viernes, diciembre 29, 2006

CONTINUAMOS

CONTINUAMOS

POR INEXPLICABLES RAZONES TÉCNICAS.

DESPUES DE UNA OBLIGADA E INVOLUNTARIA ESPERA,

CONTINUAMOS.

domingo, diciembre 17, 2006

El sábado arriba a Oaxaca comisión internacional para constatar abusos

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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El sábado arriba a Oaxaca comisión internacional para constatar abusos
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Entre las denuncias recibidas se habla de violación de hombres durante operativos
OCTAVIO VELEZ , FABIOLA MARTINEZ CORRESPONSAL , ENVIADA


Oaxaca, Oax., 13 de diciembre. El próximo sábado llegará a esta capital la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH), una misión de 16 activistas defensores de las garantías individuales.
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En este grupo está programada la participación de integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Brigadas Internacionales de Paz, con el objetivo de realizar una investigación "urgente" respecto a las acciones gubernamentales en el transcurso del conflicto en esta entidad, el cual rebasa ya los 200 días.
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En esta comisión vienen especialistas de diversos países, entre ellos Turquía, Serbia, Suecia, Portugal, Nicaragua, Dinamarca, Noruega y República Dominicana, encabezados por el español Iñaki García, informó el abogado Andrés del Campo Ortega, de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh).
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A las denuncias civiles respecto a detenciones arbitrarias y tortura (física y sicológica) durante los operativos en que fueron aprehendidas más de 200 personas, el 25 de noviembre pasado, se han agregado testimonios de presuntos abusos sexuales en contra de varones.
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En ese contexto, los observadores elaborarían un informe respecto a los actos indebidos de la autoridad, principalmente represión para impedir el ejercicio de derechos constitucionales como la libre manifestación, agregó Del Campo Ortega.
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Brigadas Internacionales de Paz (integrada por activistas de diversos países europeos y de Sudamérica) ya realizó una misión similar en México, en mayo pasado, cuando ocurrió un choque con fuerzas policiales de nivel estatal y federal e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en San Salvador Atenco.
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De acuerdo con una misiva enviada a la Unidad para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, se pide a las autoridades mexicanas brindar todas las garantías a los visitantes para no ser deportados. La CCIODH también se reunirá con autoridades locales y federales.
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El asesor jurídico de la Limeddh dijo que la misión del grupo referido responde a los llamados realizados por la propia Limeddh, la Red Oaxaqueña de Derechos Humanos y la Asociación Mexicana de Asesores en Derechos Humanos, ante la gravedad de la situación en Oaxaca por la represión desatada por la Policía Federal Preventiva (PFP), junto con la Policía Ministerial del estado y grupos de "sicarios".
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"Se trata de una investigación de campo para documentar las detenciones arbitrarias, la tortura, las desapariciones forzadas, los homicidios sin castigo, el traslado ilegal al penal de Nayarit y los procesos judiciales llenos de irregularidades", señaló.
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Añadió que la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos emitirá posteriormente un informe, después de una segunda visita del 7 al 20 de enero del próximo año.
Puso como ejemplo el informe rendido por la CCIODH después de documentar las violaciones a los derechos humanos en San Salvador Atenco, que sirvió para que la Organización de Naciones Unidas emitiera recomendaciones al Estado mexicano.
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Subrayó que la comisión civil internacional realizará por quinta ocasión una misión en México, ante sus anteriores visitas en Chiapas en 1998, 1999 y 2002, así como en San Salvador Atenco, en mayo pasado.
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Del Campo Ortega dijo que los 16 activistas se reunirán con miembros del consejo estatal de la APPO y del magisterio oaxaqueño, así como con colaboradores de Radio Universidad, participantes en las barricadas, y obviamente con familiares de las víctimas de la represión.
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En tanto, el magisterio oaxaqueño informó que miembros de sindicatos de maestros de Honduras, Costa Rica y Canadá realizarán el próximo domingo en esta ciudad un foro internacional de apoyo a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
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Por su parte, el Congreso del estado ratificó por mayoría de votos el nombramiento de Teófilo Manuel García Corpus como secretario general de Gobierno.
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Más testimonios de abusos
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El 25 de noviembre pasado, tras una manifestación de integrantes y simpatizantes de la APPO, realizada para exigir la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, la PFP encabezó un operativo, supuestamente para detener a quienes realizaron diversos hechos "vandálicos".
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El operativo se convirtió en una redada en la cual fueron aprehendidos transeúntes que ­según testimonios­ no tienen vínculos con la APPO y menos con la quema de edificios en esta capital.
Los detenidos fueron acusados ­por juzgados de Oaxaca­ de delitos del fuero común, como sedición, asociación delictuosa, robo y daños por incendio.
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En este proceso (detención y traslado) los afectados y sus familiares han denunciado abusos por parte de los uniformados de la PFP y, en los días recientes se han conocido hechos relacionados con abusos sexuales a varones.
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Uno de los detenidos, el estudiante de la Facultad de Economía de la UNAM Christian Marcel Cebollero, entregó una carta a sus familiares a través de la Limeddh, en la cual relata lo que le ocurrió el 25 de noviembre, aproximadamente a las ocho y media de la noche.
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"(Los agentes de la PFP) me pegaron en el cuerpo. Los golpes fueron con tolete, puñetazos y patadas. Me torturaron sicológicamente de que yo era el del 'machete'. Nos amenazaban de que nos iban a prender fuego con gasolina, aventarnos de un helicóptero, golpearnos, violarnos y un sinfín de amenazas más (...)
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"Yo no fui víctima de violencia sexual, pero sí hubo, en alguna parte de todo este proceso, por ciertas personas. De momento no quiero comentar mucho sobre ello por temor a represalias. Además, eso le corresponde narrarlo a los hombres (que fueron muchos) que fueron abusados, no a mi", afirma Christian Marcel en su testimonio

Después de la campaña


Después de la campaña · Hernández

Signan alianza FAP, UNT, grupos agrarios y sindicatos

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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Signan alianza FAP, UNT, grupos agrarios y sindicatos
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Proteger del bloque derechista el patrimonio nacional, la meta
Signan alianza FAP, UNT, grupos agrarios y sindicatos
Se fortalecerá la visión de izquierda progresista: Ortega
GEORGINA SALDIERNA , CAROLINA GOMEZ


En un hecho que fue calificado como histórico, el Frente Amplio Progresista (FAP), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), el Comité Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) y la Coalición Ciudadana Nacional suscribieron ayer una alianza "política y estratégica".
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Su objetivo es proteger el patrimonio nacional, impedir cualquier intento de privatizar el sector energético, evitar retrocesos en las conquistas laborales y, al mismo tiempo, impulsar una ambiciosa reforma del Estado que permita modificaciones en el sistema político-electoral, así como reformas económicas que propicien el desarrollo, la sustentabilidad, la equidad y la competitividad de la economía.
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La formalización de la coalición sirvió de marco para informar que Jesús Ortega fue designado coordinador del FAP. En su discurso, el perredista destacó que se conformó ya un bloque de derecha contrario a los intereses del país. Frente a ello ­dijo­, la alianza integrada ayer "va a fortalecer una visión de izquierda progresista".
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Explicó que el propósito es "realizar una profunda transformación del régimen político e impedir que se detenga el proceso de transición democrática. Hay que cambiar el sistema vigente porque se agotó y ya no responde a las necesidades y exigencias de los nuevos tiempos", subrayó.
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Otro de sus objetivos es "modificar el rumbo económico, pues el modelo neoliberal es un fracaso y solamente ha producido mayor marginación en los últimos 25 años". Esta lucha, aclaró, "vamos a darla juntos; partidos políticos y organizaciones, sin que éstas queden bajo la tutela o supeditadas a los primeros".
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Con la suscripción del acuerdo, los tres partidos del frente ­PRD, PT y Convergencia­ trabajarán de manera conjunta con más de un centenar de agrupaciones que forman parte de la UNT, la Conorp y la Coalición Ciudadana. Sobresalen la CIOAC, la Central Campesina Cardenista, el sindicato de telefonistas, de trabajadores de la UNAM y el del Seguro Social, entre otros.
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Por su parte, Leonel Cota Montaño, presidente del PRD, destacó que con la alianza se está "venciendo un grave problema que tenía el movimiento democrático: la dispersión. Los tiempos nos exigen esta clase de respuestas, esta firma, entonces, es una respuesta a tiempo".
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Francisco Hernández Juárez, secretario general del sindicato de telefonistas y presidente colegiado de la UNT, dijo que la coalición no implica que los sindicatos y organizaciones campesinas y civiles "seremos parte de los partidos políticos que la integran".
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Consideró que "lo más importante del acuerdo es que lo hagamos efectivo". En entrevista posterior, descartó que la UNT esté navegando en dos aguas, pues antes de acudir a esta firma, la dirigencia de esa central se reunió con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, integrante de un gobierno que no es reconocido como legítimo por parte del FAP.
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"Es una alianza para trabajar sobre puntos muy concretos; no nos sumamos a los partidos ni tenemos que andar en todas las movilizaciones, y podemos no coincidir con algunos aspectos, como el desconocimiento del gobierno actual; esta es una forma de lograr que la sociedad sea cada vez más protagónica en los procesos de participación del país".
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Por su lado, Alberto Anaya, integrante de la dirección colegiada del Partido del Trabajo, puntualizó que se requiere el concurso de las organizaciones sociales y sindicales para defender el patrimonio de la nación y evitar una contrarreforma laboral, fiscal y educativa.
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A su vez, Luis Maldonado, presidente de Convergencia, dijo que con el convenio signado ayer se busca realizar transformaciones profundas en el sistema político, social y económico del país, que no puede soportar más la prevalencia de un régimen que ha mostrado disfunción, desigualdad e injusticia para millones de mexicanos.
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Federico Ovalle Vaquera, secretario general de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) e integrante de la dirigencia del Conorp, sostuvo que las agrupaciones del agro suscribieron el acuerdo con el propósito de poner un alto a la imposición de las políticas neoliberales que han dañado al campo durante más de dos décadas.
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Agustín Rodríguez Fuentes, también integrante de la presidencia colegiada de la UNT y líder del STUNAM, insistió en que se requiere una "transformación política y social del país", y confió en que mediante la propuesta de iniciativas legislativas, la alianza logre los cambios que requiere México.

