sábado, mayo 24, 2008

Firman gobernantes de 12 países tratado de la Unión de Naciones Sudamericanas

Colombia rechaza en Brasilia sumarse al Consejo de Defensa de América del Sur

Reuters, Afp y Dpa

Ampliar la imagen Los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez se saludan durante la apertura de la reunión para formar la Unión de Naciones Sudamericanas


Los presidentes Álvaro Uribe y Hugo Chávez se saludan durante la apertura de la reunión para formar la Unión de Naciones Sudamericanas
Foto: Ap


Brasilia, 23 de mayo. El tratado que institucionaliza la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) fue firmado hoy aquí por los gobernantes de 12 países durante una reunión en que el anfitrión, Brasil, no pudo concretar un pacto para la formación del Consejo de Defensa del subcontinente. Colombia rechazó sumarse al proyecto.

Chile será el primer país que ocupe la presidencia pro tempore del organismo que se suma a otras entidades que trabajan en la integración regional, como la Comunidad Andina de Naciones y el Mercado Común del Sur.

“Dejamos atrás una historia de aislacionismos”, y en un nuevo contexto “Brasil quiere asociarse al destino de los países de América del Sur”, dijo el presidente Luiz Inacio Lula da Silva en el discurso de apertura de la primera cumbre, que a partir de ahora será anual.

“Los gobernantes de la región sabemos que los contenciosos actuales son pasajeros” y que “juntos somos más soberanos”, dijo el mandatario en alusión al conflicto entre los países andinos del norte, Colombia, Ecuador y Venezuela.

Pese a las recriminaciones de las semanas recientes, el venezolano Hugo Chávez y colombiano Álvaro Uribe se saludaron de mano durante el encuentro, pero el ecuatoriano Rafael Correa y Uribe no tuvieron intercambios.

La Unasur intentará fortalecer la cooperación de los 12 países de la región en energía, combate a la pobreza y analfabetismo, los servicios de salud, la integración por vías férreas y carreteras y en materia financiera y productiva.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, dijo que los mandatarios acordaron discutir en los próximos 90 días detalles que podrían llevar a la formalización del Consejo Sudamericano de Defensa.

Uribe argumentó que su país no puede sumarse a esta iniciativa porque enfrenta a grupos terroristas que le obligan a cuidar decisiones en esta materia.

El tratado fue firmado por los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela. Por Uruguay asistió su vicepresidente, Rodolfo Nin.

El documento ordena el establecimiento de una sede permanente en Quito, Ecuador, y propone la creación de un Parlamento Sudamericano en Cochabamba, Bolivia, el centro geográfico del subcontinente. Los preparativos para la formación de la Unasur, cuyo nombre fue sugerido por Chávez, se remontan a 2004.

Los 12 países que la integran tienen una población de 388 millones, con un producto interno bruto de 1.9 billones de dólares, según datos oficiales de 2006.

Nota: Esta y la siguiente son noticias que apuntan hacia la decisión de los pueblos de América de buscar en sus identidades y coincidencias, la forma de resolver sus problemas; su mutuo apoyo rendirá frutos, nomás hay que tener cuidado con esquiroles como Colombia en manos de Uribe quien tiene más intereses y compromisos con el gigante del norte que con sus vecinos sudamericanos. Afortunadamente México no participa (por no ser parte de América del Sur), sino ya veríamos a Calderón formando mancuerna con Uribe y saboteando los intereses y aspiraciones de aquellos pueblos.

El Foro de Sao Paulo, inaugurado en Montevideo

La Jornada

Llama a fortalecer el pensamiento progresista

Montevideo, 23 de mayo. El Foro de Sao Paulo fue inaugurado esta noche en aquí con un llamado del gobernante Frente Amplio (FA) a fortalecer el pensamiento progresista con la acción política.

“Ésta será una tarea del foro ante una realidad que ha cambiado y continúa cambiando”, dijo el presidente del FA, Jorge Brovetto, ex ministro de Educación de Uruguay, en su discurso inaugural que abrió formalmente el debate.

“Las fuerzas políticas progresistas tienen muchos desafíos y tareas pendientes. Una de ellas es preparar el futuro, que se construye día a día, entre todos. No con nostalgia ni desconfianza ni sin aceptar riesgos”, recalcó el dirigente político uruguayo.

El Foro de Sao Paulo reúne en Montevideo a delegados de 70 organizaciones miembros, 300 delegados extranjeros y observadores de China, Vietnam, Italia, Alemania, España, Bélgica, Irán, Japón, Libia y embajadores de varios países latinoamericanos.

Esta instancia de debate de partidos progresistas y de izquierda nació en 1990, por lo cual “al cumplir 18 años es el momento propicio para un relanzamiento, de reflexión sobre las experiencias de gobierno y propiciar el acceso a organizaciones que aún no lo han logrado”, dijo Brovetto.

La crisis colombiana y la actuación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en ese país es uno de los temas polémicos que se debatirán.

En declaraciones publicadas hoy, el secretario de relaciones internacionales del Partido de los Trabajadores de Brasil, Valter Pomar, puntualizó: “Nosotros vamos a dar mucho espacio a los debates sobre Colombia, donde hace décadas que está en curso un enfrentamiento militar que tiene como actores al Estado, a los paramilitares y a las fuerzas insurgentes”, y agregó que “al Foro de Sao Paulo le interesa la paz y que haya un proceso de negociación para lograr este objetivo”.

Para este sábado se espera la llegada de más delegados, entre ellos el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ya que muchos se hallan en Brasilia participando en la reunión constitutiva de la Unión de Naciones Sudamericanas.

Los organizadores dijeron que las delegaciones que aún faltan son de Sudáfrica, Alemania, Angola, Australia, Austria, Mozambique, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Bélgica, Canadá, España y China.

¿Quo vadis, Felipe?

Carmen Aristegui F.
23 May. 08


La ola de violencia y ejecuciones en México ha alcanzado ya niveles inimaginables en la historia de este país. Si no se revisa la estrategia y, aun, si se revisa -dicen los expertos- lo peor está por venir. La espiral desatada arroja, según información presentada esta semana en la sesión ordinaria de la Comisión Permanente, cifras que alcanzan ya las 4 mil ejecuciones en lo que va del actual Gobierno. Registro superior o equiparable al de cualquier conflicto bélico. En promedio, 7.6 personas murieron diariamente. Según esta información en la última semana hubo, cada 24 horas, 15 asesinatos.

Muertes, desapariciones y enfrentamientos crecientes seguirán siendo parte del paisaje nacional por un tiempo indeterminado. No todo se reduce a los muertos. Esto es lo visible y lo medianamente contabilizable. El insumo mayor, si se quiere, para el miedo, el temor y la psicosis. Pero, ¿de qué tamaño es la infiltración del crimen en las estructuras políticas y policiacas del país? ¿En qué dimensión se encuentra el narco en las estructuras institucionales y de representación política en México? ¿Cuántos legisladores, presidentes municipales, gobernadores y altos mandos en el país están cooptados por el narcotráfico? ¿Se tiene una idea clara sobre los circuitos empresariales y financieros en los que se desenvuelve el narcotráfico? ¿En qué medida el Estado mexicano está actuando en contra de ellos?

