viernes, agosto 21, 2009

En defensa del maíz


climaActivistas, socios y ciberactivistas de Greenpeace se
manifestaron en la Sagarpa-Senasica para exigir
que sea protegida nuestra gran diversidad de maíces mexicanos rechazando las solicitudes de maíz transgénico.

Nuestro maíz peligra...
¡¡Actúa ahora para defenderlo!!

Estos días son aciagos para el maíz y los
mexicanos. Autoridades del Servicio
Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (Senasica) están
a punto de aprobar 25 solicitudes
de siembra experimental de maíz
transgénico en el campo mexicano,
hechas por Monsanto y otras corporaciones.
Con esta autorización, el maíz nativo
corre el riesgo de contaminarse y perderse.


El responsable de tomar esa decisión
es Enrique Sánchez, director del Senasica,
a quien el secretario de Agricultura, Alberto
Cárdenas delegó dicha tarea de autorizar
o rechazar estos cultivos. Si Enrique Sánchez
aprueba estas solicitudes, estará violando
la Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados (LBOGM) y
poniendo en riesgo nuestro patrimonio
más importante.


La historia de los transgénicos en México
ha estado plagada de procesos irregulares,
ilegales y tramposos, implementados
por Alberto Cárdenas y otros funcionarios
para servir a las corporaciones transgénicas,
como Monsanto. Hoy, este largo camino
está a punto de entrar a una nueva fase muy
delicada, si permitimos que se siembre
legamente maíz transgénico en la cuna de ese
grano.


Por eso, te invitamos a que le escribas a
Enrique Sánchez y a Alberto Cárdenas para
exigirles que cumplan con su responsabi-
lidad de proteger el maíz y que si no lo hacen,
mejor renuncien. Para sumarte a esta
demanda urgente, entra aquí. El actor Miguel
Rodarte ya se sumó y tiene un mensaje
urgente para ti: todos a defender el maíz ¡ya!


Firma

Encuentro Casas del Movimiento


Primer Encuentro Nacional en Contra de los Cobros Excesivos de Luz

CONVOCATORIA PARA TODAS LAS CASAS DEL MOVIMIENTO

Primer Encuentro Nacional en Contra de los Cobros Excesivos de Luz
29 y 30 de Agosto
Auditorio del SME

Se hace una atenta invitación a todas las Casas del Movimiento para participar en el Primer Encuentro Nacional en Contra de los Cobros Excesivos de Luz, los días 29 y 30 de agosto de 2009, en la Ciudad de México, en el Auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Insurgentes casi esquina con Antonio Caso.


Asimismo se les informa que hemos garantizado el costo del hospedaje y de los alimentos para tres compañeros por Casa del Movimiento de cada Estado de la República.


En razón de lo anterior, les pedimos por favor confirmen su asistencia, proporcionándonos los nombres de l@s compañer@s que asistirán a este Primer Encuentro Nacional.

A T E N T A M E N T E

MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMÍA POPULAR,

DEL PETRÓLEO Y LA SOBERANÍA


COORDINACIÓN NACIONAL
Pasen la voz!!!!!


Dos notas de La Jornada, sobre la participación del estado mexicano en Acteal


Revelaciones de Washington sobre el papel del Ejército en Acteal


Hermann Bellinghausen

Tarde o temprano, los archivos hablan. Escamoteados, mutilados, editados, se presume que controlados, llega el día que se fisuran y pueden despertar crímenes políticos del pasado. Ahora lo vemos con uno de los más dolorosos en tiempos recientes: la masacre de Acteal. A dos semanas del controvertido dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que liberó a 20 paramilitares y repuso el proceso a otros más, incluyendo a asesinos confesos, el asunto toma derroteros inesperados.

Se desarrolla un escenario político que no fue considerado por los desenterradores mediáticos y jurídicos de Acteal. Mientras éstos desdeñan sistemáticamente en prensa, radio y televisión la mera posibilidad de responsabilidad oficial y de las fuerzas armadas, sin argumentos y de un manotazo, aparecen reportes en Estados Unidos que abren la ventana documental que confirmaría lo que se registró en La Jornada entre 1997 y 1998, sobre la participación militar y policiaca, con base en un plan contrainsurgente para combatir a las comunidades zapatistas de Chiapas.

Ello, justo ahora que hasta el PRI se desmarca de las acciones del gobierno de Ernesto Zedillo en aquel entonces, y hasta sugiere que debería ser investigado. Eso parece que bastará para impedir que Emilio Chuayffet (secretario de Gobernación cuando ocurrió la masacre) se convierta en su líder en la nueva Cámara de Diputados. Hay indicios de que el salinismo resucitado no quiere cargar los muertos del zedillato, aunque Chuayffet sea carta de Enrique Peña Nieto, por aquello de la familia mexiquense.

La investigadora Kate Doyle, directora del Proyecto México en el Archivo de Seguridad Nacional, en Washington, reveló documentos desclasificados de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos que describen el papel del Ejército federal en el apoyo a los grupos paramilitares en Chiapas en el momento de los asesinatos. Los cables secretos confirman los reportes sobre el apoyo militar a los grupos indígenas armados que llevaron a cabo ataques contra comunidades prozapatistas. También reviven un asunto latente, dice Doyle: ¿Cuándo dirá la Sedena la verdad sobre su papel en Acteal? (The National Security Archive, 20 de agosto).

Doyle señala que los documentos contradicen la historia oficial sobre la masacre, elaborada por el gobierno de Zedillo, que la reducía a un problema local, intercomunitario. En un telegrama a la DIA en Washington, el 4 de mayo de 1999, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México señaló “el ‘apoyo directo’ del Ejército a grupos armados en las áreas montañosas de Chiapas, donde tuvieron lugar las matanzas”. El documento describe “una red clandestina de ‘equipos humanos de inteligencia’ (Humint), creados a mediados de 1994 con la aprobación del entonces presidente Carlos Salinas, que trabajaban en las comunidades indígenas para recabar información de inteligencia de los ‘simpatizantes’ zapatistas”. Para promover grupos armados antizapatistas, los Humint daban entrenamiento y protección contra los arrestos por parte de las agencias del cumplimiento de la ley y unidades militares que patrullan la región.

La investigadora precisa: Aunque el cable fue escrito en 1999, el agregado estadunidense tuvo cuidado en señalar que oficiales de inteligencia del Ejército federal estaban supervisando a los grupos armados en diciembre de 1997. El documento ofrece detalles nunca antes mencionadosequipos de inteligencia humana, explicaba el agregado militar, estaban compuestos por oficiales jóvenes con rango de capitán, y algunos sargentos que hablaban los dialectos de la región. Estos Humint, integrados con tres o cuatro personas, eran asignados a comunidades selectas por tres o cuatro meses y luego rotados a una comunidad diferente. en las versiones oficiales. Los

Y no sólo. Ya en otro informe de la misma oficina militar de la embajada estadunidense en México, enviado el 31 de diciembre de 1997, se describía el despliegue de tropas federales en las zonas de conflicto de Chiapas. Citando fuentes secretas y abiertas, el documento indica que el presidente Zedillo envió miles de efectivos más a la región después de la masacre de 45 indígenas el 22 de diciembre de ese año. Las nuevas unidades estaban en alerta para participar en caso de un posible levantamiento. (Informe a la DIA, divulgado por el Archivo de Seguridad Nacional bajo un requerimiento amparado en el Acta de Libertad de Información, FOIA, y difundido en Washington en febrero de 2008).