"Desde la era de Porfirio Díaz no se veían tantos ataques a los derechos humanos"

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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"Desde la era de Porfirio Díaz no se veían tantos ataques a los derechos humanos"
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Retroceso de más de tres décadas en respeto a garantías individuales: Miguel Concha
En Oaxaca vimos escenas propias del Chile de Pinochet, afirma Rafael Reygadas
EMIR OLIVARES , LAURA POY


Sólo en la época de Porfirio Díaz se llegó a excesos y violaciones en materia de derechos humanos como las que vive el país actualmente, pues tan sólo en el caso de Oaxaca los abusos se han convertido en un escándalo que no podemos callar, aseguró Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, y agregó que en México se vive un retroceso de más de tres décadas en el respeto a las garantías individuales.
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En conferencia de prensa en la que se dio a conocer la Agenda Pública Ciudadana de Derechos Humanos, impulsada por 24 organizaciones no gubernamentales, agregó que en Oaxaca se están comprometiendo "gravemente" las garantías individuales fundamentales, porque se apoyan prácticas que no se hacían desde los tiempos de Porfirio Díaz, en particular cuando se traslada a los detenidos sin ninguna orden a otro penal para "hacer aún más difícil la visita de sus familiares, a quienes se les piden requisitos excesivos e inhumanos".
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Defensores y activistas señalaron que la agenda establece las acciones urgentes que la administración federal deberá atender, como las reformas al sistema de justicia, esclarecimiento de los crímenes del pasado, atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA); mayor equidad de género, promoción de las garantías de la infancia, de los pueblos indígenas, de los migrantes y de salud sexual y reproductiva.
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Rafael Reygadas, de Alianza Cívica, afirmó que tras el operativo policiaco de los pasados 25 y 26 de noviembre en la capital oaxaqueña, "vimos imágenes en las que no sabíamos si era el México actual o el Chile de (Augusto) Pinochet".
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Al presidente Felipe Calderón, insistió, le debería preocupar mucho distinguir entre mano dura y uso delincuencial de la fuerza pública. "No podemos aceptar que a las mujeres detenidas se les haya paseado desnudas en helicópteros con amenazas de ser arrojadas, porque era lo mismo que hacían los esbirros de Pinochet en 1973".
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Si no se distinguen las acciones delincuenciales del cumplimiento estricto de la ley, aseguró, "dentro de 30 años vamos a estar recordando estos días en México, como se recordó a Pinochet en Chile, porque no es posible ejercer el derecho violando las leyes, así sea el Estado".
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Concha Malo agregó que se habla mucho de respeto al estado de derecho, "pero las autoridades son las primeras en violarlo, porque es evidente que no se puede hacer justicia violando los derechos humanos, y ante estas acciones nos queda claro que se trata de una falta de voluntad política de observar el estado de derecho".
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La agenda, resultado de reuniones y encuentros con candidatos a cargos legislativos y aspirantes a la Presidencia de la República, a las que no asistieron Felipe Calderón ni Roberto Madrazo, tiene como uno de sus objetivos impulsar su discusión en el debate político con el fin de consolidar acciones de gobierno y políticas públicas acordes con los compromisos en materia de derechos humanos.
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En torno a la reforma al sistema de justicia penal, las organizaciones sociales proponen que este rubro "debe democratizarse" de modo que se asegure el acceso equitativo a la justicia de todos los implicados: víctimas e imputados. Por lo anterior deben eliminarse las atribuciones injustificadas de los fiscales, dar poder a las víctimas y permitir de manera efectiva la paridad de recursos al imputado para su defensa.
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Preguntas sin responder
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"El Estado mexicano cuenta con una larga lista de preguntas sin responder respecto de los delitos cometidos durante el periodo conocido como guerra sucia", por lo que es necesario que el Ejecutivo federal, mediante la Femospp, implemente mecanismos suficientes que permitan llevar a cabo una investigación eficaz, y en consecuencia, la consignación ante autoridades judiciales de los responsables de esos ilícitos de lesa humanidad. Así como el fortalecimiento del comité ciudadano y la propia fiscalía especial en beneficio de las víctimas de esos ilícitos, así como de sus familiares.
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Sobre los cambios a nivel legislativo que deben presentarse en materia de DESCA, proponen que en el rubro de la educación se respete y garantice el compromiso que el Estado mexicano ha asumido a escala internacional y asignar ocho por ciento del PIB para ese ramo, y sobre todo destinar parte de esos recursos para mejorar la infraestructura. En ese mismo tema, proponen a los legisladores que promuevan leyes en favor de programas de estudio que fomenten el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes.
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Asimismo proponen legislar para garantizar alimentación, mejor medio ambiente, acceso al derecho a la vivienda, desarrollo laboral con salarios remunerados y salud.
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En materia de derechos de la infancia, el informe detalla que tanto candidatos al Poder Ejecutivo como al Legislativo escucharon de parte de las ONG que es necesario reformar el artículo cuarto constitucional con objeto de que se desarrolle un organismo autónomo que funja como el Instituto Nacional de la Infancia, además de que se agregue a la Constitución el concepto "interés superior del niño" para beneficiar los derechos de ese sector poblacional garantizándolos a partir de la tutela de la sociedad en su conjunto.
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Propuestas de equidad de género
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En torno a la equidad de género se propone normar este tema para garantizar que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos internacionales al armonizar la legislación en los ámbitos federal y local con los acuerdos internacionales; y sobre todo, exigieron la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
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En derechos sexuales y reproductivos propusieron a los actuales legisladores elaborar una ley en favor de esas garantías para los jóvenes, que se promulgue una norma que permita la atención sobre salud sexual y reproductiva, que se cree la Procuraduría de las Garantías Sexuales y Reproductivas, y que se modifique el artículo cuarto constitucional cambiando el término "familia" por el de "familias", para incluir la diversidad familiar que existe en México.
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También es necesario reabrir el debate sobre la reforma constitucional en materia indígena con la finalidad de que los derechos para ese sector de la población se establezcan claramente; garantizar el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indígenas, y promulgar leyes de amnistía a nivel federal en beneficio de presos y perseguidos indígenas por actividades políticas o sociales.
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En torno a la problemática de migración se propone que se armonice la legislación de migración, asilo y trato de personas conforme a los estándares internacionales de derechos humanos ratificados por México, poniendo especial énfasis en mujeres, niños, niñas y adolescentes.
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En su momento a las reuniones convocadas por las ONG asistieron los ex candidatos presidenciales de la coalición Por el Bien de Todos, Andrés Manuel López Obrador; de Alternativa Socialdemócrata, Patricia Mercado, y de Nueva Alianza, Roberto Campa. Por parte de los aspirantes al Senado o San Lázaro asistieron, por el Panal, Víctor Manuel Estrada y Eynar de los Cobos; por el PAN, Salvador Abascal y Federico Döring; Angélica Luna Parra por el PRI; Pablo Gómez, de la coalición Por el Bien de Todos, y por Alternativa Socialdemócrata, Jesús Robles.