Explicaciones de especialistas internacionales como los doctores Samuel González y Edgardo Buscaglia remiten sus análisis sobre la corrupción, la violencia y el crimen organizado al estudio comparado de la experiencia internacional. Los patrones de conducta de la delincuencia organizada se repiten universalmente. El doctor Buscaglia (director del International Law and Economic Development Center y asesor de Naciones Unidas) explica sobre los factores que causan una defectuosa aplicación de políticas públicas para combatir la corrupción y la delincuencia organizada. Parte de una premisa básica, a partir de la cual se formularon las preguntas anteriores:

"La delincuencia organizada, a gran escala, sólo puede ser factible y sostenerse cuando el Estado no goza de niveles de gobernabilidad, y en donde existen alianzas tácitas y/o explícitas de apoyo entre actores políticos, empresas privadas y empresas criminales".

Por lo tanto, dice el experto: "Es necesario implementar una Reforma integral del Estado, a través de un pacto político que rompa con la impunidad con la cual la delincuencia organizada infiltra al Estado". Es a partir de la premisa, que lanza una aguda crítica a la estrategia que ha sostenido el Gobierno federal en contra del narcotráfico.

Buscaglia afirma que los países que alcanzaron el éxito contra el narcotráfico basaron su estrategia en cuatro vías: 1) ataque a las cúpulas del narcotráfico, 2) ataque a sus brazos armados, 3) ataque a sus redes financieras y 4) combate a la protección política y la corrupción. Cuatro líneas de acción que se aplicaron de manera simultánea. Necesariamente simultánea. Los gobiernos que las impulsaron contaban con amplios márgenes de legitimidad y aceptación social que les permitieron involucrar a poderes y sociedad en la cruzada.

El Gobierno mexicano, que no cumple cabalmente con esta última condición, ha sostenido una estrategia que transita básicamente por las dos primeras vías, sin tomar como prioritario el combate dentro de las redes financieras y sin desmontar la protección política que hace posible que el narcotráfico domine zonas enteras del país.

El problema mayor radica en que -siguiendo este estudio comparativo internacional- en los países en que sólo se instrumentó el combate a las cúpulas y a los brazos armados del narcotráfico sin incluir los frentes empresariales, financieros y políticos en donde se desenvuelve el narcotráfico, no sólo se desató una carnicería, como la que estamos viendo aquí, sino que se pasó de la infiltración y captura de autoridades a un control pleno del poder político conformándose lo que se dio en llamar narcodemocracias.

No es muy difícil entenderlo. Si no se desarticula integralmente al monstruo, su capacidad de respuesta puede ser inaudita. Esta tesis sostiene que entre más recursos, soldados, policías y operativos destine el gobierno para combatirlos en el campo de la violencia y el descabezamiento -sin desarticularlos en lo político y financiero- trae como consecuencia más violencia, más corrupción, más infiltración y en algún momento, a la toma del poder político. Los casos analizados muestran no sólo el incremento de la violencia y las ejecuciones sino ataques tierra-aire y atentados.

En este momento todo indica que estamos ante una estrategia incompleta, por lo tanto ineficaz y, peor aún, contraproducente. Que quede constancia: nadie está diciendo aquí que el Estado claudique de sus obligaciones para dejar a "ciudadanos y periodistas en garras del narcotráfico".

Yo, como millones, deseo que el Estado se imponga al narcotráfico. Que los criminales sean vencidos y que se recupere la tranquilidad y el Estado de derecho. Precisamente por eso destaco el valor de la crítica. Para revisar el camino. Para no equivocarnos. Para preguntarle al Presidente si realmente sabe ¿hacia dónde lleva al país?

Nota: Buscaglia habla que para poder desarrollar en esos cuatro frentes la lucha contra el narcotráfico, involucra un "pacto político", un acuerdo entre todos los sectores y poderes de una nación para hacer frente como uno sólo. El problema, como se señala en el artículo, para poder plantear dicho pacto el gobierno debería tener credibilidad; el actual gobierno además de su modo ilegítimo de llegar al poder, no se ve dispuesto a querer ganarse aunque sea parte de esa credibilidad mediante acciones de limpiar y transparentar el actuar de sus funcionarios sino al contrario continúa con la práctica de la impunidad, opacidad, y protección de sus más caros componentes, de mantener en su puesto -bajo cualquier precio- a los allegados (para pagar favores, curarse en salud o cubrirse los negocios, usted escoge cuál) así demuestren la mayor ineptitud y flaco favor le hagan a la presente administración. Ante tal muestra de obsecación ¿quién estaría en disposición de entrarle a un pacto donde todos tendrían que poner menos el gobierno?

Definirán gobernadores debate petrolero


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viernes, 23 de mayo de 2008
Lilia Arellano

PAN apoya; PRI negocia; PRD rechaza
FAP gana debate pero perdería votación
“Notoriamente improcedente” la reforma: LJG
Viola Calderón la “Carta Magna”: Carrancá
México, objetivo militar de Washington


Al llevarse a cabo el cuarto foro sobre la reforma energética, es claro que el debate se ha centralizado en la confrontación de dos posiciones irreconciliables: una, que las iniciativas enviadas por Felipe Calderón deben desecharse porque las reformas son “notoriamente improcedentes” y “absolutamente violatorias a la Carta Magna” y, por otro lado, la que sostienen los juristas propuestos por el PAN y enviados por el Ejecutivo Federal que con argumentos legaloides y endebles sostienen que en su conjunto la iniciativa calderonista se ajusta al marco constitucional, aunque, claro esta, dicen, es perfectible. Se trata en suma de dos visiones de Nación confrontadas, una patriótica, nacionalista, preocupada por los mexicanos; la otra, “globalizadora”, autodenominada “moderna”, subordinada a los intereses de los Estados Unidos y de sus grandes trasnacionales.

Ante la indefinición de la posición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que coquetea abiertamente y negocia casi sin reservas con las iniciativas calderonistas, es claro que el debate lo está ganando el Frente Amplio Progresista (FAP), que se opone a la privatización del petróleo, dado que los argumentos presentados por los abogados y especialistas en derecho que defienden la posición presidencial son blandengues y repiten sólo lo que está registrado en la exposición de motivos y justificación del proyecto de reforma energética. Sin embargo, a consecuencia de los acuerdos políticos entre la primera y la tercera fuerza política del país, los legisladores del PRD, PT y Convergencia corren el peligro de perder la votación definitiva.
En este contexto es donde resalta la importancia de la participación de los gobernadores de las tres principales fuerzas políticas en este debate, pues luego de la decepcionante participación de los dirigentes del PAN, Germán Martínez Cázares, y del PRI, Beatriz Paredes Rangel, así como del “líder moral” del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, los ciudadanos esperamos que los mandatarios estatales puedan clarificar, con argumentos sólidos, la posición de las tres partidos políticos más importantes y se pueda vislumbrar el rumbo que habrá de tomar la votación, en su momento, en el Congreso de la Unión, sobre el conjunto de iniciativas presentadas por Calderón y, con ello, el destino inmediato de la Nación, que se debate entre la autonomía y la soberanía por un lado, o la alineación y la subordinación, por el otro.
Los gobernadores priístas, Fidel Herrera, de Veracruz, y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; los mandatarios perredistas, Leonel Godoy, de Michoacán, y el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y los gobernadores panistas de Morelos, Marco Antonio Adame, y de Guanajuato, Juan Manuel Oliva, ya han confirmado su asistencia a los foros sobre la reforma petrolera que se llevan a cabo en el Senado, por lo que podrían estar en una mesa de análisis dentro de dos semanas.

