kasa_delaluna@yahoo.com.mx
la dirección es: Pájaros azules y calle Cuarta.
Col Unidad Piloto, en Guadalupe.
Mañana miércoles a las 4 de la tarde.
martes, abril 07, 2009
Todos invitados
kasa_delaluna@yahoo.com.mx
la dirección es: Pájaros azules y calle Cuarta.
Col Unidad Piloto, en Guadalupe.
Mañana miércoles a las 4 de la tarde.
Pedro Echeverría V.
1. Alonso Lujambio, nombrado hoy secretario de Educación Pública, no tiene la menor idea de lo que ha sido la educación en México, de la estructura de intereses que conforma la Secretaría de Educación Pública (SEP) y mucho menos de la forma de actuar del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Educación (SNTE) así como la de su cacique magisterial Esther Gordillo. Más aún, desde la primaria hasta los estudios superiores, Lujambio nunca piso una escuela pública, porque desde los seis años (como hijo de papi) sólo estuvo en escuelas privadas. Obvio, todos los altos dirigentes del PAN (comenzando con el presidente ilegítimo Calderón) estudiaron en colegios privados.
2. Esto último es fundamental porque el principal problema de la educación en México es que desde 1982 se comenzó a instrumentar un profundo proceso privatizador disminuyendo o paralizando las inversiones en la escuela pública (cuatro por ciento del PIB) y apoyando a los capitalistas dueños de escuelas privadas. Si desde 1917 la educación pública se encargó de atender al 95 por ciento de la educación dejándole a la privada sólo el 5 por ciento hoy la relación es de 60 pública y 40 privada. Si el doctor Mora dijo en 1833 que el Estado no puede dejar que la iglesia y los privados se adueñen de la conciencia del pueblo usando como medio la escuela, esto sólo fue frenado hasta 1982.
3. Pero la privatización de la educación no solo hay que verla en el estancamiento del presupuesto en la escuela pública y en la multiplicación de escuelas particulares, sino que también en la misma escuela pública se han introducido medidas privatizadoras en planes y programas de estudio, en cuotas en inscripciones, exámenes, cursos a alumnos, pagos que no existían antes. Si bien no puede aplaudirse la educación anterior a la década de los ochenta, por lo menos el “embudo” estaba totalmente abierto en la primaria para que luego “por la ley del más fuerte” se fuera rechazando a la inmensa mayoría. Con la educación privada (fuera la demagogia de las becas para un uno por mil) todas tienen que pagar una mensualidad que el 50 por ciento de la población no tiene.
4. El súper ignorante y derechista doctor Lujambio antes de pisar la SEP tendrá que reunirse con la cacique sindical Gordillo. (Ésta que en el momento tiene que arreglar la “burrada” política de su funcionario de la Lotería Nacional que, para congraciarse con Calderón, quiso comprar al Diario de Yucatán ofreciéndole muchos millones para apuntalar al candidato panista en Campeche). No hay que olvidar que la Gordillo, al cumplir este abril 20 años de caciquismo en el SNTE, tiene un decálogo mínimo para cualquier secretario de Educación. Lujambio lo único que tiene que hacer es poner en práctica el decálogo de Gordillo para no tener problemas. Así que Lujambio en vez de componer la educación lo único que hará es obedecer a la Gordillo.
5. ¿Y el presidente ilegítimo Calderón? El presidente es tan papanatas en educación como el recién nombrado Lujambio. Calderón desde que tomó posesión entregó a la Gordillo la educación con la sola recomendación de frenar las luchas y protestas magisteriales de la CNTE. “Si se conserva la paz y se evita la agitación, no importa que la educación siga en los últimos lugares”. La cacique sindical no ha logrado frenar la protesta social ni imponer la llamada Alianza para la Calidad Educativa (ACE), pero sí ha logrado dividir, mediatizar y debilitar la protesta (Morelos, Novena, Puebla) ¿Qué puede hacer el político derechista Lujambio en un sector que no conoce y que siempre ha representado en el país un sector de protestas y lucha?
6. La batalla por la educación tiene que ser global e integral. Además de la lucha sindical por la democracia e independencia, tiene que lucharse también contra el avance privatizador, por la recuperación de la educación pública, gratuita, laica y popular. Además de luchar por el mejoramiento económico de los maestros, debe profundizarse la batalla contra el autoritarismo de los funcionarios y de los mismos profesores frente a los alumnos. Además de luchar contra los líderes “charros” hay que evitar un simple cambio de personas en la dirección sindical que sigan aplicando los mismos métodos de dominación. Y la batalla por el autogobierno y la autogestión debe ser permanente, sobre todo al interior de las organizaciones que se autodenominan “democráticas”
7. Lujambio tendrá que rodearse de “especialistas en educación” que no han reparado servir al PAN y a los proyectos derechistas. Algunos “connotados investigadores” en educación funcionan como meros tecnócratas dispuestos a poner sus técnicas al servicio de un buen salario. No les importa el proyecto o la ideología, lo importante es cobrar “sirviendo a México”. Así rodearon a Zedillo en la SEP y luego como presidente de la República, o bien al tonto de Fox y su ignorante secretario de Educación pensando en que impondrían su proyecto. Los llamo técnicos porque sólo saben de números y estadísticas que se informan en computadoras. No comprender que por encima de la educación está la política y la clase social que la domina.
8. La esperanza de transformación sigue ubicándose en las luchas de la CNTE. En esta organización con 30 años de lucha se puede dar la batalla para componer el rumbo educativo de la nación. La CNTE sí tiene proyecto educativo no difundido de manera amplia, ni tampoco discutido y analizado fuera de los mismos marcos de la organización. Aunque no ha podido erradicar de su seno el autoritarismo y el sectarismo, la CNTE es la única organización que durante 30 años ha abierto sus puertas a los profesores que luchan por una buena educación. Las luchas de los profesores de la 22 de Oaxaca, 18 de Michoacán, de los de Guerrero, Morelos, DF, Chiapas, Tlaxcala, Zacatecas, Puebla, Estado de México son ejemplo.
9. Ni Lujambio ni ningún panista tienen idea de lo que significa educación pública porque todos ellos son hijos de “papi” y de la educación privada. Los priístas, que sí la entendían, pudieron evitar su desplome pero la inmensa corrupción se los funcionarios de su partido lo impidió. En la izquierda hay algunos estudiosos de la problemática pero han permanecido al margen de los gobiernos porque no son ilusos. La educación sólo podrá cambiar junto con el cambio de estructuras del país. Entre tanto la lucha debe ser radical contra el proyecto educativo de la burguesía mientras paralelamente luchamos contra todo el sistema. Quien piense en la Mota, Gordillos o Lujambio seguirá siendo un oportunista e insulso irremediable.
| Programa Discrepancias | ||
| Fecha: | martes 7 abril 2009 | |
| Hora: | 8:00 PM - 9:00 PM | |
| Repeticiones: | Este evento se repite todas las semanas. | |
| Ubicación: | Radio UNAM, 860 Khz, en AM | |
| Calle: | Tambien por Internet: http://www.radiounam.unam.mx | |
| Notas: | ***Para romper el cerco informativo*** Programa de análisis conducido por Miguel Ángel Velázquez y Nora Patricia Jara. 55368989 con 4 Lineas 01 800 505 2688 desde el interior del país sin costo | |
lunes, abril 06, 2009
EN OAXACA PREVALECE LA IMPUNIDAD Y LA CRIMINALIZACIÓN DE LA LUCHA SOCIAL
Los días 27, 28 y 29 de Marzo del 2009 en la Casa de la Iglesia, de la Ciudad de Oaxaca, se realizó la XXXVII Asamblea de nuestra red, donde se compartió información sobre las diferentes situaciones que se viven en los estados de la República Mexicana en cuanto a la vigencia de los Derechos Humanos.
De acuerdo con la información que recibimos de lo que sucede en Oaxaca y en el marco de nuestra campaña “PROTESTAR ES UN DERECHO, REPRIMIR ES UN DELITO”, afirmamos que en Oaxaca y otros estados se sigue aplicando la política de criminalizar la protesta social. Se utiliza la ley para castigar y acallar las voces de personas y organizaciones que reclaman investigación y justicia respecto a graves violaciones a derechos humanos, y también se niega la atención a las diversas demandas sociales, lo que origina la movilización.
Por ello las 65 organizaciones de derechos humanos que integramos la Red Nacional Todos los derechos para todas y todos, hacemos el siguiente
PRONUNCIAMIENTO:
· Que la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca realice una investigación, seria, objetiva e imparcial con respecto de la desaparición y tortura sufrida por Marcelino Coache Verano así como las amenazas en contra de su hijo Edgar Coache Rivera.
