sábado, julio 23, 2011

En apoyo a don Raúl Vera. Desplegado



Desplegado en apoyo a Monseñor Raúl Vera

Desplegado publicado en los periódicos El Universal y Vanguardia el 22 de julio de 2011


AFORTUNADAMENTE ¡SÍ TENEMOS UN OBISPO CATOLICO!
PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DEL TRABAJO QUE REALIZA CON INTEGRIDAD Y JUSTICA
MONSEÑOR RAÚL VERA LÓPEZ


El pasado 14 de julio fueron colocadas en el atrio de la Catedral de Santiago, en Saltillo, Coahuila, cuatro mantas con mensajes dirigidos a Monseñor Raúl Vera López. El mensaje señalaba: “Queremos un obispo católico”.


Defensoras y defensores de derechos humanos integrantes de diversas organizaciones condenamos enérgicamente esta acción, calificada como un hostigamiento grave en contra de Monseñor Raúl Vera López, Obispo de la Diócesis de Saltillo. Por ello expresamos nuestro apoyo y solidaridad con don Raúl, quien a través de su vocación de servicio y su compromiso ardiente con la justicia social, en congruencia con su labor Pastoral, se ha convertido en un importante Defensor de los Derechos Humanos de los sectores más excluidos y vulnerables de nuestra sociedad.


Quienes hemos dado seguimiento al camino de don Raúl, estamos convencidos de que su ministerio es testimonio vivo de la Iglesia de Jesús;

• una Iglesia solidaria y testimonialmente pobre, comprometida con la liberación de los empobrecidos, excluidos y excluidas del mundo; una Iglesia de hermanos y hermanas, con igualdad de derechos para mujeres y hombres;
• una Iglesia acogedora y comprensiva, que no amenaza ni excluye a nadie y que está abierta a todas las personas y grupos sociales que luchan por la justicia social, la paz, la libertad y la felicidad para todos los seres humanos;
• una Iglesia que respeta y reafirma la libertad de conciencia y la autoridad moral de las personas;
• una Iglesia que respeta la diversidad en su interior, participativa, democrática.


Por lo anterior, hacemos un llamado a los líderes de las distintas Iglesias y confesiones religiosas de México, al pueblo creyente y a la ciudadanía en general, a manifestar su solidaridad con el Obispo Raúl Vera, cuya práctica evangélica nos invita a sumarnos a su denuncia en contra de la corrupción y la impunidad.

Estamos en alerta ante el hostigamiento que atenta contra su integridad física, su ministerio y la seguridad de sus colaboradoras y colaboradores en la diócesis de Saltillo. Sepan, quienes lo han hecho, que Monseñor Raúl y la diócesis no están solos, pues muchas y muchos hacemos nuestro su compromiso en defensa de una vida digna para todas y todos.


Finalmente, exigimos el cese inmediato del hostigamiento y las amenazas de las que es objeto el Obispo Raúl Vera López y demandamos a las autoridades competentes, locales y federales, que se realicen las investigaciones necesarias para la resolución de su caso y que prevean las medidas necesarias para garantizar la seguridad de Monseñor Raúl Vera López.




Organizaciones y redes firmantes:




ABC Huixquilucan Estado de México; Agencia NotieSe; Alianza Cívica Coahuila; Casa del migrante de Saltillo (Frontera con Justicia AC); Católicas por el Derecho a Decidir; CEBs de Tejalpa Morelos; CENAMI; Centro de Estudios Sociales Antonio de Montesisnos; Centro de Apoyo Solidario, Documentación y Estudio (CASDE, A.C.); Centro de Comunicación Social CENCOS; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P."; Centro de Derechos Humanos de la Montaña "Tlachinollan" Mujeres para el Diálogo; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Centro de Derechos Humanos Victoria Diez; Centro de DH Don Sergio; Centro de Estudios Ecuménicos; CIMOS Minatitlán; COCIPE; Colectivo Alas; Colectivo Bolivariano, Oaxaca; Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Comité de Derechos Humanos y Solidaridad Monseñor Romero; Comunidad Ecuménica Magdala; Comunidades Eclesiales de Base; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y La Equidad Oaxaca; Coordinadora Diocesana de Mujeres SCL, Chiapas (CODIMUJ); Coordinadora General de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos; Coordinadora Regional de Mujeres campesinas e indígenas del Sureste; CREO, Los Tuxtlas; Democracia y Sexualidad; ENLACE, Comunicación y Capacitación; Frente por la Cultura Laica; Equipo Pueblo; Frailes dominicos, De Centro América; Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva; Fundación Don Sergio Méndez Arceo; Hermanas Auxiliadoras de México; Hermanas del Servicio Social; Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social INCIDE Social; Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC. (IMDEC AC); Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana; Misioneras Dominicas del Rosario, Chiapas; Modemmujer, "Red feminista de comunicación electrónica”; Movimiento Ciudadano por la Paz y la Vida Digna en Chihuahua; Mujer y Medio Ambiente; Mujeres por México en Chihuahua; Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Observatorio Eclesial; Organización Popular Independiente; Organizadores del Premio Nacional de Derechos Humanos "Don Sergio Méndez Arceo”; Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir; Red Solidaria Década Contra la Impunidad; Ririki Intervención Social; Secretariado Social Mexicano; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina, SICSAL México; Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual, SNAP México.