Viajará a Oaxaca comisión europea para constatar situación de derechos humanos

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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Viajará a Oaxaca comisión europea para constatar situación de derechos humanos
Llegará el lunes; remitirá informes a la ONU y a diversos parlamentos
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Viajará a Oaxaca comisión europea para constatar
situación de derechos humanos
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Más de mil 500 personajes avalaron la petición de supervisión hecha al gobierno mexicano
ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL
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Madrid, 13 de diciembre. Una comisión europea de defensores de los derechos humanos, avalada por más de mil 500 ciudadanos de 39 países, viajará el próximo 18 de diciembre a Oaxaca con la finalidad de elaborar un informe sobre la situación del conflicto y valorar la actuación de las fuerzas policiales. Las detenciones arbitrarias, la situación de los "desaparecidos", los asesinatos y las supuestas torturas y vejaciones durante los operativos serán los principales focos de atención del organismo internacional.
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La Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH) nació en 1998 como respuesta a la preocupación internacional por la matanza de Acteal de febrero de ese mismo año. Desde entonces, este organismo ­formado por activistas de derechos humanos, políticos, intelectuales y profesionales de la justicia­ ha realizado cuatro visitas a México. La primera para evaluar la situación de los derechos humanos en Chiapas; la segunda, en 1999, para vigilar el respeto a la legalidad internacional en la zona; la tercera, en 2002, para verificar los pasos que se daban para la resolución del conflicto a raíz del triunfo electoral de Vicente Fox, y la última, en mayo pasado, para realizar un informe sobre los hechos ocurridos en San Salvador Atenco y Texcoco.
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El resultado de estos trabajos ha sido la elaboración de sendos informes que, posteriormente, son remitidos tanto a las instituciones públicas mexicanas como a diversos organismos internacionales, como la ONU y los parlamentos Europeo y Centroamericano. En dichos informes se realizan una serie de recomendaciones y diagnósticos sobre los asuntos investigados, en los que en la mayoría de los casos se ha constatado la sistemática violación de los derechos humanos en el país, ya sea por parte de las fuerzas armadas, la policía o las propias autoridades políticas.
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Aval internacional
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En esta ocasión, la CCIODH solicitó autorización al gobierno mexicano para que una comisión visite el estado de Oaxaca, petición que fue avalada por más de mil 500 personas de 39 países, entre los que destacan 67 diputados y senadores italianos; la eurodiputada Sahra Wagenknecht; Danielle Mitterrand, de France-Liberté; José Bové, líder campesino francés de Vía Campesina; el cantante francés Manu Chao y la cantante española Amparo Sánchez (Amparanoia). Desde México recibieron el apoyo de personalidades como Rosario Ibarra de Piedra, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Guadalupe Loaeza, Luis Mandoki y el español Javier Corchera.
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La comisión empezará a llegar a México a partir del próximo lunes, para dirigirse directamente al estado de Oaxaca y los principales penales en los que se encuentran los detenidos por los operativos. Los miembros de la comisión explicaron su preocupación por lo ocurrido en Oaxaca, al sostener que "a lo largo de estos meses han sido asesinados por lo menos 17 personas, han sido detenidas cientos más, se han denunciado decenas de desaparecidos. Organizaciones de derechos humanos han documentado las torturas, maltratos y amenazas a las que han sido sometidos los presos, así como los abusos y la persecución por parte de los grupos policiacos y paramilitares. Mucha ha sido la movilización nacional e internacional en la denuncia de estos hechos y muy grave la preocupación por atender estas denuncias para buscar una solución dialogada al conflicto".
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La única finalidad de la comisión de la CCIODH es, según sus propias palabras, "observar, reflexionar y diagnosticar la situación de los derechos humanos a consecuencia del conflicto en Oaxaca". Lo que averigüen se plasmará en un informe que, como en anteriores ocasiones, remitirán al gobierno mexicano, a los medios de comunicación, a los parlamentos nacionales, al Europeo y a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de ONU.

Salario digno

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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Salario digno
Orlando Delgado Selley
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Un rasgo distintivo de la globalización es la uniformidad de las reglas para el funcionamiento de los mercados. En todos los países se han eliminado los controles al comercio exterior y a la movilidad de los capitales, de modo que es posible que se produzca en cualquier lugar del mundo y se venda en cualquier otro, al tiempo que los capitales pueden invertirse hoy en México, mañana en Singapur y pasado mañana en Moscú. Sin embargo, los trabajadores y sus remuneraciones no tienen las mismas libertades: no tienen formalmente el derecho a trabajar en cualquier sitio del mundo y se les remunera lo peor posible en los distintos países en desarrollo con el fin de tener ventajas competitivas.
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Ello, por supuesto, se basa en que se han globalizado las condiciones capitalistas de producción y la polaridad países ricos-países pobres. Lo novedoso es que las empresas globalizadas, las que producen bienes comerciables internacionalmente, migran con una rapidez extraordinaria en busca de las mejores condiciones de rentabilidad, esto es, los menores salarios y las menores cargas fiscales. Los países en desarrollo se disputan el oprobioso mérito de ser lo que peor pagan a sus trabajadores, ya que eso les permite atraer capitales y, eventualmente, que se generen unos cuantos empleos.
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Lo que exige el capital, tendrían que exigirlo los trabajadores. La máxima "a trabajo igual salario igual" que norma las remuneraciones a nivel nacional debe llevarse a escala global. Como lo ha señalado la Alianza Global Jus Semper: "Los trabajadores que desempeñen la misma labor o una equivalente para la misma empresa en la generación de productos y servicios que esta empresa comercialice a precios globales en el mercado global, tienen que disfrutar de una remuneración equivalente. Esta remuneración equivalente se considera un salario digno, el cual es un derecho humano".
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Obviamente esta definición exige un procedimiento claro para establecer específicamente el salario digno. El procedimiento es que se establecen para diferentes países las paridades de su poder de compra (PPC) y con los salarios pagados en los países del norte se fijan los de los países del sur. Hay fundamento, además, en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU y en el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Lo que se ha empezado a plantear es que en el lapso de vida de una generación de trabajadores (30 años) los salarios de los trabajadores del sur estén alineados con los del norte en términos de PPC.
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Mientras ello ocurre, la información que se deriva de este objetivo puesta en perspectiva histórica permite conocer la evolución de las condiciones de explotación de los trabajadores en diferentes países y ofrece, consecuentemente, una especie de pliego petitorio que debieran requerir los trabajadores, sus agrupaciones sindicales, las autoridades laborales nacionales y los gobernantes. En el último análisis con información disponible hasta 2004 (www.jussemper. org /inicio/Index_castellano.html) se compara la evolución de los salarios manufactureros en 12 países respecto a los que existen en Estados Unidos.
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Estos 12 países son los del G-7 (Alemania, Canadá, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón, junto con Estados Unidos) y seis países en desarrollo (Brasil, Corea del Sur, España, Hong Kong, México y Singapur). En esta muestra de países México resulta el que tiene un salario real más bajo y con la mayor distancia respecto del estadunidense: los trabajadores mexicanos sólo ganan 15 por ciento, en tanto que los brasileños perciben 35, los coreanos 73 por ciento. La información, además, da cuenta de una evolución marcadamente regresiva en el caso mexicano, ya que en 1975 la brecha salarial era de 70 por ciento.
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La situación era peor en Corea que en ese año percibía sólo 11 por ciento, de modo que su brecha salarial era de 89 y para 2004 es sólo de 27 por ciento, similar a la japonesa. España ha llegado a un nivel extraordinario, solamente 15 por ciento menor que el usado como referencia. Obviamente en los países del G-7 ha habido una evolución favorable para sus trabajadores, en la que los alemanes perciben 15 por ciento más que los estadunidenses, en tanto que Canadá, Francia, Gran Bretaña tienen remuneraciones reales similares.
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Así las cosas, mientras los trabajadores mexicanos son los peor remunerados de estos países, sus gobernantes, con todo y el 10 por ciento de reducción de sus salarios, son de los mejor pagados en el mundo. Lo que importa es elevar consistentemente los salarios de los trabajadores. Las ganancias de las empresas lo permiten. Lo que hace falta es capacidad para instrumentarlo.

Resistencia, costos y futuro

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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Resistencia, costos y futuro
Martí Batres Guadarrama
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De manera insistente los editorialistas de la prensa conservadora han venido manejando que la resistencia civil dirigida por Andrés Manuel López Obrador en contra del fraude electoral del pasado 2 de julio terminó afectando al PRD, al movimiento democrático y al propio López Obrador. Dicen con un tono que llega a ser hasta paternal, que la resistencia fue un "error", y muy preocupados por el futuro de la izquierda afirman que se dilapidó su capital político. Este análisis es doloso y mañoso, pero sobre todo, equivocado.
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Por supuesto que hay costos. Toda resistencia genera costos. Y dichos costos son amplificados por medios de comunicación y por adversarios políticos. Por supuesto que se generaron molestias por el plantón, y también es cierto que la campaña negativa de la derecha intimidó a algunos y confundió a otros más. Es lógico que esto tenga repercusiones en diversos ámbitos. Sí habrá costo, pero sin duda será el costo menor.
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¿Habrá electores que se enojarán con el PRD porque no les gustó el plantón o la toma de la tribuna el primero de septiembre de 2006? Es posible, es probable. ¿Muchos panistas confirmarán sus prejuicios ante el PRD después de todo el episodio de resistencia civil? Tal vez.
Sin embargo, lo peor hubiera sido la ausencia de resistencia. No existe el escenario que plantean los editorialistas de la derecha. No es cierto que el 2 de julio por la noche Andrés Manuel López Obrador podía dirigirse a sus electores diciéndoles: "Perdimos, váyanse a sus casas". De todas maneras las evidencias del fraude, las manipulaciones del IFE y el mugrero de la elección habrían aparecido. Y resignarse, cruzarse de brazos, aceptar los resultados adulterados, desmovilizar a la gente habría significado, eso sí, tirar por la borda muchos años de construcción política. Dejar de luchar, avalar el fraude, hubiera tenido como consecuencia, ya no digamos dilapidar el capital político, sino destruirlo por completo.
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No es cierto que López Obrador podría haber salido a la televisión a reconocer a otro como ganador, y que después de ello los medios se volcarían en elogios a su persona, a su "madurez", a su responsabilidad, etcétera. Falso, ellos mismos se encargarían de correr las versiones de que había traicionado a su movimiento. No es cierto que los resultados fraudulentos del 2 de julio podían ser aceptados tranquilamente por el PRD, y después éste se presentaría tan campante a la siguiente elección para obtener millones de votos más. La gente le hubiera cobrado la indolencia y la pasividad. No es cierto que la resistencia civil cobre costos políticos que sean irreparables, pues entonces Vicente Fox no hubiera llegado a ser gobernador y luego presidente de la República después de haber tomado el aeropuerto de Guanajuato, cerrado carreteras y puentes internacionales.
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En 1988, aun con las movilizaciones que se dieron después del 6 de julio de aquel año, quedó la sensación de que se podía ir todavía más lejos. Pero no hubo entonces ni plantón ni grito alternativo ni boicot a empresas ni convención nacional democrática ni gobierno legítimo ni toma de la tribuna. Aun así la derecha histérica se lanzó durante años en contra del ingeniero Cárdenas y del PRD, estigmatizándolos como intransigentes y violentos, a pesar de la mesura de la lucha poselectoral. En aquel entonces, el PRD perdió el llamado voto blando de aquellos que se asustaron con la campaña mediática, pero también, lo que es peor, perdió el voto duro de muchos que consideraron que la defensa del voto no llegó hasta el final. En 1991 el PRD sólo tuvo 8 por ciento de los votos a nivel nacional, y 12 por ciento en el Distrito Federal.
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Lo que cobra costos irreparables es quedarse callado, pasivo, frente a la injusticia y el atropello. El que admite que lo pisoteen y mira pasivamente cómo abusan de los demás, no tiene autoridad moral para encabezar ninguna lucha. La resistencia civil de 2006 no fue solamente exitosa, sino además imprescindible para poder seguir luchando, necesaria para tener cara con la cual volver a pedir el voto ciudadano, indispensable para erradicar el fraude y la burla electoral, importantísima para impedir que vuelva a suceder. Además, formidable como escuela ciudadana. Y por otro lado, fundamental para evitar que la indignación y la protesta tomaran los cauces de la violencia o del desbordamiento. Con toda certidumbre podemos decir que de no haberse dado la gran resistencia civil de 2006, el movimiento democrático, el PRD, sus aliados y los líderes de la coalición habrían pagado entonces sí un costo altísimo, y la gente les habría dado la espalda por mucho tiempo, tal vez otros 18 años más.
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Ahora debe seguir la resistencia en nuevas condiciones, fortaleciendo el gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, rechazando la foto con Felipe Calderón, continuando abajo el boicot a los financiadores del fraude y de la guerra sucia, pero también buscando el convencimiento para el rencuentro del PRD con sectores de la sociedad que fueron afectados por la campaña de mentiras de los medios y de la derecha.