· Que esa investigación realizada dé lugar a la identificación, detención, juzgamiento y castigo de los responsables, todo esto con estricto apego a Derecho.
· Que también se garantice efectivamente el estado de salud física, mental y psicológica de la familia Coache Rivera.
· Exigimos también se garantice el efectivo acceso a la justicia que exige la Sra. Leticia Valdés Martell, de forma que se detenga a quienes están prófugos con la complacencia de las autoridades y se castigue, de acuerdo a la ley, la violación sufrida por su hijo.
· Asimismo condenamos los ataques que recientemente sufrieron Pedro Matías y Verónica Villalbazo por el trabajo periodístico que realizan.
· Exigimos al Congreso Local del Estado de Oaxaca que, antes de aprobar una ley que regule las marchas y movilizaciones, apruebe una ley que castigue penalmente la política de oídos sordos de los funcionarios que desatienden la solución auténtica de las demandas sociales, y que con esa actitud criminal provocan que toda la sociedad padezca las protestas de quienes no son atendidos.
· Ante la cercanía de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de las investigaciones por las violaciones cometidas en el 2006 en el Estado de Oaxaca, exigimos a los Ministros y Ministras que dictaminarán, que sean sensibles y abiertos para atender los reclamos de justicia que la sociedad anhela, y que asuman que su actuación puede contribuir a crear confianza en nuestras instituciones sólo en la medida en que pongan un alto a la impunidad y hagan posible que la justicia en Oaxaca, sirva para proteger a los ciudadanos y para castigar a quienes abusan del poder. Esperamos que, más grande que las presiones económicas y políticas que reciben, sea su convicción y opción por la justicia.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos,
“Todos los derechos para Todas y Todos”
Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura, A. C. (ACAT); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A. C.; Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CEFPRODHAC); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C.; Centro de Derechos Humanos “Don Sergio”, A. C.; Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (CDHFBC); Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (CDHFV); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C.; Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Centro Prodh); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C.; Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C.; Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C.; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.; Centro de Derechos Indígenas A. C. (CEDIAC); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C.; Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C.; Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A. C.; Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C.; Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (CADHAC); Colectivo Educación para la Paz. (CEPAZ); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz"; Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (COSYDDHAC); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHM); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida"; Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos, A. C.; Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C.; Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C.; Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (CDLI); Comité de Derechos Humanos Ajusco; Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C.; Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C.; Comité de Derechos Humanos Pueblo Nuevo, A. C.; Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC.; Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (CODHOMHAC); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hidalgo, A. C.; Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C.; Franciscans International, México, A. C. (FIMx); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos; Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Centro de Investigación y Formación Social (CIFS-SOJ-ITESO); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla; Programa Universitario de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-León; Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario; Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.; Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (TUDH).
La canción Perro Negro es parte del disco Ojo de Culebra, de Lila Downs.
Cantan Lila Downs y Rubén Albarrán.
Estas imágenes se mezclan y proyectan durante los conciertos de Lila Downs.
En este video se ven....
- Estenciles de Arte Jaguar (Smek, Cer, Vain) con aportaciones de Demián Flores y Nico
- Fotografías de Alejandro Echeverría
- Animaciones de Omar Espinoza
Realización del video: Elena Pardo con la colaboración de Mario Viveros y Damián López gracias a Olga Dávila y La Curtiduría
Hecho en Oaxaca
http://www.youtube.com/watch?v=rsGh...
PROCESO
La "Narcocampaña" del PAN
JOSé GIL OLMOS
MÉXICO, D.F., 1 de abril (apro).- En las últimas semanas hemos sido testigos de la campaña electoral basada en el narcotráfico que tanto el gobierno de Felipe Calderón como su partido, el PAN, han desplegado para ganar las elecciones del próximo 5 de julio.
En la batalla electoral, esta estrategia, como cualquier otra, es válida, pero en la guerra contra las drogas nada se gana, por el contrario, se pierde, pues además de alterar los ánimos de la sociedad, saldrán a relucir las profundas fracturas y debilidades de varias instituciones que no sólo han sido derrotadas, sino infiltradas por el poder del narcotráfico, entre ellas todos los partidos, sin excepción alguna.
Tomadas como un oráculo, las últimas encuestas de El Universal y GEA-ISA muestran que el PAN ha remontado varios puntos en las preferencias ciudadanas, mientras que el PRI ha bajado casi en un porcentaje proporcional. Esto, después de la campaña de acusaciones del dirigente nacional panista, Germán Martínez, en contra de los priistas, a quienes acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
Felices, los panistas creen que la estrategia de denuestos les ha funcionado y ya empezaron otra fase, en la cual, utilizando un juego de palabras que han publicado en inserciones en la mayoría de los periódicos y revistas, la gente tiene que encontrar 13 palabras que se relacionan con el PRI: corrupción, narcotráfico, impunidad, pobreza, transa, complicidad, etcétera.
El problema de estas dos campañas es que Germán Martínez piensa que el ciudadano no se dará cuenta que el PAN comparte los mismos defectos del PRI, en tanto gobierno.
En lo que llevan gobernando el país, los panistas no han mejorado los niveles de pobreza: aún persiste una cifra de más de 50 millones de mexicanos pobres y otros 20 en condiciones de marginalidad, producto del modelo económico neoliberal que Vicente Fox y Felipe Calderón mantienen, como lo hicieron antes los presidentes del PRI, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La pregunta entonces es ¿Cuál es la diferencia entre PAN y PRI?
En cuanto a la impunidad, ni se diga. La decisión de los gobiernos foxista y calderonista de no castigar a Luis Echeverría Álvarez por la matanza de Tletelolco; los casos de represión política en Atenco y Oaxaca, donde es clara la responsabilidad de los gobernadores Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz; la libertad que se les ha dejado para operar a los líderes sindicales corruptos como Elba Esther Gordillo; las negativas a investigar la riqueza inexplicable de los hijos de Martha Sahagún, tienen una marca indeleble en la imagen de los gobiernos panistas en sólo ocho años en Los Pinos. La pregunta vuelve a ser la misma ¿En que se diferencian panistas y priistas?
El narcotráfico es el asunto más delicado y aquí tampoco salen limpios el PAN ni sus miembros más distinguidos. Desde 1989, cuando Ernesto Rufo Appel fue electo como el primer gobernador panista, el cartel de los hermanos Arellano Félix se asentó en el estado, principalmente en Tijuana, convirtiéndola en su sede. De entonces a la fecha, esta entidad es uno de los principales centros de operación del narcotráfico y esto no se puede explicar sin la anuncia o connivencia de los distintos gobiernos panistas.
Otro caso es el de Sergio Estrada Cajigal, en Morelos, donde instaló su sede el famoso narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno El Azul, cuya hija precisamente estuvo relacionada con el gobernador panista. Otro caso más es el del exembajador de México en Canadá, Emilio Goicochea, de quien el gobierno de Calderón hizo mutis a las fotos y el reportaje que se publicaron en la revista Proceso sobre su vinculación con los Arellano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre PRI y PAN?
Los casos de complicidad con actos ilegales en los gobiernos panistas son también escandalosos. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 21 de enero del 2001 de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, es una de ellas, pues días antes el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, había realizado una inspección al penal. Hoy este funcionario es el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado directamente por Calderón, y el expediente de la fuga del Chapo es considerado como de seguridad nacional.
La lista de irregularidades, corrupciones y de impunidad del PAN como gobierno es larga desde que llegó a Los Pinos en el 2000. Los gobernadores y ediles azules adolecen, en su mayoría, de las mismas fallas y defectos que los priistas, pues comparten la misma cultura de poder.
Es probable que la estrategia electoral de Calderón y Germán Martínez funcione en lo inmediato y obtengan más votos de los que esperaban, pero difícilmente lograrán la mayoría que desean para la integración de la Cámara de Diputados, porque el PRI difícilmente dejará de responder a las acusaciones, como lo hizo en el 2000 y 2006.
El PAN no tiene su casa tan limpia y ni con una campaña mediática podría regresar a su imagen antigua de un partido limpio de corruptelas, ajeno a las alianzas obscuras. Las encuestas aún no han reflejado esa parte de la vida política de los panistas, pero sólo hace falta que le pregunten a la ciudadanía lo que piensa de los gobiernos de Fox, Calderón, y de personajes, como Diego Fernández de Cevallos, Estrada Cajigal, entre otros tantos, para tener una dimensión más clara si hay diferencias entre el PRI y el PAN.
En la batalla electoral, esta estrategia, como cualquier otra, es válida, pero en la guerra contra las drogas nada se gana, por el contrario, se pierde, pues además de alterar los ánimos de la sociedad, saldrán a relucir las profundas fracturas y debilidades de varias instituciones que no sólo han sido derrotadas, sino infiltradas por el poder del narcotráfico, entre ellas todos los partidos, sin excepción alguna.