Informe de la Agencia de Inteligencia de Defensa menciona la participación del Ejército

CSG y Zedillo autorizaron apoyo a paramilitares en Chiapas, dice EU

Estos grupos armados eran supervisados por la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza de Acteal

El Archivo Nacional de Seguridad presentó los documentos

Foto
Deudos de víctimas de Acteal
Foto Moysés Zúñiga Santiago/Archivo

David Brooks,Corresponsal

Nueva York, 20 de agosto. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos informó sobre el apoyo directo del Ejército Mexicano a paramilitares en Chiapas, que se brindaba desde mediados de 1994, con autorización del entonces presidente Carlos Salinas, como parte de la estrategia contrainsurgente contra las bases zapatistas, y señala que estas agrupaciones armadas estaban bajo la supervisión de la inteligencia militar mexicana durante las fechas en que se perpetró la matanza en Acteal, ya con Ernesto Zedillo como titular del Ejecutivo. Lo anterior está plasmado en documentos oficiales estadunidenses recién desclasificados y presentados hoy por la organización denominada National Security Archive (Archivo Nacional de Seguridad).

Un cable enviado por la agregaduría de Defensa de Estados Unidos en México a la jefatura de la Agencia de Inteligencia de Defensa, (DIA, por sus siglas en inglés), instancia del Pentágono, fechado el 4 de mayo de 1999, informa que para mediados de 1994, el Ejército Mexicano contaba con autorización presidencial para instituir equipos militares encargados de promover grupos armados en las áreas conflictivas de Chiapas. El intento fue asistir a personal indígena local en resistir al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Además, durante la masacre de Acteal de 1997, oficiales de inteligencia del Ejército estaban involucrados en supervisar a los grupos armados en los Altos de Chiapas.

Al describir el apoyo directo del Ejército Mexicano a grupos indígenas armados en la zona de Chiapas donde se ubica Acteal, el cable informa sobre una red clandestina de equipos de inteligencia humana (agentes de inteligencia) formados por el Ejército a mediados de 1994, con la autorización del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Estos equipos tenían la tarea de infiltrar comunidades indígenas para lograr obtener información sobre simpatizantes zapatistas.

Fueron estos equipos, agrega, quienes promovieron grupos armados antizapatistas –esto es, paramilitares–, otorgando tanto capacitación como protección frente a las autoridades de seguridad pública y unidades castrenses en la región. El cable informa que estas actividades ya se realizaban desde diciembre de 1997, cuando ocurrió la matanza de Acteal.

Lo más importante sobre los documentos de la DIA es que contradicen directamente la historia oficial sobre la matanza relatada por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo, afirma Kate Doyle, directora del Proyecto México del National Security Archive, en su presentación de los documentos que su organización obtuvo bajo las leyes de libertad de información y difundidos en su sitio de Internet. Doyle recuerda que el informe del procurador general de la República, Jorge Madrazo, en 1998, afirmaba que la PGR había documentado la existencia de grupos civiles armados en Chenalhó, no organizados, articulados, entrenados ni financiados por el Ejército Mexicano ni por otras instancias gubernamentales, sino que su gestación y organización responde a una lógica interna determinada por la confrontación entre las comunidades y dentro de las comunidades, con las bases de apoyo zapatista.

El cable de la DIA también ofrece detalles nunca antes conocidos sobre el funcionamiento de los equipos de inteligencia humana del Ejército Mexicano en otorgar este apoyo. El cable describe que estos equipos eran compuestos primordialmente por oficiales jóvenes con rango de capitán segundo y primero, así como por algunos sargentos selectos que hablaban los dialectos de la región.

El informe enviado a la sede de la DIA agrega que los equipos de inteligencia humana estaban compuestos por entre tres y cuatro personas, a quienes se les asignaba cubrir comunidades por un periodo de tres o cuatro meses. Después de tres meses, los oficiales pertenecientes a los equipos eran rotados a una comunidad diferente en Chiapas. La preocupación por la seguridad de los equipos era la razón más importante para la rotación de éstos cada tres meses.

Para Doyle, estos documentos llevan a la conclusión de que la lógica de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) era “una estrategia de contrainsurgencia cuidadosamente planeada que combinó programas de acción cívica –frecuentemente anunciados por la Secretaría de Defensa en declaraciones a la prensa– con operaciones de inteligencia secreta diseñadas para fortalecer a los paramilitares y provocar el conflicto en contra de los partidarios del EZLN”.

Doyle critica la falta de acceso y disposición del gobierno mexicano a toda la documentación sobre Acteal. Hasta que la administración actual decida honrar su obligación de informar a sus ciudadanos sobre la verdad de la masacre de 1997, el clamor del pueblo por los hechos permanecerá perdido en los archivos improcedentes. Y a nosotros sólo nos queda recurrir a Estados Unidos en busca de información sobre el Ejército Mexicano y Acteal.

Despliegue de tropas

En el segundo de los dos documentos desclasificados y presentados por el National Security Archive, se trasmite información sobre el despliegue de 5 mil elementos de tropa por parte del gobierno de Zedillo –para reforzar a los 30 mil desplegados permanentemente en Chiapas, o lo que es llamada zona de conflicto– inmediatamente después de la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, el 22 de diciembre de 1997.

Citando a fuentes abiertas, esto es, a medios de comunicación, como también secretas, la oficina del agregado de Defensa de Estados Unidos en México informa a la DIA en el cable fechado 31 diciembre de 1997, que unas 2 mil tropas, más otras fuerzas, fueron desplegadas en la zona de Chenalhó para ofrecer ley y orden en la región, así como también tareas sociales a comunidades indígenas, en particular a las comunidades desplazadas por el grupo MIRA. Indica que integrantes de esa agrupación paramilitar han gobernado la zona por amenazas y violencia en la región de Chenalhó. A la vez, se informa que otras unidades fueron puestas en alerta para asistir en el evento de una sublevación.

Entre las fuentes abiertas citadas por el documento, incluidas algunas publicaciones, se menciona a La Jornada, a la cual se refiere como un periódico considerado como bien escrito, inclinado hacia la izquierda, con buena cobertura noticiosa.

