sábado, julio 16, 2011

Comunicado en repudio al hostigamiento contra Monseñor Raúl Vera




COMUNICADO

REPUDIAMOS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO CONTRA MONS. RAUL VERA LOPEZ. OP

Saltillo, Coahuila, 15 de julio del 2011

A los medios de comunicación
A las organizaciones de la sociedad civil
Al público en general

El pasado 14 de julio, tres mantas anónimas fueron colgadas en el barandal de la Catedral de Santiago Apóstol, ubicada en el centro de la ciudad de Saltillo, con la frase común “queremos un obispo católico”. El Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, repudia estos actos de hostigamiento, los cuales creemos que vienen de personas que desafortunadamente apuestan por la intolerancia y la violencia.

Nos preocupa sobre manera, que dada la grave crisis de seguridad y violencia generalizada que vivimos en Coahuila que estos grupos conservadores se oculten en la anonimato ante su incapacidad para proponer y entablar diálogos constructivos e incluyentes que nos posibilite como sociedad hacer realidad la vigencia de los Derechos Humanos, asumiendo la riqueza de la diversidad humana y cultural que tenemos los pueblos coahuilenses.

La defensa y promoción de los Derechos Humanos es y confiamos seguirá siendo una prioridad de Mons. Raúl Vera en Coahuila y en México, con quien nos comprometemos a seguir trabajando, por los derechos de todas las personas, comunidades y pueblos, incluso de las personas que ahora hostigan y optan por la violencia, a éstas las exhortamos a trabajar por la paz y la justicia.

Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”

HIDALGO SUR 166 ZONA CENTRO. SALTILLO, COAHUILA.
TELS:(844) 412-37-84 EXT. 137
C.E.: cddhsaltillo@gmail.com,



ACCIÓN URGENTE para Trabajadoras de Manzanillo contra Samsung

ACCIÓN URGENTE

SOLIDARIDAD CON DRAMÁTICA PROTESTA DE TRABAJADORAS EN MANZANILLO, MÉXICO, CONTRA TRANSNACIONAL SAMSUNG

INAUDITA VIOLACIÓN DE DERECHOS LABORALES Y HUMANOS DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA COREANA

EVITEMOS QUE JUSTA PROTESTA DESEMBOQUE EN TRAGEDIA

Cuatro trabajadoras despedidas injustificadamente y víctimas de malos tratos dentro de sus labores, se mantienen enjauladas y en huelga de hambre, con los labios cosidos y con la amenaza de una de ellas de inmolarse, en una dramática protesta en contra de la empresa transnacional Samsung, de capital coreano, misma que construye actualmente una planta regasificadora en el puerto mexicano de Manzanillo, en el estado de Colima.

Madaí Díaz Rodríguez, Sandra Gómez, Lourdes Zamora y Elvira Orozco laboraban en la cocina de la constructora Ingeniería Civil, subcontratada por la transnacional y, en ese trabajo, eran víctimas constantes de malos tratos que llegaban cotidianamente a la violencia física y verbal por parte de patrones y capataces coreanos. A esos hechos se sumaban también múltiples arbitrariedades y abusos laborales como la imposición de jornadas de 12 horas diarias, sin el pago de las horas extras que legalmente les corresponderían. Esta situación es vivida cotidianamente por los cientos de trabajadores que prestan sus servicios a la citada compañía.

Las condiciones inhumanas y degradantes que se imponen a las y los trabajadores han motivado ya diversas protestas, entre ellas un paro de labores, sin que hasta la fecha se hayan remediado las violaciones a los derechos humanos y laborales. El 3 de junio pasado, Madaí Díaz, madre soltera y quien se desempeñaba como cocinera, inició las protestas contra el despido arbitrario y las golpizas que le propinaron empleados coreanos. Primero se enjauló y se cosió los labios y días más tarde se encerró nuevamente con sus dos hijos, luego de lo cual levantó una denuncia contra sus agresores, denuncia que no ha tenido efecto alguno.

El pasado 6 de julio la compañera Madaí, quien había sido reinstalada, fue de nueva cuenta agredida y echada de su trabajo; al no tener ni por parte del sindicato ni de las autoridades laborales una respuesta positiva a su exigencia de justicia, regresó a la jaula, acompañada por sus compañeras también despedidas. Al momento se encuentran en huelga de hambre y se han cosido los labios, además de que Madaí ha manifestado su decisión de llegar al extremo de inmolarse prendiéndose fuego en caso de no recibir respuesta satisfactoria a sus demandas.

Cabe mencionar que la construcción de la regasificadora en Manzanillo ha provocado igualmente múltiples muestras de rechazo, tanto por las graves afectaciones ambientales que causará a la región lagunera y costera en la que estará enclavada, como por las que ocasionará a la economía y vida de los pueblos de pescadores de la zona.