Leer la nota completa:
http://www.poresto.net/content/view/15993/53/

Agrio debate por los alcances del 27 constitucional en materia energética

Quienes apoyan la reforma dijeron que el artículo es confuso y con fuerte contenido ideológico

O no saben leer o nos quieren engañar; me dan ganas de mandarlos a la escuela, replica Arnaldo Córdova

■ No sé por qué a la pasada sesión invitaron a Aguilar Camín; no sabe nada de esto, dice

Graco Ramírez, Rubén Camarillo, Francisco Labastida, Santiago Creel, Fernando Baeza, Melquiades Morales y Dante Delgado, durante el tercer foro de debate sobre la industria petrolera

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Graco Ramírez, Rubén Camarillo, Francisco Labastida, Santiago Creel, Fernando Baeza, Melquiades Morales y Dante Delgado, durante el tercer foro de debate sobre la industria petrolera Foto: Marco Peláez

¿Qué es lo que no les parece claro del artículo 27 constitucional?, preguntó el doctor Arnaldo Córdova a participantes en el tercer foro de debate sobre la reforma de Petróleos Mexicanos (Pemex) que ayer argumentaron que el ordenamiento es confuso, “con un fuerte contenido ideológico e histórico”, lo que dificulta su interpretación.

El experto en derecho constitucional, politólogo e investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que la “víctima” ayer del debate fue el artículo 27 constitucional y sostuvo que quienes dicen “que no lo entienden, que es poco claro o que no dice lo que dice”, lo llevaron a concluir que “o no saben leer o no saben derecho o nos quieren engañar”.

La alusión no fue sólo para los ponentes de ayer; Córdova se refirió a lo expresado durante el foro del jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, quien sostuvo que todos los contratos firmados por Pemex son inconstitucionales. “No sé por qué lo invitaron, no sabe nada de esto, pero lo trajeron como experto.” Y no sólo eso, les dijo muy claramente: “Me dan ganas de volverlos a mandar a la escuela”.

La referencia era clara a lo expresado por el catedrático de la Escuela Libre de Derecho Arturo Zaldívar, de que el artículo 27 es “un texto redactado de forma poco técnica para resolver problemas modernos y extraordinariamente complejos”.

Tanto Córdova como el doctor Jaime Cárdenas y el ex ministro de la Corte Juventino Castro refutaron las afirmaciones hechas por Zaldívar y los también juristas Mario Becerra Pocoroba y Héctor Fix Fierro, quienes trataron de legitimar las cinco iniciativas de Felipe Calderón, expusieron que ese artículo 27 y su ley reglamentaria posibilitan la inversión privada en la refinación y transportación de hidrocarburos y sostuvieron que el proyecto presidencial no incluye contratos de riesgo.

Becerra, catedrático también de la Escuela Libre de Derecho, pidió avanzar a criterios más flexibles para interpretar la Constitución, en especial los artículos 25, 27 y 28, y expuso que se debe interpretar la ley conforme a la Constitución y la Constitución conforme a la ley.

Sostuvo que “no necesariamente todas las actividades de la industria petrolera corresponden a áreas estratégicas”. Según su interpretación, el artículo 27 se refiere sólo a la explotación de petróleo como actividad exclusiva de la nación y deja fuera refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos, que pueden ser realizados por particulares.

Castro dejó en claro que existe “un intencionado propósito de introducir confusión sobre lo estructurado por la Constitución para las áreas prioritarias, ante lo decretado exclusivamente para las áreas estratégicas”. Hizo notar que el cuarto párrafo del artículo 27 dice: “Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales”, incluyendo el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos. Y lo ratifica, agregó, el cuarto párrafo del artículo 25, donde se precisa que “el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución”.

Ese artículo, a su vez, añadió, en su párrafo cuarto ordena de qué manera se deben manejar tales áreas: “El Estado contará con los organismos que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo, y en las actividades de carácter prioritario, donde, de acuerdo con las leyes, participe el Estado por sí o con los sectores social y privado”.

Es decir, “el manejo de las áreas exclusivas se ordena como exclusivo y directo del Estado, y los sectores social y privado pueden auxiliarlo únicamente en tratándose de áreas prioritarias. Son dos mundos, dos enfrentamientos”.

Y en realidad, el concepto provocó la confrontación entre los juristas que ayer expresaron que la reforma de Calderón es inconstitucional y los que propusieron a los legisladores interpretar la Carta Magna sin que sea trampa ni fraude, pero sí “de la forma que más le sirva al país”, según expresó Zaldívar.

Córdova dijo a éste que “hasta en las escuelas de derecho se confunde la Constitución y se cree que es una ley como cualquier otra”, pero no es así, porque la Carta Magna “es un pacto, el pacto del pueblo mexicano, que dio lugar al Estado, es nuestro contrato social”. Agregó que le parece “una aberración eso de venir a decir aquí que la Constitución hay que interpretarla con base en una ley”.

El otro tema de discusión entre los dos bandos fue el de los contratos de riesgo, prohibidos en la ley reglamentaria del 27 constitucional que, a juicio de Zaldívar y de Fix Fierro, no son equiparables a los contratos de desempeño incluidos en la reforma de Calderón.

Jaime Cárdenas Gracia les dijo que esos contratos propuestos por el Ejecutivo para dar a empresas extranjeras la exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas “sí tienen características de contratos de riesgo”, pues si bien no les da a los inversionistas un porcentaje del petróleo explotado, sí les permite que se lleven parte de la renta petrolera.

Ante la insistencia de los defensores de la iniciativa de Calderón, de que fue hasta la reforma de 1960 en que se prohibieron los contratos y concesiones, que pueden volver a establecerse en la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, el ex consejero del IFE y jurista dijo que tal interpretación es “no querer leer bien, lo digo con todo respeto, la Constitución”.

Ante la polarización, el ex ministro Castro y Castro aclaró: “No tengo pleito con nadie, nadie tiene pleito conmigo”, e igualmente Córdova dijo que él tampoco fue a pelear: “Vengo a discutir, nada más. No tenemos garantía de que los señores legisladores nos van a hacer caso”, e incluso consideró que el debate va “hacia un diálogo de sordos”.

Diez legisladores de todas las fuerzas políticas formularon después preguntas a los ponentes. Los del PAN y el Verde (Arturo Escobar) se dirigieron a los juristas que están en favor de la reforma presidencial para que insistieran en sus argumentos.

El diputado del PRD José Antonio Almazán señaló que “esas iniciativas entreguistas, de vendepatrias, no pasarán”, y a los ponentes que defendieron el proyecto de Calderón les dijo que “sus argumentos son cortos y pretenden ignorar el peso que tienen en la construcción de la identidad nacional el nacionalismo y el petróleo”.

Rubén Camarillo, senador del PAN e impulsor de las iniciativas presidenciales reviró: “Los vendepatrias están allá afuera, no aquí adentro; si alguno se coló, ojalá lo identifiquemos para sacarlo a patadas”.