Encuentro de Defensores de Derechos Humanos



Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos demanda garantías al Estado


OSC defensoras de derechos humanos de diferentes estados


Organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos de diferentes Estados de nuestro país reunidas en el marco del Segundo Encuentro Nacional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y Familiares de Presas y Presos Políticos y de Conciencia, los días 7 y 8 de agosto del presente año en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; encuentro convocado por este último, por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C. y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Evento que contó con la presencia de Alberto Brunori, Representante de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos humanos en México, José Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo, Santiago Corcuera Cabezut, Presidente del Sistema de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en la ONU y Alejandra Nuño, Cuarta Visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.


Dentro del mismo se señaló que la actual situación a la que se enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos en nuestro país es:

• El doble discurso por parte del Estado, a nivel internacional con una faceta aparentemente comprometida con los derechos humanos, cuando a nivel interno no sólo no hay interés de proteger y apoyar la defensa de derechos humanos, sino que existe la obstaculización a este derecho, y la no implementación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.


• La militarización de nuestro país, con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado, agravada con el juzgamiento de elementos del ejército mexicano presuntos violadores de derechos humanos en el fuero militar, generando la indefensión de las víctimas.

• Deficiencias en la procuración y administración de justicia, que se traducen en impunidad.

• La criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos, a través del empleo de tipos penales para imponer sanciones a solicitantes de derechos, agresión sistemática por parte de la policía a manifestantes, acoso y hostigamiento.

• Agresiones directas en contra de la vida e integridad de familiares de presas y presos políticos y de conciencia, y de defensoras y defensores de derechos humanos, tales como detención arbitraria, detención ilegal, tortura, desaparición forzada y asesinato, con especial gravedad en las comunidades indígenas.

• Doble agresión, por un lado el Estado y ahora, por otro los grupos del crimen organizado.

• Campañas de desprestigio hacia la persona y labor de las defensoras y defensores de derechos humanos y activistas sociales.

Proponemos:

  • La creación de un mecanismo o instancia defensora de defensoras y defensores de derechos humanos, construida con la participación activa de la Sociedad Civil.
  • Creación de un espacio de diálogo eficaz entre Sociedad Civil y Gobierno para analizar y resolver la situación de las presas y presos políticos y de conciencia.
  • Aprovechamos para manifestar nuestra solidaridad con el Pueblo hondureño, y con sus defensoras y defensores de derechos humanos.

Exigimos:

  • Que el Estado Mexicano garantice la seguridad de las defensoras y defensores de derechos humanos en su labor cotidiana, y que reconozca la importancia de ésta; que se abstenga de criminalizar la protesta social y la exigencia de derechos.
  • Que los Organismos Públicos de Derechos Humanos en el país cumplan con sus obligaciones y el fin para el que fueron creadas.
  • El respeto a la libertad de expresión y a su ejercicio sobre todo de quienes cubren el tema de derechos humanos.
  • El cumplimiento de los instrumentos internacionales a favor de los derechos humanos, a los que México está obligado.
  • La inmediata liberación de las presas y presos políticos y de conciencia en México.


Ciudad de México, 8 de agosto de 2009.


Atentamente

Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C., Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo, Comisión de Trabajadores de Nutrición en Defensa del Empleo, Colectivo La Voz del Pueblo, Colectivo Sangre de Dragón, Frente Nacional Contra la Represión, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra ATENCO, Frente Popular de los Pueblos y Colonias del Sur, Fundación Serfull, Grupo de Apoyo Psicosocial, Lucha Ciudadana, A.C., Movimiento de Lucha Popular, Observatorio de la Conflictividad Social/ SERAPAZ, Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los derechos para todas y todos”, Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C., SICSAL Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina.

miércoles, agosto 19, 2009

Carta de los presos políticos de Candelaria, Campeche


Presos políticos de Candelaria, Campeche: la energía es del pueblo y debe estar en manos del pueblo


Carta de los presos políticos de Candelaria Campeche a la Red Nacional de Resistencia Civil contra las Altas Tarifas. Reunión de la Regional sureste. (15 y 16 de agosto, Huazuntlán, Veracruz)

14 de agosto de 2009

Compañeros y compañeras reciban un combativo saludo de quienes nos encontramos aquí recluidos en este penal de San Francisco Koben, Campeche. Aprovechando la visita del compañero Jacki:

Queremos decirles que aunque no nos encontramos físicamente con ustedes, nos encontramos con nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestra energía y rabia para continuar con esta lucha que es de todos.

El mal gobierno piensa que con encarcelarnos nos va a desanimar y desunir pero se equivocó. Ahora más que nunca sentimos el apoyo de miles de hermanos y hermanas a lo largo de nuestro país y otros países que se han solidarizado a esta gran lucha.

Nosotros nos sentimos fortalecidos porque sabemos que estamos haciendo lo correcto por el bien de nuestros pueblos. Ni un paso atrás. La resistencia tiene que seguir y no pararemos hasta obtener la victoria para todos y todas.
Agradecemos infinitamente su apoyo incondicional con esta justa causa y les pedimos que sigan fortaleciendo estos lazos de unidad que hasta ahora hemos tenido.

Pronto estaremos fuera de estas rejas y estaremos con ustedes para seguir coordinando nuestras resistencias.

Esperamos que de la Red Nacional, Regional Sureste, salgan buenas propuestas y acciones para la integración de la Red.

Ánimo compañeros y compañeras.

Desde el penal abrazos muy fuertes de:

Sara, Joaquín, Guadalupe Borjas, Guadalupe Lizcano y Elmer.

Acuérdense que
¡La energía es del pueblo y debe estar en manos del pueblo!

Jacinta. Presa de conciencia


México: Justicia de segunda clase para una mujer indígena

La primera noche en mi celda estaba lloviznando y hacía mucho frío y con las rejas todas abiertas y todo, y en ese momento sí sentí mal porque yo no hice nada y por qué me hacen esto y estoy en la cárcel y nunca había hecho nada. Y sí en ese momento lloré, lloré y dije “¿ahora qué?”. Y cuando escuchaba las puertas que se abrían dije ojalá que me dejan ir, y yo me paraba y veía en la puerta a ver si alguien me iba a dejar ir, y no.

Jacinta Francisco Marcial, junio de 2009


Para ver video, haz click aquí


El 26 de marzo de 2006 entraron en el mercado central de Santiago Mexquititlán seis agentes de la Agencia Federal de Investigaciones vestidos de civil, que decían estar realizando una operación de búsqueda de drogas y DVD “pirata”. En medio de la tensión, los agentes intentaron confiscar productos del mercado, y los vendedores les pincharon los neumáticos de algunos de sus vehículos. La protesta acabó el mismo día con la indemnización a los vendedores por los daños causados a sus mercancías; sin embargo, esa misma noche los seis agentes presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República, alegando que las personas participantes en la protesta los habían tenido secuestrados varias horas.