En defensa de la UNAM

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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En defensa de la UNAM, otra vez
Octavio Rodríguez Araujo
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Podría pensarse que las declaraciones del analfabeto funcional y diputado Raúl Padilla Orozco, sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quedaron ya en el anecdotario de lo absurdo en México, pero no. Sigue estando presente el embate contra las universidades públicas del país, detrás del cual asoman la cabeza las universidades privadas reproductoras de un mito lamentablemente creciente: que son de excelencia.
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Si las universidades privadas fueran de excelencia, como se autodefinen, producirían la mayor parte de la investigación teórica y aplicada del país y sus académicos serían masivamente miembros del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Pero no es el caso. Lo mejor que han logrado sus académicos es una aceptable traducción de los libros y artículos producidos en las universidades de Estados Unidos, por lo que sus conocimientos no son resultado de investigaciones propias. Sus profesores, que en general no hacen investigación, son repetidores de los avances científicos realizados por los profesores de otras universidades, principalmente extranjeras y hasta de la UNAM que tanto critican.
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Alrededor de 50 por ciento de la investigación que se hace en México es producida en la UNAM, y este dato es uno de los indicadores tomados en cuenta en los diferentes estudios comparativos que se han hecho sobre las universidades del mundo, desde los realizados por la Shanghai Jiao Tong University en 2003, 2004 y 2005, hasta el más reciente de The Times de Londres.
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En todos estos estudios la UNAM es la número uno de México y una de las cien más importantes del continente americano, desde Canadá hasta Argentina. En este rango de universidades prestigiadas no figura ninguna de las universidades privadas del país; ergo, éstas no son de excelencia, aunque sí buenos negocios y formadoras de cuadros para las empresas que las patrocinan.
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De lo anterior se deriva que querer castigar presupuestalmente a las universidades públicas mexicanas y concretamente a la UNAM sería no sólo un gran desatino, sino un suicidio nacional. Ningún país del mundo se ha desarrollado desincentivando la investigación científica y tecnológica, ni inhibiendo las ciencias sociales y las humanidades. Todo lo contrario. Todos los países desarrollados, tanto en momentos gobernados por la derecha como por la izquierda, han destinado enormes cantidades de dinero, público y privado, para el desarrollo de la investigación en todas las áreas imaginables.
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En muchos países de Europa, además, incluso bajo gobiernos de derecha, la educación pública superior ha sido y es gratuita y financiada por el Estado precisamente para que el abanico de oportunidades quede abierto a todos sus habitantes sin más requisito que sus capacidades para seguir una carrera profesional o un posgrado.
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En México, donde la pobreza de sus habitantes es incomparablemente mayor que en el llamado viejo continente, no faltan los que insisten todavía en cobrar inscripciones y colegiaturas a los estudiantes y disminuir los subsidios estatales a las universidades públicas. Una gran ironía, incomprensible para un alemán o un francés, por ejemplo.
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No quiero politizar el tema, aunque en los hechos esté politizado precisamente por la idea que ha tenido el Partido Acción Nacional sobre las universidades públicas, desde hace unos 20 años y no sólo a partir del actual gobierno de Felipe Calderón. Baste recordar que no fue la izquierda la que escribió el artículo tercero constitucional en su actual versión. Cuando se dijo que la educación que imparta el Estado será gratuita gobernaba el país Manuel Avila Camacho. Cuando se elaboró la Ley Orgánica de la UNAM también gobernaba el mismo presidente. Cuando se dijo que la UNAM sería subsidiada por el Estado y que sería un organismo público descentralizado autónomo del Estado, no fue la izquierda la que lo propuso, sino los liberales, los mismos que se opusieron a una sola visión de universidad, que defendieron la pluralidad y con ésta, base de la autonomía, la libertad de cátedra y de investigación, un gobierno propio elegido por los universitarios y sin relaciones jerárquicas con el gobierno federal, y el manejo, también autónomo, de su presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados.
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Esto es lo que se defiende. Es lo que defiende nuestro gran rector, Juan Ramón de la Fuente; es lo que defendemos los universitarios: mantener la esencia de la UNAM como la define su Ley Orgánica, mejorarla constantemente como centro de educación, de investigación y de difusión de la cultura, fortalecerla económicamente para que ninguno de sus programas tenga que ser suspendido, para que siga siendo lo que es y todavía mejor.
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En esta ocasión no estoy escribiendo como analista político, sino como universitario, como profesor emérito de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, como investigador nacional nivel III y como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias.
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No politizo el asunto. Simplemente me sumo al clamor académico, científico y cultural por sensibilizar a los diputados, incluso a los de Acción Nacional, para que no cometan el error histórico de aprobar un presupuesto que puede afectar no sólo a las universidades públicas del país, sino también al IPN, CNCA, INAH, INBA, Imcine y los canales culturales 11 y 22 de televisión.
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Las ciencias y la cultura no son un lujo en ningún país, sino una necesidad tan vital como el aire que respiramos.

Decir no

La Jornada
14 de diciembre de 2006
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Decir no
Luis Villoro
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1. Decir no a la dominación por el otro es el inicio de una actitud de resistencia. Pero decir no no es fácil. Supone valentía y sacrificio del interés personal. Actuar en consecuencia ha dado lugar, en la historia, a los mayores movimientos colectivos. Gandhi dijo no a la dominación inglesa en India; Luther King actuó negando la segregación racial en Estados Unidos, y Mandela, en Sudáfrica, logró fundar una nueva nación al negarse a aceptar el apartheid. Todo valor superior exige, para empezar a realizarse colectivamente, la valentía de decir no a una situación opresiva.
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2. Decir no a la dominación ha sido el inicio de todo movimiento de cambio en la sociedad. Pero ese inicio no implica necesariamente un movimiento revolucionario. Toda revolución, en la práctica, implica actuar en pos del ideal de una sociedad futura mejor. Pero ­nos dice la historia de las revoluciones­ al querer la sociedad ideal, ha provocado, en cambio, su contrario: una sociedad en que campea una nueva dominación. Toda revolución es una acción colectiva de violencia radical, sin perdón para los perdedores. Y la violencia engendra, en la sociedad, la necesidad de una nueva dominación contra los vencidos. Tal pasó en la revolución francesa con Robespierre, en la rusa con Stalin, en la china con Mao, en la mexicana, posteriormente, con Díaz Ordaz.
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¿Cómo salir de ese círculo vicioso de violencia que engendra más violencia? Sólo hay una manera: la resistencia no violenta. Es lo que comprendieron Gandhi, Luther King y Mandela. Pero la resistencia no violenta requiere de una gran organización. Todo movimiento de cambio radical no puede ser solamente una chispa que encienda la hoguera. Exige un movimiento organizado en la sociedad que inicie un camino de transformación permanente.
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3. ¿Y en México? Desde hace mucho tiempo vivimos en una sociedad dividida. Las últimas elecciones dieron lugar a un fraude, aún por aclarar cabalmente. Pero el fraude fue sólo un signo puntual de la indignación por la injusticia a que está sometida gran parte de la población. Es esta indignación general la que plantea un trágico dilema: ¿encender la chispa que conduzca a una nueva revolución o seguir un camino no violento que busque una transformación real? La indignación ante el fraude no hizo más que hacer patente la situación de injusticia en que vivimos desde hace mucho.
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Rebelarse contra el fraude no es suficiente. Es urgente mantener una sólida oposición permanente; para ello es indispensable la organización de la sociedad en rebeldía. Ese es el ejemplo que nos dieron, en su tiempo, Gandhi, Luther King y Mandela. Pero ellos fueron una muestra de oposición organizada porque supieron vencer la vanidad personal de querer ser caudillos para ser representantes de una voluntad común.
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Un movimiento de oposición contra la injusticia tiene que estar imbuido de un valor moral. Tiene que mantenerse la coherencia, evitar toda corrupción que se someta a intereses particulares. Una oposición organizada podría ser plural, de modo de coordinar actitudes y movimientos distintos, pero todos convergentes en la aceptación de un fin común.
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4. Hoy, en México, tenemos ejemplos claros de lo que puede ser una oposición organizada y plural, que puede coordinarse en un propósito superior, respetando las diferencias. Casos patentes son la otra campaña zapatista, el movimiento de la APPO en Oaxaca y la convención nacional democrática. La ocasión que encienda la chispa puede ser actualmente el rechazo a la represión en Oaxaca. Esto podría ser lo que inicie la transformación a escala nacional.
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Pero para ello habría que superar la tentación del caudillismo. Un movimiento de transformación nacional no puede hacerse en torno a ningún caudillo, hasta ahora tanto Marcos como López Obrador han resistido a esa tentación. Pero uno y otro son conscientes, esperamos, de que su fuerza sólo puede provenir de una comunidad organizada. En el ámbito nacional no podría surgir de los partidos políticos, sino de un amplio movimiento de ciudadanos que los rebase.
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Sólo al decir no y actuar en consecuencia podemos hacer camino hacia una oposición plural y organizada.