En ese tono concluyó el tercer foro en Xicoténcatl.



viernes, mayo 23, 2008

Privatizadores compulsivos


Boletín del Frente de Trabajadores de la Energía,
de México, 22 mayo 2008

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En México, hace ya más de 100 años, un hombre se significó por su compulsión modernizadora. Deslumbrado por la tecnología y el poder, introdujo el ferrocarril e impulsó la modernización de industrias estratégicas como la energía, la textil o la minería. Empeñado en el éxito inmediato, otorgó "certeza jurídica" y protecciones especiales al capital, fundamentalmente foráneo. El país generó más riqueza, pero al mismo se profundizó la desigualdad. Como el proyecto no prosperó, entonces el iluminado asaltó el poder instaurando una dictadura de casi tres décadas. Su visión desarrollista, basada en "mirar hacia afuera", provocó que el pueblo organizara la Revolución. Con ella paró la explotación y conquistó los pocos beneficios sociales que hoy disfrutamos. Quienes hoy evocan el pensamiento y los métodos de aquél, repiten la historia, arrastrando al país a un nuevo conflicto.
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Absurda autonegación
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El debate "oficial" para la Reforma Energética ha servido para examinar más de cerca a la derecha mexicana. Escucharlos es recordar los tiempos del dictador Porfirio Díaz que, siendo soldado defendió con honor la soberanía de la patria pero luego, como presidente de la República, sometió el país al extranjero al otorgar enormes privilegios sus capitales.
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A la sesión del 13 de mayo pasado, en el foro "Los principios que deben regir la Reforma", se invitó al doctor Carlos Elizondo Mayer-Serra, un docente e investigador del oficialista Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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Al presentarlo, el senador Labastida bromeó, indicando que el académico le había solicitado no mencionar que entre sus méritos se encuentra haber fungido como "embajador" de México ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
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Pensando en positivo, hizo bien Elizondo en avergonzarse por utilizar un título absurdo (la OCDE no es un estado, y él, hombre subyugado por lo extranjero, no es representativo de los mexicanos). O tal vez lo que trataba de ocultar es que fue "representante permanente" del gobierno foxista ante dicho organismo (2005).
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El Supremo Legislador
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Para Elizondo son independientes los fines y los medios: "el fondo de la discusión no es la constitucionalidad de una u otra propuesta de reforma. El fondo es una decisión política, soberana, sobre qué hacer con el más estratégico de nuestros recursos. (...)
Es inútil discutir la constitucionalidad de la reforma (...) sólo importa qué opinen, en su momento, ya aprobada la reforma, la que sea, los 11 miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación).
Elizondo anticipaba así la estrategia oficial: esperar el término del debate para que el proceso pase a manos de los magistrados de la Suprema Corte, que es decir del propio gobierno, que es quien los impone. O sea que según él, serán estos 11 abogados quienes definirán, en última instancia.
Antes Elizondo había retado: "si al final de cuentas necesitamos modificar la Constitución ¡hagámoslo!". ¡Sicología infantil! Él sabe que eso jamás sucederá, pues una reforma constitucional, cuyo proceso es más complejo, no sería aceptada. Por ello el gobierno necesita modificar la llamada legislación secundaria, que es decir leyes de menor jerarquía; porque, con los jueces de su lado obtienen impunidad.
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Eficiencia del sector privado
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Para Elizondo hay que separar la renta petrolera de la administración de la industria del petróleo. No argumenta su propuesta pero la justifica invitando a mirar hacia afuera. Compara los casos de Corea del Sur e Irán; el primero, un país sin petróleo pero con empresas eficientes --"todas privadas"--, que disfruta de un abasto suficiente mientras el segundo tiene petróleo, pero padece una grave dependencia de combustibles y carece de infraestructura adecuada pese a que su industria "está más abierta que la nuestra".
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Cabe comentar que como trabajadores, conocemos bien el significado de la "eficiencia" de las empresas coreanas. En 2002, Pemex encargó la "reconfiguración-conversión" de la Planta Cadereyta a un consorcio integrado por un prestanombres local, Tribasa, la alemana Siemens y la empresa coreana Sunkyong Engineering Construction. Sunkyong trajo a sus propios técnicos, vivían, comían y dormían en su barco. De México, ellos solo conocieron los prostíbulos, Con ellos corroboramos los efectos de la explotación del hombre por hombre y que ésta es inherente a la "eficiencia" capitalista, sin importar el color de la piel o la lengua.
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Otras empresas coreanas, Hyundai, Samsung, LG, Daewoo y otras, lucran en México en penosos negocios como la maquila. Todas actúan igual en defensa de sus intereses. Antes hubo otras, de otras partes. Está en la naturaleza del capitalismo.
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Mirar afuera, mirar al pasado.
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Pero si el doctor Elizondo prefiere mirar hacia fuera, tal vez (con la experiencia de su embajada en la OCDE), podría comentar otros que alguna vez fueron considerados "casos de éxito", como el sector eléctrico chileno. Ese país, pionero en América en la imposición del neoliberalismo (dictadura mediante), enfrenta de nueva cuenta escasez de electricidad, luego que hace 10 años, por efectos de la privatización del sector, sufriera una crisis similar, ante la cual los organismos financieros internacionales diseñaron nuevos ajustes (siempre dolorosos pero necesarios) que el gobierno chileno acató sumisamente.
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No obstante el sistema eléctrico chileno no se equilibra. Para afrontar la demanda actual solo cuenta con la nueva capacidad privada, suficiente, pero construida a base en gas natural importado. Como adicionalmente sufre cada tanto los efectos de fenómenos naturales que repercuten en la reducción niveles hídricos, ni siquiera puede paliar su dependencia del gas.
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¿Que hacen ante eso las "eficientes" empresas privadas? lo de toda la vida: cargar al consumidor los costos de generación elevando precios y tarifas. ¿Qué soluciones proponen? racionamiento disfrazado de ahorro de electricidad y negociaciones de emergencia para comprar más gas (que coincidentemente las mismas transnacionales venden).
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Elizondo presume a la "exitosa" Petrobrás, pero no menciona que grandes sectores del pueblo brasileño exigen hoy rescatarla para la nación, para construir un sistema económico y político más democrático, que permita abatir la enorme pobreza que agobia a las mayorías en esa nación.
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Hay quien cree que puede reinventar la historia: la última gran ola mundializadora, el "descubrimiento" de América --y su violenta colonización, política, económica, social--, mostraron a la humanidad que es inaceptable que "unos cuantos" se apropien de recursos y materias primas, amplíen sus mercados, etc. mientras la gran mayoría es marginada. No obstante, la globalización también puede devenir dogma.
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Fines, medios y obsesiones
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Lo que Elizondo propone es simplemente un salto al pasado. Como está en medio la Constitución que lo impide, acepta que en materia de petróleo se haga lo mismo que se hizo con el sector eléctrico o el gas natural: privatizar deformando el precepto. El fin justifica los medios. Ya lo hicieron antes: en materia de electricidad mutilaron el concepto de Servicio Público de Energía Eléctrica y entonces aparecieron los grandes generadores privados; en materia de hidrocarburos decretaron que el gas natural no es un hidrocarburo y privatizaron totalmente su proceso.
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Todo porque su odio a la propiedad colectiva o social es obsesivo, patológico.
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Por cierto, Elizondo sí defiende las políticas del gobierno, no solo en materia de energía. En el foro también aprovechó para arremeter contra el régimen laboral de los petroleros, sobre todo contra sus pensiones. Dijo que para él "(otorgar) mayores derechos laborales implica mayor dispersión del gasto público". Aunque este apóstol neoliberal asegure que habla a título personal, Elizondo evidencia de paso la filiación del instituto al que pertenece.
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¿Qué queda? ¿decretar el fin de la política?
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A nivel mundial, las reservas energéticas son cada vez más escasas. Paradójicamente, aunque la explotación se vuelve más costosa, su control lo vuelve más rentable. Por ello algunos países ya están en en el camino inversa de la reforma calderonista, buscando ejercer un control más estricto sobre sus recursos y sobre los beneficios que estos producen. Ello ha generado ya varios conflictos, la mayoría aún en proceso de arbitraje.
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El tema es de la mayor relevancia porque se maneja como disputas comerciales, en tribunales internacionales. Solo en América Latina, Argentina, en caso de perder todas las demandas que se le han interpuesto por parte de las transnacionales, tendría que pagar unos 20 mil millones de dólares, nada más en compensaciones. Si así sucediera y aquel país tomara la decisión soberana de no acatar los fallos en su contra, todo el esquema de inversiones en la región sería puesto en crisis.
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Por un lado, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) acumula demandas. Por otro, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua cuestionan la legitimidad a sus resoluciones. Bolivia incluso ya se retiró. Otros países, entre ellos Brasil, Chile y México, siguen aceptando el arbitraje, pero a pesar de ello el flujo de capitales se reduce. En el caso de México los neoliberales lo atribuyen a la "falta de certidumbre" legal. De eso se trata la intentona de reforma energética (privatización de Pemex) en México.
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En un escenario donde persiste la desigualdad y se profundiza y extiende la pobreza, los energéticos constituyen la última frontera. Pese a ello, quienes decretaron el fin de la historia, impulsados por su compulsión privatizadora se preparan ahora para declarar el fin de la política. Solo el pueblo organizado puede evitarlo.

miércoles, mayo 21, 2008

Reporte de la conferencia de Mario di Costanzo sobre el petróleo


El lunes 19 de mayo en el Sindicato de Telefonistas, se presentó Mario di Costanzo para dar una plática sobre el tema actual del petróleo; a continuación un pequeño reporte de su exposición.