Más de cuatro meses después del incidente, Jacinta fue detenida. En ese momento, le dijeron que iban a hacerle unas preguntas sobre un árbol cortado. Jacinta hablaba poco español y no entendía lo que ocurría. La única prueba que había contra ella era una fotografía publicada en el periódico local en la que se la veía pasando detrás de un grupo de gente que estaba protestando. Numerosas personas han testificado que Jacinta no participó en las manifestaciones. Ese día se la vio asistiendo a misa, vendiendo helados y acudiendo a la farmacia para ponerse una inyección. Durante el juicio no se pidió a los agentes que comparecieran para demostrar su denuncia o reconocer a Jacinta. Tampoco le fue respetado su derecho a contar con un intérprete y el abogado defensor designado por el Estado nunca llegó a hablar con ella para explicarle su derecho a la defensa.

Jacinta, indígena otomí de 46 años, tiene seis hijos y se ganaba la vida vendiendo helados y refrescos con su esposo en un puesto del mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlan. Lleva 3 años en prisión y continúa a la espera del resultado de un nuevo juicio.

Pide la liberación inmediata e incondicional de Jacinta.

Sobre las Acciones Urgentes

Sobre las Acciones Urgentes reproduzco el artículo que sobre el tema me publicaron en 15Diario el 13 de julio, y que después el Comité Cerezo amablemente lo sacó en su página http://espora.org/comitecerezo,en donde explico que por más desconfianza que sienta un@ por los funcionarios, por más ilegítimos que sean, ejercen el poder; y si la vida o integridad de un ciudadano vulnerado en sus derechos cabe la posibilidad de ser salvada, vale la pena escribir e inundar de cartas a las autoridades. Los ciudadanos sólo nos tenemos a nosotros mismos, no nos escatimemos la poca o mucha ayuda, colaboración y solidaridad que podamos brindarnos.


Acción Urgente: Una herramienta de defensa

Maria Elena Padilla / 15Diario

A partir del breve taller impartido por el Comité Cerezo, confirmado luego por el trabajo que en la localidad realiza CADHAC, me convencí que no hay de otra: a pesar del repudio que nos generen y de la poca confiabilidad que puedan tener las instituciones o los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, ilegítimos, corruptos, represivos, debemos usar todos los instrumentos a nuestro alcance para influir y presionar para que se respete la vida, la integridad, los derechos de quienes están siendo vulnerados por la fuerza de quien ejerce algún tipo de poder, oficial o fáctico.


Mariano Díaz Ochoa, presidente municipal de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el más rancio perfil coleto propuso al cabildo, apenas en marzo de este año, implementar sanciones económicas a quien realice pintas, según él “mal llamadas grafitis”, ofreciendo recompensas a quienes denuncien a los que ejerzan tal actividad. Los asistentes a dicha sesión de cabildo, seguramente igual de molestos ante ese tipo de expresión callejera, aprobaron de manera unánime la propuesta. El operativo se echó a andar, se persiguió a los jóvenes creando un clima de linchamiento contra sus expresiones, su manera de vestir.

Así las cosas, un joven, Víctor Martín Penagos, fue sorprendido el 27 de mayo en pleno proceso de grafitear un muro por un guardia de seguridad de un hotel, quien le asesinó de dos disparos. El joven de 16 años pagó con su vida el imperdonable crimen de pintar una pared.

Ya resulta exagerado que se les pretenda cobrar una multa de $20,000 pesos a quien sea sorprendido haciendo grafiti o que se otorguen recompensas de $5,000 a quien delate a un grafitero en acción, pero resulta fuera de toda proporción que alguien pueda ser agredido hasta la muerte por expresarse en muros públicos o privados.

Es inaudito que se valore la limpieza de una pared más que la vida de un joven. El responsable directo de la muerte del Burla, como era conocido este chico, ¿será justamente castigado por su crimen? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que libres y quitados de la pena están los otros responsables: alcalde, cabildo, sociedad satisfecha de que sus paredes estén pulcras.

El ambiente de persecución contra los jóvenes no ha cesado en San Cristóbal de las Casas. En un afán de mantener la ciudad “limpia y atractiva” para el turismo se persiguen las expresiones juveniles en espacios públicos generando confrontaciones y polarización. Hace menos de una semana José Emiliano Nandayapa, también de 16 años, fue detenido sin razón y torturado; la policía, después de golpearlo hasta dejarlo casi inconsciente, lo abandona en cualquier rincón de la ciudad.

Este joven es activista cultural; participa en puestas en escena de arte callejero donde se realizan críticas al sistema: militarización, crisis económica, impunidad. A partir de la muerte de Víctor, José Emiliano se involucró en acciones de defensa de los derechos de los jóvenes.

La policía ministerial ante quien se interpuso una denuncia por la agresión sufrida, atribuyó a la apariencia del joven Nandayapa la razón de su detención. No sólo José sino sus familiares, padre, madre, abuelo, fueron víctimas también de intimidación, burla, discriminación, agresiones.

El relato del caso de José Emiliano me llegó bajo el formato de Acción Urgente. La primera vez que recibí o leí una Acción Urgente casi me perdí en la abundancia de detalles, sin los cuales, sin embargo no podría una entender a cabalidad el hecho dado que la mayor parte de los casos y sus antecedentes no son difundidos por medios convencionales. La información tan pormenorizada es entonces necesaria aunque a primera vista poco atractiva.

Algo que me provocaba gran reticencia era que las cartas debían dirigirse a funcionarios totalmente indignos de confianza para solicitarles su intervención para salvaguardar la integridad de las personas que eran víctimas de, a final de cuentas, un sistema al cual servían dichas autoridades.

A decir verdad, muchas veces difundí cuanta Acción Urgente me llegaba pero dejé incompleta la solicitud que explícitamente se hacía en ellas dado que pedía dirigirse a Felipe Calderón como Presidente de México.

A partir del breve taller impartido por el Comité Cerezo, confirmado luego por el trabajo que en la localidad realiza CADHAC, me convencí que no hay de otra: a pesar del repudio que nos generen y de la poca confiabilidad que puedan tener las instituciones o los funcionarios de cualquier nivel de gobierno, ilegítimos, corruptos, represivos, debemos usar todos los instrumentos a nuestro alcance para influir y presionar para que se respete la vida, la integridad, los derechos de quienes están siendo vulnerados por la fuerza de quien ejerce algún tipo de poder, oficial o fáctico.

La Acción Urgente es una especie de llamada de auxilio que se despliega a través de una vasta red de organizaciones nacionales e internacionales, pasando por miles de ciudadanos dispuestos, que tiene como fin mejorar la situación de eminente peligro a que se ve expuesta alguna(s) persona(s) o comunidad(es); este llamado, como un grito para generar solidaridad, es necesario aunque en ocasiones no suficiente; puede ser efectivo en buen número de casos al saturar a los destinatarios haciéndoles patente que son observados y que se está pendiente de su actuación. Por supuesto que el nivel de cinismo e impunidad al que se ha llegado hace que no siempre se obtenga la respuesta deseada, pero peor sería no hacer ni siquiera el intento, aparte de que no nos toma demasiado tiempo o trabajo.