Como puede observarse, la situación de conflicto es grave y puede profundizarse, incluso con mayores afectaciones a la salud, integridad física y vida de las compañeras en protesta. Todo ello se ocasiona, sobra decirlo, por la actuación despiadada y violatoria de toda norma laboral y humana por parte de la empresa transnacional y sus representantes.

Frente a los hechos narrados, la solidaridad de todas las organizaciones es una necesidad urgente. Se requiere una acción coordinada y decidida para obligar a que cesen las arbitrariedades de los patrones de la transnacional, para exigir a las autoridades gubernamentales que cesen en su indolencia e intervengan para lograr una solución y, sobre todo, para impedir que el conflicto tenga un desenlace dramático.

Pedimos a todas las organizaciones se manifiesten mediante el envío de comunicados a las siguientes direcciones:

(Anexamos propuesta de texto)

C. Mario Anguiano Moreno

Gobernador Constitucional

Estado de Colima

México

gobecol@col.gob.mx

C. Gustavo Adolfo Buenrostro Cabello

Presidente Municipal

Manzanillo, Colima

México

gbuenrostro@hotmail.com

Propuesta de texto


A nombre de nuestra organización, (___________), queremos comunicarle que hemos sido enterados de la difícil situación de conflicto por la que atraviesan las trabajadoras Madaí Díaz Rodríguez, Sandra Gómez, Lourdes Zamora y Elvira Orozco, quienes se encuentran en huelga de hambre y realizando una protesta por el despido injustificado y los abusos de que han sido objeto por parte de la empresa Ingeniería Civil y, por medio de esta, de la empresa transnacional Samsung.

Las extremas medidas a las que se han visto obligadas a llegar las trabajadoras despedidas obedecen, según la información a que hemos tenido acceso, a la situación generalizada de violación de sus derechos humanos y laborales que han padecido, misma que ha llegado a actos de violencia, hostigamiento y otras agresiones y que es sufrida también por las y los trabajadores empleados en la construcción de una planta regasificadora en el puerto de Manzanillo.

Por este conducto manifestamos nuestra más enfática solidaridad con las compañeras y su protesta, así como nuestro rechazo a las ilegales prácticas de que han sido objeto ellas y sus compañeros trabajadores. Por tal motivo nos permitimos solicitar a ustedes su inmediata intervención para:

· La solución satisfactoria e inmediata de las demandas de las trabajadoras

· El cese a las violaciones a los derechos laborales y humanos de ellas y de quienes laboran en las empresas mencionadas

· El castigo legal a las y los responsables de las agresiones a que hemos hecho referencia; y,

· Sobre todo y de manera urgente, evitar que el asunto que nos ocupa tenga un desenlace lamentable que afecte aun más la integridad física y la salud de dichas trabajadoras.

Con la seguridad de recibir mediante su pronta acción una atención positiva a lo aquí planteado, quedamos de ustedes

ATENTAMENTE

(Nombre del responsable y de la organización)


El No es No! de la Marcha de las Putas en Monterrey

Ver más fotos en: http://www.flickr.com/photos/guerry-mone​ro/5936289545/sizes/z/


El ¡NO es NO!, en Monterrey


María Elena Padilla


Un día fui a la librería Universitaria y pregunté por el libro La Puta de Babilonia, de Fernando Vallejo. La chica frente a la computadora volteó a verme con cara de no estar segura de haber oído bien: ¿cómo me dijo que se llama el libro? Le repetí los nombres, del libro y del autor; voltea buscando ayuda, apoyo, a su compañera de escritorio a la cual, ya cerca, le dice en voz bajitita: "el libro La puta de Babilonia". Reconocí el peso de la palabra.

Luego recordé que, cuando éramos jóvenes, nuestros padres, especialmente la madre, no solían decir "maldiciones" o "malas palabras" frente a sus vástagos (particularmente si eran mujeres) y cuando lo hacía el padre, la madre le reconvenía (aunque fuera con la mirada). Así que a muchas se nos soltó la lengua ya creciditas. Y no es que nos salgan sapos y culebras de la boca pero ya no nos sentimos culpables cuando nos brota un ¡chingado! cuando algo sale mal, o cuando comentamos que alguien es un(a) cabrón(a), si se ha portado como tal. Sin embargo, la palabra puta, por su carga de valoración moral, por su connotación sexual, sigue siendo una expresión condenatoria que ofende a much@s.

