras cuestiones:

1.- Constitucionalizar el arraigo, lo que va en contra de recomendaciones que la ONU ha enviado a nuestro país;

2.- Poner en peligro la inviolabilidad del domicilio al permitir la entrada de la policía sin orden judicial;

3.- Rebajar el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas al darles valor probatorio en un juicio penal si son presentadas por alguna de las partes;

4.- Ampliar las competencias del titular del Ministerio Público Federal para recabar información bancaria, bursátil, fiduciaria e incluso electoral en las investigaciones relacionadas con la delicuencia organizada.

En este contexto, nos pronunciamos a favor de una reforma penal que equilibre el legítimo deseo de mayor eficacia en el combate a la criminalidad y el derecho a la paz social con la debida protección de los derechos de todas las personas. Tenemos la convicción de que los derechos humanos y la seguridad pública son dos objetivos indisociables del Estado que pueden y deben convivir armónicamente.

Por lo anterior, hacemos un atento llamado a nuestros legisladores para que logren acuerdos congruentes con la vigencia de un Estado democrático de derecho y con el respeto absoluto a losderechos humanos.

CONSEJO CONSULTIVO

Héctor Fix-Zamudio, Ricardo Pozas Horcasitas, Graciela Rodríguez Ortega, Joaquín López Dóriga, María Patricia Kurczyn Villalobos, Juliana González Valenzuela, Paulette Dieterlen Struck, Miguel Carbonell Sánchez, Miriam Cárdenas Cantú.



La iniciativa de Ley de Familia excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad

Olvida a las madres solteras y les niega el derecho de decisión sobre sus hijos, dice

Extrañamiento del pleno de la Cámara de Diputados a legislación excluyente en NL

La Ley de Familia discrimina a personas que no sean consideradas en el patrón tradicional

La iniciativa del PAN va más allá de la constitucionalidad que deben tener las leyes, afirma

Enrique Méndez y Roberto Garduño

El pleno de la Cámara de Diputados emitió un extrañamiento a los integrantes del Congreso del estado de Nuevo León que promovieron la iniciativa de Ley de Familia, la cual discrimina y excluye a todas aquellas personas que no sean consideradas dentro del patrón tradicional de la familia, cuya esencia es la relación hombre-mujer. Por mayoría los legisladores federales exhortaron, también, a los promoventes de esa normatividad a dar marcha atrás e impedir la aprobación de reglas violatorias de los derechos constitucionales de los mexicanos.

En un punto de acuerdo promovido por los ocho grupos parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política en San Lázaro se expresa que la Ley de Familia “pretende ir más allá de la constitucionalidad que deben contener nuestras leyes, que desde su visión conservadora excluye a diversos grupos que integran la sociedad sobrepasando lo promulgado en las garantías individuales”.

Añade que “se comete el grave error de no concebir a la familia sin la unión de padre y madre, excluyendo a las madres solteras y negándoles el derecho de decisión sobre la educación que reciban sus hijos, al considerar la iniciativa de ley que los padres son quienes conservan el derecho único y responsabilidad de educación de los menores, entendiendo el concepto de padres como matrimonio.

“Por tal razón es aberrante e inconcebible que a las madres solteras no se les brinde el lugar que les pertenece, a sabiendas de que les pertenece como base de familia un gran porcentaje de hogares encabezados por mujeres solas, quienes se han esforzado por mantener integrada a su familia y sacarla adelante sin el apoyo de un hombre”.

Este diario evidenció la intentona de los diputados del estado de Nuevo León de aprobar la citada legislación, que además transgrede el artículo cuarto constitucional, que manifiesta lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”.

Además, la crítica de los legisladores federales al Congreso de Nuevo León refiere que la legislación citada invade el artículo sexto de la Carta Magna, pues trata de imponer de forma irresponsable obligaciones a la prensa y los medios electrónicos respecto de su programación y contenido.

“Es evidente además que los legisladores promoventes de la iniciativa incurren en graves faltas de conocimiento legislativo al proponer una ley reiterativa que pretende reglamentar preceptos que constitucional y orgánicamente existen en la legislación local y federal, como son las áreas de salud, desarrollo social, trabajo y educación, invadiendo y afectando atribuciones de dependencias establecidas ya legalmente”.