Así que la próxima vez que tengan ante sí una Acción Urgente, complétenla: normalmente viene una carta modelo (si no viene hay que redactar un resumen de los hechos y la serie de exigencias solicitadas, que no es más que el recuento de leyes y reglamentos suscritos que deben ser cumplidos por las autoridades), y la lista de las personas a quien dirigirla. Contribuir en algo a aminorar el sufrimiento de quienes son víctimas de condiciones injustas, es un deber moral, y ciudadano.

A menudo creemos que la mayoría de la población conoce sus derechos y/o sabe cómo defenderlos; desafortunadamente el número de casos de violación a los derechos, de agresiones físicas o a la dignidad de las personas, va en aumento. Es también cada vez más frecuente que algún tipo de violencia o despojo sea ejercido en contra de grupos sociales marginales.

En comunidades pequeñas del centro y sur del país el sentido de pertenencia y la consecuente solidaridad es una forma casi natural de respuesta que intenta hacer frente a las injusticias. Poco a poco, las comunidades dispersas han encontrado que la unión entre ellas les permite, objetiva pero también anímicamente, resistir las embestidas de quienes, desde diferentes niveles, gozan de poder.

En las ciudades norteñas pareciera que la aridez del ambiente ha contagiado el espíritu, difícilmente se expresa simpatía por causas que no atañan directamente al entorno personal. En estas condiciones hostiles la solidaridad, la preocupación por otros, se muestra poco. Es tiempo de proponernos ir abriendo puertas y rendijas por donde ir construyendo ciudadanía.

Aprovecharemos el espacio que nos brinda 15diario para insertar en la columna de ONGs, una Acción Urgente cada semana; invitamos a los lectores a que participen en este ejercicio solidario. Agradecemos de antemano a quienes lo hagan y a quienes nos ayuden difundiendo este esfuerzo.

Acción URGENTE



Acción URGENTE por la liberación de Mariano Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería.


El Sr. Abarca y más habitantes del municipio de Chicomuselo, miembros de La Red Mexicana de Afectados por la Minería, REMA, mantienen un plantón exigiendo el retiro de las mineras canadienses en Chicomuselo, Chiapas.

Por el Comité Facilitador de la REMA, Alejandro Villamar Calderón Gustavo Castro Soto y RMALC Otros Mundos, AC/Chiapas, se solicita enviar una Acción Urgente por la liberación del compañero.

Anexamos una carta modelo y las direcciones electrónicas correspondientes a las diferentes instancias del gobierno federal y estatal de Chiapas. Dirigirla al mayor número de destinatarios posibles y sin olvidar la copia a los representantes de instancias internacionales. Gracias.

Favor de Enviarlo a:

Lic. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente de México.

felipe.calderon@presidencia.gob.mx

Lic. Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, Secretario de Gobernación. secretario@segob.gob.mx

Dr. José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). correo@cndh.org.mx

Gral. Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA). dir_derechos@mail.sedena.gob.mx

Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República. ofproc@pgr.gob.mx, wmaster@pgr.gob.mx

Lic. Mauricio E. Montes de Oca Durán, Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la SEGOB. mmontesdeoca@segob.gob.mx

Sr. Gobernador Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas. juansabines@chiapas.gob.mx

Mtro. Raciel López Salazar, Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas. raciel.lopez@mje.chiapas.gob.mx

Lic. Juan Carlos Moreno Guillén, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas. cdh@cdh-chiapas.org.mx

Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. mission.mexico@ties.itu.int

Sra. Sandra Camila Fuentes Berain Villenave, Embajadora de México en la Comunidad Europea, y Observadora Permanente de México ante el Consejo de Europa. embamex@embamex.eu

Con copia a:

Santiago Catón, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). cidhoea@oas.org

Alberto Brunori, Representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. acnudh@ohchr.org, tb-petitions@ohchr.org

Luisa Pérez, Área Jurídica de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México. luisaperez@ohchr.org

Ana Hurt, Programa Regional para América, Secretariado Internacional Amnistía Internacional. ahurt@amnesty.org


Wolfgang Grenz, Amnesty Internacional, Grupo de Coordinación para América Central y México. wolfgang.grenz@email.de


Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, FIDH y OMCT.

Appeals@fidh-omct.org

Carta modelo:

_____________, Agosto___ de 2009.


C. FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA.

Presidencia de la República

Señor Presidente:

El día lunes 17 de Agosto a las 12 del medio día, personas armadas y en dos vehículos sin placas secuestraron al Sr. Mariano Abarca cuando salía de la Escuela Primaria Federal de la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, México. El Sr. Abarca y más miembros de la comunidad y otras regiones preparan el Encuentro de la REMA CHIAPAS convocado para el 29 y 30 de Agosto del presente año en el que se espera la presencia de comunidades afectadas de Chiapas y otras partes del país, entre ellas la lucha del Frente Amplio Opositor (FAO) de San Luis Potosí contra la minera canadiense.

Ya que se pone en riesgo los intereses de las empresas mineras canadienses y del gobierno municipal y estatal, hacemos responsables de la seguridad del Sr. Mariano Abarca, de su familia y demás miembros de las comunidades que se oponen a la minería destructiva al presidente municipal Julio César Calderón y su equipo de gobierno, al gobernador del Estado de Chiapas, así como al gobierno de Canadá y sus empresas trasnacionales Black Fire que extrae de Chiapas Barita, Oro y Antimonio en más de 10 concesiones mineras. Radius Gold con seis concesiones otorgadas por 50 años; Linear Gold Corp con 24 concesiones la mayoría de oro y algunas por 50 años; Fronteer Dev. Group con 12 proyectos mineros y New Gold Inc. con tres concesiones.

Exigimos el respeto a sus derechos y a la integridad del Sr. Mariano Abarca así como de la comunidad. Solicitamos la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la adopción de medidas cautelares. Exigimos al gobierno del Estado hacer valer el estado de
derecho.

Dada la conocida trayectoria del trabajo desarrollado por Sr. Mariano Abarca durante estos años, donde destaca su labor ante los atropellos de las transnacionales canadienses, queda claro que esta detención arbitraria que hoy padece obedece a un intento por criminalizar su actividad política legal; misma que siempre ha sido civil, abierta, pública y fundada en el libre derecho de asociación y manifestación garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por diversos instrumentos y convenios internacionales signados y ratificados por el Estado Mexicano.

Ante esta situación que atenta contra la seguridad e integridad física, emocional, psicológica y moral Sr. Mariano Abarca, así como la de sus familiares y personas con quienes colaboran, le hacemos un llamado urgente para que su gobierno se conduzca dentro del marco de respeto irrestricto a los acuerdos firmados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos, y que en apego y congruencia con ello garanticen el cese de dichas acciones de acoso y criminalización en su contra.

Sin más por el momento, y quedando al pendiente de las medidas que su gobierno tomará para proteger la integridad de este luchador social en Chiapas, así como las de todos y todas en México, nos despedimos de usted.