Lo anterior viene al caso por La Marcha de las Putas, llevada a cabo en Monterrey, el 10 de Julio. Un evento convocado por jóvenes a través de la Red y organizado luego ya de forma presencial por miembros de diversos grupos. Esta marcha es una réplica de la organizada originalmente por jóvenes en Toronto a raíz de que un oficial de policía de la ciudad, aún reconociendo que su comentario se consideraría inapropiado, aconseja a las mujeres no vestir como putas para evitar ser víctimas de violencia sexual; esto lo hace en la Universidad de York, ante ojos y oídos atónitos de los concurrentes. En respuesta, hombres y mujeres salen a la calle reivindicando el derecho de las mujeres a vestir como se les dé la gana sin que eso signifique otorgar permiso para acoso o agresión sexual. De hecho las chicas deciden vestirse provocativamente y autodenominarse igual que el calificativo endilgado por el policía.

Por supuesto que en la civilizada y políticamente correcta Toronto el hecho tuvo consecuencias además de inaugurar una serie de marchas a lo largo y ancho del planeta, pues el policía responsable, Michael Sanguinetti, se vio obligado a pedir disculpas públicas y asumirse avergonzado por su desafortunada declaración. En México ha habido no pocas expresiones similares de parte de funcionarios, políticos y representantes de la iglesia, los cuales señalan igualmente a la víctima de un delito sexual como responsable de incitar al agresor, pero a diferencia de la ciudad canadiense, aquí nadie se ha visto forzado a desdecirse o a mostrarse apesadumbrado por la pifia y el agravio.

En Monterrey, entre doscientos y trescientos asistentes, la inmensa mayoría jóvenes, festivos caminaron por el centro de la ciudad con consignas frescas pero precisas: “No es No”, que encabezaba la convocatoria para significar que cuando se dice No, se debe entender la negativa sin pensar que la otra se está haciendo la interesante, poniendo difícil, provocando o fingiendo; “yo escojo a quien me cojo”;“el machismo mata”; “la falda cortita no me hace facilita”; “porque soy mujer exijo mis putos derechos”; “machete al machote”, o como dijo una de las participantes al final de la marcha: puedo ser puta, pero no soy TU puta.

El cometido de denuncia de agresiones verbales, físicas y sexuales así como discriminación por motivo de género y/o apariencia corporal terminó de cumplirse con la participación de compañer@s procedentes de diferentes grupos convocantes en donde se expuso el acoso policíaco hacia grupos vulnerables (LGBTTT) y se cuestionó el rol de la reproducción social de estereotipos producto de una sociedad con cultura machista y patriarcal.

Durante la marcha, del otro lado de la calle estaban los observadores casuales y efímeros: buena parte de ellos comprendiendo escasamente el significado de lo que pasaba frente a sus ojos. Esperamos que se hayan llevado de tarea entender, comentar, reflexionar sobre lo que vieron y oyeron.

Tomar con coraje la palabra que es lanzada como dardo hiriente y transformarla en arma defensiva demuestra decisión e inteligencia; revelar la ideología que le subyace y la alimenta es un paso hacia adelante; descubrir al sistema dominante y opresor que se sustenta en una cultura de discriminación y desprecio hacia amplios sectores de la población, eso resulta vital.

Bravo por quienes se dieron el tiempo para compartir el espacio, la denuncia, la reflexión en esta ocasión. Seguro que no será la última vez que haya oportunidad de hacerlo.




Sabino Gordo


Sabino Gordo

Abraham Nuncio

L
a muerte cotidiana y masiva segrega un ranking fúnebre al que parecemos acostumbrarnos. Acaso no falte la expectativa morbosa de que el número de ejecutados, enterrados en narcofosas, torturados, secuestrados aumente para que el día adquiera cierto sentido. El saldo de 20 personas asesinadas y seis heridas en el bar Sabino Gordo de Monterrey pronto será uno de tantos episodios dentro de la violencia que hunde cada vez más al país. La marca histórica casi fue alcanzada cuatro días después: 19 personas fueron asesinadas con armas de fuego en Monterrey y otros municipios.

A esa monstruosa desaparición de la tragedia pretenden apostar los estrategas de la guerra selectiva contra el crimen organizado para que la conciencia no se sobresalte y la dominación por la fuerza armada se convierta en la forma normal de gobernar.

Por ello es importante fortalecer el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia. Movimiento que rompe, considerados sus errores, con el esquema del gobierno y de quienes han introyectado su irracionalidad.

En condiciones distintas de las que han sido creadas por este movimiento, quizá el médico Otilio Cantú, padre de Jorge Otilio, el joven asesinado hace dos meses con todas las agravantes de la ley por soldados del Ejército Mexicano, no se habría atrevido a escribir la carta que dirigió a Felipe Calderón. La de Monterrey es una sociedad donde el silencio de los inocentes (vía censura y autocensura) es el festín de los abusones. Don Otilio cuestiona, respetuosa, pero muy puntualmente, su política militarista en materia de seguridad. La carta fue resumida y publicada por El Norte bajo el título ¿Nos acostumbraremos?