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (Conformado por 49 organizaciones en 19 estados): Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges; Yauani; Chiapas: Red de Mujeres del Sur; Red de Mujeres por la Igualdad, Desarrollo, Género, Ciudadanía; Red nacional de asesoras y promotoras rurales; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; “Casa Amiga” Centro de Crisis; Nuestras Hijas de Regreso a Casa; Justicia para nuestras hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Coahuila: Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”; Colima: Comisión de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Distrito Federal: Academia Mexicana de Derechos Humanos; Arte contra el Feminicidio; Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; la Red Contra la Violencia hacia las Mujeres y los Hombres Jóvenes; Red de Investigadoras “Por la Vida y la Libertad de las Mujeres” Red nacional de asesoras y promotoras rurales; ASILEGAL; Estado de México: Red de Promotoras en Derechos Humanos de Ecatepec; Visión Mundial de México; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León; Guerrero: Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, AC; Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos; Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón”; Jalisco: CLADEM; Morelos: Academia Morelense de Derechos Humanos; Comité contra los Feminicidios en Morelos; Nuevo León: Centro de Derechos Humanos "Solidaridad Popular AC; Oaxaca: Centro Integral Jurídico Pro-Derechos; Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca; Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Mujeres Organizadas Yuubani; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectovo Bolivariano; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias AC, Frente Cívico Sinaloense AC; Sonora: Nosotras Ciudadanas; Tabasco: Servicio, paz y justicia-México; Asociación Ecológica Santo Tomás; Tamaulipas: Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos; Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo local; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa, Red Por sus Derechos Mujeres en Red.


Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT) Conformada por las siguientes 72 organizaciones: Agenda LGBT (Distrito Federal, Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos "Miguel Hidalgo", A.C. (Jacala, Hgo.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (Puebla, Pue.); Centro de Derechos Humanos "Fray Bartolomé de Las Casas", A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis) ; Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria O.P.", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”. A.C. (Tapachula, Chis); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua), Centro de Derechos Humanos, “Juan Gerardi” , A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Ñu’u Ji Kandií, A. C. (Tlaxiaco, Oax.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez), Centro de Derechos Humanos Solidaridad Popular, A.C. (Monterrey, N.L.); Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec, A. C. (Tehuantepec, Oax); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Tlilapan, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Zac. Zacatecas); Centro de Estudios Fronterizos y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (Reynosa, Tamps.); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”,A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Hermanas Mirabal de Derechos Humanos (León, Gto.), Centro Mujeres (La Paz, BC.), Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A. C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. - KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A. C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A. C. (Monterrey, NL); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos "La Voz de los sin voz" (Coyuca de Benítez, Gro.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, A.C. (Tehuacan, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C. (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Intercongregacional "Justicia, Paz y Vida" (Distrito Federal); Comisión Parroquial de Derechos Humanos “Martín de Tours”, A.C. (Texmelucan, Pue.); Comisión Regional de Derechos Humanos "Mahatma Gandhi", A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos "Fr. Pedro Lorenzo de la Nada", A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos "Sembrador de la Esperanza". A. C. (Acapulco, Gro.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, AC. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, No gubernamental, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo AC (Tulancingo, Hgo.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos. (Culiacán, Sin.); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Chablekal, comisaría del municipio de Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (Distrito Federal); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC), (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, - Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz. (Guadalajara, Jal.); Programa de Derechos Humanos. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue); Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales Y Culturales (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí, S.L.P.); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (Villahermosa, Tab.); Servicio, Paz y Justicia, México (SERPAJ-México) (Comalcalco, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (Pachuca, Hidalgo); Taller Universitario de Derechos Humanos, A. C. (Distrito Federal).