Tomadas como un oráculo, las últimas encuestas de El Universal y GEA-ISA muestran que el PAN ha remontado varios puntos en las preferencias ciudadanas, mientras que el PRI ha bajado casi en un porcentaje proporcional. Esto, después de la campaña de acusaciones del dirigente nacional panista, Germán Martínez, en contra de los priistas, a quienes acusa de tener vínculos con el narcotráfico.
Felices, los panistas creen que la estrategia de denuestos les ha funcionado y ya empezaron otra fase, en la cual, utilizando un juego de palabras que han publicado en inserciones en la mayoría de los periódicos y revistas, la gente tiene que encontrar 13 palabras que se relacionan con el PRI: corrupción, narcotráfico, impunidad, pobreza, transa, complicidad, etcétera.
El problema de estas dos campañas es que Germán Martínez piensa que el ciudadano no se dará cuenta que el PAN comparte los mismos defectos del PRI, en tanto gobierno.
En lo que llevan gobernando el país, los panistas no han mejorado los niveles de pobreza: aún persiste una cifra de más de 50 millones de mexicanos pobres y otros 20 en condiciones de marginalidad, producto del modelo económico neoliberal que Vicente Fox y Felipe Calderón mantienen, como lo hicieron antes los presidentes del PRI, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. La pregunta entonces es ¿Cuál es la diferencia entre PAN y PRI?
En cuanto a la impunidad, ni se diga. La decisión de los gobiernos foxista y calderonista de no castigar a Luis Echeverría Álvarez por la matanza de Tletelolco; los casos de represión política en Atenco y Oaxaca, donde es clara la responsabilidad de los gobernadores Enrique Peña Nieto y Ulises Ruiz; la libertad que se les ha dejado para operar a los líderes sindicales corruptos como Elba Esther Gordillo; las negativas a investigar la riqueza inexplicable de los hijos de Martha Sahagún, tienen una marca indeleble en la imagen de los gobiernos panistas en sólo ocho años en Los Pinos. La pregunta vuelve a ser la misma ¿En que se diferencian panistas y priistas?
El narcotráfico es el asunto más delicado y aquí tampoco salen limpios el PAN ni sus miembros más distinguidos. Desde 1989, cuando Ernesto Rufo Appel fue electo como el primer gobernador panista, el cartel de los hermanos Arellano Félix se asentó en el estado, principalmente en Tijuana, convirtiéndola en su sede. De entonces a la fecha, esta entidad es uno de los principales centros de operación del narcotráfico y esto no se puede explicar sin la anuncia o connivencia de los distintos gobiernos panistas.
Otro caso es el de Sergio Estrada Cajigal, en Morelos, donde instaló su sede el famoso narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno El Azul, cuya hija precisamente estuvo relacionada con el gobernador panista. Otro caso más es el del exembajador de México en Canadá, Emilio Goicochea, de quien el gobierno de Calderón hizo mutis a las fotos y el reportaje que se publicaron en la revista Proceso sobre su vinculación con los Arellano. ¿Cuál es la diferencia entonces entre PRI y PAN?
Los casos de complicidad con actos ilegales en los gobiernos panistas son también escandalosos. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán el 21 de enero del 2001 de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, es una de ellas, pues días antes el subsecretario de Seguridad Pública, Jorge Tello Peón, había realizado una inspección al penal. Hoy este funcionario es el nuevo secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, designado directamente por Calderón, y el expediente de la fuga del Chapo es considerado como de seguridad nacional.
La lista de irregularidades, corrupciones y de impunidad del PAN como gobierno es larga desde que llegó a Los Pinos en el 2000. Los gobernadores y ediles azules adolecen, en su mayoría, de las mismas fallas y defectos que los priistas, pues comparten la misma cultura de poder.
Es probable que la estrategia electoral de Calderón y Germán Martínez funcione en lo inmediato y obtengan más votos de los que esperaban, pero difícilmente lograrán la mayoría que desean para la integración de la Cámara de Diputados, porque el PRI difícilmente dejará de responder a las acusaciones, como lo hizo en el 2000 y 2006.
El PAN no tiene su casa tan limpia y ni con una campaña mediática podría regresar a su imagen antigua de un partido limpio de corruptelas, ajeno a las alianzas obscuras. Las encuestas aún no han reflejado esa parte de la vida política de los panistas, pero sólo hace falta que le pregunten a la ciudadanía lo que piensa de los gobiernos de Fox, Calderón, y de personajes, como Diego Fernández de Cevallos, Estrada Cajigal, entre otros tantos, para tener una dimensión más clara si hay diferencias entre el PRI y el PAN.
Proceso
El PAN y la santísima trinidad
ÁLVARO DELGADO
MEXICO, DF, 30 de marzo (apro).- En vísperas de cumplirse el primer año del triunfo de Vicente Fox, justo cuando él y Marta Sahagún hacían el desfiguro de besarse frente a la catedral de San Pedro, en el Vaticano, un panista de Morelos hizo circular una furibunda carta contra los medios de comunicación, gesto que revela el talante de la mayoría de los miembros del Partido Acción Nacional (PAN) en la materia.
En dos párrafos, la carta --de infame sintaxis-- fue publicada, entre otros medios escritos, en el diario Reforma, el domingo 18 de noviembre del 2001, que la tituló: "Trepar a nuestro barco".
"Quiero puntualizar que se han venido desvirtuando o transformando la verdad y la realidad del triunfo contundente del 2 de julio, ya que los medios de comunicación presumen o hacen sentir que ustedes ayudaron al Partido Acción Nacional o al país para el cambio, que no se olvide que los medios de comunicación en su totalidad fueron priistas y ahora se quieren subir o trepar a nuestro barco, que no se olvide que por muchas décadas nosotros hemos venido trabajando y luchando con estrategias e ideas que nos han llevado al poder absoluto.
"Espero pronto la ratificación de ustedes, los medios, para no seguir engañando a la población de Cuernavaca, el estado de Morelos y todo México."
El firmante --cuyas generalizaciones exhiben su obtusa mentalidad-- es José Raúl Hernández Ávila, quien en ese entonces era presidente municipal de Cuernavaca, y actualmente se desempeña como secretario particular del gobernador Marco Antonio Adame.
Aunque no los mencionó por sus nombres, a ellos se refirió ayer domingo 29 de marzo el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, al renunciar a su militancia en el PAN, en repudio –dijo-- a que este partido está sometido a la "sagrada familia", la facción hegemónica integrada por varios clanes que se distribuyen, en su provecho, los principales cargos partidistas, legislativos y gubernamentales.
Adame y Hernández Ávila son, junto con Sergio Álvarez Mata y Adrián Rivera Pérez, los más prominentes líderes de la "sagrada familia", que en realidad es la ultraderechista Organización Nacional del Yunque, esa mafia que opera en la clandestinidad y que goza de un enorme poder en todos los gobiernos de ese partido, incluyendo obviamente el de Felipe Calderón.
En Morelos se les denomina así a quienes formaron parte de Testimonio y Esperanza, el movimiento fundado, en 1987, por los hermanos Serrano Limón y que Adame presidía cuando hace casi dos décadas, en 1991, el gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, escaló el Cerro del Cubilete en la peregrinación que anualmente organiza ese organismo.
Identificado con el sector más ultraderechista de la Iglesia católica y, en complicidad con el multimillonario, Onésimo Cepeda, el Movimiento Testimonio y Esperanza combatió y desmanteló toda la obra pastoral del obispo Sergio Méndez Arceo en Morelos, al mismo tiempo que infiltraba al PAN hasta lograr su completo control.
Ahora Estrada Cajigal, el primer alcalde de la capital y primer gobernador del PAN en Morelos, cuyas gestiones se caracterizaron no sólo por la frivolidad y la incompetencia, sino el contubernio que estableció con organizaciones criminales, como el cártel de Juárez, aunque al final él resultó impune, pone fin a la relación de conveniencia que estableció con quienes ahora denuncia como lastres del PAN y del estado
En realidad, muerto políticamente, lo que Estrada Cajigal pretende no es sólo hacerle pagar al PAN los costos políticos para beneficio del priismo estatal, del que él y su familia han abrevado durante décadas, sino descarrilar el proyecto presidencial en marcha del que forma parte lo que en Morelos se conoce con la "sagrada familia" y que, como parte de El Yunque, es un esquema de mayores dimensiones.
En efecto, carente Calderón de un prospecto que sustituya al fallecido Juan Camilo Mouriño, los jefes de El Yunque han reacondicionado el plan que ha tenido el sexenio pasado y aprecian que, como nunca, uno de los suyos puede aspirar con firmeza a la Presidencia de la República.