Aparte de otros señalamientos, don Otilio le plantea a Calderón unas pocas preguntas de esas que la mayoría de periodistas e individuos especializados en el tema no logra formular: 1) Recordando que Calderón pidió perdón a las víctimas de su combate a la delincuencia, y a renglón seguido afirmó que continuaría con su misma estrategia, le cuestiona si no son igual de criminales las Fuerzas Federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio, y que envió de apoyo a Nuevo León, como ha ocurrido en otros casos. 2) Si él, Calderón, cree que los soldados son sometidos a pruebas toxicológicas antes de salir a realizar sus operativos, pues una persona en su sano juicio no puede cometer actos de barbarie como el cometido contra su hijo. 3) Si, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de verdad piensa que el Ejército fue capacitado correctamente para una lucha de tal envergadura antes de exponerlo a que ahora su trabajo se encuentre en entredicho para muchos ciudadanos y analistas sin haber antes enmarcado su presencia civil de manera legal. Otras preguntas se refieren a la forma brutal en que su hijo fue masacrado y al ocultamiento y mistificación empleados para culparlo de su propia muerte, y al posible propósito de dejar que el tiempo corra para que su crimen sea uno más de esta guerra insensata y cruel y pase a la memoria como un error.

El significado cabal de la carta de don Otilio se comprende mejor en el contexto social y cultural de Nuevo León. Los contrastes entre lo que las autoridades deciden y dicen, y la realidad nos saltan a los ojos. Los gobiernos del estado y de diversos municipios decidieron militarizar la seguridad, en seguimiento de la política de Calderón. A partir de entonces se ha incrementado la violencia en el estado. En 2008 se registraron 105 víctimas; 112 en 2009; 620 en 2010, y más de 900 en sólo lo que va de 2011. Para las autoridades, con la sobrada escasez de cultura política reinante, sería difícil que pudieran atender al sentido de juicios como el que encierra la conocida frase de Georges Clemenceau: La guerra (y la seguridad, cabría añadir) es demasiado importante como para dejársela a los generales.

La medida más reciente fue permitir que los soldados revisaran casa por casa, como si fuese igual que revisar casilla por casilla, con la autorización de sus habitantes, para rastrear evidencias del crimen organizado. (¿Cuántas llevan?, ¿bajo qué plan?, ¿están incluidas las de las zonas residenciales?, ¿los responsables de tropa han dotado de criterios a sus subordinados sobre cómo se catea una casa?) Apenas iniciado el operativo, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz declaraba que con tal medida se estaba abatiendo los índices de criminalidad. Al día siguiente tuvo lugar la masacre del Sabino Gordo.

Los empresarios, encabezados por el Centro Patronal de Nuevo León-Coparmex, están de acuerdo en la estrategia militar de Calderón. De repente se pronuncian en algún desplegado para que se restablezca el orden y se imponga la paz. Su blanco, en abstracto, es el crimen organizado. Pero nunca se han manifestado en contra de los propietarios de antros, casinos y establecimientos destinados al tráfico y prostitución de personas. Menos en contra del complejo financiero donde se blanquea el dinero proveniente del narcotráfico. Monterrey ostenta el primer lugar en número de antros y de casinos, y el segundo en la trata de personas. Así, lo del Sabino Gordo fue terrible, pero en buena medida es resultado de una ciudad donde mora y medra holgadamente el hampa.

Hay voces discrepantes, como la de Mauricio Fernández, alcalde de San Pedro Garza García, o la del empresario Alberto Santos de Hoyos. Aunque a últimas fechas ha pedido el patrullaje del Ejército, la reiterada tesis de Fernández es que la estrategia federal en el combate al delito está equivocada. Ambos coinciden en que el trasiego de enervantes es un problema estricto de salud pública.

A raíz del violento fin de semana que registró 97 muertes, Alejandro Poiré, vocero de seguridad del gobierno federal, advirtió que la violencia disminuirá conforme más aprisa se lleve a los delincuentes ante la justicia.

La verdad es que un poco más de prisa en la estrategia calderonista de combate al crimen organizado y estaremos perdidos.




jueves, julio 14, 2011

CADHAC SE MANiFIESTA EN CONTRA DE DISMINUIR LA EDAD PENAL



14 de julio de 2011
Boletín No. 1106/024BP


CADHAC SE MANiFIESTA EN CONTRA DE DISMINUIR LA EDAD PENAL


Ciudadanos en Apoyo a los Derechos humanos, A.C., se encuentra extremadamente preocupada por las voces que claman por la reducción de la edad penal en nuestro estado.