A t e n t a m e n t e

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Nombre


Sigue la violencia contra las mujeres en Cd. Juárez



Asesinan a dos mujeres más en Ciudad Juárez

* Asciende a 62 el número de víctimas en 2009
* La Fiscalía Especial toma el caso de Lilia Carrasco

Rubén Villalpando, Corresponsal

Ciudad Juárez, Chih., 16 de agosto. Lilia Elizabeth Carrasco, de 28 años de edad, fue localizada muerta en su casa de la colonia Tierra Nueva, con huellas de violencia en todo el cuerpo, y otra mujer, no identificada, fue asesinada a balazos en la colonia Postal. Con ambas víctimas ascendió a 62 el número de mujeres asesinadas en la localidad durante 2009.

La Subprocuraduría de Justicia para la Zona Norte de Chihuahua dio a conocer que el cuerpo de Carrasco se descubrió a partir de una denuncia anónima. Por el momento no se ha definido la forma en que la mataron, ya que no se utilizó arma alguna, y será hasta que se practique la neurocirugía cuando se defina si murió estrangulada, por golpes u otra causa, afirmó el portavoz de la dependencia, Vladimir Tuexi.

El caso quedó en manos de la la Fiscalía Especial para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.

Tuexi añadió que otra mujer fue localizada anoche (el sábado) en la colonia Postal de la zona centro de Juárez, cuando un hombre armado llegó al domicilio donde ella se encontraba, tocó la puerta y al salir la acribilló con una pistola 9 milímetros, sin mediar palabra.

Acteal, herida abierta


Un Tribunal Russell para Acteal


Adolfo Gilly

Acteal fue una masacre de Estado, cuyo principal responsable es el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos entre 1994 y 2000, tan masacre de Estado como lo fue Tlatelolco. Los ejecutores materiales fueron apenas instrumentos protegidos. Todo esto puede ser probado en derecho y en justicia.

La liberación de los asesinos de Acteal y la pretensión de rescribir la historia de la masacre no son un acto de justicia: son la continuación de la guerra por otros medios, escribió ayer Luis Hernández Navarro en La Jornada, en un lúcido artículo donde demuestra, sin dejar resquicio, cómo esta acción de la guerra sucia contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades indígenas chiapanecas había sido anunciada por múltiples denuncias, precisas y documentadas, a lo largo de la segunda mitad de 1997.

Con desbordada y legítima indignación, de esas que salen del fondo del alma y no sólo de la pluma del escritor, José Blanco anotó también en estas páginas las siguientes líneas sobre el indecible fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

“No sabemos quiénes son los asesinos; ni los que usaron las armas ni los asesinos intelectuales. Nuevamente la impunidad reina. Se solicitan nuevas investigaciones para dar con los verdaderos asesinos. Acaso el proceso se reinicie alguna vez en algún punto. En tanto, la oligarquía local, la clase política que le sirve, los grupos paramilitares –carne de cañón indígena– continúan reinando como grupos dominantes que son, apoyados por instituciones federales, si la política así lo demanda, y los indígenas continúan su historia de explotación, de miseria, de desprecio, de discriminación y de muerte”.

Bárbara Zamora, abogada litigante, ha mostrado también en La Jornada cómo todos los procesos de instrucción en México están plagados de defectos y fallas procedimentales, que son la puerta abierta adrede para que la libertad o la condena de los procesados –culpables o no, poco importa– sea negociada fuera del ámbito de la justicia, la cual sirve sólo de tapadera. La impartición de justicia no está a cargo de un poder judicial independiente, condición primera de existencia de una república. Ha estado y está en manos del Poder Ejecutivo, federal o estatal. Es una atribución y un acto del príncipe, llámese éste, según sexenios, Díaz Ordaz, Echeverría, Zedillo o Calderón.

Hace una semana, el 10 de agosto pasado, Joan Baucells Lladós, profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona, ex magistrado de justicia, y comisionado en una reciente visita a México de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos (CCIODH), escribió también en este periódico que, ante el fallo ya anunciado, sería indispensable entonces reponer la entera instrucción del proceso para encontrar inocentes y culpables. A lo cual agregó:

“Un auténtico estado de derecho no podría soportar que no fueran sancionados los funcionarios públicos responsables de las graves irregularidades que han fundamentado el amparo, no sin antes investigar cuáles fueron las razones que llevaron a estos servidores públicos a hacer ‘desaparecer evidencias’, ‘alterar la escena del crimen’ o ‘fabricar testimonios’. Y, sin embargo, todo el que tenga un mínimo conocimiento del sistema judicial mexicano, intuirá que nada de lo anterior llegará a suceder. A los ojos de la comunidad internacional el amparo de la Suprema Corte pone en evidencia que las esperanzas de justicia en Acteal sólo pueden fundamentarse en el recurso a los instrumentos de justicia internacional”.

Sí. Pero la urgencia del caso y la ilegalidad facciosa en que hoy el Estado mexicano se debate, se fragmenta y nos amenaza, demandan, además de esos instrumentos internacionales, órganos y tribunales de intervención jurídica más ágiles y de peso moral más inmediato y contundente.

Es preciso instaurar para el caso Acteal un tribunal autónomo y excepcional, de indiscutida independencia respecto de cualquier institución establecida y de alta e indiscutible autoridad moral ante la comunidad internacional y nacional.

Así fue el Tribunal Russell que juzgó y condenó los crímenes de guerra de Estados Unidos en Vietnam, del cual formó parte el general Lázaro Cárdenas del Río.

Es necesario un Tribunal Russell para Acteal, para esclarecer los hechos, revisar en su totalidad las actas procesales, precisar las irregularidades procedimentales y sus responsables, ubicar y juzgar tanto a los asesinos materiales como a sus mandantes y dictar una sentencia en derecho y en justicia.

Nadie iría a la cárcel, por supuesto, pues tal tribunal carece de jurisdicción. Pero su competencia para tratar y juzgar el caso Acteal estará basada en una alta autoridad moral y esa autoridad servirá, llegado el caso, para extender una invisible pero efectiva mano protectora para detener o contener futuros crímenes de Estado a los cuales el indigno y escurridizo fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación está otorgando una patente de impunidad.

lunes, agosto 17, 2009


Lo que no hay que olvidar sobre Acteal


México D.F., 16 de agosto de 2009 (Cencos).- La liberación de 20 personas presas por la masacre de Acteal parece colocar a la opinión pública en el terreno de los claroscuros. Por un lado este hecho parece ser motivo de celebración porque representa un avance significativo en relación a la protección del derecho al debido proceso, pero por otro, es innegable que las preguntas de por qué en este caso y no en otros abren el espacio a la duda impidiendo una lectura confiable y no política de los hechos.

La herida se mantiene abierta al no haber responsables intelectuales; la injusticia y la impunidad parecen acudir nuevamente al llamado de las Instituciones, la fiel promesa de no volver a pisar Chenalhó se decolora con el llanto de impotencia y desesperación de aquellas personas que aún siguen esperando que se haga justicia.