Personas:
Aidé García Hernández; Alicia Arines; Alicia Dorantes Camacho; Altagracia Villarreal Santos, Misionera Franciscana; Ana Maestre Serrano; Ángela Lagunas Graciela Ulloa; Ángeles López; Antonio Medina; Argelia Bortoni; Bertha Elene Munguía Gil; Carlos Ceballos Blanco; Carlos Zetina; Celso Lázaro Lagunas; Clara Jusidman; Claudia Cruz; Eduardo del Castillo V.; Félix Manuel Tamez Gutiérrez; Frida Martínez Espinoza; Gabriela Juárez; George Anna Clark; Hipólito Morales; Hrna. Leticia Gutiérrez Casillas; Irene Ortega; Jesús Morales Torres; Jorge Cerpa; Jorge González Vargas; Jorge Zepeda-Patterson; José Francisco Gallardo Rodríguez; Juan Pedro Barbosa; Fray Julián Cruzalta; Karime Suri Salvatierra; Luis Alberto Torres Arsuaga; Lydia Cacho; María Consuelo Mejía; María Pastrana; María Teresa Valdés Dávila; Mariana Gómez Álvarez Icaza; Marisol Herrería Arista; Mariza Medellín Méndez; Miguel Villamil; Minerva Landa; Mireya López; P. Martín R. Hernández Linares, Parroquia de Santa Catalina de Siena, Ocampo, Coahuila; Patricia Benítez Pérez; Rogelio Orozco; Rosa Elva Zúñiga López; Rosy Laura Castellanos; Sanjuana Martínez; Sara Lovera López; Sergio Aguayo Quezada; Soledad Jarquín Edgar; Susana Lerner; Víctor Ramos; Ximena Peredo; Yanina Ávila


Sobre la minería a cielo abierto


Industrias golondrinas y calamitosas

Miguel Concha


Ayer se celebró el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto, correspondiente a este año.

En su convocatoria las organizaciones y redes firmantes dieron cuenta de los daños irreversibles y permanentes que esta industria trasnacional, y especialmente canadiense, genera en el patrimonio del país, por las grandes extensiones de territorio que ocupa, los desalojos que en algunas regiones realiza, la gran cantidad de agua que consume y la acidificación de la tierra que causa, dejándola improductiva; en la salud de las personas, por la contaminación de las aguas con cianuro y la emisión de gases nocivos que produce; en la ecología, por los efectos negativos que causa en la fauna y en los mantos freáticos; en la convivencia social armónica, porque aprovechándose de la pobreza e ignorancia de las poblaciones en nuestros países, logra penetrar en ellas y confrontarlas; en lo político, porque se impone a las autoridades constituidas, hace caso omiso de las leyes y decisiones jurídicas de los tribunales nacionales, y compra voluntades de servidores públicos y profesionistas corruptos del derecho.

Incluso en lo histórico y cultural, como desde hace más de 15 años ha venido sucediendo en la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. Hace exactamente un año tatic Samuel Ruiz y la señora Concepción Calvillo de Nava denunciaron con esta misma oportunidad y en ese mismo lugar, citando a Carlos Montemayor, la delincuencia oficial organizada que esa situación manifiesta en México, pues luego de los fallos judiciales y decisiones administrativas favorables que el Frente Opositor a dicha minera de capital canadiense ha venido consiguiendo desde el año 2005, ésta sigue operando, con la muy posible complicidad de autoridades federales y estatales.

En la convocatoria a la que hacemos referencia se afirma que en Cerro de San Pedro la Minera San Xavier utiliza 32 millones de litros de agua al día, mezclados con 16 toneladas de cianuro. Esto es, que en una hora esta mina consume el agua que una familia utiliza durante 10 años. Tantos son los daños que estas empresas causan en México –donde gozan de 850 proyectos y disfrutan de 22 mil concesiones de exploración, lo que representa 20 por ciento del territorio nacional–, y tan pobres son los resultados de los gobiernos federal y estatal para proteger nuestro patrimonio y las poblaciones afectadas, que el 27 de octubre del año pasado se presentó en la Cámara de los Comunes de Canadá una iniciativa legislativa para que estas empresas rindan cuentas sobre el historial de derechos humanos y sus prácticas ambientales en el extranjero, así como del apoyo financiero y político que su gobierno les da. Lamentablemente la iniciativa fue rechazada por 140 votos en contra y 134 a favor, por lo que 35 importantes organizaciones civiles, sociales y religiosas solidarias de ese país han renovado su compromiso por esta reforma legislativa, y para movilizar a la opinión pública con el fin de frenar los abusos cometidos por las industrias canadienses extractivas, ya sea que operen en Canadá o en el extranjero.

Como se explica en la publicación especializada del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, titulada El cianuro, la cara tóxica del oro, a una fuerte demanda de metales preciosos, particularmente del oro en los últimos años, se opone un agotamiento progresivo de los yacimientos más ricos, es decir, de los depósitos en los que este metal se encuentra en altas concentraciones en la roca.