El reducir la edad penal, es decir el juzgar a niños y adolescentes como si fuesen adultos, no solo requeriría una contra reforma constitucional que debilitaría al sistema implantado por el articulo 18 constitucional, sino que iría a contracorriente de la reciente reforma constitucional en material de derechos humanos.  Juzgar a personas menores de edad es una medida excepcional, que no debe tomar a la ligera. Nuestro marco legal y el respeto a la dignidad de niñas, niños y adolescentes exige de un sistema especial que tome en cuenta el desarrollo y las necesidades de este grupo.

Adicionalmente, la propuesta no ataca el fondo del problema, no se trata de quitar derechos procesales a los niños que delincan, sino de atender las causas que los hacen participar en la delincuencia.  Es fundamental que entendamos que en muchas ocasiones los niños son forzados a participar en actos criminales en contra de su voluntad, en otras ocasiones, la pobreza y la falta de oportunidades los colocan en una situación extrema de vulnerabilidad que nuestros legisladores no deben pasar por alto.

Esta organización está firmemente convencida de que la respuesta no es mano dura contra la parte más débil de la delincuencia:  los usan como carne de cañón, sino que se deben instituir medidas legislativas de política pública para evitar que los reclute la delincuencia organizada y para sancionar seriamente a los adultos que sean responsables de tal conducta.

Cadhac reafirma su convicción de que los derechos humanos y la seguridad pública son un binomio inseparable y que solo respetando los primeros, podemos construir un entorno pacífico para  revertir la situación de inseguridad  que vivimos.




Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Boletín de Cadhac sobre la decisión de la SCJN de limitar el fuero militar


 13 de julio de 2011
Boletín No. 1107/023BP

Decisión de la Suprema Corte de la Nación fortalece la vigencia los derechos humanos y limita el fuero militar

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC), se congratula por las decisiones tomadas el día de ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a favor de los derechos humanos.

Al analizar los alcances de la sentencia de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco Vs. México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó dos aspectos torales para el respeto de los derechos humanos en nuestro país. Por una parte, la Suprema Corte limitó el fuero militar y, por otra, amplío la protección constitucional y de los tratados en los juicios que se tramiten ante cualquier juez.

Sobre el primer tema, la Suprema Corte estableció que los jueces, para casos futuros, deben sostener el criterio de la Corte Interamericana relativo a que el fuero militar no es aplicable cuando se presume violación a los derechos humanos; es decir, que los casos en que estén implicados militares ya no serán resueltos por tribunales militares, sino por tribunales ordinarios. La Suprema Corte decidió, adicionalmente, que reasumirá su competencia originaria para dirimir las controversias que surjan sobre qué tribunal es competente en un caso específico.

Por otra parte, la Corte decidió que los jueces que encuentren una norma contraria a la Constitución o los tratados internacionales, deben dejar de aplicar dicha norma en el caso que estén juzgando. Es decir, que se da una primacía real de la constitución y los tratados internacionales en derechos humanos.

Estas decisiones son especialmente bien recibidas en el contexto actual en que se registran serias violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, irregularidades que no han sido juzgadas adecuadamente por la justicia militar. Esta organización espera que el desarrollo e implementación de las decisiones tomadas hoy por la Suprema Corte de Justicia de la Nación contribuyan a la construcción de un entorno de paz y de pleno respeto de la dignidad humana en nuestro país.




Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., es una organización no gubernamental, apartidista y sin fines de lucro, que desde su fundación en 1993 se dedica a la promoción y defensa integral de los derechos humanos.

Coahuilenses toman en sus manos búsqueda de personas desaparecidas



Deben soportar la inoperancia y el dolo de las autoridades estatales

No denuncien ni se afilien a grupos: ya están muertos, les recomiendan
 
Lilia Ovalle
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2011, p. 7
 
Torreón, Coah., 13 de julio. Ante la falta de respuesta de las autoridades, la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), ligada a la diócesis de Saltillo, da seguimiento a 150 denuncias de desapariciones registradas en la entidad de 2007 a la fecha.

En esta tarea, los familiares de las víctimas enfrentan todo tipo de obstáculos. Señalan que para las autoridades, todo es trámite, los expedientes pasan de mano en mano sin que se realice un trabajo metódico y sistemático que les permita en algún momento llegar hasta los desaparecidos.

Los integrantes del colectivo Fundec, fundado en 2009, recordaron que el caso más antiguo al que dan seguimiento fue denunciado en febrero de 2007 ante la Fiscalía General del Estado; sin embargo, al poco tiempo cambió el policía investigador, luego se alternaron tres agentes del Ministerio Público y hasta el momento no hay ningún avance.

En enero de 2010 el fiscal general, Jesús Torres Charles, informó que por instrucciones del entonces gobernador Humberto Moreira una coordinación especial se encargaría de concentrar los expedientes. A principios de 2011, refirieron, esa coordinación se convirtió en fiscalía y conforme pasa el tiempo se incrementan las desapariciones sin que, en contraparte, se localice a nadie. En las fosas de Tamaulipas las familias de Fundec encontraron a dos víctimas.