De los tres prospecto iniciales –de ahí que se les denomine "santísima trinidad", aunque en realidad se refiere a los estados que gobiernan--, uno se desfondó prematuramente, el jalisciense Emilio González Márquez, pero los otros dos, Adame y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, han ganado terreno al interior del PAN nacional.
Parece broma, pero Adame y Oliva son las cartas más fuertes que por ahora tiene el PAN --de cuyo CEN son integrantes y a menudo puestos como ejemplo por el propio Germán Martínez--, y no se ve que dentro del mediocre gabinete pueda crecer uno solo, ni siquiera Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, al que se reputa de delfín de Calderón, o el propio Fernando Gómez Mont.
O sea, la "santísima trinidad" --El Yunque, en realidad-- va por todo el poder y ya se sabe de su mentalidad excluyente y obtusa, como la carta que escribió uno de ellos contra los medios de comunicación.
Apuntes
Marcelo Ebrard se sumó a la lista de patrocinadores económicos --con dinero público, claro-- de otro de los negocios de Emilio Azcárraga, Espacio 2009, cuyo lema de este año pretende ocultar sus campañas de confrontación: "Activemos la concordia". Ebrard debe informar cuántos millones de pesos le costará a los habitantes capitalinos este espectáculo de Televisa, además de los que transfiere para promocionarse…
En dos párrafos, la carta --de infame sintaxis-- fue publicada, entre otros medios escritos, en el diario Reforma, el domingo 18 de noviembre del 2001, que la tituló: "Trepar a nuestro barco".
"Quiero puntualizar que se han venido desvirtuando o transformando la verdad y la realidad del triunfo contundente del 2 de julio, ya que los medios de comunicación presumen o hacen sentir que ustedes ayudaron al Partido Acción Nacional o al país para el cambio, que no se olvide que los medios de comunicación en su totalidad fueron priistas y ahora se quieren subir o trepar a nuestro barco, que no se olvide que por muchas décadas nosotros hemos venido trabajando y luchando con estrategias e ideas que nos han llevado al poder absoluto.
"Espero pronto la ratificación de ustedes, los medios, para no seguir engañando a la población de Cuernavaca, el estado de Morelos y todo México."
El firmante --cuyas generalizaciones exhiben su obtusa mentalidad-- es José Raúl Hernández Ávila, quien en ese entonces era presidente municipal de Cuernavaca, y actualmente se desempeña como secretario particular del gobernador Marco Antonio Adame.
Aunque no los mencionó por sus nombres, a ellos se refirió ayer domingo 29 de marzo el exgobernador Sergio Estrada Cajigal, al renunciar a su militancia en el PAN, en repudio –dijo-- a que este partido está sometido a la "sagrada familia", la facción hegemónica integrada por varios clanes que se distribuyen, en su provecho, los principales cargos partidistas, legislativos y gubernamentales.
Adame y Hernández Ávila son, junto con Sergio Álvarez Mata y Adrián Rivera Pérez, los más prominentes líderes de la "sagrada familia", que en realidad es la ultraderechista Organización Nacional del Yunque, esa mafia que opera en la clandestinidad y que goza de un enorme poder en todos los gobiernos de ese partido, incluyendo obviamente el de Felipe Calderón.
En Morelos se les denomina así a quienes formaron parte de Testimonio y Esperanza, el movimiento fundado, en 1987, por los hermanos Serrano Limón y que Adame presidía cuando hace casi dos décadas, en 1991, el gobernador interino de Guanajuato, Carlos Medina Plascencia, escaló el Cerro del Cubilete en la peregrinación que anualmente organiza ese organismo.
Identificado con el sector más ultraderechista de la Iglesia católica y, en complicidad con el multimillonario, Onésimo Cepeda, el Movimiento Testimonio y Esperanza combatió y desmanteló toda la obra pastoral del obispo Sergio Méndez Arceo en Morelos, al mismo tiempo que infiltraba al PAN hasta lograr su completo control.
Ahora Estrada Cajigal, el primer alcalde de la capital y primer gobernador del PAN en Morelos, cuyas gestiones se caracterizaron no sólo por la frivolidad y la incompetencia, sino el contubernio que estableció con organizaciones criminales, como el cártel de Juárez, aunque al final él resultó impune, pone fin a la relación de conveniencia que estableció con quienes ahora denuncia como lastres del PAN y del estado
En realidad, muerto políticamente, lo que Estrada Cajigal pretende no es sólo hacerle pagar al PAN los costos políticos para beneficio del priismo estatal, del que él y su familia han abrevado durante décadas, sino descarrilar el proyecto presidencial en marcha del que forma parte lo que en Morelos se conoce con la "sagrada familia" y que, como parte de El Yunque, es un esquema de mayores dimensiones.
En efecto, carente Calderón de un prospecto que sustituya al fallecido Juan Camilo Mouriño, los jefes de El Yunque han reacondicionado el plan que ha tenido el sexenio pasado y aprecian que, como nunca, uno de los suyos puede aspirar con firmeza a la Presidencia de la República.
De los tres prospecto iniciales –de ahí que se les denomine "santísima trinidad", aunque en realidad se refiere a los estados que gobiernan--, uno se desfondó prematuramente, el jalisciense Emilio González Márquez, pero los otros dos, Adame y Juan Manuel Oliva, de Guanajuato, han ganado terreno al interior del PAN nacional.
Parece broma, pero Adame y Oliva son las cartas más fuertes que por ahora tiene el PAN --de cuyo CEN son integrantes y a menudo puestos como ejemplo por el propio Germán Martínez--, y no se ve que dentro del mediocre gabinete pueda crecer uno solo, ni siquiera Ernesto Cordero, secretario de Desarrollo Social, al que se reputa de delfín de Calderón, o el propio Fernando Gómez Mont.
O sea, la "santísima trinidad" --El Yunque, en realidad-- va por todo el poder y ya se sabe de su mentalidad excluyente y obtusa, como la carta que escribió uno de ellos contra los medios de comunicación.
Apuntes
Marcelo Ebrard se sumó a la lista de patrocinadores económicos --con dinero público, claro-- de otro de los negocios de Emilio Azcárraga, Espacio 2009, cuyo lema de este año pretende ocultar sus campañas de confrontación: "Activemos la concordia". Ebrard debe informar cuántos millones de pesos le costará a los habitantes capitalinos este espectáculo de Televisa, además de los que transfiere para promocionarse…
Proceso
Matan a golpes a 2 militares en Coahuila; destazan a preso en Michoacán
LA REDACCIóN
México, D.F., 6 de abril (apro).- En las últimas horas del fin de semana un preso fue destazado en Michoacán, dos militares fueron muertos a golpes en Coahuila, dos funcionarios de seguridad de un municipio de Chihuahua fueron asesinados y otro jefe policial de Tijuana, también.
Durante el día de visita familiar, el preso Héctor Manuel Soto Luna fue masacrado, muerto y mutilado al interior del Centro de Readaptación Social de Uruapan, Michoacán.
Cerca de las seis de la tarde –de acuerdo con la versión de los testigos—Soto Luna se dirigía a las galeras de visitantes cuando fue interceptado por un grupo de presos que, posteriormente, lo descuartizó en la zona de las canchas de básquetbol.
El cadáver fue arrojado, cercenado, en dos bolsas de plástico negras y abandonado al interior del penal.
El fin de semana, la Fiscalía General de Coahuila reveló que los soldados de infantería del Ejército Mexicano Héctor Martínez Escamilla y Ulises Toto Hernández, ambos de 33 años, fueron asesinados a golpes.
El diagnóstico médico indicó que ambos murieron de traumatismo craneoencefálico. Las víctimas presentaban señales de tortura y rastros de golpes en el rostro. Aún no hay más datos al respecto.
Aparte, en Guasave, Sinaloa, durante una fiesta se registró una balacera que cobró la vida de tres personas.
El tiroteo tuvo lugar en la comunidad La Tasajera, en medio de una borrachera, donde un grupo de comensales abrió fuego contra otro, dejando heridos a Juan Francisco Luna Soto y Francisco Verdugo Soto.
Uno de los fallecidos fue identificado con el nombre de Celestino Sauceda Silva, aunque no se ha podido registrar los datos de las otras dos víctimas.
Además, la noche del sábado fue ejecutado el subcomandante de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Tomás Cárdenas Villalobos.
El homicidio se presentó después de las siete de la noche, cuando Cárdenas ya había concluido su jornada laboral. Fue entonces cuando un grupo de sicarios le dio alcance y lo masacró a bordo de una camioneta marca Ford tipo Escort.