Para resolver este problema, la industria minera usa una técnica especial: la llamada lixiviación, que consiste en bañar con agua y con cianuro el material obtenido y triturado con explosivos. El bajo costo de estas técnicas permite procesar de manera económica rocas que contienen oro en bajas concentraciones, lo que implica que sean muy grandes, con todas sus consecuencias, las superficies de terreno destinadas a esta industria. La explotación de estos yacimientos genera además millones de toneladas de desechos cargados de cianuro y metales preciosos cada año, que representan un riesgo innegable a los ecosistemas y la salud pública.

Debido a que el cianuro es evidentemente un producto tóxico, la minería de oro y sus procesos tienen que ser necesariamente una preocupación para los gobiernos y los ciudadanos en general. En Europa la toma de conciencia del riesgo representado por el cianuro llevó al Parlamento Europeo a aprobar una resolución en contra del uso de esta sustancia en la minería. Además, la descarga periódica de las aguas usadas en los ríos o los océanos con cianuros de toxicidad moderada no es la única fuente de contaminación del medio ambiente por estos elementos.

Según un informe del gobierno australiano, aun en condiciones normales de funcionamiento de la mina, cantidades de cianuro pueden perderse durante todas las etapas, desde su preparación hasta su descarga en los depósitos de relave, pasando por fugas en todo el proceso.

Durante los últimos 15 años, América Latina ha sido el destino preferido para las inversiones en exploración minera, concentrando en promedio 25 por ciento del total mundial. El 82 por ciento de estas inversiones se concentró sólo en cinco países: Perú, México, Chile, Brasil y Argentina, lo que no quiere decir que con ello hayan abatido los índices de desigualdad social o incrementado significativamente sus índices de desarrollo humano. Son más bien industrias golondrinas que se llevan grandes ganancias, no resuelven problemas sociales y dejan grandes calamidades.




La Reforma que a algunos les urge aprobar


La reforma

Luis Javier Garrido

La reforma política de Felipe Calderón, que éste urge al Congreso le apruebe –junto con las llamadas reformas laboral y de seguridad–, y que el escritor Javier Sicilia en nombre de su movimiento exigió al Senado el día 22 sea aprobada cuanto antes, es una verdadera contrarreforma, contraria a los intereses del pueblo mexicano, y al margen de que es fundamental se discutan en México, de la manera más amplia y democrática posible, los cambios políticos y electorales que urgen al país para tener un régimen democrático (lo que no haría este gobierno), hay que reiterar que no existe la posibilidad legal de que se aprueben cambios en materia política electoral para 2012.

1. La propuesta de establecer en México una democracia semi-directa en vez del régimen representativo que establece el artículo 40 constitucional, y en la que ahora busca montarse hipócritamente la derecha calderonista para vaciarla de contenido, surgió como en el resto del mundo históricamente de la izquierda.

2. En la primera fase de la mesa 2 de los diálogos de San Andrés entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal, llevada a cabo del 21 al 25 de marzo de 1996 –y que fue interrumpida por los zapatistas ante la intemperancia del gobierno zedillista para seguir dialogando y los signos de que no quería cumplir lo acordado en la mesa 1–, como integrante del cuerpo de asesores del EZLN hice el planteamiento de acordar una verdadera reforma para garantizar los derechos políticos como derechos fundamentales de los mexicanos, modificar el artículo 41 para establecer las candidaturas ciudadanas, el 71 para que tuviesen los ciudadanos participación en el proceso de iniciativa y formación de las leyes y el 97 a fin de que pudiesen poner éstos en acción la maquinaria judicial para que se investigara cualquier violación del voto público.

3. En esta ponencia publicada en Democracia y Justicia. Diálogos de Sacam Ch’en (Ce-Ácatl, 1996, pp. 27-29), hice asimismo el planteamiento de que se estableciera en México el principio de la revocación del mandato, que en el país han rechazado con vehemencia el PAN y el PRI, y en el mundo la mayor parte de los partidos políticos; que no figura desde luego en la iniciativa de Calderón de 2010 que apoya Sicilia, y que es clamor de diversos sectores de mexicanos que no quieren verse obligados a sufrir a un mal gobernante por un periodo determinado cuando ha mostrado su venalidad o su incompetencia, como dan cuenta en nuestro país múltiples casos en los tiempos recientes, incluyendo el de Felipe Calderón.

4. En esta ponencia propuse que al lado de la democracia representativa se establecieran formas de democracia directa o semidirecta, desde el plebiscito y el referéndum, que de alguna manera han permanecido en los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México, y que existen en buena parte de los regímenes euro-occidentales como vía para dirimir cuestiones legislativas de gran importancia, pero haciendo el señalamiento de que estos mecanismos deberían estar no en manos del poder, como lo pretende la propuesta de la derecha, sino del pueblo.