En esta organización de familiares de dasaparecidos, Alma busca desde abril de 2009 a su hijo Juan Antonio Ornelas Ortiz, de 21 años de edad, quien vivía con ella en compañía de su mujer e hija. Trabajaba en un servicio de paquetería y organizaba fiestas y viajes. Una tarde tenía salida a Puerto Vallarta y había rentado un autobús, pero antes fue a la tienda y ya no regresó.

“Dos días después un amigo vio su auto en la colonia Estrella, de Torreón, que es de clase media alta, pero fue movido y a la semana reapareció en un corralón de la vecina Ciudad Lerdo, Durango, donde quisieron meter a la cárcel a mi otro hijo cuando se presentó a recuperarlo. ‘¿Cómo andaba tu hermano? ¿Tú le ayudabas?’, le preguntaron los policías”, relató la madre.

“Me advertían que gobierno, instituciones y todo mundo están coludidos, pero yo lo vi con mis propios ojos. En la undécima Región Militar un general me dijo: ‘Para qué lo busca si es un delincuentillo’. Contesté que no era cierto, qué cómo sabía eso, y respondió: ‘Nomás levantan a los que son, y mejor ni lo busque, porque ya está muerto’. ¿Lo mataron ustedes o qué?; lo encaré y repuso: ‘Sus mismos compañeros delincuentes lo hicieron, porque se matan entre ellos’.

“El militar prosiguió: ‘Usted tiene más hijos, ¿no? Pues quédese quieta y no busque, no indague, porque les puede pasar lo mismo’. Luego fui a la delegación de la fiscalía, de donde también salí asustada por el interrogatorio”. Tres meses después los judiciales le hicieron una visita para preguntar si mi hijo era delincuente, pero Juan Antonio vivía al día.

Alma buscó al obispo de Saltillo, Raúl Vera, y al poco tiempo le llamaron del Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, donde se agrupan familiares de otras víctimas, como Luz, cuyo hijo Daniel Roberto Dávila, ingeniero, desapareció el 23 de junio de 2009. Trabajaba con su padre, un contratista de obra. Ese día salió de su casa a las ocho de la mañana y dos horas después dejó de contestar el celular. Su esposa embarazada tenía una bebé de seis meses.

El papá interpuso la denuncia y a los seis meses el delegado de la fiscalía, Fernando Olivas Jurado, les dijo que su hijo estaba muerto. Ella exigió que le mostrara el cuerpo y el funcionario expuso que así cabía pensar porque había pasado mucho tiempo.

Las víctimas de la delincuencia deben soportar la inoperancia y dolo de las instituciones. A quien busca a un familiar le dicen que no lo haga, que no denuncie ante la Procuradurìa General de la Repúbluca ni en derechos humanos, que no platique con nadie ni se afilie a grupos, refiere Luz, quien decidió buscar a Daniel Roberto, y cada vez que se descubre una nueva fosa clandestina en el país, confiesa que el corazón le da un vuelco.
Un caso más es el de Óscar y Carmen, que nada saben de su hijo Jesús Daniel Flores desde el primero de mayo de 2010, cuando salió en motocicleta con su novia, y al regresar pasada la medianoche a la colonia Residencial del Norte, de Torreón, se toparon en el camino con sujetos encapuchados que tripulaban dos camionetas y les apuntaron con sus rifles, ordenándoles detenerse y bajar.

Él quiso escapar y aceleró, pero las llantas casi lisas de su Yamaha 750 derraparon. Jesús Daniel se estrelló contra un taxi. Unos individuos lo levantaron y encajuelaron, otros arrojaron la moto a una camioneta, y desde entonces no hay rastro de él.

Y cada vez que Óscar y Carmen acuden a la fiscalía estatal, el comandante Montes les pregunta: ¿Qué noticias me tienen?, ¿qué han sabido?, ¿qué han investigado?

lunes, julio 11, 2011

Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina



Familiares de desaparecidos se quejan de represalias por denunciar a la Marina

Elementos de la Armada torturan en Coahuila a detenidos, acusa ONG

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La Armada de México instaló un campamento en Hidalgo, Coahuila, donde tortura a detenidos, señala Raymundo Ramos, activista por los derechos humanosFoto La Jornada
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El domingo pasado fue tiroteada la casa de Oralia Guadalupe Villaseñor –ubicada en Nuevo Laredo, Tamaulipas–, quien denunció a la Marina por la desaparición de su esposo, Fortino MartínezFoto La Jornada
Sanjuana Martínez
Especial para La Jornada
Periódico La Jornada
Domingo 10 de julio de 2011, p. 2

Nuevo Laredo, Tamps. Oralia Guadalupe Villaseñor Vásquez sabía que arriesgaba su vida al denunciar a la Armada de México por la desaparición de su esposo, José Fortino Martínez Martínez, a manos de marinos, pero nunca imaginó las consecuencias. Un día después de que algunos medios nacionales, entre ellos La Jornada, publicaron su historia, su casa fue balaceada con armas de grueso calibre. Le dejaron 40 agujeros en la fachada.