Para rematar, un grupo armado de cerca de cuarenta personas "levantó" y mató al director de Seguridad Pública Municipal de Urique Leopoldo Pérez y el oficial Mayor Jesús Alberto Parra
(Con información de Vanguardia, El Ágora y Quadratín)
Durante el día de visita familiar, el preso Héctor Manuel Soto Luna fue masacrado, muerto y mutilado al interior del Centro de Readaptación Social de Uruapan, Michoacán.
Cerca de las seis de la tarde –de acuerdo con la versión de los testigos—Soto Luna se dirigía a las galeras de visitantes cuando fue interceptado por un grupo de presos que, posteriormente, lo descuartizó en la zona de las canchas de básquetbol.
El cadáver fue arrojado, cercenado, en dos bolsas de plástico negras y abandonado al interior del penal.
El fin de semana, la Fiscalía General de Coahuila reveló que los soldados de infantería del Ejército Mexicano Héctor Martínez Escamilla y Ulises Toto Hernández, ambos de 33 años, fueron asesinados a golpes.
El diagnóstico médico indicó que ambos murieron de traumatismo craneoencefálico. Las víctimas presentaban señales de tortura y rastros de golpes en el rostro. Aún no hay más datos al respecto.
Aparte, en Guasave, Sinaloa, durante una fiesta se registró una balacera que cobró la vida de tres personas.
El tiroteo tuvo lugar en la comunidad La Tasajera, en medio de una borrachera, donde un grupo de comensales abrió fuego contra otro, dejando heridos a Juan Francisco Luna Soto y Francisco Verdugo Soto.
Uno de los fallecidos fue identificado con el nombre de Celestino Sauceda Silva, aunque no se ha podido registrar los datos de las otras dos víctimas.
Además, la noche del sábado fue ejecutado el subcomandante de la Policía Municipal de Playas de Rosarito, Tomás Cárdenas Villalobos.
El homicidio se presentó después de las siete de la noche, cuando Cárdenas ya había concluido su jornada laboral. Fue entonces cuando un grupo de sicarios le dio alcance y lo masacró a bordo de una camioneta marca Ford tipo Escort.
Para rematar, un grupo armado de cerca de cuarenta personas "levantó" y mató al director de Seguridad Pública Municipal de Urique Leopoldo Pérez y el oficial Mayor Jesús Alberto Parra
(Con información de Vanguardia, El Ágora y Quadratín)
de Proceso
Alfonso Lujambio, nuevo titular de la SEP
DANIEL LIZáRRAGA
México, D.F., 6 de abril (apro).- Felipe Calderón designó está mañana como nuevo secretario de Educación Pública (SEP) a Alonso Lujambio, quien se venía desempeñado como presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).Durante el fin de semana desde la residencia oficial de Los Pinos se iniciaron las negociaciones con Lujambio para que se incorporara a la SEP. Hasta el momento, dentro del IFAI priva el desconcierto ante el inesperado nombramiento. De hecho, los integrantes de este organismo se encuentran de vacaciones.
Durante un discurso pronunciado en Salón Ávila Camacho, Calderón instruyó a Lujambio mejorar el sistema educativo y construir acuerdos con una visión de Estado.
"El programa de Escuela Segura, es uno de los principales objetivos que debe sacar adelante el nuevo secretario de educación, para dejar a las escuelas lejos de la violencia y las drogas a los jóvenes",dijo Calderón.
En su primer mensaje como secretario de la SEP, Lujambio se comprometió a promover una política de transparencia "para que lo que hagamos esté a la vista de todos" y subrayó que hacer política es "cosa digna y vengo a hacer política".
Por separado, Lujambio explicó que atenderá la instrucción de Calderón de dar continuidad, profundidad y habilidad a todo lo que busca la Alianza por la Calidad de la Educación.
"Vengo con entusiasmo a darle continuidad a la nueva política de medir, evaluar sistemáticamente el aprovechamiento escolar con parámetros internacionales para detectar en dónde debemos actuar con más definición y ahínco", declaró el nuevo Secretario.
El sustituto de Josefina Vázquez Mota, al frente de la SEP ha sido amigo de Felipe Calderón dese hace varias décadas, incluso, esto fue algo que desde algunos medios de comunicación se le reprochó a Lujambio cuando asumió la presidencia del IFAI.
Lujambio también tuvo un desempeño polémico en el IFE. De hecho se le atribuye haber impedido darle profundidad a la investigación contra Los Amigos de Fox en los comicios del 2000.
México, D.F., 6 de abril (apro).- Alonso Lujambio fue nombrado esta mañana titular de la Seretaría de Educación Pública (SEP) en sustitución de Josefina Vázquez Mota.
Lujambio se desempeñaba como cabeza del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y antes como consejero del Instituto Federal Electoral (IFE).
El nombramiento fue dado a conocer por el presidente Felipe Calderón quien dijo que instruía al nuevo titular de la SEP a "dar cumplimiento puntual a los compromisos establecidos en la Alianza por la Calidad de la Educación, a fin de mejorar la capacitación, formación y las condiciones de trabajo de las maestras y maestros de México".
Por su lado, Lujambio e comprometió a promover una política de transparencia "para que lo que hagamos esté a la vista de todos". Dijo también que hacer política "es cosa digna y vengo a hacer política".
Oficio de Papel
Lunes 06 de abril de 2008
•Dudas por Ley de Extinción de Dominio
•Inconsistencias en contratos del CISEN
•Auditoría a las cuentas de Gobernación
La Ley de Extinción de Dominio ha generado reacciones encontradas entre la clase política mexicana y diversos sectores sociales, los cuales se han volcado a consultar a juristas y expertos para conocer los riesgos que esta legislación conlleva. Su discusión también ha ocupado una gran parte del capital político de los líderes de los partidos políticos y sus representantes en el Congreso. Por supuesto que ante los abusos constantes a que nos tienen acostumbrados los diversos órganos de gobierno, las dudas de la aplicación de dicha ley crecen cada día, pues no sería extraño que más allá de actuar en contra de la organización del crimen organizado, la aplicación de la ley afectara a terceros que nada tienen que ver con el narcotráfico ni con algunas de las formas de la delincuencia organizada. Esta es la principal preocupación.
Por su lado, la Secretaría de Gobernación ha hecho saber por todos los medios que mantiene reservas sobre varios artículos de la legislación que permitiría a las autoridades expropiar bienes que supuestamente hayan sido utilizados para actividades relacionadas con el crimen organizado. Y hasta ahora en el PRI, a través del diputado Emilio Gamboa Patrón, ha pretendido una aprobación fast track de dicha ley, mientras que el PAN hace eco de las recomendaciones de Gobernación y de su titular Fernando Gómez Mont, quien ha manifestado su preocupación respecto a las violaciones de derechos de terceros en la ejecución de esta nueva ley. Y aunque es válida y legítima su preocupación, la dependencia también tendría que poner sobre la mesa las propias limitaciones que enfrenta.
En medio de esa discusión legal, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a hecho recomendaciones a la Secretaría de Gobernación y a su Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en materia de contratos y adquisiciones de equipo tecnológico y armamento, pues el máximo órgano de fiscalización ha analizado la estructura del organismo de seguridad nacional y sus facultades para llevar a cabo actividades que podrían relacionarse con la nueva Ley de Extinción de Dominio, al menos en lo que se refieren a vigilancia e investigación, pero sobre todo en función de la transparencia de sus actividades.
Con esta nueva legislación, las controversias se presentarán cada vez con más frecuencia, pues la delincuencia organizada tiene a su disposición recursos más que suficientes para iniciar costosos litigios que buscarán poner en entredicho la actuación de las autoridades.
Para empezar, los manuales de operación del Cisen no se encuentran actualizados, ya que se sustenta en disposiciones como la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y el Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, que fueron abrogados con la entrada en vigor de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento.
El Cisen, por ejemplo, no cuenta con disposiciones claras para el registro, control, aseguramiento y administración de los bienes muebles que son adquiridos. Además, no cuenta con un manual de organización y de procedimientos en el que se señalen las funciones de áreas operativas del personal que realiza actividades de seguridad nacional.
En materia de ejercicio de recursos, la Auditoría Superior de la Federación no pudo constatar que las áreas que solicitaron recursos durante el ejercicio de 2007, realizaban actividades de seguridad nacional, en contravención del artículo 210, fracción III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Por ello, la ASF relata que el 11 de septiembre 2008 tuvo lugar una reunión de aclaraciones sobre estas inconsistencias en la rendición de cuentas del CISEN, en la cual se sometió a consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la normativa y el procedimiento relativo al ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a las partidas de Gastos de seguridad pública y nacional y Equipo de seguridad pública y nacional, los cuales se encuentran en revisión.