Recortes al presupuesto, compromisos rotos

La Jornada
14 de diciembre de 2006
México SA
Carlos Fernández-Vega
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Recortes al presupuesto, compromisos rotos
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Adeuda la banca al fisco 18 mil millones de pesos de impuestos diferidos
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En medio de cortes y recortes presupuestales a la educación, y mientras tirios y troyanos se jalonean los escasos recursos públicos ante el incumplimiento, de entrada, de los compromisos calderonistas de campaña, surge rozagante, boyante, insultante, el jugoso negocio bancario trasnacional instalado en México: 49 mil 136.5 millones de pesos en utilidades netas, libres de polvo y paja, en los tres primeros trimestres del año, un incremento de 36.23 por ciento con respecto a igual periodo de 2005, que podrían llegar a 66 mil millones en todo 2006.
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Los mexicanos pagan puntualmente, quiéranlo o no, el atraco del Fobaproa (como lo hacen desde 11 años), mientras las instituciones bancarias que operan en el país no sólo "cerraron el capítulo del rescate" (Manuel Medina Mora dixit), sino que se pavonean: de enero a septiembre de 2006, obtuvieron ganancias netas por 49 mil 136.5 millones de pesos, o lo que es lo mismo 136.5 millones de pesos diarios, 5 millones 687 mil 500 pesos por hora, 94 mil 791.66 mil pesos por minuto o casi mil 580 pesos por segundo, incluidos sábados, domingos y días festivos. Y falta el cierre de año.
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Por cierto, al presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios, el mini inquilino de Los Pinos le recortó 900 millones de pesos, un monto que la banca trasnacional que opera en México obtiene, vía utilidades netas, en seis días, 14 horas, 24 minutos y 30 segundos.
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Felipe Calderón dijo SÍ en campaña, pero ordenó NO ya en el gobierno, y le recortó 4 mil 500 millones de pesos al presupuesto educativo, cuando se comprometió a incrementarlo. Ese monto, que para efectos de la educación en México es vital, lo obtuvieron las trasnacionales bancarias que operan en el país en poco menos de 33 días.
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Son los mismos bancos que todavía adeudan al fisco más de 18 mil millones de pesos en impuestos "diferidos", (causados, pero no enterados; 77 por ciento de ellos, casi 14 mil millones, corresponden al español BBVA-Bancomer y al estadunidense Citigroup-Banamex), los cuales debieron ser pagados, "a más tardar", en 2003, de acuerdo con el "reglamento" y calendario que el propio gobierno federal les "impuso" en septiembre de 1999, cuando José Angel Gurría ­hoy al frente de la OCDE­ despachaba como secretario de Hacienda con Ernesto Zedillo.
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Aunque la práctica de "diferir" el pago de impuestos fue autorizada en 1995 por el gobierno zedillista, tras el estallido de la crisis y la quiebra bancaria, tal reglamentación sólo se estableció el 21 de septiembre de 1999, con la firma de Gurría al calce, y ella precisaba: "cuando los bancos tienen pérdidas fiscales o excedentes de provisiones para cartera mala que rebasan el tope fiscal se genera un derecho para reducir en el futuro el pago de impuestos al gobierno federal. Este activo se podrá amortizar cuando, al generar utilidades, tengan que pagar impuestos, y en lugar de tener que desembolsar efectivo utilicen la cuenta de impuestos diferidos. Es así que el valor de este activo esta condicionado a la futura generación de utilidades". Y el calendario marcaba el final de 2003 para saldar los adeudos fiscales de tal naturaleza.
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Del año 2000 al cierre de septiembre pasado, la banca que opera en el país ha reportado, oficialmente, utilidades netas acumuladas cercanas a 190 mil millones de pesos, un monto 11 veces superior al subsidio fiscal que, vía impuestos "diferidos", les mantiene, incólume, el gobierno federal. Tres años después del "plazo fatal" que les "impuso" la Secretaría de Hacienda, adeudan poco más de 18 mil millones de pesos. En dicho periodo, las ganancias netas se incrementaron 500 por ciento.
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La concentración es parte del negocio. De esos 190 mil millones de pesos, más de 54 por ciento (103 mil millones) corresponden a dos bancos trasnacionales: BBVA-Bancomer y Citigroup-Banamex, cuyas utilidades netas acumuladas resultan 7.35 veces superiores a los 14 mil millones de pesos en impuestos "diferidos" que no han pagado al fisco, con todo y "reglamentación" y "calendario" (no se consideran los "ahorros" fiscales por la compra-venta de Bancomer al BBVA y de Banamex a Citigroup).
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Entonces, los legisladores que "intentan" aumentar en 15 mil 500 millones de pesos el amputado presupuesto educativo para 2007 que envió el inquilino de Los Pinos, de acuerdo con lo dicho por el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, ya no tiene que buscar más ni exprimir a los causantes cautivos: la banca trasnacional adeuda 18 mil millones de pesos en impuestos "diferidos" ­que tendría que haber saldado desde 2003­, con lo que la educación pública obtendría el monto por ellos estimado, y un poco más. Es la misma banca que con más de 49 mil millones en utilidades netas obtenidas en nueve meses de 2006 se niega ­no sin el amparo gubernamental­ a pagar de inmediato sus adeudos al fisco, mientras el jaloneo por el presupuesto de egresos sube de tono.