Fue la madrugada del domingo pasado. Eran las tres de la mañana y su coche estaba estacionado fuera y la luz exterior de la casa encendida. Pero afortunadamente ella estaba dormida con sus cuatro hijos en la vivienda de su madre. Dios la salvó, dice, aunque el mensaje surtió efecto: ha decidido exiliarse en Estados Unidos y prefiere dejar de buscar a su marido para proteger a sus hijos.Ya no quiero saber nada, ya no quiero pedir justicia. Que se haga lo que Dios quiera.

Para Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, las cosas están claras: es un mensaje de vida o muerte para quienes andamos denunciando a los marinos.

En Nuevo Laredo son 15 los casos de desaparición forzada atribuidos a la Armada, ocurridos del primero al 23 de junio pasado. En todos los casos, marinos portando uniforme y viajando en vehículos oficiales secuestraron a hombres que ahora están desaparecidos. Sin orden de cateo, sin orden de detención se los llevaron.

Los familiares tienen fotos y videos que demuestran cómo los marinos mantuvieron por horas en el hotel Santa Mónica a los secuestrados e incluso a algunos en el aeropuerto. Y saben algo más: que a todos se los llevaron finalmente a un lienzo charro ubicado a 50 kilómetros de Nuevo Laredo –donde la Marina hizo un campamento–, en Hidalgo, Coahuila. Pero ninguna autoridad ha hecho nada. Ni la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, ni la PGR, ni la SIEDO. Ni siquiera la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado recomendación alguna. Por eso, los familiares se han visto en la indefensión absoluta.

“Hemos tomado una decisión muy vergonzosa, muy humillante, que es decir a la Secretaría de Marina: ‘vamos a retirar las denuncias, ya no vamos a hacer ningún cuestionamiento público, solamente presenten a nuestros familiares vivos o muertos. Si quieren de manera anónima. Dígannos dónde están y nos olvidamos del asunto’”, afirma Ramos, que ha solicitado medidas cautelares para las esposas, madres y hermanas que presentaron las denuncias.

En el discurso existen los derechos humanos, en el discurso existe la protección a las familias que denuncian la violencia del Estado, pero en la realidad no. Se supone que vivimos en un estado de derecho, y renunciar a la justicia, a la formalidad de un procedimiento jurídico es muy humillante.

Impunidad endémica

Otras madres han decidido continuar. Los tenemos que encontrar vivos o muertos. Nos tienen que decir dónde quedaron, advierte María Isabel Martínez Alarcón, madre de Diego Omar Guillén Martín, desaparecido por marinos el 4 de junio. Vive en la colonia Mirador, donde la Armada secuestró a otro hombre el mismo día: A las 10 de la noche mi hermano fue a la farmacia con su esposa en su coche. Llegaron los marinos, lo bajaron de su carro, le pidieron a su esposa que se retirara. Él les preguntó la razón por la que se lo llevaban, si no había cometido delito alguno. Se defendió. Forcejeó y le pusieron la chicharra eléctrica, hasta que desfalleció. Luego le pusieron las esposas y lo cargaron entre varios. Otro marino se llevó su coche, señala Ana Gómez Rivera.

Se trata de Usiel Gómez Rivera, mecánico de 33 años. Fue secuestrado por personal de la Marina en la vía pública: “fuimos a Hidalgo, Coahuila, al campamento que tienen allá. Vimos salir camionetas grises de la corporación. Cuando fuimos se nos ponchó una llanta cerca del campamento. Y salieron unos marinos. Les dijimos que íbamos buscando a mi hermano y uno nos respondió: ‘Por lo menos su familiar cayó en manos de nosotros, si hubiera caído en manos del Ejército ya lo hubieran matado’”.

La noche que se lo llevaron, algunos marinos fueron a la casa de Osiel, donde se encontraba su hijo de 13 años junto a otros niños de la familia: mi sobrino no sabía nada. Rodearon la casa apuntando con armas largas. No encontraron nada. Y asustaron a los niños.

Las escenas de los abusos de marinos cometidos en Nuevo Laredo se han vuelto cotidianas. Violan las garantías individuales con total impunidad. Cuenta que ese mismo día en una pizzería había 15 trabajadores de una fábrica cercana donde labora su sobrina. Elementos de la Marina llegaron al lugar para catear a los comensales: los tuvieron desde la una hasta las tres de la tarde supuestamente investigándolos. Me quedé sorprendida porque se supone que ellos nos vienen a traer seguridad, y lo que nos están dando es inseguridad, secuestrando gente.