En dicha reunión se dio a conocer que la Secretaría de la Función Pública otorgó la autorización preliminar de la normativa y solicitó que se deleguen al director general del Cisen las facultades de ejercicio de los recursos presupuestarios con cargo a dichas partidas.
Así que Guillermo Valdés Castellanos tendrá la responsabilidad de responder por estos recursos. Se trata del funcionario que llegó del Grupo de Economistas Asociados (GEA) y que se vio involucrado en el supuesto espionaje a los legisladores. Por eso extraña que, al menos en lo que corresponde a manuales de operación, Valdés Castellanos muestre este tipo de inconsistencias que han sido ubicados por la ASF.
El órgano de fiscalización recomendó al Cisen que cumpla con las observaciones hechas por la Secretaría de la Función Pública relativas a la normatividad y procedimientos Internos para el ejercicio de los recursos presupuestarios recibidos a través de las partidas para gastos de seguridad pública y nacional y equipo de seguridad pública.
La ASF confirmó que Gobernación, a través de la Tesorería de la Federación, de enero a agosto de 2007, entregó el presupuesto autorizado al Cisen mediante Cuentas por Liquidar Certificadas en el concepto 4300 “Transferencias para Apoyo de Programas”; al respecto, los recursos fueron depositados en las cuentas bancarias con el número 0177-39966-5 y 401283438-8, abiertas en HSBC, y que se tienen registradas ante la Tesofe, en cumplimiento de los artículos 73, fracción II, inciso a, 74 y 75 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Al cierre de 2007, el Cisen ejerció erogaciones revisadas con cargo en la partida 3823 “Gastos de seguridad pública y nacional” por 55.9 millones de pesos. De ese monto, el Cisen destinó a la adquisición de bienes muebles 5.9 millones que representaron el 10.7 por ciento de lo seleccionado en dicha partida, en contravención del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Clasificador por Objeto del Gasto, vigente en el ejercicio de 2007. El Cisen reconoció que utiliza normas que no se encuentran actualizadas.
Por ello, la ASF recomendó que ese órgano de seguridad nacional registre las erogaciones por concepto de bienes muebles para gastos de seguridad nacional en las partidas que establezca el Clasificador por Objeto del Gasto, en cumplimiento del artículo 64, fracción II, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
El Cisen debe cumplir este tipo de normatividad lo antes posible porque la ASF está proponiendo, en términos generales, que por primera vez se incluyan en la Cuenta Pública 2008 las adquisiciones de armas y equipo tecnológico.
Para el Cisen, el primer año de la gestión de Felipe Calderón no fue sencillo. Otro de los temas que tocó la ASF fue el expediente del procedimiento de adjudicación directa relativo a la contratación del servicio para acceder en línea a un Sistema Automatizado de Análisis y Procesamiento de Información Legislativa (SAAPIL). Por cierto, se trata de la empresa que espió a los legisladores y por cuyos servicios el Cisen pagó un millón de pesos para recopilar información sobre el Poder Legislativo.
La ASF refirió que en el escrito del 17 de julio de 2007, con el cual la entidad fiscalizada motivó y fundamentó en la fracción I del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público el procedimiento de contratación mediante adjudicación directa, señaló que la empresa propuesta tenía la autoría del SAAPIL; sin embargo, se determinó que aún cuando la autoría la tenía como persona física una de las socias, en el momento del proceso de adjudicación y suscripción del contrato (1 de agosto de 2007), la empresa no contaba con la titularidad de los derechos patrimoniales de la autora del SAAPIL, para que se pudiera hacer uso, comercialización y otorgamiento de licencias de consulta a terceros del citado sistema, ya que se encontraba en trámite ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, la cual fue rechazada por no cumplir con lo establecido en los artículos 30, 31 y 33 de la Ley Federal del Derecho de Autor.
Al respecto, el certificado de titularidad fue expedido por el Indautor hasta el 7 de agosto de 2007; en este sentido, la empresa no debió cotizar al Cisen el costo de los servicios por la utilización del SAAPIL ni señalar que el sistema fue diseñado por ésta ya que, por un lado, no era la autora de la obra y, por el otro, en ese momento tampoco contaba con la titularidad de la misma para ofertar el servicio relativo a otorgar las licencias (claves) de consulta a terceros del citado sistema.
Además, en el expediente no se localizó el documento que acreditara que el Cisen verificó que la empresa hubiera dado de alata ante el Registro Público del Derecho de Autor el contrato de cesión de derechos patrimoniales para que pudiera surtir efectos con terceros.
Con motivo de la reunión de resultados preliminares, el área de adquisiciones informó que en el mes de julio de 2007, la persona física creadora de la obra inició el trámite ante el Indautor para ceder los derechos de titularidad a la empresa adjudicada, de la cual forma parte, por lo que con este hecho para la entidad fiscalizada quedó clara la intención de la autora de ceder los derechos de la obra a la empresa contratada.
Asimismo, señaló que, al tenerse previsto la celebración del contrato a partir del 1 de agosto de 2007, se incluyó como soporte de los derechos de la titularidad de la obra, la solicitud de cesión de derechos del 13 de julio de 2007, presentada por la autora y una vez que se contó con el registro se modificó la declaración II.6 del contrato con el fin de dejar la constancia del registro de la cesión de derechos realizada por la autora. Sin embargo, a la fecha en que se celebró el contrato (1 de agosto de 2007), la empresa no contaba con la titularidad de los derechos de la obra, ya que esto sucedió hasta el 7 de agosto de 2007, conforme el certificado de titularidad que expidió el Indautor.
La ASF sólo se limitó a observar los problemas regulatorios y no puso en tela de juicio el objetivo de este contrato: el espionaje al Congreso de la Unión.
Contralínea
Ejército, sin control
Autor: Ana Lilia Pérez 5 Abril 2009
Desde inicios de su sexenio, Felipe Calderón usó al Ejército Mexicano para imponerse y “combatir” al narcotráfico al margen de sus funciones constitucionales. Los militares tomaron calles, ciudades, estados; se insertaron en amplios espacios del poder civil, y actúan sin control. Homicidios, abusos sexuales, cateos ilegales, detenciones arbitrarias y tortura en contra de la población civil son la otra parte de la guerra, documentan organizaciones defensoras de derechos humanos.Entre insultos, custodiado por el Estado Mayor Presidencial, el 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón Hinojosa fue investido presidente en una tribuna tomada por diputados y senadores, con un militar cuidándole las espaldas, en un recinto legislativo prácticamente sitiado.
En los eventos oficiales de los siguientes meses Calderón vestía uniforme de campaña, gorra de cinco estrellas y escudo nacional. Asiduamente, el comandante supremo de las fuerzas armadas se ataviaba con la casaca verde olivo junto al general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional. No sólo él emulaba la efigie castrense: en el desfile del 16 de septiembre de 2007, sus hijos Juan Pablo y Luis Felipe Calderón Zavala aparecieron en el palco presidencial vestidos como militares, con todo e insignias. Ello, denunciaron los diputados José Alfonso Suárez y Cuauhtémoc Sandoval, era contrario al artículo 404 del Código de Justicia Militar.
El 9 de mayo de 2007, Calderón había decretado la creación de un grupo de elite del Ejército y la Fuerza Aérea denominado Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal, al mando directo del Ejecutivo, destinado al “manejo de situaciones críticas de perturbación o alteración de la paz social y seguridad pública”. Un mes después, el presidente delegó al Ejército Mexicano el combate al crimen organizado.
Desde entonces, abogados como Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, advertían los riesgos de utilizar la milicia para combatir al crimen organizado.
Sin control
El informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), difundido recientemente, documenta el incremento de “graves violaciones a derechos humanos” en contra de la población civil cometidas por el Ejército Mexicano “en el marco de su participación en tareas que competen a los civiles”. Los agravios más frecuentes: homicidios, detenciones arbitrarias, torturas, allanamientos, cita la organización reconocida con el Premio de los Derechos Humanos de la República Francesa 2008, distinción internacional que se otorga a organismos o personalidades más comprometidos en la defensa y promoción de los derechos civiles y políticos.
En 2006 se instrumentaron diversos operativos militares en el país. Iniciaron en Michoacán, Tijuana, Guerrero, y el denominado “triángulo dorado”, región ubicada en Sinaloa, Durango y Chihuahua.
En 2007 y 2008, los operativos se extendieron a Sonora y Nuevo León, lo que implicaba cada vez más militares en actividades que constitucionalmente les están vedadas.