Narcotabú

La Jornada,14 de diciembre de 2006
Astillero
Julio Hernández López
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Narcotabú
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Drogas, blanqueo y política
Periodismo impracticable
La Familia, poder sustituto
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Un tema tabú que queda en el México de la presunta apertura informativa es el del narcotráfico. No es un asunto de censura sino de autocensura: los periodistas saben que no hay Estado ni autoridad que pueda protegerlos frente a un poder superior, irracional y vengativo, que secuestra, tortura y asesina con absoluta impunidad.
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Investigar y denunciar las andanzas del narco en su plano más abiertamente delictivo es una garantía de represalias que pueden llegar al asesinato, de tal manera que nadie en México se atreve a ir más allá de ese primer plano ­el operativo, el inmediato­ y a entrar al intrincado terreno de las relaciones entre el narco y el poder político, relaciones que hoy abarcan el financiamiento de campañas políticas, la colocación de personeros en puestos estratégicos de gobierno y, cada vez más, la conversión de los pistoleros de los cárteles en instrumentos de presión e intimidación políticas en ámbitos regionales.
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La farsa cotidiana de la lucha contra el narcotráfico pretende convencer a la población de que los intereses de la "delincuencia organizada" y de las autoridades constituidas son distintos, aunque en los hechos todas las corporaciones emplazadas a enfrentar ese mercadeo de drogas están absolutamente subordinadas al poder corruptor de los maletines de dólares y los depósitos bancarios en el extranjero. La verdadera contienda se da más bien entre bandos policiales que defienden a distintos patrones, y la detención programada de cargamentos y personajes del gran mundo de los estupefacientes se debe a rencillas facciosas, a necesidades escenográficas o a presiones de la hipocresía estadunidense que busca castigar en México a quienes corrompen a los agentes gringos para que dejen pasar la droga que consumen viciosos ciudadanos del imperio.
Acciones espectaculares como las que el Ejército realiza en estos días en Michoacán obedecen a la intención política del nuevo gobierno federal de establecer diferencias con su antecesor, cuya gestión se inauguró con la estratégica salida del penal de Puente Grande, en Jalisco, la tierra gobernada por Francisco Ramírez Acuña, del Chapo Guzmán, gran jefe sinaloense que nunca pudo ser reapresado y que en los hechos fue el gran beneficiado de las acciones foxistas de golpeteo a bandas que eran adversarias de quien fue considerado el capo del sexenio, el mismo que habría tenido a su servicio a la ChaPGR. Pero resulta que ese mismo Chapo podría estar viendo en estos momentos con una sonrisa lo que sucede en Michoacán, pues el embate ha sido dirigido contra el grupo autodenominado La Familia, que mantiene una relación de alianza con los Zetas, es decir, con el cártel del Golfo, y contra los Valencia, bandas, esas dos, que pelean entre sí el control de la plaza michoacana.
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Hay, además, un ingrediente sociopolítico interesante: La Familia había dado un increíble paso hacia una especie de depuración de la sociedad desde el poder del narcotráfico, llamando a los ciudadanos a apoyar una cierta reglamentación de las actividades "ilícitas" para que bajara el volumen de violencia pública, con la propia Familia como Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, encargado de recuperar orden, garantizar seguridad y hacer valer las leyes básicas de una convivencia regida, sí, por el narcotráfico, pero por un narcotráfico comprensivo, paternal, tutelar, sacrificadamente sustituto de un Estado ineficaz.
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El aparatoso movimiento militar en Michoacán ­con cinco muertos, a la hora de redactar esta columna­ coincidió con una ceremonia felipense de premiación de defensores de los derechos humanos, en la que el michoacano Calderón aseguró que respetará "irrestrictamente" esos derechos. Los reacomodos en las elites permitieron que fungiera como testigo de honor el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, que sostuvo una confrontación extremosa con Vicente Fox y ahora, ya reinstalado en la silla contigua al poder, anuncia que hará borrón y cuenta nueva para ver con ojos en blanco lo que haga (¿lo que ha hecho?) Felipe Calderón. Ayer mismo, para no buscar otros ejemplos, y en presencia del mismo presidente formalmente defensor irrestricto de los derechos humanos, se anunció la formalización de la transferencia de soldados y marinos a la Policía Federal Preventiva. Siete mil 500 militares y 2 mil 500 miembros de la Armada forman desde meses atrás los cuerpos principales de la policía "civil" que ha actuado en Atenco y en Oaxaca, y ayer esa militarización informal fue protocolizada en un campo castrense, el 37 con sede en San Miguel de los Jagüeyes, estado de México.
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Para cerrar el tema, es muy posible que nada tenga que ver con la actividad de la actual pareja presidencial, pero el asesinato de un primo de Margarita Zavala genera una sensación de fragilidad generalizada (casi a la misma hora del crimen, pero en Naucalpan, no en Huehuetoca, donde está el campo militar 37, Calderón decía que "hoy, los enemigos de México se refugian en la debilidad institucional del Estado"). ¡Uf, los demonios andan resueltos!
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Astillas
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El nombramiento del yerno de la cacique magisterial en una subsecretaría de la SEP representa, desde luego, un clarísimo conflicto de intereses. Pero, además, es la confirmación de que el calderonismo está obligado a pagar sin pudor y con muchos réditos los servicios electorales gordillistas de adulteración ­las brigadas de mapacheo magistral­ y de cooptación, los gobernadores priístas llamados a mover votos hacia el PAN. El yerno elbista es un operador fundamental en lo político ­sus tentáculos controladores llegan al IFE y su presidente, Luis Carlos Ugalde­ y en lo económico ­por mínimo ejemplo: negocios con viviendas, jugoso tema donde coincidió con los Bribiesca. Pero no es ese el único pago de escándalo que el felipismo hace con cariño a la maestra: con total descaro se ha entregado la Lotería Nacional a un consumado especialista en convertir dineros públicos en caja chica para asuntos políticos de la profesora y en caja grande para su fortuna personal... Y, mientras sigue la resistencia al recorte presupuestal, ¡hasta mañana, sin olvidar a Oaxaca, sus presos, desaparecidos, torturados y perseguidos!

Ciudadanos piden la salida de la PFP de Oaxaca

La Jornada, 14 dic. 2006
El Correo Ilustrado
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Ciudadanos piden la salida de la PFP de Oaxaca

El 20 de noviembre, Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como "presidente legítimo" de México ante un millón de mexicanos que desbordamos el Zócalo capitalino para ocupar las calles de 5 de mayo, Madero, 16 de septiembre, 5 de febrero, 20 de noviembre y Pino Suárez. Calderón, por su parte, el 1° de diciembre dos veces rindió protesta como presidente en cadena nacional. La primera, después de la medianoche, una voz en off desde Los Pinos ungió a Calderón. La segunda, protestó en medio de gritos de repudio desde San Lázaro.
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La primera decisión de este gobierno ha sido el recrudecimiento de la represión en Oaxaca. Son cientos los detenidos, desaparecidos y torturados. La PFP tiene tomada la ciudad de Oaxaca y proliferan los cateos ilegales y las acciones paramilitares. Son ya 17 los muertos desde hace casi siete meses. Todos ellos son profesores y miembros de la APPO. ¿Quiénes son los responsables de esta barbarie? ¿Quiénes deben ser detenidos y juzgados por actos criminales?
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Exigimos:
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1) La liberación de todos los presos políticos.
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2) La presentación inmediata de todos los detenidos y desaparecidos.
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3) La salida de la PFP de Oaxaca.
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4) La desaparición de poderes y la realización de nuevas elecciones en Oaxaca.
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5) La aplicación de la ley a los responsables de actos criminales;
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6) La aprehensión, consignación y juicio de Ulises Ruiz Ortiz.
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Todas estas exigencias están contempladas en la Constitución y en las leyes que nos rigen. Llamamos a la unidad de todos los luchadores por la democracia en México en torno a estas demandas.
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Grupo Ciudadano Proyecto Esperanza, Héctor Tamayo López Portillo, Enriqueta Chávez Rojas, Noemí Levy Orlik, Isaías Martínez, Alfredo Ponce, Juan José Dávalos, María José Tonda, Francisco José Navarrete, Carlos Perzabal Marcué, Ana María Muñoz, y 121 firmas más.

Poder, irrealidad y debilidad institucional

La Jornada, 14 de diciembre de 2006
Editorial

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Poder, irrealidad y debilidad institucional
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Ayer, el mismo día en que el titular del Poder Ejecutivo reiteraba su propósito de aplicar mano firme y todo el poder del Estado para frenar a la delincuencia, un comando armado ejecutó a un subcomandante policial del penal Neza-Bordo, individuos no identificados entablaron un combate con una partida militar en Aguililla, Michoacán, y en el Estado de México apareció asesinado un pariente político del propio Felipe Calderón Hinojosa.
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Puede tratarse de una trágica coincidencia, puede ser un mensaje de la delincuencia organizada o puede ser algo más, pero el recuento subraya esa "debilidad institucional" a la que hizo referencia el gobernante en Huehuetoca y que, a contrapelo de lo que sostiene el grupo en el poder, no atañe únicamente a los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, sino que parte de la pavorosa fractura social ahondada por la política económica a lo largo de dos décadas y del creciente divorcio entre el país real y los órganos del poder público, cuyos responsables parecen haberse mudado a una nación virtual.
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Para preocupación y alarma del país, las tendencias a la fuga de la realidad, que en los seis años del foxismo fueron acentuándose hasta convertirse en una burbuja discursiva blindada y hasta coherente dentro de su fantasía, parecen ser ahora marca de origen del calderonismo, el cual concibe el fortalecimiento institucional como una reafirmación de la capacidad gubernamental para hacer uso del monopolio de la violencia ­que, en rigor legal, le corresponde al Estado­, tanto contra la delincuencia organizada como contra las expresiones de descontento social.
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Pero más allá de los medios policiales y militares, el calderonismo carece de soluciones para erradicar las circunstancias que generan tanto el auge de la criminalidad como los reclamos políticos, económicos y sociales de millones de mexicanos. Tal carencia, explicable si se considera el molde ideológico del actual gobierno y el entramado de intereses político-empresariales que le dieron origen, tendría que ser subsanada a la brevedad y sobre la marcha si es que se aspira a una mínima gobernabilidad sexenal. Es sorprendente, por ejemplo, que el equipo de Calderón Hinojosa pase por alto la relación directa y estrecha entre educación y cultura cívica y, por extensión, entre deficiencias educativas y condiciones propicias para el incremento de la delincuencia. Si se operara con visión de Estado, podría verse que la tentativa de mutilación presupuestal a la educación pública incidiría a mediano y largo plazo, de prosperar, en un crecimiento de los caldos de cultivo de la inseguridad. Los responsables de las instituciones tendrían que asumir, en general, que la seguridad pública sin un mínimo de bienestar social es necesariamente frágil y forzosamente autoritaria y que, en cambio, la generación de bienestar es un factor indispensable para el fortalecimiento del estado de derecho.
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Por lo demás, la debilidad institucional no se manifiesta únicamente en las plazas tomadas por los cárteles, sino que arranca con las incongruencias de los gobernantes, como pudo verse, para mal del país, durante la presidencia foxista. Una expresión palpable de debilidad institucional es la circunstancia de un secretario de Gobernación que asiste a la entrega de un premio de Derechos Humanos mientras es demandado penalmente precisamente por violar tales derechos, como es el caso de Francisco Ramírez Acuña, quien ayer mismo fue objeto de una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República como presunto responsable de tortura y detención ilegal en perjuicio de manifestantes altermundistas en mayo de 2004, cuando el que ahora despacha en el Palacio de Covián era gobernador de Jalisco.