El punto de acuerdo sostiene que la iniciativa presentada por los diputados locales del PAN contiene un sinnúmero de fallas, contradicciones jurídicas y ambigüedades que, en un tema tan delicado como lo es la familia, deben ser analizadas y razonadas.

“No podemos permitir que se pisoteen y sobrepasen los derechos primordiales de los ciudadanos por una propuesta de iniciativa excluyente, discriminatoria, inoperante y con falta de pluralidad, que no representa más que a un grupo moralista y conservador que no tiene una verdadera visión ciudadana y con la que se pretende popularizar con un tema de gran importancia para los mexicanos como lo es la familia”, afirma.

POSICION DE LA UNION NACIONAL DE TRABAJADORES SOBRE LA REFORMA LABORAL

Ante la inminente propuesta gubernamental de modificar el marco jurídico laboral, la UNT pone de manifiesto que las mesas de diálogo realizadas entre el Ejecutivo y nuestra organización sindical no han abordado ninguno de los temas anunciados por la STPS con motivo de la reforma laboral.

Tenemos noticias que indican que la STPS ha estado llevando a cabo consultas acerca de este tema con algunas organizaciones corporativas sindicales y patronales. Además del método excluyente utilizado en estas consultas en las que ninguno de los integrantes de la UNT ha participado, llama la atención es el carácter parcial y regresivo de la reforma que está procesando el Ejecutivo.

Una reforma procesada bajo estas condiciones, podría representar un claro retroceso del orden laboral mexicano que solo serviría para legalizar algunos criterios de flexibilidad laboral forzada y unilateral que, por la vía de los hechos, se han venido aplicando en las relaciones obrero patronales gracias a los contratos de protección patronal. Con ello se soslayaría, precisamente, aquello que realmente urge modificar: la estructura corporativa que trastoca y corrompe las relaciones obrero patronal. No sobra decir que la UNT bajo ninguna circunstancia podría convalidar una propuesta de esta naturaleza, por lo que reiteramos nuestra exigencia de que la reforma laboral sea discutida con todos los involucrados sin exclusiones y atendiendo a todas las posiciones. Emplazamos al Gobierno Federal a debatir y asumir nuestro proyecto de reforma laboral y productiva, porque fue resultado de una amplia participación de los trabajadores, porque se orienta a democratizar el mundo del trabajo y porque permite construir un Nuevo Pacto Social y Productivo para alcanzar un verdadero desarrollo social y económico del país.

Durante 10 años la UNT ha construido e impulsado un programa de acción que ha tenido como prioridad la Transición a la Democracia y un cambio del Modelo de Desarrollo con iniciativas como; la Reforma Social y Democrática de Estado y una Reforma Integral Laboral Productiva a una transformación a fondo del régimen político que democratice el conjunto de las instituciones del Estado, que desmonte el sistema de control corporativo y que siente las bases de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad

Consideramos que cualquier iniciativa de reforma a la ley debe ser parte de un Nuevo Pacto Social y consecuencia de un gran acuerdo político, sustentado en la democracia e inclusión, donde estén integrados todos los participantes de la sociedad. Cualquier iniciativa que pretenda una flexibilidad unilateral de las condiciones de trabajo donde los trabajadores sean nuevamente los que más aportan y los más afectados, es una condición equívoca e inequitativa.

La UNT estima que un cambio para una nueva etapa de desarrollo, debe estar acompañado de reciprocidad y equidad de parte de los sectores que más se han beneficiado con el desarrollo del país. Después de la larga etapa donde la mayor cuota de sacrificio y esfuerzo ha sido de parte de las clases más desposeídas de la sociedad, ahora se pretende a cargar los costos de una nueva reforma, frente al escandaloso enriquecimiento de un reducido grupo, cuya acumulación no tiene precedentes en la historia de nuestro país.

Es necesario modernizar nuestro modelo laboral a fin de lograr una inserción exitosa en la globalización; para ello se requiere el perfeccionamiento de nuestras instituciones laborales para la aplicación con justicia y equidad en la normatividad laboral, que garanticen la seguridad jurídica de los trabajadores y los empresarios. Es indispensable también el fortalecimiento de la libertad, de la democracia y de la autonomía sindical y con ello transformar el mundo del trabajo que ha estado sustentado sobre la base de la simulación y la corrupción.