Aunque los operativos fueron bien recibidos por la opinión pública nacional e internacional, documenta el Centro Prodh, “la percepción de violencia e inseguridad sigue presente en el país, sin que haya prueba empírica de su abatimiento a causa de la presencia castrense”, aunado a que “no responde a las necesidades de la lucha contra el narcotráfico”. En contraste, “a raíz de los operativos militarizados, los casos de violaciones a los derechos humanos de civiles han aumentado en número y gravedad”.
Tan sólo en el primer año de gobierno de Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) radicó 367 quejas contra elementos castrenses.
Ciento por ciento más que las que se recibieron en el último año de gobierno de Vicente Fox (182 quejas). En 2008, la cifra alcanzó 1 mil 230 querellas, es decir, los supuestos atropellos de milita res se incrementaron casi 500 por ciento respecto al sexenio foxista.
Los estados que reportan mayor número de quejas son: Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Sinaloa. En Chihuahua, consigna el Centro Prodh, los abusos aumentaron con el Operativo Conjunto, que arrancó en marzo de 2008 y ahora, en su segunda fase, concentra a casi 10 mil soldados. En julio de ese año, la CNDH hizo públicas ocho recomendaciones dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por homicidio, tortura, detención arbitraria, ejercicio indebido de la fuerza pública, allanamientos, uso excesivo de la fuerza pública y de armas de fuego durante los operativos.
De las agresiones ocurridas entre 2007 y 2008, de acuerdo con el Centro Prodh, las más frecuentes son, en orden de incidencia: allanamiento a viviendas, cateos ilegales, tortura, ataque con armas de fuego, detención arbitraria, robo, amenazas y abuso sexual. Las víctimas: menores de 18 años, jóvenes entre los 18 y 24 años, mujeres, indígenas, migrantes indocumentados, periodistas y algunos servidores públicos.
Hoy día, documenta el Centro Prodh, no se tiene certeza del número ni nivel de abusos cometidos por militares –muchas de las agresiones no se denuncian–, pues los despliegues han aumentado al punto que, en municipios de varios estados, los civiles fueron relevados en sus cargos por militares, como el caso de Ciudad Juárez donde el general retirado Julián David Rivera Bretón fue designado secretario de Seguridad Pública Municipal y el coronel de infantería Alfonso Cristóbal García Melgar, director operativo de la Policía Municipal.
Por la incidencia, destacan las agresiones a migrantes indocumentados en la frontera sur de México. Allí, con el supuesto de “salvaguardar” la frontera, los militares detienen a los migrantes (aunque legalmente tampoco tienen facultades para ello), los agreden, amenazan y asaltan.
El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (CDHFM), con sede en Tapachula, Chiapas, ha documentado la desaparición de migrantes detenidos por militares (Contralínea 78). Tal es el caso de la joven hondureña Maritza Bayres, retenida por siete soldados que tripulaban el vehículo Hummer número 0904170 en un retén instalado en el Puente Cahocán, en Ciudad Hidalgo. Los siete compatriotas con quienes viajaba Maritza relataron al CDHFM cómo los militares los detuvieron, los obligaron a desnudarse para buscarles en los genitales el dinero que traían escondido y robárselos. Tras el hurto, a los siete varones los dejaron seguir su camino, a Maritza la retuvieron.
Hasta la fecha se desconoce su paradero.
En la frontera sur, la supuesta “guerra” contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón detonó mayores abusos de militares en contra de los indocumentados, explica en entrevista Fermina Rodríguez Velasco, coordinadora del CDHFM. Señala que, si bien este tipo de prácticas existen desde hace varios años, “en el sexenio actual los militares se sienten intocables, por ello persiguen, detienen y agreden a los migrantes. Las revisiones corpóreas y robos son cada vez más frecuentes, además de que, en cada retén, hay unos 20 militares mínimo y todos fuertemente armados y resueltos a dispararle a cualquiera”.
En la franja de 956 kilómetros que divide a México con Guatemala, detalla Fermina Rodríguez, las fuerzas castrenses han impuesto su propio “código de guerra”: “Los migrantes saben que el Ejército Mexicano no tiene atribuciones legales para detenerlos. Todos conocen sus derechos, identifican a las corporaciones que tienen facultades para revisar su estatus migratorio y para detenerlos, pero entre ellos la recomendación es: ‘Si un soldado te detiene, haz lo que dice, sin defenderte, incluso si te roba o te viola, porque en México los soldados tienen todo el poder y son intocables’.
Para los migrantes es parte del costo a pagar para llegar a Estados Unidos”.
Retenes riesgosos
Los retenes militares se han convertido en un punto de riesgo para la población civil. De enero de 2007 al 30 de no viembre de 2008 se registraron 17 casos de civiles agredidos con arma de fuego, “por no detenerse” en los retenes (según argumentaron los militares). Aunque, en por los menos tres casos, documentó el Centro Prodh, ni siquiera había retén.
Uno de ellos fue el de Marlene Caballero, de 13 años de edad, herida en San Luis la Loma, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero, el 29 de junio de 2007, cuando los militares abrieron fuego al automóvil donde ella viajaba.
El 12 de mayo de 2008, en la carretera Morelia-Mil Cumbres, Michoacán, los militares abrieron fuego contra Carlos Iván García Calderón y Giovanni Fuerte Hernández. Carlos murió y Giovanni fue lesionado.
De las agresiones ocurridas en lo que va del sexenio, la Procuraduría General de Justicia Militar ha abierto 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles, 110 durante 2008. De éstas, sólo hubo 11 consignaciones.
Por el fuero militar, los casos se dirimen en tribunales castrenses, lo que “no es garantía de independencia e imparcialidad ni mucho menos de una eficiente investigación”, considera el Centro Prodh. “La justicia militar propicia la impunidad”.
Fuero militar, salvoconducto de impunidad
Reiteradamente, organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el relator especial de las Naciones Unidas han insistido, sobre el tema de tortura, en la necesidad de que las violaciones de derechos humanos perpetradas por militares sean conocidas por la justicia civil, en el marco de los acuerdos internacionales signados por el Estado mexicano. En febrero pasado, en Ginebra, en el marco del Examen Periódico Universal, en el cual se evaluó a México, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas insistió en el tema, sin respuesta alguna.
No obstante, el Centro Prodh y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lograron recientemente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajera el caso del homicidio de cuatro civiles a manos de militares en Santiago de los Caballeros, Sinaloa –representado jurídicamente por ambas organizaciones–, en el cual se analizará la aplicación del fuero de guerra. La denuncia fue pre sentada por Reynalda Morales Rodríguez, cónyuge de una de las víctimas.
La llamada “masacre de Santiago de Caballeros” ocurrió el 26 de marzo de 2008. Militares abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban Edgar Geovanny Araujo Alarcón, Zenón Alberto Medina López, Irineo Medina Díaz, Manuel Medina Araujo, Miguel Ángel Medina Medina y Wilfrido Ernesto Madrid Medina. Los primeros cuatro perdieron la vida, los otros resultaron heridos.
Mediante un comunicado, en abril de ese año, la Sedena informó que el juez militar de la III Región había dictado formal prisión a un teniente, un cabo y tres soldados de infantería. Para el mes de julio, la CNDH emitió la recomendación 036/2008 donde acredita “graves violaciones a los derechos humanos” en agravio de las víctimas. El Centro Prodh asumió la representación jurídica, ante el reclamo de los familiares de las víctimas por la discrecionalidad en la investigación, ya que tanto las indagatorias como el juzgamiento de los responsables están a cargo de las propias autoridades militares.
Al respecto, los abogados Luis Arriaga, director del Prodh, y Luis Miguel Cano, de Fundar, coinciden en que, con este caso, los ministros de la SCJN tendrán oportunidad de fortalecer el control civil sobre las fuerzas armadas. Pero además, dice Arriaga, la Suprema Corte “tiene una particular responsabilidad jurídica y política en el tema, pues fue esa instancia la que, al resolver la controversia constitucional 1/96 (sobre la participación del Ejército en tareas de seguridad pública), permitió que las fuerzas armadas actuaran más allá de su expreso mandato constitucional, con las consecuencias hoy visibles”.
Agrega que “no se trata de abolir el fuero de guerra, sino de aplicarlo para lo que es propio y no para casos de violaciones a derechos humanos cometidos en agravio de los civiles”.
El Centro Prodh está acreditado con estatus consultivo ante la Organización de Estados Americanos, y ante el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas. En México ha documentado, durante 20 años, los abusos militares, y ha litigado varios casos ante el sistema interamericano.