5. El EZLN, ante la cerrazón oficial, buscó desde entonces desarrollar estas prácticas de democracia directa y semidirecta en los territorios zapatistas, por lo que tales formas de toma de decisiones forman parte de manera cada vez más arraigada de la vida cotidiana de sus comunidades, en tanto que la derecha oficial buscó desde entonces tergiversar su sentido.

6. Al Estado policial que pretende Calderón ante la crisis económica y financiera que se avecina, le interesan ahora prioritariamente dos cambios: a) los tendientes a permitir la relección inmediata de diputados y senadores, exigidos desde hace años por Washington y el capital trasnacional para tener un cuerpo legislativo permanente y confiable, los que como se sabe son contrarios a nuestra historia, y que Carlos A. Madrazo como jefe del PRI logró echar abajo en 1965, y b) los de las candidaturas independientes, tanto para cumplir con el fallo de San José que condenó a México por no admitirlas, como para poder presentar como independiente en 2012 a un candidato del yunquismo y del PAN tras el fracaso de los llamados siete enanos, que ya no son más que seis.

7. Las candidaturas independientes son objeto de un manoseo por parte de la derecha, ya que en un régimen electoral determinado por el dinero y la impunidad de los medios, los grupos oligárquicos las ven como una salida ante la crisis de los partidos. En el perverso marco jurídico actual no se podrían propiciar candidaturas obreras o campesinas sino de grandes empresarios, por lo que atisbando esto, el ex canciller Jorge G. Castañeda intentó ser en 2006 candidato independiente por el financiamiento millonario que le brindara el magnate estadunidense George Soros. La clave de las candidaturas independientes está por lo mismo en modificar en profundidad las leyes y establecer reglas de equidad para equipararlas a las de los partidos, y éstos no están dispuestos a ello, pues sólo las quieren, como Calderón, en tanto que figura decorativa.

8. Una reforma no se limita a un simple enunciado sino que debe precisarse su sentido, lo mismo en la Constitución que en la ley reglamentaria, en este caso el Cofipe, y en la actualidad no es viable hacerlo, como quiere Calderón, antes de los comicios de 2012. No sólo por la falta de tiempo para discutirla sino por el principio legal de que la legislación no puede modificarse sino hasta seis meses antes del proceso. La propuesta formulada el 14 de julio por el académico Diego Valadés para darle la vuelta a esta regla, consignándola en la Constitución y, a pesar del acotamiento legal, disponiendo en un transitorio que ésta sería posible en 2012, no es viable, porque la misma no sería factible si no es reglamentada en la ley secundaria y modificadas las leyes en su conjunto.

9. Una contrarreforma política como la del PAN, apoyada por el movimiento de Sicilia, en vez de abrir vías de participación las restringiría fortaleciendo el régimen oligárquico. Lo que urge es por el contrario una amplia discusión sobre la reforma política que requiere nuestro país, pues los cambios hechos desde 1989 por la alianza de los salinistas y el PAN no abrió la vía a ninguna transición o democracia sino a otra forma de autoritarismo. El IFE y el tribunal electoral están desde entonces en manos de los partidos, y cuando este partido es el del gobierno, como ahora el PAN, todo sigue como antes del 88: el gobierno oligárquico lo controla todo. De ahí la urgencia de una verdadera reforma para que cambie el régimen autoritario y demagógico que asfixia al país, a la que se opondrían sin duda el PAN y el PRI y un sector del PRD,

10. Ante estas tentativas de los panistas para seguir confundiendo a los mexicanos, además de actuar hay que espetar por eso una vez más, con fuerza y claridad, un contundente: ¡Ya basta!


Debemos cuidar a Don Raúl


Desfiladero

Peligra la vida del obispo de Saltillo

Jaime Avilés
Foto
Raúl Vera López, el 10 de marzo pasado en la ciudad de Mexico, durante la conferencia de prensa en el Centro Agustín Pro para solicitar a las autoridades la expedición de la visa para migrantes Foto José Carlo González


S
altillo, Coah. 22 de julio. Cuando los historiadores analicen el periodo de Calderón, descubrirán que los trabajos de Raúl Vera López en el desierto de Coahuila corresponden a cada una de las etapas de esta tragedia que ha destruido a México.

Balaceado sin puntería, junto a don Samuel Ruiz, por los paramilitares de Paz y Justicia en Chiapas, un mes antes de la matanza de Acteal en 1997; expulsado de San Cristóbal de Las Casas por órdenes del Vaticano en 1999 a petición de Ernesto Zedillo en 1998, don Raúl asumió el cargo de obispo de Saltillo a principios de 2000. En sus primeros años se dedicó a viajar por la entidad, para establecer relaciones con los grupos más vulnerables.