Para nosotros es fundamental generar un marco adecuado para promover la transición del país a la democracia y establecer las condiciones propias de la inserción de México en la economía mundial; para lo cual es necesario establecer un marco jurídico que produzca cambios sustanciales al sistema corporativo de intervención del Estado en la vida sindical, esquema heredado de prácticas hegemónicas operadas en nuestro país durante 70 años y que desgraciadamente se acentuó durante el pasado sexenio.

Los objetivos enunciados requieren reformas a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo y se resumen en los siguientes temas:

*Derogación del Apartado “B” del Artículo 123 constitucional.

*Semana laboral de trabajo de cuarenta horas.

*Acceso y condiciones de trabajo iguales y dignas, con una perspectiva de género de manera transversal

*Protección a la familia. Condiciones de trabajo, remuneración dignas y sin discriminación del trabajo femenil, de menores de edad y derecho al trabajo de otros grupos vulnerables; adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes y etnias.

*Generalización de un salario mínimo a nivel nacional.

*Sustitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades.

*Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.

*Fortalecimiento de la libertad positiva de sindicalización y la no intervención del Estado y los empresarios en la vida sindical.

*Fortalecimiento de Sindicatos Nacionales por Rama Industrial o de Servicios.

*Voto libre, directo y secreto en la elección de directivas y recuentos sindicales.

*Transparencia y rendición de cuentas de la administración del patrimonio sindical.

*Prohibición de la afiliación política obligada.

*Reconocimiento constitucional a la contratación colectiva como institución privilegiada del derecho colectivo, espacio adecuado para el desarrollo de la productividad y mejor organización del trabajo.

*Transparencia y autentica contratación colectiva. Supresión de los contratos de protección y de corrupción, para su recuperación operativa del micro pacto social garante de la paz productiva.

*Contratación colectiva sectorial por rama de actividad y cadena productiva.

*Normas eficaces para garantizar respeto a la libertad, democracia y autonomía sindicales, y a la autenticidad de la contratación colectiva, de parte de empresarios, funcionarios y dirigentes sindicales.

*Sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales federales y locales.

*Derogación de las limitaciones a las comisiones nacionales y estatales de Derechos Humanos para intervenir en violaciones a los derechos laborales.

*Autentica contratación individual, supresión de contratos a honorarios y a comisión simulados e invalidación de documentos firmados en blanco para supuesta “renuncia voluntaria”.

*Perfeccionamiento normativo en riesgos de trabajo y habitación.

*Reformas sobre trabajos especiales de trabajadores del hogar, rurales actores, músicos, universidades, buques, aeronaves y ferrocarriles entre otros.

*Capítulos nuevos sobre trabajadores de banca de desarrollo y de la federación, estados y municipios, con normas para el servicio civil de carrera.

*Perfeccionamiento de normas procesales sobre firma, revisión y titularidad de CCT, huelga, cierre de empresas por quiebra y procedimiento ordinario.

La Unión Nacional de Trabajadores se deslinda de cualquier propuesta que lejos de abonar el camino para la democratización del mundo del trabajo, contribuya a la simulación y la ausencia de bilateralidad de las relaciones laborales en este país.

México, DF, 13 de diciembre de 2007.

"POR LA UNIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS TRABAJADORES"

Por la Presidencia Colegiada

Ing. Francisco Hernández Juárez

Ing. Agustín Rodríguez Fuentes

Dr. Valdemar Gutiérrez Fragoso

Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007

Critican fallo de la Corte en el tema de Lydia Cacho y el mandatario de Puebla

Suscriben periodistas texto en defensa de su profesión y contra la pederastia

Instan a legisladores a modificar las leyes para superar fallas que evidenció el caso

Carolina Gómez Mena

Periodistas de diversos medios de comunicación, nacionales y extranjeros, suscribieron una declaración en defensa de su profesión, así como en contra de las redes de pederastia y pornografía infantil y de sus encubridores, derivado del caso Lydia Cacho Ribeiro.