La deuda actual total de México asciende a 3.5 billones de pesos. Pues bien, la mitad de esa deuda tiene su origen en privatizaciones fracasadas, entendiendo por fracasadas aquellas en donde el estado mexicano ha tenido que salir a “rescatar” las finanzas de, recordemos, Bancos, carreteras, etc. más la deuda por Pidiregas. Por tal deuda, el día de hoy cada mexicano debe alrededor de $35 000.

E.U. es el 4º país productor mundial de petróleo, pero su producción no le alcanza para cubrir su demanda nacional (incluyendo lo que gasta por sus incursiones militares). México, siendo el 6º país productor mundial de petróleo le aportó, el año pasado (2007) el 22% de sus importaciones.

Para ejemplificar el estado de desmantelamiento que ha sufrido la paraestatal durante los gobiernos neoliberales: en la década de los 80 México exportaba petroquímicos (más exactamente, amoníaco, principal componente de los fertilizantes); en la actualidad se importan fertilizantes ante el cierre deliberado de petroquímicas. En Cantarell, hoy por hoy el más importante yacimiento (aún que se sostenga que empieza su declinación), hay 80 pozos cerrados que deberían estar produciendo 6 mil barriles diarios. En su momento se les inyectó nitrógeno para permitir que el crudo se eleve a la superficie, pero después de inyectado el nitrógeno éste debe ser eliminado, ya que contamina al petróleo; pues bien, como no había –ahí sí- la tecnología necesaria para descontaminar los pozos, éstos fueron cerrados.

Por otra parte, el spot de Pemex hablaba sobre el necesario acompañamiento de empresas extranjeras que tuvieran la tecnología requerida para la exploración en aguas profundas, (lo cual es costoso , riesgoso y tardado, todo lo cual no se mencionó). Ahora, al abrirse -con la iniciativa de Calderón- la posibilidad de participar ampliamente en cualquier renglón, seguramente lo harán en áreas de litoral o aguas someras que implican menos riesgo, costo y un aprovechamiento prácticamente inmediato.

Nota: Además, hablando de inyecciones de nitrógeno, con ellas se extrae un 20 % menos de las que utilizan gas natural,
son más contaminantes y costosas (es decir de quién fué el negocio?). Cuando se usa gas, eventualmente éste puede ser luego explotado. Así que por el lado que se le mire, ésta no era la solución; ¿siguiendo qué criterios se implementó esta tecnología?



Pemex y Fundidora

Abraham Nuncio, La Jornada.

Lo que quieren hacer con Pemex es lo que hicieron con la Fundidora. El que así hablaba es un ex obrero de la que fue la principal siderúrgica de América Latina. Por primera vez desde que fue cerrada la planta, hace 22 años, un programa televisivo difundía la voz de los trabajadores, entonces calumniados por los medios de mayor influencia en Monterrey. Convertidos en cajas de resonancia de los empresarios y las organizaciones patronales repitieron una mentira mil veces (la típica receta goebbeliana) e hicieron de ella una verdad del tamaño del cerro de la Silla.

La quiebra de la industria que le dio identidad a Monterrey desde su fundación en 1900 le era imputada a la negligencia y la ociosidad de los obreros y, por supuesto, a la radicalidad de su sindicato. Fue una infamia, como bien la calificó Héctor Benavides, el conductor del programa Cambios (uno y otro auténticas ínsulas en el mar de la desinformación masiva), de la empresa Multimedios. A raíz del cierre de Fundidora, ellos y sus hijos fueron puestos en la lista negra, y allí siguen.

El Estado mexicano echó mano de una coartada burda y cruel para someter al país a los dictados de los aparatos financieros internacionales dominados por el esquema de cualquier banco: el que más acciones tiene manda. La crisis golpeaba con fuerza –después del auge petrolero, qué ironía– y había dos necesidades que el gobierno priista estableció como prioritarias: pagar su enorme deuda externa y apuntalar a las empresas privadas cuya sangría a manos de sus propios dueños las tenía en graves problemas de solvencia. “Es una obligación moral apoyar a Alfa”, sentenció el candidato de la renovación moral. La deuda externa del holding regiomontano que más había crecido y derrochado en los últimos seis años equivalía a 5 por ciento de la deuda externa pública de México. Adelantándose a Miguel de la Madrid, el gobierno de José López Portillo, a través de Banobras, ya le había hecho un préstamo tan desmesurado como ilegal al grupo Alfa.

Alfa se había fortalecido, como el resto de los grupos industriales de mayor peso, con los subsidios estatales. Subsidios que no podían venir de otras partes sino del endeudamiento del Estado en dólares para financiarlos en pesos y, por supuesto, de los recursos de Pemex. Recordemos a Heberto Castillo: “Los actos del gobierno contradicen las declaraciones del presidente, que reiteradamente ha dicho que debe disminuirse el ‘subsidio monstruoso’ que Pemex otorga en petróleo y gas y que en 1980 alcanzó ya la fabulosa suma de 720 mil millones de pesos. ¿Quiénes serán los socios verdaderamente anónimos de Alfa? ¿Qué funcionarios del gobierno?”

Esas reflexiones del gran luchador social que fue Heberto las retoma Esteban Ovalle Carreón, ex trabajador de Fundidora, en un opúsculo titulado El asesinato de Fundidora: “En esa época se hicieron programas de reconversión para HYLSA –empresa privada (del grupo Alfa)– y para el Grupo Acerero del Norte, que compró Altos Hornos de México, en Monclova; pero no se midió con la misma vara a Fundidora. A HYLSA, al poco tiempo, se le dio otro apoyo muy importante, al convertir su deuda externa en dólares a pesos mexicanos, absorbiendo el gobierno federal la pérdida en la diferencia cambiaria. El gobierno quería salvar a HYLSA, no a Fundidora. Más claro ni el agua.”

Pero esa claridad no vale para quienes pretenden, desde el poder, privatizar el petróleo y la electricidad, que son de la nación. Y las experiencias no cuentan: dos décadas después del escandaloso préstamo de Banobras a Alfa, Hylsa pasó a ser propiedad de la trasnacional Techint.

Aceros Planos, una de las filiales de la Fundidora, que operaba con números negros, fue privatizada poco después. Las familias Clariond-Reyes y Canales Clariond, propietarias de Imsa, fueron las adquirentes. Tras la adquisición a precio de amigos, Fernando Canales Clariond no tuvo dificultad alguna en desembolsar 50 millones de pesos destinados a financiar la campaña electoral que lo colocó en el gobierno de Nuevo León. La tendencia monopólica mundial, que se ha dado a conocer con el apodo de globalización, avanzó más tarde otro paso en la frágil economía mexicana. Ternium, que pertenece a Techint, adquirió Imsa. Como me ven se verán, dice ya esta empresa a Altos Hornos de México y a otras acereras que un día constituyeron el sistema siderúrgico nacional.