En febrero de 2006, tras el derrumbe de la mina de Pasta de Conchos (que entonces era de Germán Larrea), don Raúl se colocó de inmediato del lado de las esposas, los hijos, los padres, los nietos, los abuelos y los hermanos de los 65 trabajadores que murieron dentro del yacimiento, quemados por un flamazo de 650 grados centígrados (temperatura que provoca el gas metano al estallar), pese al cual el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y un popular levantacejas de Televisa convirtieron la desgracia en reality show, con mensajes publicitarios en horario triple A, y exhortos al pueblo de México a rezar para que la corte celestial hiciera el milagro de que aquellos pobres salieran con vida.


Fox, y su secretario del Trabajo, el yunquista Francisco Javier Salazar, como si fueran empleados de Germán Larrea, lanzaron una campaña de odio contra el líder del sindicato minero, mientras el resto de los empresarios financiaban los espots de López Obrador, un peligro para México. A Larrea, obviamente, nadie lo acusó de homicio múltiple por negligencia criminal, pero don Raúl estrechó con un abrazo de solidaridad a los deudos de los barreteros, para formar la organización Familia Pasta de Conchos, que sigue en pie de lucha, exigiendo al gobierno el rescate de los cuerpos de sus deudos.


Tras las elecciones presidenciales de 2006, los soldados del regimiento de caballería que vigilaban los paquetes de votos en Múzquiz, Coahuila, recibieron un sospechoso permiso para irse de parranda al poblado de Castaño, donde irrumpieron en un bar de table-dance, golpearon a meseros y clientes, y violaron a 12 bailarinas. De inmediato, don Raúl se puso de lado de las bailarinas y las ayudó a demandar y encarcelar a dos de sus verdugos.


Cuando Calderón obedeció las órdenes de la Casa Blanca cifradas en la Iniciativa Mérida, y arrastró al país a esta guerra que ha causado ya la muerte de al menos 50 mil personas, don Raúl se dedicó a promover reuniones de especialistas en el tema de la violencia asociada al crimen organizado y a denunciar los abusos de los militares contra los civiles. Pero al mismo tiempo que impulsaba el centro estatal de defensa de los derechos humanos y abogaba por la dignidad de los homosexuales, abrió las puertas de la casa Belén, Posada del Migrante, por la que entre 2007 y 2010 pasaron, comieron, se bañaron y durmieron, 100 mil hombres y mujeres cada seis meses.


Al calor de su contacto con esa desdichada gente que se juega la vida con tal de llegar a Estados Unidos y corre todos los peligros del mundo soñando con ganar 20 dólares por hora lavando escusados (porque allá, como dice la actriz puertorriqueña Karina Casiano, la mierda es más cara), don Raúl se sensibilizó especialmente con los sufrimientos de los migrantes nacionales y extranjeros que viajan de Chiapas a Texas colgados como pedazos de cecina de los vagones del Tren de la Muerte.


Conmovido por el heroísmo de esas mujeres indefensas, que a toda hora llevan puesto el condón femenino porque saben que tarde o temprano serán violadas; abrumado por los horrores que experimentan esos seres humanos sin nombre ni rostro, expuestos al sol y a la lluvia, a la Mara Salvatrucha, a los agentes de Migración, a los soldados de Genaro García Luna, a los sicarios, a la Marina y al Ejército, don Raúl alzó la voz para tratar de protegerlos, y en distintos foros ha demandado que se alcance un acuerdo entre México y todos los países expulsores de mano de obra, para que entren por Chiapas con un permiso especial y viajen a la frontera norte por rutas seguras y con adecuada y eficaz vigilancia.


Esta postura, sin embargo, ha irritado más que ninguna otra a la oligarquía de Coahuila, a las llamadas fuerzas del orden, a las organizaciones que trafican con los migrantes, e incluso al ala derecha de la Iglesia, que pronto obligará a don Raúl a comparecer ante la Congregación de la Fe (la moderna Inquisición del Vaticano) para que explique por qué promueve (sic) las relaciones entre homosexuales, estúpida calumnia que le reprocha su insistencia en que gays, lesbianas y transexuales deben gozar de protección social y medidas que garanticen el respeto universal a su dignidad de seres humanos.


Acosado por todos los poderes legales e ilegales, que detentan y disfrutan, como él dice, el negociazo del tráfico de migrantes, que reporta ganancias anuales estimadas en decenas de millones de dólares, don Raúl encabezó una peregrinación que el pasado 13 de julio llegó a la Basílica de Guadalupe, donde lanzó una crítica feroz a los partidos políticos que intervinieron en las recientes elecciones estatales de Coahuila, donde tendieron sus clásicas trampas a la ciudadanía empobrecida para comprar el voto (...) ignorando la emergencia que vivimos y (olvidando) que urge rehacer la cohesión social mediante la vivencia de los valores democráticos.