Desdén por las víctimas
La abogada Liliana Valiña, representante adjunta de la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, explica que la reparación del daño a favor de la víctima es uno de los aspectos más ignorados en casos de violaciones a los derechos humanos. En el caso de la Sedena, según el diagnóstico del Centro Prodh, cuando se consigna a un militar –ante un juez también militar– no se informa a la víctima o a sus familiares, y casi nada se hace público. En ocasiones, “la Sedena puede llegar a proponer a los afectados convenios extrajudiciales de indemnización que no reparan integralmente el daño”.
El 24 de septiembre de 2006, Félix Daniel Téllez Ortiz fue atropellado por un camión militar que circulaba a exceso de velocidad. El joven de 23 años de edad entrenaba ciclismo en la carretera México- Querétaro, a la altura de San Miguel de los Jagüeyes, en Huehuetoca, cuando el vehículo invadió el área de acotamiento donde transitaba el ciclista junto con varios compañeros.
Los siguientes 15 días Daniel permaneció en estado de coma en el hospital del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, en Toluca, luego fue trasladado al Hospital Militar donde convaleció cuatro meses. Quedó parapléjico, con laceraciones faciales en 90 por ciento, múltiples lesiones y excoriaciones en el cuerpo. Perdió de manera total la sensibilidad y la movilidad de la cintura hacia abajo.
Los peritos castrenses intentaron responsabilizar a Daniel de los hechos, acusándolo de negligencia, aun con los numerosos testigos que declararon que el camión militar zigzagueaba a exceso de velocidad.
Esclavizado a la silla de ruedas, hace dos años que Daniel Téllez, único varón entre cinco hijos de una familia de clase baja, se enfrenta al Ejército Mexicano en tribunales castrenses, con jueces castrenses, ministerios públicos y todo el personal adscrito a las fuerzas armadas. Lo único que reclama es la reparación del daño.
Las audiencias tienen lugar en la 37 Zona Militar Santa Lucía, Tecamac, Estado de México. No se le permite ingresar ningún sistema de comunicación. Tampoco tiene copia de sus declaraciones ni foja del expediente –que integra la averiguación previa AP37/ZM/97/2006-II–, que consulta en una sala custodiada por militares, con sistemas de vigilancia por todas partes. En medio del blindaje, del expediente han desaparecido pruebas clave para el juicio, denuncian Félix Téllez e Irene Ortiz, padres de Daniel. A más de dos años, la Sedena argumenta que “el reglamento interno no permite indemnizar al lesionado porque éste no trabaja para la secretaría”.
“Defenderme en tribunales militares ha sido muy difícil. Te enfrentas a todo un sistema donde tú no tienes voz. Al principio, el caso no tenía ningún avance, porque ellos (los militares) me daban por muerto, pero luego mis papás estuvieron al pendiente, insistieron y así se iniciaron las audiencias”, explica.
Al momento del accidente, Daniel estudiaba el quinto semestre de preparatoria en el sistema abierto. Su proyecto era convertirse en licenciado en informática.
Los planes se desvanecieron, su futuro se tornó hipotético. No pudo regresar al trabajo. El único contacto social que ahora tiene es con sus padres, debido a que no puede controlar los esfínteres y eso le avergüenza.
“Siento impotencia de ver cómo se aplica la justicia, que los militares no responden por sus actos. Lo más triste es ver cómo me miran mis padres y mis hermanas, pienso en su agobio y eso me da más coraje.” El pasado 24 de septiembre, sus abogados, Jaqueline Sáenz Andujo y Jorge Santiago Aguirre, presentaron una demanda por responsabilidad patrimonial ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es su última vía legal y jurisdiccional para obtener una indemnización por daño físico y sicológico.
Contralínea solicitó una entrevista con el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, para saber su postura respecto del informe ¿Comandante supremo? La ausencia de control civil sobre las fuerzas armadas al inicio del sexenio de Felipe Calderón, las recomendaciones que ha emitido la CNDH, así como el resto de los casos que se citan en este texto. Hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Indígenas y activistas, principales víctimas.
En muchos de los crímenes cometidos contra indígenas y campesinos se han identificado a militares como los agresores directos. Allí está la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco; la detención y tortura de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; las violaciones a las indígenas Francisca Santos y Victoriana Vázquez, mixtecas; Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, tlapanecas; Ana, Beatriz y Celia González Pérez, tzeltales.
El caso más reciente es el de los indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos (OIPM). Fueron secuestrados el 13 de febrero, pasada la una y media de la tarde. Media hora después del rapto, Guadalupe Castro Morales, esposa de Manuel, recibió una llamada a su celular proveniente del teléfono de su marido.
Cuando respondió, una voz masculina le advirtió: “No empieces a chingar; quédate calladita o jodemos a tu esposo. Esto les pasa por defender indios”. No hubo posterior comunicación. Sus restos aparecieron ocho días después, ambos tenían huellas de tortura.
Uno de ellos, el tiro de gracia.
Durante años, Lucas Lucía y Ponce Rosas denunciaron los abusos de militares en la zona de La Montaña, en Guerrero. Los dos sobrevivieron a la matanza de El Charco, perpetrada en 1998 por soldados en contra de supuestos integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente.
En su artículo “Raúl Lucas: siembra de odio, cosecha de ira”, publicado en el periódico La Jornada el 24 de febrero pasado, el columnista Luis Hernández Navarro documenta que Lucas Lucía sufrió cuatro atentados. “Pero aquel 13 de febrero el activista no se le escapó a la muerte. La quinta fue la vencida”.
El 24 de febrero, la Oficina del Alto Comisionado condenó el asesinato y se solidarizó con los familiares: “La oficina expresa su preocupación ante las condiciones de vulnerabilidad en las que las y los defensores de derechos humanos desarrollan su labor (…) especialmente en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y La Montaña del estado de Guerrero”.
Amnistía Internacional se sumó al reclamo.
El presidente y secretario de la OIPM –que tiene su origen en la Organización Independiente de Pueblos Mixtecos y Tlapanecos (OIPMT), fundada en 1994– trabajaban de manera conjunta con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que preside el antropólogo Abel Barrera Hernández, colaborador de Contralínea.
En entrevista, Barrera asegura que los asesinatos de Lucas Lucía y Ponce Rosas son parte de la guerra sucia que durante décadas se ha vivido en la entidad.
Barrera explica que, si bien en esa región es sistemático el abuso de los militares en contra de la población civil, “ahora con el pretexto del combate al narcotráfico se ha acrecentado el número de violaciones a los derechos humanos. En los últimos tres meses la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha dado curso a 35 quejas en contra de militares”.
En enero pasado, la CEDH informó que a raíz de que iniciaron los operativos militares en Guerrero (tras la decapitación de nueve personas el día 21 de diciembre), en menos de 15 días se habían recibido 13 quejas ciudadanas por invasión, allanamiento de morada y maltrato físico. Entonces el visitador Hipólito Lugo Cortés alertó de los excesos de las fuerzas castrenses.
Abel Barrera puntualiza que en Guerrero la narcoviolencia no ha descendido, aunque Chilpancingo, Zihuatanejo, toda la región de Tierra Caliente y la zona de La Montaña estén militarizadas. En contraste, “ahora que la autoridad civil ha bajado la guardia, las víctimas son los civiles”.
“En Guerrero, los abusos militares tienen una larga historia en el estado, que nos remite a la Guerra Sucia donde no ha habido una investigación y mucho menos castigo a los responsables. Lo peor de todo es que ese patrón de abusos que se han estado realizando por parte del Ejército sigue inalterable, en el sentido de que es un actor armado que no conoce límites en términos legales: incursiona a las comunidades, se posesiona de terrenos comunales para sus campamentos; interroga, detiene, daña la precaria infraestructura de la comunidad, se apropia de las cosechas, mata los animales. Todo eso ha ido creando un ambiente de miedo, de terror hacia las comunidades.
“En la entidad, la agresión del Ejército ha sido tan violenta que han sucedido masacres como la de Ayutla, como una emboscada que hicieron a indígenas de Metlatónoc en el Cerro del Chupamirto donde murió un civil, simplemente porque sentían que los iban persiguiendo; las violaciones sexuales a las mujeres, como las de Valentina González Cantú e Inés Fernández Ortega”.
—En el contexto de agresiones y asesinatos de activistas, ¿los defensores de derechos humanos temen por un integridad? –se le pregunta a Barrera, amenazado de muerte constantemente y para quien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas cautelares que incluían cuatro elementos de la Procuraduría General de la República para su custodia.
—Sí –explica, categórico–, porque hoy más que nunca los militares actúan sin control alguno. No hay información ni transparencia de sus operativos ni de sus formas de investigación. La militarización se presta para todo tipo de cuestiones turbias para reprimir sin dejar huella.
En términos de un ambiente de violencia como el que se vive en el país: a río revuelto, ganancia de militares.
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