A partir de lo anterior, Cencos se dio a la tarea de reconstruir históricamente los hechos con el único objetivo de poner acento en lo que la memoria histórica no debe olvidar.


La historia

El 1º de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantó en armas exigiendo el reconocimiento público de los derechos de los pueblos indígenas obteniendo como resultado una reforma constitucional inacabada (aprobada por el senado por unanimidad el 25 abril de 2001). Durante ese año, el Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” (CDHFBC) y demás miembros de la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para todos” (Redtdt) denunciaron violaciones a derechos fundamentales ante la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En 1995, mientras el presidente Ernesto Zedillo arribaba al poder y se dialogaba con las bases para la negociación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se estableció una estrategia contrainsurgente que contemplaba la ocupación militar, la acción de grupos paramilitares con el fin de capturar a la dirigencia del aparecido EZLN. (1). El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A.C. (CDHFBC) en su informe “Camino a la Masacre” denunció que durante 1997 fueron desplazadas 1,173 familias con un total de 6,332 personas en el municipio de Chenalhó. (2)

Durante el último trimestre de 1997 se realizó una misión civil formada por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. En ella se visitó el municipio de Chenalhó y se comprobó la situación de riesgo en la zona y la posibilidad de que grupos paramilitares realizaran una masacre en Acteal. Se denunciaron los hechos públicamente y se habló con el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro con el fin de prevenir dicha masacre.

De acuerdo a la Recomendación 1/98 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos los servicios del CISEN estaban trabajando en la zona y conocían lo que sucedía, incluso “el Secretario de Gobierno, Homero Tovilla, aseguró a la CNDH que los servicios secretos de Gobernación tenían la información de lo que sucedía en Acteal el 22 de diciembre(3). “El entonces Secretario de Gobernación Emilio Chuayffet y el gobernador chiapaneco sabían lo que sucedía y no cumplieron con la obligación de prevenir y proteger los derechos humanos de las personas de la región. El Lic. Chuayffet se negó a reconocer la existencia de grupos paramilitares refiriéndose a ellos como grupos civiles que están armados.” (4)

De acuerdo a testimonios recabados por el CDHFBC, la masacre de Acteal fue preparada desde varios días antes por el grupo paramilitar que actuaba en la zona. El 22 de diciembre de 1997, bajo la táctica del Cerco de Martillo y Yunque establecida en el Manual de “operaciones de envolvimiento” de la Secretaría de la Defensa Nacional, 45 personas fueron acribilladas por aproximadamente 300 personas de las comunidades de los Chorros, la Esperanza, Quextic, Chimix, Acteal, Pechiquil, Canolal, Bajoveltic, Tzajalucum. Para ello utilizaron armas de fuego de grueso calibre. 21 de las víctimas eran mujeres, cuatro en estado de gravidez, 15 niñas y niños y 9 hombres y más de 20 resultaron lesionadas.

Las tropas de Seguridad Públicas dirigidas por el entonces General Julio César Santiago Díaz se encontraban apostadas en la escuela cubriendo la salida a la carretera por lo que las personas no tuvieron escapatoria y fueron masacradas. De la masacre, la RedTDT informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El 3 de enero, Emilio Chuayffet, quien se negó a reconocer la existencia de grupos paramilitares, presentó su renuncia a cargo de la Secretaría de Gobernación siendo sustituido por Francisco Labastida Ochoa. El 7 de enero Labastida anunció la licencia que solicitó el entonces gobernador Julio César Ruiz Ferro para ser sustituido por Albores Guillén.

La Recomendación 1/98 de la Comisión Nacional se centró en la indemnización a las víctimas y procuración de los servicios de salud a las mismas, la renuncia de funcionarios del estado de Chiapas y el seguimiento de procesos administrativos. La CNDH recomendó al Procurador General de la República “amplíe las líneas de investigación que actualmente sigue, a fin de que esté en aptitud de deslindar y determinar la responsabilidad penal por acción, omisión, o comisión por omisión de todos y cada uno de los servidores públicos del Gobierno de esa Entidad Federativa a que se refiere el presente documento”. (5)Cabe señalar que el entonces Procurador era el Lic. Jorge Madrazo Cuéllar quien un año antes había sido titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es de señalarse que hasta el día de hoy las personas que quedaron con algún tipo de discapacidad no reciben apoyo alguno en educación especial, debido a la ceguera o transporte, debido a la invalidez provocada por las balas.

En el año 2003 el caso de Acteal fue retomado por el entonces Dr. Rodolfo Stavenhagen(6). En diciembre de 2007, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó que “de acuerdo a la Asociación Civil 'Las Abejas' y el Centro de Derechos Humanos 'Fray Bartolomé de las Casas' A.C. hasta el mes de agosto de 2007 quince ex servidores públicos de bajo nivel fueron procesados en cinco causas penales. La mayoría fueron juzgados por los delitos de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. También por homicidio y lesiones por omisión. De acuerdo al Centro de Derechos Humanos, los servidores públicos obtuvieron sentencias desde los tres años, nueve meses y 29 días hasta ocho años de prisión a excepción del entonces Presidente Municipal de Chenalhó en 1997, Jacinto Arias Cruz, cuya pena fue por 36 años y tres meses de prisión. La organización menciona que en los casos se absuelve la reparación del daño y algunos servidores públicos quedaron en libertad bajo caución.” (7)

La OACNUDH en ese entonces señaló que: “Únicamente en los procesos 402/99 y 46/98, hubo reparación del daño tomando en cuenta sólo a las personas donde se acreditaron los dependientes de las y los asesinados. La reparación se hizo por los casos de homicidio calificado, no por lesiones calificadas. La reparación fue sólo por 16 extintos; por cada uno la reparación fue de 16,425 pesos”(8)

El Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de las Casas” A.C. interpuso el caso ante la Comisión Interamericana desde hace dos años, la cual, no ha respondido siquiera por la admisibilidad del mismo.


¿Confianza en la Corte?

Mucho se ha señalado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no ha tenido la firmeza necesaria para la protección de los derechos humanos de las víctimas como lo fue en el caso de Lydia Cacho o en el de Atenco. De acuerdo con encuestas de opinión, la ciudadanía tiene sólo mediana confianza en la Suprema Corte de Justicia al calificarla con 7 (9) a la par del Instituto Federal Electoral pero muy por debajo de instituciones como el ejército y la iglesia cuya evaluación ciudadana es de 8.

También vale la pena leer los hechos a la luz de esos datos, y sobre todo, el amparo otorgado a los 26 quejosos relacionados con los hechos de la Comunidad de Acteal, siendo 20 quienes quedaron de forma inmediata en libertad y 6 aquéllos a quienes se deberá reponer el procedimiento debido a que durante la averiguación previa (a cargo del entonces Procurador Madrazo y subsiguientes) se permitieron la violación a garantías individuales.