La quinta columna presidencial, empresarial, partidaria y mediática de la derecha le advierte a la sociedad mexicana que sin la inversión extranjera no podrá sobrevivir y menos explorar y explotar su petróleo y demás recursos naturales. Las patrañas y las medidas políticas son las mismas que se emplearon para cerrar Fundidora. En primer lugar, no invertir en la planta para restarle capacidad de renovación tecnológica y, por tanto, capacidad productiva.

El monto de inversiones entre 1976 y 1990, de acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Industria Siderúrgica Paraestatal, estaba calculado para la Fundidora en 310 mil millones de pesos; sólo le fueron asignados 2 mil 100 millones. Las inversiones realizadas permitieron, no obstante, una significativa modernización de la planta, con lo cual se esperaba que produjese un millón 500 mil toneladas anuales. Su productividad podía haber sido mayor, pues en 1974 arrojó un saldo de 920 mil toneladas con cuatro hornos de hogar abierto que fueron clausurados sin explicación alguna. En 1985 produjo 950 mil toneladas. Por otro lado, su deuda era ya alta en 1974. Con la devaluación de 1976 se disparó de 4 mil 449 millones de pesos a 13 mil 375 millones de pesos. Pero podía ser tan amortizable como la de Hylsa y no entregada finalmente como ésta al capital extranjero, a pesar de haber sido saneada con dinero público.

A la Fundidora se la asfixió financieramente. Se la mal mantuvo. Vino la desactivación de varios de sus departamentos. Y finalmente el desprestigio de su operación y sus trabajadores.

Se trataba de introducir una verdad cuya irradiación ideológica por su propia boca iba a morir. “Con el fracaso de Fundidora se demuestra que no es función del Estado ser empresario”, dijo el industrial galletero Alberto Santos. La suya fue la primera gran industria de Monterrey en pasar a ser propiedad del capital extranjero (Pepsico, en este caso). Le siguieron los bancos y las siderúrgicas. Hasta ahora, los bancos y empresas privatizados no le han dejado al país crecimiento, y menos desarrollo. No se entiende por qué Pemex y la CFE habrían de ser excepción.

Demasiadas arterías se dijeron de la Fundidora. Entre otras, que era una industria altamente contaminante. En su derredor no aparecieron nunca los numerosos casos de males cancerígenos característicos del entorno de otras empresas (77, según la Semarnat) sin que nada se haya podido hacer hasta la fecha para reubicarlas. Todas son privadas.

De un Estado que pone por encima del interés público el de los particulares, nada bueno puede esperarse. Ese Estado es el que cerró Fundidora y el mismo que ahora quiere privatizar Pemex y la CFE. Lo menos que se puede hacer, con una pizca de memoria y sentido común –no se requiere ser un intelectual cotizado para tenerlos–, es oponerle resistencia.

Nota: Otro de los argumentos que se esgrimieron en contra de los trabajadores de Fundidora y que también se utiliza ahora para "explicar" los números rojos de Pemex, es lo relativo a los "altos salarios" devengados por los trabajadores; discurso que compra el promedio de la población sin detenerse a pensar que no es que los trabajadores -antes de Fundidora y ahora de Pemex- tengan altos salarios, sino que los salarios del resto de los obreros son injustamente bajos, y entonces de lo que se trataría, en términos de justicia social, sería igualar los ingresos más bajos con los más altos y no al revés; lo anterior no niega los sueldos de primer mundo que tienen funcionarios de primer nivel, nacionales y extranjeros, que tiene la paraestatal al igual que los emolumentos de los líderes sindicales, todo lo cual es muestra de los manejos sucios de quienes dirigen la empresa, pero como salpican a distintas instancias gubernamentales, incluida por cierto la federal, pues gozan de total impunidad

Más casos de ilegalidades, corrupción e impunidad.

DA LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN LA RAZÓN AL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO EN EL CASO DEL FRAUDE DENUNCIADO CON EL SEGURO POPULAR


Hace un año, las secretarias de Salud y de Trabajo del gobierno legítimo de México denunciaron ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) el presunto daño patrimonial por 368.5 millones de pesos en la compra de credenciales a la empresa Image Technology para las familias del Seguro Popular en 2005, informó Asa Cristina Laurell, secretaria de Salud en el gabinete lopezobradorista.

Laurell manifestó que en diciembre se presentó una ampliación de la denuncia por el incremento en el contrato en 24.9 millones, así como por el monto de 558.6 millones referidos a otro contrato celebrado en 2006 entre la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) y la misma empresa.

Es decir, explicó, entre ambos contratos el monto asciende a 952 millones de pesos. A pesar del tiempo trascurrido, la SFP no ha dictaminado el caso, han hecho mutis, primero Germán Martínez y, luego, Salvador Vega, lo cual ha demostrado una vez más el encubrimiento de los altos funcionarios, en este caso del Comisionado de Protección Social en Salud de Fox, Juan Antonio Fernández Ortiz, afirmó.

Señaló que la revisión de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cuenta Pública de 2006 confirma graves irregularidades en el contrato de 2006 de la CNPSS con Image Technology para credencializar a los afiliados del Seguro Popular. El informe dice a la letra: …“no se obtuvo evidencia por parte de la entidad fiscalizada /CNPSS/ sobre la correcta distribución de 700 mil credenciales y 850 módulos de enrolamiento entregados a las entidades federativas ni de la documentación sobre su destino final; tampoco se comprobó el seguimiento en su operación, ni el establecimiento de estrategias para dar continuidad al objetivo del programa o los análisis para determinar su cancelación. …… se constató que ni las credenciales ni los módulos de enrolamiento se encuentran en operación.”

Queda claro —enfatizó— que en la auditoría no se pudo constatar el cumplimiento del contrato por falta de documentación y a raíz de una investigación de campo en el estado de Puebla. Sin embrago, entre abril de 2006 y mayo de 2007 la Comisión pagó 443.7 millones de pesos a Image Technology.

Además pagó a la empresa 119.4 millones de pesos en diciembre de 2005 y marzo de 2007 correspondientes al contrato de 2005 que no aparecen en la revisión de la ASF. Por tanto el Seguro Popular a través de la Comisión ha pagado un total de 553.1 millones por servicios tecnológicos y credenciales sin utilidad ninguna, aseguró.

Aclaró que el informe de la ASF no señala que el contrato de 2006 con Image Technology ya estaba bajo investigación por la SFP a raíz de una queja de otro concursante en la licitación. “A raíz de los resultados de esta investigación y coincidentemente con la denuncia presentada por el Gobierno Legítimo se rescindió el contrato anticipadamente el 5 de mayo de 2007”, puntualizó.

Es de subrayar que dos días antes, el 3 de mayo, la Comisión giró el primer pago de 2007 a Image Technólogy por 104.0 millones de pesos; coincidencia que difícilmente habrá sido casual. “Como el presunto fraude en la CNPSS ya era noticia pública en una aparente acción de eficiencia el 31 de mayo el SFP inhabilitó al comisionado y ex-presidente de “Amigos de Fox” (expediente 15/2007-BIS) Juan Antonio Fernández por 10 años “por abuso de autoridad” y lo multó con 454 mil pesos”, detalló.