Las tarifas de agua deben ser más altas

Milenio Diario, 14 dic. 2006
Entrevista: Adriana Palma Nava
• Experta en recursos hidráulicos
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Las tarifas de agua deben ser más altas
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Para la especialista egresada de la UNAM, en México hay poca conciencia y una falta de cultura generalizada para cuidar el vital elemento.
El incremento de los costos para potabilizar el agua y la disminución de las reservas obligaría a imponer tarifas más altas para concientizar a los usuarios a racionalizar el consumo, consideró Adriana Palma Nava, experta en recursos hidráulicos.
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Reveló que en la Ciudad de México cuesta un dólar el metro cúbico de agua y sólo se cobra tres pesos, mientras que en Europa cuesta 20 euros.
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“Deben realizarse campañas, educar a la gente a que use el agua correctamente, que no lave el carro con manguera, las banquetas con manguera, cepillarse los dientes con la llave abierta y cobrándola”, aseguró Palma Nava.
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Usó como ejemplo el caso de Europa donde al subir las tarifas, a su costo real, para aseverar que ese sería un camino viable para solucionar el problema en México. “En Europa disminuyó el consumo de agua, se eficientó, porque no puedes dejar de consumir agua por ahorrarte dinero, no puedes ni dejar de bañarte, ni dejar de tomarla, pero sí hacer un uso adecuado siempre y cuando te cobren el precio que es”, detalló la ingeniera civil por la UNAM.
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En México cobrar un servicio de ese tipo es político. ¿Qué se debe hacer para evitar la politización del tema del agua, cuando lo ideal es cobrar lo justo para reducir el uso y obtener recursos para la infraestructura?
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“No creo tanto que sea político, una las desventajas del agua en el país es sólo un organismo operador en todo México, a diferencia de que fuera estatal, donde cada entidad pone sus recursos."Ese es el problema que yo vería, además del cultural; el uso del agua, deben realizarse campañas, educar a la gente a que use el agua correctamente, que no lave el carro con manguera, las banquetas con manguera, cepillarse los dientes con la llave abierta y cobrándola”.
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Insiste que el problema del agua está en las pocas fuentes dulces del recurso, además de la contaminación que merma la calidad de liquido al llegar a las casas, y el alto consumo de los mexicanos, superior a los promedios establecidos.
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¿Cuál es la amenaza, para México, en el tema del agua?
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“Es muy típico que digamos el agua se está acabando. El agua no se acaba, es un elemento constante en la tierra, si revisamos el ciclo hidrológico es constante, no se debe de acabar.
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"A qué nos referimos cuando decimos que el agua se está acabado: mejor dicho el agua dulce, estamos contaminando mucho, estamos haciendo unos daños irreversibles al medio ambiente, lo que se está acabando son fuentes de agua dulce.
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"El uno por ciento de toda el agua que hay en el mundo es para consumo de los humanos, y de ese uno por ciento creo que más del 50 por ciento está contaminada.
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"Los problemas que vamos a tener en el futuro es que va a ser muy costoso el tratamiento del agua, realmente costoso. La tendencia que hay es que solamente cierto número de personas, ciertos grupos sociales van a tener acceso al agua debido al alto costo”.
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¿Cómo califica las campañas donde se les pide a los organismos operados cobrar el agua y se exhorta a los consumidores a pagar su costo real?
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“Creo que es un primer paso; en Europa se tiene documentado que cuando aumentaron los costos del agua, es decir cuando se quitaron los subsidios y se cobró a lo que debe de ser, ni siquiera a un costo elevado, la gente empezó a cuidarla.
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"En la Ciudad de México el gasto promedio de agua es de 248 litros por habitante, no los 150 litros por persona”.
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La especialista advirtió además de la mala calidad del agua que llega a las casas, pues se contamina ante el deterioro de las tuberías y los minerales que contienen, al proceder de fuentes subterráneas.
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“Sí es un problema tomar agua de la llave porque tenemos una alta incidencia de enfermedades gastrointestinales, el agua ya fue potabilizada, afínala, dale una pulidita y con qué vas a lograr eso con un sistema de purificación”, indicó.
Alejandro Silva Martínez.
COMENTARIO:
NO MENCIONA NI HACE REFERENCIA AL SALARIO MÍNIMO, NI AL LOS INGRESOS REALES QUE RECIBEN LOS MEXICANOS.
NO MENCIONA TARIFAS REALES PARA LAS GRANDES COMPAÑÍAS REFRESQUERAS COMO LA COCA COLA O LAS GRANDES CERVECERAS (CUAUHTÉMOC, CORONA) QUIENES HOY UTILIZAN GRATIS EL VITAL LÍQUIDO, COMO UN PRIVILEGIO QUE LES PERMITE SUS ENORMES UTILIDADES.
QUE TE COBREN EL PRECIO JUSTO DEL AGUA, SI TE PAGAN EL PRECIO JUSTO DE LA FUERZA DE TRABAJO. EL SALARIO CONSTITUCIONAL.
Y QUE SE LES COBRE TAMBIEN EL PRECIO REAL Y EL DE SANEAMIENTO, Y SE ELIMINEN LOS PRIVILEGIOS A LAS GRANDES EMPRESAS CONSUMIDORAS Y CONTAMINADORAS DEL VITAL LÍQUIDO.

Lo desalojan de La Huasteca

Milenio Diario, 14 dic. 2006
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Desde hace tres años sufre hostigamiento
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Lo desalojan de La Huasteca
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Inspectores le dieron el mensaje a José Ángel Lugo, quien no puede caminar
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Llegaron de la nada. José Ángel Lugo, quien no puede caminar, vigilaba el tejabán de su amigo Emiliano cuando de repente llegaron unos supuestos inspectores de Desarrollo Urbano de Santa Catarina y, sin más, le dieron el mensaje: “te vas y nos vale madre”. Así fue como lo desalojaron de La Huasteca.
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Fue el 8 de diciembre cuando los supuestos funcionarios, de nueva cuenta, irrumpieron en el terreno de Emiliano García Sánchez para desalojarlo de esa zona ubicada en el ejido El Potrero, en el Camino a Guitarritas.
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Ese día, Lugo -quien necesita de muletas para caminar- fue prácticamente levantado por los funcionarios y obligado a refugiarse del frío y la lluvia dentro de una camioneta. Lo habían dejado sin nada.
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“Este señor me ofreció un tejabán aquí para vivir, yo no tenía nada, me dijeron que traían una orden de desalojo, yo le pedí que me enseñara el papel y dijo que Emilio ya sabía y me quitó”, expresó el hombre, quien no tiene casa dónde vivir y por eso le pidió apoyo a su compadre, “me dijeron que no les importaba, que les valía -con perdón de usted- madre”.
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Los supuestos funcionarios encabezados, según Lugo, por Juan Manuel Moreno, arrasaron con todo: Destrozaron el tejabán, se llevaron juegos infantiles, comida, ropa y dejaron a Lugo solo en medio de las piedras, los árboles, la sierra majestuosa… y el frío.
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“Ya tengo tres años batallando con él. Cosa que pongo, cosa que me derriba, cosa que me roba. Me dejan aquí sin nada, pero tengo exactamente tres años batallando”, señaló García Sánchez, quien aún trabaja en volver a construir lo que era su tejabán, “me ha destrozado todo”.
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Mencionó que él adquirió el terreno de 2.5 hectáreas hace 10 años pero desde hace tres, cuando estaba la alcaldesa Irma Adriana Garza Villarreal, empezaron los hostigamientos. En su caso, el funcionario que ordenaba el desalojo era Víctor Lastra, afirmó.
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“Decía que eran órdenes que él tenía, que eran órdenes de Bertha Plascencia”, mencionó en referencia a la ex secretaria de Desarrollo Urbano municipal.“Estos tres años me han estado pisoteando bastante feo”.
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Él no se explica por qué se ha dado este hostigamiento. “El problema es más que todo con uno, yo creo. No sé si esto sea personal, no sé nada”, dijo. “Yo pienso que viene, no sé si sea personal o viene por alguna orden de alguna persona importante”.
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Lo que sí ha escuchado es que existe un proyecto de urbanización en la zona y por eso se pretende comprar los predios en este lugar, donde también se ha mencionado la posible construcción de un rodeo.“No sé qué gentes habían dicho que querían urbanizar y que querían que todo esto estuviera limpio”, comentó García.“Pero yo no voy a vender: es el patrimonio de mis hijos y no lo voy a dejar”.
Santa Catarina • Adriana Esthela Flores

Pretende el gobierno aplicar operativos contra evasión fiscal

La Jornada, 14 de dic. 2006

VICTOR CARDOSO

Obligado por una previsible caída en los ingresos petroleros en 2007, el gobierno federal pidió autorización al Congreso para aplicar estrictas medidas de fiscalización para evitar la evasión en el pago de impuestos mediante operativos que contemplan "recorridos de domicilios, establecimientos, locales, puestos fijos y semifijos en la vía pública, o de cualquier otro lugar donde se realice una actividad económica".
Se prevé, incluso, establecer convenios con los gobiernos estatales para realizar encuestas y sondeos que permitan determinar las actividades económicas gravables y hasta cruzar información con los datos que obtenga el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con motivo de sus actividades para la elaboración de estadísticas y encuestas.
Incluso se tiene contemplado que a partir de 2008 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) "proporcionará a las sociedades de información crediticia autorizadas conforme a la ley de la materia, de acuerdo con las reglas de carácter general, que dicho órgano desconcentrado emita para el efecto, la información de los contribuyentes que cuenten con créditos fiscales que al 1 de enero de ese año no hayan sido cubiertos, ni garantizados en los plazos y términos de ley.
Esto es, sencillamente, enviar información de deudores fiscales al llamado Buró de Crédito.
Esta sería la segunda ocasión en que, a través de la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal intenta obtener la autorización de los legisladores para combatir la evasión fiscal, reducir la economía informal y ampliar la base de contribuyentes mediante acciones que en el pasado fueron calificadas como "terrorismo fiscal" y "acciones inquisitorias", como la revisión de domicilios, establecimientos y locales fijos o semifijos, con fines de fiscalización.
Se calcula que la evasión fiscal puede representar al menos 800 mil millones de pesos al año, o 40 por ciento del padrón de contribuyentes. Pero, el estudio Evasión fiscal en el impuesto sobre la renta de personas físicas, realizado por investigadores del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México, se calcula que sólo en 2005 la evasión fiscal pudo haber representado 77 por ciento, o 0.76 por ciento del producto interno bruto (PIB). Esto haría de México el país con la recaudación más baja del mundo.