Tras esta breve recapitulación de hechos una conclusión parece posible, el Estado Mexicano de forma sistemática y estructural ha vulnerado la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso del poder(10) donde se establece el derecho al acceso a la justicia, el resarcimiento, la indemnización y la asistencia. Y es en medio de este claroscuro que debe asegurarse en la región, hoy más que nunca, el derecho a la seguridad, la vida y la integridad física de las y los sobrevivientes de Acteal.


Aquí están, señor Presidente



Proceso, Denise Dresser

Señor Presidente, en los últimos dos años las denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre violaciones de derechos humanos y garantías individuales cometidas por el Ejército han crecido 600%, ascendiendo a 140 por mes. Ante ello, parecería que su posición ha sido ignorar el tema o tratar de minimizarlo. Por ejemplo, al terminar la Cumbre en Guadalajara la semana pasada usted dijo: “Ha habido un escrupuloso esfuerzo por proteger los derechos humanos. Y quienes señalen lo contrario están obligados a probar un caso, un solo caso en que no haya actuado la autoridad, en que se hayan violado los derechos, en que no hayan respondido las autoridades competentes para castigar a quienes hayan abusado: sean policías, soldados o cualquier otra autoridad”.

Pues aquí están los casos:

La detención ilegal y el abuso a 36 civiles y la violación a cuatro menores de edad. En mayo de 2007, después de que un grupo de individuos atacara y matara a cinco soldados, cientos de militares entraron a los municipios de Nocupétaro, Carácuaro y Huetamo en Michoacán. Allí cometieron docenas de abusos, incluyendo detenciones ilegales en una base militar, tortura, golpes, violaciones y cateos irregulares a casas dentro de las cuales también efectuaron robos. En la base ataron las manos y los pies de los 36 detenidos, cubrieron sus cabezas con una bolsa de plástico y los torturaron. Cuatro de las personas detenidas durante más de 20 horas eran mujeres menores de 18 años que fueron violadas repetidamente. A una de ellas los soldados le dijeron: “pinches derechos humanos no existen; te vamos a aventar al mar y serás comida para los tiburones”. A otra le introdujeron en el ano una tarjeta con la imagen de la virgen de Guadalupe. Después de dos años, la Procuraduría General de Justicia Militar “sigue investigando el caso” y no hay culpables identificados o castigados.

La detención ilegal de ocho civiles y la tortura de cuatro más, incluyendo un menor. En mayo de 2007, soldados del 56 Batallón de Infantería detuvieron a seis hombres, una mujer y un menor durante una balacera entre militares y supuestos narcotraficantes en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Ninguno de los detenidos participó en el tiroteo y se encontraban en la localidad porque habían ido a comprar productos agrícolas. Se les llevó a la XLIII Zona Militar, donde fueron torturados y detenidos ilegalmente durante más de 15 horas. En menos de un mes, la Procuraduría General de Justicia Militar cerró el caso argumentando que no había evidencia de “actos criminales”. Con base en la evidencia disponible no queda claro si el Ejército investigó la detención, la tortura, o ambos.

El asesinato de dos mujeres y tres niños, junto con heridas provocadas a otros tres. En junio de 2007, militares estacionados en un retén en Sinaloa –en el cual consumían alcohol y drogas– abrieron fuego sobre un camión que transportaba a tres adultos y cinco niños, y mataron a una mujer y a una niña de tres años. La evidencia indica que los soldados dispararon sin motivo y que recibieron órdenes de “plantar” una bolsa de mariguana junto al camión para justificar su conducta. Los militares, según testimonios recabados, demoraron la atención médica a los heridos, tres de los cuales murieron en un trayecto que incluyó paradas en tres retenes más. Los sobrevivientes afirman que fueron obligados a permanecer toda la noche en una base militar, con los muertos dentro del mismo carro. La Procuraduría General de Justicia Militar todavía está investigando los abusos, pero la información disponible indica que ha llevado a cabo una investigación fallida y el caso aún está pendiente en los tribunales militares.

La detención ilegal y tortura de José Fausto Gálvez Murguía. En junio de 2007, José Fausto Gálvez Murguía estaba cerca de la frontera con Estados Unidos, en el estado de Sonora, cuando llegaron dos vehículos del Ejército Mexicano. Los soldados le apuntaron con una pistola, preguntándole quién era su jefe y “dónde estaban las drogas”. Después lo torturaron durante cuatro horas y lo obligaron a tomar una bebida alcohólica que lo hizo vomitar. Insertaron pedazos de madera debajo de sus uñas y le arrancaron una de ellas. Finalmente los soldados lo dejaron inconsciente en el campo. Cuando despertó logró caminar hasta una carretera donde alguien lo recogió y lo llevó al hospital más cercano. Hasta el momento el Ejército le ha pagado una compensación a la víctima, pero no ha concluido la investigación.

La tortura y muerte de Ernesto Murillo Flores. En agosto de 2007, soldados detuvieron a tres hombres en el municipio de Naco en Sonora, pero sólo presentaron a dos ante un fiscal estatal, acusados de posesión ilegal de armas. El cuerpo del tercer hombre, Fausto Ernesto Murillo Flores, fue encontrado al lado de un camino en Sonora, con huellas de tortura. De acuerdo con un testigo, Murillo Flores fue golpeado y torturado hasta que dejó de moverse. La Sedena argumentó que murió de “causas naturales” debido a problemas previos de salud, en franca contradicción con el testimonio del testigo, la autopsia, y el informe de la CNDH, que sugieren una muerte por asfixia. Posteriormente un juez militar determinó la prescripción del delito por “deserción” y cerró el caso. Sedena informó a la CNDH que abriría otra investigación criminal pero hasta la fecha no hay información disponible sobre el curso de esa investigación.

Señor Presidente, este listado es tan sólo un botón de muestra de los casos que involucran violaciones de derechos humanos cometidas por el Ejército en la guerra contra el narcotráfico. Y como hay muchos más, le sugiero que lea el informe de la CNDH al respecto o examine el reporte de Human Rights Watch titulado Impunidad uniformada o escuche los testimonios de las víctimas y sus familiares. Infórmese sobre los casos que hasta el momento insiste en negar, porque en ninguno de ellos ha habido una sola sanción penal a un solo soldado por parte de la justicia militar. Sé que su resistencia a hacerlo estriba en el apoyo irrestricto que desea brindarle a las Fuerzas Armadas. Pero es un apoyo malentendido que está contribuyendo a perpetuar la cultura de la impunidad que prevalece en el país. Sería mejor –tanto para su presidencia como para el Ejército– que en vez de negar el problema se abocara a solucionarlo. Porque cuando un soldado viola los derechos humanos, daña la imagen de la institución a la que pertenece y aliena a la población cuyo apoyo debería fomentar. Y cuando un Presidente cierra los ojos ante aquellos que violan la ley, tiene poca credibilidad para exigir que los demás la obedezcan.