Luego de describir que en Coahuila, según un diario local, ha habido 300 ejecuciones en 2011, o 654 de 2006 a 2010 (según la PGR), 185 desapariciones documentadas y 219 denuncias de desaparición; y que son frecuentes los decapitados y las extorsiones, que los habitantes de pequeñas poblaciones rurales las han abandonado por completo para escapar de la violencia, que ha habido ataques a oficinas públicas, así como quema y destrucción de viviendas, y que el estado es el tercero a escala nacional en agresiones a periodistas y medios de comunicación, don Raúl lamentó que en las pasadas elecciones se haya hecho uso de prácticas antidemocráticas para favorecer al régimen de privilegios que lleva más de 50 años en el poder.

Las pedradas que don Raúl lanzó desde el púlpito no las pasó por alto la nueva monarquía de los Moreira (acaudillada por Humberto I, el ex gobernador que ahora preside el PRI, Rubén II, que sucedió a su hermano en el trono y ahora administra el caos, en tanto el hermano menor de ambos prepara su candidatura para 2017), una estirpe que se ha apoderado de Coahuila por arriba, mientras por abajo ha hecho lo propio el cártel de la última letra o de los Zertuche, como dice la gente de la calle con temor reverencial.

Los engreídos priístas locales, que dirigirán la campaña presidencial de Peña Nieto o de don Beltrone; los magnates del Grupo Industrial Saltillo, la añeja aristocracia, y los buitres que engordan gracias a los migrantes, respondieron a la homilía del 13 de julio colocando mantas anónimas sobre la catedral de don Raúl, en las que le aconsejan lanzarse de candidato a gobernador, y lo acusan de proteger a los homosexuales. Sólo falta que la Inquisición lo mande llamar a Roma y que el Papa del siglo XVI que allí reina ordene que lo quemen en leña verde. Esta es una muy oportuna advertencia: Raúl Vera López peligra. Debemos cuidarlo. A juicio de esta columna sabatina y atea, es la figura más valiosa de la Iglesia mexicana.



Sábado 24 julio: "Nunca más sin nosotras y nosotros, las comunidades indígenas"

viernes, julio 22, 2011

De Contralínea: Estrategia de guerra contra el narco se aplica en las universidades



Estrategia de la “guerra” contra el narcotráfico se aplica en las universidades

Autor: Flor Goche



20 Julio 2011



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En marcha, aplicación del Manual de seguridad para las instituciones de educación superior que la ANUIES negoció con Felipe Calderón. El documento, avalado por las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, permitirá la persecución de supuestos delincuentes al interior de las universidades públicas y privadas y el despliegue de efectivos policiacos en casos de narcotráfico y secuestro. Además, prevé la instauración de sistemas de credencialización, control de acceso y de salidas y bitácora de visitantes, entre otras medidas. La política de la “guerra” contra el narcotráfico llega a las instituciones de educación superior

En mayo de 2010, en Monterrey, Nuevo León, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se reunió en privado con representantes del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), integrado por los titulares de 78 de las 159 escuelas afiliadas a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

Dos meses antes, en la misma ciudad, producto de un enfrentamiento armado entre el Ejército Mexicano y supuestos miembros de la delincuencia organizada, los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso fueron asesinados frente a esta casa de estudios.

“Ayúdenme a buscar alternativas para que las instituciones y demás, podamos, a través de la educación, salir adelante de estos problemas”, fue la petición del titular del ejecutivo, recuerda Rafael López Castañares.

“Le dijimos que sí –continúa el secretario general ejecutivo de la ANUIES–; que nuestro compromiso no solamente era ir a pedir dinero al Congreso o a la SEP (Secretaría de Educación Pública), sino también, con mucho gusto, coadyuvar en la solución de estos problemas”.

Así, en abril de 2011, la ANUIES presentó el Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior: estrategias para la prevención y atención, elaborado por María Angélica Garnica Sosa, maestra en planeación y políticas metropolitanas, documento elaborado con el “acompañamiento” de la Subsecretaría de Educación Superior (SES) –dependiente de la SEP–; y “enriquecido” con los comentarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Gobernación (Segob). En el documento no se señala que las comunidades universitarias hayan sido consultadas.

El legajo de 76 cuartillas contempla la “coordinación” de las Instituciones de Educación Superior con entidades de seguridad pública y procuración de justicia, así como con autoridades de los tres niveles de gobierno, en acciones orientadas a “salvaguardar la integridad” de las comunidades escolares.

Se prevé, incluso, el “despliegue de fuerzas policiales” al interior de los campus universitarios, por ejemplo, en casos de amenazas de artefactos explosivos, narcotráfico o secuestro.