En el escrito, que hasta ahora cuenta con la adhesión de más de 600 comunicadores, se critica la determinación tomada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –el pasado 29 de noviembre– de que no hubo violación “grave” de las garantías de la periodista Lydia Cacho por el gobernador de Puebla, Mario Marín, y se advierte que el fallo del máximo tribunal no implica que el proceso penal no deba seguir su curso.

Hasta ayer habían signado el documento periodistas de 28 estados y de nueve países: Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, México y Puerto Rico. Entre los firmantes están Cristina Pacheco y adherentes, como el escritor José Emilio Pacheco, los cineastas Luis Mandoky y Carmen Jiménez Cacho, así como Sergio Fernández, profesor emérito de la UNAM y Premio Nacional de Ciencias y Artes 2007.

El documento destaca que “desde el máximo tribunal del país se ha abierto la puerta a los atentados contra la labor periodística, la búsqueda de la verdad y el ejercicio de nuestro oficio. Los periodistas hemos quedado sin defensa ante quienes buscan callarnos y, al mismo tiempo, se ha dado aval de impunidad a las redes de pederastia y pornografía infantil”.

Asimismo, precisa la “urgencia de que los legisladores modifiquen las leyes penales y la Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos, así como el artículo 97 de la Constitución, para superar las fallas que evidenció el caso”, y demanda a la Cámara de Diputados que “sin demora y sin simulaciones analice las tres demandas de juicio político y una de desafuero contra Mario Marín”.

De igual forma, los firmantes exigen que en los “votos particulares que emitirá la SCJN en el engrose del expediente Facultad de Investigación 2/2006 (conocido como caso Cacho-Marín), por lo menos se señale a los funcionarios que participaron en lo que la Corte denomina ‘violaciones leves’, y que la Procuraduría General de la República inicie procesos penales en su contra”.

Asimismo, manifiestan: “consideramos que en las pesquisas de la comisión encabezada por el ministro Juan N. Silva Meza hay elementos suficientes para evidenciar que, en complicidad, los poderes económico y político violaron derechos fundamentales consagrados en la Constitución y en los códigos penales federal y de los estados”.

Esta iniciativa comenzó en el Distrito Federal, horas después de que la SCJN determinó que no hubo violaciones “graves” a las garantías individuales de la periodista Cacho Ribeiro por el llamado góber precioso.

Luego se extendió a Puebla, entidad en la que hubo “advertencias” de que no se firmara. No obstante, 109 periodistas de la entidad se adhirieron al documento. También lo hicieron periodistas de Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal, Durango, estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán.

Astillero

La Jornada, jueves 13 de diciembre de 2007
Por Julio Hernández López

El tema de fondo, más allá de las piruetas relacionadas con el que podría estar siendo rebautizado en estas horas como Instituto del Fraude Electoral, es la reforma judicial. El licenciado Calderón ha sido advertido (a este columnero no le consta que el texto original haya sido en inglés, ni que haya venido del norte) de que los problemas nacionales acumulados, más los provenientes de los desajustes de la economía gringa, y la entrada en vigor del gasolinazo y otros ingredientes socialmente explosivos, han creado un escenario de previsibles protestas públicas y resistencias civiles que deben ser enfrentadas con rigor gubernamental para evitar que el de por sí endeble tejido de la figura formalmente presidencial pueda ceder, romperse o dañarse de manera irreversible. El Fiscal General de la República ya ha militarizado el país, con el pretexto del combate (ja, ja) al narcotráfico, y ha abatido los niveles de condescendencia de la opinión pública respecto a violaciones de derechos humanos y abusos de corporaciones gubernamentales. Ahora podría instaurar abiertamente un estado policial, gracias a los arreglos que ayer estaban en ruta de cierre en San Lázaro –y que serían convalidados por la izquierda mercantil del PRD, que a cambio de migajas electorales, como los relevos de tres consejeros del IFE y la “reforma” electoral, estaría colaborando al fortalecimiento del felipismo, dándole nuevas formas fiscales de hacerse de más recursos y, ahora, legalizando la política represiva ya en curso. Sólo faltaría al coctel la cereza del Plan México, rebautizado como Iniciativa Mérida, para que todo sea felicidad (controlada) en el país de Pefelipe.