Acusan ante PGR a Ramírez Acuña

El Norte, 14 dic. 2006
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Acusan ante PGR a Ramírez Acuña
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Denuncian activistas detención ilegal y tortura durante Cumbre de 2004 en Guadalajara
Rolando Herrera
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MÉXICO.- Integrantes del Frente de Procesados M28 denunciaron ayer ante la Procuraduría General de la República al Secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, por los delitos de tortura y detención ilegal ocurridos en el 2004 en la cumbre de Guadalajara.Alrededor de 30 jóvenes acudieron a la PGR en donde entregaron en la oficialía de partes un escrito, en el que responsabilizan al funcionario de haber operado el operativo policíaco que derivó en la captura de 111 altermundistas."Denunciamos que en la impunidad de estos hechos del 28 de mayo del 2004, el principal responsable de estas acciones es Francisco Ramírez Acuña, porque no sólo propició y operó estas acciones de represión y brutalidad policíaca, sino que además, pocos días después, premió a los policías municipales y estatales por su labor en estos hechos", indicó César Naranjo.En la oficialía de partes se selló de recibido y, de acuerdo con la normatividad establecida, en los próximos días se girará un citatorio a los denunciantes para que ratifiquen el escrito.Naranjo, quien dijo ser una de las víctimas de los actos de tortura, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al entonces Gobernador de Jalisco para que investigara y sancionara los excesos en los que incurrieron los policías el 28 de mayo del 2004 durante la Tercera Cumbre de América Latina y el Caribe Unión-Europea.En un informe especial, resaltó, la CNDH documentó la existencia de 73 detenciones ilegales, 55 tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura."Todas las instituciones de justicia gubernamentales, no sólo hicieron caso omiso, sino que se dedicaron a desprestigiar públicamente a este organismo."(A pesar) también, a la información dada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura", resaltó.Los jóvenes integrantes del Frente de Procesados M28 marcharon del Monumento a la Revolución hasta el edificio central de la PGR.
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Así lo dijo:
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"(Ramírez Acuña) no sólo propició y operó estas acciones de represión y brutalidad policíaca, sino que además, premió a los policías".
César Naranjo.
Víctima de tortura

Mal comienzo

Enrique del Val Blanco, Analista político y economista.
el Universal, 14 de diciembre de 2006

Al presentar su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2007 y publicar el decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto en la administración federal, el inicio de este régimen no podía haber sido peor. Tuvieron el tiempo suficiente para analizar cuáles serían las consecuencias de presentar un proyecto tan recesivo en algunos aspectos y en otros tan generoso.

La primera impresión que ha dado este proyecto, sometido al análisis, discusión y aprobación de la Cámara de Diputados, es que se privilegia los aspectos represivos de un gobierno en demérito de los aspectos sociales, donde van incluidos la educación, la ciencia y tecnología, la cultura y también la atención a los pueblos indígenas.

Sin duda la violencia y la amenaza del narco es severa y hay que destinarle recursos pero nunca en detrimento de la atención a necesidades de los pobres, y los miembros del nuevo gobierno deben entender que son más de 50 millones de personas.
Llevamos ya varios días en los que los funcionarios gubernamentales han tratado de sacar adelante, con argumentos que caen por su propio peso, varias de las reducciones que tuvieron a bien realizar sobre el escritorio sin la menor consulta, ni siquiera a los secretarios responsables de cada tema.
Sin embargo, lo que más sorprende es que se empiece a tratar a los ciudadanos como menores de edad, planteando argumentos contradictorios. El mismo Presidente de la República mencionó que el presupuesto era inercial. En los hechos más que inercial es criminal en varios temas.
El secretario de Hacienda, al referirse al recorte que se pretende hacer a la UNAM, indicó que es producto del decreto de austeridad, lo cual quedó demostrado que no es así, como tampoco es en el caso del recorte al resto de las universidades públicas. El subsecretario de Egresos, ante los miembros de la comunidad científica y algunos rectores, argumentó la reducción con base en la baja del precio del petróleo. Ahora resulta que cuando el precio estaba por arriba no beneficiaba a la educación ni a la ciencia y tecnología; ahora que está abajo, pues tampoco. Durante esta semana el Ejecutivo ha tenido que reconocer "errores" y promete revisarlos.
Es pésimo presentar en el primer año un presupuesto y un decreto de austeridad donde se privilegia el salario de las Fuerzas Armadas y de los Ministerios Públicos y se castiga, entre otros, el salario de maestros, médicos y enfermeras. En los decretos de regímenes anteriores estos sectores también estaban protegidos contra reducciones; ahora, por lo visto importan muy poco.
Una vez más vemos que los compromisos en materia de deuda y del IPAB siguen siendo los irreductibles. Así nos encontramos con que para 2007 nuestro país, es decir sus trabajadores, tendrán que generar más de 250 mil millones de pesos sólo para pagar los intereses de la deuda, interna y externa. Anteriormente se han presentado propuestas sobre la necesidad de reducir tanta sangría y estar en condiciones de renegociar dichos pagos. Si nos quedáramos con 10% de ese pago, habría alrededor de 25 mil millones de pesos para distribuir entre los sectores que más necesitan, proponiendo a nuestros acreedores que sí pagaremos, pero a un mayor plazo.
En salud se privilegia en exceso al "Seguro Popular" en perjuicio del sistema sanitario público, con la tendencia de hacer participar en él al sector privado. Lo mismo ocurre en la educación, donde nuevamente aparece la propuesta de los vouchers, para que cada estudiante escoja la institución a la que quiera asistir. Esta propuesta parte del ejemplo de Estados Unidos, y ahora que vino a México el director de la OCDE también insistió en ella. Algo parecido pretenden en las carreteras al reducir en más de 30% la inversión en este sector. Parece ser un esfuerzo más en el camino de la privatización de los servicios públicos, propuesta que tanto gusta a los panistas y que ni tardos ni perezosos la están impulsando desde el inicio del actual régimen.
Por lo visto de lo que se trata es, no de hacer reducciones por situaciones especiales, sino de una embestida contra los servicios públicos que hasta ahora el Estado mantiene, con dificultad y pocos recursos. Se trata de demostrar, ahogándolos sin los recursos públicos, que en manos privadas las cosas se hacen mejor.
Lo que no toman en cuenta es que los mexicanos en su gran mayoría no estamos de acuerdo con estas propuestas y que lucharemos para que no se lleven a cabo. La mejor demostración de ello ha sido la respuesta no sólo de los universitarios sino de la sociedad entera, ante los pretendidos embates hacia la UNAM, reduciéndole el presupuesto en casi 900 millones de pesos; claro con algunas excepciones, como es el caso del señor Sergio Sarmiento que una vez más muestra su encono contra la educación superior pública.
Sus fuentes de información deberían darle toda la película, pues en el caso concreto de la UNAM la reducción presupuestal es la mencionada líneas arriba, y lo han reconocido los funcionarios de la SHCP.
Asimismo, sería conveniente que el señor Sarmiento supiera que la UNAM no sólo se encarga de la docencia para más de 295 mil estudiantes, sino de cerca de la mitad de la investigación científica que se hace en este país así como también de servicios nacionales como son la Biblioteca y la Hemeroteca, entre otros. Debería tener en cuenta estas consideraciones antes de escribir con tanto desconocimiento sobre esta institución.
Los rectores "no chillan ni hacen campañas anuales para obtener más fondos", como dice el señor Sarmiento, lo único que hacen es defender uno de los sectores básicos de la educación y que durante seis años ha sido golpeada por los presupuestos públicos panistas. Tal vez ignora que la UNAM genera 2 mil 500 millones de pesos por la venta de productos y servicios. Pocas empresas mexicanas llegan a esta cifra en ventas.
Se ha demostrado que la inversión en educación superior es una de las palancas que permite salir del subdesarrollo. El señor Sarmiento debería conocer lo que está ocurriendo en China y en la India, donde han entendido claramente que para permanecer en este mundo tan competido tienen que fortalecer su educación superior.
La discusión va a ser difícil, pero esperamos que en la Cámara de Diputados el resto de los partidos, cuyos miembros sí lo entienden según hemos visto en sus declaraciones, pongan un alto a estas pretensiones de privatizar lo público en aras del mercado.
Por si leyeron en El Norte el artículo de Sarmiento sobre las universidades públicas al que aquí se hace referencia. Para todos aquellos que no contamos con alguna columna en ningún periódico, igual deberíamos escribir a los diferentes editorialistas, para exponer nuestros argumentos, combatir los suyos y demostrar así que aquí en el norte, no todos somos azules.