Esto, acota el manual, considerando que se debe preservar la “naturaleza orgánica y normativa” y el “espíritu de autonomía” de las instituciones educativas.

Asimismo, establece estrategias de “protección y prevención” de incidentes, que serían financiadas con recursos propios, del Fondo de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior, de la Segob y de la SSP. Se trata de sistemas de credencialización, de control de acceso y de salidas, bitácora de visitantes, buzón electrónico de opinión, directorio de números de emergencia, alumbrado, equipo e infraestructura, y capacitación especializada.

La tendencia hacia el securitismo, característica de este sexenio, ha llegado a los espacios educativos, advierte Silvano Cantú Martínez, director de Incidencia e Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Al crítico de la Ley de Seguridad Nacional que actualmente se discute en el Congreso de la Unión no le sorprende que la agenda de las universidades se “subordine” también a los imperativos de la política de seguridad del ejecutivo, diseñada “sobre la base del uso privilegiado de la fuerza”. Le inquieta, más bien, el riesgo que esto puede significar para las comunidades universitarias.

Los protocolos de actuación de las fuerzas policiacas dentro de las instituciones de educación superior “están apenas previstos en el manual”; además, en la república mexicana, con excepción del Distrito Federal, no existen criterios normativos para regular el uso legítimo de la fuerza pública, advierte el defensor de derechos humanos.

En el contexto del Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, celebrado a finales de 2010, en la ciudad de Chihuahua, Darío Álvarez Orrantía, estudiante de sociología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), fue herido con arma de fuego por agentes de la Policía Federal. El rector de esta casa de estudios confirmó que la noche del 29 de octubre los uniformados entraron a las instalaciones universitarias y dispararon al joven.

—¿No le preocupa el ingreso de policías, quienes ya han sido acusados de violar derechos humanos, a las escuelas? –se le pregunta al secretario general ejecutivo de la ANUIES, Rafael López Castañares.

—No tendría elementos para darte respuesta de eso. No sé, no tengo una respuesta.

—¿No lo platicaron?

—No es lo que nos llegó de información; eso sí te lo puedo asegurar. En ningún caso hubo un reporte de abuso de los soldados o de los policías. En ningún sentido. Lo que sí llegan [son] situaciones que dicen que [por] la no actuación de la instancia correspondiente, muchas veces a ellos se les puede tachar de complicidad –responde el funcionario.


López Castañares aclara que las disposiciones del Manual de Seguridad para las Instituciones de Educación Superior no son de carácter obligatorio; su aplicación dependerá de la decisión de los directivos de las escuelas frente a situaciones diversas y particulares.

Por ejemplo, resulta “difícil, casi imposible” que los policías pisen el territorio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En cambio, en las instituciones del norte del país, donde “acribillan” a estudiantes, “ni modo de decirles [a los policías] que no pasen”, explica.

El despliegue de los cuerpos policiacos al interior de los campus sólo podrá contemplarse bajo ciertas circunstancias que no se especifican con claridad en el manual. Que los uniformados no estén armados y que sus servicios sean requeridos de manera temporal y extraordinaria, son algunas de éstas, comenta el titular de la ANUIES.

Aunque el funcionario asevera que no hay policías armados en ninguna de las instituciones agremiadas a la asociación que preside, los elementos de la Policía Bancaria Industrial (PBI) a cargo de la seguridad y vigilancia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sí lo están. De acuerdo con el contrato IPN-PS-AD-010-2010, al menos 686 policías armados, con toletes y armas de fuego, resguardan las instalaciones politécnicas (Contralínea 211).

Cuestionado, igualmente, sobre las implicaciones de la posible presencia policiaca en los campus universitarios, Rodolfo Tuirán Gutiérrez dice que estas decisiones son responsabilidad de las instituciones autónomas. El subsecretario de Educación Superior confía en la “sensibilidad” de las autoridades educativas para que “no ocurran violaciones a la autonomía” y no se “atente contra la integridad y el patrimonio de las personas y las comunidades”.

Si bien, reconoce la “relevancia” de lo ocurrido al estudiante de sociología de la UACJ, las deficiencias de las instituciones policiales y la carencia de normatividades para regular el uso de la fuerza pública en el país, considera que “frente a una realidad determinada, la decisión [de desplegar fuerzas policiales al interior de las IES] puede ser muy pertinente”.

Las más de 900 instituciones de educación pública que existen en el país realizan “esfuerzos similares” al de la ANUIES. En el transcurso de las próximas semanas, el Espacio Común de Educación Superior Tecnológica –que agrupa a 377 institutos técnicos, universidades politécnicas y universidades tecnológicas–, presentará también su propios “protocolos de prevención y seguridad”, revela el representante de la SEP



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