Esta inhabilitación, prosiguió, no fue por el presunto fraude contra el Seguro Popular sino por un viaje personal con su novia a Singapur y Honolulu con cargo al erario público. Las distintas investigaciones sobre los contratos con Image Technology siguen abiertas desde hace más de una año y la SPF no ha emitido ningún fallo.

Por tanto, insistió en que no existe ninguna sanción administrativa, ni resarcimiento del daño al erario público, ni mucho menos una denuncia penal respecto a estos contratos. La impunidad y el encubrimiento de los altos funcionarios de los gobiernos de derecha se hacen patentes una vez más, denunció.

Someter a consulta popular iniciativas sobre Pemex, exige Castro y Castro


■ El Ejecutivo eligió una vía impertinente para contradecir la Constitución.

■ Critica que se expidan “bonos ciudadanos” en vez de reinvertir utilidades en la paraestatal.

Por Andrea Becerril y Víctor Ballinas.

El ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro sostuvo que antes de votar la propuesta de reforma de Felipe Calderón para abrir Pemex al capital privado, debe ser sometida a “consulta popular”, como indica la Constitución.

Al participar en el tercer foro de debate sobre las iniciativas en materia energética del Ejecutivo federal, afirmó que éste “ha elegido una vía impertinente para resolver y contradecir a la Constitución”, y recalcó que es necesaria una consulta a la opinión del pueblo, “a la soberanía popular”, porque “es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo” y debe expresar “su parecer directo”.

Destacó que Calderón no propuso una reforma constitucional para evitar “un grave enfrentamiento social”, pero sí modificaciones inconstitucionales a leyes secundarias al pretender que un área estratégica fundamental admita la intervención directa o indirecta de particulares.

Castro y Castro leyó el párrafo tercero del artículo 26 constitucional, que a la letra dice: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática.”

Explicó que de forma textual, la norma constitucional señala que es el propio Estado el que debe formular esa planeación, “recogiendo de los sectores sociales las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan de desarrollo y, mediante tal procedimiento, imprimir solidez, dinamismo, permanencia y equidad al merecimiento de la economía, a la independencia y a la democracia política, social y cultural”.

Es decir, precisó el jurista, “por todo ello se entiende el por qué en tales condiciones sociales se contempla una participación auténtica del hecho, mediante una consulta directa a él, tomando nota el Estado programador de sus necesidades y de sus requerimientos, y plasmando con todo ello esos apoyos necesarios para la eficacia y la justicia del desarrollo nacional”.

De ahí que, “con lealtad” y “convicción”, planteó llevar a cabo esa consulta popular con el propósito de que el pueblo “pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas del Ejecutivo”, ya sea en el sentido de que se dicten las nuevas normas para el manejo del petróleo o se desechen.

El ex ministro de la Suprema Corte consideró que la consulta popular, prevista en el artículo 26 constitucional, debe llevarse a cabo antes de que se voten las iniciativas de Calderón, porque realizarla después de aprobadas se constituiría en un verdadero referendo, figura que no existe en la Carta Magna.

Castro y Castro reconoció que en forma inexplicable no se ha regulado esa consulta popular para cuestiones fundamentales del desarrollo nacional.

Después pidió que se legisle en forma adecuada el espíritu constitucional en el manejo de los recursos naturales, sobre todo en el de las áreas estratégicas, para llegar a la conclusión de que “el aprovechamiento de los recursos naturales del subsuelo nunca puede quedar en manos y en control de intereses privados”.

De entrada, recordó que en sus tiempos de estudiante sus maestros le inculcaron el principio mayor de los abogados mexicanos: “Sobre la Constitución, nada; contra la Constitución nadie.”

Por eso, agregó, “imaginarán tanto mi desconcierto y mi estupor cuando en este mismo recinto se calificó a nuestra ley suprema de ser simplemente una mitología nacionalista, y al nacionalismo mismo el constituir una terca posición que impide el desarrollo del país”.

Esto, en alusión a lo expresado el jueves pasado por el escritor Héctor Aguilar Camín, a quien no se refirió por su nombre, pero sí le respondió que “habrá que ilustrar a los mitólogos sobre qué es una nación y cómo defenderla viviendo tenazmente una cultura de la constitucionalidad”.

De acuerdo con los diccionarios, explicó, una mitología es una conjunción de mitos, y la Constitución no contiene mitos sino un pacto solemne realizado por la sociedad mexicana para establecer y defender un orden jurídico nacional. “O, dicho en los términos del artículo 133, es la ley suprema de toda la Unión.”

Lo que alarma, manifestó, no es “esa triste concepción interesada; lo que atemoriza es el mensaje implícito que lleva a aconsejar” a los mexicanos que prefieran la tecnología y los procedimientos de la industrialización “a las normas constitucionales anticuadas y obsoletas, y optar más provechosamente por lo utilitario”.

Las reformas, insistió, deben ser entendidas como “inconstitucionales, porque de aprobarse tal y como se propone se estaría autorizando y legitimando que Pemex maneje la industria petrolera nacional no en forma directa y exclusiva, como ocurre con todas las áreas estratégicas, sino involucrando en cualquier forma en su manejo al sector privado”.

Castro y Castro criticó que en las iniciativas de Calderón se proponga la expedición de “bonos ciudadanos” para permitir, según se afirma, un mejor desempeño de Pemex.

“Resulta al menos exótico que una empresa estatal con tan inmensos beneficios como los que tiene Pemex, en vez de reinvertir sus utilidades en la empresa misma expida bonos en calidad de crédito.”

Sigue el debate petrolero: todos oyen pero pocos escuchan

En la globalidad no se acata la Carta Magna, se interpreta

■ Seis expertos disertan sobre la constitucionalidad de las iniciativas

Por Arturo Cano.

La Constitución, para unos ese maltrecho estorbo tantas veces reformado; para otros ley suprema intocable, es de nuevo la materia en el tercer debate de la temporada. Tres expertos contra tres expertos, en favor y en contra de las iniciativas de reforma calderonista. Unos propuestos por el Frente Amplio Progresista, otros por el Partido Acción Nacional. ¿Y el Revolucionario Institucional? En la superficie el PRI juega, en su papel de gozne y en medio de sus contradicciones internas, a que los otros se peleen.

Lo dice muy claro el diputado Raúl Cervantes Andrade, quien se niega a contestar cuando le preguntan cuál es la postura de su partido frente a la reforma energética: “Es como si un juez anunciara la sentencia cuando está en proceso.”

Y no, el PRI, el gran juez, no entra a ese juego. “La responsabilidad de los grupos parlamentarios es escuchar, decantar con los expertos e intercambiar”, sigue Cervantes.

¿Escuchan de verdad los priístas, los panistas, los verdes?

Están presentes, al menos, cuando abre Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, de la Escuela Libre de Derecho, alma mater del presidente Felipe Calderón. Con Mario Becerra Pocoroba, de la misma institución, Zaldívar explica y desmenuza los artículos constitucionales que las iniciativas tocan sin tocar y traduce términos a la jerigonza de los constitucionalistas.

Toca, sin embargo, una de las llagas de las iniciativas presidenciales: tal como están son “vulnerables” y les falta “solidez argumentativa” para evitar un litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De ahí que Zaldívar sugiera “enriquecerlas para reducir el margen de vulnerabilidad”.

Con todo, el experto considera que las iniciativas son “constitucionales pero perfectibles”. De lo que se trata, explica, es de “interpretar este texto ideológico, histórico, redactado de una manera poco técnica (el artículo 27 constitucional), para resolver problemas modernos, técnicos y extraordinariamente complejos”.