jueves, diciembre 13, 2007

Peligroso para México si permanece la derecha conservadora en el poder, advierte López Obrador

San Pedro de las Colonias, Coahuila Martes 11 de diciembre de 2007.
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* La banda más peligrosa de México opera desde Los Pinos, afirma el presidente legítimo de México.
* Los mexicanos no vamos a permitir que el presidente pelele, Felipe Calderón, entregue el petróleo a extranjeros, aclara.
* Fox es acusado por acumular riqueza mal habida, pero Calderón también es un ladrón, porque se robó la Presidencia, subraya.
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Desde el norte de la República, Andrés Manuel López Obrador declaró que lo más peligroso para México es que se perpetúe en el poder la mafia más peligrosa en la historia nacional que opera desde Los Pinos y que está representada por el pelele de Felipe Calderón, el ex presidente Carlos Salinas, el banquero Roberto Hernández, el senador Manlio Fabio Beltrones y la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
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Denunció que la derecha conservadora incrustada en las cúpulas del PRI y del PAN está en contra de los intereses de México y pretende entregar el patrimonio de la Nación al capital privado extranjero; sin embargo aclaró que millones de mexicanos participan en el movimiento pacífico por la transformación auténtica del país y sus instituciones.
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Aunque lo tachen de revoltoso, adelantó que convocará a una movilización nacional hasta parar al país, si la derecha panista intenta depositar la industria petrolera en manos de particulares.
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En entrevista que concedió en el marco del informe anual de actividades que rindió el presidente municipal Jorge Arturo Babún Moreno, consideró una farsa el proceso de selección de los tres nuevos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral.
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“Todo es una farsa. Desde que lanzaron la convocatoria, ya se sabía quiénes iban a quedar, ya estaban palomeados, y pobres de los que fueron a registrarse, nada más los utilizaron, porque ya está el acuerdo entre el PRI y el PAN y hasta podría decir quiénes van a quedar”, subrayó.
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El presidente legítimo de México adelantó que uno de los futuros consejeros del máximo órgano electoral será Mauricio Merino, quien hace once años fue impulsado al cargo por el PRI, junto con Jacqueline Peschard. Ahora, el mismo Merino Huerta es propuesto bajo las siglas del PAN. “Es decir, se trata de la misma gata, nada más que revolcada”.
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Como ciudadano mexicano, precisó que no se prestará a un enjuague ni a una farsa, tampoco a un acto de simulación como es la llamada reforma electoral, porque tanto los miembros el Instituto Federal Electoral como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estarán subordinados, serán empleados de las cúpulas panista y priista.
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Un reportero le preguntó su opinión sobre la calificación reprobatoria que le impuso la OCDE a México en materia de rendimiento escolar. López Obrador expresó que el resultado obtenido es fruto del pago de facturas del presidente espurio, Felipe Calderón, a la cacica Elba Esther Gordillo.
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Después de que Gordillo Morales operó el fraude, con el apoyo de gobernadores de extracción priista, Calderón le entregó en charola de plata la Secretaría de Educación Pública, el ISSSTE y el manejo de las pensiones de millones de trabajadores al servicio del Estado, aseguró.
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Sobre las acusaciones de que Vicente Fox se enriqueció durante su mandato, explicó que se convirtió en deporte nacional la práctica de acusar al ex presidente de ratero, pero aclaro que Calderón Hinojosa también es un ladrón, porque se robó la Presidencia de la República y los medios de comunicación no lo tocan ni siquiera con el pétalo de una rosa.
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También aseguró que Fox no será sometido a juicio penal y cualquier versión en sentido contrario “es puro atole con el dedo”. Al guanajuatense “no le pueden hacer nada, porque dio mucho dinero para favorecer al pelele de Calderón, o mejor dicho, Calderón está en el cargo por Fox. Lo impuso Fox y un grupo de potentados”, que no quieren perder privilegios.
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Al término del informe anual de trabajo del presidente municipal de San Pedro de las Colonias, manifestó que actualmente realiza un recorrido por los dos mil 500 municipios del país y que está invitando a los mexicanos a participar en la red de representantes del Gobierno Legítimo de México.