Explica que tienen un video que presentaron a la procuraduría de Tamaulipas y a la PGR, donde se ve claramente que los marinos llevan a su hermano al hotel Santa Mónica la misma noche del secuestro. En las imágenes también se ve cómo un marino estaciona el auto de Usiel Gómez Rivera: cuando salen se ven las camionetotas de la Marina y en medio el carro de mi hermano, y se ve cuando lo sacan para llevárselo quién sabe adónde. Queremos la verdad. Estamos desesperados. Así como ellos se lo llevaron, quiero que me lo entreguen con vida, porque no es justo lo que están haciendo. Si ya les mostramos las pruebas, ¿qué más quieren? La Marina los tiene.

Los elementos de la Marina siguen patrullando la colonia Mirador: no dejan de pasar por las calles. Catean y se llevan gente. Se estacionan en la esquina de la casa y se ponen a platicar con mujeres y están coqueteando todo el tiempo. No sé qué trabajos están haciendo. Si van en plan de conquista o supuestamente a darnos seguridad o inseguridad. Se están llevando gente inocente. Están violando la ley. Supuestamente son 72 horas y aquí los tienen hace más de un mes.

No se muevan o disparamos

El 3 de junio a las dos de la madrugada, Ana Alejandra López escuchó ruidos en el exterior del rancho que cuida su esposo, Joel Díaz Espinosa, cerca de Nuevo Laredo. Se asomó por la ventana y vio a un marino con uniforme, quien le apuntó con un arma larga y dijo: no se muevan o disparamos.

Agrega: mi esposo lo que hizo fue abrazarme y decirme que me quería mucho. En esos momentos entraron unos cinco hombres vestidos con uniforme militar y chalecos que decían Marina y armados con metralletas y se llevaron a mi esposo por la fuerza.

Aturdida y asustada, Ana Alejandra preguntó: ¿Adónde se lo llevan? Uno de ellos le advirtió: No salga de su casa y no avise a nadie. Si lo hace vendremos por usted también.

Los marinos arrastraron a Joel, y Ana Alejandra pudo ver desde un orificio de la puerta cómo lo golpearon antes de subirlo a un vehículo oficial. Uno se quitó el casco y con él le pegó en la cabeza, mientras otro le daba puñetazos en el rostro.

Por el secuestro y la desaparición forzada a manos de elementos de la Marina, presentó una denuncia ante la PGR con sede en Nuevo Laredo, donde también están integradas otras desapariciones del mismo tipo en la averiguación previa penal número 1994-III/2011.

También interpusieron un amparo por la desaparición de José Cruz Camarillo, Martín Rico García, Héctor Alejandro Rodríguez Vásquez, Diego Omar Guillén, Usiel Gómez Rivera, Alejandro Gil Martínez Martínez, Reynaldo Vielma Cisneros, Juventino Vital Gaona y David Juventino Vital Montalbo (estos últimos son padre e hijo).

Faltan algunos nombres de los 15 desaparecidos, pero sus familias no quieren ventilarlos públicamente porque tienen miedo. La Marina llegó la primera semana de mayo. Le teníamos cierta confianza. Empezamos a ver patrullajes en convoyes de 10 a 15 o 30 vehículos. Pero a las semanas siguientes comenzaron a hacer cateos ilegales y a torturar personas en un campamento que tienen a 50 kilómetros de Nuevo Laredo, en Hidalgo, Coahuila, afirma Raymundo Ramos.

Las primeras desapariciones no fueron denunciadas, pero hay numerosos testimonios al respecto: una vez que los torturaban, los liberaban. A partir del día primero de junio empiezan a hacer detenciones ilegales. Llegaron a detener 15 personas o más. Y en la mayoría de los casos fueron a sus domicilios cuando estaban dormidos y los sacaron. Se los llevaron al campamento de Hidalgo, Coahuila, y ya no los regresaron. Hay fotos y videos que prueban que ellos fueron los que hicieron las detenciones ilegales.

La Armada negó los hechos en un principio. Luego reconoció en un comunicado el pasado primero de julio que tuvo contacto con seis de los 15 desaparecidos: José Fortino Martínez, José Cruz Díaz Camarillo, Héctor Rodríguez Vázquez, Martín Rico García, Diego Omar Guillén Martínez y Usiel Gómez Rivera, pero aseguró que “hasta el momento no existen indicios que hagan presuponer que el personal naval haya asegurado, y menos aún privado ilícitamente de su libertad a estas personas”.


Sanjuana Martínez
Periodista
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