Eso, la Constitución requiere interpretaciones “modernas, abiertas, creativas”, dice Zaldívar. O “una interpretación sistemática funcional y auténtica” de las áreas reservadas al Estado, como sostiene Mario Becerra Pocoroba.

De ahí, y de argumentos similares, se agarra el historiador y jurista Arnaldo Córdova: “La víctima de este debate ha sido el artículo 27. Dicen que no lo entienden, dicen que es poco claro, dicen que no dice lo que quiere decir, y dicen un montón de tonterías que a mí me hacen concluir una cosa: no saben leer o no saben español o no saben derecho o nos quieren engañar.”

Diserta el autor de La formación del poder político en México sobre las palabras –incomprensibles para algunos, dice– del artículo 27, “el más claro que hay en la Constitución”. En tono de maestro regañón receta: “Que me digan cuál tópico jurídico del 27 no les es claro para aclarárselos.”

Los lápices y la estupidez humana

Ya entrado en gastos, Córdova recuerda la reserva 603.3 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, firmada por México, que establece que el Estado mexicano se reserva para sí explotación, exploración, refinación y una larga lista de etcéteras.

Lee el texto del TLCAN y pregunta: “¿En qué brete van a meter a la Corte para que tenga de nuevo que ponerse a pensar cuál es la jerarquía debida entre Constitución, tratados y leyes comunes?”

Por ahí se va el debate, que para eso el tema del día es la constitucionalidad, o no, de las iniciativas del presidente Calderón.

En la línea de los defensores está el jurista Héctor Fix-Fierro, quien concluye: “Que la explotación a la que se refiere el artículo 27 significa el beneficio económico directo y primario derivado de los recursos petroleros”, y “que el legislador tiene facultad para definir qué actividades dentro de la industria petrolera son estratégicas y quedan, por tanto, reservadas en exclusiva al sector público”.

Es decir, que lo que los opositores a las iniciativas piensan perfectamente definido no lo está.

Los defensores de la reforma energética se quejan de que los caricaturizan como privatizadores y entreguistas. En la revancha, ellos dicen en el debate que los opositores no quieren que Pemex compre lápices.

Lo pone así el senador priísta Pedro Joaquín Coldwell: “Si llegamos al extremo de considerar que cualquier contratación de servicios de terceros es anticonstitucional o es privatización, los legisladores podríamos ganarnos la medalla a la estupidez humana”.

Ni teólogos ni pontífices

Arnaldo Córdova acusa recibo de la intervención de Germán Martínez, presidente del PAN, la semana pasada: “No somos teólogos ni pontífices del petróleo –hasta ahora me entero que el petróleo es un dios–, ni ideólogos de un trasnochado credo nacionalista, ni hacemos culto a la llamada mitología del 27… somos ciudadanos que creemos simplemente que debemos emprender una nueva etapa en la que impidamos que los únicos beneficiarios de nuestro desarrollo sigan siendo los dueños de la riqueza; si permitimos eso pondremos en grave riesgo la paz social tan limitada que tenemos y sobre todo nuestro enclenque régimen democrático.”

Acusa recibo también el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia Juventino Castro y Castro: “Me ha llenado de estupor que en este recinto se le califique de mitología nacionalista. Nuestro texto supremo es algo más que un conjunto de mitos, es el basamento de la identidad mexicana.”

Asesor de Andrés Manuel López Obrador, Castro y Castro pone en la mesa la propuesta del tabasqueño: “Es mi convicción que las actuales iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal al Senado forzosamente requieren consulta a la soberanía popular, porque es ella titular exclusiva de las riquezas del subsuelo y así esta soberanía pueda expresar auténticamente su parecer directo sobre las iniciativas.”

Una parte del problema es que el maltrecho estorbo, claro, no contiene explícitamente las figuras de plebiscito o referendo.

Otra, quizá, que hay palabras que suenan ofensivas o inútiles a los legisladores. ¿Se puede traducir, por ejemplo, al senador del Partido Verde, Arturo Escobar? Dice: “Y ojalá que por lo menos en este tema, no hablemos de privatizadoras, ni hablemos de soberanías, hablemos de constitucionalidad o no en la propuesta por parte del Ejecutivo federal.”

El debate de los sordos

Nadie quiere privatizar, nadie quiere tocar la Constitución que ha sido tocada al revés y al derecho casi 500 veces.

O eso dicen. El tema, para los opositores, es que si el gobierno quiere sus reformas debe pasar por la reforma constitucional.

“Si no les gusta la Constitución, cámbienla, cámbienla, inténtenlo, inténtenlo”, resume Córdova.

“Su sentido y su fuerza obligatoria no vienen del ayer. Están vigentes porque podemos cambiarlas, aunque hayamos decidido, o aceptado, no hacerlo ahora”, dice Fix-Fierro.

Ahí está la litis, diría el jurista.

Mientras tanto, los legisladores panistas, priístas y verdes hojean resúmenes de prensa. Saben leer. Siguen las alocuciones en el patio del Senado, pésimo el sonido, metidos en un cuadrado protegido con macetas y cintas como las que usan en las colas de los bancos. Hablan entre ellos. Saben español. Algunos alzan las cejas cuando uno de los juristas cita un autor o una frase en latín. Entienden derecho. Es decir, no necesitan regresar a la escuela.

Las cosas van más bien por donde dice el zacatecano Tomás Torres Mercado, ex aspirante a la gubernatura de su estado, abogado litigante y del Seguro Social en otras épocas. Recuerda el senador Torres cómo se aprobó la Ley del ISSSTE: de las numerosas objeciones puestas en la mesa por el FAP sólo se aceptaron dos y fueron votadas en contra. Es decir, el voto está amarrado, aunque el propio Torres confía en que con algunos priístas harán el tercio requerido para ir a la Corte al juicio de inconstitucionalidad.

Será mañana. Ahora podemos ver que aquí saben leer, saben español, saben derecho. Aunque el mismo Arnaldo Córdova pinte claro el panorama en, apenas, el tercer día de debates: “Mucho me temo que esto acabe en un diálogo de sordos, y creo que ya lo estamos viendo”. A juzgar por los aplausos, largos y sostenidos que la concurrencia le brinda –incluyendo quienes tilda de ignorantes– estos de la reforma energética son ya los debates de los sordos.

martes, mayo 20, 2008

LA FARÁNDULA Y EL PETRÓLEO


farándula : ana de la reguera y el petróleo


http://es.youtube.com/watch?v=u-93tsUTS2o&feature=related


farándula : pilar pellicer y el petróleo


http://es.youtube.com/watch?v=QcwBUA3dxo4&NR=1


http://es.youtube.com/watchv=POnb4VaP2B4&feature=related

http://es.youtube.com/watchv=RkCxen5omUM&feature=related

farándula : "petróleo en la sangre" p6 "la abuela"

http://es.youtube.com/watchv=kNJSXS4MOow&feature=related
farándula : reinas chulas: nora huerta y el petróleo

http://es.youtube.com/watchv=kNJSXS4MOow&feature=related
farándula : ana ofelia murguía y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=NkixnnQ89DI

farándula : carlos pellicer lópez y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=p88K5GJ-0cM

farándula : carolina kerlow y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=JlXz1sumULE

farándula : cero equis ka y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=mk6nSV2bz84

farándula : dolores heredia y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=opJbmm9kcKk

farándula : jessy p. y el petróleo

http://es.youtube.com/watch?v=1G_KYJrdj18

farándula: "petróleo en la sangre" p1 "angelitos negros 1"

http://es.youtube.com/watch?v=CZMP2kO-7ZQ


farándula : "petróleo en la sangre" p3 "tizoc"

http://es.youtube.com/watch?v=P08kAa2KxZs